¿“SOCIOS” ATRAPADOS EN UNA REDD?

INFO ACCION ECOLOGICA <informacion@accionecologica.org>
19 de abril de 2011
Ivonne Ramos cbosques@accionecologica.org www.accionecologica.org

La pérdida de los derechos territoriales con “REDD” y “Sociobosque/Sociopáramo”

REDD, SOCIO BOSQUE Y SOCIO PÁRAMO significan la pérdida de los derechos territoriales que los pueblos tienen sobre sus territorios, los bosques, el agua, y la diversidad biológica, así como sobre sus conocimientos ancestrales. Uno de los objetivos que persigue el programa Socio Bosque/Socio Páramo es posicionar al Ecuador como proveedor de servicios ambientales en el mercado internacional.

Para poder negociar el carbono, el agua y la biodiversidad en los mecanismo REDD de Naciones Unidas, el Ministerio del Ambiente tiene que cumplir con ciertos requisitos como son el haber desarrollado un Plan Nacional Conjunto para REDD, el aval de las organizaciones indígenas y el garantizar por medio de acuerdos de asociación legalmente vinculantes la propiedad sobre los servicios que se estarían comercializando.

Solo así el actual gobierno ecuatoriano pretende acceder a los fondos de UN-REDD (4 millones de dólares comprometidos por Naciones Unidas). Para poder cumplir con los compromisos, el gobierno debe acelerar los procesos de elaboración de leyes apropiadas para la aplicación de REDD: el Código Orgánico Ambiental, la reglamentación secundaria del Art. 74 de la Constitución sobre servicios ambientales, y por su puesto la adecuación de leyes complementarias como la de Seguridad Pública que garantizaría que las áreas que entran en el mercado de servicios ambientales -categorizados dentro de los sectores estratégicos- puedan ser intervenidas en caso de amenazas.

La primera fase estipulada en el proyecto de REDD de NNUU proyecta que en el año 2013 el Ecuador deba haber completado la implementación del mecanismo REDD. Esto implica el aplicar lo que se conoce como “readiness to REDD” (preparación -con buena disposición- para REDD) a través del involucramiento de las instituciones y actores locales. Se espera que para el 2014, las instituciones y los actores locales deberían haber promovido ampliamente REDD. Esto implica aparentar la participación de los pueblos indígenas desarrollando un proceso de información a las comunidades y de actores locales.

Pero todos sabemos cómo se dan estos procesos que sirven únicamente para avalar decisiones ya tomadas. El Ministerio del Ambiente requiere el aval de importantes organizaciones indígenas del país, como CONAIE y sus regionales, obtenidas a traves de reuniones para brindar una mera información de los planes y proyectos REDD.

¿QUÉ ES REDD?

REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) es un mecanismo mediante el cual los países, y las industrias contaminadoras del Norte, lejos de reducir sus emisiones de gases contaminantes a la atmósfera las incrementan. Y todo ello dando ante la opinión pública la imagen de que con esa fórmula se protege el medio ambiente.

En la reunión sobre cambio climático en Cancún, México en diciembre del 2010,como era de esperarse, no hubo ningún acuerdo vinculante de los países industrializados para la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. Lo que sí se trazó fue el camino para alcanzar hacia REDD, el cual permite incluir los bosques del mundo en el mercado de carbono como una falsa solución al cambio climático.

Sin vergüenza alguna, Naciones Unidas señala que REDD es un esfuerzo para crear un valor financiero del carbono almacenado en los bosques -entiéndase crear una nueva mercancía para ponerlo en el mercado financiero-. Además se le aumenta un plus, pues REDD+ va más allá de la deforestación o degradación de bosques e incluye la conservación y el llamado “manejo sustentable de los bosques y el almacenamiento de carbono forestal”. Esto último puede ser interpretado inclusive como un aumento de las plantaciones puesto que la definición de un “bosque” en Naciones Unidas incluye plantaciones forestales.

El proyecto REDD+ no solamente que favorece la privatización de la atmósfera, sino que somete a los países del Sur a nuevas formas de apropiación de sus bosques y de la biodiversidad. De este modo, el control de los territorios irá a parar a las manos de los contaminadores, de los especuladores del mercado de carbono o de los mercaderes de servicios ambientales.

LAS LEYES EN EL ECUADOR SE CONVIERTEN EN REDDes

En el país el Ministerio del Ambiente está impulsando el Programa Nacional Ecuador ONU-REDD (PNE) que pretende consolidar la fase de preparación para el desarrollo del mecanismo REDD+ en el Ecuador.

Uno de los resultados esperados del PNE es el diseño de las políticas e instrumentos para la aplicación de REDD. Según el documento del Programa Nacional Ecuador el Ministerio del Ambiente “lidera” el proceso para definir la normativa correspondiente, para reglamentar el artículo 74 de la Constitución que establece que “Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”. En su párrafo No. 30 el PNE dice:

“El Art. 74 de la Constitución llama al Estado a regular la producción, prestación, uso y aprovechamiento de los servicios ambientales (SA). De alguna manera entonces, se puede argumentar que el carácter que se ha dado a los SA en la Constitución es similar al que se aplica a los recursos estratégicos del Estado como por ejemplo: hidrocarburos y minerales. Esto da un reconocimiento al carácter estratégico que tienen los servicios ambientales por su contribución a la economía y sociedad en su conjunto”.

