La Sed de etanol

Project Syndicate, Wallace E. Tyner, 2011-05-03

WEST LAFAYETTE (INDIANA) – Los precios de los alimentos han superado en muchos casos los máximos alcanzados en julio de 2008. En aquel momento, se atribuyeron sus subidas a la demanda mundial en aumento de los productos básicos alimentarios, una importante depreciación del dólar de los EE.UU., las malas cosechas en algunas zonas del mundo y los biocombustibles, pero, ¿qué es lo que está haciendo subir rápidamente los precios en este momento?

Creo que ahora los factores fundamentales son algo diferentes de los que lo hicieron en 2008. El aumento de la demanda mundial de productos básicos para la alimentación humana y animal siguen contando mucho al respecto, como también los biocombustibles, pero las consecuencias a corto y a largo plazo son muy diferentes.

Al mejorar la situación económica de los países en desarrollo, una de las primeras cosas que ocurren es la llamada “transición dietética”. Al disponer de más ingresos, la población empieza a añadir a su cesta alimentaria más productos animales. Su producción requiere muchos más recursos agrícolas que una dieta basada predominantemente en los vegetales. De modo que, al aumentar los ingresos, la demanda de productos básicos alimentarios aumenta aún más rápidamente. Tanto el crecimiento demográfico como la transición dietética contribuyen a un aumento más rápido de la demanda y a unos mayores precios de los alimentos.

Las políticas de los Estados Unidos y la Unión Europea en materia de biocombustibles han propiciado la creación de industrias de biocombustibles con una importante capacidad de producción: principalmente etanol en los EE.UU. y biodiésel en la UE. En los EE.UU, la política gubernamental obliga a producir 48.000 millones de litros de etanol en 2011. La capacidad de producción ya supera ese nivel.

Como el Gobierno exige que se mezcle esa cantidad con gasolina, independientemente del precio del etanol, del maíz o de la gasolina, la demanda de maíz que crea no se debe en modo alguno a una reacción ante su precio. En términos económicos, dicha demanda es muy “inelástica”: se debe cumplir el mandato a toda costa.

Ésa es la situación en la que nos encontramos ahora, al menos a corto plazo. La inflexibilidad (o inelasticidad) añadida intensifica la reacción de los precios como una escasez real de maíz o la sensación de tal, ya sea en los EE.UU o en otra parte. Además, como se está utilizando casi el 40 por ciento del maíz de los EE.UU. para fabricar etanol, frente al cinco por ciento de hace unos años, sus precios han de subir para atender las demandas para piensos, exportación y fabricación de etanol.

En resumidas cuentas, la versión actual de la política de los EE.UU. en materia de biocombustibles, con su prescripción fija de la mezcla, provoca un aumento mayor de los precios en caso de escasez de las cosechas... a corto plazo. Lo vimos en 2008 y estamos volviendo a verlo ahora.

Pero el rápido aumento de 2011 parece deberse a una mayor escasez de productos básicos que antes. En la primera mitad de 2008, los precios de los productos básicos subieron rápidamente... y se desplomaron con la misma rapidez en la segunda mitad del año. Muy bien puede ser que hubiera un comportamiento especulativo que contribuyese a la rápida oscilación.

Incluso con una producción normal de las cosechas en todo el mundo, acabaremos este año con unos bajos niveles sin precedentes en las relaciones entre existencias y utilización. Dichas relaciones son una causa primordial de aumento de los precios de los productos básicos, porque nos dan una idea del margen de que disponemos en caso de escasez en alguna parte del mundo. Esa relación nos indica esencialmente con cuántos meses de existencias contamos y actualmente asciende a un 15 por ciento, aproximadamente, en el caso de algunos productos básicos, es decir, dos meses de existencias.

¿Y qué decir del largo plazo? Con varios años por ajustar, es de esperar una fuerte reacción de la oferta ante los precios mayores de los productos básicos que ahora se dan en todo el mundo.

En muchas regiones del mundo, los rendimientos de las cosechas son sólo una fracción de los niveles de los EE.UU., incluso en zonas agrícolas con clima, tierras y condiciones de producción similares. En los EE.UU., es habitual un desfase de un 20 por ciento, aproximadamente, entre las parcelas experimentales y los rendimientos reales de la misma zona. En muchas otras regiones, esas diferencias ascienden a entre el 40 por ciento y el 60 por ciento. En resumidas cuentas, hay enormes posibilidades de aumentar la producción en muchas partes de la Europa oriental, África y Sudamérica.

En la medida en que unos precios mayores de los productos básicos beneficien a los agricultores de esas regiones, éstos reaccionarán aumentando su producción, lo que acabará reduciendo la escasez, aumentando las relaciones entre las existencias y la utilización y atenuando los precios más altos. En realidad, en la medida en que los países en desarrollo permitan que sus agricultores disfruten de precios mayores, el resultado podría ser un importante estímulo para el crecimiento económico en las regiones rurales de los países en desarrollo, en las que vive la mayoría de los pobres del mundo.

Un problema es el de que con frecuencia los países en desarrollo intentan aislar sus mercados interiores de los precios mundiales, en particular de sus aumentos, para proteger a sus ciudadanos de las zonas urbanas, políticamente más poderosos. Esa política puede obstaculizar el desarrollo rural y reducir la mitigación de la pobreza.

Las historias a corto y a largo plazo son simplificaciones, pero no por ello dejan de transmitir la esencia de algunos factores decisivos que contribuyen a los cambios de precios. Las políticas de los Estados Unidos en materia de biocombustibles propician aumentos de los precios en casos de crisis de la oferta a corto plazo. A largo plazo, los mayores precios resultantes podrían llegar a ser un motor del desarrollo económico en las regiones rurales pobres del mundo. Esa distinción podría representar un cambio enormemente importante para millones de personas.

Wallace E. Tyner es profesor de Economía Agraria en la Universidad de Purdue.

Apostar el planeta

Project Syndicate Joseph E. Stiglitz, 2011-04-06

DUBAI - Las consecuencias del terremoto de Japón - especialmente la actual crisis en la central nuclear de Fukushima – traen recuerdos sombríos para los observadores de la crisis financiera estadounidense que precipitó la Gran Recesión. Ambos acontecimientos ofrecen duras lecciones sobre los riesgos y sobre lo mal que pueden manejarlos los mercados y las sociedades.

Naturalmente, en cierto sentido no hay comparación entre la tragedia provocada por el terremoto - que ha dejado más de 25,000 personas muertas o desaparecidas - y la crisis financiera, a la que no se puede atribuir un sufrimiento físico tan agudo. Pero cuando se trata de la fusión del reactor nuclear en Fukushima, los dos acontecimientos tienen algo en común.

Los expertos tanto de la industria nuclear como de las finanzas nos aseguraron que la nueva tecnología había eliminado prácticamente el riesgo de una catástrofe. Los hechos demostraron que estaban equivocados: no sólo existían los riesgos, sino que sus consecuencias fueron tan grandes que eliminaron fácilmente todos los supuestos beneficios de los sistemas que los líderes de la industria promovían.

Antes de la Gran Recesión, los gurús económicos de los Estados Unidos - desde el director de la Reserva Federal hasta los gigantes de las finanzas - se jactaban de que habíamos aprendido a dominar los riesgos. Mediante instrumentos financieros innovadores como los derivados y los swaps de incumplimiento crediticio se había logrado distribuir el riesgo en toda la economía. Ahora sabemos que no sólo engañaron al resto de la sociedad, sino que incluso se engañaron ellos mismos.

Resultó que estos magos de las finanzas no entendieron las complejidades del riesgo, por no hablar de los peligros que plantean las "distribuciones de cola ancha" –un término estadístico que se refiere a situaciones raras que tienen consecuencias enormes, y a las que a veces se llama "cisnes negros". Eventos que supuestamente suceden una vez en un siglo - o incluso una vez en la vida del universo - parecían ocurrir cada diez años. Peor aún, no sólo se subestimó enormemente la frecuencia de estos acontecimientos, sino también el daño desmesurado que causarían – más o menos como las fusiones que siguen agobiando a la industria nuclear.

Las investigaciones económicas y psicológicas nos ayudan a entender por qué gestionamos tan mal estos riesgos. Tenemos pocas bases empíricas para juzgar los acontecimientos raros, por lo que es difícil hacer estimaciones acertadas. En tales circunstancias, no sólo empezamos a pensar lo que queremos, sino que puede ser que tengamos pocos incentivos para pensar en absoluto. Por el contrario, cuando los demás cargan con los costos de los errores, los incentivos favorecen el autoengaño. Un sistema que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias está condenado a gestionar mal el riesgo.

En efecto, todo el sector financiero estaba plagado de problemas con las agencias y las externalidades. Las agencias de calificación tenían incentivos para dar buenas calificaciones a los títulos de alto riesgo que producían los bancos de inversión que les pagaban. Los creadores de las hipotecas no cargaban con las consecuencias de su irresponsabilidad, e incluso quienes se dedicaron a dar préstamos abusivos o crearon y comercializaron valores diseñados para perder, lo hicieron de manera que quedaron protegidos de acusaciones civiles y penales.

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿están a punto de ocurrir otros "cisnes negros"? Desafortunadamente, es probable que algunos de los riesgos realmente grandes a los que nos enfrentamos hoy en día ni siquiera sean eventos raros. Lo bueno es que esos riesgos se pueden controlar con poco o ningún costo. Lo malo es que hay una fuerte oposición política para hacerlo, porque hay personas que se benefician del statu quo.

En los últimos años hemos visto dos de los grandes riesgos, pero hemos hecho poco para controlarlos. Según algunas personas, la forma en que se manejó la última crisis puede haber aumentado el riesgo de un colapso financiero en el futuro.

Los bancos demasiado grandes para quebrar y los mercados en los que participan saben ahora que pueden esperar rescates si tienen problemas. Como resultado de este "riesgo moral", esos bancos pueden pedir créditos en condiciones favorables, lo que les da una ventaja competitiva que no se basa en un rendimiento superior, sino en la fuerza política. Si bien se han frenado algunos de los excesos que se cometían al asumir riesgos, los préstamos abusivos y las operaciones no reguladas de oscuros derivados extrabursátiles continúan. Las estructuras de incentivos que fomentan la toma de riesgos excesivos se mantienen prácticamente sin ningún cambio.

De la misma forma, mientras que Alemania ha cerrado sus reactores nucleares más viejos, en los Estados Unidos y otros lugares incluso las plantas que tienen los mismos defectos de diseño que la de Fukushima siguen operando. La existencia misma de la industria nuclear depende de subsidios públicos ocultos – los costos que paga la sociedad en caso de desastres nucleares, así como los costos de la eliminación de los residuos radiactivos que aún no se aborda. ¡Viva el capitalismo sin restricciones!

Para el planeta hay un riesgo adicional que, al igual que los otros dos, es casi una certeza: el calentamiento global y el cambio climático. Si hubiera otros planetas a los que pudiéramos irnos a bajo costo en el caso de que ocurriera el resultado casi seguro que prevén los científicos, se podría argumentar que se trata de un riesgo que vale la pena tomar. Pero no los hay, por lo que no lo es.

Los costos de reducir las emisiones palidecen en comparación con los posibles riesgos a que se enfrenta el mundo. Y eso se aplica incluso si descartamos la opción nuclear (cuyos costos siempre se subestimaron). Ciertamente las industrias del carbón y del petróleo resultarían perjudicadas, y obviamente los países que son los grandes contaminadores - como los Estados Unidos - pagarían un precio más alto que los que tienen un estilo de vida menos derrochador.

