Premier japonés, por un futuro sin energía nuclear

Greenpeace, julio 13, 2011

Hoy el primer ministro japonés Naoto Kan anunció que luchará por una sociedad que no dependa de la energía nuclear. Este pronunciamiento representa un gran paso para que el país, después de la crisis de Fukushima, avance hacia la adopción masiva de las energías renovables.

Tokio, Japón. Ahora, el parlamento de Japón tiene que responder a la valentía del primer ministro y aprobar la Ley de Fomento de Energías Renovables durante el actual periodo de sesiones. Por su parte, el gobierno de Japón debe retirar inmediatamente todos los planes para construir nuevos reactores y preparar un progresivo plan de eliminación de los existentes, especialmente aquellos en mayor riesgo ante nuevos desastres naturales
Después del anuncio de Alemania de dejar atrás la era de la energía nuclear, la declaración del primer ministro Kan nos recuerda nuevamente que esta energía es peligrosa, incontrolable e insostenible y que es una decisión inteligente aprovechar la energía renovable y aumentar la eficiencia energética. Alemania tiene actualmente 370 mil personas ya empleadas en la industria de las energías renovables, ahora Japón puede ser el próximo país en estimular el crecimiento de empleos verdes.
Greenpeace también dio la bienvenida a la decisión de Kuwait de renunciar a la generación de energía con fuentes nucleares, de acuerdo con el anuncio del primer ministro delegado y ministro de relaciones exteriores, Mohammad Al-Sabah.
La declaración del primer ministro se dio después de que en la última reunión semanal del gabinete, se asignaran nuevas tareas al Instituto de Investigación Cientifica de Kuwait (KISR) - antes realizadas por el Comite Nacional de Energía Nuclear de Kuwait (KNNEC por sus siglas en inglés) - como una oferta del gobierno para adoptar un acercamiento más cauteloso a la utilización de energía nuclear para propósitos de investigación y medicina.
Esta decisión valiente y sabia del gobierno de Kuwait es un importante precedente para un mayor desarrollo energético regional y también es un ejemplo para que otros estados del Golfo Pérsico eviten usar la energía nuclear ya que es sucia y peligrosa. Greenpeace insta a la región del Golfo Pérsico a hacer nuevas inversiones en energías renovables limpias, seguras y sostenibles, construidas con base en la cooperación regional sostenida y comprometida.
Los líderes mundiales deberían prestar atención al llamado del premier japonés y al anuncio de Kuwait para que podamos llegar a una sociedad libre de nucleares e impulsada por energía renovable y eficiencia energética. Las nucleares deben reducirse progresivamente y se debe dar prioridad a la seguridad pública.

Divorcio entre ambientalismo y política se vuelve insostenible

julio 4, 2011 9:44 pm Redaf

El desencuentro entre los tiempos de la política y los del ambiente constituye una de las amenazas al sistema democrático en el siglo XXI, afirman académicos.

Por Mario Osava

Tierramérica

BRASILIA, 27 jun (Tierramérica).- El ambientalismo gana legitimidad toda vez que la ciencia confirma sus advertencias y las catástrofes naturales se hacen más y más frecuentes. Pero, a la hora de las decisiones capitales, su debilidad política frustra a los ecologistas.

Esto acaba de confirmarse en la Cámara de Diputados de Brasil, donde una aplastante mayoría votó por flexibilizar el Código Forestal de 1965 de tal manera que puede acelerar la deforestación.

Fueron 410 votos a favor, apenas 63 en contra y una abstención, después de meses de intensa polémica sobre los riesgos de que se produzca una devastación amazónica, desastres ambientales y futuras pérdidas incluso para los agricultores ahora favorecidos por las reformas.

La coalición gobernante, que se dividió en Diputados, trata ahora de reducir los daños en el Senado, que debe pronunciarse sobre el proyecto en los próximos meses, pero es una tarea difícil ante la presión que ejerce el sector “ruralista” en el parlamento brasileño, fortalecido por el triunfo del 24 de mayo en la cámara baja.

La decisión de los legisladores va en contra de la opinión mayoritaria expresada en una encuesta que llevó a cabo el Instituto Datafolha, vinculado a un diario de São Paulo, por encargo de algunas organizaciones ambientalistas, y publicada el 10 de este mes.

De las 1.286 personas entrevistadas, 85 por ciento opinaron que proteger bosques y ríos es prioritario, incluso afectando la producción agrícola, y sólo 10 por ciento eligieron la alternativa opuesta, pese a que este país es una gran potencia agropecuaria.

Mayorías similares se oponen a propuestas aprobadas por diputados para amnistiar talas ilegales y eximir a los propietarios de tierras de la obligación de reforestar áreas de protección natural, y defienden el veto presidencial si el Senado ratifica el proyecto aprobado en la Cámara.

La brecha entre el sentimiento popular sobre las necesidades ambientales y las decisiones del poder político se repite a menudo, incluso en negociaciones internacionales sobre cambio climático, por ejemplo.

Entre las exigencias ambientales y los mecanismos de decisión política, al menos en democracia, se produce un “choque de temporalidades”, según Elimar Nascimento, director del Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Brasilia (UNB).

Mientras “la crisis ambiental requiere medidas de largo plazo” contra riesgos que pueden madurar en décadas, la política es de “reproducción inmediata”, reclama resultados rápidos para asegurar la reelección en pocos años, explicó Nascimento a Tierramérica.

Ese “desencuentro” entre los tiempos de la política y los del ambiente constituye una de las amenazas al sistema democrático, según académicos reunidos en la ciudad francesa de Poitiers, en el ámbito de la Universidad de Verano del Institut International de Recherche, Politique de Civilisation (Instituto Internacional de Investigación – Política de Civilización) donde discuten la provocativa cuestión de si “la democracia sobrevivirá al siglo XXI”, dijo Nascimento, participante del grupo.

Otros factores que actúan contra la democracia son el debilitamiento de la representatividad de partidos y gobiernos, la tendencia a la toma de decisiones públicas en círculos privados, el rechazo de algunos pueblos y culturas, especialmente en Asia y África, y la erosión de la política como fuente de cambios sociales, superada por innovaciones tecnológicas.

Hay esperanza, según el profesor de la UNB, en los movimientos que surgieron en los últimos meses en España, como el 15 de Mayo, y en los países árabes, que buscan “una nueva manera de hacer política”, recurriendo a Internet y a la comunicación en redes sociales.

Una salida para superar contradicciones como la desatada en Brasil entre agricultores y ambientalistas, es adoptar “mecanismos económicos” que favorezcan la valorización de los bosques y de otros recursos naturales, dijo a Tierramérica el ingeniero forestal y ex secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiental del norteño estado de Amazonas, Virgilio Viana.

El brasileño de origen rural cree que la vegetación nativa es “mato” (matorral), un obstáculo a la actividad productiva que se debe “limpiar”, y no reconoce que su presencia alrededor de las nacientes y de los ríos asegura el agua indispensable para la agricultura. Tampoco ve que los bosques mantienen a las abejas que polinizan los frutales y protegen las siembras de plagas, lamentó.

La remuneración de esos servicios ambientales a los agricultores que mantengan los bosques es, en su opinión, un poderoso instrumento para “cambiar el paradigma”. Esa es la cuestión central que debería incluirse en el debate actual, sostuvo Viana, superintendente general de la Fundación Amazonas Sustentable, creada precisamente para pagar “becas forestales” a los pobladores de áreas de conservación de Amazonas que ayuden a mantener sus selvas.

Al contrario de lo que creen la mayoría de los ecologistas, la legislación ambiental brasileña “es pésima”, porque se la viola en forma generalizada y porque se basa demasiado en castigos y control represivo, olvidando los estímulos, evaluó Viana, quien sin embargo rechaza la “amnistía” que aprobaron los diputados para quienes incurrieron en deforestación ilegal.

El Código Forestal fue adoptado en 1965 y sufrió alteraciones como la de 2001, que amplió la proporción de reserva legal ‒área de vegetación nativa que debe conservarse en cada predio rural‒ de 50 a 80 por ciento de la superficie de las propiedades situadas en la Amazonia legal, una delimitación que incluye los estados parcial o totalmente cubiertos por ese bioma.

Lo que quieren los agricultores es “seguridad jurídica”, una ley que no sea modificada frecuentemente por decretos y otras medidas que los han puesto a casi todos en la ilegalidad, reclamó el director ejecutivo de la Federación de Agricultura y Ganadería del Estado de Mato Grosso, Seneri Paludo, que congrega a los mayores productores de soja del país.

En su opinión, la reserva legal es “un error” brasileño, pues exige al propietario rural que cumpla una función pública equivalente a mantener parques nacionales. Para cumplir la ley, la agricultura debe expandirse hacia áreas cada vez más profundas de la Amazonia, ya que solo puede aprovechar 20 por ciento de cada predio, provocando más daños y alargando las carreteras, dijo Paludo a Tierramérica.

Las polémicas desnudan el conflicto entre los intereses económicos, especialmente de los propietarios rurales, y la creciente conciencia ambiental de la población. Pero en las decisiones parlamentarias prevalecen los intereses inmediatos.

Para la activista Adriana Ramos, del Instituto Socioambiental, esa distorsión solo se corregirá con una reforma política. El financiamiento público de las campañas electorales, los planes de metas y de otros compromisos que deben cumplirse, la presentación de cuentas y otras reglas éticas forzarían al parlamento y a los políticos a reflejar mejor los deseos del electorado, sostuvo.

Para organizaciones indígenas, reducción de carbono no puede ser tratada como negocio

Adital, 07.07.11 - Camila Maciel, Periodista de Adital

En comunicado divulgado hoy, la Coordinación Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) respalda las manifestaciones indígenas de rechazo a los mecanismos de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Ambiental (REDD), de las Naciones Unidas (ONU). "Los organismos internacionales y los gobiernos implementan falsas soluciones mediante la mercantilización de los bienes de la tierra”, señala el comunicado, refiriéndose a la compensación financiera ofrecida a los países que redujeren la emisión de carbono por deforestación, la cual deberá ser establecida por los mecanismos de REDD.

Los pueblos indígenas no están de acuerdo en que la conversión del carbono sea tratada como un bien negociable. Ellos critican el hecho de que el sistema financiero internacional, principalmente el Banco Mundial, ponga en práctica el "mercado del carbono” y, por otro lado "siguen financiando actividades extractivas que dañan a la ‘Madre Naturaleza', como las empresas mineras y la industria de los hidrocarburos”.