De acuerdo al PNE, claramente se señala en su párrafo 32 que los objetivos del Ministerio es regular los servicios ambientales, de los cuales se ha priorizado 3: “la regulación hidrológica, incluyendo la regulación de flujos, reducción de riesgos de deslaves e inundaciones, reducción de sedimentos y erosión, mantenimiento de la calidad del agua y la recarga de acuíferos; (2) la provisión de hábitat que facilita la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y; (3) la regulación de gases de efecto invernadero, por ejemplo la fijación y almacenamiento de carbono y otros gases de efecto invernadero”.

La biodiversidad, el agua y el carbono de la vegetación reciben por lo tanto, el mismo tratamiento que los recursos no renovables como el petróleo y los minerales, a pesar de la gran diferencia que existe entre ellos.

La biodiversidad es un concepto amplio que incluye:

· Los genes y toda la variedad que existe en un misma especie. Aquí se incluye toda la rica agrobiodiversidad del Ecuador: las semillas y las bases de la reproducción de las especies animales, elementos todos de los que depende la subsistencia de los pueblos.

· Las especies. En ellas se engloba una gran cantidad de especies útiles que son usadas en procesos de recolección, caza o pesca y que son muy importante en la economía popular.

· Los ecosistemas, que es la base material de la vida de las comunidades, donde se genera agua, se protegen especies útiles y se mantiene el equilibrio ecológico en general. Además, sobre todo, constituyen el territorio de los pueblos, nacionalidades y comunidades.

Con la pretendida reglamentación el Art. 74 de la Constitución se contrariar su espíritu que impide cualquier forma de apropiación de los servicios ambientales. En la práctica se estaría buscando la privación al acceso y la privatización, y el lucro de la compra y venta del agua, biodiversidad y toda vegetación que contenga carbono almacenado.

Otro instrumento legal que se acopla con esto es el el Código Ambiental, cuyo borrador señala entre otras cosas que “La Autoridad Ambiental Nacional, diseñará y propondrá para su expedición, en el marco de las disposiciones contenidas en el Art. 74 de la Constitución, la normativa complementaria para regular su producción, prestación, uso y aprovechamiento. Principalmente podemos citar algunos artículos que apuntan a lo señalado anteriormente: la creación de “mecanismos de incentivos económicos, culturales y sociales a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, para la protección y mantenimiento de los servicios ambientales”, “los derechos que de su uso y aprovechamiento corresponden al Estado, como único titular de los mismos, en el caso de que su prestación, esté a cargo de terceros”, “El establecimiento de derechos para el cobro de aquéllos que se presten por su propia gestión”, “La protección de los ecosistemas que proveen servicios ambientales”.

En cuanto a la definición de servicios ambientales el Código Ambiental hace una definición tan amplia que un servicio ambiental puede ser aún el que lo determine la norma técnica en el futuro.

“Son servicios ambientales ...la diversidad de ecosistemas, naturales y manejados. Pueden ser ambientales, ecológicos, sociales, culturales, espirituales o económicos”...

En el numeral 5 ya se señala con claridad expresa la intencionalidad de hacer del Estado el titular de los servicios ambientales. Acá podemos afirmar que “titular” es alguien que goza de un derecho a su favor, y es dueño de algo, en ste caso de los sercicios ambientales, y tiene el dominio sobre ellos.

De esta manera, todas las funciones de la naturaleza - e incluso el patrimonio cultural y económico de los pueblos - serán dominio del Estado. El cual podrá, como con otros “servicios”, vender, entregar en concesión, ceder derechos, privatizar, etc. La finalidad es convertir este patrimonio cultural y natural de los pueblos en mercancía. Ello queda claro en el Art. 187 del borrador del Código.

“Le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional la estimación de los servicios ambientales y la expedición de los títulos de cualquier naturaleza, sean estos certificados, bonos u otros, la forma de comercialización y los mecanismos para su recaudación en beneficio del Estado. Igualmente el establecimiento de derechos para el cobro de aquéllos que se presten por su propia gestión”.

Sigue, en su Art. 190, “El Estado puede establecer acuerdos y mecanismos con otros estados, o con otras personas naturales o jurídicas, en procura de una justa y equitativa compensación y reconocimiento por los servicios ambientales brindados a la colectividad nacional”. Es decir que el Estado puede hacer las negociaciones pertinentes con el patrimonio de los pueblos contradiciendo así la Constitución del Ecuador y los convenios internacionales que protegen a los pueblos indígenas.

Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo se plantea ampliar las áreas protegidas del 18 % al 35% del territorio nacional. Los gobiernos locales (consejos provinciales, alcaldías, etc.), podrán crear áreas protegidas. Los particulares podrán tomar control de la áreas protegidas. La mayor parte de estas áreas están en los territorios indígenas. La autoridad sobre esas áreas es el Ministerio del Ambiente, el cual hasta puede quitar la propiedad de los territorios a dichos pueblos, si éstos no cumplen con el plan del manejo impuesto por el Ministerio.

Además, se crea la figura de ecosistemas frágiles en páramos, bosques húmedos y bosque secos en donde viven pueblos indígenas. Obligatoriamente - hasta contra su voluntad- deben aceptar la autoridad del Ministerio del Ambiente, que les impondrá un plan de manejo que deben cumplir. Caso contrario, se someterán a los castigos que imponga el Ministerio que incluye la pérdida de la propiedad del territorio. Esta figura de frágiles ecosistemas se crea con el objetivo de abrir los llamados “corredores ecológicos”(territorios para unir áreas protegidas entre sí).