A final de cuentas, quienes apuestan en Las Vegas pierden más de lo que ganan. Como sociedad, estamos apostando - con nuestros grandes bancos, con nuestras instalaciones de energía nuclear, con nuestro planeta. Al igual que en Las Vegas, los pocos afortunados - los banqueros que ponen en peligro nuestra economía y los propietarios de las empresas de energía que ponen en riesgo nuestro planeta - pueden ganar mucho dinero. Pero en promedio, y casi con seguridad, nosotros como sociedad, al igual que todos los jugadores, vamos a perder.

Por desgracia, esa es una lección que se desprende del desastre de Japón que seguimos ignorando por nuestra cuenta y riesgo.

Joseph E. Stiglitz es catedrático de la Universidad de Columbia y ha sido galardonado con el Premio Nobel de Economía. Su libro más reciente es Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy, que ahora está disponible en francés, alemán, japonés y español.

La creciente importancia del "capital natural" para los países de ingresos bajos

Boletín del Banco Mundial, Número 268 ­ Semana del 4 al 11 de febrero de 2011

>> Estudio redefine el concepto de "riqueza" al incluir el capital natural de los países Al presentar el libro, The Changing Wealth of Nations (i) (pdf), La riqueza cambiante de las naciones, investigadores del Banco Mundial pusieron como ejemplo el crecimiento económico de Botswana, en África meridional, donde gracias a la gestión cuidadosa del capital natural, la economía del país creció en un 7,8% en promedio, uno de los índices más altos de la región. La investigación que hace un exhaustivo analisis de la riqueza natural de muchas economías del mundo, indica que parte del éxito de Botswana se debe a la transparencia y los esfuerzos anti corrupción que esa nación llevo a cabo en la re inversión de los ingresos obtenidos por las actividades mineras en el país. El libro argumenta que la correcta valoración y uso del capital natural de los países, puede catapultar el desarrollo de un país. Lea el reportaje aquí

Las lecciones del comercio de carbono de Europa

Project Syndicate / Denny Ellerman 2010-12-03

FLORENCIA – A medida que se aproxima la Cumbre de Cambio Climático de Cancún, las conversaciones sobre la viabilidad de los sistemas de comercio de carbono se intensifican. El mundo puede voltear a ver el modelo europeo que está funcionando y funciona bien.

En 2005, los Estados miembros de la UE fueron los primeros en crear un sistema límites máximos y comercio de derechos de emisión que abarca aproximadamente la mitad de sus emisiones de CO2. Siguen siendo los únicos países que imponen un precio por utilizar carbono a una parte significativa de sus economías. El sistema de comercio de emisiones de la UE (ETS por sus siglas en inglés), que tiene cinco años de antigüedad, puede ofrecer tres lecciones generales.

Primera, el sistema funciona. El ETS ha logrado su objetivo de reducir emisiones en el volumen establecido al menor costo. Se ha estimado con fiabilidad que las emisiones han reducido entre 3% y 5% en los primeros tres años de aplicación del ETS, debido al precio del carbono. Este un porcentaje modesto, pero el objetivo inicial también lo era.

Más importante aún, la limitación de emisiones se reduce con el tiempo –en 11% para el segundo periodo de 2008 a 2012, y de 1.74% anual a partir de 2013- para que los requisitos de reducción aumenten en el futuro. Si bien es imposible demostrar que las empresas han bajado las emisiones al menor costo, existen las condiciones necesarias para hacerlo.

Las empresas pueden fácilmente comparar el costo de disminuir una tonelada extra de emisiones con el costo de la indemnización exigida si esa tonelada se libera en la atmósfera. Un mercado de derechos que funciona bien –con una amplia participación y con precios que reflejan los fundamentos subyacentes -revelará ese costo.

La segunda lección es que los efectos secundarios del ETS son pocos. Las expectativas de los extremistas, tanto los partidarios y como los opositores del precio de carbono se han sentido decepcionados en la misma medida. Los primeros esperaban un cambio social, tecnológico y transformativo, mientras que los últimos estimaban pesimistamente una menor competitividad y pérdidas de empleo, incluso una recesión.

El hecho fácilmente observable –para consternación de ambas partes- es que el precio de carbono hasta ahora no ha producido cambios económicos de gran alcance en Europa. Las tendencias prevalecientes antes de 2005 continuaron. La producción y el empleo aumentaron en los primeros años del programa, y no hubo algún efecto observable en las exportaciones e importaciones.

La única tendencia que ha cambiado son las emisiones de carbono, que disminuyeron. La crisis financiera de finales de 2008 condujo a la recesión, pero nadie ha culpado al precio del carbono. La realidad es que la economía europea se ha visto más afectada por las hipotecas de alto riesgo en los Estados Unidos que por el precio de carbono en Europa.

Las razones de la ausencia de efectos secundarios notables son relevantes. Los productores que están sujetos al sistema de límites máximos y comercio de emisiones tienen muchas maneras de ajustar la producción, no es sorprendente que lo hagan cuando encaran precios más altos, incluido un nuevo precio en el carbono.

Algunos de estos ajustes requieren solamente tapar las fugas o tener más cuidado con las emisiones. Otros tienen que ver con pequeños cambios en los procesos industriales, como el uso de insumos que emiten menos carbono en la producción de acero y cemento, y también más importantes, como adoptar instalaciones de manufactura en Europa con menos emisión de carbono.

Un ejemplo típico es el aumento de la electricidad producida por plantas generadoras de gas en lugar de plantas de carbono. En esos lugares la producción que compran los consumidores es la misma y el costo adicional es imperceptible. La explicación de ello es la que aplica a todos nosotros. Cuando encaramos precios más altos hacemos pequeños ajustes en el uso de los productos afectados, pero por lo demás actuamos como siempre. Los productores encuentran formas de seguir produciendo bienes que interesan a los consumidores, pero con menos emisiones.

La tercera lección general del ETS es que se pueden construir regímenes multinacionales de comercio de emisiones. Una característica poco conocida del ETS es que es más afín con los 27 sistemas nacionales de límites máximos y comercio de emisiones que con un gran sistema de administración centralizada.

Después de todo, la UE está compuesta de 27 Estados soberanos que cuidan celosamente sus prerrogativas aunque ocasionalmente delegan un poco de soberanía a las instituciones centrales cuando existe acuerdo mutuo sobre los propósitos. Además, las diferencias entre los Estados miembros en cuanto a las circunstancias económicas, exposición a las instituciones de mercado y compromiso con las políticas de cambio climático son significativas.

Puede que estas diferencias sean tan grandes como lo son a escala global, pero son similares, y superarlas para dar cabida a los distintos Estados miembros de la UE requiere de mucha negociación y compromiso. Pero se hizo –una demostración de la viabilidad del sistema de comercio multinacional de carbono que tiene enormes implicaciones para la construcción de un régimen de comercio global.

Mientras que a menudo el ETS es objeto de críticas y se le describe como un fracaso, siempre es necesario ver las cosas con un poco de perspectiva. Al igual que con las políticas públicas, no siempre se logra la aplicación perfecta. Siempre se cometen errores, pero se corrigen o están en proceso de corrección.

Muchos piensan que el sistema no es ambicioso, pero lo importante es que se está creando un mecanismo para lograr reducciones más significativas. El problema real tiene que ver con el compromiso político y no con los mecanismos institucionales. Además, comparado con el fracaso del Senado estadounidense para aprobar algo, el logro de Europa es importante. Ha demostrado que el sistema de límites máximos y comercio puede reducir las emisiones de CO2 al menor costo, que los efectos secundarios no son graves y que se pueden diseñar sistemas multinacionales de límites máximos y comercio.

Cualesquiera que sean las fallas del ETS, es importante considerar estas tres lecciones.

Denny Ellerman, profesor de tiempo parcial del “European University Institute”, fue director ejecutivo del Centro de Investigación de Políticas Ambientales y Energéticas del MIT.

Alternativas a la austeridad

Project Syndicate / Joseph E. Stiglitz, 2010-12-06

NUEVA YORK –Después de la gran recesión los países se han quedado con déficits sin precedentes en tiempos de paz y con preocupaciones crecientes por sus deudas nacionales que van en aumento. En muchos países lo anterior está conduciendo a una nueva ronda de austeridad –políticas que con seguridad producirán una economía nacional y global menos dinámica y una desaceleración sustancial en el ritmo de la recuperación. Aquéllos que esperan que los déficits se reduzcan significativamente estarán profundamente decepcionados porque la desaceleración económica presionará a la baja los ingresos fiscales y aumentará las demandas de seguro de desempleo y otros beneficios sociales.

Los esfuerzos para frenar el crecimiento de la deuda sirven para pensar cuidadosamente –obliga a los países a enfocarse en las prioridades y a evaluar los valores. Es improbable que en el corto plazo los Estados Unidos realicen grandes recortes al presupuesto, al estilo Reino Unido. Sin embargo, el pronóstico de largo plazo –que es especialmente alarmante por la incapacidad de la reforma del sistema de salud para reducir los costos médicos- es lo suficientemente sombrío que existe un creciente esfuerzo bipartidista para hacer algo. El presidente Barack Obama ha nombrado una comisión bipartidista de reducción del déficit, cuyos presidentes presentaron algunos avances de lo que sería su informe final.

Técnicamente, reducir el déficit es un asunto simple: se deben recortar los gastos o aumentar los impuestos. Sin embargo, es evidente que el programa de reducción del déficit, al menos en los Estados Unidos, va más allá. Es un intento de debilitar la protección social, reducir el carácter progresivo del sistema fiscal y recortar la intervención y tamaño del gobierno – todo ello sin afectar intereses, como los del sector militar industrial.

En los Estados Unidos (y en otros países avanzados), cualquier programa de reducción del déficit tiene que establecerse acorde con lo que ha sucedido en la última década:

· Un aumento masivo del gasto de defensa impulsado por dos guerras inútiles, pero que va más allá,

· Un aumento de las desigualdades, en el que el 1% reúne más del 20% del ingreso del país, acompañado de una clase media en declive –el ingreso familiar estadounidense ha caído más de 5% en la última década y estaba reduciéndose incluso antes de la recesión,

· Una inversión insuficiente en el sector público, incluida la infraestructura, puso de manifiesto de forma dramática el colapso de los diques en Nueva Orleans y,

· El crecimiento de los apoyos corporativos, desde los rescates bancarios, los subsidios al etanol y a los de la agricultura, aunque la OMC ha constatado que esos subsidios son legales.

Como resultado, es relativamente fácil formular un paquete de reducción del déficit que fomente la eficiencia, impulse el crecimiento y reduzca la desigualdad. Se necesitan cinco ingredientes principales. Primero, debe haber un aumento de las inversiones públicas de alto rendimiento. Incluso si esto amplía el déficit en el corto plazo, a largo plazo la deuda nacional se reducirá. ¿Qué empresa no aprovecharía oportunidades de inversión con rendimientos superiores al 10% si pudiera obtener crédito –como lo puede hacer el gobierno estadounidense- con un interés menor al 3%?

Segundo, se deben recortar los gastos militares –no solo los fondos para guerras inútiles sino también para las armas que no funcionan contra enemigos inexistentes. Seguimos actuando como si la Guerra Fría nunca hubiera finalizado, gastando tanto en defensa como el resto del mundo en su conjunto.

