Afganistán e India: Simples tecnologías ayudan a conocer avances en proyectos

Noticias del Banco Mundial,  1 de junio de 2010.

• Cámaras con sistema de posicionamiento mundial (GPS, por sus siglas en inglés) permiten conocer los adelantos de la infraestructura de riego en zonas de Afganistán de difícil acceso.
• En India, un proyecto piloto supervisará las consultas médicas de madres y niños a través de teléfonos celulares.
• Tecnología sencilla permite el seguimiento oportuno y eficaz en función de los costos de proyectos que se realizan en diversos lugares.

1 de junio de 2010. En Afganistán, un país afectado por conflictos, la productividad agrícola y la seguridad alimentaria dependen del restablecimiento de la infraestructura de riego. Pero la lejanía y creciente inseguridad de algunas zonas han obstaculizado los esfuerzos por dar seguimiento confiable a un proyecto de riego a nivel nacional.

Ahora podría haber una solución: cámaras con GPS económicas y de tecnología relativamente sencilla se utilizan para registrar la fecha, hora, longitud, latitud y en alguna medida la altitud, en fotografías de estructuras de riego en construcción o en reparación.

Trabajadores del proyecto en seis regiones han estado usando las cámaras desde febrero, produciendo imágenes de 650 lugares que constituyen la línea de base a partir de la cual se medirán los avances, explica Usman Qamar, líder del Proyecto de Emergencia para la Rehabilitación del Riego del Banco Mundial por un valor de US$127 millones. Este es financiado a través de la Asociación Internacional de Fomento (AIF), la entidad del Banco que otorga donaciones y préstamos sin intereses.

Pruebas buscan mantener la simpleza
Qamar junto con un equipo de innovación del Grupo del Banco Mundial y el Ministerio de Energía y Recursos Hídricos de Afganistán están trabajando en el desarrollo de un sistema que documente y trace el mapa de los demarcadores del proyecto y los relacione con otros datos de desarrollo.

El esfuerzo está poniendo a prueba un tipo de “supervisión remota” que los expertos en información, comunicaciones y tecnología (ICT) del Banco Mundial esperan mejore los resultados del proyecto y brinde en consecuencia mejores servicios a las personas pobres de los países en desarrollo.

Al proponer la utilización de cámaras con GPS en el proyecto de riego de Afganistán, los miembros del equipo de innovación de ICT de la región de Asia meridional en el Banco Mundial, Deepak Bhatia, Naseer Rana, Pratheep Ponraj y Kimmoye Byron, dijeron que uno de los principales objetivos era facilitar la supervisión de un proyecto grande con cientos de sitios, permitiendo al personal ser más selectivo acerca de las visitas al lugar.

“Este esfuerzo tiene que ver con la creación de capacidad dentro de los organismos y ministerios gubernamentales para realizar un seguimiento sostenible de los proyectos que permita mejorar los resultados en términos de desarrollo”, dice Ponraj.

“Con herramientas como ésta, resulta posible para los equipos del proyecto obtener información oportuna y confiable de zonas geográficamente extensas cubiertas por el proyecto. Y luego decidir, bueno, en este lugar en particular no estoy muy de acuerdo con los datos recibidos. Haré una visita también allí”, precisa.

Fue fundamental la identificación de un método de seguimiento a distancia que no requiriera contar en el lugar con trabajadores del proyecto con conocimientos técnicos, agrega Bhatia.

“Un principio clave que empleamos fue que todo lo que se propusiera debía ser tanto simple en términos operativos como sostenible después de terminada la participación del Banco. La tecnología de campo utilizada, por ejemplo, no debía ser tan sofisticada como para requerir la presencia de un experto que muestre cómo usarla. Al mismo tiempo, nuestro objetivo en CITPO, la división de Políticas sobre Comunicaciones, Información y Tecnología del Grupo del Banco, es liberar el poder transformador de ICT para alcanzar resultados en materia de desarrollo”.

Solución basada en una práctica establecida
El empleo de las cámaras con GPS se basa en una práctica ya establecida por el proyecto para  “georreferenciar” la rehabilitación de los sistemas de riego a través de fotografías. En el marco de ese sistema, los trabajadores de campo captaron imágenes que incluían demarcadores identificativos, pero el personal del Ministerio en Kabul tuvo dificultades para distinguir las estructuras o lugares entre sí.

Ahora las fotografías con información de GPS se descargan en oficinas regionales y se envían por correo electrónico o se lleva personalmente la tarjeta de memoria a la sede del Ministerio en Kabul, donde personal capacitado ve las imágenes a través de un navegador web o de  Google Earth y las agrega a la base de datos del proyecto.

Aunque Google Earth ahora no muestra imágenes actualizadas recientemente o en alta resolución de Afganistán, las fotografías georreferenciadas y las imágenes actualizadas tomadas periódicamente se pueden integrar en mapas de sistemas de información geográfica que muestran otros atributos orientados al desarrollo como los límites administrativos,  la clasificación de tierras, la productividad agrícola y datos sobre los cultivos.

En India se usan teléfonos celulares y tarjetas inteligentes

El equipo de innovación del Banco está desarrollando sistemas de seguimiento de beneficiarios y verificación de servicios también en otras regiones, incluso en el estado indio de Karnataka, para medir la eficacia de los servicios de salud materna e infantil.

Probablemente, el sistema empleará cada vez más teléfonos celulares ubicuos y baratos para registrar en tiempo real los resultados de las visitas de los profesionales de la salud a zonas lejanas, a fin de determinar si los programas están funcionando bien, dice Bhatia. Las enfermeras podrán enviar mensajes de texto con información sobre la cantidad de pacientes que atendieron y el número de vacunas o exámenes.

El equipo planea también experimentar diferentes opciones para verificar que los pacientes recibieron los servicios y obtener su opinión. Las opciones incluyen el uso del servicio de mensajes cortos (SMS, por sus siglas en inglés) en teléfonos móviles o el uso de tarjetas inteligentes para confirmar que los pacientes recibieron un servicio y que fue satisfactorio.

Partes de esta prueba serán financiadas con una donación del Servicio de Fomento del Buen Gobierno, respaldado por Reino Unido, Países Bajos y Noruega. El servicio también financia la labor del equipo de innovación.

Rana dice que el grupo de trabajo está aprovechando las tendencias que promueven una mayor transparencia y rendición de cuentas en Asia meridional, como las recientes iniciativas para mejorar el acceso a la información a través de la legislación, el rápido crecimiento del uso de teléfonos celulares aún en zonas rurales y el aumento de interés en “auditorías sociales” que abren los proyectos  y programas al escrutinio del público. “Estas cosas tienen el potencial de elevar la rendición de cuentas a un nivel superior”, agrega.

“Estos experimentos muestran la creatividad del personal del Banco en respuesta a condiciones complicadas y tienen el potencial de mejorar los resultados no sólo para la Región de Asia meridional sino para el Banco en su conjunto”, dice Isabel Guerrero, vicepresidenta del Banco para la Región de Asia meridional.

“En un entorno de inseguridad como el de Afganistán, todos los proyectos, en particular los que se implementan en zonas rurales, pueden beneficiarse del uso de tecnologías simples como las cámaras con GPS que proporcionan la tranquilidad a los Gobiernos y donantes de que las cosas realmente están sucediendo en el lugar”, agrega Qamar.

Nicaragua: Avanza exitosamente titulación de territorios indígenas

Nicaragua y más, domingo 6 de junio de 2010

Gobierno de Nicaragua ya entregó títulos para 15 de los 22 territorios ancestrales
por Giorgio Trucchi

Cumpliendo con una de las promesas de la campaña electoral del 2006, el gobierno de Nicaragua entregó 6 nuevos títulos territoriales a las comunidades originarias nicaragüenses. Un total de 15 de los 22 territorios reclamados por los pueblos de la zona Caribe de Nicaragua ya fueron titulados y para el 2011 se espera completar la tarea.

Durante un acto que se realizó el pasado 5 de junio en la Casa de los Pueblos, el presidente Daniel Ortega entregó 6 nuevos títulos territoriales a los representantes y autoridades de las diferentes etnias de las Regiones Autónomas del Atlántico Norte y Sur, Raan y Raas, de Nicaragua.

A partir de 2007, el actual gobierno sandinista entregó 15 títulos territoriales, por un total de 22,479 Km², que representa más del 18 por ciento del territorio nacional y una superficie superior a la de El Salvador.

En virtud de la aplicación de la Ley 445 “Ley de Régimen de Propiedad Comunal de los pueblos indígenas y comunidades étnicas de las Regiones Autónomas y de los Ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz”, esta medida va a beneficiar a 214 comunidades indígenas y afrodescendientes para un total de 103,790 habitantes,

“Hoy es el día más importante de los últimos 116 años para los pueblos de la Costa Caribe”, dijo el Secretario para la Costa Caribe nicaragüense, Lumberto Campbell.

Según Campbell, en 1894 la Mosquitia fue anexada al resto del país, lo cual significó una expropiación del territorio indígena.
“Lo de hoy es un acto de justicia en el marco de un proceso revolucionario, porque solo con una revolución es posible alcanzar ese resultado”, explicó el Secretario para la Costa Caribe, al recordar el proceso de autonomía para la región impulsado en los años 80 por el gobierno sandinista.

Campbell evidenció los esfuerzos hechos en aquellos años, la parálisis del proceso a raíz de la llegada al poder de gobiernos neoliberales “que históricamente habían saqueado los territorios indígenas de sus recursos naturales”, y la aprobación en 2003 de la Ley 445.

“Pese a la aprobación de esta ley que asegura la posibilidad de titulación de las tierras, entre 2003 y 2006 el gobierno no hizo absolutamente nada. Fue solamente a partir de 2007, con el Fsln al gobierno, que se inició un proceso con el que ya se titularon 15 de los 22 territorios ancestrales”, dijo Campbell.

Para el 2011 se prevé finalizar la titulación territorial. Un total de 36 mil km² entre el Río Coco (frontera con Honduras) y el Río San Juan (frontera con Costa Rica), 3 mil más de lo que era la antigua Mosquitia.