De lo dicho se desprende que el Ministerio del Ambiente se erige, por sí y ante sí, como la única autoridad en esos territorios, con capacidad para quitar derechos de uso, manejo, control -y aún de propiedad - a los pueblos que viven en esos territorios. Así mismo,se reserva la capacidad de otorgar derechos sobre los mismos a empresas, ONG y personas jurídicas o particulares.

En la práctica la conservación entendida por los planes del gobierno significan el despojo de los derechos de las comunidades sobre sus tierras y territorios.

SOCIOBOSQUE Y SOCIOPÁRAMO

En Ecuador, las pretensiones de REDD llegan a contemplar la “ renuncia voluntaria” de los derechos de los pueblos sobre sus territorios mediante la firma de los contratos de Socio Bosque y Socio Páramo, con 20 años de duración - ¡renovables por 20 años más de manera automática y por tiempo indefinido!-. Los adherentes al convenio deben firmar una declaración juramentada al inicio del contrato, cada año, y todas las veces que el Ministerio lo estime necesario.

Los compromisos de la declaración juramentada implican la renuncia, por parte de los pueblos originarios, al uso , control y manejo de su propio territorio. En este caso también el manejo del territorio pasa de la autoridad comunitaria a manos de la autoridad ambiental. Garantiza, además, el mantenimiento del páramo o bosque en las mismas condiciones que estuvieren a la firma del contrato. Implica, también, que el firmante use su dinero exactamente de la manera en que se comprometió en el plan de inversión. El incumplimiento de la declaración significa “perjurio” cuya sanción puede ser la cárcel.

El proyecto Socio Bosque afecta los derechos colectivos sobre los territorios porque limita el acceso y uso tradicional (agricultura, cacería o pesca) a los pueblos usuarios del bosques; establece una situación de gravamen al realizar cualquier transferencia de dominio, pues obliga a continuar con el contrato. También, en caso de salida anticipada del contrato por parte de las comunidades, éstas están obligadas a devolver el dinero recibido. Las sanciones por incumplimiento de las comunidades son de orden penal, civil y administrativo. Así mismo, éstas renuncian a su domicilio judicial y se someten a la justicia ordinaria en Quito. Adicionalmente las comunidades se someten a nuevas normas y marcos regulatorios que el Ministerio en el futuro cree para el efecto. De esta forma el Ministerio se resguarda la posibilidad de negociar a futuro los servicios ambientales en estos territorios.

Llama la atención que una de las prerrogativas del los proyectos Socio Bosque y Socio Páramo sea el de no permitir a las comunidades nativas el desarrollo de actividad productiva dentro de sus territorios, de ninguna manera significa un comprometimiento del Estado para no realizar actividades extractivas como petróleo y minería en límites del proyecto.

La pretensión del Ministerio es lograr el control sobre 4 millones de hectáreas de bosques y 800.000 hectáreas de páramos. Esto le permitirá al Estado entrar en las negociaciones de REDD y en el mercado internacional del carbono,la biodiversidad y el agua . Hasta finales del 2010 el Ministerio informa que han logrado comprometer alrededor de 700 mil has, y a más de 50 comunidades indígenas.

REDD Y LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA

La Ley de Seguridad Pública insiste en el carácter de la biodiversidad como recurso estratégico. ¿Qué pasará si las comunidades que han sido custodias de ese patrimonio durante siglos no están de acuerdo con los planes de aprovechamiento de la biodiversidad o el agua que tiene el gobierno? ¿Serán tratadas esas comunidades igual que aquéllas que se oponen a la minería y se les tachará también de “terroristas”?.

“Art. 42.- De la Regulación de los sectores estratégicos de la seguridad del Estado.- Son sectores estratégicos de la seguridad del Estado los previstos en la Constitución …”

A solicitud del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el Ministerio de Coordinación de Seguridad, o quien haga sus veces, emitirá el informe correspondiente sobre los impactos en la seguridad del Estado que se hayan generado o puedan generarse por las actividades concernientes a los sectores estratégicos.

Art. 43.- De la protección de instalaciones e infraestructura.

El Ministro de Defensa Nacional, ante circunstancias de inseguridad críticas que pongan en peligro o grave riesgo la gestión de las empresas públicas y privadas responsables de la gestión de los sectores estratégicos,instruirá a las Fuerzas Armadas tomar medidas de prevención para la protección de las instalaciones e infraestructura necesaria para garantizar su normal funcionamiento.

Esto significa que si llegara a aprobarse el Código Orgánico Ambiental y la aplicación de REDD en el Ecuador, los derechos de los pueblos serían aún más vulnerados. ¿Podemos asistir impasibles y en silencio a este ritual de despojo cínico de todo tipo de derechos sobre nuestro propio territorio, y , fundamentalmente, de vulnerabilidad de los seres humanos que la habitamos?

¿Podemos permanecer inactivos – y aún cómplices – ante la tragedia ecológica y el despojo de todo tipo de garantías para las comunidades que desde siempre han sido las únicas salvaguardas del hábitat nacional y mundial?

¿ Será posible que permitamos - ¡horrenda ironía!- que so pretexto de “proteger el medio ambiente” unos cuantos falsarios, cuya codicia no conoce límites, apliquen en nuestros países los llamados proyectos REDD, que pretenden aún arrebatar a los pueblos originarios sus elementales medios de sobre vivencia?

