Obama backs U.N. indigenous rights declaration

WASHINGTON | Thu Dec 16, 2010 11:46am EST (Reuters) - President Barack Obama said on Thursday he was giving a belated U.S. endorsement to the United Nations Declaration on the Rights of Indigenous People, drawing hearty applause from a gathering of native Americans.

The U.N. declaration recognizes rights of indigenous groups, like American Indians, in such areas as culture, property and self-determination.
"I want to be clear: what matters far more than words, what matters far more than any resolution or declaration, are actions to match those words," Obama said as he announced U.S. support for the declaration in opening the White House Tribal Nations Conference at the Interior Department.
The United States had been one of a handful of nations to hold back from endorsing the declaration in the past.
Welcoming the move, Robert Coulter of the Indian Law Resource Center said in a written statement: "The Declaration sets an agenda for the United States and Indian nations to design a reasonable approach to a progressive realization of the duties and responsibilities in it."
"It serves as a guide for consultations among Indian and Alaska Native nations and U.S. governmental departments and agencies," he said.
Obama told the conference gathering of some 500, including more than 320 representatives of federally recognized tribes, that the White House would issue further details about the endorsement of the declaration later.
Critics say the declaration could lead to American tribes gaining more independence and economic power than is reasonable.
Recalling a presidential campaign visit he paid to the Crow Nation reservation in Montana, he said the Crow name he was given was: "One who helps people throughout the land."
He joked that his wife said his name should be: "One who is not picking up his shoes and his socks."
Fawn Sharp of the Quinault India Nation said in introducing Obama that "extraordinary strides have been made in restoring trust between" Indian country and the federal government under his administration.
(Reporting by Caren Bohan; Writing by Jerry Norton; Editing by Steve Gorman)

Justicia para algunos

Project Syndicate / Joseph E. Stiglitz
2010-11-04

NUEVA YORK – El desastre de las hipotecas en los Estados Unidos ha planteado cuestiones profundas sobre el “Estado de derecho”, la característica universalmente aceptada de una sociedad avanzada y civilizada. El Estado de derecho debe proteger a los débiles contra los fuertes y velar por que todos reciban un trato equitativo. En los Estados Unidos, a raíz de la crisis de las hipotecas de gran riesgo, no ha hecho ninguna de las dos cosas.

Una parte del Estado de derecho es la seguridad de los derechos de propiedad: si debes dinero por tu casa, por ejemplo, el banco no puede quitártela, sencillamente, sin seguir el procedimiento legal prescrito, pero en las últimas semanas y meses, los americanos han visto varios casos en los que ha habido personas a quienes se les ha desposeído de sus casas pese a que no tenían deudas.

Para algunos bancos, se trata simplemente de daños colaterales: millones de americanos –además de los cuatro millones, aproximadamente, de 2008 y 2009– van a ser desahuciados de sus casas. De hecho, el ritmo de ventas judiciales hipotecarias habría de aumentar... de no ser por la intervención gubernamental. Sin embargo, los atajos de procedimiento, la documentación incompleta y el fraude desenfrenado que acompañó las prisas de los bancos para crear millones de créditos de dudoso cobro durante la burbuja inmobiliaria han complicado el proceso de limpieza del embrollo posterior.

Para muchos banqueros, se trata de simples detalles que se deben pasar por alto. La mayoría de las personas desahuciadas no han pagado sus hipotecas y en la mayoría de los casos las reclamaciones de quienes están expulsándolos de ellas eran legítimas, pero los americanos no deben creer en la justicia por término medio. No decimos que la mayoría de las personas condenadas a cadena perpetua cometieron un delito merecedor de esa sentencia. El sistema judicial de los EE.UU. exige algo más y hemos impuesto salvaguardias procesales para satisfacer esa exigencia.

Pero los bancos quieren saltarse dichas salvaguardias procesales y no se les debe permitir.

Para algunos, todo esto recuerda a lo sucedido en Rusia, donde se utilizó el Estado de derecho –la legislación sobre quiebras en particular– como mecanismo legal para substituir un grupo de propietarios por otro. Se compró a los tribunales, se falsificaron documentos y el proceso se desarrollo sin contratiempos.