En su momento, las potencias extranjeras habían arrebatado a las poblaciones indígenas la zona del Río San Juan, en el Sur de Nicaragua, donde se estudiaba la posibilidad de abrir un canal interoceánico. “Ahora se les está haciendo justicia”, concluyó.

El líder indígena y diputado Brooklyn Rivera, informó de que con esta nueva entrega de títulos se finaliza de titular la propiedad comunal de los pueblos indígenas Sumo, Mayagna y Rama, y se avanza en el proceso que beneficia a los pueblos Miskito y Garífuna.

Recordó también la importante decisión tomada el mes pasado por la Asamblea Nacional, de ratificar el Convenio 169 de la OIT sobre los derechos de los pueblos indígenas y tribales.

Reconocer el derecho ancestral

Minutos antes de entregar los títulos territoriales a representantes de las comunidades indígenas presentes en el acto, el presidente Daniel Ortega dijo que no se trataba de dar (estas tierras), sino de “reconocer el derecho histórico de las poblaciones indígenas sobre estos territorios, que siempre les pertenecieron y que les fueron arrebatados.

El próximo año – continuó el Presidente de Nicaragua – vamos a hacer el esfuerzo para llevar a cabo la titulación del cien por ciento de los territorios libres de las comunidades indígenas y cumplir con ese acto de justicia”, concluyó.

Enfrentan cafeticultores mayor crisis en 15 años

por RACIEL MARTÍNEAZ, Noticias, 03/06/2010 - 02:00

En los últimos quince años la cafeticultura estatal ha enfrentado progresivamente "una crisis devastadora expresada en una dramática disminución de la producción y una sensible baja en la calidad del grano, todo ello producto, por un lado, de la caída de los precios internacionales del café, de la ausencia de políticas públicas eficaces dirigidas a fomentar ordenadamente esta actividad, a la falta de financiamientos adecuados y a la desaparición de instituciones que proporcionen o faciliten asistencia técnica oportuna".

Es el veredicto de Mario Cortés Jarquín, presidente de la Unión Estatal de Productores de Café, afiliada a la Confederación Nacional de la Pequeña Propiedad Rural, durante la presentación de la "Guía Técnica para la Rehabilitación de Cafetales", en las plantaciones de café bajo sombra en la región Pluma-Loxicha.

Este conjunto de factores, agregó, "se tradujo en un abandono de las plantaciones realizándose trabajos mínimos de mantenimiento, aparición de plagas y enfermedades para el café en las zonas descuidadas, disminución de ingresos de los productores de aproximadamente el 65 por ciento respecto de la década anterior".

Con todo lo anterior, explicó, se ha acentuado la pobreza en las regiones cafetaleras y como consecuencia de ello se ha profundizado el fenómeno migratorio y la marginación en que viven actualmente los pueblos cafetaleros de Oaxaca.

Por su parte, Gonzalo Villalobos López, director general de la Agencia de Desarrollo Rural BIOAX, responsable de la "Guía Técnica para Rehabilitación de Cafetales", detalló que en la región Pluma-Loxicha la situación de la cafeticultura puede describirse de la siguiente manera:"99 por ciento de los productores son pequeños cultivando predios menores de 5 hectáreas, los rangos de densidades de plantación están en el orden de 800 plantas por hectárea con bajísimos rendimientos (de 2 a 4 quintales por hectárea), que con un buen manejo podría llegar a duplicar o triplicar el número de plantas por unidad de superficie y mejorar los rendimientos".

A pesar de todo, enfatizó el ponente, "la zona ofrece todavía buen café, existe aun buena disposición y ánimo de los productores para retomar la actividad, actualmente se conservan los recursos naturales y se protege la biodiversidad, existe en la región una oferta de empleo rural con salarios muy bajos, lo que explica en buena medida que se defina esta zona como de alta marginación".

Además, dijo, "las plantaciones de café son viejas y por lo tanto con bajos rendimientos, plagadas y enfermas, en su mayoría están siendo abandonadas o destruidas en la búsqueda de nuevas fuentes de ingreso".

Cabe destacar que en la región Pluma-Loxicha la producción del aromático es bajo sombra, y eso ha favorecido la conservación del bosque y los servicios ambientales reduciendo los efectos adversos del cambio climático.

"Se trata de una zona con diversidad biológica única en flora y fauna, tanto así que el Fondo Mundial para la Naturaleza (World Wildlife Fund) tiene catalogada a la región cafetalera de Pluma-Loxicha como una zona estratégica por su diversidad biológica debido a su alto endemismo y número de especies de distribución restringida, a sus bosques húmedos estables y al gran mosaico complejo de comunidades vegetales".

Las grandes represas Hidroleléctricas: Dinosaurios destinados a desaparecer (Por Ricardo Carrere)

3 June, 2010

Ver También Video: La Invasión Hidroeléctrica: / http://www.youtube.com/watch?v=Qb5aXlUpJ0g

Las grandes represas Hidroleléctricas: Dinosaurios destinados a desaparecer

Por Ricardo Carrere, coordinador internacional del WRM, Movimiento Mundial por los Bosques Tropicales.

La historia de las grandes represas hidroeléctricas es la historia de la violación de los derechos básicos de los pueblos que habitaban el área inundada por cada una de las decenas de miles de represas que hoy obstruyen innumerables cursos de agua en todo el planeta. Es también la historia de la desaparición de numerosos ecosistemas y de la radical modificación de otros. Millones de hectáreas de bosques han quedado sumergidas bajo las aguas, afectando así a la fauna y flora locales y privando a los pobladores locales de sus tierras y medios de supervivencia.

Pero el impacto de las represas no se circunscribe al área de su embalse, sino que va mucho más allá. Por un lado, porque los cambios que genera la represa en el régimen hidrológico hacen desaparecer especies de fauna acuática –que se ven imposibilitadas de sortear la enorme barrera que significa la represa en sí- lo que genera impactos graves sobre otras especies vinculadas a la misma cadena alimenticia, que también desaparecen o cuyas poblaciones disminuyen drásticamente. Toda la población humana dependiente de esas especies a lo largo del río se ve entonces gravemente afectada en sus posibilidades de supervivencia. Por otro lado, impactan sobre otras áreas boscosas como resultado de la migración forzada a que son sometidas las poblaciones afectadas, que son normalmente “reasentadas” en otras áreas boscosas. Privadas de sus medios de vida tradicionales, estas poblaciones se ven obligadas a cortar áreas de bosque para poder destinarlas a sus cultivos agrícolas tradicionales. La pérdida de bosques por ende su duplica.

Nada de lo anterior constituye un descubrimiento reciente, sino que es sabido desde hace muchos años. Tanto es así, que en determinados países del Norte este tipo de represas no se construyen más e incluso se han comenzado a desmantelar algunas para permitir el flujo normal de los ríos.

A eso se agrega el detallado estudio llevado a cabo por la Comisión Mundial sobre Represas, cuyos resultados fueron hechos públicos en el año 2000, y donde entre otras cosas dice que “las grandes represas han fragmentado y transformado los ríos del mundo, mientras se estima que entre 40 y 80 millones de personas han sido desplazadas por su construcción. En muchos países, a medida que las bases para la toma de decisiones se han vuelto más abiertas, inclusivas y transparentes, la decisión de construir una gran represa se ha tornado crecientemente controversial, hasta el punto que el futuro de la construcción de grandes represas está hoy cuestionado en muchos países del mundo”.

Sin embargo, ignorando la experiencia de los impactos y el dolor acumulados, año tras año se siguen planteando nuevos proyectos de represas en numerosos países del mundo y en particular del sur. ¿Es qué no se ha aprendido nada?. ¿Es que los técnicos son ignorantes?. Nada de eso. La respuesta es muy sencilla: Se siguen planteando porque las grandes represas significan grandes negocios para grandes empresas (y para sus socios locales). La única razón por la que algunas no se concretan o ni si quiera se plantean es la creciente oposición organizada contra las mismas. Si no fuera por eso, seguramente serían muchas más.

Importa entonces saber quiénes son los que se benefician y cómo logran sus objetivos. Dado el gigantismo de este tipo de represas, las mismas implican cuantiosas inversiones, normalmente fuera del alcance de las empresas y estados nacionales del Sur. Es así que quienes finalmente acceden a los contratos para los estudios, la construcción y la puesta en funcionamiento de las mismas son consorcios de grandes empresas transnacionales. Entre ellas se destacan las empresas consultoras, de construcción y proveedoras de maquinaria para represas, en su inmensa mayoría radicadas en el Norte (Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Estados Unidos, Finlandia, Francia, Italia, Reino Unido, Suecia, Suiza, entre otros).

Sin embargo, la obtención de ganancias no se basa sólo en la participación en la construcción de la represa, sino que también radica en los distintos tipos de apoyos que las empresas reciben de los gobiernos de sus países de origen o de organismos multilaterales de crédito. Es aquí donde juegan un importante papel las agencias multilaterales, que escudándose tras el rótulo de agencias de “asistencia” a los países del Sur, en realidad asisten con dinero de los contribuyentes a las empresas involucradas en las represas. Un papel similar es cumplido por las agencias de financiamiento a la exportación de los países del Norte, que asisten con créditos blandos la exportación de la maquinaria para las represas. A su vez, el Banco Mundial, al igual que la banca multilateral de la regional (Bancos Africano, Asiático e Interamericano de Desarrollo) han sido y siguen siendo organismos esenciales en la financiación de las grandes represas hidroeléctricas.

En todo esto también juegan un rol importante los gobiernos nacionales de los países donde las represas son construidas. El Estado actúa como promotor de los proyectos, aportando los argumentos técnicos, económicos y sociales necesarios para lograr el apoyo mayoritario de la población no afectada por la represa (en particular la población urbana). Los funcionarios gubernamentales se ufanan en promocionar el carácter “limpio y renovable” de este tipo de energía. Argumentan que la población del país necesita de la energía eléctrica proveniente para mejorar su calidad de vida. Traen a colación el tema del cambio climático.