Documentos de interés adjuntos:
Programa ONU- REDD Documento del Programa Nacional- Ecuador. Presentado en Da Lat- Vietnam. marzo 2011
Borrador Codigo Ambiental
Manual Operativo Socio Bosque
Convenio de ejecución del Proyecto Socio Paramo
Declaracion juramentada del Proyecto Socio Bosque
Convenio de ejecución del Proyecto Socio Bosque

Ecuador: canciller dimite por proyecto Yasuní

BBC Mundo, 14 de enero de 2010 - 15:27 GMT
Paúl Mena Erazo

Quito

El canciller ecuatoriano Fander Falconí y los miembros de la comisión técnica que impulsaba el proyecto Yasuní-ITT renunciaron a sus cargos por discrepancias con el presidente Rafael Correa en torno a la iniciativa, que plantea dejar petróleo bajo tierra en la Amazonia ecuatoriana a cambio de un aporte económico de la comunidad internacional.

El mandatario señaló el sábado pasado que en junio comenzaría la explotación de crudo en el Parque Nacional Yasuní si los países contribuyentes mantienen lo que él llamó "condiciones vergonzosas" en la conformación de un fideicomiso con Naciones Unidas para la administración del proyecto.

Falconí reveló que a pesar de haber explicado al presidente Correa que ninguno de los países contribuyentes ha intervenido en la conformación de la fiducia, el mandatario le reiteró que el plazo para la consecución del objetivo de la iniciativa -el compromiso de los países contribuyentes de entregar US$3.000 millones en 13 años- es de seis meses.

Reacción de Correa

El hoy ex canciller además dijo que el mandatario le comunicó su intención de trasladar el manejo del proyecto Yasuní de la Cancillería al Ministerio de Ambiente o al de Patrimonio Natural.

"Ponerle seis meses a la iniciativa es prácticamente liquidarla, es decir, es no darle viabilidad", dijo Falconí, al resaltar que su renuncia se debe a "una diferencia política clara sobre un aspecto concreto que es el caso del ITT".

Falconí afirmó que en dos semanas Ecuador podía haber concluido la constitución del fideicomiso con Naciones Unidas y señaló que existen presiones de sectores petroleros para explotar el crudo en el Parque Yasuní. El exministro también mencionó que en 2007, año en que se lanzó la iniciativa Yasuní-ITT, la estatal Petroecuador "tenía una unidad que se había preparado para la explotación de petróleo durante años".

Conocida la renuncia del canciller, el presidente Correa dijo que Falconí "parece que se ha resentido por mis declaraciones del sábado", y lamentó la dimisión "porque Fander es miembro del buró (político del partido de gobierno) y uno de los puntales de este proceso político".

Falconí dijo que pese a su renuncia a la Cancillería continuará en el partido de gobierno, Alianza País, y enfatizó que "el proyecto de cambio que está viviendo el país no lo inicia el presidente Correa".

"Este proyecto (de cambio en el país) es un acumulado histórico, un acumulado social (…) que no empieza ni termina con el presidente Correa", concluyó Falconí.

Dificultad de rearmar la iniciativa

En el Parque Nacional de Yasuní se encuentra el 20% de las reservas de petróleo de Ecuador.

Por otro lado, la iniciativa Yasuní se quedó este miércoles sin comisión técnica de gestión al conocerse la renuncia presentada por uno de sus miembros, Francisco Carrión, que se sumó a la dimisión presentada por los otros dos integrantes de dicha comisión: Roque Sevilla y Yolanda Kakabadse.

El ex vicecanciller Marcelo Fernández de Córdova le dijo a BBC Mundo que dichas renuncias, más la dimisión de Falconí y la posición actual del presidente Correa frente al proyecto Yasuní, hacen pensar que la iniciativa ambiental puede fracasar.

"Es muy difícil que en seis meses se rearme el proyecto con las observaciones del presidente", expresó.

A decir del ex vicecanciller, la intervención del presidente Correa del sábado pasado rompe, al menos en este momento, el proceso negociador en torno a la iniciativa Yasuní.

"La negociación hasta donde se podía ver estaba muy avanzada con Naciones Unidas, pero las observaciones del presidente hacen imposible la firma del fideicomiso, por lo que se tendría que reabrir la negociación", dijo Fernández de Córdova.

CONAIE presenta proyecto de Ley de Biodiversidad

09/11/2009 | 15:43

Quito (CRE).-

La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) presentó ante la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica de Biodiversidad.

La asambleísta del movimiento PACHACUTIK, Lourdes Tibán, indicó que dicho proyecto es vinculante con la Ley de Recursos Hídricos y de Minería.

Por otra parte, negó que PACHACUTIK y la CONAIE hayan aceptado la minería a gran escala, por lo que dijo, que las reformas a la norma que rige esta actividad tienen que ser revisadas.

El presidente de la Confederación de Pueblos de la Nacionalidad Kichwa del Ecuador (ECUARUNARI), Humberto Cholango señaló que la propuesta tiene el objetivo de proteger, conservar, restaurar y regular la utilización de la biodiversidad.

“Esta es una de las propuestas, una de las alternativas frente a todo una gran propaganda de cambio climático, simplemente hemos visto propagandas, pero nada de propuestas concretas que puedan viabilizar para poder mitigar, reducir los efectos que está en estos momentos pasando el planeta”, enfatizó.

Por su parte, el titular de la CONAIE, Marlon Santi, destacó que el proyecto presentado está basado en varios principios, entre los que citó, la soberanía, plurinacionalidad e interculturalidad, según informó el reportero de CRE Satelital, Marlon Morillo.

