Cafetaleros mixes enfrentan poder de gigantes trasnacionales

Imagen Agropecuaria, Núm. 1. Lunes 28 de marzo de 2011, Ernesto Perea

*Trasnacionales y programas sociales distorsionan realidad en la zona mixe de Oaxaca

San Juan Bosco Chuxnaban, Oaxaca.- Cafetaleros mixes enfrenta el poder de empresas trasnacionales, que motivadas por altos precios del café, a través de coyotes pagan por el aromático un sobreprecio, lo que fragmenta formas de organización productiva; las compañías también están desplazando a pequeños cafeticultores del Mercado Justo. En zona mixe la mano de obra se ha reducido 50 por ciento, los pobladores ya no quieren trabajar en la pizca del café porque, “tienen que ir a la clínica a que les tomen asistencia para recibir Oportunidades”. El programa ha traído beneficios, pero en algunas personas lleva al conformismo y la “flojera”, expresan lugareños

San Juan Bosque Chuxnaban, Oaxaca.- En la mitología de los mixes el rey Koonk-oy o Condoy era un coloso que defendía a su pueblo de los invasores, gracias a lo cual nunca fueron conquistados por aztecas o españoles. Ahora los cafetaleros de esta zona enfrentan el poder de otros gigantes, empresas trasnacionales que ante los altos precios del café ofrecen, a través de coyotes, un sobreprecio respecto al de organizaciones cafetaleras, lo cual se traduce en una competencia desigual que fragmenta formas de organización. Las firmas, además, están desplazando a los cafeticultores del Mercado Justo, esquema creado para apoyar a pequeños productores.

Por eso, los habitantes de la sierra mixe expresan que tienen “coraje” de que no se valore su esfuerzo por producir café de calidad, sobre todo porque sus ingresos proceden en 60 por ciento de esta actividad, otra parte de cultivos como maíz y frijol, un poco de remesas y de programas sociales, que están distorsionando la realidad social de la zona mixe. Por ejemplo, Oportunidades está generando problemas de escasez de mano de obra: “la gente ya no quiere ir a trabajar a la pizca del café, porque tiene que ir a pasar lista”, se queja tras dar un sorbo a su taza de café, Ignacio Canseco Hernández, tesorero de la Coordinadora Estatal de Productores de Café de Oaxaca (CEPCO), organización que desde 1989 ha implementado estrategias para comercializar café certificado de pequeños productores y ha logrado exportarlo a Estados Unidos y países de la Unión Europea.

Para llegar a esta población la distancia de la ciudad de Oaxaca no rebasa los 150 kilómetros, pero dado lo accidentado de la terracería y el entrecruce de montañas –que a la vista figura un laberinto en el horizonte--, el tiempo aproximado es de cinco horas. La distancia entre este poblado, enclavado en plena sierra y la Bolsa de Nueva York –donde se fija el precio del café— es relativamente corta por el interés de empresas trasnacionales en la calidad del aromático que aquí se cultiva.

Estamos en la tierra de “los que nunca fueron conquistados”, donde junto con los productores envejecieron los cafetales, las plantaciones tienen 20 años promedio, lo cual se traduce en una caída en rendimientos del 50 por ciento, ahora obtienen entre 6 y 8 quintales por hectárea. Esto producto de más de una década donde los precios internacionales del café se desplomaron y los hombres de la comunidad comenzaron a abandonar sus cafetales y migrar hacia Estados Unidos o las ciudades de México, Oaxaca y Puebla, platica el presidente de la Unión de Pequeños Productores de Café, Guillermo Ortiz.

La migración se mueve a la par de la bolsa neoyorkina. Y es que como manifiesta Lorenzo Canseco cuando el precio del café va bajando es cuando la gente migra. Aunque hoy el precio del café es favorable, acota, la gente sabe que es por un rato, que no es estable. El otro año, ¿quién sabe?

Durante los años de precios deprimidos entre 25 y 30 por ciento de esta población –que pertenece al municipio de San Miguel Quetzaltepec--, se dispersó hacia otros territorios en busca de empleo. Hoy subsisten en esta comunidad mil 100 habitantes, donde hay familias que tiene hasta cinco y siete hijos; aún cuando el grado de escolaridad se ha elevado y el pueblo cuenta con primaria y secundaria, y pueden cursar otros niveles en la ciudad de Oaxaca. Esta tierra y sus circunstancias expulsan a muchos de los nativos, quienes están “trabajando o estudiando, pero están afuera”, dice alguno de los que se aferran a su terruño.

Con el repunte de los precios del aromático, en la zona el café convencional se paga en 44 pesos por kilo y el orgánico en 51 pesos; el año pasado estuvo entre 24 y 30 pesos. “Está muy alto el precio”, resalta Ignacio Canseco, quien aclara que las intensas lluvias de septiembre-octubre pasado llegaron en mal momento y “hubo mucho desastre”, porque dañaron 30 por ciento de la producción de café. Sin embargo, luego el calor permitió sacar café de calidad y se benefició más para exportación. Ahí se compensó un poco.

Canseco habla del precio del café y de la bolsa de Nueva York con naturalidad y conocimiento. “Ojalá dure el precio, pero estaba bajando por el sismo de Japón, que está afectando el mercado”. La organización exporta 80 por ciento de su café –para lo cual cuenta con certificaciones de OCIA Internacional, Naturland y Certimex—, el restante 20 por ciento lo destina al mercado nacional.

En temporada de bonanza los habitantes regresan a cuidar sus cafetales, como un tesoro que guardan en las entrañas de la montaña, pero saben que un árbol abandonado ya no rendirá lo mismo. Como zopilotes también regresan los coyotes a ofrecer más dinero por el aromático que antes regatearon; mientras organizaciones como la CEPCO, que ante esta volatilidad diseñaron estrategias para sortear efectos adversos, como comprar el café a sus agremiados, incluyendo los beneficios del Mercado Justo, son desplazadas cuando un productor seducido por unas monedas más decide vender al comercializador.

Imagen Agropecuaria/Ernesto Perea“Desde hace tres años, las transnacionales se están metiendo a nuestras comunidades a ganarse el mercado, a pagar ahorita bastante dinero para que después se adueñen del mercado y pongan el precio que quieren”, lamenta Leonor Fernández Allende, cafetalera de la sierra mazateca, cuya estatura no rebasa los 1.50 metros, pero cuyas palabras muestran firmeza y convicción.

“Las trasnacionales nos están golpeando y el gobierno en lugar de apoyarnos, apoya a las empresas más grandes como Nestlé, que está queriendo sembrar café robusta, para comprarlo más barato y venderlo en los frasquitos más caro. Es un golpe para los pequeños productores, que hemos trabajado mucho para obtener calidad, para estar en Comercio Justo, pero ahorita ya no nos está conviniendo tanto, ya nos rebasaron las trasnacionales”, subraya la también presidenta del Consejo de Administración de la Comercializadora Agropecuaria del Estado de Oaxaca (CAEO), de CEPCO.

Lorenzo Canseco secunda que en la zona baja mixe hay zonas donde se produce café robusta y nuestra preocupación es que gente de fuera nos traigan plantas que no son favorables para la zona. Aclara que no ha habido programas para este cultivo, que hay pocas plantas, pero afirma que no tienen ni buena producción, ni buenos rendimientos.

En una reunión con Pequeños Productores de Café de Chuxnaban—que agremia 80 socios de esta comunidad y de Santa Cruz Condoy y San Isidro Huayapan--, y de la Flor de Chuxnaban, que cuenta con 30 socios, organizaciones afiliadas a CEPCO, cafeticultores expresaron que las empresas trasnacionales envían a coyotes a comprar café a las comunidades a un sobreprecio y cuando un productor decide venderles, la organización se ve imposibilitada de pagar más.

Ignacio Canseco presume que como productores orgánicos han entrado al Comercio Justo, donde el acuerdo internacional es no mover el precio base, de 155 dólares por 100 libras, además se otorga un premio social; pero cuando el precio del café sube, los coyotes pagan 10 ó 15 pesos más al productor, que muchas veces no valora los trabajos, ni los proyectos de las organizaciones y dice: quiero mi precio, mis 10 más que me da el acaparador. “Allí pierde la organización, no podemos competir con las grandes empresas”, reconoce el cafeticultor.