Lo anterior es necesario para eliminar los apoyos corporativos. A pesar de que los Estados Unidos han despojado a las personas de su red de seguridad, han fortalecido la red de seguridad de las empresas, lo que ha quedado evidenciado claramente en la gran recesión con los rescates de la IG, Goldman Sachs y otros bancos. Los apoyos a las empresas representan casi la mitad del ingreso total en algunos sectores de las agroindustrias estadounidenses; por ejemplo, se conceden miles de millones de dólares en subsidios al algodón a unos cuantos agricultores ricos- mientras que los precios bajan y hay una pobreza creciente entre sus competidores del mundo en desarrollo.

Además, se da un trato en una forma especialmente notoria a las empresas farmacéuticas. Incluso cuando el gobierno es el comprador más grande de sus productos, no puede negociar precios, fomentando así un incremento significativo en los ingresos corporativos –y en los costos del gobierno- que se acerca al billón de dólares en la última década.

Otro ejemplo es la gran variedad de beneficios especiales previstos para el sector energético, especialmente el petróleo y el gas, con lo que simultáneamente se roba al Tesoro, se distorsiona la asignación de recursos y se destruye el medio ambiente. Después, están las dádivas que no parecen tener fin de recursos nacionales –desde el espectro gratuito que se ofrece a los organismos de radiodifusión, pasando por las regalías menores de las empresas mineras hasta los subsidios a las compañías madereras.

También es necesario crear un sistema fiscal más eficiente y justo mediante la eliminación del tratamiento especial a las ganancias de capital y dividendos. ¿Por qué aquéllos que trabajan para vivir tienen que estar sujetos a impuestos más altos que los que viven de la especulación (a menudo a expensas de los demás)?

Finalmente, con más del 20% de los ingresos totales que se concentran en el 1% de los que más ganan, un pequeño aumento de 5%, por decir, en los impuestos cobrados efectivamente, recaudaría más de un billón de dólares en una década.

Un paquete de reducción del déficit diseñado según estas directrices satisfaría las demandas incluso de los halcones del déficit. Aumentaría la eficiencia, promovería el crecimiento y mejoraría el medio ambiente y beneficiaría a los trabajadores de la clase media.

Solo hay un problema: no beneficiaría solamente a los que están hasta arriba, o los intereses especiales corporativos y otros que han venido dominando el diseño de las políticas en los Estados Unidos. Su lógica convincente es precisamente la razón por la que hay pocas probabilidades de que dicha propuesta razonable se pueda llegar a adoptar.

Joseph E. Stiglitz es catedrático de la Universidad de Columbia y ha sido galardonado con el Premio Nobel de Economía. Su libro más reciente es Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy, que ahora está disponible en francés, alemán, japonés y español.

Copyright: Project Syndicate, 2010.
www.project-syndicate.org
Traducción de Kena Nequiz
Puede escuchar un podcast en inglés de este artículo en el siguiente enlace:
http://media.blubrry.com/ps/media.libsyn.com/media/ps/stiglitz133.mp3

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Socialismo centrado en la democracia económica

La Jornada Julio Boltvinik: Economía Moral

Propuesta de Schweickart en la Semana de la Ciencia y la Innovación

Como parte de la Semana de la Ciencia y la Innovación que el gobierno del DF realizó esta semana en el Palacio de Minería, se incluyeron dos mesas redondas con temas centrales de las ciencias sociales. En la segunda de ellas, David Schweickart (DS), profesor de la Universidad Loyola de Chicago, presentó una ponencia sin desperdicio en la cual relacionó la crisis con la transformación del capitalismo en la democracia económica que, argumenta, citando a Milton Friedman, ha pasado de “ser políticamente imposible a ser políticamente inevitable”. Friedman se refería a otra: al cambio ocurrido entre 1962, cuando sus ideas como uno de los dos padres fundadores del neoliberalismo eran políticamente imposibles, a 1982, cuando se volvieron políticamente inevitables. Dice DS que el cambio ocurrió cuando el keynesianismo fue incapaz de resolver el problema de la estanflación (estancamiento y creciente desempleo con inflación), porque para atacar el desempleo se requiere más gasto público, pero para atacar la inflación se requiere menos.

DS pasa a analizar la causa real, profunda, de la crisis. Para ello introduce una gráfica estilizada que he reproducido aquí. Después de la Segunda Guerra Mundial y durante treinta años (la edad de oro del capitalismo) la productividad del trabajo en Estados Unidos creció sostenidamente y los salarios reales subieron a un ritmo similar; después de 1975, sin embargo, los salarios reales dejaron de crecer a pesar de que la productividad del trabajo siguió creciendo rápidamente, con lo cual la brecha entre lo que produce cada trabajador y lo que se le paga (la plusvalía, diría Marx) se amplió más y más. Esta brecha, añade, haría pensar que el capitalismo entró en una crisis permanente de sobreproducción, al haber demasiada producción con relación al poder de compra. Pero el capitalismo, añade, logró que la gente, a pesar de los estancados salarios reales, siguiera comprando más y más mediante el endeudamiento. Dice nuestro autor: “La clase capitalista, en lugar de aumentar los salarios de los trabajadores para que pudieran comprar los bienes producidos, les prestaban dinero”. Pero este juego, añade, tenía que llegar a un fin: los sobrendeudados consumidores empezaron a dejar de pagar sus deudas. Y estalló la crisis.

Señala que contra la crisis se están intentando soluciones keynesianas, pero la experiencia de la gran depresión de los años 30 mostró que no son suficientes, pues a pesar del Nuevo Trato de Roosevelt Estados Unidos sólo salió de la gran depresión con la movilización para la guerra. Pero ahora, dice, no va haber una tercera guerra mundial y el aumento posible en el gasto militar es muy limitado. Se podría añadir que el estancamiento de Japón en los años 90, apunta a la ineficacia de los instrumentos de política disponibles para sacar a las economías de la crisis. Al introducir la crisis ecológica que se asocia al crecimiento galopante, el argumento de quienes proponen recuperar el crecimiento capitalista se ve, obligadamente, matizado con la idea de que ahora éste se basaría en tecnologías verdes. En opinión de DS, éste es un cuento de hadas, pues:

Requerimos cambiar nuestra economía para que su salud no dependa del siempre creciente consumo de las naciones ricas, consumo que, de cualquier modo, no hace felices a quienes vivimos en dichas naciones. Así que estamos arrinconados. Los preocupados por el creciente desempleo presionan para gastar, gastar, gastar, mientras los ecologistas denuncian que nuestra adicción al consumo está matando al planeta. Ambos tienen razón.

Por tanto, puesto que uno de los rasgos esenciales del capitalismo es que sólo puede funcionar bien con crecimiento galopante, no queda más que preguntarse si otro mundo es posible, lo cual aborda DS con gran conocimiento de causa, pues ha dedicado casi toda su vida profesional a pensar en la sociedad después del capitalismo, particularmente en sus libros Against capitalism (1993) y After capitalism (2002). Su propuesta se centra en lo que llama democracia económica y sostiene que ésta está en el horizonte. La democracia económica sería una formación social que estaría más allá del capitalismo, sería mucho más democrática que la actual y podría funcionar bien con o sin crecimiento de la producción. DS parte de lo que sabemos a la luz de los experimentos económicos del último siglo: a) Sabemos que los mercados competitivos son esenciales para el buen funcionamiento de una economía desarrollada y compleja; ésta es la lección negativa de los experimentos socialistas del siglo XX los cuales mostraron que la planificación no puede reemplazar totalmente a los mercados. b) Sabemos que se requiere algún tipo de regulación de los flujos de inversión para el desarrollo racional, estable y sustentable; ésta es la lección negativa de los experimentos neoliberales de los últimos treinta años. c) Sabemos que las empresas pueden ser manejadas democráticamente con pérdidas de eficiencia muy pequeñas o nulas y, en algunos casos, con aumentos de ella y casi siempre con considerable ganancia en la seguridad del empleo. Ésta es una lección positiva de muchos experimentos recientes en formas alternativas de organización del lugar de trabajo. Hay miles de empresas exitosas administradas por trabajadores en todo el mundo que han sido estudiadas y, hasta donde estoy enterado, dice DS, no existe ningún estudio que muestre que el modelo autoritario (capitalista) es superior al democrático.

Con estas premisas, el modelo que propone DS tiene tres componentes: a) Mercados de bienes y servicios, esencialmente iguales a los del capitalismo, pero que no incluyen mercados de trabajo ni de capital, y que están regulados para proteger la salud y la seguridad de consumidores y productores. b) Democracia en el lugar de trabajo, que remplaza la institución del trabajo asalariado; las empresas se conciben como comunidades; no como mercancías. El consejo de los trabajadores, órgano electo por los trabajadores (cada persona un voto), nombra a la gerencia a la que se otorga un importante grado de autonomía, con la obligación de rendir cuentas, los trabajadores no reciben un salario sino participan en las ganancias de la empresa. c) Control democrático de la inversión, que remplaza a los mercados financieros. Los fondos de inversión provienen de los impuestos a los acervos de capital de las empresas, que se reinvierten a través de bancos públicos. La planificación inteligente de la inversión, señala, es posible. A estos tres puntos esenciales, DS añade otros dos: uno para asegurar el pleno empleo, actuando el gobierno como empleador de última instancia, y otro para dejar un espacio en el que prospere la capacidad emprendedora. Muy interesante propuesta que tiene sentido como un todo. Tiene muchos puntos polémicos, pero los interesados en el futuro de la humanidad debemos tratarla con toda seriedad, junto con otras visiones de futuros socialistas. DS concluye diciendo con Friedman: “Tenemos que desarrollar alternativas, mantenerlas vivas y disponibles hasta que lo políticamente imposible se convierta en lo políticamente inevitable”.

jbolt@colmex.mx

Campo, ¿resistir o reivindicar?

Noticias de Oaxaca, 14 Nov 2010 - 23:10

El 52 por ciento de nuestra población emplea su fuerza de trabajo en la agricultura, principalmente en la producción del maíz; el cultivo de este grano ocupa el 80 por ciento de las tierras cultivables y el 93 por ciento de la superficie dedicada a granos básicos.

Sin embargo, Oaxaca presenta un serio déficit anual superior a las 100 mil toneladas de maíz, lo que implica una constante importación de este grano para satisfacer la demanda interna; tan solo en los últimos 3 años la compra a los Estados Unidos aumento 15 veces.

No es una ninguna revelación la situación crítica de nuestro campo, el mismo Plan Estatal de Desarrollo Sustentable (2004-2010) identificaba las limitaciones del agro oaxaqueño tales como la nula planeación de la producción, el uso de tecnologías inapropiadas, la escasa asesoría técnica y la baja productividad. ¿Y de qué nos ha servido esta falsa honestidad si la tierra cultivable se está abandonando por hambre y desesperanza porque no se le invierte? En los últimos 10 años el presupuesto al campo ha caído en un 50 por ciento, provocando entre otras desdichas la emigración de cerca de 300 mil paisanos cada año (jóvenes en su mayoría), acarreando a un proceso de envejecimiento de la población rural.

Esta precaria situación que viven los campesinos oaxaqueños está vinculada primordialmente al modelo neoliberal adoptado en las últimas décadas, que muestra la escala de prioridades y del desdén con el que se mira al sector agrícola nacional.

El origen de estas políticas económicas viene del año 1989 cuando el economista inglés John Williamson se le encargó la redacción de 10 puntos esenciales para una reforma estructural que fuera aceptada por cincuenta economistas de varios países, lo que después se le llamaría "Consenso de Washington"; mismo que establecería las bases del modelo neoliberal así como las condiciones que se le impondrían a las economías de América Latina, para que las compañías del primer mundo explotaran a los subdesarrollados. Estas políticas económicas han sido acatadas y operadas con estricta disciplina por los últimos gobiernos neoliberales de nuestro país.