En este comunicado, la CAOI respalda la posición de la Conferencia de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), la que critica la forma como el mecanismo funciona, suprimiendo la responsabilidad de los países desarrollados, sin exigirles una postura proactiva en la reducción de la emisión de carbono. "Con los mecanismos REDD se intenta convertir a los pueblos indígenas en guardabosques”, evalúan.

Los indígenas reclaman a los países ricos, "responsables por la crisis climática” una posición clara para la reducción de los daños producidos por las transformaciones climáticas. En ese sentido, exigen la adhesión al Protocolo de Kioto, el cual finaliza su primera fase en 2012. China, India y Estados Unidos siguen sin aceptar este protocolo. Como un agravante del caso, ellos mencionan la intención de financiar los proyectos REDD con fondos privados.

El rechazo a los mecanismos REDD, fue inclusive, presentado al secretario general de la ONU, Ban Ki-Moon, por medio de una carta en que evalúan que esos mecanismos "no modifican la desigualdad en la contaminación y el consumo desmedido del capitalismo industrial”. Ellos señalan que ese modelo está basado en una lógica mercantilista y que la defensa de la naturaleza y la lucha contra el climático no puede lograr cambios, con ese modelo.

Como una forma de mitigar el efecto estufa, los pueblos indígenas solamente creen en una política nacional e internacional que respete "los derechos de los pueblos sobres sus territorios, favorezca la agricultura campesina y detenga la expansión de las fronteras petroleras”, expresa la carta dirigida a Ban Ki-Moon.

La carta a la ONU, pide también, la realización de programas de adaptación a los países desarrollados, que contengan la reducción del 50% del consumo de combustibles fósiles. La disminución del número de automóviles es indicada como una alternativa. "Sólo con medidas reales y concretas que ataquen las causas, podremos enfrentar la crisis climática, no trasladando falsas soluciones a quienes no hemos provocado el calentamiento global”, señala el documento.

Traducción: Ricardo Zúniga

Por qué ya nadie quiere ser "Campeón de la Tierra"

por Victor M. Toledo* — Última modificación May 28, 2011 04:58 AM

El presidente mexicano Felipe Calderón fue ganador del premio internacional "Campeones de la Tierra" del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) en la edición 2011, que busca los mejores talentos para promoverlos como ejemplos de innovadoras soluciones a los problemas ambientales; sin embargo, el galardón al Presidente podría esconder otras razones totalmente opuestas.

Cuestionamientos sobre las razones del premio "Campeones de la Tierra" del PNUMA al presidente Calderón. Foto vía presidencia.gob.mx

En la noche fresca del 10 de mayo de 2011, el discurso de Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), fue sin duda contundente. No era para menos. El escenario era el célebre Museo de Historia Natural de Nueva York, convertido en salón de gala. Ahí el glamour se derramaba como aroma de chocolate derretido sobre la selecta concurrencia.

Y ahí Steiner dijo “…los ganadores del premio los ‘Campeones de la Tierra’ son inspirados ejemplos de personas que venidas de todos los rumbos de la vida nos traen grandiosas e innovadoras soluciones a los problemas ambientales”.

Un vocero del PNUMA, amigo de la niñez de quien esto escribe y quien pidió mantener en secreto su identidad, logró revelar con bastante discreción las seis razones por las cuales el Presidente de México fue elegido como uno de los ganadores del premio internacional del Global Green Future.

Veamos cuáles fueron las grandiosas e innovadoras soluciones del mandatario azteca:

• Uno. Por su persistente apoyo a las grandes compañías hoteleras de lujo y a los granjeros del camarón, quienes han logrado severos impactos a los ecosistemas costeros de México, borrando de las costas del país 75 por ciento de los manglares a un ritmo inusitado. Los manglares son la frágil vegetación que protege las costas de la erosión, que sirve de hábitat a numerosas especies de fauna acuática y amortigua los efectos del cambio climático, como los oleajes y el aumento del nivel del mar. Estos procesos alcanzan su máxima expresión en los megaproyectos turísticos de Baja California (como Villas de Bahía de Loreto, la Escalera Naútica o Cabo Cortés) y de la Riviera Maya (como Monarch Cancún o Mayacoba). Este impulso depredador fue coronado, ¡oh himno a la desesperanza!, por un hecho inolvidable: la sesión central de la Cumbre de Cancún, en diciembre de 2010, fue realizada en un majestuoso hotel que, violando la ley ambiental, fue construido sobre una zona original de manglares protegidos.
• Dos. Por haber ignorado los daños ambientales y sociales de la minería a cielo abierto, hoy convertida en la industria más contaminante del país. Las emisiones tóxicas de la minería constituyen 69 por ciento del total, principalmente plomo, ácido sulfhídrico, cadmio, cromo, níquel y, especialmente, cianuro (CCA, 2009). Manteniendo y acrecentando una política de los gobiernos anteriores, logró que las concesiones mineras alcanzaran una superficie de más de 50 millones de hectáreas (la cuarta parte del territorio de México), generalmente de predios campesinos e indígenas, donde unas 200 empresas extraen miles de toneladas de oro, plata y cobre con métodos obsoletos, sin pagar impuestos y provocando severos conflictos con las comunidades y las poblaciones locales en Baja California, Chihuahua, SLP, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Se trata de empresas nacionales y extranjeras, principalmente canadienses, como Gold Corp, First Majestic, Minefinders, Sempra, Vista Gold, Grupo México, Fresnillo y Peñoles, Blackfire, Brigus Gold, Newgold, Frisco, Hoschild Mining…
• Tres. Por la posición tibia, tramposa y titubeante del gobierno en la estrategia energética, pues no plantea con claridad el cambio hacia las energías renovables, las cuales confunde con las energías limpias, dentro de las cuales incluye las hidroeléctricas, nuevas formas de uso del carbón y, qué sorpresa, la nuclear, a la que considera una alternativa limpia, segura, confiable y competitiva. México es uno de los países del Grupo de los 20 que menos invierte en energías renovables, no obstante que se estima que el petróleo se acabará en el país en unos 10 años (2021).
• Cuatro. Por la complicidad, velada o abierta, en todos los niveles de su gobierno con la empresa Monsanto y otras compañías productoras de alimentos transgénicos, al inducir, permitir o ignorar la siembra experimental de maíz genéticamente modificado, no obstante que estudios nacionales e internacionales han recomendado la total moratoria del maíz transgénico, en virtud de haber quedado demostrado que todo el territorio de México es centro de origen de este alimento. Dado lo anterior se han detectado ya 18 sitios del país donde se ha comprobado contaminación genética de variedades nativas del grano.
• Cinco. Porque su gobierno ha impulsado innumerables proyectos, urbanos e industriales, tales como nuevas vías y megaproyectos inmobiliarios, que han desviado, afectado o contaminado las fuentes y cuerpos de agua, lo que ha motivado que varias organizaciones sociales preparen una demanda contra el gobierno de México en el Tribunal Latinoamericano del Agua.
• Seis. Y, finalmente, por haber inducido la aparición de miles de afectados ambientales, tales como los desplazados por las presas, los dañados por la minería o por la contaminación urbana, industrial o agroindustrial (como las granjas de puercos). Entre los afectados deben incluirse casi una decena de dirigentes, defensores y líderes ambientalistas y conservacionistas asesinados: Francisco Quiñones (Jalisco), por su lucha contra la minera Peña Colorada; Aldo Zamora (Edomex), por defender las Lagunas de Zempoala; Dante Valdez (Chihuahua), maestro que denunció a la minera Minefinders; Fernando Mayén (Edomex), por su oposición al relleno sanitario de Jilotzingo; Mariano Barca (Chiapas), opositor a la minera Blackfire; Rubén Santana y su hijo (Guerrero), defensores de los bosques; Miguel Pérez Cazales (Morelos), conservacionista, y Javier Torres (Guerrero), campesino ecologista.

Se dice, pero no puede comprobarse, que un motivo oculto que inclinó la balanza hacia el mandatario mexicano, además de los seis elementos anteriores, fue una pasión común del director del PNUMA y el presidente de México: ambos son fanáticos y admiradores de Jack Bauer, el popular héroe de la televisión estadunidense, un sanguinario y despiadado agente antiterrorista, cuya crueldad fascinó a tal punto a la sociedad estadunidense que su programa se convirtió en el de máxima audiencia.

Sea lo que fuere, hoy comienzan a llegar al sitio web del PNUMA decenas de cartas de candidatos potenciales al premio, quienes prefieren abstenerse. Sus razones tendrán.

vtoledo@oikos.unam.mx

Vía La Jornada

The global market for forest carbon is not going to establish itself anytime soon

Interview with Andy White, Coordinator of the Rights and Resources Initiative, Washington DC, by email. Chris Lang / REDD Monitor

REDD-Monitor: Please describe the organisation Rights and Resources Initiative and the role RRI plays in the REDD debate.

Andy White: RRI is a global coalition of organizations working to encourage forest land tenure and policy reforms and the transformation of the forest economy so that business reflects local development agendas and supports local livelihoods. We work at the country, regional and global levels, collaborating on research, advocacy and convening strategic actors. Our 120 plus Partner and Collaborator organizations are now directly engaged in land and forest policy reforms in close to 20 countries, including the review and design of REDD initiatives in 10 of them. We have a secretariat in Washington DC that leads the global-level analysis and advocacy, catalyzes new strategic collaboration and advisory groups, as well as coordinates the Initiative.

REDD-Monitor: Many observers declared the REDD text that was agreed in Cancun as a success, or at least a step in the right direction. What is your opinion of the agreement on REDD that came out of Cancun?

Andy White: The opinion across the RRI Partnership is mixed. We are a diverse coalition and our common denominator is that we are all convinced that local land rights and livelihoods deserve respect and that REDD and other conservation initiatives won’t work unless they are respected. We’re all definitely committed to the goal of reducing emissions from deforestation and degradation, and achieving that goal in a manner that strengthens rights and governance. My own opinion on what happened in Cancun, and I think the majority view, is that the REDD text was major step in the right direction, but that its importance and chance for success were undermined by the lack of an overall agreement. On the other hand, there’s an argument out there that says that without a global treaty and without a global market REDD now has the breathing room to “get it right” – if it addresses the tenure and governance issues necessary, and governments stop encouraging deforestation with policies and subsidies.

