El desencuentro entre los tiempos de la política y los del ambiente constituye una de las amenazas al sistema democrático en el siglo XXI, afirman académicos.
BRASILIA, 27 jun (Tierramérica).- El ambientalismo gana legitimidad toda vez que la ciencia confirma sus advertencias y las catástrofes naturales se hacen más y más frecuentes. Pero, a la hora de las decisiones capitales, su debilidad política frustra a los ecologistas.
Esto acaba de confirmarse en la Cámara de Diputados de Brasil, donde una aplastante mayoría votó por flexibilizar el Código Forestal de 1965 de tal manera que puede acelerar la deforestación.
Fueron 410 votos a favor, apenas 63 en contra y una abstención, después de meses de intensa polémica sobre los riesgos de que se produzca una devastación amazónica, desastres ambientales y futuras pérdidas incluso para los agricultores ahora favorecidos por las reformas.
La coalición gobernante, que se dividió en Diputados, trata ahora de reducir los daños en el Senado, que debe pronunciarse sobre el proyecto en los próximos meses, pero es una tarea difícil ante la presión que ejerce el sector “ruralista” en el parlamento brasileño, fortalecido por el triunfo del 24 de mayo en la cámara baja.
La decisión de los legisladores va en contra de la opinión mayoritaria expresada en una encuesta que llevó a cabo el Instituto Datafolha, vinculado a un diario de São Paulo, por encargo de algunas organizaciones ambientalistas, y publicada el 10 de este mes.
De las 1.286 personas entrevistadas, 85 por ciento opinaron que proteger bosques y ríos es prioritario, incluso afectando la producción agrícola, y sólo 10 por ciento eligieron la alternativa opuesta, pese a que este país es una gran potencia agropecuaria.
Mayorías similares se oponen a propuestas aprobadas por diputados para amnistiar talas ilegales y eximir a los propietarios de tierras de la obligación de reforestar áreas de protección natural, y defienden el veto presidencial si el Senado ratifica el proyecto aprobado en la Cámara.
La brecha entre el sentimiento popular sobre las necesidades ambientales y las decisiones del poder político se repite a menudo, incluso en negociaciones internacionales sobre cambio climático, por ejemplo.
Entre las exigencias ambientales y los mecanismos de decisión política, al menos en democracia, se produce un “choque de temporalidades”, según Elimar Nascimento, director del Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad Nacional de Brasilia (UNB).
Mientras “la crisis ambiental requiere medidas de largo plazo” contra riesgos que pueden madurar en décadas, la política es de “reproducción inmediata”, reclama resultados rápidos para asegurar la reelección en pocos años, explicó Nascimento a Tierramérica.
Ese “desencuentro” entre los tiempos de la política y los del ambiente constituye una de las amenazas al sistema democrático, según académicos reunidos en la ciudad francesa de Poitiers, en el ámbito de la Universidad de Verano del Institut International de Recherche, Politique de Civilisation (Instituto Internacional de Investigación – Política de Civilización) donde discuten la provocativa cuestión de si “la democracia sobrevivirá al siglo XXI”, dijo Nascimento, participante del grupo.
Otros factores que actúan contra la democracia son el debilitamiento de la representatividad de partidos y gobiernos, la tendencia a la toma de decisiones públicas en círculos privados, el rechazo de algunos pueblos y culturas, especialmente en Asia y África, y la erosión de la política como fuente de cambios sociales, superada por innovaciones tecnológicas.
Hay esperanza, según el profesor de la UNB, en los movimientos que surgieron en los últimos meses en España, como el 15 de Mayo, y en los países árabes, que buscan “una nueva manera de hacer política”, recurriendo a Internet y a la comunicación en redes sociales.
Una salida para superar contradicciones como la desatada en Brasil entre agricultores y ambientalistas, es adoptar “mecanismos económicos” que favorezcan la valorización de los bosques y de otros recursos naturales, dijo a Tierramérica el ingeniero forestal y ex secretario de Desarrollo Sustentable y Ambiental del norteño estado de Amazonas, Virgilio Viana.
El brasileño de origen rural cree que la vegetación nativa es “mato” (matorral), un obstáculo a la actividad productiva que se debe “limpiar”, y no reconoce que su presencia alrededor de las nacientes y de los ríos asegura el agua indispensable para la agricultura. Tampoco ve que los bosques mantienen a las abejas que polinizan los frutales y protegen las siembras de plagas, lamentó.
La remuneración de esos servicios ambientales a los agricultores que mantengan los bosques es, en su opinión, un poderoso instrumento para “cambiar el paradigma”. Esa es la cuestión central que debería incluirse en el debate actual, sostuvo Viana, superintendente general de la Fundación Amazonas Sustentable, creada precisamente para pagar “becas forestales” a los pobladores de áreas de conservación de Amazonas que ayuden a mantener sus selvas.
Al contrario de lo que creen la mayoría de los ecologistas, la legislación ambiental brasileña “es pésima”, porque se la viola en forma generalizada y porque se basa demasiado en castigos y control represivo, olvidando los estímulos, evaluó Viana, quien sin embargo rechaza la “amnistía” que aprobaron los diputados para quienes incurrieron en deforestación ilegal.
El Código Forestal fue adoptado en 1965 y sufrió alteraciones como la de 2001, que amplió la proporción de reserva legal ‒área de vegetación nativa que debe conservarse en cada predio rural‒ de 50 a 80 por ciento de la superficie de las propiedades situadas en la Amazonia legal, una delimitación que incluye los estados parcial o totalmente cubiertos por ese bioma.
Lo que quieren los agricultores es “seguridad jurídica”, una ley que no sea modificada frecuentemente por decretos y otras medidas que los han puesto a casi todos en la ilegalidad, reclamó el director ejecutivo de la Federación de Agricultura y Ganadería del Estado de Mato Grosso, Seneri Paludo, que congrega a los mayores productores de soja del país.
En su opinión, la reserva legal es “un error” brasileño, pues exige al propietario rural que cumpla una función pública equivalente a mantener parques nacionales. Para cumplir la ley, la agricultura debe expandirse hacia áreas cada vez más profundas de la Amazonia, ya que solo puede aprovechar 20 por ciento de cada predio, provocando más daños y alargando las carreteras, dijo Paludo a Tierramérica.
Las polémicas desnudan el conflicto entre los intereses económicos, especialmente de los propietarios rurales, y la creciente conciencia ambiental de la población. Pero en las decisiones parlamentarias prevalecen los intereses inmediatos.
Para la activista Adriana Ramos, del Instituto Socioambiental, esa distorsión solo se corregirá con una reforma política. El financiamiento público de las campañas electorales, los planes de metas y de otros compromisos que deben cumplirse, la presentación de cuentas y otras reglas éticas forzarían al parlamento y a los políticos a reflejar mejor los deseos del electorado, sostuvo.
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