Nada se dice por supuesto acerca de los grandes beneficios económicos que los empresarios locales vinculados al gobierno perciben a través de su asociación con los actores transnacionales involucrados. No se menciona, claro está, que en muchos casos la construcción de las grandes represas está vinculada a procesos de corrupción donde se benefician los propios funcionarios que la publicitan. Nada se dice tampoco sobre los impactos ambientales que terminan volviendo sucia y no renovable a esta energía y que además contribuyen al cambio climático a través de la emisión de grandes volúmenes de dióxido de carbono y gas metano, dos de los principales gases de efecto invernadero. Menos aún se menciona que la energía producida rara vez llega a los hogares de los más pobres, y que en realidad sirve para que las transnacionales dispongan de energía barata y abundante para que sus inversiones resulten rentables.

A su vez, las grandes represas son presentadas como la única opción posible. Las alternativas son invisibilizadas y por ende inviabilizadas. Las energías provenientes del sol, del viento, de la biomasa, ni siquiera entran en la ecuación y menos aún temas centrales como la descentralización de la producción y distribución de la energía, su uso eficiente y su conservación. La alternativa pasa a ser: o energía hidroeléctrica o nada.

Pero el Estado tiene a su vez otra misión fundamental a cumplir para hacer posible las grandes represas: Actuar como represor de la oposición local toda vez que lo entienda necesario. En esto apela a varios mecanismos. Por un lado, busca aislar a los opositores del resto de la población nacional, contraponiendo el interés general al interés particular de las poblaciones locales. Dado que normalmente las áreas a ser inundadas están habitadas por poblaciones indígenas o campesinas pobres, las muestra como “atrasadas” y “opuestas al progreso”, explotando y exacerbando en muchos casos los posibles sentimientos racistas de la población mayoritaria del país. Además el gobierno recurre frecuentemente a procesos de “consulta” totalmente manipulados con el objetivo de lograr dividir a las comunidades afectadas y obtener algún tipo de “apoyo” al emprendimiento. Pero finalmente recurre, en forma abierta o encubierta, a su capacidad de represión física para obligar a las poblaciones locales a abandonar el área. El Estado resulta entonces la cara visible de la violación de los derechos humanos de las poblaciones locales, pero es importante señalar que dicha responsabilidad es compartida por todos los actores arriba mencionados que se esconden tras el mismo.

La gran paradoja radica en que las grandes represas hidroeléctricas son en realidad el símbolo del paradigma ya perimido del dominio de la naturaleza por parte del ser humano. En su momento fueron motivo de admiración, y cuanto más grande era la represa, mayor orgullo representaba para el país que la albergaba. Quienes se oponían a las mismas eran catalogados de atrasados y de opuestos al progreso, lo cual justificaba el desconocimiento de todos sus derechos.

Hace ya más de diez años se produjo sin embargo un cambio fundamental, cuando en la Cumbre de la Tierra de 1992 de Río de Janeiro, los gobiernos adhirieron formalmente al nuevo paradigma del desarrollo sustentable, que realza la importancia de la conservación ambiental y la equidad social. En ese contexto, las grandes represas, se asemejan a un dinosaurio en vías de extinción, pero sigue negándose a desaparecer. ¿Cuánto más sufrimiento se impondrá a los pueblos locales antes que eso suceda?. ¿Cuántas más especies y ambientes deberán desaparecer antes de que los gobiernos -del Norte y del Sur-

se decidan de una buena vez a abandonar un modelo de desarrollo insustentable para el que este tipo de represas constituye una necesidad?.

A esta altura resulta muy claro que las represas no desaparecerán por sí solas, sino como resultado de la oposición organizada a las mismas, desde el nivel local a los niveles nacional e internacional. El primer paso consiste en generar conciencia sobre el problema. Ya se ha avanzado mucho en este sentido –gracias al infatigable trabajo de numerosas personas y organizaciones- pero aún no lo suficiente.

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El caso del Conflicto Proyectos hidroeléctricos de Endesa/Enel – Colbún en la Patagonia Sur de Chile – Resumen Ejecutivo / Leer Más: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=3671

VER TAMBIÉN: VIDEOS RECOMENDADOS: Por la Defensa de la Madre Tierra frente a la Invasión y destrucción de las Industrias Extractivas y Energéticas / Ver: http://www.mapuexpress.net/?act=publications&id=3337

Megaproyectos Hidroeléctricos en el Territorio Ancestral Mapuche / La Transnacional de origen estatal Noruego Sn Power, la Transnacional ENDESA y el Grupo chileno Matte a través de su empresa Colbún, son los principales grupos económicos que intentan instalar sus mega proyectos hidroeléctricos bajo el amparo del estado chileno en Territorio Mapuche. Miles de hectáreas inundadas e impactadas, graves impactos a las economías locales, daños culturales, sociales, son algunas de sus consecuencias. Algunas ya vienen ocasionándose. La resistencia sigue / Leer Más: http://www.ecoportal.net/content/view/full/86535

Mega proyectos hidroeléctricos amenazan pueblos y sus territorios en Chile / Después de la tragedia de Ralco en el territorio Pewenche en los Altos del Bio Bio, en este 2007 ha detonado un fuerte conflicto territorial como consecuencia de varios proyectos Hidroeléctricos que pretenden imponer principalmente tres “grandes” empresas: La Transnacional ENDESA (La misma del genocidio y Ecocidio en Ralco); COLBÚN (Del Grupo económico Matte, dueña de Forestales y Celulosas, entre otras); Y la Empresa de capitales Noruegos SN Power, bajo el amparo Estatal y la complicidad Gubernamental. / Estos proyectos hidroeléctricos se pretenden emplazar en desmedro de territorios, ecosistemas y sus poblaciones, los que afectarían la calidad de vida de estos, la cultura, sociedad y diversas actividades de sustento como el Turismo y varias otras sustentables, como es lo que ocurriría a modo de ejemplo en la naciente Región de los Ríos. / Leer Más: http://www.rebelion.org/noticia.php?id=59610

La Invasión Hidroeléctrica: / http://www.youtube.com/watch?v=Qb5aXlUpJ0g

¿Cuánto cuesta un río? ¿Y un bosque?

BBC Mundo, Medio Ambiente martes, 1 de junio de 2010 - 09:32 GMT

Laura Plitt

¿Cuánto vale cortarse el pelo? Dependiendo del país, y por supuesto de la peluquería, los servicios de un peluquero pueden rondar los US$20. Los de una profesora de canto, digamos que... ¿U$50?

¿Pero cuánto cuesta el servicio que brinda un bosque para garantizar el suministro de agua limpia, o el que ofrece un manglar al proteger la zona costera de los embates de un huracán?

Esto es algo que -en parte- busca responder el proyecto TEEB (siglas en inglés de The Economics of Ecosystems and Biodiversity), una iniciativa amparada por el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, en la que participan cerca de 250 científicos de todo el mundo.

"Para explicarlo, hay un ejemplo que le voy a citar y que a mí me gusta mucho", le dice a BBC Mundo Carlos Muñoz, Director General de Investigación en Economía Ambiental del Instituto Nacional de Ecología de México e integrante del TEEB.

"En el norte de México, al norte de la ciudad de Monterrey, hay una cueva en la que vive un millón de murciélagos", dice Muñoz. "Los científicos descubrieron que al atardecer, estos mamíferos salen a volar por la zona de Moroleón, donde se cultivan cítricos y otras plantas, y acaban con buena parte de las plagas que dañan estos cultivos".

"Por esta razón", explica, "los agricultores gastan mucho menos en plaguicidas y sus cultivos son más sanos".

Si por algún motivo esta cueva no se protegiera, se perderían millones de pesos en la región. Y aunque los campesinos notasen las pérdidas, "no se darían cuenta de que se debe a la pérdida de biodiversidad", añade.

Valor de reemplazo

Uno de los métodos que los investigadores emplean para determinar el valor de un servicio es considerar cuánto costaría reemplazarlo si no estuviese disponible.

Por ejemplo: cuánto costaría filtrar el agua que abastece a un municipio si se hubiese talado el bosque que protege al río que suministra el líquido (y que impide que el agua se llene de sedimentos) o cuánto costaría irrigar los cultivos de una zona que ha perdido el glaciar que la alimentaba.

El gran desafío, comentan, es integrar los conocimientos económicos a los ecológicos para valorar los servicios de los ecosistemas, examinar los costos que genera la pérdida de la biodiversidad y los beneficios que acarrea mantenerla.

Y, finalmente, elaborar una suerte de compendio de herramientas que le permita a quienes toman decisiones mejorar la conservación de la biodiversidad y los ecosistemas.

"La biodiversidad es muy importante para muchos sectores económicos, pero la percepción hasta el momento es que se trataba de un lujo, de algo que cuidamos porque es bonito, pero no necesario", señala Muñoz.

Muy por el contrario, lo que los investigadores del TEEB quieren destacar es cómo proteger la biodiversidad genera empleos, ahorros significativos y movilidad en el sector económico.

La dificultad radica en que muchos de los servicios que la naturaleza ofrece, como por ejemplo en el caso de la cueva de murciélagos, no siempre resultan evidentes.

Hacer visible lo invisible

Esta invisibilidad, dice Augustin Berghöfer, coordinador científico de TEEB, es precisamente lo que el proyecto intenta combatir.

"En el caso del bosque amazónico, todos saben la función que cumple secuestrando carbono, o la importancia de mantener su biodiversidad", señala.

"Sin embargo, pocos consideran las consecuencias de la deforestación sobre la erosión, y sobre el efecto de la erosión en los sedimentos que llegan a los ríos y el impacto que esto tiene a su vez en el funcionamiento de las centrales hidroeléctricas", agrega.

Pero además de los servicios a los que se les puede atribuir un valor monetario concreto, Berghöfer destaca otro montón de servicios intangibles que ofrece el medio ambiente, como la inspiración para el arte, la educación y el sentido de identidad y pertenencia.

Los investigadores confían en que elevando el perfil económico de la biodiversidad y los ecosistemas y enseñándoles a los encargados de fijar políticas ambientales tanto a nivel local, regional, como nacional, cómo valorar los servicios ambientales, se pueda garantizar la estabilidad ecológica del planeta.