REDD-Monitor: In a recent article in Nature magazine you wrote that, “the ensuing experience [i.e. since Cancun] has convinced me that it is time from some mid-course corrections” on REDD. Please explain what experience you are referring to and the sort of corrections you are suggesting.

Andy White: REDD is now 3-5 years old, depending on how you count, and I am sure that all involved have learned a lot over this time. Norway is convening a meeting in late June, the “REDD-Exchange” to take stock and share views on lessons and directions forward – a very timely and welcome exercise. My own sense is that there are at least four major areas of learning and “mid-course correction” – not in order of importance.

The first is that there’s greater recognition that governments, and their industrial logging and agricultural policies, are the greatest cause and instigator of deforestation, and that the original, limited thinking around opportunity costs distracted REDD designers from a realistic sense of who makes these decisions and what it will take for them to change their mind. REDD was misguided by McKinsey’s cost curves and we’re still extracting ourselves from that trap. This lesson leads to much more attention to changing government policy, and recognizing that REDD must deal with politically-embedded vested interests – far more difficult than paying a landowner to keep trees.

The second is the growing awareness of what it takes to actually achieve forest conservation and encourage forest restoration. Brazil and other countries in Latin America have made very clear the effectiveness of conservation by Indigenous Peoples and other forest communities and the key role their tenure reforms have had – not only in bringing some justice to the forests, but providing a relatively inexpensive way to prevent a lot of emissions. Mexico’s public payment system for the ecological services produced by communities, along with their financial and technical support for community forestry is demonstrating how government programs can encourage communities to keep their forests and make money from them. At the same time, there’s growing evidence from around the world of governments actually encouraging restoration, long before REDD was created – either with subsidies or tenure reform – which give forest owners incentives to plant. Global demand for wood, fibre, and NTFPs are growing, so unless production is increased outside of natural forests the pressure for conversion will remain great, and so will leakage. REDD won’t work if protection in one place enables harvesting in another. We’ve got to grow the total stock of forests and global biomass to meet both our ecological and market demands.

The third is that the global market for forest carbon is not going to establish itself anytime soon, and perhaps never will. This was the “big idea” that would bring in the private money to make REDD work at a global scale. It has collapsed both because of the lack of demand (without globally significant caps – from either the US or Cancun – there’ll be no globally significant trade) and because, as the Munden report makes clear, there is just too much uncertainty around the commodity itself for the market to take it seriously. All this means that there is clearly more action needed in the short and near term to help establish and finance public payment schemes and national-level funds. The upshot is that national REDD strategies should not be oriented to setting up the scientific and institutional infrastructure for carbon counting and trading – not investing nearly so much in the MRV systems and carbon-focused market machinery. Rather they need to be analyzing and dealing with their drivers of deforestation, investing in tenure and governance reforms, and helping governments set up the national payment schemes to get money to communities for conservation and restoration. This too costs money, and is far from fully funded.

Fourth, the booming global demand for food, bioenergy, and fibre, and the ensuing land-grab, has reminded us that REDD is a relatively small fish in a big, and dangerous pond, and for REDD to work it’s got to very cleverly leverage change in those larger sectors. The notion that REDD will make “forests worth more alive than dead” is wishful thinking in most cases, and worse, builds upon the misguided notion that money and finance is the solution, and that policy measures will not work and should not even be considered. The value of forest land and the prices of all of the other commodities that forest lands can produce keeps going up – and with increasingly scarce land and water available there’s no indication that this trend will end soon. To decrease emissions in forests we need to address the agricultural drivers, and that again comes down to government policy – since it is still governments that claim ownership over most of the forests that are being cleared and degraded. It’s not likely that REDD can compete on the open market – so again, unless the forest owners want to keep forests, and unless the governments want to help them do that with supportive regulations – then REDD won’t work.

The tragedy in all of this is that underneath all of these complicated arguments, sophisticated plans and complex international arrangements – the early evidence from the REDD strategies being developed around the world is that the most obvious and perhaps cheapest ways to reduce emissions (the goal of REDD programs) are usually either overlooked or discarded. And that is – no surprise coming from me – suspending the industrial concessions for logging and conversion for agriculture and launching the tenure and governance reforms that will put forests into the hands of people who really own them and most often want to keep them forested. It’s doubly disappointing that the tenure reforms are also required for attracting private investment deemed necessary to achieve REDD at scale and running public payment schemes – so unless the reforms happen even those options won’t become available to us in the future. All this said, it’s critical to keep in mind that there are exceptions to this general picture – Brazil and Mexico for example have made great gains in securing tenure and have the institutional bases for protection, sustainable use and investment.

Overall, we’ve learned that REDD isn’t quick, easy, or cheap, as it’s conventionally conceived at least – but that doesn’t mean it’s bad, or finished. It has generated more consultation and understanding than has probably ever happened in the forest sector and a much stronger role by Indigenous Peoples and other communities in shaping forest policy at the country and global level than ever before. Of course there’s also been abuse by unscrupulous carbon sharks, and opportunistic profiteering by some private firms, and that’s likely to continue, but the possibility for great, and positive, impact remains – if we jointly review the experience and make some mid-course corrections. I am looking forward to learning the opinions and lessons from others at the upcoming meeting in Oslo.

REDD-Monitor: What is RRI’s position on carbon trading and the carbon markets?

Andy White: We don’t have a position as a Coalition. Some of our members are more positive than others. All recognize the risks and agree that it’s got to work for communities to be effective and that tenure reform is essential to its success.

REDD-Monitor: The recent report by the Munden Project highlights serious problems that are emerging with establishing carbon markets to trade REDD credits or forest carbon offsets, such as lack of clearly defined property rights, asymmetry of information, large transaction costs and the difficulties of measuring how much carbon is stored in forests. Given these problems why do you think so many organisations continue to promote carbon markets as a way of financing REDD?

Andy White: The carbon market is a seductively simple mechanism that promised to solve lots of big, complicated problems, and do so in a way that would bring “wins” to the North, who were looking for a cheap way out, and “wins” to the South, who were looking for investments. It’s attractiveness and durability is in part due to its elegance: saving, or making, money for everyone while reducing emissions in a quantifiable manner, but also, in part because an entire industry has grown up around it now, high-tech CO2 measurement, private consultancies and conservation NGOs who now have a vested interest in making it work.

REDD-Monitor: In your article in Nature magazine, you state that, “national and international data show that deforestation is declining,” and that “South Korea, China, Vietnam and Nepal have increased their forests in recent years.” These figures are based on the forest statistics produced by the UN Food and Agriculture Organisation, which has for decades produced unreliable statistics that fail to differentiate between forests and industrial tree plantations. While the situation is somewhat different in each country, in China the increase in the area of plantations (including a small, but unknown, area of genetically modified trees) explains why the FAO’s figures show an increase in forest area. Certainly China needs to find a way of supplying wood raw material, but that does not make these plantations into forests.

Andy White: This is a good point. I certainly agree that plantations and natural forests are not the same and that the FAO statistics are weak for many, if not most, countries. And it is certainly true that many countries protect their forests and import their wood from other countries, driving deforestation; China and Vietnam are great examples of this (and another example of the global leakage problem for REDD). But these issues do not diminish the overall point – that there are many governments that have decided to protect their forests, or plant trees (which sequesters more carbon, and is likely to be better than a field of soy) before REDD was ever conceived.

REDD-Monitor: In your concluding paragraph, in the Nature article, you introduce a new acronym: GREEN – Growing Restoration, Employment and Energy, Now. You explain in the article that there are more than 1 billion hectares of degraded forest – that “if restored, could produce more food, wood and bioenergy.” This sounds interesting, but I think this statement raises at least two concerns.

First, is the word “degraded”. How is degraded forest defined and by whom? Villagers’ community forest may well be described as degraded – for example by a pulp and paper company looking to convert the land to eucalyptus plantations as Oji Paper has done in Laos.

Andy White: That’s a good question, and this is an area where civil society and the whole REDD machinery should be putting more attention. The current debate underway in Indonesia on this very issue is a good example of the major implications of different definitions. We need to work on these definitions and develop new standards. These “degraded” areas are already under increasing pressure (as your Oji example illustrates) from industrial investors, when the first task should be to straighten out the property rights and establish FPIC as a required standard for all investments so that local people’s rights are respected and they can make choices that fit their needs and desires.

REDD-Monitor: Second, bioenergy can mean a range of things, from villagers growing their own fuelwood to tens of thousands of hectares of industrial tree plantations to feed large scale wood chip power plants in Europe. Could you please explain further what you mean here?

Andy White: Yes, bioenergy does have this range of definitions. All of these could be legitimate land uses – but it all depends if the particular use is consistent with local land use rights and preferences, and then of course ecological conditions. The world is going to need a lot more energy, even if we conserve and promote other renewable aggressively, and all things equal I’d prefer biomass over nuclear – for risk, cost and ecological reasons. There are also about 1.5 billion rural people without electricity and biomass-based generation might be a good solution for them: bringing not only electricity to their homes but also possibly jobs and additional incentives to plant and keep trees. So bioenergy will remain part of the answer in some places and we shouldn’t deny local people this opportunity when it makes sense. For me it comes back down to respecting local land rights, FPIC, and standards.

REDD-Monitor: An article in Science magazine in March 2011 highlights research by the International Forestry Resources and Institutions (IFRI) Research Program, that shows that when forest users have a formal right to participate in making rules over the management and use of the forest, there is more likelihood that the forest will provide higher livelihood benefits and have higher levels of biodiversity. This seems to support RRI’s position on REDD. Could you please explain why focusing on the rights of communities to manage their own natural resources is so important for REDD.

Andy White: I addressed this earlier, but let me put it a bit differently here. I think that reforming the public domain (lands claimed by governments) is essential in most developing countries – in the agriculture areas, if not already done, and in collectively-owned and managed forest, dryland and wetland areas. Recognizing and strengthening these collective property rights is essential to advance resource governance and democratic development – and is also necessary to avoid major conflict, continued social exclusion, etc. This goes far beyond REDD and is not just limited to “communities” and their interests. Of course, we believe in the primacy of human dignity and rights – and for these reasons we see recognizing Indigenous Peoples’ and other local community property and civil rights as a necessary first step in this larger development project.