En los Estados Unidos la venalidad está en un nivel superior. No es a jueces particulares a los que se compra, sino las leyes mismas, mediante contribuciones a las campañas y cabildeo, en lo que ha llegado a denominarse “corrupción de estilo americano”.

Se sabía de forma generalizada que bancos y compañías hipotecarias estaban utilizando métodos de préstamo predatorio, aprovechándose de los menos instruidos y financieramente menos informados para conceder préstamos que aumentaban al máximo las cuotas e imponían riesgos enormes a los prestatarios. (Para ser justos, hemos de decir que los bancos intentaron aprovecharse también de los financieramente más expertos, como con los valores creados por Goldman Sachs y condenados a la quiebra), pero los bancos recurrieron a toda su capacidad de influencia para impedir a los estados la promulgación de leyes que pusieran coto al préstamo predatorio.

Cuando resultó claro que había quienes no podían pagar lo que debían, las reglas del juego cambiaron. Se modificó la legislación sobre quiebras para introducir un sistema de “servidumbre parcial”. Una persona que tuviera deudas equivalentes al ciento por ciento de sus ingresos, pongamos por caso, podía ser obligado a entregar al banco el 25 por ciento de sus ingresos brutos, antes de los impuestos, durante el resto de su vida, porque el banco podía añadir el 30 por ciento de interés, pongamos por caso, todos los años a lo que la persona debía. Al final, el titular de una hipoteca debería mucho más de lo que el banco recibiera jamás, aun cuando el deudor hubiese trabajado, en realidad, una cuarta parte del tiempo para el banco.

Cuando se aprobó esa nueva legislación sobre quiebras, nadie se quejó de que afectara al carácter sacrosanto de los contratos: en el momento en que los prestatarios contrajeron su deuda, una legislación más humana –y económicamente racional– sobre quiebras les ofrecía la oportunidad de comenzar de nuevo, en caso de que la carga del pago de la deuda llegara a ser demasiado onerosa.

Ese conocimiento debería haber brindado incentivos a los prestadores para conceder préstamos sólo a quienes pudieran pagarlos, pero tal vez los prestadores supieran que, con el control del gobierno por parte de los republicanos, podrían conceder préstamos de dudoso cobro y después cambiar la legislación para poder exprimir a los pobres.

Como una cuarta parte de las hipotecas de los EE.UU.–las que representan una deuda mayor que el valor de la casa– se han ido a pique, cada vez hay un consenso mayor en cuanto a que a única forma de abordar semejante embrollo es amortizar el valor del principal (lo que se debe). Los Estados Unidos tienen un procedimiento especial para las quiebras empresariales, denominado “capítulo 11”, que permite una reestructuración rápida mediante la amortización de la deuda y la conversión de parte de ella en capital social.

Es importante mantener vivas y en funcionamiento las empresas para preservar los puestos de trabajo y el crecimiento, pero también es importante mantener intactas las familias y las comunidades. Así, pues, los Estados Unidos necesitan un “capítulo 11 de propietarios de casas”.

Los prestadores se quejan de que semejante legislación violaría sus derechos de propiedad, pero casi todos los cambios de legislación y reglamentación benefician a algunos a costa de otros. Cuando se aprobó la legislación sobre quiebras en 2005, los prestadores fueron los beneficiarios y no se preocuparon por cómo afectaba a los derechos de los deudores.

Una desigualdad en aumento, combinada con un sistema defectuoso de financiación de las campañas, corre el riesgo de convertir el sistema legal de los Estados Unidos en una parodia de la justicia. Algunos pueden seguir llamándolo “Estado de derecho”, pero no protegería a los débiles contra los fuertes. Más bien permitiría a los poderosos explotar a los débiles.

En los Estados Unidos actuales, se está substituyendo la orgullosa proclamación de “justicia para todos” por la más modesta de “justicia para quienes puedan permitírsela”. Y el número de personas que pueden permitírsela está disminuyendo rápidamente.

Joseph E. Stiglitz, premio Nobel de economía, es profesor de la Universidad de Columbia. La edición de bolsillo de su último libro Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy (“Caída libre. Los mercados libres y el desplome de la economía mundial”), con un nuevo epílogo, se publicó el pasado mes de octubre.

