La Jornada 20-09-10 Por Angélica Enciso L.
El eucalipto, que se trajo de Australia y se encuentra comúnmente en las calles, ya que hace años fue plantado masivamente en las ciudades, o las cabras que proliferan en islas del Golfo de California y que han dañado flora y fauna, son especies invasoras. Este problema representa la segunda causa de pérdida de diversidad biológica en el mundo –después de la destrucción del hábitat–, y en México apenas se comenzarán a impulsar estrategias particulares para su eliminación.
Se trata de especies no nativas de una región, que han sido introducidas y encuentran condiciones para establecerse y reproducirse, pero ocasionan daños a la biodiversidad local, a la economía y la salud. Sus impactos pueden tener grandes costos económicos pues se convierten en plagas, incrementan la transmisión de enfermedades durante la producción de alimentos y en la pesca. Afectan actividades turísticas al causar daños y deterioro de la infraestructura, degradan la tierra y el agua, refiere información de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio).
Recuperar el equilibrio
En territorio nacional existen al menos cinco líneas sobre las que es urgente trabajar. Se trata de la palomilla del nopal, el pez diablo y el pez león, una plaga del eucalipto y las afectaciones a islas del Mar de Cortés, donde "cuando se soltaron cabras y gatos, que ahora son ferales, se crearon problemas que se deben atajar para recuperar el equilibrio de los ecosistemas", explicó Juan Elvira Quesada, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanart).
En la presentación de la Estrategia Nacional sobre Especies Invasoras en México –que se llevó dos años de trabajo–, José Sarukhán, coordinador de la Conabio, explicó que "son la segunda causa de pérdida de biodiversidad, después de la desaparición de hábitat. Hay muchos ejemplos de las graves afectaciones que causan en la flora y fauna nativa; generalmente tienen un efecto negativo, especialmente en ecosistemas poco perturbados".
Consideró que para la puesta en marcha de la estrategia se requiere que investigadores, productores y organizaciones civiles se involucren. "Requerimos que otras secretarías, como las de Hacienda, Economía, Salud, Agricultura, colaboren en un esfuerzo integrado de vigilancia y monitoreo para reducir el efecto ambiental y económico" que provocan.
Explicó que se busca prevenir la entrada de especies exóticas que puedan causar daños, detectar las que ya ingresaron y buscar la erradicación de las que son nocivas. Para enfrentar estos retos se debe tener conocimiento sobre los procesos de las especies invasoras, la introducción de especies exóticas que se vuelven invasoras y la magnitud de los perjuicios económicos y a la salud humana que causan, añadió.
Actualmente hay programas de monitoreo y erradicación de especies, sobre todo en ecosistemas insulares, donde hay ratas negras, cabras, pino salado, gatos y perros ferales.
Se trata de las islas Guadalupe en Baja California, las del Golfo de California, la isla Isabel, San Ignacio y San Pedro Mártir, así como en las islas Marías, indicó Luis Fueyo, titular de la Comisión Nacional de Areas Naturales Protegidas.
Elvira Quesada informó que la Semanart solicitó alrededor de 5 millones de pesos para investigación en ese proyecto en su próximo presupuesto de egresos, pero posteriormente se requerirán recursos adicionales para desarrollar programas de control en algunas áreas. "Lo más importante es detonarlo políticamente y contar con el apoyo de las secretarías, asumir la estrategia nacional; no es un problema sólo de Semarnat, es del país, ya que afecta agricultura, ganadería, turismo, a la industria forestal."
viernes, septiembre 24, 2010
jueves, septiembre 23, 2010
EL MAPDER RECHAZA LOS MECANISMOS DE DESARROLLO LIMPIO
COMUNICADO
El gobierno federal ha aceptado en 2009 que la Comisión Federal de Electricidad usó sólo el 45.5% de la capacidad instalada de generación de energía eléctrica en México[1], por lo que no se justifica la construcción de más represas. Hoy, la crisis climática desata su furia con las excesivas lluvias que han provocado fracturas de presas, desfogue de muchos embalses que han inundado ciudades, pueblos y comunidades, o que quedaron sepultadas bajo toneladas de lodo. Los gobiernos ni las represas pueden controlar la situación. Miles y miles de familias han sido desplazadas y otras miles de hectáreas de cultivos anegados en las últimas semanas. Los ríos se han desbordado. Las presas en México han llegado al máximo de su capacidad lo que no se ha registrado desde su construcción décadas atrás.
Las presas generan casi el cinco por ciento de los Gases Efecto Invernadero (GEI) en el mundo como bióxido de carbono, metano y óxido nitroso que incluso se manifiestan kilómetros aguas debajo de las embalses. También disminuyen la capa forestal que limpia nuestra atmósfera de la contaminación que los países más ricos generan en más del 60% de los GEI en todo el planeta. Pero la situación que vive prácticamente todo el territorio nacional con los ríos que reclaman libertad, es un botón de lo que está pasando en el mundo.
Los países más desarrollados no han querido atender su mayor responsabilidad en la disminución de los GEI y por ello los pueblos del mundo pagamos ahora el costo de su desarrollo. Con el Protocolo de Kyoto los gobiernos más ricos buscaron la forma para evadir esta responsabilidad, incluso para bajar el absurdo cinco por ciento de los GEI respecto a 1990, cuando se requería de al menos un ochenta por ciento. Entre estas formas de evadir la responsabilidad histórica y planetaria, crearon los mal llamados “Mecanismos de Desarrollo Limpio” (MDL) para compensar sus emisiones de GEI donde incluyeron a las represas como energía limpia y renovable. Al tiempo en que los gobiernos y las empresas constructoras de represas se vieron beneficiados por ello, los países pobres han sufrido y siguen sufriendo las consecuencias de estos megaproyectos. Además de agudizar y acelerar la crisis climática, desplazar millones de personas de sus viviendas, impactar profundamente en la vida de las que viven río abajo, deforestar, entre otras sucias consecuencias, ahora pretenden fortalecer y empujar la construcción de más represas en el país y en el mundo con el apoyo nuevamente del Banco Mundial (BM) y otras Instituciones Financieras Internacionales (IFI’s).
Hace seis años nació el Movimiento Mexicano de Afectados por las Presas y en Defensa de los Ríos (MAPDER). Desde entonces el MAPDER ha ido fortaleciendo sus luchas en defensa de la tierra, el territorio, los Derechos Humanos y de los Pueblos Indígenas, los ríos y el agua como bien común. El movimiento se ha fortalecido en el país. Las comunidades, pueblos y movimientos sociales, a partir de la organización, la movilización y la generación de propuestas, han buscado detener y dar el debate sobre la necesidad real de los innumerables megaproyectos de represas que se despliegan por el territorio nacional. Hoy, el MAPDER manifiesta su enfático rechazo a los MDL y a todos los mecanismos de mercado de carbono que comercializa la vida incluyendo la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD).
El MAPDER se suma al llamado de movilización y denuncia durante la Conferencia de las Partes (COP16) que se llevará a cabo en Cancún del 29 de noviembre al 10 de diciembre del presente año y que se multiplicará también en las distintas regiones del país. En esta Conferencia los gobiernos intentarán nuevamente evadir sus responsabilidades, privatizar bosques, y fortalecer todos los mecanismos posibles para continuar con la acumulación de capital a costa de la crisis climática.
Este calentamiento global que ha agudizado la crisis climática es al mismo tiempo la crisis del capitalismo. La depredación ambiental nos está cobrando la factura. Requerimos con urgencia la búsqueda de nuevas formas de vida. De no atender esta problemática, en menos de cinco años la tendencia podría ser irreversible para nuestra Madre Tierra como lo confirman diversos científicos cuando aseveran que el aumento de 4º C de calentamiento global es ya irreversibles.