Organizaciones sociales piden a la OEA que adopte de forma inmediata la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas

Comienza en en Lima el 46 Período Ordinario de Sesiones de la Organización de Estados Americanos

Rebelión, 06-06-2010

Señores:
Asamblea General Organización de Estados Americanos – OEA Lima.-

De nuestra consideración:

Las organizaciones de los pueblos indígenas y de los movimientos sociales del continente, nos dirigimos a ustedes en ocasión de realizarse en esta ciudad el 46 Período Ordinario de Sesiones de la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos – OEA, para expresarles nuestras siguientes preocupaciones:

Nos preocupa particularmente la prolongada postergación de la adopción por el organismo hemisférico de la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, un instrumento indispensable en nuestro continente para salvaguardar derechos universalmente reconocidos por la Declaración de Naciones Unidas adoptada por la Asamblea General de este organismo mundial el 13 de septiembre del 2007 y por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo – OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes, de la cual muchos de nuestros países son Estados Parte.

Las discusiones en el Grupo de Trabajo encargado de elaborar la Declaración Americana se prolongan y empantanan por acción de los Estados que se resisten a reconocer en un nuevo instrumento los derechos que asisten a los pueblos que habitaron América desde miles de años antes de la formación de los actuales Estados, y cuya historia y cultura sustentan nuestra identidad y son la esencia de una verdadera integración continental, construida desde los pueblos y para los pueblos.

Mientras esta Declaración Americana continúa postergándose, los derechos fundamentales de nuestros pueblos indígenas –territoriales, políticos y culturales- son sistemáticamente vulnerados por políticas económicas extractivistas, para cuya imposición el ejercicio de los derechos indígenas es criminalizado.

Esta criminalización se expresa en la persecución policial y judicial de los líderes indígenas, la incursión violenta en sus comunidades, la estigmatización de sus organizaciones y en algunos países incluso con secuestros, torturas, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales. La Masacre de Bagua en el Perú, de la cual acaba de conmemorarse un año, y la situación de más de treinta pueblos indígenas en peligro de extinción física y cultural en Colombia, son dos dramáticas muestras de ello.

Instamos, por tanto, a los Estados integrantes de la Asamblea General de la OEA a asumir la voluntad y el compromiso político de aprobar y adoptar en el plazo inmediato la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

Asimismo, exhortamos por su intermedio a los organismos de Derechos Humanos de la OEA, en particular a la Comisión y a la Corte Interamericana, a ejercer acciones de vigilancia del estado del cumplimiento de los derechos humanos y colectivos de los pueblos indígenas en nuestros países.

Los Estados de América tienen una deuda histórica con nuestros pueblos indígenas. Es hora de empezar a resarcirla.

Atentamente,

Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI.

Nota:
Aportes y adhesiones a esta carta pueden ser enviadas antes del 7 de junio al correo (prensa.caoi@gmail.com)

Cólera de miles de campesinos haitianos contra Monsanto y el Gobierno

GARA net 2010 junio 06

El reparto de semillas de la multinacional Monsanto a los campesinos haitianos afectados por el terremoto ha desatado una ola de protestas ante lo que consideran un ataque a la soberanía alimentaria.

Miles de campesinos haitianos participaron en una manifestación para protestar contra el Gobierno de Puerto Príncipe, a quien acusan de distribuir semillas de la multinacional Monsanto.

Reunidos el viernes en Hinche, en el centro del país, los manifestantes, que llevaban camisas rojas y sombreros de paja, mostraron pancartas y cantaron consignas denunciando al presidente René Préval y reclamando la salida de Monsanto del país, informó France Presse.

La multinacional ha donado ya 475 toneladas de maíz a campesinos haitianos en el marco de Project Winner, una iniciativa de Usaid, la agencia federal estadounidense de ayuda al desarrollo.

Según el Ministerio haitiano de Agricultura, el objetivo de esta iniciativa es aumentar la productividad agrícola del país, severamente dañada por el terremoto del 12 de enero que provocó entre 250.000 y 300.000 muertos y que dejó a más de 1,3 millones de personas sin hogar.

Sin embargo, numerosos campesinos temen que las semillas recibidas sean una amenaza para las variantes locales.

«El Gobierno haitiano utiliza el terremoto para vender el país a las multinacionales», según denuncia Jean-Baptiste Chavannes, coordinador de Mouvman Peyizan Papay (MPP), principal movimiento campesino haitiano.

Kettly Alexandre, del MPP, considera que el número de participantes en la marcha del viernes oscila entre las 8.000 y las 12.000 personas. La Policía no confirmó estas cifras.

«Debemos defender nuestras semillas locales», declaró Chavannes dirigiéndose a los manifestantes. «Debemos defender nuestra soberanía alimentaria».

Un portavoz de Monsanto en EEUU indicó a France Presse que las semillas donadas a los haitiano no son genéticamente modificadas, sino que se trata de «semillas híbridas convencionales que ya se emplean en la República Dominicana».

Para Chavannes, en cambio, las donaciones de Monsanto constituyen un «ataque contra la agricultura campesina, contra los granjeros, contra la biodiversidad, contra las semillas locales, contra todo lo que queda de nuestro medio ambiente en Haití».

Sociedad civil dividida ante cumbre del clima en México

Por Emilio Godoy

MÉXICO, 3 jun (IPS) - Cuando faltan menos de seis meses para que México acoja una nueva cumbre mundial sobre el clima, las organizaciones anfitrionas del foro paralelo están fracturadas sobre cómo realizarlo, lo que podría debilitar su papel en las negociaciones globales.

Las divergencias se concentran en el tipo de espacio que debe aglutinar a las organizaciones no gubernamentales (ONG) en el balneario caribeño de Cancún, donde tendrá lugar la 16 Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP 16), entre el 29 de noviembre y el 10 de diciembre.

Las ONG que organizaron el Klimaforum 2009, paralelo a la COP 15 celebrada en Copenhague entre el 7 y el 18 de diciembre, y un sector de grupos ecologistas locales quieren repetir la fórmula, mientras que otra parte importante de movimientos y activistas prefiere un esquema más acorde con la realidad mexicana y latinoamericana.

Las desavenencias "surgen principalmente por equilibrios de poder", dijo a IPS Miguel Valencia, uno de los 10 integrantes del Comité Organizador Mexicano del Klimaforum 2010.

"Las grandes ONG internacionales, como Greenpeace y Oxfam, están acomodadas tolerándoles demasiadas cosas a los gobiernos. Aceptan programas y temas que están en negociación en la cumbre y que son intolerables para los movimientos sociales", detalló.

Luego de la fracasada cumbre de Copenhague, una treintena de organizaciones danesas entregaron la estafeta del KlimaForum a representantes de organizaciones mexicanas. En esa edición del foro, también conocido como Cumbre de los Pueblos, participaron unos 50.000 activistas y se realizaron más de 300 actos.

El comité organizador se instaló en febrero y sus reuniones con otras ONG mexicanas, para establecer conjuntamente el espacio de la sociedad civil en la COP 16, comenzaron de inmediato.

El primer encontronazo abierto se produjo durante la Cumbre Mundial de los Pueblos frente al Cambio Climático, realizada en la ciudad boliviana de Cochabamba entre el 20 y 22 de abril.

En ese escenario, un grupo de ONG latinoamericanas difundió un mensaje que sostuvo que "si bien respetamos y valoramos la experiencia del Klimaforum, éste respondía al contexto europeo y danés, específicamente".

"Intentar trasladarlo o importarlo a nuestra región implica desconocer la realidad de nuestras luchas, así como la identidad y la historia de las movilizaciones en el continente", argumentaron las organizaciones opuestas a imitar el foro de Copenhague.

La escisión de las ONG mexicanas se consumó en una reunión el 12 de mayo en Ciudad de México, cuando se hicieron insalvables las diferencias sobre como representar mejor los intereses de la sociedad en la cumbre de Cancún.

En un lado quedaron el comité organizador de Klimaforum 2010 y medio centenar de ONG mexicanas y en otro las filiales aztecas de grandes organizaciones mundiales -como Amigos de la Tierra, Greenpeace y Oxfam- y exponentes tradicionales del ambientalismo local, como el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.

Gustavo Ampugnani, coordinador de política para América Latina de Greenpeace, minimizó las diferencias.

"Son dos espacios que conviven mutuamente. Quizás algunos están más interesados en influir en el proceso de negociación y otros descreen de ese proceso", dijo a IPS, en alusión a las duras críticas de Valencia contra el papel cumplido por las cúpulas de las ONG ambientalistas en las discusiones globales de los gobiernos.

La pugna generó preocupación entre ONG europeas que estarán presentes en Cancún y que esperan que la situación pueda recomponerse y no termine por haber, como quedó proyectado en mayo, dos foros sociales contrapuestos como expresión de la sociedad civil del planeta.

Miembros del Comité Danés del Klimaforum emitieron una carta abierta respecto a la organización del espacio de la sociedad civil en Cancún.

"Es nuestra esperanza de que podamos aprender de las experiencias, errores y éxitos del Klimaforum 2009, en un modo que contribuya al progresivo fortalecimiento de los movimientos de base y de la sociedad civil en todo el mundo y el mayor desarrollo de la dinámica de los movimientos", escribieron Mathilde Kaalund-Jørgensen y John Holten-Andersen.

La COP 15 cerró con un fracaso cuando los más de 120 gobiernos participantes solo pudieron alcanzar un acuerdo sin compromisos obligatorios. En Cancún se pretende que sea suscrito un convenio que le dé continuidad al Protocolo de Kyoto, que entró en vigor en 2005 y que quedará sin efecto en 2012.

El Protocolo de Kyoto obliga a los 37 países con economías más industrializadas que lo ratificaron a reducir para 2012 sus emisiones de gases de efecto invernadero, responsables del aumento de la temperatura del planeta, en al menos 5,2 por ciento, con respecto a los niveles de 1990.

"Lo peor que puede pasar es que la postura de la sociedad civil frente a las negociaciones salga debilitada y el trabajo se diluya", aseguró a IPS una fuente cercana al proceso de diálogo de las ONG mexicanas para la COP 16.