Devastación de flora y fauna en Coahuila, por incendios evitables

La Jornada, Domingo 15 de mayo de 2011, p. 2

Negligencia en los bosques

Las autoridades desatendieron las alertas emitidas antes del siniestro, afirma experta

Ahora ya llegaron los biólogos, pues saben que habrá dinero por estudiar el tema, dice

La bióloga Diana Crider lamenta la pérdida de cientos de ososFoto Sanjuana Martínez

Sanjuana Martínez, Especial para La Jornada

San Antonio, Tex. El escenario ecológico por los incendios ocurridos en Coahuila habla de devastación: 250 mil hectáreas dañadas en un mes. Y el análisis a cargo de la bióloga Diana Doan Crider es demoledor: Se ha perdido una gran reserva natural para Texas y México, tardaremos muchos años en recuperarla. Y todo por la falta de coordinación de las autoridades.

Diana, investigadora del Departamento de Gestión y Ciencia del Ecosistema de la Universidad de Texas A&M, lleva 25 años trabajando en la Serranía del Burro en Coahuila, un corredor ecológico de cordilleras inferiores paralelas a la Sierra Madre Oriental, que ha quedado arrasado por el fuego afectando irremediablemente la flora y la fauna silvestre de la zona, que incluye una de las mayores poblaciones de osos de Norteamérica.

El balance es desolador: Perdimos la mayoría de los oseznos de este año. Estamos hablando de cientos y cientos de osos. Era la temporada de hibernación. El fuego quemó las madrigueras y las crías estaban muy pequeñas para escapar.

Diana no puede evitar emocionarse. Dice que está de luto. Ha dedicado su vida al estudio del oso negro mexicano y es una pionera mundial en su defensa: Era la mayor fábrica de osos. Un paraíso para ellos. Ahora... ¿qué vamos a hacer?

Su computadora contiene cientos de mapas y fotografías del desastre natural. Fueron decenas de llamadas a autoridades mexicanas, tocó infinidad de puertas, gritó, suplicó, lloró. Nadie le hizo caso. Aunque al final su tenacidad logró disminuir el nivel de la catástrofe. Está sentada en su escritorio con semblante triste e intenta reconstruir las causas del incendio exterminador y las razones por las cuales no fue previsto, ni atendido debidamente por la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Las autoridades escucharon los llamados de auxilio 15 días después de que inició el fuego.

Al otro lado de la frontera, en Monterrey, David Garza Lagüera, uno de los ganaderos más afectados –12 mil hectáreas quemadas–, no puede evitar exponer su enfado y su decepción contra el Estado por el siniestro en donde perdió incluso su casa: “El incendio tenía 15 días cuando llegaron las primeras autoridades. La gente que llegó estuvo tres horas y dijo: ‘esto ya está controlado. Ya nos vamos. Si nos necesitan, luego regresamos’. Es tan trágico lo que te cuento que los fui a llevar personalmente y cuando regresaba el incendio empezó a brincar por donde me dijeron: ‘No se apure ya está bajo control’. Yo les decía no se vayan, se van a quemar otras 50 mil hectáreas. Al final son 250 mil hectáreas arrasadas”, dice en entrevista con La Jornada.

Garza Lagüera es miembro de una de las dinastías empresariales más importantes de México, hijo de Eugenio Garza Sada, es presidente de Madisa y del grupo Delta que aglutina a empresas dedicadas a diversas áreas de la economía nacional: Diana Crider hizo más desde Estados Unidos que nuestras autoridades. Me tocó perder todo, hasta la casa; y por cosas tan absurdas como la falta de actuación.

Anuncios de alerta

México sufre actualmente 64 incendios diarios, según datos de la Conafor. En los pasados cuatro meses se han quemado 361 mil 170 hectáreas en los estados de Coahuila, Durango, Chihuahua, Quintana Roo, Oaxaca, Puebla y Guerrero. El año pasado en la Serranía del Burro cayeron 60 pulgadas de agua con el huracán Álex. Después el pasto y las arboledas secas fueron el combustible más efectivo para los incendios.

Pero Diana Crider, estudiosa de las supercélulas, una especie de inmensas tormentas en rotación, vio venir el desastre cuando cayó el primer relámpago en la Sierra del Burro, que es un lugar especial generador de supercélulas y de corrientes de aire capaces de crear tornados y tormentas de granizo por arte de magia.

Era 26 de marzo y acudió al rancho de Garza Lagüera para estudiar una enfermedad que estaba atacando a los encinos, la acompañó un experto de árboles, otro en incendios y su colaborador Alejandro Lozano, de la Universidad Agraria Antonio Narro: “Ya estaban dando los anuncios de la alerta de posibles incendios. Todo mundo estaba nervioso. Usan modelos o protocolos para predecir el nivel de combustible y el clima. Y puede decirles ‘tengan cuidado, porque esto es una caja de cerillos”’.

Incluso recuerda que la NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration), interesada siempre en las corrientes de aire y cambios climatológicos generados en la Serranía del Burro que viajan hasta Texas, le llamó para constatar si la supercélula era realmente un banco de nubes. No, les contesté, es una quemazón. Y añade: Yo ya estaba golpeando las puertas en México para alertar.

El incendio empezó en un lugar donde no había ganado: Todos sabían lo que se aproximaba. El problema fue que al momento de avisar al mundo que se está cayendo el cielo nadie te hace caso. Ellos (autoridades mexicanas) pensaban que exagerábamos. Los únicos que nos dieron mucha atención fue el gobierno de Coahuila, pero cuando pudimos llegar al punto para pedir auxilio aéreo, un punto inaccesible cuya única manera de llegar era combatirlo con apoyo aéreo; ya estaba fuera de control.

El incendio avanzaba. Llevaba 20 días sin ser combatido. Finalmente accedieron a contratar un avión 747 de Estados Unidos capaz de dejar una línea de 3 kilómetros de retardante, un polvo hecho de almidón y fertilizante utilizado para apagar incendios: “Hubo mucha confusión entre el idioma y agencias. Mucha burocracia para empezar a actuar. Cada cosa que hacíamos era equivocada y tenía que hacerse de otra manera y no había comunicación. Me sorprendió ver que no tenían un protocolo. Nos quedamos tan frustrados. Empezamos a hacer los gritaderos: Se nos está quemando la casa, alguien haga algo por favor. Al final, el gobierno federal declaró estado de emergencia hasta el 9 de abril. Ya para entonces era demasiado tarde”.

La confusión y el caos se apoderaron del entorno: Había mucha gente volando en el área. Y pensábamos, por favor, bajen y agarren una pala. Necesitamos solidaridad, pero 20 días después, de nada sirvió. Les falló el sistema. Ni siquiera tenían las mismas frecuencias de radio: la policía, la Conafor, los militares... entonces ¿cómo iban a solucionar el incendio?... Quiero que entiendan el dolor. El Estado abandonó a los ganaderos y a los habitantes del lugar durante los incendios, nadie los escuchó. Gritaron que se estaban quemando sus ranchos, sus vidas y un tesoro natural de México. No había otro lugar con fauna y flora tan rica y tan cuidada.

Tesoro perdido

David Garza Lagüera convirtió su rancho de 14 mil hectáreas en un parque nacional. Lleva 35 años cuidando la zona con esmero, dedicación y una auténtica vocación ecológica. Él y una veintena más de ganaderos contrataron hace años a Diana Crider y su equipo para lograr la conservación del lugar.

Se siente muy afligido: Es una barbaridad. Estoy triste al ver la falta de responsabilidad de las autoridades por no atender los problemas cuando se presentan y posteriormente quieren reparar lo sucedido. Son ciclos de la naturaleza. La naturaleza tiene cientos y miles de años y nuestro tiempo es muy breve. Tenemos que hacer lo que nos corresponde en eso: cuidar, proteger, promover; teniendo agua para la fauna y la flora y disfrutándolo como un parque nacional y dejarlo para las nuevas generaciones.

Explica que los pinos grandes tenían más de 150 años, por eso se negó a retirarlos de alrededor de la casa para protegerla del fuego: Se me quemó un bulldozer al ayudar a los vecinos. Otra maquina la mandé traer desde Chihuahua. Hubiera raspado alrededor de la casa y ya, tumbando toda la arboleda que tenía, pero me dije: ¿cómo lo voy a hacer?... Se quemó todo. Lo que quedó de las 14 mil hectáreas es prácticamente nada.

Vivió en el lugar la angustia de ver avanzar las llamas sin que llegara la ayuda. Veinte días después la Conafor por fin tocó a su puerta: Las gentes llegaron exigiendo comer porque eran las once de la mañana y no habían desayunado. ¡Pónganse a apagar la lumbre, no a comer!... Yo no estaba y la señora les preparó algo. Estaban comiendo cuando empezó a llegar la lumbre. Y ya no la pudieron apagar. Se vino muy cerca. Y no la detuvieron en las barreras que habíamos puesto, porque andaban en el atarugue. Sin prioridades.

Los aviones y helicópteros acudieron a atender zonas de gente relacionada con el gobierno: Andaban ayudando a los compadres y amigos. Las pocas gentes del Estado que vinieron atendieron a quienes les convenía atender: al compadre, al amigo; en lugar de pensar que su obligación era proteger la naturaleza. Son chorros de ranchos afectados, si te digo 20 son pocos, hubo gente que perdió todo. Hay mucha irresponsabilidad. Todo es después. No es mi problema, sino del otro.

Dice que el siniestro no le sirve ahora más que para reflexionar y aprender para que no vuelva a suceder: “Si me hubieran dicho ‘no te voy a ayudar’, yo hubiera actuado desde el primer día. Yo les decía: ‘es que se tiene que declarar una emergencia nacional’. Si no no se puede actuar, por amor de Dios, hay que prever en lugar de remediar. Y nunca se dio. Estuvieron mandando unos aviones. Nuevamente 15 horas tarde. Es como el paciente en cuidados intensivos: no te puedo dar oxígeno porque estoy ocupado, pero luego te doy para tu sepelio. ¡Por favor!

–¿Piensa hacer algo contra las autoridades?

–No, a qué conduce. ¿A exhibirlos? Están más que exhibidos por sí mismos. Es pura irresponsabilidad social, egocentrismo. Hay que crear conciencia como ciudadanos de la responsabilidad que tienen y si no la cumplen, hay que exigirles a través del voto”.

La zona está en crisis. Murieron miles de animales y los que sobrevivieron no tienen alimento: Ahorita estamos llevando alimento, pasto para ellos. Ya repusimos 11 kilómetros de tubería para rehacer todos los sistemas de agua para la fauna silvestre. El desastre es muy grande, dice.