Desde el Consenso de Washington se han realizado los ajustes tendientes a la aplicación de las herramientas comprendidas en sus postulados como los acuerdos internacionales signados en las últimas décadas, tal es el caso del Tratado de Libre Comercio con América del Norte --capítulo agropecuario-- que trajo aparejadas consecuencias catastróficas para la producción de granos en el territorio nacional.

Basta con examinar el 9º principio de dicho consenso, que postula la "desregulación" relativa a la eliminación de protecciones hacia una apertura económica; circunstancia que ha oscurecido el horizonte del pequeño productor oaxaqueño situándolo en una competencia desigual frente a los productores norteamericanos, quienes sí cuentan con efectivos subsidios gubernamentales, tecnología y maquinaria; lo que abarata sus costos de producción contra los que no podemos competir en el mercado.

O el 2º postulado que plantea la necesidad de redirigir las prioridades del gasto público, dejar de invertir recursos en políticas "pro-pobres" y dirigir las inversiones a la infraestructura. Estas medidas han llevado a la disminución del gasto sectorizado en áreas que no consideran prioritarias como la agricultura: ¿Será una coincidencia o de dónde se inspiro el Ejecutivo federal al pretender disminuir en más de 10 mil millones de pesos el gasto al campo para el próximo año?

Las recientes administraciones no han entendido que el crecimiento agrícola es también la vía principal para reducir la pobreza tanto en las zonas rurales como en las urbanas. Se debe reconocer universalmente que el alivio de la marginación como una responsabilidad de la política económica, que considere cuidadosamente el papel de la agricultura en el desarrollo nacional, como sucede en la Gran Bretaña donde la agricultura absorbe alrededor del siete por ciento de la fuerza total de trabajo, pero el producto de ese esfuerzo alcanza para alimentar al total de su población. Mientras que en México se le dedica el 80 por ciento de la fuerza de trabajo, logrando a penas alimento suficiente para el autoconsumo. La moraleja consiste en reproducir lo que sucede en los países en desarrollo que basan su sustento en la agricultura; aún estamos a tiempo.

*Licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana Puebla, maestro en Economía por la UNAM.
juandiazcarranza@hotmail.com

El gobierno de los bienes comunes

Ecoportal 08/11/10 Por Paco Puche

Por primera vez la concesión de un premio Nobel de Economía recae en una mujer. También ha sido especial el motivo por el que se le ha concedido, ya que la trayectoria de la premiada contradice la economía convencional que se estudia en las facultades y que aceptan muchos gobiernos y empresas. La letanía que éstos repiten es la de que no existe más solución para gestionar bien los supuestos bienes escasos que la propiedad privada y, en situaciones especiales, la estatal. Elinor Ostrom viene a demostrar lo contrario. Las instituciones que descansan sobre el concepto de ‘propiedad común’ han jugado un papel socialmente beneficioso desde la prehistoria económica hasta nuestros días”, por ello lo que se desprende por razones históricas y sistémicas es que el “ejercicio total de la propiedad privada es en la actualidad virtualmente imposible en un contexto de ecosistemas.

“Elinor Ostrom ha puesto en cuestión la afirmación convencional de que la gestión de la propiedad común suele ser ineficiente” - El Comité del Nobel, al concederle el premio de Economía de 2009

“¿Tendremos alguna vez la inteligencia (intelecto más afecto) para atrevernos a pensar y actuar en términos de Recursos de Propiedad Comunal Planetaria, tal como lo hacen muchas culturas “pobres y atrasadas” como muestra Ostrom desde hace tiempo? [1] - Federico Aguilera Klink

Por primera vez la concesión de un premio Nobel de Economía recae en una mujer. También ha sido especial el motivo por el que se le ha concedido, ya que la trayectoria de la premiada contradice la economía convencional que se estudia en las facultades y que aceptan muchos gobiernos y empresas. La letanía que éstos repiten es la de que no existe más solución para gestionar bien los supuestos bienes escasos que la propiedad privada y, en situaciones especiales, la estatal. Elinor Ostrom viene a demostrar lo contrario.

Curiosamente, y en contra de lo que suele ocurrir en estos casos, es casi imposible encontrar libros de la autora premiada o sobre ella, y la razón es muy sencilla, ni siquiera su obra más importante "El gobierno de los bienes comunes", publicada en 1990 y reeditada en el año 2000, ha sido de nuevo publicada, estando las anteriores ediciones totalmente agotadas. Elinor Ostrom es una gran desconocida en lengua castellana.

Sus investigaciones son de especial relevancia para demostrar que las propuestas de los libertarios son mucho más que meras utopías y que la autogestión goza de muy buena salud, eso sí, en pugna con la ideología capitalista-neoliberal.

La tragedia de los comunes

El U.S. Nacional Research Council (Consejo Nacional de Investigación de Estados Unidos) reconoce la siguiente evaluación: “Esa es la verdadera tragedia: ver cómo los sistemas económicos tradicionales que han funcionado durante siglos, se han vuelto obsoletos en pocas décadas y se sustituyen por sistemas implacables basados en la explotación de la población rural y de sus tierras” (2).

Los “sistemas económicos tradicionales” se han caracterizado por estar vinculados directamente a la naturaleza a la que han considerado como sagrada, La Pachamama o Madre Tierra. Son economías de la reciprocidad (“hoy por mí y mañana por ti”), de distribución equitativa, de donación y de intercambio. Siendo el trueque, lejos de lo que creía Adam Smith sobre el hombre primitivo, “una tendencia poco común a los seres humanos en sus actividades económicas, sino más bien una inclinación poco frecuente” (3), y el “comercio y algunos usos del dinero tan antiguos como la humanidad (…) mientras los mercados no ganan importancia hasta tiempos recientes” (4)

Estos sistemas tradicionales, en sus diversas formas, han sido los más practicados en la historia de la humanidad que, como homo sapiens sapiens, abarca como máximo unos 200.000 años. En la actualidad unos 350 millones de integrantes de poblaciones originarias continúan estas tradiciones económicas.

La Declaración de las comunidades indígenas respecto del Convenio de la Organización Mundial del Comercio sobre los derechos de propiedad intelectual (TRIPS, por sus siglas en inglés) del 25 de julio de 1999, que es muy significativa de lo que apuntamos, dice así: “¡No a la patentización de la vida! Nosotros, las comunidades indígenas del mundo, creemos que nadie puede poseer lo que existe en la naturaleza. Un ser humano no puede ser propietario de su madre. La humanidad es parte de la naturaleza (…) no podemos exigir algo que no nos pertenece. Pero una y otra vez nos han impuesto sistemas de propiedad occidentales que contradicen nuestra cosmovisión y nuestros valores” (5).

La tragedia a que se refiere el U.S. Council, citado más arriba, como no verdadera es la que se denomina “la tragedia de los comunes”. Su autor es Garrett Hardin, que en 1968 inventa una especie de dogma económico por el que sostiene que la propiedad o gestión común de cualquier recurso (tierra, bosques, pastos, agua, aire, océanos, genoma, etc.) está condenado a su deterioro, de manera trágica, porque es un destino contra el que no tenemos nada que hacer. Y lo argumenta como sigue: “Imaginemos un pastizal al alcance de todos. Cada pastor racional concluye que la única opción sensata es añadir otro animal a su rebaño. Y otro y otro y otro… Sin embargo, a esta conclusión han llegado cada uno de los demás pastores que comparten el pastizal y precisamente en eso reside la tragedia. Esta libertad lleva a todos a la ruina. (…) Tenemos sólo una alternativa; venderlo como propiedad privada o conservar el carácter público pero restringiendo su derecho de entrada” (6).

En 1991, Federico Aguilera responde a este dilema con un trabajo titulado “La tragedia de la propiedad común o la tragedia de la mala interpretación en economía?” (7), cuyo título ya es por si mismo esclarecedor. Dice Aguilera que más que un problema la propiedad (uso o gestión) común es una cuestión de concepto. Si la consideramos como Hardin un recurso abierto a todos sí puede devenir en ruina, pero no es una tragedia si la consideramos como un aprovechamiento, como dice Kapp “celosamente regulado por hábitos e instituciones impuestos por la costumbre (y) no hay dificultad en concluir que las sociedades tradicionales mantenían un mínimo social de seguridad en la utilización de los recursos renovables”. Es más, lo que se puede afirmar es justo lo contrario, es decir que el ejercicio total de la propiedad privada es en la actualidad virtualmente imposible en un contexto de ecosistemas. Por eso concluye su artículo Aguilera, citando de nuevo a Kapp, afirmando que “… la organización de principios de sistemas económicos guiados por valores de intercambio, es incompatible con los requerimientos de los sistemas ecológicos y la satisfacción de las necesidades humanas básicas”.

Este texto trata de seguir la estela de las anteriores críticas, de la mano de Elinor Ostrom

Los “sistemas implacables” a los que refiere el U.S. Council han de ser el totalitarismo y el capitalismo. El primero sustituye a la comunidad por el Estado (El Leviatán o el “ogro filantrópico”, según los casos) y el segundo individualiza la sociedad, rompe los vínculos, consagra el homo economicus egoísta, asigna a la economía el móvil de la ganancia, la maximación y el crecimiento y, como consecuencia, la explotación de las gentes, el saqueo de la naturaleza y su propia autodestrucción se vuelven irrefrenables (8).

Los bienes comunes

Los bienes comunes son las redes de vida que nos sustentan. También las creaciones humanas que son siempre sociales.

Son el aire, el agua, las semillas, la tierra, el espacio sideral, las culturas, el genoma, la biodiversidad, el paisaje, el sol, la autoregulación, las materias primas… el software libre, las obras de arte, los saberes… No son de nadie en particular, pertenecen a todos, a las generaciones futuras y al resto de seres vivos (“no podemos ser propietarios de nuestra madre”). Proceden de los servicios de la naturaleza y de las construcciones culturales de la humanidad. Como se ve, son heredados y de importancia básica para la vida. Como la mayoría forman parte de ecosistemas no son apropiables. ¿Cómo se puede apropiar un individuo o una sociedad anónima de un cardumen de peces que cambia constantemente de lugar de lugar o de un río que fluye? Por eso, como ya sentenció Quinto Horacio Flaco en el siglo I antes de nuestra era: “resulta difícil definir como propias las cosas comunes”.

Marx decía con toda razón que desde “el punto de vista de una formación económica-social superior, la propiedad privada en manos de un individuo será tan absurda como la de un hombre en manos de otro hombre. Ni siquiera toda una sociedad o nación, o todas las sociedades contemporáneas reunidas, son propietarias de la tierra” (9).

Esto mismo se puede afirmar desde la perspectiva de una formación económica-social tradicional, como hemos visto. Por ello, el capitalismo y el totalitarismo se pueden considerar como un breve paréntesis en una larga historia de la humanidad.

De los cerramientos ingleses a la desamortización española

El paso desde el régimen señorial al capitalismo tiene como un elemento característico la lucha por el cerramiento de los campos (enclosures) por parte de sus propietarios, cosa que les interesaba mucho porque podían dedicarlo a criar ovejas y vender a muy buenos precios la lana. Se calcula que en Inglaterra, a finales del siglo XVII, un tercio de los poseedores de tierras estaban condicionados por derechos comunes (10) consuetudinarios: espigueo, pastoreo, recolección, agua, paso, etc. Una costumbre llamativa era la de las Lammas-day, que se decía de tierras que eran propiedad privada hasta el 1 de agosto momento en que quedaban sometidas a derechos comunales de apacentamiento hasta la primavera. “Desde la creación del mundo hasta ahora, la segunda hierba pertenece a la comunidad”, se decía en la Revolución francesa de 1789.