Fondos europeos destinados al Klimaforum 2010 están congelados, según su comité organizador, que ha optado por proseguir con su iniciativa, al margen de lo que las otras ONG mexicanas decidan.

El Klimaforum 2009 costó poco más de 125 millones de dólares, aportados mayoritariamente por el gobierno de Dinamarca.

Los organizadores del Klimaforum 2010 pidieron al gobierno mexicano y a la alcaldía de Cancún que provea de instalaciones para las actividades que formarán parte del programa de ese encuentro de la sociedad civil.

Para Valencia, la fragmentación "debilita la postura de la sociedad civil" frente a Cancún, donde "va a haber cuatro o 10 cumbres de los pueblos".

"La sociedad civil mexicana es diversa, hay que celebrar eso. Lo que ha pasado no va a afectar las posturas de la sociedad civil frente a las negociaciones formales", aseguró Ampugnani.

La carta danesa llamó "a todas las voces preocupadas y radicales a unirse para crear un foro diverso y decidido para los movimientos sociales, políticos y ecológicos". (FIN/2010)

Enseñanzas para la regulación que se desprenden del derame petrolero de BP

Kenneth Rogoff project-syndicate 2010-06-01

CAMBRIDGE – Mientras el pozo de petróleo dañado sigue soltando a borbotones millones de galones de crudo desde las profundidades del fondo del golfo de México, el problema inmediato es el de cómo mitigar una catástrofe medioambiental que aumenta por momentos. Sólo podemos abrigar la esperanza de que se contenga el vertido pronto y no se materialicen las hipótesis peores y cada vez más tenebrosas.

Sin embargo, el desastre plantea una amenaza aún más profunda a la forma como las sociedades modernas regulan las tecnologías complejas. La acelerada velocidad de la innovación parece estar superando la capacidad de los reguladores estatales para afrontar los riesgos y más aún para prevenirlos.

Los paralelismos entre el vertido de petróleo y la reciente crisis financiera son demasiado dolorosos: la promesa de innovación, la complejidad insondable y la falta de transparencia (los científicos calculan que sólo conocemos una pequeña fracción de lo que ocurre en las profundidades del océano.) Grupos de presión adinerados y políticamente poderosos ejercen presiones enormes sobre las estructuras de gobierno más sólidas. Constituye un enorme apuro para el Presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, que propusiera –presionado por la oposición republicana, cierto es– aumentar en gran medida las perforaciones en busca de petróleo en el mar justo antes de que se produjera la catástrofe de BP.

La historia de la tecnología del petróleo, como la de los instrumentos financieros exóticos, era muy convincente y seductora. Los ejecutivos de las empresas petroleras se jactaron de que podían perforar hasta una profundidad de dos kilómetros y después un kilómetro en sentido horizontal y acertar en su blanco con un margen de error de unos metros. De repente, en lugar de un mundo en el que se hubiera llegado a la tasa máxima de extracción de petróleo y con recursos cada vez más escasos, la tecnología ofrecía la promesa de aumentar el abastecimiento para otra generación.

Los funcionarios occidentales se dejaron influir también por la preocupación por la estabilidad del abastecimiento en Oriente Medio, que representa una gran proporción de las reservas mundiales comprobadas. Algunos países en desarrollo –y muy en particular el Brasil– han descubierto posibles yacimientos enormes frente a sus costas.

Ahora todo está en el aire. En los Estados Unidos las perforaciones marinas parece que seguirán el mismo camino que la energía nuclear, pues se dejarán durante decenios los nuevos proyectos en un cajón y, como ocurre con frecuencia, una crisis en un país puede llegar a ser mundial, si muchos otros países reducen drásticamente los proyectos de perforaciones marinas ilimitadas. ¿Pondrá de verdad en peligro el Brasil su espectacular costa por el petróleo, ahora que lo sucedido ha recordado a todo el mundo lo que puede ocurrir? ¿Y Nigeria, donde otros riesgos resultan intensificados por las luchas intestinas?

Los expertos en petróleo sostienen que las perforaciones marinas nunca tuvieron posibilidades de representar más que una pequeña proporción del abastecimiento mundial, pero ahora va a haber más preocupación por las perforaciones profundas en cualquier medio ambiente delicado y el problema no se limita al petróleo. La gran noticia de estos días en materia de energía es la revolución en la tecnología para explotar el gas de esquisto. Como hay reservas importantes cerca de zonas pobladas, los gobiernos tendrán que atemperar su entusiasmo y pensar en el equilibrio entre los riesgos y las riquezas.

El problema básico de la combinación de complejidad, tecnología y regulación se da también en muchos otros sectores de la vida moderna. La nanotecnología y la innovación en materia de creación de organismos artificiales ofrecen una posible bendición para la Humanidad, al prometer la creación de nuevos materiales, medicinas y técnicas de tratamiento. Aun así, con todas esas tecnologías apasionantes, resulta extraordinariamente difícil lograr un equilibrio entre el riesgo muy pequeño de un desastre muy grande y el apoyo a la innovación.

Las crisis financieras son casi consoladoras en comparación. Las burbujas especulativas y las crisis bancarias han sido una característica periódica del paísaje económico durante siglos. Pese a ser espantosas, las sociedades les sobreviven.

Cierto es que quienes pensaban: “Esta vez es diferente”, antes de la reciente gran recesión, resultaron estar equivocados, pero, aun cuando no estemos mejorando en nada a la hora de afrontar las crisis financieras, tampoco ha empeorado necesariamente la situación.

Tal vez los dirigentes de los Estados que componen el G-20 no hayan hecho un trabajo tan brillante como afirman al tapar el agujero existente en el sistema financiero. Los pavorosos problemas de la deuda soberana en la Europa continental y los que están fraguándose en los Estados Unidos, el Japón y otros países lo demuestran más que de sobra, pero, comparados con los esfuerzos de British Petroleum para tapar su agujero de petróleo en las profundidades marinas, los dirigentes del G-20 parecen omnipotentes.

Si alguna vez ha habido una llamada para despertar a la sociedad occidental a fin de que se replantee su dependencia de una innovación tecnológica cada vez más acelerada para aumentar sin cesar el consumo de combustibles, no cabe duda de que lo ha sido el vertido de BP. Incluso China, con su estrategia de “aprovechemos el auge ahora y ya abordaremos más adelante la cuestión del medio ambiente” debe observar detenidamente el golfo de México.

La economía nos enseña que, cuando hay una enorme incertidumbre en materia de riesgos catastróficos, es peligroso confiar demasiado en el mecanismo de los precios para acertar con los incentivos. Lamentablemente, los economistas saben mucho menos sobre cómo adaptar la regulación a lo largo del tiempo a los sistemas complejos con riesgos en constante transformación y mucho menos aún cómo concebir instituciones reguladoras sólidas. Hasta que se entiendan mejor esos problemas, podemos estar condenados a convivir con un mundo de la regulación con objetivos constantemente desproporcionados, ya sea por exceso o por defecto.

El sector financiero ya está avisando de que la nueva regulación puede ser desproporcionada, es decir, tener el efecto no deseado de dificultar profundamente el crecimiento. Ahora bien, pronto podríamos afrontar las mismas preocupaciones en materia de política energética y no sólo en relación con el petróleo.

Dadas las dimensiones de lo que está en juego financieramente, lograr un consenso mundial será difícil, como lo demostró el fracaso de la conferencia de Copenhague sobre el cambio climático. Los países avanzados, que son los que mejor pueden permitirse una limitación del crecimiento a largo plazo, deben dar ejemplo. El equilibrio entre la tecnología, la complejidad y la regulación es sin lugar a dudas uno de los mayores imperativos que el mundo debe adoptar en el siglo XXI. No podemos permitirnos el lujo de seguir equivocándonos.

Copyright: Project Syndicate, 2010.
www.project-syndicate.org
Traducido del inglés por Carlos Manzano.

Destruir responsablemente el campesinado del mundo

Project Syndicate / Olivier De Schutter
2010-06-04

BRUSELAS – El Banco Mundial, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola (FIDA) y la Secretaría de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo (UNCTAD) han presentado recientemente siete “Principios para una inversión agrícola responsable”. Dichos principios van encaminados a velar por que las inversiones en gran escala en tierras den como resultado situaciones favorables para todas las partes, que beneficien tanto a los inversores como a las comunidades afectadas, pero, pese a ser bienintencionados, esos principios son terriblemente inadecuados.

Hace varios años que los inversores privados y los Estados empezaron a comprar y alquilar millones de hectáreas de tierras de cultivo en todo el mundo para garantizar su abastecimiento doméstico de alimentos, materias primas y biocombustibles o para obtener subvenciones por el almacenamiento de carbono mediante plantaciones. Los inversores occidentales, incluidos bancos y fondos de cobertura de Wall Street, ven ahora las inversiones directas en tierras como un refugio seguro en un ambiente financiero, por lo demás, turbulento.

El alcance de ese fenómeno es enorme. Desde 2006, entre 15 y 20 millones de hectáreas de tierras de cultivo, el equivalente de toda la superficie cultivable de Francia, han sido objeto de negociaciones por parte de inversores extranjeros.

Los riesgos son considerables. Con demasiada frecuencia, conceptos como los de “tierras de reserva agrícola” o “tierras incultas” son objeto de manipulación, pues a veces se usan para designar tierras de las que depende el sustento de muchos y que están sujetas a derechos consuetudinarios muy antiguos. La prescripción de que se hagan desahucios sólo para “fines públicos” válidos, con una compensación justa y tras la consulta a los afectados, resulta más violada que observada.

En África, las tierras rurales están consideradas por lo general de propiedad estatal y los gobiernos actúan para con ellas como si fueran suyas. En América Latina, la distancia entre los grandes terratenientes y los pequeños agricultores está aumentando. En el Asia meridional muchas poblaciones se están viendo expulsadas actualmente de sus tierras ancestrales a fin de hacer sitio para grandes plantaciones de aceite de palma, zonas económicas especiales o proyectos de reforestación.