Copyright: Project Syndicate, 2010.
www.project-syndicate.org
Traducido del inglés por Carlos Manzano.

Cómo reparar el mercado inmobiliario en ruinas de Estados Unidos

Joseph E. Stiglitz/ Project Syndicate 2010-09-08

NUEVA YORK – Una señal clara de una economía de mercado disfuncional es la persistencia del desempleo. En los Estados Unidos hoy, uno de cada seis trabajadores al que le gustaría tener un empleo de tiempo completo no lo encuentra. Es una economía con enormes necesidades insatisfechas y, aún así, con vastos recursos ociosos.

El mercado inmobiliario es otra anomalía estadounidense: existen cientos de miles de personas sin techo (más de 1,5 millón de norteamericanos pasaron por lo menos una noche en un refugio en 2009), mientras que cientos de miles de viviendas están vacías.

Por cierto, la tasa de ejecuciones hipotecarias está en aumento. Dos millones de estadounidenses perdieron sus casas en 2008, y 2,8 millones más en 2009, pero se espera que las cifras sean aún más elevadas en 2010. Nuestros mercados financieros tuvieron un pésimo desempeño –los mercados de buen desempeño y “racionales” no le prestan a la gente que no puede o no va a pagar- y, sin embargo, quienes manejaron esos mercados fueron recompensados como si hubieran sido genios de las finanzas.

Nada de esto es una novedad. Lo que sí es una novedad es el reconocimiento tardío y a regañadientes por parte de la administración Obama de que sus esfuerzos para que los mercados inmobiliario e hipotecario volvieran a funcionar básicamente fallaron. Es curioso pero existe un creciente consenso tanto en la izquierda como en la derecha de que el gobierno tendrá que seguir apuntalando el mercado inmobiliario en el futuro inmediato. Esta postura es desconcertante y posiblemente peligrosa.

Es desconcertante porque en análisis convencionales de qué actividades deberían estar en el dominio público, nunca se menciona la de administrar el mercado hipotecario nacional. Dominar la información específica relacionada con la evaluación de la solvencia y el control del comportamiento de la cartera de préstamos es precisamente el tipo de tarea en la que se supone que el sector privado sobresale.

Sin embargo, es una postura entendible: ambos partidos estadounidenses apoyaron políticas que alentaron una excesiva inversión en vivienda y un excesivo apalancamiento, mientras que la ideología de libre mercado disuadió a los reguladores de intervenir para poner freno a un préstamo descontrolado. Si el gobierno ahora se retirara, los precios de los bienes raíces caerían aún más, los bancos se verían sometidos a una mayor presión financiera y las perspectivas a corto plazo de la economía se volverían más sombrías.

No obstante, esa es precisamente la razón por la que un mercado hipotecario administrado por el gobierno es peligroso. Las tasas de interés distorsionadas, las garantías oficiales y los subsidios impositivos alientan una continua inversión en bienes raíces, cuando lo que la economía necesita es inversión, digamos, en tecnología y energía limpia.

Es más, una continua inversión en bienes raíces torna mucho más difícil destetar a la economía de su adicción a los bienes inmuebles, y al mercado inmobiliario de su adicción al respaldo gubernamental. Apoyar una mayor inversión en vivienda haría que el valor del sector fuera aún más dependiente de las políticas gubernamentales, lo que garantizaría que los futuros estrategas políticos enfrentarán una mayor presión política de grupos de interés como desarrolladores inmobiliarios y tenedores de bonos.

La actual política estadounidense es, cuando menos, confusa. La Junta de la Reserva Federal ya no es el prestador de último recurso, sino el prestador de primer recurso. El gobierno es quien asume el riesgo crediticio en el mercado hipotecario, y la Fed, el riesgo del mercado. Nadie debería sorprenderse ante lo que ha sucedido: el mercado privado esencialmente ha desaparecido.

El gobierno anunció que estas medidas, que funcionan (si es que funcionan) mediante una reducción de las tasas de interés, son temporarias. Pero eso significa que cuando se termina la intervención, las tasas de interés amentarán –y todos los tenedores de bonos respaldados por hipotecas experimentarán una pérdida de capital, potencialmente importante.