Por: Félix Castellanos Jara
felixcasja_85@hotmail.com

Los rebeldes económicos de Latinoamérica

Miercoles, 04 November 2009 09:18

Ecuador y Bolivia están alcanzando un crecimiento extraordinario porque rechazan las fórmulas económicas convencionales

Por Mark Weisbrot

Progreso Semanal. Tomado de The Guardian

Entre las opiniones convencionales que vemos a diario en la prensa de negocios está la de que los países en desarrollo deben hacer lo indecible para crear un clima amistoso para las corporaciones extranjeras, seguir los consejos de política ortodoxa macroeconómica (neoliberal) y tratar de lograr un ranking de crédito soberano favorable a las inversiones, a fin de atraer más capital extranjero.

¿A que no adivinan qué país se espera que tenga el más rápido crecimiento este año en las Américas? Bolivia. El primer presidente indígena del país, Evo Morales, fue elegido en 2005 y tomó posesión en enero de 2006. Bolivia, el país más pobre de América del Sur, había estado operando bajo acuerdos con el FMI durante 20 años consecutivos, y su ingreso per cápita era menor que el de 27 años antes.

Evo expulsó al FMI tres meses después de tomar posesión, y luego renacionalizó la industria de hidrocarburos (mayormente gas natural). No hay que decir que esto no cayó muy bien en la comunidad corporativa internacional. Ni tampoco la decisión de Bolivia en mayo de 2007 de retirarse del panel internacional de arbitraje del Banco Mundial, el cual tenía una tendencia de solucionar disputas a favor de corporaciones internacionales y en contra de los gobiernos.

Pero la renacionalización por Bolivia y el incremento en regalías por los hidrocarburos han dado al país miles de millones de dólares en ingresos adicionales. (Todo el PIB de Bolivia es de solo $16,6 miles de millones de dólares, con una población de 10 millones.) Estos ingresos han sido útiles para un gobierno que desea promover el desarrollo y especialmente para mantener el crecimiento durante la crisis. La inversión pública ha crecido del 6,3 % del PIB en 2005 a 10,5 % en 2009.

El crecimiento de Bolivia durante la actual crisis global es aún más extraordinario teniendo en cuenta el duro golpe que recibió por el descenso de los precios de sus exportaciones más importantes --gas natural y minerales--, y también por la pérdida de importante preferencias de exportación hacia el mercado norteamericano. La administración Bush eliminó las preferencias comerciales concedidas a Bolivia por la Ley de Promoción del Comercio y Erradicación de la Droga, supuestamente para castigar a Bolivia por su insuficiente cooperación en la “guerra a las drogas”.

En realidad era algo más complicado: Bolivia expulsó al embajador de EE.UU. debido a pruebas de que el gobierno de EE.UU. estaba apoyando a opositores del gobierno de Morales. La revocación de la condición de “nación más favorecida” fue la consecuencia. De todas maneras, la administración Obama hasta ahora no ha cambiado las políticas de la administración Bush hacia Bolivia. Pero Bolivia ha demostrado que puede hacerlo muy bien sin la cooperación de Washington.

El presidente izquierdista de Ecuador, Rafael Correa, es un economista que antes de ser elegido en diciembre de 2006, comprendió y escribió acerca de las limitaciones del dogma económico neoliberal. Tomó posesión en 2007 y estableció un tribunal internacional para examinar la legitimidad de la deuda del país. En noviembre de 2008, la comisión decidió que parte de la deuda no estaba obligada por contratos legales, y en diciembre Correa anunció que el gobierno suspendería pagos de unos $3,2 mil millones de su deuda internacional.

Fue vilipendiado por la prensa de negocios, pero la suspensión fue exitosa. Ecuador eliminó la tercera parte de la deuda de sus libros al suspender el pago, y luego la compró a un precio de unos 35 centavos por dólar. La tasa internacional de crédito del país aún es baja, pero no menos de lo que era antes de la elección de Correa, e incluso subió un tanto después de que se completó la compra de la deuda.

El gobierno de Correa también incurrió en la ira de los inversionistas extranjeros al renegociar sus contratos con las compañías petroleras extranjeras a fin de obtener una mayor proporción de los ingresos a medida que subía el precio del petróleo. Y Correa ha soportado la presión de Chevron y sus poderosos aliados en Washington para que renuncie a apoyar una reclamación judicial contra la compañía por una supuesta contaminación de las aguas subterráneas, que implican daños por valor de $27 mil millones de dólares.

¿Cómo le ha ido a Ecuador? El crecimiento ha promediado un sano 4,5% durante los dos primeros años de Correa. Y el gobierno se ha asegurado de que se haya filtrado hacia abajo: el gasto en salud como porcentaje del PIB ha sido del doble, y el gasto social en general ha crecido considerablemente, de 5,4% a 8,3% del PIB en dos años. Esto incluye doblar un programa de transferencia de efectivo para hogares pobres, un incremento de $474 millones en gastos para viviendas y otros programas para familias de bajos ingresos.

Ecuador fue duramente golpeado por un descenso del 77% en el precio de sus exportaciones de petróleo desde junio de 2008 a febrero de 2009, así como un descenso de las remesas desde el exterior. Sin embargo, ha capeado el temporal bastante bien. Otras políticas poco ortodoxas, además de la suspensión de la deuda, han ayudado a Ecuador a estimular su economía sin bajar demasiado sus reservas.

La moneda de Ecuador es el dólar, así que eso elimina la utilización de una política de tasa de cambio y la mayoría de las políticas monetarias como esfuerzos contra-cíclicos durante una recesión --una desventaja significativa. En su lugar, Ecuador logró acuerdos con China para un pago por adelantado de miles de dólares por petróleo y un préstamo por mil millones adicionales.

