Mary Tharin (UPSIDE DOWN WORLD/ARGENPRESS)
Invocando la protección del medio ambiente, el Banco Mundial comercializa bonos por emisión de carbono que provocan la destrucción de las tierras indígenas de labradío en todo el Tercer Mundo.
El esfuerzo global por reducir las emisiones del gas de efecto invernadero (GHG, por su sigla en inglés) comenzó en 1997 con el Protocolo de Kyoto, ahora ratificado por 183 naciones, con ciertas estrategias supuestamente alentadoras, pero algunas demostraron tener efectos fatales. El programa de inversión en bonos o “créditos” conocido como Mecanismo para el Desarrollo Limpio (Clean Development Mechanism, CDM), se convirtió en un medio para que los países industrializados eludan reducir sus propias emisiones desarrollando proyectos “reductores de emisión” en países subdesarrollados.
Acatando en apariencia el Protocolo de Kyoto, muchos gobiernos establecieron “topes” a la emisión de gas de efecto invernadero en sus países, pero las industrias dispuestas a evadir esta imposición gubernamental de límites, en vez de reducir responsablemente sus emisiones pueden eludir completamente sus compromiso ambiental mediante la compra de “créditos de carbono” a otras industrias de distintas partes del mundo, es decir, adquiriendo los bonos CDM comercializados por el Banco Mundial.
En otras palabras, en lugar de reducir sus emisiones excesivas, los países ricos pueden “compensarlas” comprando “créditos” de reducción de emisiones en los países pobres. Joris den Blanken, especialista del cambio de clima de Greenpeace, dijo: “La compensación significa exportar las responsabilidades al mundo en vías de desarrollo y anula el incentivo a la industria para que mejore su eficacia o invierta en energía renovable”.
Mientras el Banco Mundial alega que este sistema “apoya el desarrollo sustentable… y beneficia a las comunidades más pobres del mundo en vías de desarrollo”, el programa en realidad se ha convertido nada más que en un lucrativo negocio de beneficio corporativo. De hecho, muchas corporaciones transnacionales utilizan el límite y la comercialización del programa no sólo para eludir su responsabilidad en las emisiones, sino para beneficiarse aún más con el desarrollo de industrias ambiental y socialmente destructivas en países del tercer mundo.
En América Latina, donde una larga historia de expoliación corporativa ya adoptó este peaje escarpado, los ecologistas y las comunidades indígenas están comenzando a protestar abiertamente sobre los peligros del CDM. Debido a un enfoque miope de la sola reducción del gas de efecto invernadero y a una falta de responsabilidad de las comunidades locales, muchos proyectos están produciendo otros males ambientales y sociales que contradicen diametralmente los objetivos indicados por el programa.
Pero los informes del Programa Ambiental de Naciones Unidas (UNEP, sigla en inglés) indican que hasta la fecha se han aprobado 4.364 proyectos con financiamiento del CDM, y el movimiento continúa ganando ímpetu. Según el Fondo de la Fauna del Mundo, el número de nuevas ofertas de proyectos subió drásticamente en apenas pocos años, de menos de diez por mes a principios de 2005, a cerca de 100 mensuales en 2007.
Las industrias de madera y celulosa muestran gran interés en el aprovechamiento del mercado del carbono para justificar y financiar proyectos que implican expropiar granjas indígenas y tierras de pastoreo para sembrar enormes plantaciones mono específicas, que amenazan la biodiversidad del área, absorben el agua y pueden agotar seriamente los recursos hídricos. Según un informe de 2008 de Plantaciones de Japón en Ultramar para Madera y Pulpa Papelera (JOPP, por su sigla en inglés), titulado “Estudio de viabilidad de la repoblación forestal CDM para el desarrollo de la comunidad en extensas tierras de pasto en Uruguay”, “desde un punto de vista ecológico, el establecimiento de plantaciones a gran escala de especies extranjeras en esta área es claramente un paso en la dirección equivocada. Desde un punto de vista social, podría llamarse genocidio cultural”.
La tierra que sería utilizada en “proyectos de repoblación forestal” JOPP, según el informe, se utiliza actualmente para el “pastoreo extenso” de ganado y ovejas. El informe, que preconiza la “elegibilidad de la tierra”, no hace ninguna mención de la gente que la posee, vive en ella, o hace su vida con el uso de la tierra en cuestión. La única alusión a este problema es la breve garantía de que todo el ganado desplazado “sería vendido en el mercado libre”. Pese a que la “producción de ganado y ovejas, desde el siglo XVII ha sido la actividad rural tradicional en el área del proyecto y en todas las regiones circundantes”, el informe sostiene que las plantaciones significan un uso más rentable de la tierra que el pasto. Entonces surge la pregunta: ¿rentable para quién?
El Banco Mundial levanta al CDM como “parte integrante de su misión para reducir la pobreza con sus estrategias de ambiente y energía”. Sin embargo, en América Latina, como en otras partes del mundo en vías de desarrollo, el mercado global del carbono está demostrando ser en gran parte perjudicial para los indígenas y los pobres. Con poco o nada de participación en cómo se conduce un proyecto, las comunidades locales no tienen virtualmente ningún control sobre cómo afectará su tierra, agua y recursos.
En un documental reciente del Observatorio Comercio del Carbono, los aldeanos explican que las plantaciones masivas que cubren cerca de 40.000 hectáreas están absorbiendo el agua de las corrientes locales, causando una disminución aguda de la pesca y la mortandad de plantas medicinales. En una entrevista, una mujer local se lamentó que las plantaciones corporativas “continúan destruyendo nuestra comunidad, destruyendo a nuestros ciudadanos, destruyendo nuestra fauna, destruyendo nuestra flora, y nadie hace ninguna cosa [para detenerlo].”