Ningún actor privado compraría un activo semejante. Por el contrario, la Fed no tiene que reconocer la pérdida; mientras que los defensores del libre mercado podrían hablar de las virtudes de la fijación de precios de mercado y el “descubrimiento de precios”, la Fed puede hacer como si no hubiera pasado nada.

Si el gobierno asume el riesgo crediticio, las hipotecas se vuelven tan seguras como los bonos del gobierno de vencimiento comparable. Por ende, la intervención de la Fed en el mercado inmobiliario realmente es una intervención en el mercado de bonos del gobierno; el aparente “cambio” de comprar hipotecas a comprar bonos del gobierno es de escasa importancia. La Fed está comprometida en la difícil tarea de intentar fijar no sólo la tasa de interés a corto plazo, sino también las tasas de interés a más largo plazo.

Resucitar el mercado inmobiliario resulta muy difícil por dos motivos. Primero, los bancos que solían otorgar préstamos hipotecarios convencionales están en mala situación financiera. Segundo, el modelo de securitización está muy deteriorado y es probable que no se lo reemplace en lo inmediato. Desafortunadamente, ni la administración Obama ni la Fed parecen dispuestas a enfrentar estas realidades.

La securitización –reunir grandes cantidades de hipotecas para venderlas a fondos de pensión e inversores en todo el mundo- funcionó sólo porque había agencias de calificación a las que se les confió la tarea de asegurar que los préstamos hipotecarios fueran otorgados a personas que pudieran pagarlos. Hoy, nadie confiará, ni tendría por qué hacerlo, en las agencias de calificación, ni en los bancos de inversión que proveyeron de productos defectuosos (a veces hasta los diseñaron para perder dinero).

En resumen, las políticas gubernamentales para respaldar al mercado inmobiliario no sólo no solucionaron el problema, sino que están prolongando el proceso de desapalancamiento y creando las condiciones para una crisis al estilo japonés. Evitar este “nuevo normal” lúgubre será difícil, pero existen políticas alternativas con perspectivas mucho mejores de hacer regresar a Estados Unidos y a la economía global a la prosperidad.

Las empresas han aprendido a tomar las malas noticias con calma, registrar las pérdidas en los libros y seguir adelante, pero nuestros gobiernos, no. En una de cada cuatro hipotecas estadounidenses, la deuda supera el valor de la vivienda. Los desalojos no hacen más que aumentar la cantidad de gente sin techo y de casas desocupadas. Lo que hace falta es pasar a pérdida sin demoras el valor de las hipotecas. Los bancos tendrán que reconocer las pérdidas y, si fuera necesario, encontrar el capital adicional para cumplir con los requisitos de reservas.

Esto, por supuesto, será doloroso para los bancos, pero su dolor no será nada comparado con el sufrimiento que le infligieron a la gente en el resto de la economía global.

Joseph E. Stiglitz es profesor universitario en la Universidad de Columbia y premio Nobel de Economía. Su último libro, Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy, ha sido traducido al francés, alemán, japonés y español.

Copyright: Project Syndicate, 2010.
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British Petroleum: El peor desastre ambiental en la historia de Estados Unidos, y ganancias de más de 6 mil millones de dólares para el primer trimest

Ecoportal 14-05-10

A menos de una semana de que la plataforma petrolera Deepwater Horizon de British Petroleum explotó en el Golfo de México, dejando un saldo de 11 trabajadores muertos y desatando lo que podría ser el peor desastre ambiental de la industria en la historia de Estados Unidos, la empresa anunció ganancias de más de 6 mil millones de dólares para el primer trimestre de 2010, más del doble de las ganancias obtenidas en el mismo período del año anterior.

La analista de la industria petrolera Antonia Juhasz advirtió: "BP es una de las empresas más poderosas que operan en Estados Unidos. Sus ingresos de 327 mil millones de dólares en 2009 son suficientes para clasificar a BP como la tercera empresa más grande del país. Gasta mucho dinero en influir en la política de Estados Unidos y en la supervisión del cumplimiento de las normas". El poder y la riqueza que detentan BP y otras gigantes petroleras no tienen prácticamente parangón en el mundo, y plantean una amenaza a las vidas de los trabajadores, al medio ambiente y a nuestras perspectivas de democracia.

