Cambien la política forestal, no sólo remuevan funcionarios

Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, la Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria y Greenpeace México
Boletín 09035 / 18 de marzo de 2009

-Ante la salida de José Cibrián de la Conafor, llaman ONG y comunidades a reorientar la política forestal

Luego de la renuncia de José Cibrián a la dirección general de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), organizaciones forestales, ambientalistas y académicos hicieron un llamado para que este cambio en la Comisión se vea reflejado en un cambio en la política forestal que sí contribuya a resolver la pérdida de bosques en todo el país, entre otros problemas que afectan ese sector; es decir, que no se anteponga más los programas que promueven la reforestación y las plantaciones forestales por sobre el Manejo Forestal Sustentable (MFS) por parte de comunidades y ejidos.

Representantes de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Mocaf), la Unión Nacional de Organizaciones en Forestería Comunitaria (Unofoc) y Greenpeace México señalaron que ante la gravedad de la crisis del sector forestal, muy poco se resuelve con la mera renuncia del director general de la Conafor, ya que ello no resuelve la inaceptable deficiencia existente en el sector, a la vez que exigieron explicaciones e información detallada sobre las causas de esa renuncia y la de funcionarios de la Comisión y rechazaron enérgicamente sustituir el cambio urgente de rumbo por la clásica maniobra política de presentar a la opinión pública un “chivo expiatorio” como el responsable único de algún escándalo por irregularidades.

Los representantes campesinos y de ONGs demandaron al presidente que reconozca la gravedad de la crisis en el sector forestal, la conducción errónea de la política pública heredada del sexenio pasado y la utilización inmoral de los fondos públicos para fines de control político y electoral, como punto de partida para la reorientación de las políticas para promover la productividad, rentabilidad, creación de empleo y gobernabilidad de las zonas forestales, a través de la silvicultura comunitaria.

Asimismo, demandaron al primer mandatario una designación responsable del nuevo titular de la dependencia y rechazaron que se designe a un nuevo director con base en méritos políticos partidistas o a un técnico controlado por asesores más interesados en beneficiar al partido político en el poder que al sector forestal.

Desde 2005, las organizaciones advirtieron que el sector forestal se encuentra en una grave crisis ocasionada, en gran parte por una política forestal que ha dado mayor impulso a programas que tienen gran impacto mediático, como la reforestación, pero que ha dejado de lado los programas encaminados a fortalecer las capacidades técnicas y organizativas de ejidos y comunidades, que son dueñas de cerca del 80 por ciento de los bosques del país, para que éstas lleven a cabo un aprovechamiento sustentable de sus recursos naturales.

A pesar de que el presupuesto destinado al sector forestal de nuestro país pasó de 265 millones de pesos en 2001, a 5 mil 549 millones de pesos en 2008, México pierde entre 500 y 600 mil hectáreas de bosques cada año; el mercado ilegal de madera creció alcanzando entre 5 y 7 millones de metros cúbicos; la producción maderable legal disminuyó de 9.4 millones de metros cúbicos en 2000, a 6.6 millones de metros cúbicos en 2007; el déficit comercial del sector ascendió a 5 mil 288 millones de dólares y la superficie bajo manejo forestal sustentable pasó de 8.6 millones de hectáreas en 2001, a 6.4 millones de hectáreas en 2007.

Estas advertencias se intensificaron en los últimos meses. El pasado 15 de octubre, durante el foro “El desarrollo sustentable del sector forestal en México”, que tuvo lugar en la Cámara de Diputados, comunidades y organizaciones forestales, académicos y organizaciones ambientalistas coincidieron en que la mejor manera de conservar los bosques, incrementar su productividad y combatir la pobreza de los millones de personas que viven en ellos (objetivos del Proárbol), es incrementar esa superficie bajo el esquema de MFS, fortalecer las capacidades locales y el capital social comunitario, así como promover el desarrollo forestal comunitario.

Sin embargo, debido a la actual política forestal, la cual ha dado continuidad a las estrategias establecidas desde la administración anterior, en nuestro país existen más de 50 millones de hectáreas de bosques que no han sido incorporadas a ningún esquema de manejo ni planificación, por lo que están expuestas a los incendios, a la tala ilegal y al cambio de uso de suelo.

