A tres años del asesinato de Aldo Zamora, protector ambiental, continúa la impunidad

Greenpeace - Boletín de prensa México, D.F., a 14 de mayo de 2010

• El gobierno federal, pese a su compromiso, no ha esclarecido los hechos. Siguen pendientes las cumplimentaciones de órdenes de aprehensión contra los autores materiales del crimen
• El caso de Aldo se relaciona con los de protectores ambientales que son hostigados por o con la aquiescencia del Estado

Hace 3 años, el 15 de mayo de 2007, Aldo y Misael, hijos de Ildefonso Zamora, fueron atacados por cuatro integrantes de las bandas de talamontes que operan en los bosques del Parque Nacional Lagunas de Zempoala y sus alrededores. En el ataque, que fue una represalia por la protección ambiental realizada por su padre, Aldo resultó muerto.

A tres años de ocurridos los hechos sólo han sido detenidas dos personas que participaron en la emboscada, sin que hasta la fecha se les haya dictado sentencia. Pero los autores materiales de este asesinato, los hermanos Luis y Alejo Encarnación Neri, continúan en libertad pese a que están plenamente identificados y existen órdenes de aprehensión en su contra desde el 24 de mayo de 2007.

En su momento, el día 12 de julio de 2007 el presidente Felipe Calderón hizo un compromiso público, durante la celebración del día del árbol, para hacer justicia en el caso. Sin embargo prevalecen la injusticia y la impunidad, además de que la presidencia se ha lavado las manos formalmente aduciendo como razón el federalismo.

Pese a lo anterior, la comunidad de San Juan Atzingo, encabezada por Ildefonso Zamora, padre de Aldo, ha conseguido ejecutar diversos proyectos de desarrollo sustentable, conservación y restauración. Entre estos destacan: ecoturismo en la laguna de Tonatiahua, equipo de vigilancia contra delitos ambientales, brigada contra incendios y construcción de un vivero forestal.

El crimen de Aldo Zamora se enmarca en el contexto de las agresiones contra colectivos y movimientos sociales dentro del Estado de México y del país. Los defensores del medio ambiente han sido perseguidos por empresas trasnacionales y caciques o talamontes bajo la aquiescencia del gobierno; incluso se les ha perseguido mediante el uso faccioso del sistema de justicia.

El hostigamiento contra protectores del ambiente debe cesar. El Estado mexicano está obligado a revertir la actual situación. En este mismo sentido recordamos que el caso de los ecologistas Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, torturados en 1999 por el Ejército en razón de la defensa contra la tala inmoderada de la Sierra de Petatlán en Guerrero, se litiga actualmente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. De aquí se producirá una condena contra el Estado mexicano, entre otras razones, por no garantizar la integridad personal de las personas ptotectoras del ambiente.

La proximidad del proceso electoral de 2012, para el que actores como el gobernador del Estado de México se perfilan, hace necesario destacar que el ejecutivo estatal encabezado por Enrique Peña Nieto ha contribuido a mantener en la impunidad los crímenes cometidos dentro de su estado. De la misma forma el gobierno de Felipe Calderón ha mostrado un desdén en el caso. Ha faltado a su compromiso en el esclarecimiento de los hechos de las personas agraviadas y no ha creado las condiciones para la protección de los defensores ambientales frente al hostigamiento que han sufrido por sus actividades.


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