Cambio de Michoacán, Miércoles 7 de Abril de 2010
Jaime Navia Antezana
En anteriores colaboraciones hemos hablado del régimen social de propiedad que tenemos en México. En especial sobre la importancia que tiene que más del 50 por ciento del territorio nacional sea propiedad de ejidos o de comunidades indígenas, y que en estos territorios se encuentre más del 80 por ciento de los bosques y selvas del país. Esto puede resultar interesante como un dato para el acervo, pero todo lo que hay atrás es un reflejo de la historia misma de México y no lo podemos ni debemos perder de vista ahora, cuando se conmemora el Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución.
La configuración de país tal como es actualmente no ha sido un proceso gratuito. No se reduce simplemente a la declaración de la Independencia hace 200 años, a un regalo de la Reforma Agraria en los albores del siglo pasado, o, posiblemente, a concesiones de las diferentes leyes que en materia agraria ha habido en México. México es el producto de una intensa lucha por la tierra ante el despojo permanente que se ha realizado desde la época de la Colonia y durante la República. Es una historia teñida de sangre. Es una historia viva que debemos entender y atender ahora.
Hoy las tierras de ejidos y comunidades están siendo amenazadas por diversas formas de exacción institucionales (poderes fácticos, corrupción, impunidad, etcétera). A tal punto que no sólo se viola la ley, sino que se la ha estado interpretando e implementando de manera mañosa y subrepticia para desangrar de distinta manera a la propiedad social, en un proceso privatizador en la peor expresión del neoliberalismo. Pero no hay nada mejor que ejemplos para explicar esta amenaza.
Revise el caso de la comunidad indígena de Tarecuato y encontrará en el registro público de la propiedad apellidos y personajes que no corresponden a los propietarios originarios de ese territorio. Muchas comunidades todavía tienen pendientes juicios sobre tierras que originalmente les pertenecían. El proceso de delimitación de tierras en Santa Ana Zirosto sólo otorgó derechos sobre cinco mil 750 hectáreas de las más de ocho mil que se reclamaban como propias. Hoy, esas casi tres mil hectáreas restantes son catalogadas como propiedad privada y en su mayoría circundan el actual poblado. Ejidos en Ario de Rosales como La Barra y El Encanto han sido totalmente transformados de bosques en huertas de aguacate (ahora como propiedad privada) y hasta reciben apoyos gubernamentales de la Sagarpa o Sedru para el desarrollo de sus cultivos. En la comunidad de Barrio San Juan Bautista en Uruapan, hay al menos dos parcelas ilegalmente establecidas como huertas sobre las cuales el Poder Ejecutivo y el Judicial llevan casos y seguro implementarán “justicia imparcial” cuando de antemano la adjudicación se ha hecho de forma ilegal. La lista de casos es tan amplia como ejidos y comunidades hay. En algunos son casos menores, pero otros como Plutarco Elías Calles o Tarascón o la comunidad y ejido de Tingambato, sólo por mencionar algunas, la situación parece irreversible.
Textualmente el artículo 59 de la Ley Agraria vigente en México dice: “Será nula de pleno derecho la asignación de parcelas en bosques o selvas tropicales”. Más adelante en el artículo 73 expresa esta ley que: “…. Las tierras de uso común … están conformadas por aquellas tierras que no hubieren sido especialmente reservadas por la asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sean tierras parceladas”, y en el artículo 74 que la tierra de uso común es “…Inalienable, imprescriptible e inembargable...”.
Entonces, ¿cómo es posible que lleguen a los tribunales casos para determinar la propiedad de tierras de uso común que habiendo sido bosques o selvas fueron “desmontadas” y destinadas a cultivos o la ganadería?
Sin ser abogados, nos damos cuenta que algo no está funcionando correctamente. No sólo es un asunto de interpretar la ley, sino de cómo ésta se usa para beneficiar a unos y perjudicar a otros. Seguramente usted ha leído inscripciones como: “No compre problemas, terrenos comunales”. Cuando en realidad la mayor parte de estas compra-ventas son ilegales sea por el artículo 59 o el 74 antes mencionados, pero también porque muchas de estas transacciones se avalan con firmas de autoridades y no de asambleas o con documentos apócrifos, etcétera. Recuerde que comprar robado también es delito, porque te hace cómplice del ladrón. En este sentido también deberíamos preguntarnos ¿dónde quedan los funcionarios que son cómplices y con sus actos y decisiones están regularizando lo que es ilegal y con ello generan “antecedentes” o “formalidades” suficientes que a la larga pueden causar daños serios en la propiedad de ejidos y comunidades?
Con todo este proceso de desarticulación al interior de estos núcleos agrarios, las asambleas se han debilitado y en algunos casos se ha perdido el control no sólo sobre el territorio sino sobre los recursos naturales en el lugar. Paralelamente esto genera un rápido proceso de deterioro ambiental que también nos afecta a todos al perder la capacidad de los ecosistemas de proveer servicios ambientales.
El asunto de la propiedad social de las tierras es mucho más que un tema de desarrollo social, tiene que ver con la seguridad nacional y con la posibilidad de mantener la vida en la tierra. Debe ser una prioridad del Estado defenderlo y proporcionar lo que sea necesario para el desarrollo, así lo expresa la Carta Magna en su artículo 27, especialmente en lo que refiere las fracciones VII, XIX y XX.
Para festejar este Bicentenario de la Independencia y Centenario de la Revolución, hay que ser congruentes con nosotros mismos y obligar a las instituciones que lo sean con el país y con su historia. Más allá de posturas ideológicas, muchos ejidos y comunidades en México han demostrado que el gobierno común es factible y en otros países hay ejemplos de formas de gobierno comunitario exitosos. (Si te interesa más el tema investiga sobre los trabajos de la doctora Elinor Ostrom, Premio Nobel de Economía 2010, o participa en http://iasc2011.fes.org.in/)
girando@gira.org.mx
lunes, abril 12, 2010
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