Este es el reto del movimiento mundial contra las presas que realizará su III Encuentro Internacional en Temacapulín, Jalisco, del 2 al 6 de octubre del presente año, donde el MAPDER será el anfitrión.
¡BASTA DE REPRESAS!
¡RIOS PARA LA VIDA, NO PARA LA MUERTE!
23 de Septiembre de 2010
[1] Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2008, Tomo VII, Sector Energía; presentado en 2009.
Better REDD than dead
The Economist- A special report on forests, Sep 23rd 2010
Tropical forests’ best hope
NORTH of East Kalimantan’s scarified waste is an area where the extractive juggernaut has not yet reached. Beneath the helicopter’s blades, the woods thicken and the terrain rises to a seam of limestone crag, dripping with trees. Beyond it is the district of Berau, 70% of which is still covered in forest.
It is lovely to behold, its multi-greened canopy like a vast head of broccoli, speckled with orange and yellow where an ironwood tree or a liana has forced itself up to the light. Borneo’s forest has more tree species per hectare than anywhere else. It is also packed with carbon: up to 400 tonnes per hectare. Yet much of this forest is doomed. It provides no tax revenues for the government, which owns it, and only a modest income for the local Dayaks, in rattan, honey and game. Failing a remarkable intervention, it too will get cleared.
To expect deforestation to be halted not only in Berau but across the tropical world takes a big leap of faith. Yet that is what is being attempted under REDD. Envisaged as a giant PES scheme for which over 70 developing forest countries could be eligible, it comes with an ambition to halve deforestation by 2020. So far it is visible, in a couple of dozen countries, mainly in the form of small pilot projects run by the UN and NGOs. But it is gathering pace.
A commitment to launch REDD, with “substantial finance”, was the only obvious success of last year’s Copenhagen summit on climate change. It led to the inaugural meeting in Oslo in May of a 58-nation group, the REDD Partnership, which will hammer out the details for a global REDD deal. To get things moving, half a dozen rich countries, including Norway and Britain, have pledged to provide $4.5 billion by 2012.
How REDD will be funded after that is unclear. It had been assumed that carbon markets would provide, with “forest-carbon credits”, equivalent to a tonne of avoided emissions, being bought to offset industrial countries’ emissions. For the moment the main compulsory market, Europe’s emissions-trading scheme, does not accept forest-carbon credits. But assuming the ETS survives, that is likely to change, and if America ever adopted an equivalent cap-and-trade arrangement, forest carbon would be part of it.
The chances of that have recently receded, following the United States Senate’s failure in July to approve a proposed cap-and-trade scheme. REDD might instead be funded through rich-world carbon taxes. However, it is accepted that REDD’s beneficiary countries must be guaranteed long-term funding, perhaps tens of billions of dollars a year, and that these payments will be performance-based.
How much is required? No one knows, because no one has ever done anything like this before. Countries generally do not stop deforesting until they industrialise and urbanise, reducing their rural population, or they cut down their forests to such an extent that timber scarcity or environmental disasters lead to urgent protection, as in China. Known as the forest transition, this can be visualised as a curve in the shape of a ski-jump, first sloping down steeply and then turning up gently as the forest creeps back. REDD is an attempt to bridge that dip.
Estimates based on the opportunity costs of not felling, which will often make up the bulk of the total, suggest it can be done relatively cheaply. According to the most recent one, by the Informal Working Group on Interim Financing for REDD, an international quango, an investment of $17 billion-30 billion between now and 2015 could cut deforestation by a quarter. That would save 3m hectares of forest, or 7 gigatonnes-worth of carbon emissions, a year.
It’s a gift
This suggests a cost range for REDD of $2-4 per tonne of avoided emissions: a steal. Other estimates are higher. Indonesia’s National Council on Climate Change puts the opportunity cost of forgoing an oil-palm plantation at $30 a tonne. But even that would be cheaper than many other sorts of mitigation. Capturing and storing emissions from power stations is estimated to cost $75-115 per tonne. With REDD as an offset option, industrial countries could therefore be expected to undertake deeper cuts than they would have done otherwise. That is why most developing countries, which previously viewed REDD with suspicion, now support it.
There are many concerns. One of them is that avoided deforestation may not be permanent—especially where there is a risk of climate-induced forest dieback. Another is that REDD money will inevitably flow to the most egregious deforesters, such as Indonesia, which may create an incentive for others to take up their chainsaws. Or demand for forest land, no longer met in Indonesia, may shift to non-participants in the scheme. That is why REDD has to be done on a large scale, even if the payments will vary. Brazil, which has been developing REDD for two years, with $1 billion from Norway, has a payment formula that favours Amazon states with high deforestation rates over those with low ones. But, to reward the virtuous, it also takes into account the states’ record on meeting REDD commitments.
The biggest worry, however, is that REDD may not be possible at all—at least not on the scale that climate modellers assume. Forest conservationists, schooled in failure, rattle off a list of possible reasons why. Forest title, or the lack of it, is one. Unowned forests are unprotected, which is why the grileiros, or land-grabbers, of the Brazilian Amazon rainforest can so easily turn it to pasture. But even where governments claim a forest, the result can be the same; 63% of the lowland parts of West Kalimantan’s national parks were illegally cleared by loggers between 1985 and 2001.
At least it was obvious who was to blame for the clearance. Where forest ownership is contested, because local rights are vague or there are competing title deeds, for example, that becomes more difficult. Unclear ownership also raises a big obstacle to the improvements in land-use planning that REDD must bring about. In Indonesia this would mean putting palm-oil plantations not on forest land but on degraded land, of which it has perhaps 40m hectares available.
That, in turn, will mean facing down the planters, who prefer to bag forest land for a windfall of timber. Between 1990 and 2005 Indonesia planted over 3m hectares with oil palms, over half of it on freshly cleared land. The crop is now coming to Berau. Beneath the hovering helicopter, an ugly mud-orange clearing has been cut for it from the lush green forest.
When the forest is on peat, as in much of central Kalimantan, Sumatra and Papua, the cost of Indonesia’s messy land use becomes epic. Peatland can store over 5,000 tonnes of carbon per hectare, and when drained for cultivation emits it for decades. Frances Seymour, head of the Centre for International Forestry Research (CIFOR), ruefully calls this “the gift that keeps on giving”. Indonesia’s peat-based plantations, a quarter of the total, contribute less than 1% to the country’s GDP but nearly 20% of the national emissions.
With Indonesia committed to doubling its area under oil palm, there is a risk that its emissions could soar—but also an opportunity for REDD. Restricting the expansion to degraded land would achieve a huge mitigation. Assuming REDD delivers, Indonesia has vowed to reduce its forecast 2020 emissions by up to 41%. In May President Susilo Bambang Yudhoyono announced a two-year moratorium on commercial deforestation. In response, Norway promised Indonesia $1 billion for REDD.
There are many other risks to REDD, of which corruption is the most prominent. Much of Indonesia’s forestry ministry—which claims control over 75% of the country’s area—and its logging industry are crooked. That is why wildlife sanctuaries disappear without a whisper. In the 1990s over $5 billion was looted from a national reforestation fund. If that happened to REDD, the effect would be devastating. REDD’s stress on performance should make it unlikely, and Indonesia’s forestry is getting less mucky. But its greedy elite will still try to manipulate the scheme.
Even if the safeguards work, reforming weak states is hard. Land-use planning for oil palm, for example, might involve not only the ministry of forestry but also those of agriculture, finance, energy and infrastructure as well as the army and the police. All have their own priorities, and saving trees is not among them. Kuntoro Mangkusubroto, the boss of Indonesia’s new REDD agency, was previously in charge of rebuilding Aceh after the tsunami. Asked to compare his old and his new job, he says: “‘In Aceh the government had totally collapsed, we were working from zero. That was much easier.”