Quienes han mantenido su apego a CEPCO consideran que “uno debe ponerse la camiseta”, pero muchos en lo individual aprovechan estos precios y eso nos afecta como organización. El problema es que la CAEO tiene que hacer un contrato previo para entregar café a los compradores de otros países y cuando incumple hay una multa.

Un cafeticultor de la zona comenta que a veces los comerciantes pagan lo mismo por el café orgánico que por el convencional. “muchos tenemos que sufrir mucho por producirlo, pero nos desanimamos por el precio, siempre batallamos mucho… Muchos de los productores se dejan engañar por el comerciante, entregan más café al comerciante porque a veces ellos llevan más precio”.

Guillermo Ortiz dice que “la idea estar organizado es estar en las buenas y en las malas, no jugar a la organización; pero tenemos miedo que cuando baje el precio a los productores no nos alcance para el sostén de la casa”.

Cambiar Oportunidades

Los pobladores reconocen que los apoyos de gobierno sí generan beneficios, pero también están ocasionando que algunas personas ya no vayan a trabajar al cultivo del café, la mano de obra escasea y ha reducido en 50 por ciento.

Oportunidades, asevera Leonor Fernández quita mucho tiempo, porque citan a la gente y las personas que están al frente de las clínicas los hacen firmar y “si no tienen asistencia no les llega como tal el recurso; les rebajan, si eran 300 pesos les dan 200, porque no cumplieron. Ellos se ven forzados y aunque tengan trabajo, tienen que ir a la clínica a que les tomen la asistencia”. El apoyo para las mujeres es de 900 pesos cada dos meses.

El programa igual incide en aspectos productivos, ya que cuando hay reuniones de las organizaciones, muchas veces los compañeros no van porque tienen que ir a cumplir con sus asistencias, agrega.

Al cuestionarla sobre si sería necesario modificar Oportunidades, anota que “todos los programas son buenos, pero hay que estar tras de ellos (los beneficiarios), concientizando a la gente. No sólo porque les llegue un recurso se van a dormir; al contrario, tienen que multiplicar esas monedas. Ver de qué manera ellos pueden hacerlo más en grande. No sólo decidir ya recibí, ya no voy a sembrar mi campo. Al contrario, qué bueno que hay ese pequeño recurso, pero si hace falta esa concientización de que el dinero no es sólo para gastarlo, sino para potenciarlo, multiplicarlo”.

Fernández Allende reconoce que entre algunos beneficiarios, el programa ha generado conformismo, porque “ya nomás están esperando a que les llegue el recurso. Sobre todo los varones. A las mujeres nunca se nos acaba el trabajo. La mujer siempre tiene que estar al pendiente de sus hijos y el trabajo de casa, pero el varón abandona un poco el trabajo de campo y dice, no pues ya va a llegar el recurso”.

Los programas de gobierno han beneficiado a los jornaleros, gente de la misma región pero sin tierra, considerados los más desprotegidos, ya que sólo tienen un ingreso estacional durante cuatros meses que dura la cosecha de café. Cuando no hay trabajo en labores agrícolas cortan leña o rompen grava para la construcción. Un jornal en la zona se paga entre 80 a 100 pesos por corte, trabajando de 7 de la mañana a 3 de la tarde.

Por eso no es mal visto que alguien que tiene parcelas grandes les presta terreno para que hagan sus casas y los meta a programas como Procampo u otros.

--¿Los programas han reducido aunque sea un poco la pobreza?

--Pienso que sí. Conozco en mi pueblo una viejita ya murió. Con Oportunidades compraba madera y la revendía. Decía que no se gastaba su dinero, sino lo invertía. Todo depende de la persona. La mayoría lo ocupa para la alimentación y ropa.

En mi comunidad Oportunidades sí nos apoyó a que la gente instalará sus baños; “el programa los obligó: si no haces tú baño no vas a recibir un recurso. Fue un condicionamiento bonito porque se fue superando la familia, para que sea más higiénico. Las promotoras verifican eso. En ese sentido el programa es positivo”.

Plantea que es importante el seguimiento de los programas y que se cambien también las pláticas que les dan, porque siempre son enfocadas a hervir el agua; que hable de salud personal o del hogar. También deben inducir a que la gente invierta.

Algo que sí han logrado Oportunidades es mover más la economía local, ya que cuando no llega el programa en seguida se ve que baja la venta de los pequeños comercios. Aquí Leonor Fernández sugiere que las pláticas de los programas gubernamentales se haga conciencia sobre lo que se consume, ya que nuestra gente desconoce que son los alimentos “chatarra” y cuáles son nutritivos, por lo que se consumen refrescos, sopas Maruchán, ya que a la gente se le hace novedoso, ignorando que son un gran daño para los niños.

En la región una persona sobrevive con 70 u 80 pesos, según el número de integrantes de la familia. El ingreso promedio es de 40 o 50 pesos en familias de tres personas, las que tienen más miembros de alrededor de 100 pesos diarios. Cultivos como el maíz, frijol, chile o quelites se obtienen de sus parcelas. Carne se come cada 8 o 15 días y si queda algo de hambre en temporada hay frutas como naranja, plátano o piña.

Entre los programas de apoyo que reciben los productores de café está el de Fomento productivo para el mantenimiento de cafetales, un subsidio de 300 pesos por hectáreas para limpia y poda de plantaciones. Otro es el de renovación de plantaciones, donde una empresa produce plantones para que el gobierno compre y los entregue a los productores, quienes tienen sus propios plantones, pero al no estar certificados no se aceptan.

Leonor reclama que el subsidio debe ser para campesinos y no para las empresas, para poder combatir la pobreza, donde lo más importante son las políticas públicas de fomento a la actividad cafetalera.

Es muy importante –afirma—estar organizados; uno solo no puede hacer nada. La unidad hace la fuerza, y el gobierno sólo nos cumple cuando estamos organizados. El del café es un trabajo laborioso, porque es manual; da coraje que no se reconozca nuestro trabajo para producir café de calidad, hay muchos que valoran que sólo organizados podemos obtener algo. El coyote compra y se va, no viene y le dice te voy a apoyar. La organización ha conseguido apoyos y las instituciones financieras nos dan crédito para el acopio al 1 por ciento.

Comercio injusto
Ignacio Canseco recuerda que el Comercio Justo comenzó en Holanda en apoyo a los pequeños productores, “pero ahora como que ya no es rentable nos están haciendo a un lado, porque las trasnacionales ya pueden certificar y vender y ofrecer el Comercio Justo también”. Una de estas empresas es Agroindustrias Unidas de México (Amsa).

La política de la CEPCO es sólo compra café de alta calidad, que es el que se exporta y consume en sus cafeterías y un poco para el mercado nacional; el de segunda lo entregan los productores a las trasnacionales que compran de todo.

Los productores consideran que las reglas del Comercio Justo deben cambiarse. De hecho, a partir de una iniciativa de Oaxaca se está formando una organización Latinoamericana bajo el mismo concepto, donde participen países de Centroamérica y Sudamérica, como Brasil.

Los cafetaleros mixes también platican que muchas veces los subsidios de gobierno son captados por grandes empresas, porque éstas sí pueden hacer proyectos; en cambio el pequeño productor no tiene la capacidad de tener un gran proyecto, desconoce y cuando sabe no tiene los requisitos que pide la regla de operación o ignora algunos trámites. “Si quieres meter un proyecto te piden tu acta constitutiva y protocolizada, y a veces el productor no la tiene o piden tu certificado orgánico”. Te preguntan “si estás registrado en Hacienda, si está autorizado por Relaciones Exteriores, si ya pagaste en el RPP…Para los programas Trópico húmedo, de plantaciones o de viveros hay que presentar proyectos”.

El problema de la zona mazateca –cuenta Leonor-- es que varias socias no tienen el acta de nacimiento, la CURP y para que nos aprueben un proyecto nos piden todos esos requisitos y muchas veces por la falta de éstos no pueden acceder a los apoyos públicos. Hemos apoyado a varios socios para que arreglen sus papeles. A veces unos desisten, otros se molestan de que piden tantos documentos. No obstante, “unos sí le echan ganas y si se benefician”.