El conjunto de principios propuestos para contrarrestar ese fenómeno sigue siendo puramente voluntario, pero lo que hace falta es insistir en que los gobiernos cumplan plenamente con sus obligaciones en materia de derechos humanos, incluido el derecho a los alimentos, el derecho de todos los pueblos a disponer libremente de su riqueza y recursos naturales y el derecho de no verse privado de los medios de subsistencia. Como dichos principios no tienen en cuenta los derechos humanos, desatienden la dimensión esencial de la rendición de cuentas.

También hay una clara tensión entre la cesión de tierras a inversores para la creación de grandes plantaciones y el objetivo de redistribuir la tierra y garantizar un acceso más equitativo a ella. Los gobiernos se han comprometido repetidas veces con esos objetivos: la ocasión más reciente fue en la Conferencia Internacional sobre la Reforma Agraria y el Desarrollo Rural, celebrada en 2006.

El problema subyacente es más profundo que la formulación de dichos principios. El fomento de la inversión en tierras en gran escala se basa en el convencimiento de que, para luchar contra el hambre, hay que intensificar la producción de alimentos y de que el abastecimiento se ha quedado rezagado por una falta de inversión en la agricultura. Así, pues, si se puede atraer la inversión a la agricultura, se debe acogerla con beneplácito y, sean cuales fueren las normas que se impongan al respecto, deben alentarla, no disuadirla.

Pero tanto el diagnóstico como el remedio son incorrectos. El hambre y la malnutrición no son primordialmente consecuencia de una insuficiente producción de alimentos, sino de la pobreza y la desigualdad, en particular en las zonas rurales, donde aún reside el 75 por ciento de los pobres del mundo.

En el pasado, el desarrollo agrícola ha concedido prioridad a las formas capitalizadas y en gran escala de agricultura y ha desatendido a las pequeñas explotaciones, que alimentan a las comunidades locales, y los gobiernos no han protegido a los trabajadores agrícolas de la explotación en un ambiente cada vez más competitivo. No debe extrañar que las pequeñas explotaciones y los trabajadores agrícolas representen, juntos, el 70 por ciento de quienes no pueden alimentarse suficientemente en la actualidad.

Acelerar el cambio hacia las formas de agricultura en gran escala y muy mecanizada no resolverá el problema. De hecho, lo empeorará. Las explotaciones mayores y mejor equipadas son muy competitivas, en el sentido de que pueden producir para los mercados a bajo costo, pero también crean costos sociales que no se tienen en cuenta en el precio de mercado de su producción.

En cambio, las pequeñas explotaciones producen con mayor costo. Con frecuencia son muy productivas por hectárea, pues aprovechan al máximo el uso del suelo y logran la mejor utilización complementaria de las plantas y los animales, pero la forma de agricultura que practican, que depende menos de los insumos exteriores y la mecanización, requiere gran intensidad de mano de obra.

Si las pequeñas explotaciones compiten con el mismo mercado que las grandes, pierden. Sin embargo, prestan servicios inestimables, desde el punto de vista de la preservación de la diversidad agraria y biológica, la resistencia de las comunidades locales a las fluctuaciones de los precios o los episodios relacionados con el tiempo atmosférico y la conservación medioambiental.

La llegada de la inversión en gran escala a la agricultura alterará la relación entre esos mundos agrícolas. Exacerbará una competencia muy desigual y podría causar alteraciones sociales en masa en las zonas rurales del mundo.

Desde luego, la inversión agrícola se debe desarrollar responsablemente, pero, si bien muchos han visto los temores provocados por las subidas bruscas de los precios de los alimentos en los últimos años como una oportunidad para la inversión, no se deben confundir las oportunidades con las soluciones.

Para relanzar la agricultura en el mundo en desarrollo, harían falta unos 30,000 millones de dólares al año, lo que representa el 0,05 por ciento del PIB mundial, pero cuánto se invierta en la agricultura importa menos que el tipo de agricultura que apoyemos. Al apoyar una mayor consolidación de los monocultivos en gran escala en manos de los agentes económicos más poderosos, corremos el riesgo de agrandar aún más la distancia que la separa de la agricultura familiar y en pequeña escala e impulsar un modelo de agricultura industrial que ya causa una tercera parte de las emisiones de gases causantes del efecto de invernadero en la actualidad.

Es lamentable que, en lugar de estar a la altura del imperativo de desarrollar la agricultura de un modo que sea social y medioambientalmente más sostenible, actuemos como si se pudiera acelerar responsablemente la destrucción del campesinado mundial.

Copyright: Project Syndicate, 2010.
www.project-syndicate.org
Traducido del inglés por Carlos Manzano.

REDD threatens rights of 350 million local people

Jeremy Hance, mongabay.com June 03, 2010

Last week the Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) program received a jump start with a four billion US dollar pledge from a number of industrialized nations. Under REDD tropical forest nation will be paid to keep forests standing, however the program—as it currently stands—has provoked concern over the rights of the some 350 million people living in or adjacent to forests.

The Accra Caucus on Forests and Climate Change, a coalition of some 100 organizations from 38 countries, has released a report outlining an alternative vision of REDD that would uphold the rights of local and indigenous people while protecting forests.

"When forest-dependent communities gain control over forest resources, they are best at protecting them against destruction by others. Providing REDD funding to industrial logging or strict nature conservation programs that do not respect local peoples’ rights and usages of the forest could be counter-productive, and fuel conflict and poverty," explains Nat Dyer of the Rainforest Foundation UK, which is a member of the coalition making up the Accra Caucus on Forests and Climate Change.

According to the report a REDD agreement must include three policies to ensure the rights of indigenous groups: full and effective participation of local peoples; recognition of indigenous land rights; and employing community-based forest management, which allows for sustainable forest use by local communities.

In addition no REDD deal should be made without 'free, prior and informed consent' of indigenous groups as outlined by the UN.

"There are concerns that REDD may allow polluters in the North to continue 'business as usual' while removing land and resource rights from forest-dependent peoples in the global South," the report states.

For example, according to the report, the definition of 'forests' used in REDD must ensure that forest areas which are turned into plantations or industrially logged are ineligible for payments.

"Climate negotiators need to recognize that the aim of a global REDD agreement is to protect the forest, not to raise money. The concerns of the people must be heard at the negotiating table, as well as integrated into local forest programs," Rahima Njaidi from the Tanzanian Network of Community Forest Associations (MJUMITA) said. MJUMITA is a member of the Accra Caucus on Forests and Climate Change.

The report calls on REDD policy-makers to recognize that an effective program must go beyond simply concerns with carbon, but also include the preservation of biodiversity and the rights of the local people to use the forest sustainably.

At this point the report labels REDD 'a double edged sword', which if wrongfully executed could "have serious negative consequences, environmentally and socially, while doing little to reduce carbon emissions."

Deforestation in the tropics contributes between 12-17 percent of the world's greenhouse gas emissions.

¡Libertad a Mario Romero Tinoco!

La Jornada de Michoacán
jueves 3 de junio de 2010 Opinión

MARIO ENZÁSTIGA

La verdad, siempre pensé que mi tocayo, como me gusta decirle a Mario Manuel Romero Tinoco, ex presidente municipal de La Huacana, autoridad local de 2002-2009, que de todos los encarcelados por el michoacanazo, él seguramente sería el primero en obtener su libertad; lamentablemente no ha sido así. En cuanto al prestigio personal, académico y gubernamental, se ha hablado y escrito bastante; sin embargo, es insuficiente hasta que tenga la libertad a plenitud que por derecho y justicia tanto merece.

El domingo de la semana pasada amanecí con la mala noticia de que mi tocayo aún no puede obtener su libertad. Yo que soy un verdadero neófito en temas jurídicos, alcanzo a percibir y no dejo de sentirlo, que aunque por fortuna 19 personas han salido de la cárcel por medio de la figura de incidente de libertad por desvanecimiento de pruebas; es decir, bajo reserva de ley, no dejo de señalar que la justicia en México tiene muchas taras, muchos enredos, muchos vericuetos, mucha impunidad, muchas formas de manipularla, de comprarla, de violentarla y echar por los suelos el tan citado y necesario estado de derecho.

Dos amparos a favor del prestigiado biólogo y dos autos de formal prisión, ahora me dicen sus familiares y amigos que el asunto está en manos del juez tercero de Distrito de Morelia, en las manos de esta persona está la tranquilidad, la salud y la felicidad de Mario Romero y su familia. ¡No puede ser tanta la lentitud de la justicia en este país! Me resulta inaceptable el sólo pensar que mi tocayo siga pasando días y noches tras las rejas hasta no sé cuándo.

Recordé aún en la cama y sin despertar del todo, el acto tan emotivo que las esposas de los excarcelados y encarcelados por el michoacanazo organizaron en la plaza Benito Juárez de Morelia el pasado 26 de mayo, con motivo del primer aniversario de tan nefasta fecha.

Recordé mirar a aquellas mujeres vestidas de blanco, con los rostros compungidos y ojos llorosos, por el dolor que la injusticia federal le ha causado, arriba del templete frente a aquella solidaria muchedumbre, exigiendo con firmeza al gobierno federal justicia y reivindicación; reafirmando su compromiso colectivo e individual de seguir unidas en la lucha por obtener la libertad de todas las personas que por el michoacanazo aún siguen recluidos injustamente y eliminar en definitiva toda posibilidad jurídica de volver a estar en estos enredos.

Al observar aquel cuadro conmovedor y constatar una vez más el gran potencial de las mujeres luchando por la justicia, involuntariamente vino a mis recuerdos los finales años de los 70, cuando acompañamos la lucha de la siempre bien recordada compañera Rosario Ibarra de Piedra, en la búsqueda de su hijo Jesús y de las madres que con la misma pena y problemática decidieron conformar el Frente Nacional Contra la Represión; la experiencia de las locas de la Plaza de Mayo en Argentina en busca de los hijos desaparecidos por la dictadura militar y muchas otras experiencias que se han dado en estos terrenos de la injusticia humana.