But his appointment is encouraging. He is Indonesia’s most respected official, which suggests presidential support for REDD. That is essential. For REDD to be sustainable, it will have to be more than life support for the rainforest. It must provide ways for tropical countries to develop growth strategies that do not involve razing forest. In East Kalimantan 39% of jobs are in forestry, mining or agriculture. To bridge the transition, Indonesia will have to create many more jobs elsewhere.
REDD alert
Across the developing world, changes of that kind would entail a complete overhaul of some of the world’s least capable and most corrupt states: to make them rational in their land use, honest in their accounting, responsive to their citizens. That is not going to happen fast, as the sorry history of development assistance suggests. But REDD, provided its design holds firm, can do better. Its rewards must be sufficiently large and long-term to persuade rainforest countries to straighten themselves out. And they must be results-based.
That may be especially difficult to achieve in Africa. For example, Congo’s government does not know, to the nearest million, how many people have died in its continuing civil war. How will it provide an inventory of its forest-carbon stock? Who would buy its subprime credits? It will take it years to bring a national REDD programme to market, and meanwhile its REDD efforts will probably have to be funded with foreign public money. That makes it even more important to push ahead where the way is clearer, in Brazil and even Indonesia. REDD can accommodate such staggered progress.
For now, most REDD projects are small-scale and based on traditional conservation. Given better access to markets for their timber, for example, forest folk are encouraged to harvest less of it. Or they might be supplied with fertiliser and asked to clear less forest for planting maize. These are good ideas. Such projects also slightly mitigate the likelihood that REDD will centralise power. And in Africa, where governments are weak and smallholders are the main deforesters, they may be especially effective. But they do not deal with the commercial drivers of deforestation, and they are prone to leakage.
So REDD needs to encourage both national and local conservation efforts. That might mean letting local governments choose from a range of nationally approved conservation measures. The details have yet to be worked out, but some promising experiments have already been launched. In Berau, for example, the district government is devising its own REDD strategy with help from the Nature Conservancy, an American NGO that provided your correspondent with his aerial view of Kalimantan. Three important parts of this—improving logging practices, pushing plantations onto degraded land and strengthening protected areas—will figure in Indonesia’s national REDD strategy.
The closer you look, though, the clearer it becomes that action is most urgently needed at the national level. Near the village of Muara Lesan, beside a gurgling forest river, bulldozers are clearing 10,000 hectares of rainforest for oil palm. The ethnic Malay villagers gave their blessing to the scheme and say they are pleased with it, having been promised a small rent by the planters. REDD payments might have given them much more. But their weak right to the forest did not extend to its timber or carbon. Having been identified as the forest’s owners, up to a point, these locals cannot profit from it until it is gone.
That makes it all the more striking that three nearby villages have refused permission for a plantation on their 30,000-hectare forest. A local notable, Hang Long, explains the decision: “Oil palm destroys the forest and leaves nothing for our children.” This is heroic but probably futile. So long as it is worth so little to its executioners, this forest, too, may go. REDD looks extremely uncertain, but without it massive tropical deforestation is inevitable.
Tropical forests’ best hope
NORTH of East Kalimantan’s scarified waste is an area where the extractive juggernaut has not yet reached. Beneath the helicopter’s blades, the woods thicken and the terrain rises to a seam of limestone crag, dripping with trees. Beyond it is the district of Berau, 70% of which is still covered in forest.
It is lovely to behold, its multi-greened canopy like a vast head of broccoli, speckled with orange and yellow where an ironwood tree or a liana has forced itself up to the light. Borneo’s forest has more tree species per hectare than anywhere else. It is also packed with carbon: up to 400 tonnes per hectare. Yet much of this forest is doomed. It provides no tax revenues for the government, which owns it, and only a modest income for the local Dayaks, in rattan, honey and game. Failing a remarkable intervention, it too will get cleared.
To expect deforestation to be halted not only in Berau but across the tropical world takes a big leap of faith. Yet that is what is being attempted under REDD. Envisaged as a giant PES scheme for which over 70 developing forest countries could be eligible, it comes with an ambition to halve deforestation by 2020. So far it is visible, in a couple of dozen countries, mainly in the form of small pilot projects run by the UN and NGOs. But it is gathering pace.
A commitment to launch REDD, with “substantial finance”, was the only obvious success of last year’s Copenhagen summit on climate change. It led to the inaugural meeting in Oslo in May of a 58-nation group, the REDD Partnership, which will hammer out the details for a global REDD deal. To get things moving, half a dozen rich countries, including Norway and Britain, have pledged to provide $4.5 billion by 2012.
How REDD will be funded after that is unclear. It had been assumed that carbon markets would provide, with “forest-carbon credits”, equivalent to a tonne of avoided emissions, being bought to offset industrial countries’ emissions. For the moment the main compulsory market, Europe’s emissions-trading scheme, does not accept forest-carbon credits. But assuming the ETS survives, that is likely to change, and if America ever adopted an equivalent cap-and-trade arrangement, forest carbon would be part of it.
The chances of that have recently receded, following the United States Senate’s failure in July to approve a proposed cap-and-trade scheme. REDD might instead be funded through rich-world carbon taxes. However, it is accepted that REDD’s beneficiary countries must be guaranteed long-term funding, perhaps tens of billions of dollars a year, and that these payments will be performance-based.
How much is required? No one knows, because no one has ever done anything like this before. Countries generally do not stop deforesting until they industrialise and urbanise, reducing their rural population, or they cut down their forests to such an extent that timber scarcity or environmental disasters lead to urgent protection, as in China. Known as the forest transition, this can be visualised as a curve in the shape of a ski-jump, first sloping down steeply and then turning up gently as the forest creeps back. REDD is an attempt to bridge that dip.
Estimates based on the opportunity costs of not felling, which will often make up the bulk of the total, suggest it can be done relatively cheaply. According to the most recent one, by the Informal Working Group on Interim Financing for REDD, an international quango, an investment of $17 billion-30 billion between now and 2015 could cut deforestation by a quarter. That would save 3m hectares of forest, or 7 gigatonnes-worth of carbon emissions, a year.
It’s a gift
This suggests a cost range for REDD of $2-4 per tonne of avoided emissions: a steal. Other estimates are higher. Indonesia’s National Council on Climate Change puts the opportunity cost of forgoing an oil-palm plantation at $30 a tonne. But even that would be cheaper than many other sorts of mitigation. Capturing and storing emissions from power stations is estimated to cost $75-115 per tonne. With REDD as an offset option, industrial countries could therefore be expected to undertake deeper cuts than they would have done otherwise. That is why most developing countries, which previously viewed REDD with suspicion, now support it.
There are many concerns. One of them is that avoided deforestation may not be permanent—especially where there is a risk of climate-induced forest dieback. Another is that REDD money will inevitably flow to the most egregious deforesters, such as Indonesia, which may create an incentive for others to take up their chainsaws. Or demand for forest land, no longer met in Indonesia, may shift to non-participants in the scheme. That is why REDD has to be done on a large scale, even if the payments will vary. Brazil, which has been developing REDD for two years, with $1 billion from Norway, has a payment formula that favours Amazon states with high deforestation rates over those with low ones. But, to reward the virtuous, it also takes into account the states’ record on meeting REDD commitments.