En este pueblo no hay ladrones

Los habitantes de esta comunidad hablan dos idiomas, el mixe y el español, y se rigen por usos y costumbres. Los robos son severamente castigados: los infractores, ya sean hombres o mujeres, tienen que ir al río, que está a unos 100 metros de la comunidad, a acarrear piedras en unos botes que almacenan entre 30 y 40 kilos, durante varias horas. El resultado es que no hay ladrones en la comunidad, explican habitantes.

Las familias están integradas en torno a la actividad cafetalera. Los niños no trabajan, porque van a la escuela, pero si apoyan con la selección del grano en la casa.

La alta migración ha obligado a las mujeres a encabezar las labores en el campo. La historia de Leonor es sólo un referente: “mi esposo y mi hijo emigraron. Mi esposo nos desconoció; no regreso. Y así hay casos en las comunidades”. Esta agricultora convencida—que en la manchas de su piel refleja las largas horas del día expuestas al sol—se ha dedicado a trabajar por sus cinco hijos y ahora su hija, la menor, es contadora, manifiesta con orgullo.

Josefina Aranda Bezaury, investigadora de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca, quien ha trabajado en las zonas más pobres de la entidad, hace hincapié en que las mujeres son un “pilar fundamental” en el campo y sus “estrategias de sobrevivencia” han evitado que la producción de alimentos se desplome, que aumente más la pobreza y la emigración sea “totalmente compulsiva y que la desestabilidad social se agrande”.

El problema es que predomina “una política económica que empobrece y otra política, la social que sólo medio compensa”, por lo que la solución no es sólo más dinero para el sector rural, sino un cambio profundo en cómo se distribuye éste y la orientación de políticas públicas hacia un cambio institucional profundo. "se trata de modificar radicalmente el enfoque y que quienes viven en la pobreza, puedan salir de ella gracias a su trabajo".

Lo anterior lo expuso al participar en la ciudad de Oaxaca en un taller de difusión del Proyecto Conocimiento y Cambio en Pobreza Rural y Desarrollo –impulsado por Rimisp-Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural— donde especialistas hablaron de la necesidad de reorientar los subsidios a la realidad de cada microrregión, de coordinar esfuerzos entre instituciones y de tomar en cuenta el papel cada vez más protagónico de las mujeres en el medio rural.

En San Juan Bosco Chuxnaban llama la atención al visitante que en una comunidad tan alejada, donde aflora la pobreza, las antenas de “Ve TV” se multipliquen en las azoteas de las casas, al igual que los anuncios de cerveza y en las tiendas no falten pastelillos y frituras empacadas.

La realidad es que los cafetaleros mixes enfrentan el poder de gigantes trasnacionales y, en pleno siglo XXI, platican con misticismo y cierta añoranza del Rey Condoy, quien antaño los protegió de los invasores para no ser conquistados.

VIII Foro Mesoamericano de los Pueblos: Minatitán, Veracruz, México 8, 9 y 10 de abril 2011

Marzo 24 de 2011

BOLETÍN DE PRENSA

VIII FORO MESOAMERICANO DE LOS PUEBLOS

• Contra la escalada creciente de represión y violencia hacia nuestros pueblos desde Panamá hasta México

• A 10 años de ir articulando las resistencias populares frente a la voracidad del sistema capitalista neoliberal

El VIII Foro Mesoamericano de los pueblos a realizarse los días 8, 9 y 10 de abril de 2011 en la ciudad de Minatitlán, Veracruz, se desarrollará en medio de la graves crisis global que ha provocado el sistema dominante, con sus terribles consecuencias: hambre, migración, violencia, saqueo, destrucción de nuestra madre tierra.

Desde la invasión europea hasta el golpe militar en Honduras en 2009 los pueblos mesoamericanos hemos resistido luchando contra los proyectos capitalistas que impulsan las grandes potencias imperialistas. Tal es caso del Plan Puebla-Panamá (PPP), hoy Proyecto Mesoamérica, que consiste en imponer la infraestructura necesaria para adueñarse de nuestros territorios bajo el pretexto de la integración y el desarrollo social.

Su ejecución abarca la construcción de presas hidroeléctricas, minas, autopistas, aeropuertos, telecomunicaciones, complejos urbanos de lujo, campos de golf, lagos artificiales privados, plantaciones de monocultivos, etcetera, con la complicidad de los gobiernos para la modificación del marco legal, utilizando las fuerzas militar y paramilitar. Asi como la desaparición, tortura y asesinato de luchadoras y luchadores sociales.

No se trata solamente de extraer, explotar, distribuir y comercializar las riquezas naturales y materias primas. Se pretende tener el control de todo el proceso, desde la investigación, diseño, los proyectos de inversión y cadenas productivas, hasta los sistemas de salud, vivienda, educación y empleo.

Los pueblos mesoamericanos no hemos permanecidos callados ante esta invasión y voracidad. Desde el 2001 en la ciudad de Tapachula, México, convocamos y realizamos el primer foro mesoamericano. A la fecha se han realizado siete foros mesoamericanos en México, Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica y 2 en Nicaragua.

El Foro es parte de un proceso de construcción colectiva que permite a Mesoamérica situarse dentro del movimiento alter-mundista desde nuestras comunidades y pueblos. Es un espacio incluyente, amplio, democrático desde la postura crítica, de resistencia y alternativas al neoliberalismo. Promueve un carácter cultural y lúdico, de convivencia e intercambio. Los planteamientos no serán determinantes sino de construcción y defensa de nuestras identidades culturales y territorios.

En el VIII Foro Mesoamericano de los Pueblos se trabajarán los siguientes temas:

• Crisis de capitalismo global y oportunidades para la disputa de la hegemonía y transformación social.

• Lucha por la defensa de la soberanía alimentaria y energética, defensa de los territorios, los bienes comunes. Las alternativas populares.

• Dominación y violencia patriarcal.

• Militarización y criminalización de la protesta social

También los invitamos a participar con sus productos agropecuarios y artesanales, videos, publicaciones en la Feria Mesoamericana (Tianguis). Además, conjuntamente se realizará un "FORO DE DENUNCIAS DE AGRAVIOS Y VIOLACIÓN A DEFENSORAS Y DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DESDE LOS PUEBLOS DE VERACRUZ Y OTRAS REGIONES"

Las actividades se desarrollarán en las instalaciones de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad Veracruzana (UV), campus Minatitlán, localizada en calle Managua s/n, col. Nueva Minatitlán, Minatitlán, Veracruz, México.

Bety Cariño

¡Justicia YA!

Para mayor información:

http://foromesoamericano.codigosur.net/

foromesoamericanocomunicación@gmail.com

* 1er Spot del VIII Foro Mesoamericano de los Pueblos "Articulando las luchas de los pueblos contra la dominación" a realizarse del 8 al 10 abril en Minatitlan, Ver.

http://www.ivoox.com/1er-spot-audios-mp3_rf_545436_1.html

* Invitación en Mixe:

http://www.ivoox.com/invitacion-mixe-audios-mp3_rf_558582_1.html

* Invitación en lengua Mixteca:

http://www.ivoox.com/invitacion-lengua-mixteca-audios-mp3_rf_591587_1.html

* Invitación en Nahuatl:

http://www.ivoox.com/invitacion-al-foro-nahuatl-audios-mp3_rf_568702_1.html

* Cápsula sobre Antimilitarización

http://www.ivoox.com/capsula-antimilitar-audios-mp3_rf_565893_1.html

* Segunda cápsula temática abordando ahora el eje "Soberanía Alimentaría" para su conocimiento y difusión.

http://www.ivoox.com/soberania-alimentaria-audios-mp3_rf_575719_1.html

* Próxima cápsula temática sobre migración....

¡ Escuchen, difundan y asistan !

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VIII Foro Mesoamericano de los Pueblos
Minatitán, Veracruz, México
8, 9 y 10 de abril 2011

Munden Project report on REDD and Forest Carbon: “Forest carbon trading is unworkable as currently constructed”

REDD Monitor, By Chris Lang, 22nd March 2011

In the Road Runner cartoons, the coyote chases the road runner off the cliff and keeps going until he looks down. Once he realises what’s happened, he falls. Proponents of trading the carbon stored in forests are currently running coyote fashion as fast as they can towards the edge of the cliff. A new report from the Munden Project suggests they should stop and take a look where they are heading.