Estos cercamientos eran una auténtica revolución de los ricos contra los pobres, por ello hubo muchas resistencias y el proceso que se inició en 1710 no culminó hasta 1850. La siguiente lámina de mitad del siglo XVIII expresa con contundencia la oposición que ejerció el pueblo durante cerca de 150 años a la pérdida de sus derechos comunes.

En España, la propiedad de la tierra en el Antiguo Régimen (antes del XIX) se repartía, aproximadamente, de la siguiente manera: la Iglesia el 16.5%, el señorío el 50% y los bienes concejiles (de propios o comunes) oscilaban entre un 22% en Andalucía y un 59% en Extremadura. “Este todavía ingente patrimonio comunal se vio sometido en el siglo XVIII y XIX a las mismas usurpaciones, enajenaciones y ventas que había sufrido en el pasado” (11)

La liquidación en España de los bienes comunes, empieza en el siglo XIV (12), continúa con la desamortización y el franquismo y se culmina en la actualidad (ver la ley Andaluza 5/2010 de julio, sobre la reordenación del sector público).

La distinción entre tierras de los municipios (de propios, públicas) y las comunes (de los vecinos reunidos en concejos) no era clara por lo que, históricamente, una forma de usurpación era pasar los bienes comunes a “de propios” y de aquí a su privatización definitiva (13). La actual Ley de Montes de 2003 incide en la misma ambigüedad, define a los montes comunales como los “pertenecientes a las entidades locales, en tanto su aprovechamiento corresponde al común de los vecinos”.

A pesar de esta dinámica, aún se mantienen bienes comunes en España: En Galicia los montes vecinales llegan a 660.000 hectáreas; en Navarra el 43% de las tierras, unas 407.000 hectáreas, son nominalmente comunales; en Castilla, ocupan cientos de miles de hectáreas; y en Cuenca el ayuntamiento posee unas 45.000 hectáreas (14). En el caso de Málaga, el Catálogo de Montes de Utilidad Pública de 1971, le asigna 101.508 has entre común y público, o sea el 33% de los territorios con vocación forestal.

El caso de Hernando de Soto y Avina y Ashoka

El pasado junio de 2009, se desencadenaron en Bagua (Perú) unas graves luchas entre los indígenas amazónicos y la policía del país. El resultado fue de varias decenas de muertos entre manifestantes y policías (se habla de 50 muertos y 400 desaparecidos indígenas y 24 policías muertos). El asunto que ha provocado el conflicto ha sido el intento de privatizar los bienes comunes de la Amazonía pertenecientes a las comunidades originarias. En el marco de implementación de los Acuerdo de Libre Comercio (TLC) con EEUU, se dictaron decretos leyes para parcelar del orden de 63 millones de hectáreas de selva en propiedades privadas de 5 a 20 mil hectáreas. Las luchas han resultado hasta el momento fructíferas, y se está produciendo una revuelta de los pueblos amazónicos “llamados a cambiarle la cara al país, y muy en particular, a los sectores que resisten y se organizan en movimientos antisistémicos (…) la región andino-amazónica está siendo sacudida por levantamientos indígenas en defensa de los bienes comunes” (15).

En este conflicto ha aparecido en escena un economista neoliberal peruano llamado Hernando de Soto, uno de los asesores del presidente en la negociación del referido tratado TLC. Este economista va por el mundo difundiendo ideas parecidas a las de Hardin, en el sentido de que los bienes comunes no permiten movilizar el capital ni hacer entrar a los pobres en el circuito de la economía formal privatizada y bancarizada. Es lo que llama “integrar a los parias en el capitalismo” y explica que “los pobres son pobres porque no tienen registro de propiedad”.

Por eso propone transformar los bienes comunes en propiedades parceladas, privadas y legalizadas. Y así va por el mundo. Actualmente, una fundación que preside, ha recibido de los gobiernos canarios y español, en los últimos años, una subvención de 700.000 euros para hacer un prediagnóstico de la situación de la economía informal de Senegal, Mali, Níger y Cabo Verde (16).

Este personaje es, además, miembro destacado de Ashoka, una fundación del gran capital experta en cooptar líderes sociales, financiarlos y conducirlos, con el propósito explícito de convertirlo todo en negocio a través del mercado. La citada fundación Ashoka está a su vez coaligada estrechamente con otra denominada Avina, cuyos medios proceden del negocio del letal amianto que su fundador, Stephan Schmidheiny, ha dominado en el mundo hasta los años noventa. Por ello está siendo juzgado por lo penal en Turín, demandado por los representantes de tres mil personas, dos mil ya fallecidas. Le piden 13 años de cárcel y 5.000 millones de indemnizaciones (El amianto mata en el mundo 100.000 personas al año, según la OMS).

Y para redondear el asunto, Ashoka se ha aliado con la fundación Bill y Melinda Gates para llevar a cabo el proyecto AGRA al África, que es un intento de desarrollar una segunda ‘revolución verde’ en el campo. Proyecto que ha sido rechazado por la Vía campesina, la mayor organización en el mundo de campesinos alternativos, que en un comunicado ofrecido el pasado mes de septiembre afirmaba: que “desde 2006 esta Fundación ha colaborado con la Fundación Rockefeller, entusiasta promotora de cultivos transgénicos para los pobres del mundo, para implementar la Alianza de una Revolución Verde en África (AGRA), la cual está abriendo el continente a la semilla transgénica y a sustancias químicas vendidas por Monsanto, Dupont y Syngenta” (17).

Los bienes comunes en el mundo a día de hoy

La Asociación Internacional para el Estudio de los Bienes Comunes, creada en 1989, cita cientos de sistemas de gestión colectiva de recursos comunes en funcionamiento, en especial en países no industrializados.

Por ejemplo, en México el 59% tierra es comunal y acoge a 3 millones familias; el 75% bosques es propiedad colectiva y el 50% de la producción forestal del país está manos de empresas comunitarias.

En el mundo existen 800.000 cooperativas, en 80 países, en las que trabajan 100 millones de personas. Los campesinos familiares producen el 50% alimentos y alimentan al 70% de toda la población y son unos 1.500 millones. 1.600 millones de habitantes obtienen parte sus alimentos en los bosques, y 60 millones viven en ellos. Existen aún 190 millones de pastores nómadas, que recorren tierras comunales. Y 35 millones de pescadores de los cuales el 90% lo hacen en pequeña escala, y obtienen el 50% de las capturas mundiales (18). Todos estos habitantes gestionan propiedades comunes o usan de ellas.

La tragedia anunciada por G. Hardin olvida que los bienes pueden ser de cuatro tipos: públicos, comunes, privados o “de nadie”. Los públicos son abiertos a todos y no son sustractivos (el aire que respiro no va en menoscabo del que ingiere mi vecino); los comunes han de estar en accesos restringidos y son sustractivos, dan lugar juegos de suma cero: lo que unos usan es a costa de que otros no lo puedan hacer. Por tanto, ante los dilemas que plantea Hardin olvida de que hay un campo inmenso de propiedad, uso y gestión que son los bienes bien llamados comunes. En el siguiente cuadro se puede ver con detalle esto que decimos:

¿Por qué cooperamos? (19)

¿Somos egoístas por naturaleza- el gen egoísta- como dice el neodarwinismo y la economía liberal? ¿Es innato el instinto de agresión como afirma cierta sociobiología y etología? ¿Somos competitivos en la “lucha” por la vida? Estas aseveraciones están muy presentes en la vida académica y en la vida corriente, y se consideran bien establecidas: pertenecen al imaginario social. El epígrafe que abre esta parte con un interrogante, más bien afirma lo contrario pero se pregunta cómo es que ocurre eso en lugar de los supuestos más establecidos.

De la biología…

Las relaciones entre organismos y especies se pueden encuadrar en alguna de las trece interacciones que ilustra el siguiente diagrama:

De las relaciones señaladas, seis son beneficiosas para ambos seres o no perjudiciales, y siete son perjudiciales para algunos de ellos.

Veamos algunas de ellas. La competencia denota la lucha por la misma cosa. Una veces resulta excluyente, entonces una especie (u organismo) es, o bien eliminada, o bien obligada a buscar otro hábitat, o bien se adapta a la coexistencia reduciendo la presión competitiva a través de cambios fisiológicos, conductuales o genéticos o, en fin, se reparten la insuficiencia viviendo juntas a densidades reducidas. Hay pues dos grandes posibilidades: una de exclusión competitiva y otra de coexistencia. Los trabajos de Den Boer en 1986, que revisó la competencia, concluyen que “la coexistencia es la regla y la exclusión competitiva completa es la excepción” (21).

Las relaciones de mutualismo o simbiosis son muy frecuentes: Todos los líquenes son el resultado de asociaciones simbióticas entre hongos y algas. Hoy día se sabe que una cuarta parte de los hongos documentados están “liquenizados”.

Las micorrizas son protuberancias simbióticas producidas por la alianza de un hongo y una planta en las raíces de ésta, esencial para ambos. Hay micorrizas en las raíces de más del 95% de las especies vegetales (22).

Los seres humanos, no podemos sintetizar vitaminas B o K sin nuestras bacterias intestinales. Los rumiantes y las termitas descomponen la hierba y la madera por las bacterias que tienen en su aparato digestivo.

Pero lo que es más sorprendente, el paso trascendental de las células procariotas, sin núcleo, a las eucariotas es el resultado de una simbiosis de bacterias (23), división que dio origen a los cuatro reinos de seres vivos distintos a las bacterias, a saber: Protoctistas, Animales, Vegetales y Hongos.

Como ecosistema de ecosistemas, la biosfera constituye un sistema autorregulado con capacidad para mantener la salud de nuestro planeta mediante el control del entorno físico y químico que lo hace óptimo para la vida. Ésta es la llamada hipótesis Gaia, atribuida a Lovelock, que la formuló en 1969 y según la cual “la vida no está rodeada por un medio esencialmente pasivo al cual se ha adaptado, sino que se va construyendo una y otra vez su propio ambiente” (24).

Podemos concluir con Margulis que: “la vida no conquistó el planeta mediante combates, sino gracias a la cooperación. Las formas de vida se multiplicaron y se hicieron más complejas asociándose a otras, no matándolas” (25).

… A la antropología

Acercándonos a nuestra especie, homo sapiens sapiens, vamos a observar a nuestros parientes más cercanos, los chimpancés y los bonobos, que se separaron de nosotros hace unos 5,5 millones de años y con los que compartimos el 99% del genoma. El primatólogo Frans de Waal ha estudiado profusamente ambas especies y ha llegado a algunas conclusiones que se pueden resumir en el siguiente cuadro:

Tenemos rasgos de nuestros dos primos cercanos, por eso exclama de Waal: “Ya está bien de la supervivencia del más apto (…) hay mucho de eso, por supuesto, (pero para los primates) llevarse bien con los demás es una aptitud capital, porque las posibilidades de supervivencia fuera del grupo, merced a predadores y vecinos hostiles, son ínfimas” (26).

Nuestro lado oscuro es tristemente obvio: se estima que sólo en el siglo XX, 160 millones de personas perdieron la vida por causa de la guerra, el genocidio o la opresión política. Pero la agresividad humana en el siglo XX no es extensible a todas las épocas porque no hay evidencia sobre el asunto, más bien se puede afirmar que “los grupos de cazadores-recolectores contemporáneos coexisten en paz la mayor parte del tiempo (…porque) la guerra no es un impulso irreprimible. Es una opción” (27).