The biggest worry, however, is that REDD may not be possible at all—at least not on the scale that climate modellers assume. Forest conservationists, schooled in failure, rattle off a list of possible reasons why. Forest title, or the lack of it, is one. Unowned forests are unprotected, which is why the grileiros, or land-grabbers, of the Brazilian Amazon rainforest can so easily turn it to pasture. But even where governments claim a forest, the result can be the same; 63% of the lowland parts of West Kalimantan’s national parks were illegally cleared by loggers between 1985 and 2001.
At least it was obvious who was to blame for the clearance. Where forest ownership is contested, because local rights are vague or there are competing title deeds, for example, that becomes more difficult. Unclear ownership also raises a big obstacle to the improvements in land-use planning that REDD must bring about. In Indonesia this would mean putting palm-oil plantations not on forest land but on degraded land, of which it has perhaps 40m hectares available.
That, in turn, will mean facing down the planters, who prefer to bag forest land for a windfall of timber. Between 1990 and 2005 Indonesia planted over 3m hectares with oil palms, over half of it on freshly cleared land. The crop is now coming to Berau. Beneath the hovering helicopter, an ugly mud-orange clearing has been cut for it from the lush green forest.
When the forest is on peat, as in much of central Kalimantan, Sumatra and Papua, the cost of Indonesia’s messy land use becomes epic. Peatland can store over 5,000 tonnes of carbon per hectare, and when drained for cultivation emits it for decades. Frances Seymour, head of the Centre for International Forestry Research (CIFOR), ruefully calls this “the gift that keeps on giving”. Indonesia’s peat-based plantations, a quarter of the total, contribute less than 1% to the country’s GDP but nearly 20% of the national emissions.
With Indonesia committed to doubling its area under oil palm, there is a risk that its emissions could soar—but also an opportunity for REDD. Restricting the expansion to degraded land would achieve a huge mitigation. Assuming REDD delivers, Indonesia has vowed to reduce its forecast 2020 emissions by up to 41%. In May President Susilo Bambang Yudhoyono announced a two-year moratorium on commercial deforestation. In response, Norway promised Indonesia $1 billion for REDD.
There are many other risks to REDD, of which corruption is the most prominent. Much of Indonesia’s forestry ministry—which claims control over 75% of the country’s area—and its logging industry are crooked. That is why wildlife sanctuaries disappear without a whisper. In the 1990s over $5 billion was looted from a national reforestation fund. If that happened to REDD, the effect would be devastating. REDD’s stress on performance should make it unlikely, and Indonesia’s forestry is getting less mucky. But its greedy elite will still try to manipulate the scheme.
Even if the safeguards work, reforming weak states is hard. Land-use planning for oil palm, for example, might involve not only the ministry of forestry but also those of agriculture, finance, energy and infrastructure as well as the army and the police. All have their own priorities, and saving trees is not among them. Kuntoro Mangkusubroto, the boss of Indonesia’s new REDD agency, was previously in charge of rebuilding Aceh after the tsunami. Asked to compare his old and his new job, he says: “‘In Aceh the government had totally collapsed, we were working from zero. That was much easier.”
But his appointment is encouraging. He is Indonesia’s most respected official, which suggests presidential support for REDD. That is essential. For REDD to be sustainable, it will have to be more than life support for the rainforest. It must provide ways for tropical countries to develop growth strategies that do not involve razing forest. In East Kalimantan 39% of jobs are in forestry, mining or agriculture. To bridge the transition, Indonesia will have to create many more jobs elsewhere.
REDD alert
Across the developing world, changes of that kind would entail a complete overhaul of some of the world’s least capable and most corrupt states: to make them rational in their land use, honest in their accounting, responsive to their citizens. That is not going to happen fast, as the sorry history of development assistance suggests. But REDD, provided its design holds firm, can do better. Its rewards must be sufficiently large and long-term to persuade rainforest countries to straighten themselves out. And they must be results-based.
That may be especially difficult to achieve in Africa. For example, Congo’s government does not know, to the nearest million, how many people have died in its continuing civil war. How will it provide an inventory of its forest-carbon stock? Who would buy its subprime credits? It will take it years to bring a national REDD programme to market, and meanwhile its REDD efforts will probably have to be funded with foreign public money. That makes it even more important to push ahead where the way is clearer, in Brazil and even Indonesia. REDD can accommodate such staggered progress.
For now, most REDD projects are small-scale and based on traditional conservation. Given better access to markets for their timber, for example, forest folk are encouraged to harvest less of it. Or they might be supplied with fertiliser and asked to clear less forest for planting maize. These are good ideas. Such projects also slightly mitigate the likelihood that REDD will centralise power. And in Africa, where governments are weak and smallholders are the main deforesters, they may be especially effective. But they do not deal with the commercial drivers of deforestation, and they are prone to leakage.
So REDD needs to encourage both national and local conservation efforts. That might mean letting local governments choose from a range of nationally approved conservation measures. The details have yet to be worked out, but some promising experiments have already been launched. In Berau, for example, the district government is devising its own REDD strategy with help from the Nature Conservancy, an American NGO that provided your correspondent with his aerial view of Kalimantan. Three important parts of this—improving logging practices, pushing plantations onto degraded land and strengthening protected areas—will figure in Indonesia’s national REDD strategy.
The closer you look, though, the clearer it becomes that action is most urgently needed at the national level. Near the village of Muara Lesan, beside a gurgling forest river, bulldozers are clearing 10,000 hectares of rainforest for oil palm. The ethnic Malay villagers gave their blessing to the scheme and say they are pleased with it, having been promised a small rent by the planters. REDD payments might have given them much more. But their weak right to the forest did not extend to its timber or carbon. Having been identified as the forest’s owners, up to a point, these locals cannot profit from it until it is gone.
That makes it all the more striking that three nearby villages have refused permission for a plantation on their 30,000-hectare forest. A local notable, Hang Long, explains the decision: “Oil palm destroys the forest and leaves nothing for our children.” This is heroic but probably futile. So long as it is worth so little to its executioners, this forest, too, may go. REDD looks extremely uncertain, but without it massive tropical deforestation is inevitable.
Well-organised locals often make the best forest managers, but they need help
The Economist: A special report on forests Sep 23rd 2010 
Pushing together in Michoacán
Keeping it in the community
Pushing together in MichoacánAT A sawmill in the misty hills of Michoacán in central Mexico, loggers sporting damp sombreros and droopy moustaches are working through a drizzle, hauling pine logs. With iron spikes they lever them into position, hack out any stones embedded in the pungent orange flesh and heave the logs on to a runner. A bullnecked lumberman guides them through a buzzing circular saw, slicing them into rough boards. Another cuts them into planks, which his mate tosses onto a rising stack. It barely takes a minute to transform giant trunks into building material.
Most of it will be sold locally. The loggers, who belong to a rural co-operative (or ejido) that owns 680 hectares of the nearby Ocampo forest, will use the rest to make simple furniture. The business provides jobs for 20 of the ejido’s 138 members, hauling lumber, turning lathes and planting trees, and each member gets an annual profit share of around 15,000 pesos ($1,150).
Over 75% of Mexico’s forests, which range from temperate spruce and fir to tropical rainforest, are controlled by local communities, either ejidos or indigenous groups. Most were parcelled out in the 1920s, in a spate of land reform after Mexico’s 1910-20 revolution. Though much of this forest is technically owned by the state, the communities have strong rights to it. They won control of logging permits in the late 1970s after protests by ejidatarios against commercial loggers had brought Mexico’s timber industry to its knees. The communities are not allowed to clear or sell their woods; otherwise they can do with them more or less as they please.
