La agricultura española y la sostenibilidad

El País, España / JOSEP PUXEU ROCAMORA 14/06/2009

Los sectores punteros de la agricultura española han estado siempre presentes en Europa, pero fue con la adhesión de España a la Comunidad Económica Europea (hoy Unión Europea) cuando la agricultura española se integró definitivamente.

Conviene recordar que la adhesión no fue sólo una alternativa de la agricultura y la economía españolas, sino fruto de una opción política por un modelo europeo de democracia, organización política y relaciones sociales, que evitasen que volviera a repetirse en España una situación como la sufrida durante casi medio siglo. Los negociadores de la adhesión tuvieron muy claro este objetivo.

La integración en Europa constituyó un reto para el sector agroalimentario. Algunos sectores productivos eran menos competitivos que los europeos y había que evitar un desmantelamiento del tejido productivo. En los sectores con ventajas competitivas evidentes, por el contrario, hubo que superar la red proteccionista temporal establecida por nuestros nuevos socios.

Casi un cuarto de siglo después la integración de la agricultura española en la comunitaria es completa. Los agricultores y sus organizaciones, las cooperativas, la industria agroalimentaria y las administraciones agrarias autonómica y central utilizan el marco comunitario como referencia cotidiana.

En los aspectos institucionales la Política Agrícola Común (PAC) ha permitido avanzar en el difícil equilibrio competencial derivado de la Constitución, para que en España haya una política agraria que vaya más allá de la suma de 17 políticas autonómicas, con su legitimidad y razón de ser. Este modelo ha sido refrendado por la doctrina del Tribunal Constitucional.

La PAC ha ido evolucionando desde la adhesión y la agricultura española se ha adaptado con éxito a los cambios. Dada su fragilidad y dependencia climatológica, las ayudas directas introducidas desde 1992 tienen un efecto claro en las rentas de los agricultores y constituyen una red de seguridad de sus ingresos ante la variabilidad de las cosechas.

Como consecuencia de su gran diversidad, la agricultura española ha sido protagonista de la práctica totalidad de las Organizaciones Comunes de Mercado (OCM). Cuando éstas se han ido simplificando y las ayudas se han transformado en Derechos de Pago Único, España ha consolidado un lugar de privilegio en la percepción de recursos del primer pilar de la PAC, con cerca de 5.500 millones de euros al año, casi el 14% del total comunitario, ocupando el segundo puesto tras Francia.

Estos recursos, junto con los procedentes de los fondos estructurales y del desarrollo rural, han provocado un cambio espectacular. La calidad de vida del medio rural se ha elevado sustancialmente y la preocupación por la conservación del medio ambiente y del paisaje ha calado en los agricultores y en la sociedad española.

La agricultura productiva articula, además, el tejido económico del medio rural y apuesta decididamente por la mejora de la eficiencia en la utilización sostenible del agua. Los recursos comunitarios contribuyen a impulsar este proceso de modernización y economía del agua en el regadío español.

Pero más importante que los recursos comunitarios recibidos es el cambio producido en la agricultura y en los agricultores españoles; desde unos mercados cerrados, los distintos sectores agrarios españoles se han adaptado con éxito a una situación de mercados abiertos y competitivos.

Desde esta orientación al mercado, los sectores más dinámicos de la agricultura y la industria agroalimentaria españolas se están afianzando en el liderazgo europeo y mundial. En su conjunto, el sector agroalimentario español contribuye con un saldo positivo a la balanza comercial, con una tasa de cobertura del 115% para el sector agroalimentario en 2008. El aceite de oliva, el vino, las conservas, las frutas y hortalizas y los productos cárnicos están presentes en los mercados y estanterías de las tiendas de alimentación de todo el mundo, lo que se ha conseguido por la profesionalidad de los agricultores y la iniciativa de los empresarios españoles.

Ahora es el momento de diseñar la agricultura y la PAC a partir de 2013 para asegurar un escenario estable hasta 2020, aunque haya que hacerlo en un contexto de profunda crisis económica a nivel mundial. A este proceso deben contribuir todos los agentes implicados.

El sector agroalimentario español encaja en el nuevo modelo de economía sostenible propuesto por el presidente del Gobierno en el reciente debate sobre el estado de la nación, contribuyendo a la sostenibilidad económica, social y medioambiental.

En efecto, la necesidad de atender la demanda alimentaria es la base de la sostenibilidad económica, con la incorporación de un alto valor añadido en toda la cadena alimentaria, cuyos últimos puntos de referencia son nuestros modelos de alimentación y gastronomía. La alimentación y la industria agroalimentaria son campos idóneos para la aplicación de la innovación y del I+D.

Estimulada por la demanda, la actividad de producción deviene una actividad económicamente sostenible, en un horizonte estable de incremento de producción y productividad, apoyado en el uso eficiente del agua. La biotecnología es clave en la mejora de la productividad de la agricultura. No hay que olvidar la necesidad de contribuir a responder al reto alimentario global.

Igualmente, la agricultura y la alimentación tienen una dimensión clara de sostenibilidad social, constituyendo en estos momentos de crisis un dique a la destrucción de empleo; se han revelado incluso como refugio para la incorporación de trabajadores procedentes de otros sectores, configurándose como un núcleo estable de actividad económica y mantenimiento de empleo en el territorio.

Finalmente, la agricultura contribuye a la sostenibilidad medioambiental, a la lucha contra el cambio climático y a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. La actividad agraria en el marco de la PAC respeta el medio ambiente y el mantenimiento del territorio y del paisaje y las ayudas de la PAC están condicionadas al cumplimiento de normas y disciplinas medioambientales.

En la reciente reforma de la PAC de noviembre de 2008, conocida coloquialmente como el "chequeo médico", se ha singularizado la preocupación por los nuevos retos de la agricultura (biodiversidad, cambio climático, gestión del agua, energías renovables e innovación), a los que se da un trato preferencial dentro de la política de desarrollo rural.

Todo ello estaba ya contemplado en la Ley de Desarrollo Sostenible del Medio Rural, aprobada en 2007, que con un enfoque horizontal articula la participación de 15 departamentos en la concentración de actuaciones sobre el medio rural. La Ley de Biodiversidad y Patrimonio Natural, aprobada en 2008, complementa esta aproximación integral, haciendo compatible el desarrollo de la agricultura sostenible con la conservación de los espacios naturales protegidos (Red Natura), atendiendo tanto a los ecosistemas como a las especies vulnerables.

Este modelo de agricultura en el marco de una economía sostenible será la base de la aportación española a la configuración del futuro de la PAC que se va a desarrollar y a aplicar a partir del año 2013, cuyo modelo será debatido en los próximos años en el Consejo de Ministros de la UE y en el Parlamento Europeo que resulte del actual proceso electoral. -

Josep Puxeu Rocamora es secretario de Estado de Medio Rural y Agua.