Hace sesenta años, BP se llamaba Anglo-Iranian Oil Co. (AIOC, por sus siglas en inglés). Un gobierno iraní popular y progresista había pedido a la AIOC, un monopolio en su mayor parte de propiedad británica, que compartiera más de sus ganancias del petróleo iraní con el pueblo de Irán. La AIOC se negó, lo que provocó que Irán nacionalizara su industria petrolera. Esto no le cayó bien a Estados Unidos, por lo que la CIA organizó un golpe de Estado contra el Primer Ministro Mohammed Mossadegh. Luego de que fuera derrocado, la AIOC cambió su nombre a British Petroleum, recuperó gran parte de su monopolio y a los iraníes se les impuso la cruel dictadura del Shah de Irán, sembrando la semilla de la revolución iraní de 1979, la subsiguiente "crisis de los rehenes" y el conflicto político que atormenta a Irán hasta nuestros días.

En 2000, British Petroleum cambió su imagen y pasó a llamarse BP, adoptó un logo con flores verdes y amarillas y comenzó a asediar al público estadounidense con una campaña publicitaria que afirmaba que estaba avanzando "más allá del petróleo". Sin embargo, el crecimiento agresivo de BP, sus enormes ganancias y su historial en materia de desastres vinculados con el petróleo pintan un panorama muy diferente. En 2005, la refinería de BP de la ciudad de Texas explotó, dejando un saldo de 15 muertos y 170 heridos. En 2006, un oleoducto de BP en Alaska derramó 200.000 galones de crudo, provocando lo que la Agencia de Protección Ambiental denomina "el mayor derrame ocurrido en North Slope, [Alaska]". BP recibió una multa de 60 millones de dólares por ambos desastres. Luego, en 2009, la Administración de Seguridad y Salud Laboral (OSHA, por sus siglas en inglés) multó a BP por otros 87 millones de dólares por la explosión de la refinería. La Secretaria de Trabajo Hilda Solis dijo: "BP permitió que cientos de potenciales peligros continuaran sin ningún tipo de disminución…La seguridad laboral es más que una consigna. Es la ley". BP respondió impugnando formalmente todas las acusaciones de la OSHA.

El Presidente Barack Obama dijo sobre el derrame de petróleo en el Golfo de México: "BP es responsable de este derrame; BP pagará la cuenta". Riki Ott no está segua. Es toxicóloga marina y ex pescadora de Alaska, y fue una de las primeras personas en responder al desastre petrolero del Exxon Valdez en 1989. Exxon desplegó un ejército de abogados para demorar y revocar las demandas legales de la gente que resultó perjudicada física y/o financieramente por el derrame del Valdez. "La industria hace todo lo que puede para limitar su responsabilidad, BP va a pagar hasta donde la ley lo obliga. Estas grandes empresas ayudan a redactar nuestras leyes y ayudan a elegir a nuestros congresistas que aprueban esas leyes. Entonces, estamos como en un juego donde nos hacen trampa", me dijo.

El periódico Press-Register, de Mobile, Alabama informó que el Fiscal General de Alabama, Tory King, le dijo a BP que "dejara de hacer circular acuerdos extrajudiciales entre la población costera de Alabama". Aparentemente, BP le estaba pidiendo a los propietarios de botes pesqueros que buscaban trabajo en la mitigación del derrame que renunciaran al derecho de demandar a BP en el futuro. A pesar de la promesa del portavoz de BP de que las renuncias no serían utilizadas, el artículo afirmaba: "King dijo el domingo que aún le preocupaba que, al aceptar los acuerdos propuestos por BP de hasta 5.000 dólares, la gente perdiera su derecho a demandar".

Incluso aunque BP no engañe a las víctimas para que renuncien al derecho a demandar, la Ley de Contaminación con Petróleo de 1990, si bien exige a los contaminadores que paguen los costos reales de limpieza, pone un tope de 75 millones de dólares a la responsabilidad financiera adicional de un derrame. Teniendo en cuenta que millones de personas sufrirán el impacto del derrame mediante la pérdida de pesca y turismo, y por la cadena de impactos en las industrias vinculadas, 75 millones es una mísera suma.