This makes Mexico a remarkable case study in what some consider as the best form of forest management. Most forests are claimed and mismanaged by governments. That can also mean dispossessing local people who, denied ownership of a forest they may have considered their own for centuries, tend to become protagonists in its destruction. An obvious solution is to put the forest back in local hands. Once they have tenure, it is argued, local people will regain their incentive to manage the forest sustainably, and trees and people will both flourish.This is more radical than it may sound. Not long ago it was widely accepted that communally owned resources inevitably get overexploited because a few spoilers, or even a suspicion of them, are sufficient to make other users abandon prudential rules. Known as the “tragedy of the commons”, after a hugely influential 1968 essay by an American ecologist, Garrett Hardin, this theory was often cited by governments to justify their takeover of forests in the 1970s and 1980s.
But the tide may be turning. In the past two decades the area of forest in developing countries that is wholly or partly controlled locally has more than doubled, to over 400m hectares, or 27% of the total. That is partly due to a growing recognition that most governments make lousy forest conservationists, and a corresponding hope that locals will do better. That helps explain why 450,000 hectares of Guatemala’s Maya rainforest have been made over to 13 communities living there. But other factors have also contributed to the shift, including efforts to deal with the grievances of dispossessed indigenous people, especially in Latin America, and political decentralisation schemes, especially in Africa and Asia. Tanzania, for example, has devolved rights to about 2m hectares of its dryland forest. And in India a combination of political devolution, tree-hugging judges and activists for tribal folk has helped 275m people win more rights to their nearby forests.
With such diverse origins, the reforms now in progress vary greatly in scope, design and implementation. Yet most share three features: an emphasis on conserving forest; a prohibition on selling or clearing it; and a tendency to deliver less change than they promise. That is often because governments try to claw back control, in myriad ways. They may restrict forest pursuits such as collecting firewood or hunting. They may make it hard to obtain logging licences and other permits, either through incompetence or spite, or they may invent new ones for fun. In Nepal community foresters are not allowed to sell timber on the open market until they have offered it to neighbouring villagers.
Governments also like to keep the more valuable forests for themselves. In Cameroon this is policy. Moreover, even with strong rights to a potentially rich resource, naive villagers generally need advice, training and access to credit to manage it on a commercial basis, and that is rarely forthcoming. More often the forest’s new owners are undermined by petty officials’ preference for dealing with local elites. In Ghana and Cameroon this has allowed venal village chiefs to steal logging revenues.
Most of these troubles are evident in India. Its recent reform, passed in 2006 after an outcry over a court-ordered policy of forest enclosure, grants each household the right to four hectares of agricultural land and a share in local forest produce. But its implementation requires diligent officials, so not much has happened. And the record of an earlier Indian scheme, joint forest management, in which locals were promised a small share of timber revenues in return for deterring illegal logging and planting trees, is discouraging. It offered a few brilliant examples of co-operation between organised communities and motivated officials, but in many of the 85,000 communities covered by the scheme corrupt and controlling officials made participation hard. India-wide it did little for people or trees.
Recent research by CIFOR on community forest management in 11 tropical countries suggests that such outcomes are not uncommon. In most of the examples studied, at least some benefit had accrued to some community members, but local control was not in itself a guarantee of better forest management. Where communities were given degraded forest and instructed to regenerate it, they generally did so. But where devolving forest rights provoked local conflict, as quite often happens, the forest usually suffered.
This does not mean that community forest management is no good. There is rarely a better way to balance the interests of poor people and forests. But to do a good job, communities need strong property rights and often technical help. Such assistance should not stifle their ideas on forest management, which are often, though not always, based on a deep understanding of the local ecosystem. Outcomes that are good for both trees and people will also depend on external factors such as law enforcement and access to timber markets. And in the way of forests, these conditions will vary greatly from place to place.
The state of the Maya forest is a good illustration. Where the local foresters get tourism revenue from Mayan archaeological sites, it is thick with trees. In some other places, where the same indigenous communities have the same legal rights to the same sort of forest, it is degraded. “We should not think there’s any optimal form for preserving forests,” says Elinor Ostrom, an American political scientist who won last year’s Nobel prize for economics for her work on common property and collective action. “We find government forests that work and community forests that work and those that don’t,” she adds. “Panaceas, like thinking ‘community forests are always great’, are dangerous.”
That is true even of Mexico’s community forests. The Ocampo ejido is inspiring. Its members began logging their forest in 1989, and with the profits they made they bought their sawmill two years later. The forest, most of which is inside a famous butterfly reserve, has also thrived. Illegal logging has fallen—despite the recent entry into the trade of a cultish local narco-mafia, La Familia. Yet such examples are rare. Around 80% of Mexico’s community forests are not managed at all because the locals are unskilled or unorganised or their forest is difficult to log. The dry forests of southern Chiapas and Yucatán require expert management which is beyond the local indígenas. They are among Mexico’s poorest, most unlettered and most rebellious people, with weak property rights and rapidly disappearing forests.
And even in Michoacán, community forestry faces an uncertain future because it is inefficient. The Ocampo loggers’ sawmill is old, yet they are loth to upgrade it for a less labour-intensive model. They also confess to lacking the nous to find the niche markets their pine requires. It is of high quality, but at least 30% more expensive to produce than the sappy Chilean alternative. Overall, Mexico’s timber production has fallen by a third in the past decade, despite a $400m annual subsidy to the industry. To remedy this, the government is establishing a big plantation forestry which will make it even harder for the ejidatarios to compete.
“In terms of economics, community forestry doesn’t make much sense,” says Juan Manuel Torres Rojo, director-general of the Mexican forestry department. “But in terms of equity, and perhaps conservation, it’s the way to go.” He reckons community forest revenues need topping up by a third, and is looking to REDD.
domingo, septiembre 19, 2010
Minga Global por la Madre Tierra 12 de Octubre de 2010
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas – CAOI
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
16 de Setiembre de 2010
Crisis Climática: un fenómeno que avanza
En Defensa de la Vida y los Derechos de los Pueblos
Por el reconocimiento de la Deuda Ecológica y Justicia Climática
Por la reconstitución del Buen Vivir
Convocatoria
Somos los hijos de la Madre Tierra porque pertenecemos a ella. Pero el neoliberalismo brutal la trata como un depósito de recursos, saqueándola, depredándola y agravando cada vez más la peor crisis climática de la historia, que está llevando al borde de la extinción toda forma de vida.
En nombre del desarrollo, los países ricos y sus multinacionales, responsables de la crisis climática, se aferran al capitalismo, nacido de la invasión a nuestro continente, cuya crisis arrastra a todos y pone en riesgo la vida. Y para hacerlo vulneran los derechos humanos y colectivos reconocidos por instrumentos internacionales, los Estados nacionales criminalizan a los movimientos sociales y militarizan los territorios, para facilitar el saqueo de los bienes naturales, con sus secuelas de contaminación y depredación.
La Pachamama para sanarse del calentamiento global genera fenómenos climáticos y busca un nuevo equilibrio, que muchas vidas no toleran. Si no cambiamos de rumbo, el aumento de la temperatura global llegará en pocos años a los 2ºC y los cataclismos serán incontrolables. Será la mayor hecatombe socioambiental climática de la historia humana.
Los gobiernos cierran los ojos ante las múltiples señales de alerta: desaparición acelerada de los glaciares y la biodiversidad, fuentes de agua contaminadas, cataclismos, huracanes, inundaciones y múltiples desórdenes climáticos, insistiendo en emitir normas legales destinadas a facilitar las actividades que generan la contaminación y el calentamiento global. Los países poderosos crean falsas soluciones que agravan la crisis y la vulneración de derechos.
Entre ellos han creado mecanismos como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, REDD, REDD+ y REDDPlus, por el cual, los países desarrollados, para cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones, recurren al mercado de carbono, que nos lleva a una nueva privatización y mercantilización de la naturaleza, intentando crear “derechos del carbono”, violando la soberanía de nuestros bosques y vulnerando los derechos de los pueblos indígenas.