The report can be downloaded here: “REDD and Forest Carbon: Market-Based Critique and Recommendations” (pdf file 993 KB). (The Munden Project is financed by Ford Foundation.) This report is particularly interesting because it is written from the perspective of the market. REDD-Monitor looks forward to a discussion about the problems highlighted in the Munden Report – in particular from proponents of a forest carbon commodity-based model for financing REDD.

The report does not question whether large sums of money are needed to preserve forests. Neither does it question whether carbon markets are the right way to raise this money. (Incidentally, neither does UN-REDD, which explains on its website that “[T]he final phase of REDD involves developed countries paying developing countries carbon offsets for their standing forests.”)

Instead, the report asks whether carbon markets will achieve what REDD sets out to do. UN-REDD explains the goals of REDD as follows:

REDD is a cutting-edge forestry initiative that aims at tipping the economic balance in favour of sustainable management of forests so that their formidable economic, environmental and social goods and services benefit countries, communities, biodiversity and forest users while also contributing to important reductions in greenhouse gas emissions.

The Munden Project report summarises the role of carbon trading in REDD with this equation (click for larger version):

So, will this meet REDD’s expected outcomes? “In a word,” states the Munden Project, “the answer is ‘no’, for four reasons:”

• Poor Transaction Structure. Transactions in REDD are structured as over-the-counter (OTC) arrangements, a fact that impedes REDD’s developmental goals and leads to a serious misallocation of resources.
• Commodities and Monopsony Power. Commodities markets are already unfavorable to producers and privilege intermediaries, largely because of the inherent nature of commodities themselves. Moreover, REDD’s global reach and scale suggest that intermediaries will obtain monopsony positions relative to projects. Both would imply that forest carbon will work against, not for, REDD’s stated development objectives.
• Poorly Defined Assets. From a trading point of view, the process [by] which forest creates carbon is ill defined to the point of being unacceptably risky. It contains a vague, poorly defined and scientifically unreliable process for creating forest carbon.
• Unsolvable Clearing Problems. As a consequence, pushing these commodities through the derivatives trading framework will prove impossible. This will either cause the trading system to not be created in the first place, or (as seems more likely) will result in the creation of a substandard, risky and ultimately destructive forest carbon market.

The report consists of three parts. The first part, “OTC and Commodities,” deals with the first two points, which are problems for the producers of the REDD commodity: forest carbon. The second part, “Assets and Clearing,” deals with the problems for the markets and traders of forest carbon. The third part, “Conclusions and Recommendations” summarises the problems and suggests some ways forward.

The report details how forest carbon will be traded. While many of those involved in REDD focus on forests, looked at from the market perspective, that is the smallest part of an inverted pyramid:

To anyone who is not an economist (and perhaps even to some economists) this inverted pyramid looks inherently unstable, but the Munden Project is not concerned about this market structure except to ask whether the structure is appropriate for REDD:

We believe that it is not only unsuitable operationally – in that it implies significantly higher costs for projects – but furthermore, that is highly likely to work at cross purposes with REDD’s stated objectives.

The Munden Project notes that there is a huge asymmetry of information between those selling carbon credits (who may only do so once) and those buying them (traders who deal in such trades regularly): “Derivatives contracts are complex legal documents and firms with more experience are also more skillful in structuring them to their advantage.” This is a major disadvantage for REDD projects, “who are forced to either muddle through these issues or engage expensive outside help.”

In an interview in 2007, economist Joseph Stiglitz, who was a joint-winner of the 2001 Nobel Prize in Economics for his work on asymmetric markets, explained that,

The theories that I (and others) helped develop explained why unfettered markets often not only do not lead to social justice, but do not even produce efficient outcomes.

The next problem that the Munden Project report notes is that “the commodity-based approach is at loggerheads with the development benefits REDD is expected to generate.” They use the example of milk as a commodity to show that if REDD follows the same commodity-based approach, the vast majority of the money invested would go on intermediaries and project costs. Governments would receive 5% and project returns (from which any payments to communities would come) would be 3%.

There is a high risk of REDD forest carbon forming a monopsony, or a market with many sellers but few buyers. The report explains that,

Logic dictates that the scale and resources required to source forest carbon credits will be so large that only a very few global intermediaries will be capable of providing it. Furthermore, these very same entities – or their parent companies – might also provide the connection between a project and the market.

The danger is that the buyers end up controlling the price – leaving sellers with no alternative but to accept the price offered. The Munden Project concludes that,

REDD is unlikely to generate expected impact at the producer level. That is, the bulk of benefits from forest carbon will not go to REDD projects, the communities that live within them or the countries where they are located, and those projects that are able to operate will come under intense pressure to cut costs due to monopsony buying power.

The report highlights a series of possible scenarios of “particular concern,” that might result from trading forest carbon under current circumstances:

• Scenario One. The commodity pricing structure does not create the benefit flows expected by governments, projects and communities, forcing them to abandon the concept. REDD – and more worryingly, the concept of engaging capital in the fight to protect forests – loses major credibility.
• Scenario Two. Vague, opaque standards for counting carbon lead to significant price shocks as carbon is revalued – or worse, a perpetual cycle of loosening standards as participants learn to game the system. Developing country governments see their economies become linked to the forest carbon market, and in the wake of these shocks, are forced to prop up or bail out those markets in order to preserve stability.
• Scenario Three. Bad incentives and conflicts of interest in verification and validation create a tragedy of the market’s commons, where carbon price is depressed as issuers overwhelm buying capacity. If linked with existing platforms like EU-ETS, this is a real problem.
• Scenario Four. The lack of clearing will cause deforestation by creating a bubble, in much the same way as subprime lending’s bubble caused bankruptcies. In this scenario, the popping of the bubble would cause damage to forest countries and communities, forcing them to generate cash flow to compensate by leveraging their most readily available and marketable asset: forest timber.

The Munden Project report takes an extremely critical view of trading forest carbon as a way of achieving REDD’s goals. However, the report does make four recommendations in an attempt to address these problems:

1. Invest in tenure
   

   Our first recommendation is the most straightforward. In many cases we analyzed, a very simple question – does the project have the right to do this on this land? – was impossible to answer. If there is any involvement from private capital sources, we cannot envision a scenario where the answer to that question is not important.

2. Change the definition of forest carbon
   

   If forest carbon proves to be such an attractive brand, we think the best bet is to move it – and move it dramatically – in the opposite direction from its current trend, away from microanalysis, and towards a broader, clearer definition.

   Agreement should be reached on a much more straightforward measurement of forest carbon, one that can be easily applied by projects with minimal – or ideally, no – reference to outside quantification experts.

3. Engage community-driven approaches, and do so more effectively
   

   Extensive evidence shows that giving communities greater rights to forests is effective from an environmental standpoint.

4. Generalize projects’ operational functions and use technology to enable them
   

   It makes little sense for REDD to develop into an approach that requires highly trained forestry experts to master accounting software and inflation projections. The key is to keep this dynamic sustainable.

   Given that REDD funding is currently driven by a small number of capital sources, we wonder if they might not be able to coalesce around a simple, web-based solution to this problem. Developing an application that project developers can use to cost out their projects, operate them and report results makes a lot of sense.

Numbers 1 and 3 of these recommendations are similar to demands that NGOs interested in the rights of indigenous peoples and local communities have been making for many years. The third recommendation suggests a process for developing REDD projects with local communities. Number 2 would reduce (or eliminate) the difficulties of measuring how much carbon is stored in forests and the soils beneath forests, which would surely be a huge relief to millions of forest dwelling communities around the tropics. (Although several hundred carbon measuring experts who would be put out of work might be considerably less happy with this suggestion.) And the fourth recommendation looks a little like a variation on the theme of a hammer seeing any problem as a nail – after all the Munden Project consists of builders of software systems. Nevertheless, the recommendations might provide a way of looking at REDD that highlights the fact that the REDD carbon trading coyote is currently running like crazy towards the edge of the cliff.

Registra Oaxaca déficit de 45 mil toneladas de maíz

Noticias de Oaxaca, 26 Mar 2011 - 00:41.