Mi dominguera y mañanera molestia, igualmente me recordó la oportunidad que tuve en el mes de septiembre del año pasado visitar a mi tocayo en el Cefereso de Tepic, Nayarit, mirar tras aquel nefasto acrílico y alambrado espacio conocido como los locutorios, a quien visite en varias ocasiones siendo presidente municipal de La Huacana en ejercicio para acordar las acciones y trabajos de varios de sus interesantes programas y proyectos de desarrollo local y regional.

El encuentro no fue fácil, nudos en la garganta, sin saber bien a bien cómo empezar el diálogo, qué comentar y preguntar para no ser incómodo o parecer un verdadero idiota. Primera vez que en mi vida visito a alguien en la cárcel, por suerte. Ver en el preso al hombre fuerte y propositivo que con entusiasmo me compartió las dificultades de vivir en aquel infierno, de lo que tenía que hacer en coordinación con sus compañeros de celda para establecer los horarios del ejercicio físico que hay que hacer para no deteriorarse, bañarse, leer y otras necesarias actividades.

El gusto que me dio saber que estaba escribiendo un libro, de cómo trataba de aprovechar el tiempo haciendo un serio esfuerzo por sistematizar y escribir sus memorias y correrías como autoridad municipal; de las clases de solfeo que daba a algunos presos, de las ansias incontrolables porque llegaran los fines de semana y recibir a la señora Chela, su esposa, que tan valiente ha dado la lucha por la libertad de Mario, ver y abrazar a sus queridos hijos, de su confianza porque esta pesadilla pronto termine.

La visita a mi tocayo me confirmó su inocencia, en la que siempre he creído. Sé que en estas cuestiones, los credos no sirven de mucho; sin embargo, los que sí saben de leyes me afirman lo mismo: el próximo 8 de julio se cumplirá un año de la detención ilegal del mejor presidente municipal de La Huacana que yo recuerde. Ojalá y se haga justicia, al igual que con el resto de los afectados del mal recordado michoacanazo, vayan mis mejores deseos y solidaridad para mi tocayo Mario Romero Tinoco.

En 3 o 4 años, el despegue forestal

Milenio diario, 31 de Mayo de 2010


México apostó a establecer bases para generar un sector forestal que no ponga en riesgo el patrimonio biológico y rescate de la pobreza a millones de mexicanos, señala.



Guadalajara.- Ni los tiempos de la política ni los de la sociedad en México daban para generar un proyecto a largo plazo como sin duda debe serlo la Comisión Nacional Forestal (Conafor). Juan Manuel Torres Rojo, su actual titular, reconoce que todavía no se refleja en la estadística económica o social el cambio planteado a nueve años, pero espera que entre 2013 y 2014 ya se empiecen a ver los primeros frutos.

“La participación en el producto interno bruto sin duda deberá aumentar; nosotros eso esperaríamos con estos incentivos, y así como bajó la deforestación por la labor de conservación que pudimos medir rápidamente de un periodo a otro, el proceso de crecimiento de los árboles no toma uno, dos o tres años; son al menos de quince a 20 años. Entonces reforestación, plantaciones comerciales, obras de conservación y manejo forestal sustentable, que ya hemos aplicado en los últimos siete u ocho años, se van a ver reflejadas en un aumento de la productividad después de quince […] ya llevamos nueve de que se creó la Conafor y esperamos ver resultados en tres o cuatro años”, dice en entrevista con Público - Milenio.

El funcionario señala que los síntomas de este avance están presente, innegables: se redujo en 50 por ciento la pérdida de vegetación original, según las cifras oficiales; avanzan programas a favor de la silvicultura comunitaria y los servicios ambientales, y aunque es cuestionado, el programa de reforestación sigue adelante en busca de restaurar millones de hectáreas devastadas por la larga historia del “desarrollismo”.

Cuando asumió la Comisión Nacional Forestal (Conafor), había planteamientos públicos muy críticos sobre el trabajo, especialmente en torno a la reforestación, ¿ha habido posibilidad de diálogo con los críticos de ese énfasis inicial de la reforestación?

Una de las primeras tareas a la que nos dimos fue platicar precisamente con estos grupos como Greenpeace o WWF y muchas otras organizaciones no gubernamentales, para que ellos tuvieran el marco general, y desmitificar el hecho de que la Conafor hacía únicamente reforestación; no es así ni antes ni ahora; pero además, resaltar el hecho de que la reforestación tiene un objetivo básico que es restaurar áreas degradadas, que tienen muy poco suelo, es lógico que tengamos algunos problemas para que la planta sobreviva, toda esta dinámica de cuáles son las áreas, de cuales son las características de planta que debemos tener, las adversidades que llega a enfrentar la planta, su proceso de supervivencia; que si plantamos dos mil plantas por hectárea, esperamos que después de varios años haya si bien nos va unas 400 plantas […] es una reforestación a veces muy cara, a veces plantar en tepetates implica subsuelear [sic], meter maquinaria pesada, hacer obras de conservación de suelos […] tenemos que medir en la capacidad de meter algunos arbolitos dentro de un área que queremos recuperar, o no hacer nada, esa es nuestra opción, tratar de recuperar en la medida de lo posible terrenos totalmente degradados.

La Conafor cumplió nueve años, ¿qué evaluación haría del impacto que ha tenido en el sector forestal mexicano?

Básicamente podemos decir que nunca en la historia habíamos tenido en México un presupuesto para el sector forestal tan importante como el que se tiene ahora; eso ha ayudado a diversificar muchos de los programas de apoyo para tratar de restaurar, proteger y de fomentar el uso de recursos naturales.

Usted reconoce que la importancia económica relativa del sector forestal sigue siendo muy baja, menos de 1 por ciento de la riqueza nacional.

Así es. Se necesita tiempo, un proyecto forestal lleva de quince a veinte años; ya con nueve, estamos a tres o cuatro de empezar a ver resultados importantes.

Uno de los grandes retos es recuperar comunidades y ejidos como actores del desarrollo y revertir la pobreza, ¿se ha logrado algo de consideración?

Yo le daría un dato importante: [en el mes de abril] hubo una reunión en Washington, Estados Unidos, en la sede del Banco Mundial, y se hizo un reconocimiento a uno de nuestros programas estrella, al Programa de Desarrollo Forestal Comunitario [Procymaf]; este programa está orientado a crear capacidades en los productores; fuimos el único programa nacional que se ha operado por trece años, en el que se han creado estas capacidades de gestión y organización por parte de los productores; somos de los pocos países del mundo que tenemos un manejo forestal comunitario, organizado, productivo y eficiente...

¿Esto contra qué total? Porque hablamos que 80 por ciento de los bosques y de selvas son de tenencia social.

Sí, pero no la totalidad tiene manejo forestal, hablamos que alrededor de 1,200 o 1,300 comunidades están en este manejo forestal, de un total de entre seis mil y 6,500; las otras no porque la capacidad productiva es menor; ellos no ofrecen productos maderables, ofrecen servicios ambientales, entonces hay que distinguir entre uno y otro […] hemos apoyado alrededor de 1,800 ejidos y comunidades anuales, y estos van cambiando, no sólo atendemos a los forestales maderables, sino también a los no maderables dándoles capacidades de gestión, creando actividades económicas y diversificando.

Se suele presumir los casos de Sierra de Juárez en Oaxaca, o Nuevo San Juan en Michoacán, ¿pero ya tenemos un impacto para hablar de otros nuevos San Juan o sierras de Juárez?

El Procymaf surge entre 1997 y 1998, como un programa piloto, que incluso reduce su presupuesto en algunos años; en los últimos años hemos encontrado el modelo y hemos visto cómo ese modelo se puede expandir, cómo escalarlo en condiciones tan diversas, ambientales y socioeconómicas; ahora está aplicado en los doce estados de la república más importantes desde el punto de vista forestal, creo que estamos apenas iniciando el escalamiento del programa.

¿Sería desmesurado pensar que una vez potencializado este programa, sea una de las grandes respuestas al problema de la marginación y la pobreza, de la falta de inclusión de comunidades indígenas y ejidos de la región rural de México?

Ese es el sentido del programa, no es nada más ver las estrategias de recuperación, fomento y demás, sino crear gestión, crear capacidad dentro de estas comunidades de tal forma que puedan desarrollar actividades productivas adicionales y no solamente dependan de la actividad forestal, ya sea maderable o no maderable. Por lo pronto tenemos como 500 millones de pesos para ese programa, el mayor presupuesto en su historia.

Agustín del Castillo

Tracking the Ancestry of Corn Back 9,000 Years

John Doebley. RELATIVES Corn, or maize, descended from a Mexican grass called teosinte.

By SEAN B. CARROLL The New York Times, Published: May 24, 2010

It is now growing season across the Corn Belt of the United States. Seeds that have just been sown will, with the right mixture of sunshine and rain, be knee-high plants by the Fourth of July and tall stalks with ears ripe for picking by late August.

Corn is much more than great summer picnic food, however. Civilization owes much to this plant, and to the early people who first cultivated it.

For most of human history, our ancestors relied entirely on hunting animals and gathering seeds, fruits, nuts, tubers and other plant parts from the wild for food. It was only about 10,000 years ago that humans in many parts of the world began raising livestock and growing food through deliberate planting. These advances provided more reliable sources of food and allowed for larger, more permanent settlements. Native Americans alone domesticated nine of the most important food crops in the world, including corn, more properly called maize (Zea mays), which now provides about 21 percent of human nutrition across the globe.

But despite its abundance and importance, the biological origin of maize has been a long-running mystery. The bright yellow, mouth-watering treat we know so well does not grow in the wild anywhere on the planet, so its ancestry was not at all obvious. Recently, however, the combined detective work of botanists, geneticists and archeologists has been able to identify the wild ancestor of maize, to pinpoint where the plant originated, and to determine when early people were cultivating it and using it in their diets.

The greatest surprise, and the source of much past controversy in corn archeology, was the identification of the ancestor of maize. Many botanists did not see any connection between maize and other living plants. Some concluded that the crop plant arose through the domestication by early agriculturalists of a wild maize that was now extinct, or at least undiscovered.