La Madre Tierra se transformará y se salvará: el reto es salvar la vida. Ello nos obliga a tomar medidas urgentes.
Como hijos de la Madre Tierra, los pueblos indígenas, durante miles de años construimos civilizaciones basadas en el equilibrio y la armonía entre los hombres y la Madre Naturaleza. Por ello supimos conservar la biodiversidad y criar alimentos esenciales para la humanidad, en sociedades sin explotación. Hoy ofrecemos nuestros valores, nuestras prácticas y nuestros saberes, para salvar al planeta. Ofrecemos a la humanidad nuestros saberes, principios y prácticas ancestrales del Buen Vivir. Pero son otros, con el pensamiento occidental, quienes toman decisiones.
Por ello:
CONVOCAMOS a la III Minga / Movilización Global en Defensa de la Madre Tierra y los Pueblos, contra la mercantilización de la vida (alimentos, agua, biodiversidad, bienes naturales); contaminación y depredación (por la minería, hidrocarburos, hidroeléctricas, forestales, ganadería, agrocombustibles, transgénicos); consumismo y criminalización de las luchas sociales; por el reconocimiento de la deuda ecológica y la construcción de un Tribunal Internacional de Justicia Climática.
El 12 de octubre, en cada rincón del planeta, quienes queremos salvar la vida levantaremos nuestras voces contra la agresión capitalista expresada en el saqueo y la mercantilización de la vida. Porque sabemos que otros mundos no son solo urgentes: son, sobre todo, posibles. Y ya los estamos construyendo.
Convocan:
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) / Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) / Consejo Indígena de Centro América (CICA) / Grito de los Excluidos / Alianza Social Continental y otras organizaciones y movimientos sociales del mundo
Objetivos
· Vigencia de la vida, la paz, defensa de la tierra, los bienes naturales y la espiritualidad ligada a la vida y la Madre Naturaleza, el agua para las generaciones futuras y los derechos colectivos.
· Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de convivir con la naturaleza, en armonía y equilibrio con ella. No a la privatización de la naturaleza con el mercado de carbono.
· Alertar sobre el inminente peligro de la hecatombe ambiental que amenaza el planeta y señalar a sus responsables: el capitalismo global, las empresas multinacionales y los Estados cómplices.
· Demostrar que es posible enfrentar ese cambio desde las propuestas y las prácticas de los pueblos, en armonía y reciprocidad con la Madre Naturaleza: con el Buen Vivir, Estados Plurinacionales y un modelo de integración desde la equidad, la reciprocidad y la complementariedad.
· Denunciar el capitalismo neoliberal y los gobiernos cómplices que criminalizan la protesta social para imponer el saqueo y depredación de la Madre Naturaleza.
· Exigir amnistías para todos los dirigentes indígenas, sociales y activistas ambientales procesados por defender los derechos de los Pueblos y de la Madre Naturaleza.
· Abrir el debate sobre la crisis de la civilización capitalista, con la propuesta de los pueblos indígenas, para detener la catástrofe climática.
· No a la persecución de los migrantes: nadie es migrante en su continente del Abya Yala, si otros fueron a otro lado, fueron tras los bienes naturales que se llevaron.
Actividades en el mundo
· Manifiestos de la mayor diversidad de organizaciones de movimientos indígenas y sociales, con alternativas para detener la catástrofe climática y ambiental global.
· Memorial con propuestas concretas ante la Convención de Cambio Climático, Convención de Diversidad Biológica, ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y entidades similares de otros continentes.
· Movilizaciones en todo el mundo (comunidades urbanas y rurales), por demandas específicas locales, nacionales y los objetivos comunes de la Minga Global.
· Plantones frente a locales de la ONU y de transnacionales extractivas (hidrocarburos, mineras, madera, agua), de agrocombustibles y transgénicos.
· Foros de discusión y jornadas culturales y políticas sobre defensa de la Madre Tierra y los pueblos contra la mercantilización de la vida, contaminación y criminalización social.
· Realización de Tribunales de Justicia Climática para juzgar éticamente por delitos ambientales.
· Asambleas de articulación de estrategias hacia la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, COP 16 (Cancún, México, noviembre-diciembre 2010).
Con el Ruego de su Difusión
--
María Isabel Ferreira Ayllón
**********************************
Área de Comunicaciones
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
Ecuador-Colombia-Perú-Bolivia-Chile-Argentina
Dirección: Jr. Carlos Arrieta # 1049 Santa Beatriz, Lima - Perú
Telefax: 0051-1-2651061
Celular: 999968163
Skype: mariaisabelferreiraayllon
Sitio web: www.minkandina.org
Bolivia, Ecuador, Perú, Colombia, Chile, Argentina
16 de Setiembre de 2010
Crisis Climática: un fenómeno que avanza
En Defensa de la Vida y los Derechos de los Pueblos
Por el reconocimiento de la Deuda Ecológica y Justicia Climática
Por la reconstitución del Buen Vivir
Convocatoria
Somos los hijos de la Madre Tierra porque pertenecemos a ella. Pero el neoliberalismo brutal la trata como un depósito de recursos, saqueándola, depredándola y agravando cada vez más la peor crisis climática de la historia, que está llevando al borde de la extinción toda forma de vida.
En nombre del desarrollo, los países ricos y sus multinacionales, responsables de la crisis climática, se aferran al capitalismo, nacido de la invasión a nuestro continente, cuya crisis arrastra a todos y pone en riesgo la vida. Y para hacerlo vulneran los derechos humanos y colectivos reconocidos por instrumentos internacionales, los Estados nacionales criminalizan a los movimientos sociales y militarizan los territorios, para facilitar el saqueo de los bienes naturales, con sus secuelas de contaminación y depredación.
La Pachamama para sanarse del calentamiento global genera fenómenos climáticos y busca un nuevo equilibrio, que muchas vidas no toleran. Si no cambiamos de rumbo, el aumento de la temperatura global llegará en pocos años a los 2ºC y los cataclismos serán incontrolables. Será la mayor hecatombe socioambiental climática de la historia humana.
Los gobiernos cierran los ojos ante las múltiples señales de alerta: desaparición acelerada de los glaciares y la biodiversidad, fuentes de agua contaminadas, cataclismos, huracanes, inundaciones y múltiples desórdenes climáticos, insistiendo en emitir normas legales destinadas a facilitar las actividades que generan la contaminación y el calentamiento global. Los países poderosos crean falsas soluciones que agravan la crisis y la vulneración de derechos.
Entre ellos han creado mecanismos como la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación, REDD, REDD+ y REDDPlus, por el cual, los países desarrollados, para cumplir con sus compromisos de reducción de emisiones, recurren al mercado de carbono, que nos lleva a una nueva privatización y mercantilización de la naturaleza, intentando crear “derechos del carbono”, violando la soberanía de nuestros bosques y vulnerando los derechos de los pueblos indígenas.
La Madre Tierra se transformará y se salvará: el reto es salvar la vida. Ello nos obliga a tomar medidas urgentes.
Como hijos de la Madre Tierra, los pueblos indígenas, durante miles de años construimos civilizaciones basadas en el equilibrio y la armonía entre los hombres y la Madre Naturaleza. Por ello supimos conservar la biodiversidad y criar alimentos esenciales para la humanidad, en sociedades sin explotación. Hoy ofrecemos nuestros valores, nuestras prácticas y nuestros saberes, para salvar al planeta. Ofrecemos a la humanidad nuestros saberes, principios y prácticas ancestrales del Buen Vivir. Pero son otros, con el pensamiento occidental, quienes toman decisiones.