Oaxaca, Oax.- Pese al déficit de 45 mil 306 toneladas de maíz que tiene la entidad anualmente, la producción y abasto del grano están asegurados en todo el territorio oaxaqueño, informó el secretario de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (SEDAFP), Salomón Jara Cruz.

A su vez, Jesús Martín Mendoza gerente estatal de DICONSA -abastecedora oficial del producto básico--, reportó que en promedio se introducen anualmente 80 mil toneladas de maíz, proveniente de las entidades de Sinaloa, Chiapas y Jalisco, y para este 2011 se han adquirido ya 85 mil toneladas, como reserva estratégica.

Con esa cantidad, abundó el funcionario, hay total certidumbre al abasto de maíz a través de sus dos mil 35 tiendas rurales.

En conferencia de prensa en la que participó el delegado de la SAGARPA, Edgar Guzmán Corral, Jara Cruz precisó que las dependencias estatales y federales involucradas realizaron un diagnóstico sobre el maíz, lo que reporta que hubo una superficie sembrada de 595 mil 210 hectáreas; una superficie cosechada de 542 mil 593.84 hectáreas.

Y son 52 mil 617.01 las hectáreas siniestradas por los últimos fenómenos meteorológicos.

El titular de la SEDAFP, quien estuvo acompañado de los subsecretarios Lenin López Nelio y Emilio López, indicó que la producción del grado en los ciclos agrícolas Primavera-Verano 2010 y Otoño-Invierno 2011 registró una producción de 714 mil 693 .77 toneladas, cuando el requerimiento del básico es de 760 mil toneladas.

Tanto Jara Cruz como Guzmán Corral reiteraron que el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal dan total certeza y seguridad para que el maíz llegue a todas las comunidades de la entidad, "por lo tanto debe quedar claro que el abasto está asegurado y se tiene la infraestructura necesaria para llegar a las comunidades rurales".

Destacaron la continuidad del Programa de Agricultura por Contrato con los productores y organizaciones económicas.

Ejemplo de lo anterior es la firma de compra de tres mil 600 toneladas de maíz blanco con productores de la organización 'Llano de Luceros' de la región de la Cuenca.

Jara Cruz confirmó el trabajo estratégico para operar un programa de "Maíz para Todos" donde la meta será cosechar un millón de toneladas del grano en los próximos cuatro años, "hay las condiciones y estamos en platicas con los diversos productores".

Transgenico...

"Ninguna autorización para un plan piloto de siembra de maíz transgénico hay en Oaxaca. Los permisos otorgados en otras entidades son para investigación y están perfectamente acotados a la ley que estableció el Congreso del Unión", precisó el delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación, Edgar Guzmán Corral.

por RACIEL MARTÍNEZ

Monsanto y el Petate del Muerto

Posted on: 24/03/2011 by Alfredo Acedo

Monsanto ha convertido la caída de las reservas internacionales de maíz y el desastre causado por el frío en los cultivos del cereal en el norte del país en su mejor argumento para apresurar la imposición de la siembra comercial de maíz transgénico en México, presentando sus semillas manipuladas como la solución ante la escasez y encarecimiento de la gramínea.

Y va más allá: en conferencia de prensa, el presidente de la trasnacional en América Latina, José Manuel Maduro, se atreve a afirmar que “…la decisión de México de no avanzar en ello [los transgénicos] ha llevado a importar 10 millones de toneladas de maíz y por eso urge una decisión al respecto.” Monsanto intenta asustar con el petate del muerto.

El cinismo de Monsanto parece no tener límites. Ahora resulta que México perdió autosuficiencia en maíz e importa millones de toneladas anuales no por una política agropecuaria favorable a las trasnacionales y un modelo de libre comercio injusto, que privilegia las compras al exterior y ha abandonado a la mayoría de los productores nacionales, sino porque el país no ha adoptado la siembra comercial del maíz transgénico.

Esta persistente labor de la trasnacional ha tenido efecto. Después de que el gobierno a finales del año pasado le negara autorización para la siembra piloto de maíz transgénico en Sinaloa, ahora la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA) acaba de otorgar a Monsanto un permiso para la siembra de maíz amarillo genéticamente modificado resistente al herbicida glifosato, en programa piloto para el presente ciclo agrícola en Tamaulipas.

Sin embargo, el verdadero peligro —mortal para la alimentación, la salud y la cultura del país— está en optar por Monsanto en vez de fortalecer la agricultura nacional. La siembra de maíz transgénico acentuará la pérdida de soberanía alimentaria del país y contaminará las razas nativas del grano.

Según la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (CONABIO), en Tamaulipas se encuentran 16 razas de las 59 que existen de maíz nativo. Un estudio reciente de la CONABIO concluye que las liberaciones de maíz transgénico deberían estar a cargo “sólo [de] instituciones públicas debidamente capacitadas en materia de seguridad y en las zonas de menor riesgo.” El estudio fue financiado por la SAGARPA y, contraviniendo sus propias recomendaciones, se dio a conocer al mismo tiempo que fue aprobado el permiso de siembra piloto a Monsanto en Tamaulipas—estado que, como el resto del norte y todo el territorio de México, es centro de origen de maíz.

Campaña de presión

Hay una campaña intensa de promoción de los transgénicos en México: los grandes agricultores del norte del país presionan para que el gobierno agilice el establecimiento de la siembra comercial de maíz transgénico y en la prensa y la televisión no falta quien se vuelva eco de las tesis de Monsanto. Incluso a la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería llegó la propaganda entreverada con posiciones científicas. El programa de la tradicional feria auspiciada por la Universidad Nacional Autónoma de México incluyó una serie de conferencias denominada “Los organismos transgénicos han llegado a palacio”, encabezada por el promotor estelar de la biotecnología al servicio de las trasnacionales, Luis Herrera-Estrella. El científico mexicano, promovido como el coinventor de los transgénicos, se ha vuelto un defensor de los planteamientos de Monsanto, empresa que, según él mismo dice, le arrebató la patente de esa tecnología.

Sin embargo, son públicas las relaciones entre el CINVESTAV —donde labora el investigador— y la trasnacional. Herrera-Estrella ha sido denunciado incluso como ejecutor de “trabajo sucio” para Monsanto. Después de que Ignacio Chapela, profesor de la Universidad de Berkeley, reveló la contaminación transgénica en cultivos de maíz en Calpulapan, Oaxaca, en el otoño de 2001, Monsanto enderezó contra él una campaña de desprestigio de la que Herrera-Estrella no sería del todo ajeno. Tras años de persecución y cuando ya dos revisores externos internacionales para la Universidad de Berkeley habían aceptado dar permanencia a Chapela como profesor de tiempo completo e investigador, fue detenido su contrato al ser recibida la carta de un experto en su contra. El remitente era Luis Herrera-Estrella.

El ciclo de pláticas de la feria del libro sólo ofreció el punto de vista favorable al uso de transgénicos. Y ése fue uno de los reclamos de parte del público en la conferencia de Herrera-Estrella.

La presidenta de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS), Elena Álvarez-Buylla, presente entre el público, ofreció rápidamente un punto de vista crítico sobre la biotecnología transgénica e informó sobre un científico francés reconocido por su investigación independiente acerca de los riesgos de los transgénicos quien recientemente ganó un proceso contra grupos de biotecnología que habían desencadenado una campaña para desacreditarlo. Ella no pudo extenderse mucho por la descortesía desmesurada de Herrera-Estrella y sus seguidores quienes, incómodos por los comentarios, le quitaron la palabra. También se señaló la omisión del expositor respecto a los daños comprobados a la salud ocasionados por el glifosato, herbicida producido por Monsanto, asociado a una de sus variantes de maíz transgénico.

La agresiva operación de opinión pública para introducir en México el maíz modificado genéticamente por Monsanto ocurre después de que el año pasado trascendiera el declive de las ganancias de la compañía y una baja en sus acciones debido a la disminución de ventas en Sudamérica y Europa del herbicida Roundup y de semillas transgénicas de maíz y soya.

El mercado mexicano representa para Monsanto ganancias potenciales por el orden de los 400 millones de dólares al año y algunos en el gobierno consideran que esas son muchas razones para desdeñar cualquier riesgo sobre los maíces nativos, la economía o la salud de los mexicanos.