El gobierno también ha comenzado a exigir a los bancos ecuatorianos la repatriación de parte de sus reservas guardadas en el extranjero, lo cual se espera que signifique otros $1,2 mil millones, y ha comenzado a repatriar $2,5 mil millones en reservas del banco central que se encontraban depositadas en el exterior, a fin de financiar un gran paquete de estímulo.

El crecimiento de Ecuador probablemente sea de 1% este año, lo cual es bastante bueno en relación con casi todo el hemisferio. Por ejemplo, México, en el otro extremo del espectro, proyecta un descenso de 7,5% del PIB para 2009.

El trato de los medios e incluso el análisis cuasi-académico de Bolivia y Ecuador dice que ambos países son víctimas de gobiernos populistas, socialistas y “anti-norteamericanos” --alineados con Hugo Chávez de Venezuela y Cuba, por supuesto--y en camino a la ruina. Indiscutiblemente ambos países tienen muchos retos por delante, el más importante de los cuales será el de implementar estrategias económicas que puedan diversificar y desarrollar a largo plazo sus respectivas economías. Pero han tenido un buen comienzo hasta ahora al dar el respeto que se merece a las opiniones convencionales del establishment económico y de política exterior --en Washington y en Europa.

Mark Weisbrot es co-director del Centro para la Investigación Económica y Política, en Washington, D.C.

Campaña por el uso tradicional y alternativo de hoja de coca

Lucian Reed / InfoAndina

Estimad@s colegas:
Coca y soberanía es el nombre de una campaña realizada en los países andinos que busca revalorizar los usos ancestrales de la hoja de coca (para alimentación y medicina) y promover su industrialización a partir de ese conocimiento, con el fin de desmitificar la visión negativa que se tiene actualmente sobre esta planta.

Esta campaña también busca el retiro de la hoja de coca de la lista de sustancias ilícitas que aparecen en la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes publicada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU). “Esperamos que en poco tiempo sea revisada la lista de plantas declaradas ilícitas por la Convención de Estupefacientes, que tiene como resultado el auge del narcotráfico en la zona andina”, aseguró la ecóloga Dora Troyano, representante de la campaña en Colombia.

Las actividades de Coca y soberanía se desarrollan desde el 2003 y de manera independiente a cargo de colectivos integrados por campesinos cocaleros, profesionales de las ciencias agrarias y comercializadores de productos alternativos de hoja de coca en Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia.

Un ejemplo de estas actividades fue el Festival de la hoja de coca realizado en agosto de este año por la alcaldía de Pichari (Cusco) en Perú donde los activistas contribuyeron a la difusión del evento logrando la presencia de más de 10 mil personas. En Bolivia la campaña impulsa ferias de comercialización de productos alternativos elaborados con hoja de coca donde participan empresas productoras de gaseosa y té de coca.

Actualmente, la campaña cuenta con un sitio web que difunde las actividades en cada uno de los países.

Troyano señaló como un logro de la campaña el rápido incremento del número de asistentes a las actividades que realizan. “Hace cinco años en Colombia solo había presencia de una empresa en las ferias, hoy asisten tres o cuatro; en Bolivia los eventos se iniciaron con 5 o 6 expositores, ahora hay un conglomerado de 20”.

El nombre de la campaña Coca y soberanía responde a principios de identidad de los pueblos andinos-amazónicos asociados a esta planta: “Consumir la hoja de coca y sus derivados es una muestra de soberanía de los pueblos andino-amazónicos, quienes a lo largo de la historia han sido estigmatizados por sus prácticas ancestrales”, afirmó Troyano.

Para conocer más sobre la campaña puede visitar http://www.cocasoberania.org/

Si desea participar en la campaña puede escribir a Dora Troyano a dtroyano@yahoo.com

Sepa más sobre la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes en http://bit.ly/9X1w5

EN ECUADOR. Festejan Día Nacional de la Papa

Estimad@s Colegas,

En Ecuador sobran motivos para festejar a la papa. Anualmente se cultiva en este país aproximadamente 40 mil hectáreas de ese tubérculo, dando empleo a 4 millones de personas y generando un movimiento de casi 150 millones de dólares. Además cada ecuatoriano consume en promedio unos 30 kilos de papa por año. Bajo esa consigna, el 25 de junio del 2009 se celebró el Día Nacional de la Papa Ecuatoriana.

En el evento participaron autoridades, investigadores y especialistas de instituciones vinculadas al tema agrario como el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP); el Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias (INIAP); el Centro Internacional de la Papa; productores del Consorcio de la Papa de Chimborazo, Tungurahua y Bolívar (CONPAPA); entre otros.

Esta celebración fue motivo para la presentación del decreto oficial del 29 de junio como Día Nacional de la Papa dado por el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) y el lanzamiento del Programa de Desarrollo Productivo de Fortalecimiento de la Cadena Agroalimentaria de la Papa con un monto de aproximadamente seis millones de dólares y que iniciará en julio o agosto del 2009.

Otras actividades importantes fueron:

• La firma de convenios de cooperación entre el Consorcio de la Papa (CONPAPA) y ONG locales para propiciar la investigación y el mejoramiento de la semilla de papa
• La entrega oficial de los documentos que certifican la propiedad intelectual del logotipo de CONPAPA y su marca Raíz de vida
• La presentación de afiches para promocionar las papas nativas por parte de la Fundación Minga para la Acción Rural y la Cooperación
• La degustación de platos típicos en base a papa elaborados por alumnos de escuelas de gastronomía ecuatorianas

Esta jornada de actividades sirvió también para capitalizar varias acciones iniciadas el año 2008 con motivo del Año Internacional de la Papa que necesitaban continuidad.