Diana Crider maneja la situación con especialistas desde Texas y viajando a los ranchos de Coahuila: Los animales, con las patitas quemadas, andan buscando agua. Necesitan tomar cada ocho horas. Es la urgencia. No tienen qué comer. Los zopilotes se llevaron todo. Ya no queda nada.

Será un verano duro para todos y monitorea el escenario: Te queda la sensación de que fue algo que se pudo evitar. Está la cosa muy caliente, emocional. Los ganaderos se sienten muy engañados por su propio gobierno porque no les hicieron caso. Y nosotros no tenemos la menor idea del impacto real de lo sucedido. Iré en junio. Ahorita no puedo volver porque estoy de luto. Me muero de tristeza.

El Estado ha reaccionado tarde. Ante el desastre ahora piensa en la restauración y ha convocado a grupos y universidades para los estudios, sin tomar en cuenta a ganaderos y rancheros de la zona que ya se movilizaron por su cuenta para contratar sus propios especialistas. Diana Crider se emociona y repite: Flores en vida, en vida, hermano. Ahora están llegando todos los biólogos con sus plumas. No llegaron con palas, ahora sólo quieren hacer sus estudios porque saben que allí va a haber mucho dinero para estudiar el tema. Es como si se muriera tu papá y llegaran para hacerle la autopsia y no antes, para salvarlo. ¿Eso de qué sirve?

Cash alone will not slow forest carbon emissions

17 MARCH 2011 | VOL 471 | NATURE | 267

To succeed, the REDD initiative needs a dose of ‘GREEN’ to restore degraded forests and help boost economic development, argues Andy White.

For more than three years, the world has been trying to implement a practical way to tackle greenhouse-gas emissions from forests. Known as Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD), the initiative was launched at the United Nations Climate Change Conference in Bali in 2007 with great hope and no small measure of hype. Progress on REDD was hailed as a major success at the UN climate talks in Cancún, Mexico, late last year.

The ensuing experience has convinced me that it is time for some mid-course corrections. What’s more, a host of new studies shows that REDD will fail unless governments give higher priority to restoring degraded forests and promoting community conservation and enterprises in forest areas.

The goal of REDD was to reduce emissions from deforestation and forest degradation, recognized in 2007 as some 20% of global carbon emissions. It was boosted by the Stern Review of the Economics of Climate Change, which stated in 2006 that curbing deforestation would be both cheap and fast compared with other options to reduce emissions. By 2008, governments agreed that more than US$20 billion a year would be needed to convince forest owners in developing countries to leave their trees standing. REDD quickly focused on luring private capital and setting up carbon markets, and drew the support of industries in developed countries that were keen to offset emissions. Developed countries earmarked $4.5 billion to help governments in developing countries to prepare to trade forest carbon.

The carbon market has proved more difficult and expensive to develop than many expected. Property rights in rural and forested areas of many developing countries are unclear and contested, and there is little agreement on who owns the land, much less on who owns the forest or the carbon. Serious scientific challenges hamper efforts to measure carbon and monitor changes in land use. And a new study by the US-based Munden Project, which specializes in designing commodity markets, shows that a global forest carbon market could easily be manipulated and would not reduce deforestation.

Yet as the world struggles to develop REDD, national and international data show that deforestation is declining. Recently released UN figures show that, from 1990 to 2010, the net forest area increased in 58 countries that have more than 200,000 hectares of total forest, and was holding steady in another 18. Strikingly, 62% of those 76 nations are classed by the International Monetary Fund as emerging or developing countries, 8% as heavily indebted poor countries and 30% as advanced economies. Countries both rich and poor were thus protecting and restoring forests long before REDD. The estimated contribution of forest degradation to overall carbon emissions is now as low as 8%, according to a recent report by Winrock International, a non-profit organization based in Little Rock, Arkansas.

These data reveal the central role of government choice. Studies compiled by the Rights and Resources Initiative (RRI) in Washington DC show that governments, not local people, are the primary drivers of global deforestation. Government policy and investment, generally encouraged by global demand for food, energy and wood fibre, sets off a chain reaction that leads to forest degradation or destruction. This is no surprise, given that governments still claim ownership over some 70% of tropical forests globally.

If government policy is behind the majority of deforestation, it is hard to see how cash payments through REDD would bring change. In Indonesia, the government-sponsored palm-oil industry generated more than $12 billion in government revenues alone in 2010 — much more than the $1 billion offered by Norway to establish REDD. Even if the carbon market works, REDD cannot compete.

The focus of REDD on finance has blinded us to other approaches to reducing forest emissions. Research shows that where indigenous peoples and forest communities have their rights recognized, they are far better forest stewards than are governments. A study by the RRI, commissioned by the World Bank, shows that the cost per hectare of recognizing rights is orders of magnitude less than the estimated costs of REDD. South Korea, China, Vietnam and Nepal have increased their forests in recent years, and an RRI study of global forest restoration shows that they have three things in common: sustained political commitment to reforestation, reforms to support local property rights and forest management, and local economic development.

Poverty is rife in forest areas, and both local people and their governments need employment, energy and economic growth. Worldwide, there are more than 1 billion hectares of degraded forest — land that, if restored, could produce more food, wood and bioenergy, and reduce everyone’s vulnerability to climate change. In the face of growing global demand for all commodities, stopping deforestation without planting trees and creating jobs just shifts the destruction around and does not relieve the many other pressures on people and forests.

So to fix REDD, we need to focus on policies to support communities, and not markets for carbon. Alongside it, we need more efforts to restore degraded forests, increase employment and produce energy in rural areas. We at the RRI call this GREEN — Growing Restoration, Employment and Energy, Now. GREEN is not just an optional complement to REDD, it is crucial for its eventual success.

Andy White is coordinator of the Rights and Resources Initiative in Washington DC.

e-mail: awhite@rightsandresources.org

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Mundo: Reunión de Bangkok sobre cambio climático buscó avanzar hacia el consenso

Foto: Kldotv.com

Por Carmen Carrasco

Servindi, 13 de abril, 2011.- Del 3 al 8 de abril, los delegados de casi 200 países se reunieron en la ciudad de Bangkok para avanzar en las negociaciones sobre el cambio climático, y sustituir el Protocolo de Kioto, antes de la próxima cumbre de la ONU que se celebrará en noviembre en Durban, Sudáfrica.

La reunión empezó con una crítica del grupo regional Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), conformado por Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.

“Quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación debido al hecho de que las decisiones que fueron adoptadas en el marco de las negociaciones del clima de Cancún (…) crea un precedente peligroso que no se debe repetir bajo el Marco del convenio sobre el cambio del clima”.

Agregó que “como nos movemos hacia Durban (conferencia anual que se realizará en noviembre) la trayectoria debe ser asegurar un proceso multilateral que sea transparente, abierto, y conducido por los Estados miembros, y también llegar siempre hacia el consenso”.

Se trata de la primera reunión desde la Cumbre de Cancún (México) donde los Ministros de Ambiente acordaron destinar 100.000 millones de dólares para contrarrestar el cambio climático.

El Grupo Ad Hoc del Trabajo sobre los Futuros Compromisos de las Partes del Anexo 1 del Protocolo de Kioto debatió las precondiciones necesarias para los países desarrollados a adoptar en un segundo periodo de compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

En el último día de reunión, los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos, querían una agenda que sólo pondría en práctica las decisiones adoptadas en la Cumbre de Cancún, sobre los resultados del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Cooperación a Largo Plazo.

El Grupo de los 77 y China, se opusieron a esta iniciativa e insistió en que el marco para las negociaciones futuras siga siendo el Plan de Acción de Bali, de diciembre de 2007.

De acuerdo con los países en desarrollo, muchas cuestiones fundamentales como la adecuación de los compromisos de reducción de emisiones de todos los países desarrollados, no se resolvieron en Cancún y debe ser incluidas en las negociaciones de este año.

Figuran además en agenda, la necesidad de evitar el proteccionismo comercial por razones de clima, y el tema de las patentes y transferencia de tecnología.

Al final de la jornada se acordó que en el programa para negociaciones futuras se abordaría la preparación de un resultado integral y equilibrado que se presentará a la Conferencia de las Partes (Durban) para su aprobación.

Las organizaciones indígenas piden reconocimiento

La Alianza Internacional de Indígenas y Grupos Tribales de las Selvas Tropicales denunció en el último día de la jornada (9 de abril) que no son tenidos en cuenta por la mayoría de países participantes de la reunión de Bangkok.

“Nuestra principal reivindicación es el reconocimiento de los pueblos indígenas y estar dentro de las negociaciones de cambio climático”, declaró a EFE el panameño Marcial Arias, asesor político de la Alianza.

Arias agregó que pese a que los indígenas son los más vulnerables a los efectos del calentamiento global y la deforestación, muchas naciones en Latinoamérica, África o Asia no reconocen la propiedad de sus tierras.

Subrayó que cerca de 370 millones de indígenas en todo el mundo dependen de los recursos naturales de las selvas, no obstante, “son expulsaos de sus tierras por las empresas madereras, hidroeléctricas, de petróleo, con el apoyo del gobierno y de las leyes nacionales”.

Arias emplazó a las Naciones Unidas a que se comprometa a concretar la partida financiera para el plan de REDD, cuyo objetivo es reducir la liberación de CO2 ocasionada por la destrucción de los bosques.

Debe tenerse en cuenta que la deforestación y degradación de los bosques representa el 20% de la emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, sólo superado por el sector energético.

La implementación de REDD podría ocasionar la muerte de los pueblos indígenas, advirtió Arias, si es que no se les informa y se les considera en la implementación de programas.

Además alertó sobre el peligro de que la REDD se convierta en un camino para que las industrias movilicen millones de dólares al año para proteger las selvas mediante la compra de créditos de carbono, en lugar de que las mismas reduzcan sus emisiones.

Exigen la exclusión del Banco Mundial del financiamiento contra el cambio climático

Por otro lado, las organizaciones Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, y más de 100 redes nacionales e internacionales de la sociedad civil entregaron una carta rechazando cualquier intervención económica del Banco Mundial en la lucha contra el cambio climático.

La carta fue entregada a la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (UNFCCC), Christiana Figueres, y en ella se argumenta que la financiación de la lucha contra el cambio climático es un deber legal y moral de los países industrializados para los demás países.

Por tanto, el dinero del financiamiento debe proceder de fuentes públicas, nuevas y adicionales a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).

En ese sentido, las organizaciones ecologistas condenaron que en Banco Mundial haya sido nombrado como administrador del Fondo Climático Verde.