Por este motivo el Senador Robert Menéndez, demócrata de Nueva Jersey, presentó un proyecto de ley para elevar el tope de la responsabilidad económica por daños y perjuicios a 10 mil millones de dólares, y denominó al proyecto de ley "Ley de Prevención del Rescate de las Grandes Petroleras". Riki Ott está de gira por Nueva Orleáns y la Costa del Golfo, educando a las personas acerca de los efectos tóxicos del derrame, y ayudándolas a prepararse para la larga batalla que tienen por delante para lograr que BP sea responsabilizada.

BP seguramente continuará con sus prácticas sucias y tratará de evitar ser responsabilizada a nivel judicial, en la prensa y en las playas manchadas de petróleo. BP: estate bien preparada. www.ecoportal.net

Denis Moynihan colaboró en la producción periodística de esta columna. Texto en inglés traducido por Mercedes Camps y Democracy Now! en español

El socialismo estadounidense para los ricos

by Joseph E. Stiglitz Joseph E. Stiglitz
Project Syndicate 21 de Junio de 2009

Aprovechando todas las referencias a los “brotes verdes” de la recuperación económica, los bancos estadounidense están intentando repeler las iniciativas emprendidas para regularlos. Si bien los políticos hablan de su compromiso con la reforma normativa para prevenir una recurrencia de la crisis, esta es un área donde lo importante realmente está en los detalles, y los bancos harán uso de toda la fuerza que les resta para asegurarse de tener un amplio margen de maniobra para seguir actuando como en el pasado.
El viejo sistema funcionaba bien para los bancos (si bien no para sus accionistas), así es que ¿por qué tendrían que apoyar el cambio? De hecho, las iniciativas por rescatarlos dedicaron tan poco esfuerzo a pensar en cómo ha de ser el tipo de sistema financiero post-crisis que queremos, que terminaremos teniendo un sistema bancario menos competitivo, en que los grandes bancos que eran demasiado grandes como para caer se volverán todavía más grandes.
Por largo tiempo se ha reconocido que los bancos estadounidenses que eran demasiado grandes como para caer también eran demasiado grandes como para poder ser administrados, y esa es una de las razones de que el desempeño de varios de ellos haya sido tan deslucido. Cuando fracasan, el gobierno diseña una reestructuración financiera y proporciona seguros para los depósitos, ganando voz y voto en su futuro. Las autoridades saben que, si esperan demasiado, es probable que los bancos zombie o casi zombies -con poco o ningún valor neto, pero a los que se trata como si fueran instituciones viables- "apostarán a la resurrección". Si hacen grandes apuestas y ganan, se irán con las ganancias; si pierden, el gobierno tendrá que hacerse cargo.
Esto no sólo es teoría; es una lección que aprendimos, a un gran coste, durante la crisis de las Cajas de Ahorro y Préstamos de los años 80. Cuando la máquina expendedora de dinero dice "fondos insuficientes", el gobierno no quiere que esto signifique que el banco, en lugar de la cuenta de la persona, está sin dinero, así es que interviene antes de que la bandeja se vacíe. En una reestructuración financiera, por lo general los accionistas quedan fuera de la mesa, y los tenedores de bonos se convierten en los nuevos accionistas. Algunas veces, el gobierno debe proporcionar fondos adicionales, o un nuevo inversionista debe estar dispuesto a hacerse cargo del banco fallido.
Sin embargo, la administración Obama ha introducido un nuevo concepto: “demasiado grande como para ser reestructurado financieramente”, bajo el argumento de que sería un desastre si intentáramos aplicar las reglas habituales a estos grandes bancos. Los mercados entrarían en pánico. Así es que no sólo no podemos tocar a los tenedores de bonos, sino que ni siquiera podemos afectar a los accionistas, incluso si el valor actual de la mayoría de las acciones no hace más que reflejar una apuesta sobre un rescate del gobierno.