Atentamente,
InfoAndina
infoandina@cgiar.org

Fuente: Papa Andina

Para proteger la Amazonía: aprender de Ecuador

Por: Jurgen Schuldt Economista
El Comercio, Perú 18 de junio de 2009

Nadie en su sano juicio le propondría a gobierno alguno que no explote los recursos petroleros o mineros que posee en el subsuelo. Sin embargo, Alberto Acosta, ex ministro de Energía de Ecuador y ex presidente de la Asamblea Constituyente, ha venido proponiendo esta aparentemente peregrina idea desde el 2006. En su propuesta, dada a conocer en el 2007 en las Naciones Unidas, se trataría de dejar de explotar un bolsón de petróleo de 846 millones de barriles de crudo pesado. Aledaño a la frontera noreste del Perú, ese campo, ubicado en una reserva natural, se explotaría durante 13 años, a razón de 107.000 barriles diarios, que rendirían utilidades netas por US$800 millones anuales.

Partiendo de ello, Ecuador pretende que se le pague anualmente al menos la mitad de esas ganancias por mantener enterrado el oro negro. Ese dinero se “recaudaría” a partir del principio de la corresponsabilidad, mediante el patrocinio de gobiernos y personas que apuesten por la iniciativa. Otras fuentes podrían consistir en negociar certificados de carbono o un masivo canje de deuda externa. Con esa suma se crearía un fondo, manejado a través de un fideicomiso, que se destinaría a obras sociales, ecoturismo, conservación del ambiente, reforestación y piscigranjas, así como al desarrollo de fuentes alternativas de energía.

Desenterrar el petróleo en esa zona, al envenenar sus ricas aguas y frágiles suelos, arruinaría su flora y fauna (una de las más biodiversas del planeta), lo que perjudicaría a las comunidades nativas huaorani que la ocupan. A pesar de que estas no tienen voz ni voto, con lo que no le rinden rédito político alguno al gobierno, este viene asumiendo su defensa, con lo que evitaría la emisión de 400 millones de toneladas de CO2. Aunque no se le entregue la contraprestación mencionada, el gobierno ofrece seguir adelante aunque esto aún está por verse, tanto por la enorme presión de las corporaciones hidrocarburíferas para hacerse de ese lote, como por el hecho de que varios países industrializados se han mostrado poco dispuestos a cortar drásticamente sus emisiones de CO2.

Así, el Gobierno Ecuatoriano se ocuparía de uno de los más importantes bienes públicos globales: el equilibrio ambiental. Además, de tener éxito en este esfuerzo y otros que lo sigan, contribuiría a aumentar el precio internacional del petróleo, con lo que se acelerarían los esfuerzos para sustituir las energías sucias. ¿No cree usted que eso es suficiente para pedir esa pequeña suma anual de US$400 millones a la comunidad internacional? ¿No es sumamente “rentable” ese gasto a cambio de que se respete el medio ambiente en un mundo que cada vez sufre más de la petrodependencia y su nefasto impacto climático? ¡Cuánto podríamos aprender en el Perú y los demás países amazónicos de este caso paradigmático de repercusión mundial! Nos obligaría a pensar más allá del estrecho horizonte de nuestros gobiernos, que solo contemplan el verdor del dólar frente al de la selva amazónica, aunque ambos estén cada vez más quemados.

Expondrán en la Unesco acciones para sacar a Galápagos de la lista de peligro

EFE / ADN, España, Sábado, 20 de junio de 2009

La ministra ecuatoriana de Ambiente, Marcela Aguiñaga, expondrá ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) los esfuerzos de su país para tratar de sacar las islas Galápagos de la lista de patrimonios en peligro, informó hoy la Presidencia.
Aguiñaba participará en la reunión del Comité del Patrimonio Mundial de la Unesco, que se llevará a cabo en Sevilla del 22 al 30 de junio, durante la cual se analizará la situación de varios sitios que se encuentran en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro, entre las que figura el archipiélago de Galápagos.
"Durante su exposición (Aguiñaga) informará las acciones y los avances significativos en los que ha trabajado el Gobierno de Ecuador en relación a las observaciones y causas por las cuales la Unesco decidió incorporar a Galápagos como Patrimonio en Peligro", indicó el comunicado.
"Reconocemos que hay avances altamente significativos. Así también que el 95 por ciento de la biodiversidad se mantiene en estado natural y que el manejo del Parque Nacional Galápagos es eficiente, lo cual permite mantener el capital natural de las islas", dijo Aguiñaga.
Sin embargo, afirmó: "también sabemos que aún es prematuro salir de la lista, porque hay ciertas líneas de acción que deben fortalecer su implementación, entre la cuales están los temas de educación, control en sistema de cuarentena, control de la actividad turística en las áreas pobladas".
Las islas Galápagos, situadas a unos mil kilómetros de las costas continentales ecuatorianas, fueron declaradas en 1978 Patrimonio Natural de la Humanidad por la Unesco e ingresaron en la lista de Patrimonio Mundial en Peligro en 2007.
El archipiélago debe su nombre a las grandes tortugas que lo habitan, y sus reservas terrestre y marina contienen una rica biodiversidad, considerada como un laboratorio natural, que permitió al científico británico Charles Darwin desarrollar su teoría sobre la evolución y selección natural de las especies.

