El Comercio, Perú 18 de junio de 2009
Nadie en su sano juicio le propondría a gobierno alguno que no explote los recursos petroleros o mineros que posee en el subsuelo. Sin embargo, Alberto Acosta, ex ministro de Energía de Ecuador y ex presidente de la Asamblea Constituyente, ha venido proponiendo esta aparentemente peregrina idea desde el 2006. En su propuesta, dada a conocer en el 2007 en las Naciones Unidas, se trataría de dejar de explotar un bolsón de petróleo de 846 millones de barriles de crudo pesado. Aledaño a la frontera noreste del Perú, ese campo, ubicado en una reserva natural, se explotaría durante 13 años, a razón de 107.000 barriles diarios, que rendirían utilidades netas por US$800 millones anuales.
Partiendo de ello, Ecuador pretende que se le pague anualmente al menos la mitad de esas ganancias por mantener enterrado el oro negro. Ese dinero se “recaudaría” a partir del principio de la corresponsabilidad, mediante el patrocinio de gobiernos y personas que apuesten por la iniciativa. Otras fuentes podrían consistir en negociar certificados de carbono o un masivo canje de deuda externa. Con esa suma se crearía un fondo, manejado a través de un fideicomiso, que se destinaría a obras sociales, ecoturismo, conservación del ambiente, reforestación y piscigranjas, así como al desarrollo de fuentes alternativas de energía.
Desenterrar el petróleo en esa zona, al envenenar sus ricas aguas y frágiles suelos, arruinaría su flora y fauna (una de las más biodiversas del planeta), lo que perjudicaría a las comunidades nativas huaorani que la ocupan. A pesar de que estas no tienen voz ni voto, con lo que no le rinden rédito político alguno al gobierno, este viene asumiendo su defensa, con lo que evitaría la emisión de 400 millones de toneladas de CO2. Aunque no se le entregue la contraprestación mencionada, el gobierno ofrece seguir adelante aunque esto aún está por verse, tanto por la enorme presión de las corporaciones hidrocarburíferas para hacerse de ese lote, como por el hecho de que varios países industrializados se han mostrado poco dispuestos a cortar drásticamente sus emisiones de CO2.
Así, el Gobierno Ecuatoriano se ocuparía de uno de los más importantes bienes públicos globales: el equilibrio ambiental. Además, de tener éxito en este esfuerzo y otros que lo sigan, contribuiría a aumentar el precio internacional del petróleo, con lo que se acelerarían los esfuerzos para sustituir las energías sucias. ¿No cree usted que eso es suficiente para pedir esa pequeña suma anual de US$400 millones a la comunidad internacional? ¿No es sumamente “rentable” ese gasto a cambio de que se respete el medio ambiente en un mundo que cada vez sufre más de la petrodependencia y su nefasto impacto climático? ¡Cuánto podríamos aprender en el Perú y los demás países amazónicos de este caso paradigmático de repercusión mundial! Nos obligaría a pensar más allá del estrecho horizonte de nuestros gobiernos, que solo contemplan el verdor del dólar frente al de la selva amazónica, aunque ambos estén cada vez más quemados.
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