Creo que este juicio es erróneo. Pienso que la administración Obama ha sucumbido a la presión política y al amedrentamiento de los grandes bancos. Como resultado, la administración ha confundido rescatar a los banqueros y sus accionistas con rescatar los bancos. La reestructuración da a los bancos la oportunidad de comenzar de nuevo: los nuevos potenciales inversionistas (ya sea tenedores de capital patrimonial o de instrumentos de deuda) tendrán más confianza, otros bancos estarán más dispuestos a prestarles, y ellos estarán más dispuestos a prestar a otros.
Los tenedores de bonos se beneficiarán de una reestructuración ordenada, y si el valor de los activos es realmente mayor a lo que cree el mercado (y los analistas externos), terminarán por cosechar las ganancias. No obstante, lo que está claro es que los costes actuales y futuros de la estrategia de Obama son muy altos, y que hasta ahora no han logrado su limitado objetivo de hacer que los bancos vuelvan a prestar. El contribuyente ha tenido que aportar miles de millones y ha dado miles de millones más en garantías, y lo más probable es que el momento de pagar la factura llegue en el futuro.
Reescribir las reglas de la economía de mercado –de un modo que ha beneficiado a quienes han causado tanto sufrimiento a toda la economía global- es peor que financieramente costoso. La mayoría de los estadounidenses lo ven como algo obscenamente injusto, en especial después de ver cómo los bancos desviaban los fondos destinados a resucitar la otorgación de préstamos y los usaban para pagar bonificaciones y dividendos exagerados. Quebrar el contrato social es algo que no se debe hacer a la ligera.
Sin embargo, este nuevo sucedáneo del capitalismo, en que las pérdidas se socializan y las utilidades se privatizan, está condenado al fracaso. Los incentivos se distorsionan y no hay disciplina de mercado. Los bancos “demasiado grandes como para ser reestructurados” saben que pueden apostar con impunidad y, con una Reserva Federal que pone los fondos a su disposición a tipos cercanos a cero, tienen amplios recursos para hacerlo.
Algunos han llamado a este nuevo régimen “socialismo con características estadounidenses”. No obstante, al socialismo le preocupan las personas comunes y corrientes, mientras que Estados Unidos ha dado poca ayuda a los millones de estadounidenses que están perdiendo sus casas. Los trabajadores que pierden sus empleos reciben sólo 39 semanas de beneficios de desempleo limitados, y después quedan a su suerte. Y, cuando pierden sus empleos, también pierden su seguro de salud.
Estados Unidos ha ampliado su red de seguridad para las corporaciones de maneras sin precedentes, desde los bancos comerciales a los bancos de inversión, luego a los seguros y tras ellos a la industria automotriz, sin que esté a la vista dónde se detendrá. En realidad, esto no es socialismo, sino la ampliación de una prolongada política de estado de bienestar para las corporaciones. Los ricos y los poderosos recurren al gobierno para que los ayude siempre que pueden, mientras que las personas en situación de necesidad reciben poca protección social.
Tenemos que fragmentar los bancos “demasiado grandes como para caer”; no hay evidencias de que estos mastodontes conlleven beneficios para la sociedad que sean proporcionales a los costos que han impuesto a los demás. Y, si no los dividimos, entonces tenemos que limitar severamente lo que hacen. No se les puede permitir hacer lo que hicieron en el pasado: apostar a cuenta de los demás.
Esto plantea otra pregunta acerca de los bancos "demasiado grandes como para caer" y “demasiado grandes como para reestructurarlos" de Estados Unidos: tienen demasiado poder político. Sus estrategias de influencia funcionaron bien, primero para desregular y después para hacer que los contribuyentes pagaran la limpieza. Ahora esperan que, una vez más, les funcione el truco para quedar libres de hacer lo que les plazca, independientemente de los riesgos para los contribuyentes y la economía. No podemos permitir que eso ocurra.

Joseph E. Stiglitz, profesor de Economía en la Universidad de Columbia, encabeza una Comisión de Expertos, nombrados por el Presidente de la Asamblea General de las Naciones Unidas, acerca de las reformas al sistema financiero y monetario internacional. En su libro Cómo hacer que funcione la globalización, publicado en 2006, se discute la creación de un nuevo sistema de moneda de reserva global.