Por ello:
CONVOCAMOS a la III Minga / Movilización Global en Defensa de la Madre Tierra y los Pueblos, contra la mercantilización de la vida (alimentos, agua, biodiversidad, bienes naturales); contaminación y depredación (por la minería, hidrocarburos, hidroeléctricas, forestales, ganadería, agrocombustibles, transgénicos); consumismo y criminalización de las luchas sociales; por el reconocimiento de la deuda ecológica y la construcción de un Tribunal Internacional de Justicia Climática.
El 12 de octubre, en cada rincón del planeta, quienes queremos salvar la vida levantaremos nuestras voces contra la agresión capitalista expresada en el saqueo y la mercantilización de la vida. Porque sabemos que otros mundos no son solo urgentes: son, sobre todo, posibles. Y ya los estamos construyendo.
Convocan:
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) / Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) / Consejo Indígena de Centro América (CICA) / Grito de los Excluidos / Alianza Social Continental y otras organizaciones y movimientos sociales del mundo
Objetivos
· Vigencia de la vida, la paz, defensa de la tierra, los bienes naturales y la espiritualidad ligada a la vida y la Madre Naturaleza, el agua para las generaciones futuras y los derechos colectivos.
· Sensibilizar a la sociedad sobre la necesidad de convivir con la naturaleza, en armonía y equilibrio con ella. No a la privatización de la naturaleza con el mercado de carbono.
· Alertar sobre el inminente peligro de la hecatombe ambiental que amenaza el planeta y señalar a sus responsables: el capitalismo global, las empresas multinacionales y los Estados cómplices.
· Demostrar que es posible enfrentar ese cambio desde las propuestas y las prácticas de los pueblos, en armonía y reciprocidad con la Madre Naturaleza: con el Buen Vivir, Estados Plurinacionales y un modelo de integración desde la equidad, la reciprocidad y la complementariedad.
· Denunciar el capitalismo neoliberal y los gobiernos cómplices que criminalizan la protesta social para imponer el saqueo y depredación de la Madre Naturaleza.
· Exigir amnistías para todos los dirigentes indígenas, sociales y activistas ambientales procesados por defender los derechos de los Pueblos y de la Madre Naturaleza.
· Abrir el debate sobre la crisis de la civilización capitalista, con la propuesta de los pueblos indígenas, para detener la catástrofe climática.
· No a la persecución de los migrantes: nadie es migrante en su continente del Abya Yala, si otros fueron a otro lado, fueron tras los bienes naturales que se llevaron.
Actividades en el mundo
· Manifiestos de la mayor diversidad de organizaciones de movimientos indígenas y sociales, con alternativas para detener la catástrofe climática y ambiental global.
· Memorial con propuestas concretas ante la Convención de Cambio Climático, Convención de Diversidad Biológica, ONU, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y entidades similares de otros continentes.
· Movilizaciones en todo el mundo (comunidades urbanas y rurales), por demandas específicas locales, nacionales y los objetivos comunes de la Minga Global.
· Plantones frente a locales de la ONU y de transnacionales extractivas (hidrocarburos, mineras, madera, agua), de agrocombustibles y transgénicos.
· Foros de discusión y jornadas culturales y políticas sobre defensa de la Madre Tierra y los pueblos contra la mercantilización de la vida, contaminación y criminalización social.
· Realización de Tribunales de Justicia Climática para juzgar éticamente por delitos ambientales.
· Asambleas de articulación de estrategias hacia la Conferencia Mundial sobre Cambio Climático, COP 16 (Cancún, México, noviembre-diciembre 2010).
Con el Ruego de su Difusión
--
María Isabel Ferreira Ayllón
**********************************
Área de Comunicaciones
Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas - CAOI
Ecuador-Colombia-Perú-Bolivia-Chile-Argentina
Dirección: Jr. Carlos Arrieta # 1049 Santa Beatriz, Lima - Perú
Telefax: 0051-1-2651061
Celular: 999968163
Skype: mariaisabelferreiraayllon
Sitio web: www.minkandina.org
Un Cancún, muchos Cancunes
La Jornada, 17 de septiembre de 2010
Víctor M. Quintana S.
Si en septiembre de 2003 organizaciones rurales de todo el mundo, ante la reunión ministerial de la OMC en Cancún gritaban "Fuera la OMC de la agricultura", ahora claman "Campesinos y campesinas enfriamos el planeta". Si hace siete años lograron en buena medida descarrilar la cumbre librecambista, ahora lo que pretenden es encarrilar la 16 Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, a celebrarse en ese puerto del Caribe mexicano del 29 de noviembre al 10 de diciembre próximos. Encarrilarla dentro de los marcos de los derechos de los pueblos y de la madre tierra y no del capitalismo, que cada vez más revela su carácter devastador de la naturaleza, de las comunidades, de los saberes, del espíritu de las personas.
Hace dos semanas las organizaciones de la Vía Campesina, región Norteamérica, se reunieron en El Paso, Texas. Ahí delinearon un claro programa de movilizaciones rumbo a la COP16 de Cancún. El objetivo de sus acciones es múltiple:
Se proponen desmantelar las falsas soluciones al cambio climático propuestas por el gran capital y los gobiernos a él subordinados. Denunciar el mercado en que se han convertido las negociaciones climáticas: subasta de pagos para seguir contaminando, especulación con los bonos de carbono, venta de falsas soluciones por empresas como Monsanto.
Buscan difundir ampliamente los cinco factores por los que la agricultura industrial contribuye al cambio climático: el transporte mundial de alimentos a largas distancias; la imposición de los medios industriales de producción agropecuaria; la mecanización a ultranza; los agroquímicos, la geoingeniería. Consecuentemente, la destrucción de la biodiversidad y capacidad para captar carbono y la conversión de tierra y bosques en zonas no agrícolas. Así, la actividad agrícola se transforma de productora a consumidora de energía.
Al mismo tiempo, la Vía Campesina se propone plantear a la opinión pública global un ofrecimiento muy claro: si se apoya a la agricultura campesina, ésta puede ser uno de los factores decisivos para enfriar el planeta. La agricultura campesina, además de contribuir positivamente al equilibrio de carbono, proporciona 2 mil 800 millones de puestos de trabajo en el mundo, a la vez que va construyendo soluciones a la crisis alimentaria actual. La investigación científica demuestra que los pueblos campesinos e indígenas pueden reducir las emisiones globales actuales al 75 por ciento, gracias a su producción diversificada a pequeña escala, la expansión de los mercados locales y el manejo integral del suelo, el bosque y el agua.
El referente de las movilizaciones de la Vía Campesina es la Confererencia Mundial sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada en Cochabamba, Bolivia, en abril pasado. En ella, 35 mil representantes de organizaciones rurales de todo el mundo construyeron el Acuerdo de los Pueblos. Sus pilares son el respeto a los derechos de los pueblos campesinos e indígenas, y los derechos de la madre tierra, así como la soberanía alimentaria. Su colaboración, las miles de soluciones al cambio climático, a la pobreza y a la desnutrición con base en modelos de producción y consumo alternativos al capitalista, basados en la justicia, la solidaridad, el fortalecimiento de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Por todo esto proponen que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adopte las demandas de este Acuerdo de los Pueblos y no el Entendimiento de Copenhague, mediocre documento de compromiso, de muy débil exigencia.
Para exponer a la opinión pública global sus críticas y sus propuestas es que la Vía Campesina ha organizado este ciclo de movilizaciones. Comenzará con caravanas de toda Norteamérica que partirán del centro y el occidente de México hasta Cancún. En este puerto, junto con muy diversas organizaciones efectuará el foro alternativo global Por la vida, la justicia ambiental y social, en los mismos días del encuentro oficial.