Mientras en la Unión Europea, de acuerdo con un informe de Amigos de la Tierra Internacional dado a conocer hace unas semanas, los cultivos transgénicos van en picada, al tiempo que aumenta el número de países que los prohíben.

Según esa fuente, siete estados miembro de la UE han prohibido el cultivo del maíz transgénico de Monsanto por las evidencias acumuladas sobre sus impactos en el ambiente y la economía y por la aplicación del principio de precaución en la salud. La oposición pública a los transgénicos se ha incrementado hasta el 61 por ciento.

Inopinadamente —y no sin contradicciones—, en diciembre el gobierno federal mexicano negó el permiso a Monsanto para la siembra piloto de maíz transgénico en cien hectáreas de Sinaloa, un estado al noroeste del país. La siembra piloto es la segunda fase, posterior a la experimental y previa a la libre producción y comercio, de las tres fases establecidas por la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.

A partir de octubre del 2009, pocos meses después de una reunión de Felipe Calderón con Hugh Grant, presidente de Monsanto, el gobierno federal aprobó 29 solicitudes de experimentación de maíz transgénico, rompiendo una moratoria vigente durante más de una década. La mayoría de las licencias fue para Monsanto y para Dow Agro Science, con el fin de “probar” maíces resistentes a herbicidas y a plagas en más de una docena de hectáreas.

El año pasado, tras mantener en secreto los predios de experimentación y sin informar adecuadamente los resultados del proceso, violando así la Ley de Bioseguridad, el gobierno aceptó 20 solicitudes más de las trasnacionales señaladas, a las cuales se añadió Syngenta. De otorgarse los permisos, las siembras de maíz transgénico ocuparían más de mil hectáreas.

Las contradicciones y titubeos en la posición gubernamental al negar los primeros permisos para la fase piloto en Sinaloa y la aprobación de un cuarto de hectárea en Tamaulipas se deben probablemente al inicio de la temporada electoral —crucial para el régimen que tratará de eludir el costo político de sus decisiones—, a la acción de las organizaciones campesinas y ecologistas y a la importante labor de organismos como la UCCS.

Desde finales de 2009, la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas (UNORCA) inició una campaña mediante foros de análisis, y en medios y bardas bajo el lema de: ¡No al maíz transgénico, fuera Monsanto! Se llevaron a cabo foros en Navojoa (a pocos kilómetros de uno de los centros de experimentación transgénica), Chilpancingo y Zacatecas. El año pasado en Guadalajara y en Morelia se denunció la experimentación de maíz transgénico en México como un crimen de lesa humanidad. Son ya muchas las voces que se han levantado contra este atropello: desde la UCCS hasta el ayuntamiento de Tepoztlán, en el estado sureño de Morelos, que inició una controversia constitucional contra la siembra del maíz transgénico en el país.

¿Soberanía alimentaria o dependencia?

Hace unos días, la UNORCA en voz de su dirigente nacional Olegario Carrillo advirtió que México no necesita echarse en brazos de Monsanto para recuperar su autosuficiencia en maíz. De hecho, ceder a las presiones de la trasnacional, que sólo busca apoderarse de la riqueza agro genética de los mexicanos, significaría profundizar la fuerte dependencia alimentaria activada por el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, cuando las importaciones ya rebasan el 40 por ciento de lo que el país consume, según datos de la Auditoría Superior de la Federación.

El problema de fondo no es tecnológico sino que el gobierno mexicano carece de una política benigna para el campo y no existen metas de producción de alimentos. El régimen neoliberal ha preferido favorecer las importaciones y beneficiar a las trasnacionales que se han ido apoderando de todo el proceso productivo.

En este contexto, miente la trasnacional al afirmar que su biotecnología pueda resolver el problema alimentario en México: está plenamente documentado que los transgénicos no incrementan la producción. Los maíces transgénicos no han sido concebidos para incrementar los rendimientos; la gran mayoría de los transgénicos están diseñados para resistir la aplicación de herbicidas producidos por la misma Monsanto. En cambio, generan mayor dependencia por la necesidad de comprar semilla y por la contaminación de las variedades nativas, y ocasionan daños al medio ambiente, a la economía y a la salud de las personas.

Por otro lado, se podría duplicar la producción anual de maíz en México (24 millones de toneladas) si se cambiara la política agropecuaria apoyando a los campesinos y se cultivaran más hectáreas en el sur y sureste, donde hay agua suficiente. La riqueza genética del maíz mexicano permitiría elevar la producción, sin tener que pagar regalías a Monsanto, porque hay en el país unas 60 razas nativas y miles de variedades adaptadas a todo tipo de terrenos y climas.

La trasnacional niega el riesgo de contaminación del maíz mexicano por el transgénico patentado por ella pese a que está comprobado que no es posible la convivencia de la tecnología transgénica con la biodiversidad. Monsanto miente porque esa estrategia forma parte de su historia de protección de sus ganancias por encima de la salud de las personas, del medio ambiente y del bienestar general, como ha sido demostrado en investigaciones a lo largo de los años.

La UCCS, basada en reportes de la FAO, UNESCO, entre otros, afirma que los transgénicos además de no aumentar los rendimientos, incrementan los agrotóxicos, destruyen el suelo, y no benefician a los agricultores pobres ni a los consumidores. Además, contribuyen a la crisis climática debido a que refuerzan un modelo de agricultura dependiente del petróleo en insumos y transporte. Las organizaciones campesinas y los científicos comprometidos proponen un modelo alternativo sustentable, basado en la conservación de la biodiversidad, el reciclaje de nutrientes, aprovechar la sinergia entre cultivos, conservación de suelos y recursos estratégicos (el agua, por ejemplo), así como la incorporación de nuevas biotecnologías integrales en sistemas sustentables.

Los científicos han concluido que el campo mexicano cuenta con los recursos necesarios para garantizar la autosuficiencia alimentaria con tecnología no transgénica. Según el investigador Antonio Turrent Fernández, los pequeños agricultores, ejidatarios y comuneros pueden jugar un papel clave en la producción de alimentos básicos y en el manejo de los recursos fitogenéticos de los que México es centro de origen y diversidad. Pero se requiere inversión pública en infraestructura, investigación, transferencia de tecnología y servicios —es decir, cambiar radicalmente el modelo predominante y la orientación del presupuesto público—, y reimplantar la moratoria al cultivo de maíz transgénico.

Alfredo Acedo es director de comunicación social y asesor de la Unión Nacional de Organizaciones Regionales Campesinas Autónomas México.

Grameen vs. Bangladesh

Project Syndicate, Jagdish Bhagwati, 2011-03-24

HONG KONG – Se está hablando de la disputa que se desarrolla actualmente en Bangladesh entre la primer ministro Sheikh Hasina y Mohammed Yunus, el fundador del banco de microcréditos Grameen y Premio Nobel de la Paz, como una representación moderna de la famosa batalla entre los malvados Kauravas y los virtuosos Pandavas descrita en el Mahabharata, la gran epopeya india.

Se insinúa que una primer ministro vengativa está tratando de castigar al justo Yunus, el pionero del microfinanciamiento, porque amenazó con participar en la política. Incluso se compara la conducta de Sheikh Hasina con la de Vladimir Putin en su campaña contra el oligarca Mikhail Khodorkovsky.

Sin embargo, el caso Grameen es más complicado y su moraleja es lo contrario de lo que indica la bien dirigida campaña de relaciones públicas de Yunus.

En primer lugar, Sheikh Hasina no es una política común y corriente. Es hija del primer presidente de Bangladesh, Sheikh Mujibur Rahman, un líder carismático al que a menudo se describe como el Padre de la Nación, y al que el ejército asesinó en agosto de 1975.

Hasina llegó al poder en 2009 tras una victoria abrumadora en unas elecciones sin fraude. También es una de las pocas mujeres que han llegado al cargo no por herencia, sino por méritos propios, mucho después del asesinato de sus padres y algunos de sus hermanos. Sheikh Hasina se salvó de la masacre gracias a que estaba en Alemania en ese momento. Durante mucho tiempo trabajó pacientemente para regresar a la política de Bangladesh y llegar hasta la cima.