Environment Ministers from Brazil and the United Kingdom kick off the process to develop a Brazilian biodiversity conservation and sustainable use pla

By Denise Oliveira, WWF-Brasil, 16 Abril 2011.

Brasilia, Brazil - During the event which took place on Friday, April 8, 2011, in Brasilia, at the Brazilian Ministry of Foreign Relations, the British Minister of the Environment, Food and Rural Affairs, Caroline Spelman, announced a financial support from the United Kingdom to biodiversity conservation in Brazil.

The initiative entitled Dialogues on Biodiversity: building the Brazilian strategy for 2020 is meant to engage Brazilian society in a process to strengthen the implementation of the agreements reached at the 10th Conference of the Parts on Biological Diversity (CBD CoP-10) which took place in October 2010 in Nagoya, Japan. This will be achieved through the design of the Brazilian plan for the implementation of the defined targets. On Friday, April 8, the Brazilian and the British Environment Ministers gave the start to the first of a series of discussions on this theme.

The Brazilian Minister of the Environment, Izabella Teixeira, stressed that this is a moment of cooperation on biodiversity and of preparation of a solid path following the event in Nagoya. "Brazil has the Rio-92 legacy; nevertheless, we want to think ahead and go beyond those past 20 years. Brazil's objective is to have a strategic agenda for the conservation of its biodiversity and ecosystems, including the marine environment. Our country seeks to be consistent in its international commitments and the actions taken in the national scope", said IzabellaTeixeira.

Caroline Spelman, UK's minister for the Environment, Food and Rural Affairs, announced a financial support from her government to Brazil, totaling 90,000 British pounds to develop such a dialogue in Brazil plus 25 million pounds for biodiversity conservation, during the next five years. Spelman said that she was impressed with the various sectors involved in protecting the environment. "Establishing partnerships between governments is crucial to achieve biodiversity conservation", she pointed out.

WWF-Brazil's Conservation Director, Claudio Maretti, states that the Brazilian initiative is crucial to place the country in a position of global leadership. "Brazil has the courage to take the lead and show the world that the targets which were defined in Nagoya must be addressed in a serious and committed way. It is time to demonstrate that it is possible to implement those targets and we are paving the way", he said.

Everyone's commitment

The Brazilian Ministry of the Environment, the International Union for Conservation of Nature - IUCN, WWF-Brazil and IPÊ (Institute for Ecological Research) are in the lead of this process, which also involves a large group of representatives from the academic and corporate sectors, the civil society and the government.

The purpose of this initiative is to carry out a series of seminars and to come out with a proposal of a federal law, which will state the targets and objectives of the Strategic Plan for the Convention on Biological Diversity (CBD), as well as an action plan for the implementation of the national targets.

"The world decided, in Nagoya, that everyone must make efforts to reach zero deforestation by 2020. This process seeks to achieve a national law to state this target and how to achieve it. This is very important both for Brazil and for the planet. I believe that, in doing this, Brazil will encourage other countries to do the same", said WWF-Brazil's Conservation Director, Cláudio Maretti.

As one of the organizations in charge of this initiative, WWF-Brazil is working to mobilize partner business corporations - such as Walmart, Unilever and Natura - to participate in the process.

Apostar el planeta

Project Syndicate Joseph E. Stiglitz, 2011-04-06

DUBAI - Las consecuencias del terremoto de Japón - especialmente la actual crisis en la central nuclear de Fukushima – traen recuerdos sombríos para los observadores de la crisis financiera estadounidense que precipitó la Gran Recesión. Ambos acontecimientos ofrecen duras lecciones sobre los riesgos y sobre lo mal que pueden manejarlos los mercados y las sociedades.

Naturalmente, en cierto sentido no hay comparación entre la tragedia provocada por el terremoto - que ha dejado más de 25,000 personas muertas o desaparecidas - y la crisis financiera, a la que no se puede atribuir un sufrimiento físico tan agudo. Pero cuando se trata de la fusión del reactor nuclear en Fukushima, los dos acontecimientos tienen algo en común.

Los expertos tanto de la industria nuclear como de las finanzas nos aseguraron que la nueva tecnología había eliminado prácticamente el riesgo de una catástrofe. Los hechos demostraron que estaban equivocados: no sólo existían los riesgos, sino que sus consecuencias fueron tan grandes que eliminaron fácilmente todos los supuestos beneficios de los sistemas que los líderes de la industria promovían.

Antes de la Gran Recesión, los gurús económicos de los Estados Unidos - desde el director de la Reserva Federal hasta los gigantes de las finanzas - se jactaban de que habíamos aprendido a dominar los riesgos. Mediante instrumentos financieros innovadores como los derivados y los swaps de incumplimiento crediticio se había logrado distribuir el riesgo en toda la economía. Ahora sabemos que no sólo engañaron al resto de la sociedad, sino que incluso se engañaron ellos mismos.

Resultó que estos magos de las finanzas no entendieron las complejidades del riesgo, por no hablar de los peligros que plantean las "distribuciones de cola ancha" –un término estadístico que se refiere a situaciones raras que tienen consecuencias enormes, y a las que a veces se llama "cisnes negros". Eventos que supuestamente suceden una vez en un siglo - o incluso una vez en la vida del universo - parecían ocurrir cada diez años. Peor aún, no sólo se subestimó enormemente la frecuencia de estos acontecimientos, sino también el daño desmesurado que causarían – más o menos como las fusiones que siguen agobiando a la industria nuclear.

Las investigaciones económicas y psicológicas nos ayudan a entender por qué gestionamos tan mal estos riesgos. Tenemos pocas bases empíricas para juzgar los acontecimientos raros, por lo que es difícil hacer estimaciones acertadas. En tales circunstancias, no sólo empezamos a pensar lo que queremos, sino que puede ser que tengamos pocos incentivos para pensar en absoluto. Por el contrario, cuando los demás cargan con los costos de los errores, los incentivos favorecen el autoengaño. Un sistema que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias está condenado a gestionar mal el riesgo.

En efecto, todo el sector financiero estaba plagado de problemas con las agencias y las externalidades. Las agencias de calificación tenían incentivos para dar buenas calificaciones a los títulos de alto riesgo que producían los bancos de inversión que les pagaban. Los creadores de las hipotecas no cargaban con las consecuencias de su irresponsabilidad, e incluso quienes se dedicaron a dar préstamos abusivos o crearon y comercializaron valores diseñados para perder, lo hicieron de manera que quedaron protegidos de acusaciones civiles y penales.

Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿están a punto de ocurrir otros "cisnes negros"? Desafortunadamente, es probable que algunos de los riesgos realmente grandes a los que nos enfrentamos hoy en día ni siquiera sean eventos raros. Lo bueno es que esos riesgos se pueden controlar con poco o ningún costo. Lo malo es que hay una fuerte oposición política para hacerlo, porque hay personas que se benefician del statu quo.

En los últimos años hemos visto dos de los grandes riesgos, pero hemos hecho poco para controlarlos. Según algunas personas, la forma en que se manejó la última crisis puede haber aumentado el riesgo de un colapso financiero en el futuro.

Los bancos demasiado grandes para quebrar y los mercados en los que participan saben ahora que pueden esperar rescates si tienen problemas. Como resultado de este "riesgo moral", esos bancos pueden pedir créditos en condiciones favorables, lo que les da una ventaja competitiva que no se basa en un rendimiento superior, sino en la fuerza política. Si bien se han frenado algunos de los excesos que se cometían al asumir riesgos, los préstamos abusivos y las operaciones no reguladas de oscuros derivados extrabursátiles continúan. Las estructuras de incentivos que fomentan la toma de riesgos excesivos se mantienen prácticamente sin ningún cambio.

De la misma forma, mientras que Alemania ha cerrado sus reactores nucleares más viejos, en los Estados Unidos y otros lugares incluso las plantas que tienen los mismos defectos de diseño que la de Fukushima siguen operando. La existencia misma de la industria nuclear depende de subsidios públicos ocultos – los costos que paga la sociedad en caso de desastres nucleares, así como los costos de la eliminación de los residuos radiactivos que aún no se aborda. ¡Viva el capitalismo sin restricciones!

Para el planeta hay un riesgo adicional que, al igual que los otros dos, es casi una certeza: el calentamiento global y el cambio climático. Si hubiera otros planetas a los que pudiéramos irnos a bajo costo en el caso de que ocurriera el resultado casi seguro que prevén los científicos, se podría argumentar que se trata de un riesgo que vale la pena tomar. Pero no los hay, por lo que no lo es.

Los costos de reducir las emisiones palidecen en comparación con los posibles riesgos a que se enfrenta el mundo. Y eso se aplica incluso si descartamos la opción nuclear (cuyos costos siempre se subestimaron). Ciertamente las industrias del carbón y del petróleo resultarían perjudicadas, y obviamente los países que son los grandes contaminadores - como los Estados Unidos - pagarían un precio más alto que los que tienen un estilo de vida menos derrochador.

A final de cuentas, quienes apuestan en Las Vegas pierden más de lo que ganan. Como sociedad, estamos apostando - con nuestros grandes bancos, con nuestras instalaciones de energía nuclear, con nuestro planeta. Al igual que en Las Vegas, los pocos afortunados - los banqueros que ponen en peligro nuestra economía y los propietarios de las empresas de energía que ponen en riesgo nuestro planeta - pueden ganar mucho dinero. Pero en promedio, y casi con seguridad, nosotros como sociedad, al igual que todos los jugadores, vamos a perder.

Por desgracia, esa es una lección que se desprende del desastre de Japón que seguimos ignorando por nuestra cuenta y riesgo.

Joseph E. Stiglitz es catedrático de la Universidad de Columbia y ha sido galardonado con el Premio Nobel de Economía. Su libro más reciente es Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy, que ahora está disponible en francés, alemán, japonés y español.

Las Dos Caras de Felipe Calderón

Project Syndicate Denise Dresser, 2011-04-12

El presidente mexicano Felipe Calderón finalmente logró lo que quería: la renuncia del embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual. Mató al mensajero por incomodar al presidente al criticar la “guerra contra las drogas“ que él desató cuatro años atrás. Las críticas -contenidas en cables secretos, difundidos por Wikileaks- también molestaron al Ejército. El embajador dijo que las fuerzas armadas no suelen actuar con la eficacia o la rapidez necesarias y demuestran una gran aversion al riesgo. También denunció que las agencias de seguridad emplean más tiempo compitiendo entre ellas que confrontando al crimen organizado. Pascual perdió su trabajo por hacerlo bien, por decir la verdad que el presidente no quiere encarar y su gobierno preferiría que no fuera cierta.