Los rasgos cooperativos han quedado marcados en nuestra fisiología a través de las denominadas neuronas espejo (28) que inducen a la empatía, es decir a la tendencia a ponerse en el lugar del otro y sufrir, llorar y reír con él, y a través del denominado ojo colaborativo (29), que se manifiesta a través del blanco del ojo, la esclerótica, que es casi tres veces más grande que en las más de otras 200 especies de primates. Esta característica específicamente humana hace que la dirección de la mirada de un individuo sea detectable para los demás y sirve para comunicarse. Por tanto podemos esperar cooperación ya que está en nosotros por naturaleza.

Después de lo dicho, podemos establecer algunas conclusiones: Pertenecemos a un mundo vivo simbiótico, autoorganizado y con un éxito cifrado en 3.500 millones de años de permanencia, a pesar de que el 99% de las especies han desaparecido. Con unos antecedentes humanos (los bonobos) colaboradores y pacíficos, además de los violentos (los chimpancés). Por ello el mundo de la vida es mucho más que egoísmo, competencia y violencia: podemos desarrollar mucha amistad y cooperación.

Kropokin se adelantó a estas conclusiones en el siglo XIX con una visión profética. Afirmaba que, además de la lucha mutua “se observa al mismo tiempo, en las mismas proporciones, o tal vez mayores, el apoyo mutuo, la ayuda mutua, la protección mutua entre animales pertenecientes a la misma especie o, por lo menos, a la misma sociedad (…) de manera que se puede reconocer la sociabilidad como el factor principal de la evolución progresiva” (30).

Elinor Ostrom y el gobierno de los bienes comunes

El premio Nobel de economía de 2009 le ha sido concedido Elinor Ostrom porque “ha puesto en cuestión la afirmación convencional de que la gestión de la propiedad común suele ser ineficiente, razón por la cual debería ser gestionada por una autoridad centralizada o ser privatizada. A partir de numerosos estudios de casos de manejo por parte de sus usuarios de bancos de pesca, pastizales, bosques, lagos y aguas subterráneas, Ostrom concluye que los resultados son, en la mayoría de los casos, mejores que en las predicciones de las teorías estándar. Sus investigaciones revelan que los usuarios de estos recursos desarrollan con frecuencia sofisticados mecanismos de toma de decisiones, así como de resolución de conflictos de intereses, con resultados positivos” (31).

La galardonada, en una entrevista que se publica digitalmente, afirma: “Hemos estudiado varios cientos de sistemas de irrigación en el Nepal. Y sabemos que los sistemas de irrigación gestionados por los campesinos son más eficaces en términos de aprovisionamiento de agua y presentan una mayor productividad que los fabulosos sistemas de irrigación construidos con la ayuda del Banco Mundial y la Agencia Norteamericana de Ayuda al desarrollo (USAID), etc. Así, sabemos que muchos grupos locales son muy eficaces” (32).

Pero no sólo se dan estos éxitos de gestión de bienes comunes en muchas experiencias recientes, sino que lo más llamativo son las múltiples experiencias que llevan cientos de años funcionando bien (33).

Tal es el caso de la aldea de Törbel, en la región alpina de Suiza, con 600 habitantes y que gestiona los bienes comunes desde 1225. Estos afectan al 80% del territorio y en ellos coexiste la propiedad privada con la comunal, estando esta última en régimen de autogestión. Para evitar desigualdades, readjudican los derechos de pastoreo cada 10 años. Otro caso digno de mención es el caso de Japón. Entre 1600 y 1867 existían miles de aldeas comunales, que abarcaban unas 12 millones de hectáreas lo que suponía un 30% de todo el territorio. En la actualidad sólo quedan unas 3 millones de hectáreas, o sea el 10% del territorio. La asamblea, en autogestión, creaba reglas detalladas de su gobierno y gestión, asignaba trabajos colectivos y contaban con sistemas de supervisión y castigos internos.

Otra experiencia de mucho interés es el que se ha mantenido en las Costas Levantinas españolas, desde la época árabe, siglo XIII, hasta nuestros días, en los sistemas de manejo de riegos comunes. En Valencia se tienen noticias que, desde 1435, el Tribunal de Aguas se ha reunido durante siglos todos los jueves a la puerta de la catedral. Se tomaban decisiones inmediatas para solventar los conflictos, según reglas establecidas y se ponían las multas pertinentes.

El caso de Filipinas, con las comunidades de riego, también es de larga duración. Hay noticias de su existencia desde 1630; en 1979 aún quedaban 686 sistemas de estos riegos en comunidad. Los comuneros reunidos en asamblea hacen sus reglas, específicas para cada lugar, eligen sus funcionarios, cuidan sus canales y deciden las contribuciones de trabajo para la colectividad de cada uno de los comuneros.

Constata Ostrom que “aún no se ha encontrado un ejemplo de un bien común que haya sufrido un deterioro ecológico cuando todavía era común”.

En la entrevista citada más arriba, Elinor Ostrom subraya que el éxito del gobierno de los bienes comunes no es automático. Así, contesta: “sabemos que muchos grupos locales son muy eficaces. Pero ésto no es universal, de modo que no podemos ser tan ingenuos como para pensar “Oh, fíjate, limitémonos a entregar las cosas a la gente, que siempre se organizará. Existen muchos escenarios que desestimulan la autoorganización”

Hay unas condiciones para que la autogestión funcione con eficacia y sea duradera. El secreto está en el cumplimiento regular de las siguientes características:

1. Especificación clara de los límites. Tanto las personas que tengan derecho a extraer el recurso como el propio recurso, deben estar claramente especificados y delimitados. No hay libre acceso.

2. Coherencia entre las condiciones locales y las reglas de apropiación y de colaboración. Las reglas de apropiación que limitan el momento, el sitio, la tecnología y/o la cantidad del recurso que se puede extraer, deben estar relacionadas con las condiciones locales y las reglas de colaboración que indican el trabajo, el material o el dinero a aportar.

3. Acuerdos sobre las decisiones colectivas. La mayoría de los individuos afectados por las reglas operativas pueden participar en la modificación de dichas reglas. Son soberanos, deciden autogestionariamente. Se dan reglas y ellos las modifican.

4. Supervisón y control del cumplimiento de las reglas. Las personas que controlan el cumplimiento de las reglas son responsables ante los miembros o son, ellos mismos, miembros.

5. Sanciones proporcionadas. Los usuarios que incumplan las reglas serán sancionadas de manera proporcional, bien por otros usuarios, bien por los encargados de vigilar el uso del recurso.

6. Mecanismos para la resolución de los conflictos. Los usuarios y los vigilantes tiene rápido acceso a medios (foros) locales accesibles y baratos para resolver los conflictos que ocurran tanto entre usuarios como entre usuarios y vigilantes.

7. Reconocimiento mínimo del derecho a auto-organizarse. Los derechos de los usuarios para diseñar sus propias instituciones no están amenazados por autoridades gubernamentales externas.

8. Múltiples niveles gestión de la coordinación. Se desprende que, como mínimo tiene que haber, pues, acceso restringido, reglas claras, capacidad autoorganizativa soberana, sistemas de control y sanciones, mecanismos de resolución de conflictos y coordinación con otros niveles de autoorganización. El siguiente cuadro (34) compara ocho experiencias estudiadas por Ostrom en las que se dan las tres posibles situaciones de éxito, fracaso o situación de debilidad.

Vemos que en el caso de que no se cumplan casi ninguna de las condiciones señaladas, el fracaso es seguro, y el éxito depende precisamente de su cumplimiento. La falta de reglas, el acceso abierto, la falta de supervisión y las correspondientes sanciones son los defectos que llevan al fracaso, seguido de la autogestión. La existencia de “gorrones” y de falta de participación resulta intolerable para el buen gobierno de los bienes comunes.

Conclusiones: “Las instituciones que descansan sobre el concepto de ‘propiedad común’ han jugado un papel socialmente beneficioso desde la prehistoria económica hasta nuestros días”, por ello lo que se desprende por razones históricas y sistémicas es que el “ejercicio total de la propiedad privada es en la actualidad virtualmente imposible en un contexto de ecosistemas” (35).

Un pensamiento alternativo debe tener unos fundamentos biológicos, antropológicos e históricos que lo hagan creíble, y éstos existen tal como hemos ido desbrozando. Por tanto, hay que rechazar las imágenes del egoísmo generalizado, la violencia irrestricta y la competencia feroz. Un pensamiento político de la izquierda en todas sus acepciones debe ser esperanzador y no derrotista, que es el que corresponde a la derecha.

Las ideas y prácticas de egoísmo, competencia y violencia ocurren bajo el capitalismo y las teorías e instituciones que lo apoyan.

Como dice John Berger lo que está ocurriendo es lo siguiente: “en primer lugar están los operadores del orden mundial, los cuales toman cada minuto alguna decisión que afectan a millones de vidas, sin responder ante nadie. Tenemos después a millones y millones de personas que en un cierto sentido no tienen poder. Estas personas trabajan para ofrecer pequeñas soluciones que les permitan sobrevivir con la mayor simplicidad... no están planificando el cambio, simplemente lo construyen con sus propias vidas... En el espejo que el cielo me ofrece veo un espacio que contiene dentro de sí a todas las personas que intentan restituir un sentido a sus vidas”.

Como conclusión final podemos decir que, no sólo “otro mundo es posible” sino que ya se está construyendo cada día.

El desenlace final queda en nuestras manos. www.ecoportal.net

Conferencia pronunciada por Paco Puche, colaborador de El Observador / www.revistaelobservador.com el pasado viernes 22 de octubre en el sindicato CGT con motivo del centenario del anarcosindicalismo en España.

Notas y referencias:

1 Aguilera, F. (2009), “Una nota sobre la Nobel de Economía Elinor Ostrom”, en Revista de Economía Crítica, nº 8, segundo semestre, p.7

2 Helfrich, S. comp. (2008). Genes, bytes, y emisiones: bienes comunes y ciudadanía, Fundación Heinrich Böll, p.123

3 Polanyi,K. (1944). La gran transformación. Crítica del liberalismo económico, La Piqueta, 1989, p.390

4 Polanyi, K. (1957). “El sistema económico como proceso institucionalizado”, en Lecturas de antropología social y cultural, Cuadernos de la UNED, 2000, p. 398

5 Helfrich, S. comp. (2008), o. cit. p. 108

6 Hardin, G. (1968), “La tragedia de los espacios colectivos”, en Daly, H. (1989), Economía, ecología, ética, FCE. pp. 115 -116

7 Aguilera, F., coord. (1992), La economía del agua, Ministerio de Agricultura. pp. 365 y 377

8 “La idea de un mercado que se regula a sí mismo (…) no podía existir de forma duradera sin destruir al hombre y sin transformar su ecosistema en un desierto (…) toda sociedad cuya vida económica descanse en el interés personal es totalmente no natural en el sentido estrictamente empírico de que es excepcional”, en Polanyi, K. (1944), o. cit. pp. 26 y 390

9 Marx, K. (1867). El Capital, vol.3, cap.47

10 Thompson, E.P. (1995). Costumbres en común, Critica, p.135

11 De Dios, S. y otros, coords. (1999). La historia de la propiedad en España. Siglos XV-XX, Centro de Estudios Registrales, pp. 20,27,53 y 108