Además, Sheikh Hasina ha ganado poder político en las urnas en un país islámico, que no es poco para una mujer. La secretaria de Estado Hillary Clinton parece culpable de intervenir con arrogancia en los asuntos internos de un gobierno amistoso y democrático por poner a los Estados Unidos del lado de Yunus contra la primer ministro de Bangladesh –lo que va totalmente en contra del modus operandi que prefiere Barack Obama.

En segundo lugar, muchos de los que ahora desacreditan a Sheikh Hasina son culpables de exagerar los méritos de Yunus. Consideremos la frecuente cantaleta de que es el “pionero" del movimiento del microfinanciamiento. De hecho, la verdadera pionera del microfinanciamiento es una seguidora de Gandhi, Ela Bhatt, admirable mujer de Ahmedabad, India (donde estaba el ashram de Gandhi), que estableció la Asociación de Trabajadoras Independientes (SEWA por sus siglas en inglés) como banco en abril de 1974, dos años antes de que Yunus fundara su Proyecto del Banco Grameen en Jobra, Bangladesh.

Durante toda su existencia, la SEWA ha estado regulada por el Banco de la Reserva de la India, el banco central del país, se ha ajustado estrictamente a las leyes y no ha buscado ninguna exención. A diferencia del Banco Grameen, no ha recibido dinero extranjero (como la donación de 100 millones de dólares de Noruega, cuya administración condujo a las primeras acusaciones de malos manejos contra Yunus) y ha distribuido dividendos anuales de entre 9% y 12% desde su fundación. Se sospecha que Yunus ha ocultado las pérdidas de Grameen con enormes cantidades de dinero procedente del exterior, mientras que la SEWA ha demostrado que mujeres pobres, que trabajan por cuenta propia, pueden ser las propietarias de un órgano financiero y administrarlo de manera autosostenible sin dádivas externas.

En tercer lugar, a muchos bangladeshis celosos de la independencia que obtuvieron tras el genocidio que perpetró el ejército pakistaní en Pakistán oriental hace 40 años les molesta la enorme entrada de dinero extranjero, que ha convertido a Grameen y a Yunus prácticamente en rivales de un gobierno democráticamente electo, situación que ningún gobierno toleraría. En efecto, la intervención de Clinton en la disputa entre Yunus y Sheikh Hasina pone de manifiesto el peligro de la influencia extranjera en los asuntos internos de Bangladesh.

Por último está la cuestión misma del microfinanciamiento. El microcrédito ciertamente es un complemento útil de los instrumentos de política contra la pobreza que han demostrado su eficacia –y que tiene la ventaja adicional de ayudar a las mujeres. Pero el hecho es que las grandes reformas económicas de la India, que se pusieron en marcha realmente en 1991, han tenido un impacto mucho mayor en la pobreza y en los ingresos de varios grupos desfavorecidos, incluidas las mujeres. Esto ha quedado ampliamente documentado por estudios empíricos recientes que demuestran que las previas afirmaciones en contrario estaban equivocadas.

En contraste, Bangladesh no ha experimentado nada que se parezca a la aceleración del crecimiento económico de la India. Como Sheikh Hasina aparentemente ha podido percibir desde que asumió su cargo hace dos años, durante décadas las políticas que socavan el crecimiento han perjudicado a Bangladesh. Desafortunadamente, los políticos más influyentes, y por lo tanto las políticas del país, siguen empantanadas en la economía socialista que acaba con el crecimiento que aprendieron en Cambridge y la London School of Economics hace medio siglo.

La SEWA de Ela Bhatt se añade a los enormes beneficios para los pobres y desfavorecidos que el marco de política macroeconómica ha generado en la India. En contraste, el Banco Grameen de Yunus, en el mejor de los casos, pone un dedo macroeconómico en el dique lleno de fugas de las políticas macroeconómicas de Bangladesh, que en gran medida no se ha reformado. ¿Podemos esperar que el caso Grameen sea el preludio de la lucha por las reformas liberales que se necesitan para transformar la economía bangladeshí?

Jagdish Bhagwati es profesor de economía y derecho en la Universidad de Columbia y miembro asociado en cuestiones de economía internacional del Consejo de Relaciones Exteriores.

World Bank’s forest climate fund slammed for sidelining indigenous peoples’ rights and failing to protect forests

Forest Peoples Programme PRESS INFORMATION - FOR IMMEDIATE RELEASE 23/03/ 2011

DALAT, Vietnam (23 March 2011) – A new report launched today at the 8^th meeting of the World Bank’s Forest Carbon Partnership Facility (FCPF) reveals that the Bank is not fulfilling its promises to protect the rights of forest peoples. Smoke and Mirrors: a critical assessment of the Forest Carbon Partnership Facility by Forest Peoples Programme (FPP) and FERN exposes the World Bank’s failure to uphold its commitments on human rights and its engagement in never-ending changes to its social and environmental policies, weakening its accountability to affected communities and the public. Co-author of the report, Francesco Martone, FPP policy advisor, said:

The FCPF is backsliding on its social commitments, using a smokescreen of constantly changing standards and guidance notes that pay lip service to forest peoples’ rights, governance and benefit-sharing without clear binding rules that would hold the Bank and recipient governments accountable. The whole question of which standards apply to the FCPF has just become more complicated as the Fund now plans to use different international agencies to implement its projects...

The FCPF is administered by the World Bank. It is one of the main international climate initiatives set up to fund developing country schemes for Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation (REDD). The report finds serious faults in government proposals seeking FCPF funding for planning and preparation activities in support of REDD schemes. It finds that while proposals for monitoring and measuring forest carbon are well-advanced, plans for activities that could actually reduce deforestation, such as clarifying and securing land rights and dealing with corruption and weak governance in the forest sector, are poor. Kate Dooley, FERN’s policy advisor, said:

In none of the eight REDD preparation plans developed by the governments of Panama, Guyana, Peru, Ghana, Democratic Republic of Congo, Republic of Congo, Nepal and Indonesia are land rights adequately addressed or existing land conflicts acknowledged. Proposals for governance reform are often limited to setting up new institutions to oversee forest carbon trading, at the expense of legal reform, including land tenure.

Many of the governments applying for funds have laws and national policies which are contrary to their international obligations to respect the rights of indigenous peoples and forest-dependent communities. Smoke and Mirrors shows that these shortcomings are ignored in REDD “readiness” proposals and, more worryingly, indigenous peoples and local communities are often unjustly blamed for deforestation. Onel Masardule of the Foundation for the Promotion of Indigenous Knowledge in Panama said:

The FCPF must uphold indigenous peoples’ rights in line with its commitments. FCPF decisions on financing for national proposals for REDD must respect the demands of indigenous peoples without whom forest and climate schemes will not work. Full respect for our right to free, prior and informed consent is essential, yet this fundamental safeguard is missing in FCPF policies and World Bank safeguards...

In Peru the government plans for REDD have attracted heavy criticism from indigenous peoples’ organisations for failing to address land conflicts and outstanding territorial claims. Daysi Zapata, Vice President of AIDESEP in Peru said:

The FCPF says that all its activities will ensure that countries meet their obligations to respect the rights of indigenous peoples, yet state plans in Peru are not respecting our collective rights, including our rights to territories and free prior and informed consent. We have not travelled for two days to reach Vietnam for nothing: we have come here to obtain firm guarantees that our rights will be respected and that the FCPF lives up to its promises....

The authors of the report are further concerned that the FCPF intends to move ahead with plans to make agreements to pay governments from its Carbon Fund before countries have completed the preparatory work that is required to ensure that future actions to curb forest emissions are fully sustainable.

The report concludes that the FCPF Carbon Fund and finance for emission reduction agreements must not move ahead until readiness actions are completed and the social and environmental safeguards are strong enough to uphold human rights and protect the environment.