Pero la verdad recalcitrante que el diplomático reveló se asoma día tras día a pesar del número de capos arrestados, y la cantidad de armas y cocaína confiscada. México no está ganando la guerra contra el narcotráfico y el crímen organizado. La renuncia obligada del embajador estadounidense no puede ocultar los 34,000 muertos, el ascenso en la adicciones, la escalada de las ejecuciones, el incremento de los secuestros, la intransigencia de la impunidad.

La narrativa oficial es que la violencia es una consecuencia inevitable. Pero otros países han logrado prevenir que bandas de narcotraficantes desaten su furia sobre la población civil. Y, mientras a los mexicanos se les dice que la violencia se trata tan solo de capos destazándose entre sí, en realidad las ejecuciones rebasan el mundo del narcotráfico, Y se les exhorta a denunciar a los malosos, cuando 98.5 por ciento de los crímenes en el país jamás son resueltos. Una encuesta reciente demuestra que 59 por ciento de la población cree que el gobierno está perdiendo la guerra que emprendió, mientras solo 23 por ciento apoya la ruta actual.

Como advierte Sun Tzu en El Arte de la Guerra, toda guerra entraña la decepción y vaya que México es víctima de ella. El gobierno mexicano no ha sido honesto con la población del país sobre la enormidad de los retos que enfrenta. Los errores contraproducentes que ha cometido. El tipo de ayuda estadounidense que ha solicitado. El grado de colaboración que ha exigido. El número de agentes norteamericanos que ha permitido. Y de allí las contradicciones, las evasiones, las incongruencias que demuestran los miembros del equipo de Felipe Calderón. Todos demandan que Estados Unidos asigne más recursos, más atención, más importancia a la guerra de Felipe Calderón, pero reculan cuando esa ayuda se hace pública.

En semanas recientes, el gobierno mexicano no ha sido capaz de explicar por qué autorizó vuelos de aviones espías no tripulados sobre su territorio para tareas de inteligencia.

Y al mismo tiempo que Calderón insiste en que Estados Unidos asuma sus responsabilidades bilaterales, demanda que le sea entregada la cabeza del embajador por revelar las fallas de la guerra que promovió.

La postura contradictoria de Calderón está enraizada en los hábitos reflexivos de una clase política entrenada para ganar puntos politicos pateando a los Estados Unidos. El president(E) mexicano, también ha buscado refugio bajo el paraguas del patriotismo, entre los pliegues de la bandera nacional, y detrás de las diatribas pronunciadas en nombre de la soberanía. Acusa a Estados Unidos de intromisión, después de que ha sido asiduamente pedida por su propio gobierno. Critica a Estados Unidos de intervención, después de que ha sido solicitada. Acusa a Carlos Pascual de ser “Proconsul”, después de que las autoridades mexicanas – por incompetencia o irresponsabilidad – le han asignado ese papel. Destaza al embajador Pascual por su “ignorancia”, después de que envía cables que contienen diagnósticos acertados. Duros de leer pero difíciles de contradecir.

Más que matar al mensajero, Felipe Calderón debería reflexionar sobre los mensajes que envió. Contienen todo aquello que debería llevarlo a repensar la guerra y los términos en los cuales la está librando. A rectificar la estrategia que hasta el momento ha aumentado la violencia sin disminuir el narcotráfico. A replantear la relación con Estados Unidos sobre bases más honestas, consigo mismo y con sus compatriotas. A redefinir el “éxito” de su ofensiva para que la prioridad sea la reducción de las ejecuciones. Porque si no hace eso, poco importará si Calderón consiguió la cabeza de Carlos Pascual, si obtuvo aplausos cortoplacistas, si impuso su voluntad.

Mañana, cuando el “gringo feo haya empacado sus maletas, Ciudad Júarez seguirá siendo la ciudad más insegura del mundo. La tasa de homicidios seguirá creciendo de manera alarmante. Las instituciones de seguridad pública seguirán siendo incapaces de prevenir, detectar, investigar o sancionar la gran mayoría de los hechos violentos que atemorizan al país. El gobierno mexicano seguirá pidiendo la ayuda del gobierno estadounidense de manera surrepticia, y negándolo cuando salga a la luz.

El mensaje es claro: si los mexicanos no acabamos con esta guerra – tan mal concebida, tan mal librada, tan mal explicada – acabará con nosostros. Y no se necesita leer los cables de Carlos Pascual para entenderlo.

Denise Dresser es profesora de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

¿Adiós a las plantas nucleares?

Bjørn Lomborg Project Syndicate, 2011-04-13

NUEVA YORK - Cuando algunas áreas de Japón fueron devastadas recientemente por un terremoto y posterior tsunami, la noticia de la pérdida de vidas humanas fue eclipsada rápidamente por los temores globales a la lluvia radioactiva de la planta nuclear de Fukushima Daichi. La preocupación es comprensible: la radiación es aterradora. Crecí en Dinamarca en un tiempo en que el miedo a la energía nuclear era generalizado.

Pero nuestros últimos temores nucleares tienen implicaciones más amplias, especialmente para el suministro de energía y nuestro deseo de dejar de depender de los combustibles fósiles. Es difícil dar un paso atrás para obtener una perspectiva más amplia en el momento de un desastre natural; tratar de hacerlo puede percibirse incluso como insensible. Pero hay algunos hechos que no debemos pasar por alto.

Durante la cobertura ininterrumpida del drama nuclear, el fantasma de Chernóbil se ha planteado en varias ocasiones. Cabe señalar que el peor desastre nuclear de la historia causó directamente sólo 31 muertes. La Organización Mundial de la Salud estima que 4.000 muertes podrían estar relacionadas con el desastre a lo largo de 70 años, mientras que la OCDE proyecta entre 9.000 y 33.000 muertes durante este período.

Se trata de una cifra importante. Pero consideremos que, según la OCDE, cada año casi un millón de personas mueren a causa de partículas finas de contaminación del aire exterior. Sin embargo, esta cifra no provoca ningún miedo perceptible en el mundo desarrollado y recibe prácticamente ninguna cobertura noticiosa.

Por supuesto, todos los países con instalaciones de energía nuclear deben revisar sus medidas de seguridad a la luz de la catástrofe japonesa, que planteó preguntas obvias acerca de los sitios escogidos para estas instalaciones. Es evidente que es necesario reconsiderar las plantas ubicadas cerca de zonas propensas a tsunamis y que algunos países cuentan con plantas de energía demasiado cercanas a fallas sísmicas y grandes ciudades.

Sin embargo, mientras que el presidente Barack Obama confirmó raudamente el compromiso de Estados Unidos con la energía nuclear, algunos gobiernos europeos tomaron la decisión instintiva de congelar de inmediato todos los nuevos proyectos de este tipo y, en el caso de Alemania, no prolongar la vida de los reactores existentes. Para Alemania, esto dejará un vacío que no puede llenar con fuentes alternativas de energía, dejándole sin otra opción que depender más de la energía del carbón.

Vemos el carbón como una fuente de energía contaminante, pero razonablemente "segura" en comparación con la energía nuclear. Sin embargo, solo en China, los accidentes de la minería del carbón provocan la muerte de más de 2.000 personas cada año, y el carbón es la principal causa del smog, la lluvia ácida, el calentamiento global y la toxicidad del aire. Como resultado de la decisión de Alemania, ahora se espera que sus emisiones anuales de carbono aumenten hasta en un 10%, en un momento en que la Unión Europea aumenta sus emisiones al intentar capear los efectos de la crisis financiera.

Alemania no cuenta con una alternativa de bajas emisiones de carbono si cierra sus plantas nucleares y lo mismo puede decirse de muchos otros países. Las fuentes alternativas de energía son demasiado costosas y están muy lejos de ser lo suficientemente confiables como para sustituir los combustibles fósiles

Aunque las consideraciones de seguridad son de suma importancia en este momento, la construcción de nuevas centrales nucleares se enfrenta a otro obstáculo: son muy costosas. Las nuevas plantas de energía nuclear tienen altos costes iniciales (que pueden ser políticamente difíciles), lo que incluye un proceso de planificación complicado, lento y cargado de tensiones. Una vez completado, el costo total de la energía nuclear es significativamente mayor que la fuente más barata de combustibles fósiles. Y la sociedad debe asumir costes adicionales importantes en términos de los riesgos del almacenamiento de combustible agotado y los accidentes a gran escala. Más aún, en la mayor parte del mundo donde se está expandiendo el consumo de energía, la proliferación nuclear es un problema.

Luego está el tema del mantenimiento de las plantas existentes. La clausura de los reactores nucleares puede hacernos sentir más seguros, pero debemos reconocer que esto a menudo significa compensar la pérdida de producción con más dependencia del carbón, lo que implica más emisiones que contribuyen al calentamiento global, y más muertes, tanto por la extracción de carbón como a causa de la contaminación del aire.

Más aún, dado que las plantas ya están pagadas, las instalaciones de residuos ya están en marcha, y el alto costo del desmantelamiento tendrá que ser pagado independientemente de la oportunidad, los gastos de funcionamiento reales son muy bajos: la mitad o menos por kilovatio-hora que el coste de los combustibles fósiles más baratos.

La respuesta a largo plazo es más investigación y desarrollo, no sólo de una energía nuclear más segura de próxima generación, sino también de fuentes de energía como la solar y la eólica, que actualmente representan menos del 1% de la energía del planeta. Es alarmante el hecho de que esta investigación ha disminuido en las últimas tres décadas.

En las protestas que exigen a los políticos dar respuesta al cambio climático, ha sonado un grito : "¡No al carbón, no al gas, no a las plantas nucleares, no a las chanzas!" La dura realidad, que el desastre japonés ha puesto muy de relieve, es que todavía no podemos darnos el lujo de prescindir del carbón, el gas y la energía nuclear. Hasta que podamos encontrar una alternativa viable, reducir la dependencia de uno de ellos significa que otro debe ocupar su lugar.

Bjørn Lomborg es director del Centro del Consenso de Copenhague de la Escuela de Negocios de Copenhague y autor de El ecologista escéptico y En frío.