12 Rodrigo, F. (2008).Naturaleza, ruralidad y civilización, Editoril Brulot, pp. 98 y ss

13 De Dios, S. y otros, coords. (1999), o. cit. p. 107

14 Rodrigo, F. (2008). o. cit. p. 97

15 Zibechi, R. ( 2010), “Un año de la masacre de Bagua”, Rebelión, 5 de junio

16 Ver El Digital de Canarias, 1 de noviembre de 2009:
http://www.eldigitaldecanarias.net/noticia22689.php

17 Aparecido en Rebelión, el 16 de septiembre de 2010:
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=113039

18 Grupo ETC (2010). “Quién alimenta al mundo”, Ecoportal-net, 14 de julio:
http://www.ecoportal.net/content/view/full/247

19 Con este título he realizado un trabajo específico que ha aparecido en el Observador, noviembre 2010

20 Odum, E. P. y Sarmiento, F. O. (1997), Ecología. El puente entre ciencia y sociedad, McGraw-Hill, p.188

21 Odum, E.P. (1992). Ecología. Bases científicas para un nuevo paradigma, Ediciones Vedra, p.171

22 Margulis, L. y Sagan, D. (1996), ), ¿Qué es la vida?, Tusquets Editores, p. 148

23 Villee y otros (1992). Biología, Interamericana-McGraw Hill, (2ªedición española de la original americana de 1989) p. 433 y 98

24 Lovelock, J.E. (1985). Gaia. Una nueva visión de la vida sobre la Tierra, Ediciones Orbis, p.10 y 23

25 Margulis, L. (2002). Una revolución en la evolución, Universitat de València, p.108

26 De Waal, F. (2005). El mono que llevamos dentro, Tusquets, p.231

27 De Waal, F. (2005). o. cit., pp. 38 y 144

28 Riechmann, J. (2009). La habitación de Pascal. Los Libros de la Catarata, p.252,

29 Tomasello, M (2010),¿Por qué colaboramos?, Katz Editores, p.96

30 Kropotkin, P. (1989), El apoyo mutuo, Ediciones Madre Tierra (edición inglesa original de 1902), p.43

31 Parte del texto con el que el Comité del Nobel argumentó para darle el mencionado premio.

32 Entrevista a Elinor Ostrom publicada en Sin Permiso, el 18 de octubre de 2009.

33 Ostrom, E. (1990). El gobierno de los bienes comunes, FCE, 2000, pp. 110-145

34 Ostrom, E. (1990).o. cit., p.283

35 Aguilera, F., coord. (1992),o. cit., p. 364 y 368

Justicia para algunos

Project Syndicate / Joseph E. Stiglitz
2010-11-04

NUEVA YORK – El desastre de las hipotecas en los Estados Unidos ha planteado cuestiones profundas sobre el “Estado de derecho”, la característica universalmente aceptada de una sociedad avanzada y civilizada. El Estado de derecho debe proteger a los débiles contra los fuertes y velar por que todos reciban un trato equitativo. En los Estados Unidos, a raíz de la crisis de las hipotecas de gran riesgo, no ha hecho ninguna de las dos cosas.

Una parte del Estado de derecho es la seguridad de los derechos de propiedad: si debes dinero por tu casa, por ejemplo, el banco no puede quitártela, sencillamente, sin seguir el procedimiento legal prescrito, pero en las últimas semanas y meses, los americanos han visto varios casos en los que ha habido personas a quienes se les ha desposeído de sus casas pese a que no tenían deudas.

Para algunos bancos, se trata simplemente de daños colaterales: millones de americanos –además de los cuatro millones, aproximadamente, de 2008 y 2009– van a ser desahuciados de sus casas. De hecho, el ritmo de ventas judiciales hipotecarias habría de aumentar... de no ser por la intervención gubernamental. Sin embargo, los atajos de procedimiento, la documentación incompleta y el fraude desenfrenado que acompañó las prisas de los bancos para crear millones de créditos de dudoso cobro durante la burbuja inmobiliaria han complicado el proceso de limpieza del embrollo posterior.

Para muchos banqueros, se trata de simples detalles que se deben pasar por alto. La mayoría de las personas desahuciadas no han pagado sus hipotecas y en la mayoría de los casos las reclamaciones de quienes están expulsándolos de ellas eran legítimas, pero los americanos no deben creer en la justicia por término medio. No decimos que la mayoría de las personas condenadas a cadena perpetua cometieron un delito merecedor de esa sentencia. El sistema judicial de los EE.UU. exige algo más y hemos impuesto salvaguardias procesales para satisfacer esa exigencia.

Pero los bancos quieren saltarse dichas salvaguardias procesales y no se les debe permitir.

Para algunos, todo esto recuerda a lo sucedido en Rusia, donde se utilizó el Estado de derecho –la legislación sobre quiebras en particular– como mecanismo legal para substituir un grupo de propietarios por otro. Se compró a los tribunales, se falsificaron documentos y el proceso se desarrollo sin contratiempos.

En los Estados Unidos la venalidad está en un nivel superior. No es a jueces particulares a los que se compra, sino las leyes mismas, mediante contribuciones a las campañas y cabildeo, en lo que ha llegado a denominarse “corrupción de estilo americano”.

Se sabía de forma generalizada que bancos y compañías hipotecarias estaban utilizando métodos de préstamo predatorio, aprovechándose de los menos instruidos y financieramente menos informados para conceder préstamos que aumentaban al máximo las cuotas e imponían riesgos enormes a los prestatarios. (Para ser justos, hemos de decir que los bancos intentaron aprovecharse también de los financieramente más expertos, como con los valores creados por Goldman Sachs y condenados a la quiebra), pero los bancos recurrieron a toda su capacidad de influencia para impedir a los estados la promulgación de leyes que pusieran coto al préstamo predatorio.

Cuando resultó claro que había quienes no podían pagar lo que debían, las reglas del juego cambiaron. Se modificó la legislación sobre quiebras para introducir un sistema de “servidumbre parcial”. Una persona que tuviera deudas equivalentes al ciento por ciento de sus ingresos, pongamos por caso, podía ser obligado a entregar al banco el 25 por ciento de sus ingresos brutos, antes de los impuestos, durante el resto de su vida, porque el banco podía añadir el 30 por ciento de interés, pongamos por caso, todos los años a lo que la persona debía. Al final, el titular de una hipoteca debería mucho más de lo que el banco recibiera jamás, aun cuando el deudor hubiese trabajado, en realidad, una cuarta parte del tiempo para el banco.

Cuando se aprobó esa nueva legislación sobre quiebras, nadie se quejó de que afectara al carácter sacrosanto de los contratos: en el momento en que los prestatarios contrajeron su deuda, una legislación más humana –y económicamente racional– sobre quiebras les ofrecía la oportunidad de comenzar de nuevo, en caso de que la carga del pago de la deuda llegara a ser demasiado onerosa.

Ese conocimiento debería haber brindado incentivos a los prestadores para conceder préstamos sólo a quienes pudieran pagarlos, pero tal vez los prestadores supieran que, con el control del gobierno por parte de los republicanos, podrían conceder préstamos de dudoso cobro y después cambiar la legislación para poder exprimir a los pobres.

Como una cuarta parte de las hipotecas de los EE.UU.–las que representan una deuda mayor que el valor de la casa– se han ido a pique, cada vez hay un consenso mayor en cuanto a que a única forma de abordar semejante embrollo es amortizar el valor del principal (lo que se debe). Los Estados Unidos tienen un procedimiento especial para las quiebras empresariales, denominado “capítulo 11”, que permite una reestructuración rápida mediante la amortización de la deuda y la conversión de parte de ella en capital social.

Es importante mantener vivas y en funcionamiento las empresas para preservar los puestos de trabajo y el crecimiento, pero también es importante mantener intactas las familias y las comunidades. Así, pues, los Estados Unidos necesitan un “capítulo 11 de propietarios de casas”.

Los prestadores se quejan de que semejante legislación violaría sus derechos de propiedad, pero casi todos los cambios de legislación y reglamentación benefician a algunos a costa de otros. Cuando se aprobó la legislación sobre quiebras en 2005, los prestadores fueron los beneficiarios y no se preocuparon por cómo afectaba a los derechos de los deudores.

Una desigualdad en aumento, combinada con un sistema defectuoso de financiación de las campañas, corre el riesgo de convertir el sistema legal de los Estados Unidos en una parodia de la justicia. Algunos pueden seguir llamándolo “Estado de derecho”, pero no protegería a los débiles contra los fuertes. Más bien permitiría a los poderosos explotar a los débiles.

En los Estados Unidos actuales, se está substituyendo la orgullosa proclamación de “justicia para todos” por la más modesta de “justicia para quienes puedan permitírsela”. Y el número de personas que pueden permitírsela está disminuyendo rápidamente.

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de economía, es profesor de la Universidad de Columbia. La edición de bolsillo de su último libro Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy (“Caída libre. Los mercados libres y el desplome de la economía mundial”), con un nuevo epílogo, se publicó el pasado mes de octubre.

Copyright: Project Syndicate, 2010.
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Traducido del inglés por Carlos Manzano.

El G-20 debe mirar más allá de Bretton Woods

Noticias del Banco Mundial

Robbert Zoellick
8 de noviembre de 2010

Con temas relativos a la guerra de divisas y a los desacuerdos con respecto a la política de expansión cuantitativa de la Reserva Federal de los Estados Unidos, la cumbre del grupo de las 20 economías principales (G-20) que se llevará a cabo esta semana en Seúl se perfila como la prueba más reciente de cooperación internacional. Por eso cabe preguntarse: ¿cooperación, pero con qué propósito?

Cuando el G-7 probó la coordinación económica en la década de 1980, en los acuerdos del Plaza y del Louvre la atención se centró en los tipos de cambio. Sin embargo, los fundamentos de política eran más profundos. La administración Reagan, orientada por James Baker, entonces secretario del Tesoro, quería resistirse a un aumento brusco del proteccionismo por parte del Congreso, como el que se observa en la actualidad. En consecuencia, combinó la coordinación de divisas con el lanzamiento de la ronda Uruguay que dio origen a la Organización Mundial del Comercio (OMC) y con el impulso del libre comercio que condujo a los acuerdos con Canadá y México. El liderazgo internacional se combinó con las políticas internas para impulsar la competitividad.

Como parte de este planteamiento de conjunto, se suponía que los países del G-7 abordarían los aspectos fundamentales del crecimiento —lo que hoy día constituye el programa de reforma estructural—. Por ejemplo, la Ley de Reforma Tributaria de 1986 amplió la base de generación de ingresos y al mismo tiempo rebajó tasas marginales del impuesto sobre la renta. James Baker trabajó con sus colegas del G-7 y con las autoridades de los bancos centrales para orquestar la cooperación internacional con el propósito de generar confianza en el sector privado.

La historia siguió su curso después de las enormes transformaciones de 1989 y aún se sigue debatiendo sobre la experiencia de la década de los ochenta, pero este planteamiento fue significativo por la combinación de reformas a favor del crecimiento, la apertura comercial y la coordinación de los tipos de cambio.

¿Cómo sería un planteamiento semejante hoy día? En primer lugar, para centrar la atención en los aspectos fundamentales, un grupo clave de países del G-20 debería ponerse de acuerdo en programas paralelos de reformas estructurales, no sólo para reequilibrar la demanda, sino para impulsar el crecimiento. Por ejemplo, se supone que el próximo plan quinquenal de China trasladará la atención de las industrias de exportación a nuevas actividades internas y al sector de servicios, prestará más servicios sociales, y pasará del financiamiento a empresas estatales oligopólicas al financiamiento con destino a empresas que impulsarán la productividad y la demanda interna.