The full report is available at:

http://www.forestpeoples.org/smokeandmirrors

http://www.fern.org/smokeandmirrors

Contacts:

In Vietnam - Conrad Feather: 0084 1254154032 conrad@forestpeoples.org

Daysi Zapata: via 0084 1254154032

Onel Masardule: masardule@gmail.com

UK: Kate Dooley +44 7824687376 kate@fern.org

Italy: Francesco Martone +39 3384051174 francesco@forestpeoples.org

Note to editors:

FERN is a non-governmental organisation (NGO) created to keep track of the European Union’s involvement in forests and coordinate NGO activities at the European level. Our work centres on forests and forest peoples’ rights and the issues that affect them such as trade and investment and climate change. All of our work is done in close collaboration with social and environmental organisations and movements across the world. The name FERN was chosen because ferns are one of the few species that grow in all forests.

Forest Peoples Programme is a non-governmental human rights organisation that works in South and SE Asia, Central Africa and South and Central America and internationally to support the rights of peoples who live in forests and depend on them for their livelihoods. Our work aims to counter top-down forest, conservation and development policies and make international finance institutions accountable to affected peoples and communities.

Forest Peoples Programme

1c Fosseway Business Centre
Stratford Road
Moreton-in-Marsh, Gloucestershire GL56 9NQ
United Kingdom

http://www.forestpeoples.org

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Científicos y Agricultores rechazan las siembras de maíz transgénico. Preocupación por la soberanía alimentaria del país

Ecoportal, 21/03/11

Ante la reciente autorización de maíz transgénico en fase piloto –previa a la liberación comercial- en el estado de Tamaulipas, Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) externaron su preocupación respecto al riesgo que corren las poblaciones de maíz nativo y la soberanía alimentaria del país.

En este sentido, la M. en C. Carolina Ureta señaló que actualmente alrededor de 16 razas nativas se encuentran distribuidas en el norte y 4 más encontrarán condiciones favorables en esta área del país bajo escenarios de cambio climático. Por lo que el norte del país será fundamental para la conservación de cerca de la mitad de las razas de maíz mexicano a corto y largo plazo. A su vez, la distribución potencial del conjunto de variedades nativas abarca todo el país.

Ilustrando lo anterior, Ureta presentó un mapa de Tamaulipas que muestra que en este estado se alberga más del 12 por ciento de las variedades nativas de maíz, algunas de ellas, fundamentales para garantizar el abasto de maíz en años donde fenómenos como las heladas, acaban con los híbridos.

Los investigadores presentaron datos recabados por un amplio grupo de expertos en coordinación con la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio), que demuestran la amplia distribución de variedades nativas de maíz en el norte del país y explicaron los peligros que éstas enfrentarán ante la introducción de maíz transgénico.

Asimismo señalan que:

* Estudios recientes demuestran que el maíz nativo existente en el norte del país será, junto con la diversidad del maíz nativo del resto del país, fundamental para afrontar las condiciones agrícolas extremas (sequía, altitud, entre otras) que se acrecentarán con el cambio climático.

* La evidencia científica disponible sugiere que la coexistencia sin flujo génico es imposible, pues no se podrá evitar el cruzamiento entre variedades nativas y maíz transgénico, si éste es sembrado a campo abierto.

* En México existen alternativas tecnológicas no transgénicas para enfrentar la escasez de maíz y la pérdida de cosechas por fenómenos ambientales; en contraposición, los transgénicos actuales no son ni más resistentes ni más rendidores y sí ponen en riesgo nuestra soberanía alimentaria.

Los investigadores externaron su preocupación por la manera en la que se otorgó el permiso piloto ya que no han tenido acceso a los dictámenes de las Secretarías competentes, “el acceso a la información en temas tan importantes para México, que pueden afectar el abasto de semilla y la autosuficiencia alimentaria, que se está dejando en manos de compañías semilleras transnacionales, deberían ser públicos”.

Además, destacaron su preocupación respecto a los potenciales daños a la salud que el consumo de maíz transgénico puede tener en la población mexicana ya que, señalaron, estudios recientes publicados por grupos de investigación franceses y estadounidenses demuestran daño fisiológico en ratas alimentadas con diferentes líneas de maíz transgénico.

Agricultores dicen NO a las siembras de maíz transgénico

Este jueves representantes de las Asociaciones Agrícolas del Norte de México pidieron la rápida liberación de más permisos para siembra piloto de maíz transgénico en nuestro territorio, en respuesta, los agricultores indígenas y los pequeños y medianos productores de maíz que integran la campaña Sin maíz no hay país señalaron en un comunicado de prensa lo siguiente:

Quienes decimos NO al maíz transgénico somos más de 3 millones de productores que sembramos maíz, lo que suma alrededor de 12.5 millones de personas que dependemos de su producción, esto es 55 por ciento de la población total agropecuaria y 12 por ciento de la población nacional total. La superficie sembrada equivale a poco más de la mitad de la superficie cultivada del país. Del total cultivado, sólo el 14 por ciento se realiza bajo riego, en las áreas de mejores tierras, utilizando insumos industriales y con un destino comercial. El resto, 86 por ciento, corresponde a áreas de temporal, fundamentalmente a cargo de pequeños y medianos agricultores campesinos, que cultivan tanto para el autoconsumo, como para los mercados a nivel local, regional y nacional.

En tanto, quienes demandan hoy la siembra de maíz transgéncio en fase piloto y comercial son un puñado de terratenientes, quienes han acaparado en las últimas décadas las tierras campesinas y los recursos públicos: subsidios, créditos e inversión pública. Poco les ha importado que se encarezcan los alimentos, ellos han priorizado sus ganancias, como en 2007 cuando en plena crisis alimentaria y alza del precio de la tortilla mandaron al exterior el maíz que producen con ayuda de nuestros impuestos.

Es falso que el maíz transgénico pueda resolver la demanda nacional industrial de maíz amarillo o paliar la escasez o altos precios del maíz blanco, causados por la pérdida casi total de las siembras de maíz de Sinaloa. El maíz transgénico en el largo plazo no garantiza mayores rendimientos ni abate costos, ni reduce el uso de agrotóxicos. La competitividad del maíz norteamericano no se debe al uso de semillas transgénicas sino a los altos subsidios que el gobierno norteamericano brinda a sus agricultores.

El gobierno federal y estos rentistas, terratenientes del norte que viven del subsidio público y de las dádivas de las corporaciones como Monsanto, deben por una vez asumirse plenamente como mexicanos, este es un momento de definición: o protegemos a México como centro de origen y de diversificación continúa del maíz en todo su territorio o le entregamos en charola de plata nuestra riqueza genética a las transnacionales.

La Comisión Nacional de Biodiversidad, (CONABIO) dio a conocer el viernes pasado un relevante estudio que claramente dice “Liberar maíz genéticamente modificado a nivel piloto o comercial creará riesgos a la diversidad genética del maíz que de manera inmediata tendrán costos institucionales de respuesta y gestión”.

Es evidente que ni el Secretario de Agricultura y menos el de Medio Ambiente han considerado estas opiniones. Por el contrario, desprecian y minimizan las opiniones de los científicos independientes y de aquellos que aún trabajan en el gobierno bajo el espíritu de servir a la Nación.

La CONABIO lo dijo: “Liberar maíz GM en el centro de origen y de diversidad genética de esta especie, y dónde aún habitan sus parientes silvestres, en particular los teocintles, equivale a tomar riesgos muy elevados para los recursos genéticos de los maíces de México.”

Los beneficios serán únicamente para las empresas y para los grandes productores rentistas del norte que se han prestado a seguirles el juego. Una vez más lo señalamos, son los pequeños y medianos productores de maíz –y a más largo plazo toda la población del país-, los que nos veremos más afectados por una decisión que no toma en cuenta a la mayoría de los mexicanos.

El interés de unos cuantos productores terratenientes, tecnificados del norte del país, NO justifica poner en riesgo la producción de maíz de la mayoría de los productores de maíz de México, de la que depende la alimentación de todo México.

Los grandes productores rentistas del norte no pueden demandar lo que es ilegal. Su libertad de elegir no puede pasar por encima de la propia Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados, ni del bienestar de la mayoría y del patrimonio de la actual generación de los mexicanos y de las futuras generaciones.

Demandamos el restablecimiento inmediato de la moratoria a la siembra de maíz transgénico en México, en cualquiera de sus modalidades y la revocación inmediata del permiso ilegal concedido a Monsanto en Tamaulipas. www.ecoportal.net

Aleira Lara Galicia

Greenpeace México A.C.
http://www.greenpeace.org/mexico/