Asimismo, organizaciones ambientalistas, medios y ciudadanos han documentado irregularidades y pobres resultados en las campañas de reforestación promovidas por Proárbol durante 2007 y 2008. En el “Informe del Resultado de la Revisión y Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2007”, la Auditoría Superior de la Federación informó que, contrariamente a lo reportado públicamente por la Conafor, ese año no se alcanzó la meta de reforestación y que “se detectaron incumplimientos en la aplicación de las Reglas de Operación que rigen el otorgamiento de los apoyos a los beneficiarios”, entre otras irregularidades.

Por otra parte, en flagrante y reiterada conducta ilegal e ilegítima, la Conafor ha destinado recursos de los contribuyentes para promover la organización corporativa formada para promover el apoyo político y electoral al partido del gobierno, denominada Confederación Nacional de Organizaciones de Silvicultores, Conosil, a la vez que la autoridad ha desmontado y deshabilitado el Consejo Nacional Forestal (Conaf) que establece la ley.

Por esto, las organizaciones hicieron un llamado urgente para que, a la llegada del nuevo director general de la Conafor, se corrija la actual política forestal priorizando el MFS por parte de comunidades y ejidos, con una nueva política incluyente, sin sesgos políticos y que contemple los siguientes lineamientos:

1. Fortalecer la gestión comunitaria de bosques y selvas para desarrollar la producción forestal comunitaria.
a) Reorientación de los programas gubernamentales y del presupuesto federal para que se fortalezcan la organización y la capacidad técnica comunitaria para hacer un uso sustentable de los bosques.
b) Creación de un programa especial de incorporación de superficie forestal a esquemas de manejo que incluyan producción, restauración y conservación.
c) Dar prioridad a la ordenación forestal sustentable de ejidos y comunidades.
d) Un mayor presupuesto para proyectos de modernización tecnológica de las empresas sociales para lograr el incremento y eficiencia en la producción, incluyendo la integración de cadenas de valor con creación local de plazas de empleo.
e) Adopción de un programa de largo plazo para reducir la importación de materias primas productos forestales en general.

2. Democratización efectiva para tomar decisiones y garantizar la gobernanza en la gestión forestal.
a) Garantizar la participación de sociedad y los propietarios de terrenos forestales en el Conaf y los consejos forestales estatales y la incidencia de las deliberaciones de dichos órganos de corresponsabilidad compartida entre gobierno y sociedad en la toma de decisiones y rendición de cuentas.
b) Instalación y funcionamiento efectivo de órganos colegiados en el Fondo Mexicano Forestal.
c) Eliminación de la política corporativista basada en los apoyos a las asociaciones regionales de silvicultores creadas en la gran mayoría de los casos por la propia Conafor; respeto y fortalecimiento de las organizaciones locales y regionales autónomas e incluyentes.
d) Participación de la sociedad y organizaciones de propietarios de terrenos forestales en la planeación, ejecución y evaluación de los programas de apoyo al sector forestal.

3. Integración de la política de desarrollo rural con la forestal.
a) Prioridad a las comunidades forestales menos favorecidas económicamente.
b) Dejar de estimular la parcelación de los terrenos forestales, y en vez de ello, favorecer y fortalecer la gestión colectiva de los recursos.
c) Integración del MFS en los programas de Pago por Servicios Ambientales.
d) Armonización de las políticas forestal, agropecuaria y agraria para favorecer la gestión comunitaria diversificación en el aprovechamiento de los recursos forestales.
e) Inclusión de criterios de sustentabilidad ambiental en todos los programas productivos de las distintas Secretarías principalmente Sagarpa, Semarnat y Sedesol, entre otras.
f) Prioridad en las reglas de operación para financiar a regiones y comunidades que cuenten con Ordenamiento Territorial.
g) Desarrollo y mejora de infraestructura productiva, especialmente de caminos.

4. Información, transparencia y rendición de cuentas.
a) Crear un Sistema de Información Forestal que de información sistemática, actualizada, confiable y pública.
b) Incorporación de mecanismos de rendición de cuentas en los programas de la Conafor.
c) Evaluación independiente (no contratada por Conafor o Semarnat) de programas con indicadores de impacto y resultados.

Más información con Claudia Altamirano, en los tels 04455-3896-4578 y 5687-9595 ext. 115, en el correo claudia.altamirano@greenpeace.org y en la página www.greenpeace.org.