IMPULSARÁ MÉXICO PROGRAMA DE AGRICULTURA SUSTENTABLE

Prensa Latina, Miércoles 06 de abril de 2011

Unos 138 millones de dólares en tecnología agrícola invertirá la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa), para lograr la soberanía y suficiencia alimentaria en México, anunció hoy el presidente Felipe Calderón.

MÉXICO, D.F. 6 abril 2011.- A través del programa Modernización Sustentable de la Agricultura Tradicional (MasAgro), la Sagarpa y el Centro Internacional para el Mejoramiento de Maíz y Trigo (Cimmyt) conjuntamente con instituciones de investigación mexicanas realizarán diversas acciones para aumentar las producciones de estos cultivos.

De acuerdo con las autoridades del sector, este proyecto “está llamado a ser una de las principales políticas públicas impulsada en los últimos años para revitalizar la agricultura campesina y asegurar el desempeño de los principales cultivos de los cuales depende la seguridad alimentaria del país”.

Para ello se trabajará en el mejoramiento genético de semillas capaces de adaptarse a escenarios de escasez de agua, desgaste del suelo y exceso de humedad, así como en reactivar la capacidad de transferencia de tecnología en México y potenciar las capacidades productivas. Durante el acto de presentación del programa ocurrido hoy en Texcoco, Estado de México, las autoridades precisaron que entre los objetivos del mismo sobresale la posibilidad de compartir con la comunidad internacional el conocimiento que posee México en la diversidad genética del maíz y el trigo.

Mediante acciones a corto, mediano y largo plazos, MasAgro busca generar capacidades en los pequeños agricultores de maíz y trigo para elevar la producción de estos cultivos, claves para la dieta de los mexicanos, en un período de 10 años, además de hacer frente a los efectos del cambio climático. Según cifras oficiales, el rendimiento actual promedio del trigo en México es de 1,5 toneladas por hectárea, cifra que pudiera superar las seis toneladas con la aplicación de buenas prácticas agrícolas.

El mandatario mexicano precisó que el programa responde a la necesidad de producir más alimentos y dotar de herramientas científicas a los agricultores más pobres que no tienen acceso a tecnologías modernas ni mercados funcionales, además de

Munden Project report on REDD and Forest Carbon: “Forest carbon trading is unworkable as currently constructed”

REDD Monitor, By Chris Lang, 22nd March 2011

In the Road Runner cartoons, the coyote chases the road runner off the cliff and keeps going until he looks down. Once he realises what’s happened, he falls. Proponents of trading the carbon stored in forests are currently running coyote fashion as fast as they can towards the edge of the cliff. A new report from the Munden Project suggests they should stop and take a look where they are heading.

The report can be downloaded here: “REDD and Forest Carbon: Market-Based Critique and Recommendations” (pdf file 993 KB). (The Munden Project is financed by Ford Foundation.) This report is particularly interesting because it is written from the perspective of the market. REDD-Monitor looks forward to a discussion about the problems highlighted in the Munden Report – in particular from proponents of a forest carbon commodity-based model for financing REDD.

The report does not question whether large sums of money are needed to preserve forests. Neither does it question whether carbon markets are the right way to raise this money. (Incidentally, neither does UN-REDD, which explains on its website that “[T]he final phase of REDD involves developed countries paying developing countries carbon offsets for their standing forests.”)

Instead, the report asks whether carbon markets will achieve what REDD sets out to do. UN-REDD explains the goals of REDD as follows:

REDD is a cutting-edge forestry initiative that aims at tipping the economic balance in favour of sustainable management of forests so that their formidable economic, environmental and social goods and services benefit countries, communities, biodiversity and forest users while also contributing to important reductions in greenhouse gas emissions.

The Munden Project report summarises the role of carbon trading in REDD with this equation (click for larger version):

So, will this meet REDD’s expected outcomes? “In a word,” states the Munden Project, “the answer is ‘no’, for four reasons:”

• Poor Transaction Structure. Transactions in REDD are structured as over-the-counter (OTC) arrangements, a fact that impedes REDD’s developmental goals and leads to a serious misallocation of resources.
• Commodities and Monopsony Power. Commodities markets are already unfavorable to producers and privilege intermediaries, largely because of the inherent nature of commodities themselves. Moreover, REDD’s global reach and scale suggest that intermediaries will obtain monopsony positions relative to projects. Both would imply that forest carbon will work against, not for, REDD’s stated development objectives.
• Poorly Defined Assets. From a trading point of view, the process [by] which forest creates carbon is ill defined to the point of being unacceptably risky. It contains a vague, poorly defined and scientifically unreliable process for creating forest carbon.
• Unsolvable Clearing Problems. As a consequence, pushing these commodities through the derivatives trading framework will prove impossible. This will either cause the trading system to not be created in the first place, or (as seems more likely) will result in the creation of a substandard, risky and ultimately destructive forest carbon market.

The report consists of three parts. The first part, “OTC and Commodities,” deals with the first two points, which are problems for the producers of the REDD commodity: forest carbon. The second part, “Assets and Clearing,” deals with the problems for the markets and traders of forest carbon. The third part, “Conclusions and Recommendations” summarises the problems and suggests some ways forward.

The report details how forest carbon will be traded. While many of those involved in REDD focus on forests, looked at from the market perspective, that is the smallest part of an inverted pyramid:

To anyone who is not an economist (and perhaps even to some economists) this inverted pyramid looks inherently unstable, but the Munden Project is not concerned about this market structure except to ask whether the structure is appropriate for REDD:

We believe that it is not only unsuitable operationally – in that it implies significantly higher costs for projects – but furthermore, that is highly likely to work at cross purposes with REDD’s stated objectives.

The Munden Project notes that there is a huge asymmetry of information between those selling carbon credits (who may only do so once) and those buying them (traders who deal in such trades regularly): “Derivatives contracts are complex legal documents and firms with more experience are also more skillful in structuring them to their advantage.” This is a major disadvantage for REDD projects, “who are forced to either muddle through these issues or engage expensive outside help.”

In an interview in 2007, economist Joseph Stiglitz, who was a joint-winner of the 2001 Nobel Prize in Economics for his work on asymmetric markets, explained that,

The theories that I (and others) helped develop explained why unfettered markets often not only do not lead to social justice, but do not even produce efficient outcomes.

The next problem that the Munden Project report notes is that “the commodity-based approach is at loggerheads with the development benefits REDD is expected to generate.” They use the example of milk as a commodity to show that if REDD follows the same commodity-based approach, the vast majority of the money invested would go on intermediaries and project costs. Governments would receive 5% and project returns (from which any payments to communities would come) would be 3%.

There is a high risk of REDD forest carbon forming a monopsony, or a market with many sellers but few buyers. The report explains that,

Logic dictates that the scale and resources required to source forest carbon credits will be so large that only a very few global intermediaries will be capable of providing it. Furthermore, these very same entities – or their parent companies – might also provide the connection between a project and the market.

The danger is that the buyers end up controlling the price – leaving sellers with no alternative but to accept the price offered. The Munden Project concludes that,

REDD is unlikely to generate expected impact at the producer level. That is, the bulk of benefits from forest carbon will not go to REDD projects, the communities that live within them or the countries where they are located, and those projects that are able to operate will come under intense pressure to cut costs due to monopsony buying power.

The report highlights a series of possible scenarios of “particular concern,” that might result from trading forest carbon under current circumstances:

• Scenario One. The commodity pricing structure does not create the benefit flows expected by governments, projects and communities, forcing them to abandon the concept. REDD – and more worryingly, the concept of engaging capital in the fight to protect forests – loses major credibility.
• Scenario Two. Vague, opaque standards for counting carbon lead to significant price shocks as carbon is revalued – or worse, a perpetual cycle of loosening standards as participants learn to game the system. Developing country governments see their economies become linked to the forest carbon market, and in the wake of these shocks, are forced to prop up or bail out those markets in order to preserve stability.
• Scenario Three. Bad incentives and conflicts of interest in verification and validation create a tragedy of the market’s commons, where carbon price is depressed as issuers overwhelm buying capacity. If linked with existing platforms like EU-ETS, this is a real problem.
• Scenario Four. The lack of clearing will cause deforestation by creating a bubble, in much the same way as subprime lending’s bubble caused bankruptcies. In this scenario, the popping of the bubble would cause damage to forest countries and communities, forcing them to generate cash flow to compensate by leveraging their most readily available and marketable asset: forest timber.

The Munden Project report takes an extremely critical view of trading forest carbon as a way of achieving REDD’s goals. However, the report does make four recommendations in an attempt to address these problems:

1. Invest in tenure
   

   Our first recommendation is the most straightforward. In many cases we analyzed, a very simple question – does the project have the right to do this on this land? – was impossible to answer. If there is any involvement from private capital sources, we cannot envision a scenario where the answer to that question is not important.

2. Change the definition of forest carbon
   

   If forest carbon proves to be such an attractive brand, we think the best bet is to move it – and move it dramatically – in the opposite direction from its current trend, away from microanalysis, and towards a broader, clearer definition.

   Agreement should be reached on a much more straightforward measurement of forest carbon, one that can be easily applied by projects with minimal – or ideally, no – reference to outside quantification experts.

3. Engage community-driven approaches, and do so more effectively
   

   Extensive evidence shows that giving communities greater rights to forests is effective from an environmental standpoint.

4. Generalize projects’ operational functions and use technology to enable them
   

   It makes little sense for REDD to develop into an approach that requires highly trained forestry experts to master accounting software and inflation projections. The key is to keep this dynamic sustainable.

   Given that REDD funding is currently driven by a small number of capital sources, we wonder if they might not be able to coalesce around a simple, web-based solution to this problem. Developing an application that project developers can use to cost out their projects, operate them and report results makes a lot of sense.

Numbers 1 and 3 of these recommendations are similar to demands that NGOs interested in the rights of indigenous peoples and local communities have been making for many years. The third recommendation suggests a process for developing REDD projects with local communities. Number 2 would reduce (or eliminate) the difficulties of measuring how much carbon is stored in forests and the soils beneath forests, which would surely be a huge relief to millions of forest dwelling communities around the tropics. (Although several hundred carbon measuring experts who would be put out of work might be considerably less happy with this suggestion.) And the fourth recommendation looks a little like a variation on the theme of a hammer seeing any problem as a nail – after all the Munden Project consists of builders of software systems. Nevertheless, the recommendations might provide a way of looking at REDD that highlights the fact that the REDD carbon trading coyote is currently running like crazy towards the edge of the cliff.