However, a few scientists working during the first part of the 20th century uncovered evidence that they believed linked maize to what, at first glance, would seem to be a very unlikely parent, a Mexican grass called teosinte. Looking at the skinny ears of teosinte, with just a dozen kernels wrapped inside a stone-hard casing, it is hard to see how they could be the forerunners of corn cobs with their many rows of juicy, naked kernels. Indeed, teosinte was at first classified as a closer relative of rice than of maize.

But George W. Beadle, while a graduate student at Cornell University in the early 1930s, found that maize and teosinte had very similar chromosomes. Moreover, he made fertile hybrids between maize and teosinte that looked like intermediates between the two plants. He even reported that he could get teosinte kernels to pop. Dr. Beadle concluded that the two plants were members of the same species, with maize being the domesticated form of teosinte. Dr. Beadle went on to make other, more fundamental discoveries in genetics for which he shared the Nobel Prize in 1958. He later became chancellor and president of the University of Chicago.

Despite Dr. Beadle’s illustrious reputation, his theory still remained in doubt three decades after he proposed it. The differences between the two plants appeared to many scientists to be too great to have evolved in just a few thousand years of domestication. So, after he formally retired, Dr. Beadle returned to the issue and sought ways to gather more evidence. As a great geneticist, he knew that one way to examine the parentage of two individuals was to cross them and then to cross their offspring and see how often the parental forms appeared. He crossed maize and teosinte, then crossed the hybrids, and grew 50,000 plants. He obtained plants that resembled teosinte and maize at a frequency that indicated that just four or five genes controlled the major differences between the two plants.

Dr. Beadle’s results showed that maize and teosinte were without any doubt remarkably and closely related. But to pinpoint the geographic origins of maize, more definitive forensic techniques were needed. This was DNA typing, exactly the same technology used by the courts to determine paternity.

In order to trace maize’s paternity, botanists led by my colleague John Doebley of the University of Wisconsin rounded up more than 60 samples of teosinte from across its entire geographic range in the Western Hemisphere and compared their DNA profile with all varieties of maize. They discovered that all maize was genetically most similar to a teosinte type from the tropical Central Balsas River Valley of southern Mexico, suggesting that this region was the “cradle” of maize evolution. Furthermore, by calculating the genetic distance between modern maize and Balsas teosinte, they estimated that domestication occurred about 9,000 years ago.

These genetic discoveries inspired recent archeological excavations of the Balsas region that sought evidence of maize use and to better understand the lifestyles of the people who were planting and harvesting it. Researchers led by Anthony Ranere of Temple University and Dolores Piperno of the Smithsonian National Museum of Natural History excavated caves and rock shelters in the region, searching for tools used by their inhabitants, maize starch grains and other microscopic evidence of maize.

In the Xihuatoxtla shelter, they discovered an array of stone milling tools with maize residue on them. The oldest tools were found in a layer of deposits that were 8,700 years old. This is the earliest physical evidence of maize use obtained to date, and it coincides very nicely with the time frame of maize domestication estimated from DNA analysis.

The most impressive aspect of the maize story is what it tells us about the capabilities of agriculturalists 9,000 years ago. These people were living in small groups and shifting their settlements seasonally. Yet they were able to transform a grass with many inconvenient, unwanted features into a high-yielding, easily harvested food crop. The domestication process must have occurred in many stages over a considerable length of time as many different, independent characteristics of the plant were modified.

The most crucial step was freeing the teosinte kernels from their stony cases. Another step was developing plants where the kernels remained intact on the cobs, unlike the teosinte ears, which shatter into individual kernels. Early cultivators had to notice among their stands of plants variants in which the nutritious kernels were at least partially exposed, or whose ears held together better, or that had more rows of kernels, and they had to selectively breed them. It is estimated that the initial domestication process that produced the basic maize form required at least several hundred to perhaps a few thousand years.

Every August, I thank these pioneer geneticists for their skill and patience.

A version of this article appeared in print on May 25, 2010, on page D2 of the New York edition.

Las comunidades indígenas de América Central utilizan sus tradiciones para proteger la biodiversidad

BID-Noticias 21-may-2010

Proyecto BID-FMAM promueve el uso cultural del suelo en el Corredor Biológico Mesoamericano

No hace mucho, José López Hernández, miembro de la comunidad indígena Oxlajuj No'j, utilizaba su hacha para cortar árboles en la ciudad de Santa María de Jesús en el corazón de Guatemala.

Sin embargo, esa práctica cambió después de que el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), con financiación del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM), se embarcara en un proyecto para revivir las tradiciones y la cultura indígenas.

"Antes de este proyecto, no entendía la importancia de la madre naturaleza y el medio ambiente", dijo Hernández, de 30 años de edad. "Miraba un árbol cualquiera y podía cortarlo sin pensar".

Hoy Hernández es un líder de su comunidad indígena y está trabajando con otras 600 familias los fines de semana y después del trabajo para sembrar hasta 60.000 nuevos árboles para finales de año. Todos los árboles crecen mediante el uso de varios métodos orgánicos tradicionales que han vuelto a revivir gracias al proyecto.

El proyecto BID-FMAM, que se ha realizado en coordinación con el Banco Mundial, está fortaleciendo la capacidad de las comunidades indígenas de Centroamérica para proteger y gestionar sus recursos naturales y culturales, así como para propiciar la recuperación y promoción de los valores culturales positivos y el uso tradicional de la tierra.

"Voy a trabajar en esto hasta que Dios me lo permita", dijo Hernández. "La idea es dejar algo para nuestro hijos y nietos".

El proyecto forma parte de los esfuerzos de siete gobiernos de Centroamérica que se encuentran en marcha para ayudar a reducir la pobreza en las comunidades rurales, protegiendo y promoviendo el desarrollo sostenible del Corredor Biológico Mesoamericano. Los pueblos indígenas habitan cerca de un tercio de la superficie de los siete países centroamericanos, un área aproximadamente del tamaño de Uruguay. Ochenta por ciento de esta zona está cubierta por bosques y el 23 por ciento de ese territorio se superpone con áreas existentes actualmente protegidas.

El proyecto es innovador porque está apoyando el uso cultural y tradicional de las tierras de las comunidades indígenas como una forma de prevenir la degradación de las tierras y facilitar, al mismo tiempo, la conservación de los enormes recursos de biodiversidad de la región, y que se encuentran cada vez más en peligro de extinción. El programa utiliza una metodología especial desarrollada por el BID y la Escuela Técnica Superior de Lausana, Suiza, referida al análisis del uso cultural de la tierra.

"Esto es completamente diferente a lo que se solía hacer", dijo Carlos Perafan, líder del equipo del proyecto del BID. "En el pasado, los técnicos le decían a las comunidades lo que tenían que hacer. En este proyecto, en cambio, estamos aprendiendo de ellos".

Las medidas que se adoptarán estarán basadas en amplias consultas con las comunidades indígenas, que ayudarán a decidir cuándo y de qué manera sus propias tradiciones podrían resultar apropiadas para trabajar la tierra. Una vez que se adopte la decisión, el proyecto trabajará mancomunadamente con ellas para recuperar su cultura y tradiciones en relación al uso de la tierra.

"Este proyecto le ha permitido a las comunidades indígenas a organizarse, y a formular sus propias propuestas de trabajo en base a sus propias experiencias", dijo Carlos Batzin, miembro de una comunidad indígena quiché en el departamento de Totonicapán en Guatemala. "Se les ha permitido decidir por sí mismos lo que deben hacer con su propio territorio".

Una vez que estas comunidades decidan lo que es importante, algunos programas de capacitación especialmente diseñados les ayudarán a revivir sus tradiciones y aprender de nuevo sus viejas costumbres ancestrales vinculadas al cultivo de árboles y del maíz. Además, el proyecto se encuentra apoyando la creación de una red de comunidades indígenas en el Corredor dedicadas a la conservación de la diversidad biológica y el uso sostenible y culturalmente adecuado de la tierra.

El proyecto también promueve el intercambio de sus propios conocimientos tradicionales, experiencias y lecciones aprendidas entre las comunidades indígenas. El proyecto BID-FMAM supone también la promoción de la planificación participativa vinculada al uso de la tierra en las tierras indígenas y las regiones.

Para la comunidad quiché, esto significa tener un plan para lograr un futuro mejor. Después de trabajar estrechamente con el BID y la agencia ejecutora para demarcar sus tierras, aprender sobre sus recursos naturales existentes y las necesidades sociales y económicas de la población, hoy ya están planeando promover actividades de turismo sostenible en su territorio.

"El plan ha unido a nuestra comunidad", dijo Batzin, que está consiguiendo que su comunidad se prepare para iniciar el programa de capacitación en áreas como la replantación de árboles indígenas y la producción de diferentes tipos de semillas de maíz, utilizando para ello métodos semejantes usados por los antepasados de su pueblo. "Queremos promover el turismo cultural en nuestra comunidad. Guatemala es conocida por su naturaleza, pero se presta poca atención a los que ayudan a conservarla".

La promoción del uso cultural y tradicional de la tierra en Centroamérica es uno de los componentes del proyecto "Manejo Integrado de los Ecosistemas en las Comunidades Indígenas", que ha sido financiado por una donación de US$9 millones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y US$2 millones adicionales en fondos de contrapartida. Tanto el BID como el Banco Mundial se encuentran implementando diferentes componentes del proyecto.

El BID, mediante el financiamiento de una donación de US$5 millones del FMAM, se propone impulsar el fortalecimiento cultural e institucional de las comunidades indígenas, así como la promoción del uso de la tierra y la gestión de ecosistemas tradicionales. El Banco Mundial, a través de una donación de US$4 millones del FMAM, está ayudando a estas comunidades a consolidar y a poner en el mercado el suministro regional de productos y servicios ambientales derivados de las prácticas tradicionales del uso de la tierra y evaluar el seguimiento de los resultados del proyecto.

La Asociación Coordinadora Indígena y Campesina de Agroforestería Comunitaria Centroamericana (ACICAFOC) está ejecutando el proyecto, de acuerdo con el consejo Indígena de Centro América (CICA).