Con un nuevo Congreso, Estados Unidos deberá abordar el tema del gasto estructural y el rápido aumento de la deuda, que constituirán un gravamen para el crecimiento futuro. El presidente Barack Obama también ha mencionado planes para impulsar la competitividad y reactivar los acuerdos de libre comercio.

Estados Unidos y China podrían acordar medidas específicas, que se refuercen mutuamente, para impulsar el crecimiento. Sobre esa base, ambos países podrían también convenir en una vía para la apreciación del renminbi, o en una medida dirigida a adoptar bandas amplias para los tipos de cambio. Estados Unidos, por su parte, podría asumir el compromiso de resistirse a la aplicación de medidas comerciales de desquite o, mejor aún, promover acuerdos para abrir los mercados.

En segundo lugar, otras economías importantes, comenzando por el G-7, deberían convenir en no intervenir sus monedas, salvo en circunstancias excepcionales aceptadas por las demás economías. Otros países del G-7 podrían fomentar la confianza comprometiéndose también a llevar a cabo planes de crecimiento estructural.

En tercer lugar, estas medidas ayudarían a las economías emergentes a ajustarse a las asimetrías en los procesos de recuperación, al apoyarse en tipos de cambio flexibles y políticas monetarias independientes. Algunas economías tal vez necesitarán herramientas para afrontar los flujos de capitales itinerantes. El G-20 podría elaborar lineamientos para tales medidas.

En cuarto lugar, el G-20 debería respaldar el crecimiento centrando la atención en los escollos por el lado de la oferta que existen en los países en desarrollo. Estas economías ya están aportando la mitad del crecimiento mundial, y su demanda de importaciones está aumentando a un ritmo dos veces más rápido que el de las economías avanzadas. El G-20 debería apoyar de manera especial a los sectores de infraestructura y agricultura, y la formación de una fuerza de trabajo saludable y calificada. El Grupo del Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo podrían ser los instrumentos para crear múltiples polos de crecimiento futuro a partir del desarrollo del sector privado.

En quinto lugar, el G-20 debería complementar este programa de recuperación del crecimiento con un plan para establecer un sistema monetario cooperativo que refleje las nuevas condiciones económicas. Este nuevo sistema probablemente deba incluir al dólar, el euro, el yen, la libra y un renminbi que avance hacia la internacionalización y luego a la liberalización de la cuenta de capital.
El sistema también debería considerar el oro como un punto de referencia internacional de las expectativas del mercado acerca de la inflación, la deflación y el valor futuro de las divisas. Aunque en los libros de texto se considere al oro como dinero antiguo, hoy los mercados lo están utilizando como un activo monetario alternativo.

La creación de un sistema monetario que reemplace al "Bretton Woods II", puesto en marcha en 1971, va a tomar tiempo. Pero debemos comenzar. El alcance de los cambios que se han producido desde 1971 ciertamente se corresponde con los ocurridos entre 1945 y 1971, que impulsaron el paso del Bretton Woods I al Bretton Woods II. Una labor realizada con seriedad debería incluir la posible modificación de las reglas del Fondo Monetario Internacional a fin de revisar las políticas sobre capital y cuenta corriente, y relacionar las evaluaciones monetarias del FMI con las obligaciones de la OMC de no utilizar las políticas monetarias para eliminar concesiones comerciales.

Este planteamiento con respecto a la cooperación económica va más allá del reciente diálogo del G-20, pero las ideas son prácticas y viables, y no son radicales. Además, tiene ventajas evidentes. Ofrece un programa monetario y de crecimiento que se asemeja a las reformas del sector financiero del G-20. Podría basarse en la adopción oportuna de medidas adicionales, combinadas con acciones creíbles que podrían realizarse a lo largo del tiempo, lo que permitiría llevar a cabo un diálogo político en cada país. Y también podría contribuir a restablecer la confianza del público y de los mercados, que seguirá sometida a tensiones durante 2011. Tal vez lo más importante es que este planteamiento podría hacer que los gobiernos se adelantaran a los problemas en lugar de tener que reaccionar ante las tormentas económicas, políticas y sociales.

¿Al mando o a la deriva? Lo que decida el G-20 podría determinar si la cooperación multilateral puede lograr o no una sólida recuperación económica.

El autor es el presidente el Grupo del Banco Mundial y se desempeñó en el Tesoro de los Estados Unidos entre 1985 y 1988
Este artículo fue publicado en Financial Times.

Un nuevo camino hacia una economía de bajas emisiones de carbono

Project Syndicate / Jeffrey D. Sachs
2010-10-27

NUEVA YORK – La solución al cambio climático creado por el hombre depende de la transición a una producción de electricidad que, a diferencia de quemar petróleo, gas natural y carbón, emita nada o casi nada de dióxido de carbono, gas de invernadero que es el principal responsable del calentamiento global. Es posible producir electricidad de bajas emisiones de carbono mediante energía solar, nuclear y eólica, o mediante plantas energéticas a carbón que capturen y guarden sus emisiones de CO2.

El problema de política es sencillo: el carbón es una fuente de energía más barata y fácil de usar que sus alternativas. Es barata porque es abundante y su uso es más fácil que la energía eólica o solar porque puede proporcionar electricidad de manera ininterrumpida, independientemente de las condiciones climáticas.

Para salvar el planeta, necesitamos convencer a los proveedores de energía de que adopten fuentes con bajas emisiones de carbono, a pesar del menor precio del carbón y su mayor facilidad de uso. La manera obvia es aplicar impuestos al carbón o exigir a las plantas energéticas que cuenten con permisos para el uso del carbón, y fijar el impuesto o el precio del permiso lo suficientemente alto como para inducir un cambio hacia alternativas de bajas emisiones.

Supongamos que el carbón produce electricidad a un coste de $0,06 por kilovatio-hora, mientras la energía solar cuesta $0,16/kilovatio-hora. El impuesto a la electricidad basada en carbón tendría que ser de $0,10/kilovatio-hora. En tal caso, los consumidores pagarían $0,16/kilovatio-hora por cualquiera de los dos tipos de energía. Las empresas de servicios públicos pasarían entonces a usar energía solar. Sin embargo, en este caso el cambio más que duplicaría la factura de electricidad.

Los políticos son renuentes a aplicar un impuesto así, ya que temen sus consecuencias políticas. Por años esto ha limitado en los Estados Unidos el avance hacia una economía de bajas emisiones de carbono. Sin embargo, varios países europeos han introducido con éxito la idea de un "arancel de alimentación", que proporciona el núcleo de una solución aceptable en el largo plazo.

Un arancel de alimentación subsidia la fuente de bajas emisiones de carbono en lugar de aplicar impuestos a la fuente de energía de altas emisiones. En nuestro ejemplo, el gobierno pagaría un subsidio de $0,10/kilovatios-hora a la planta de energía solar para compensar la diferencia entre el precio al consumidor de $0,06 y el coste de producción de $0,16. El precio al consumidor sigue siendo el mismo, pero el gobierno debe pagar de algún modo el subsidio.

La siguiente es otra manera. Supongamos que aplicamos un pequeño impuesto a las plantas de energía carbón existentes para pagar el subsidio solar y luego subimos gradualmente las facturas de electricidad de los consumidores a medida que más y más plantas solares entran en funcionamiento. El precio que se cobraría a los consumidores aumentaría gradualmente de $0,06/kilovatio-hora al coste completo de $0,16/kilovatio-hora, pero a lo largo de un periodo de adaptación de, digamos, 40 años (el periodo de vida útil de la más nuerva de las plantas a carbón actuales).

Partamos del supuesto de que en 2010 todo el sistema de electricidad se basa en carbón y que el precio de la electricidad que pagan los consumidores es $0,06/kilovatio-hora. Para 2014, supongamos que se ha logrado un 10% de la transición de 40 años a la energía solar. El precio al consumidor se eleva en un 10% de la diferencia entre $0,06 y $0,16, es decir, llega a los $0,07/kilovatio-hora.

El impuesto al carbón se fija entonces a $0,01/kilovatio-hora, lo que basta justo para pagar el subsidio solar que se necesita de $0,09/kilovatio-hora. Los productores solares cubren totalmente sus costes de $0,16/kilovatio-hora, puesto que venden energía a los consumidores a $0,07/kilovatio-hora y reciben un subsidio de $0,09/kilovatio-hora. Un pequeño impuesto al carbón puede sustentar un gran subsidio a la energía solar.

Supongamos además que para 2030 la transición a una economía de bajas emisiones de carbono está a medio camino. Ahora el precio al consumidor de la electricidad es $0,11, exactamente la mitad entre $0,06 y $0,16. El impuesto al carbón se ha elevado a $0,05/kilovatio-hora, justo lo suficiente para cubrir el subsidio solar de $0,05/kilovatio-hora. Una vez más. los productores de energía solar cubren sus costes exactamente, puesto que el subsidio de $0,05/kilovatio-hora cierra la brecha entre el precio al consumidor ($0,11/kilovatio-hora) y el coste de producción ($0,16/kilovatio-hora).

Finalmente, asumamos que para 2050 toda la producción de electricidad ha hecho la transición a fuente de energía de bajas emisiones de carbono. El precio al consumidor finalmente llega a $0,16/kilovatio-hora, suficiente como para cubrir todo el coste de la energía solar sin ningún subsidio.

Este enfoque permite que los mayores precios de la electricidad que deban pagar los consumidores se eleven gradualmente y, al mismo tiempo, establece incentivos fuertes e inmediatos para la adopción de la energía solar. Más aún, el presupuesto del gobierno se equilibra cada año, por lo que el impuesto al carbón paga el subsidio solar.

La transformación real que ocurrirá en los próximos años tendrá una ventaja importante en comparación con esta ilustración. Puede que las plantas de energía solar actuales cuesten $0,10/kilovatio-hora más que las de carbón, pero serán mucho menos costosas en el futuro, a medida que mejore su tecnología. Así, la magnitud de los subsidios que se necesiten en una década o dos será menor que en la actualidad.

Los debates sobre la energía en Estados Unidos, Australia y otros países se han centrado hasta ahora en introducir un complicado sistema de intercambio de derechos de emisiones de carbono. Todo usuario importante de combustibles fósiles tendría que comprar derechos para emitir CO2, los que se transarían en un mercado especial. El precio de mercado de los derechos sería equivalente a pagar un impuesto sobre las emisiones de CO2.

Lamentablemente, estos sistemas son difíciles de manejar y no dan señales claras acerca de sus precios en el futuro. Europa ha adoptado dicho sistema, pero otras partes del mundo lo han rechazado una y otra vez. De hecho, los mayores éxitos de Europa en la promoción de energía de bajas emisiones de carbono proceden de sus aranceles de alimentación, y los impuestos al carbón en algunos países, más que del sistema de intercambio de derechos de emisión.

Ha llegado el momento de que EE.UU., China, India y otras grandes economías declaren cómo promoverán su propia transición a una economía con bajas emisiones de carbono. En los Estados Unidos, podría ganar apoyo político un impuesto pequeño y que aumente progresivamente para financiar un sistema de aranceles de alimentación, lo que además podría ayudar a generar consenso entre las principales economías basadas en plantas energéticas que utilizan carbón, incluidas China e India.

Como vemos, sí hay soluciones eficaces de largo plazo al cambio climático producido por el hombre y que son políticamente aceptables y factibles de implementar. Es hora de que las adoptemos.

Jeffrey D. Sachs es profesor de Economía y Director del Earth Institute en la Universidad de Columbia. Además es Asesor Especial del Secretario General de las Naciones Unidas sobre las Metas de Desarrollo del Milenio.

Copyright: Project Syndicate, 2010.
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Traducido del inglés por David Meléndez Tormen