La falta de responsabilidad de las poblaciones locales es un defecto fundamental en la manera en que se presentan, evalúan y ejecutan los proyectos CDM. El formulario de diseño de proyectos que utiliza el consejo de dirección del CDM para aprobar o negar financiamientos, desatiende en gran parte el impacto de los proyectos en las comunidades locales. El documento no contiene ningún lenguaje jurídico obligatorio y solamente pide un “informe sobre cómo fue tomada la deuda y cualquier comentario recibido” por los tenedores locales. En su evaluación de cuatro proyectos CDM realizados en Brasil y Bolivia, el UNEP indicó que fue encontrada limitada la “participación de los miembros de la comunidad local”.
Mientras el Banco Mundial finge dar importancia a la sustentabilidad y aliviar la pobreza mediante los CDM, fracasa continuamente en entregar resultados positivos para el ambiente o las comunidades perjudicadas del mundo subdesarrollado. El mercado global del carbono está demostrando ser simplemente otra arma utilizada por las corporaciones transnacionales para acelerar su incursión en los derechos de los pueblos indígenas y pequeños tenedores de tierras de América Latina.
La ironía de esta situación adquiere una tonalidad especialmente trágica al observarse que muchas comunidades en riesgo han vivido de manera sustentable durante siglos y deberían ser vistas como verdaderos modelos en la lucha contra la degradación ambiental y el cambio de clima. En lugar de eso, el Banco Mundial adoptó un sistema inadecuado que representa un peligro acuciante para el medio ambiente a expensas de otros aspectos medioambientales importantes y del bienestar de las poblaciones más vulnerables del mundo, a menudo mejor informadas.
Janet Redman, del Instituto de Estudios Políticos, dijo: “Los granjeros [del sur global] están negociando sus derechos de tierra comunales y su capacidad de alimentarse por los caprichos y las fluctuaciones de precio del mercado internacional de los bonos de carbono”.
Actualización de Mary Therin (de “Upside Down World”)
Mientras los gobiernos, los ecologistas y los líderes industriales promueven la conferencia de la ONU sobre cambio de clima para diciembre de 2009 en Copenhague, el debate sobre las compensaciones del carbono tomó el lugar central. Los grupos, incluyendo la Comisión Europea, reconocen los muchos defectos del Mecanismo de Desarrollo Limpio y están pidiendo reformas. A finales de abril de 2009, los delegados de todo el mundo que asistieron a la Cumbre Global de los Pueblos Indígenas sobre el Cambio de Clima, sacaron una declaración que invitó a los gobiernos a abandonar las “falsas soluciones al cambio de clima que impactan negativamente los derechos de los pueblos indígenas… por ejemplo el comercio del carbono, el Mecanismo de Desarrollo Limpio y las compensaciones por bosques”.
Desafortunadamente, el consejo de dirección del CDM, en vez de abordar aplicaciones de transparencia y responsabilidad, propuso intensificar algunos aspectos más problemáticos del esquema de compensación al carbono, al presentar planes para ampliar su aplicación en la silvicultura y simplificar el proceso de utilización del financiamiento. Según Óscar Reyes, del Observatorio Comercio del Carbono, estas reformas expandirían drásticamente el CDM a la vez que “bajarán los controles ya inadecuados para la sustentabilidad ambiental y la justicia social”.
Mientras tanto, el Mecanismo de Desarrollo Limpio continúa ampliándose. Solamente en mayo de 2009, se aprobaron 132 nuevos proyectos CDM, marcando el punto más alto en el proceso de su aplicación. Al mismo tiempo, por todas partes del globo están apareciendo más pruebas de que muchos “proyectos de reducción de emisiones” hacen más daño que bien al mundo desarrollado. En junio de 2009, el Daily Mail del Reino Unido publicó un reportaje a una fábrica flotante de productos químicos que envenenó el abastecimiento de agua en Gujarat, India. Según Eva Filzmoser, del Observatorio CDM, los grandes proyectos hídricos y de gas son los receptores más perjudiciales de financiamiento otorgado por este mecanismo. Arguyó que estos proyectos raramente ahorran emisiones adicionales y de hecho, ofrecen incentivos perversos para ampliar industrias de degradación ambiental.
En Estados Unidos, el debate sobre las compensaciones al carbono y los esquemas de límite y comercio entraron en erupción en mayo de 2009, desde que el Comité de Energía de la Cámara de Representantes aprobó la Ley de Energía Limpia y Seguridad Americana, también conocida como proyecto Waxman-Markey. Mientras muchos grupos ecologistas elogian el proyecto como un paso enorme hacia la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en EEUU, otros denuncian la prominencia de la compensación al carbono en la ley, que abriría un escape para que las corporaciones eludan cualquier compromiso real de reducir las emisiones. Según el Instituto de Estudios Políticos (IPS, sigla en inglés), bajo esta legislación se podría “comprar” compensaciones hasta por 2 mil millones de toneladas de carbono -cerca del 30 por ciento de las emisiones actuales en EEUU-, donde la mitad llegaría desde países subdesarrollados a través de programas como el Mecanismo de Desarrollo Limpio.
Mientras la mayor parte de los grandes medios principales y muchos grupos ambientales se han subido al tren en marcha del “límite y comercio”, organizaciones como el Instituto de Estudios Públicos, Observatorio del Comercio del Carbono y Observatorio CDM continúan promoviendo la conciencia pública sobre los peligros de este engañoso sistema. Un número importante de voces, incluyendo a The Economist, salieron a favor de un impuesto al carbono como un modo más eficaz de producir reducción de emisiones. Estos grupos llaman a la gente del mundo desarrollado a que tome el liderazgo disminuyendo sus propias huellas de carbono y exijan una solución real para que el cambio de clima comience en casa.
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