Gobierno ecuatoriano aprobó la propuesta Yasuní

02-06-2009

Evitará la emisión de 410 millones de toneladas de CO2 y obtendrá ingresos por ello

Rebelión / El Comercio

El presidente ecuatoriano ratificó que se trata de uno de los proyectos más importantes para el actual Gobierno. Ayer, Rafael Correa aprobó la propuesta definitiva de la Iniciativa Yasuní-ITT.

Es un mecanismo que busca evitar la emisión de 410 millones de toneladas de dióxido de carbono (CO2). Para eso no explotará los 850 millones de barriles de crudo, reserva calculada en el bloque ITT, ubicado en el extremo este del Yasuní.

Según Roque Sevilla, presidente del Consejo que impulsa la iniciativa, el Primer Mandatario, en la reunión de dos horas a puerta cerrada, mantuvo una tónica positiva. “Hizo preguntas puntuales y aprobó la propuesta en espera de resultados de la gestión”, manifestó.

La estrategia ecuatoriana es ofertar los Certificados de Garantía Yasuní, una especie de garantía de que el crudo quedará bajo tierra en forma indefinida.

Por su concepto (evitar la emisión de CO2), no entrarán al sistema del Protocolo de Kioto (venta de bonos de carbono a USD 17 por cada tonelada métrica de CO2). Sin embargo, tendrán una comercialización parecida y, al costo actual, se calcula que el país recibiría USD 697 millones anuales.

Esos recursos se manejarán a través de un fideicomiso y se priorizará la inversión en proyectos hidroeléctricos.

El presidente Correa hará público el apoyo en su cadena radial del sábado próximo y una comisión viajará el 17 de junio a Inglaterra y a Alemania, para ofertar la propuesta.

El Gobierno de Ecuador dará incentivos económicos a los indígenas para que eviten la tala de la selva

Público 09-01-2009

El precio de conservar el Amazonas

Quien mejor conoce el terreno es aquel que ha vivido en él. En Ecuador van a aplicar esta máxima para la conservación de la selva amazónica, y el Gobierno ha lanzado el Programa Socio Bosque, que dará incentivos a las comunidades indígenas que eviten la deforestación y cuiden el bosque.

Con una superficie de 25,6 millones de hectáreas, casi la mitad del país (11 millones) está cubierto por masas forestales. Pero la tasa de deforestación es la más elevada de América Latina, con una pérdida de 200.000 hectáreas anuales. La mitad de la superficie forestal (54%) está en manos de las 11 comunidades indígenas diferentes que habitan Ecuador ; de ahí la importancia de trabajar con ellos en el mantenimiento del bosque. El programa se desarrollará en cinco millones de hectáreas en las que viven más de un millón de indígenas.

Uno de los problemas que presenta la gestión forestal es la tala ilegal, asociada a la corrupción. Paulina Baca, del Ministerio ecuatoriano del Medio Ambiente, explica que los controles forestales son todavía ineficientes y existen explotaciones forestales ilegales. Una de las vías para luchar contra estas explotaciones es un sistema de control descentralizado en el que se vigilen carreteras, se realicen auditorías de campo, se desarrolle un sistema informático y, a partir de ahí, se otorguen permisos de aprovechamiento legales.

Los controles forestales son todavía ineficientes y existen explotaciones forestales ilegales

Además, no todas las comunidades indígenas cuentan con títulos de propiedad de sus propios terrenos, por lo que un primer paso es determinar qué comunidades habitan en y del bosque. La mayor parte de las comunidades más pobres viven en zonas forestales , y debido precisamente a la falta de medios, se sobreexplotan los recursos naturales para vender a grandes corporaciones.

El Gobierno de Ecuador pretende con su programa el pago directo a campesinos e indígenas por la conservación del bosque , en función de unos rangos. Así, para las primeras 100 hectáreas se pagarán 30 euros por hectárea; entre 101 y 500 hectáreas se abonarán 20 euros; de 501 a 5.000 hectáreas se pagarán 10 euros; de 5.001 a 50.000 serán cinco euros; y de 50.001 en adelante, dos euros. Los precios disminuyen cuantas más hectáreas, para que los que tengan menos terrenos se beneficien en la misma proporción que los grandes terratenientes.

Ecuador pretende que las masas forestales que no se talen se consideren dentro del paquete del cambio climático como deforestación evitada y, por tanto, no emisora de CO2.

Madera certificada frente a corrupción

El 16% de la madera que se importa en España procede de países donde las talas ilegales e insostenibles son habituales , según WWF/Adena. Pero para que el comprador pueda tener la certeza de que su madera es de origen legal son necesarios certificados que garanticen que el proceso ha sido limpio y no se han ‘blanqueado' documentos. En la actualidad existen dos sellos de garantía: FSC y PEFC, que cuentan en total con 320 millones de hectáreas de superficie forestal certificada de más de un centenar de países.

Estos certificados de transparencia avalan que la madera procede de zonas gestionadas de forma adecuada, cuentan con un programa social para la zona de extracción, es ambientalmente sostenible, no son especies protegidas y es económicamente viable. En España existen más de 1,1 millones de hectáreas de superficie forestal certificada, lo que apenas representa al 7%. Los demandantes de productos derivados de la madera, como Aspapel, advierten de las carencias de materias primas certificadas para adquirir en el mercado.

http://www.publico.es/ciencias/medioambiente/188957/amazonas/madera