Pero la discusión de este tema, que compromete el presente y el futuro cercano de la humanidad y toda la comunidad de los seres vivos, no puede circunscribirse a Cancún, ni a las solas organizaciones campesinas e indígenas. Es necesario que, ante las informaciones oficiales y oficialistas sobre la conferencia, las organizaciones que buscan otro mundo posible desplieguen un intenso esfuerzo de comunicación y de diálogo, para que la ciudadanía de todo el planeta vaya entendiendo lo que está en juego y las alternativas que se proponen. Para lograrlo, es necesario organizar miles de Cancunes, como señala la Vía Campesina. Abrir foros paralelos de información y discusión en las más localidades posibles. Converger el 7 de diciembre con acciones de protesta en rechazo a las falsas soluciones, que lucran con el calentamiento global y la destrucción de especies vivientes. Promover por todos lados encuentros y articulaciones de personas y de comunidades para generar, desde abajo, la conciencia que detenga el cambio climático y haga posible una nueva Tierra.
Parafraseando aquel viejo comercial, la Vía Campesina nos convoca a que, si no podemos ir a Cancún, cuando menos hagamos nuestro Cancún hasta en la azotea.
Víctor M. Quintana S.
Si en septiembre de 2003 organizaciones rurales de todo el mundo, ante la reunión ministerial de la OMC en Cancún gritaban "Fuera la OMC de la agricultura", ahora claman "Campesinos y campesinas enfriamos el planeta". Si hace siete años lograron en buena medida descarrilar la cumbre librecambista, ahora lo que pretenden es encarrilar la 16 Conferencia de las Partes (COP16) de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, a celebrarse en ese puerto del Caribe mexicano del 29 de noviembre al 10 de diciembre próximos. Encarrilarla dentro de los marcos de los derechos de los pueblos y de la madre tierra y no del capitalismo, que cada vez más revela su carácter devastador de la naturaleza, de las comunidades, de los saberes, del espíritu de las personas.
Hace dos semanas las organizaciones de la Vía Campesina, región Norteamérica, se reunieron en El Paso, Texas. Ahí delinearon un claro programa de movilizaciones rumbo a la COP16 de Cancún. El objetivo de sus acciones es múltiple:
Se proponen desmantelar las falsas soluciones al cambio climático propuestas por el gran capital y los gobiernos a él subordinados. Denunciar el mercado en que se han convertido las negociaciones climáticas: subasta de pagos para seguir contaminando, especulación con los bonos de carbono, venta de falsas soluciones por empresas como Monsanto.
Buscan difundir ampliamente los cinco factores por los que la agricultura industrial contribuye al cambio climático: el transporte mundial de alimentos a largas distancias; la imposición de los medios industriales de producción agropecuaria; la mecanización a ultranza; los agroquímicos, la geoingeniería. Consecuentemente, la destrucción de la biodiversidad y capacidad para captar carbono y la conversión de tierra y bosques en zonas no agrícolas. Así, la actividad agrícola se transforma de productora a consumidora de energía.
Al mismo tiempo, la Vía Campesina se propone plantear a la opinión pública global un ofrecimiento muy claro: si se apoya a la agricultura campesina, ésta puede ser uno de los factores decisivos para enfriar el planeta. La agricultura campesina, además de contribuir positivamente al equilibrio de carbono, proporciona 2 mil 800 millones de puestos de trabajo en el mundo, a la vez que va construyendo soluciones a la crisis alimentaria actual. La investigación científica demuestra que los pueblos campesinos e indígenas pueden reducir las emisiones globales actuales al 75 por ciento, gracias a su producción diversificada a pequeña escala, la expansión de los mercados locales y el manejo integral del suelo, el bosque y el agua.
El referente de las movilizaciones de la Vía Campesina es la Confererencia Mundial sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra, celebrada en Cochabamba, Bolivia, en abril pasado. En ella, 35 mil representantes de organizaciones rurales de todo el mundo construyeron el Acuerdo de los Pueblos. Sus pilares son el respeto a los derechos de los pueblos campesinos e indígenas, y los derechos de la madre tierra, así como la soberanía alimentaria. Su colaboración, las miles de soluciones al cambio climático, a la pobreza y a la desnutrición con base en modelos de producción y consumo alternativos al capitalista, basados en la justicia, la solidaridad, el fortalecimiento de las comunidades y el cuidado del medio ambiente. Por todo esto proponen que la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático adopte las demandas de este Acuerdo de los Pueblos y no el Entendimiento de Copenhague, mediocre documento de compromiso, de muy débil exigencia.
Para exponer a la opinión pública global sus críticas y sus propuestas es que la Vía Campesina ha organizado este ciclo de movilizaciones. Comenzará con caravanas de toda Norteamérica que partirán del centro y el occidente de México hasta Cancún. En este puerto, junto con muy diversas organizaciones efectuará el foro alternativo global Por la vida, la justicia ambiental y social, en los mismos días del encuentro oficial.
Pero la discusión de este tema, que compromete el presente y el futuro cercano de la humanidad y toda la comunidad de los seres vivos, no puede circunscribirse a Cancún, ni a las solas organizaciones campesinas e indígenas. Es necesario que, ante las informaciones oficiales y oficialistas sobre la conferencia, las organizaciones que buscan otro mundo posible desplieguen un intenso esfuerzo de comunicación y de diálogo, para que la ciudadanía de todo el planeta vaya entendiendo lo que está en juego y las alternativas que se proponen. Para lograrlo, es necesario organizar miles de Cancunes, como señala la Vía Campesina. Abrir foros paralelos de información y discusión en las más localidades posibles. Converger el 7 de diciembre con acciones de protesta en rechazo a las falsas soluciones, que lucran con el calentamiento global y la destrucción de especies vivientes. Promover por todos lados encuentros y articulaciones de personas y de comunidades para generar, desde abajo, la conciencia que detenga el cambio climático y haga posible una nueva Tierra.
Parafraseando aquel viejo comercial, la Vía Campesina nos convoca a que, si no podemos ir a Cancún, cuando menos hagamos nuestro Cancún hasta en la azotea.
REDD++ y pueblos indígenas
La Jornada, Sábado 18 de septiembre de 2010
Ana de Ita
El gobierno mexicano promoverá el Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), en la 16 Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP16), que se realizará en Cancún a finales de noviembre y principios de diciembre.
Las más de 170 corporaciones trasnacionales que han promovido desde la firma del Protocolo de Kyoto los mercados de carbono como un mecanismo viable para comprar créditos por reducción de emisiones a partir de los bosques de los países del sur (mientras mantienen sus industrias contaminantes en el norte) requieren una señal positiva de que los mercados del gas progresan. Estos mercados existen aun sin el REDD y tienen como trasfondo la privatización del aire, que hasta ahora es un bien común. Por más ciencia ficción que parezca, a partir de contratos de compraventa los países industrializados están adquiriendo de los países del sur la capacidad de sus bosques de capturar carbono. Es decir, están comprando y vendiendo aire.
Las corporaciones y gobiernos que han invertido en los mercados de carbono han sido enfáticos en que el carbono debe ser una mercancía totalmente comercializable. Los bonos de carbono deben poder venderse en los mercados secundarios y de derivados, participar en los índices de precios y cotizaciones junto con el petróleo o el trigo, y comprarse tantas veces como se quiera, cotizar en bolsa y entrar a mercados de especulación. Para algunos analistas, el carbono puede ser el próximo activo tóxico.
Las comunidades y gobiernos que vendan sus certificados de carbono por reducción de emisiones en el mercado primario pueden verse imposibilitadas de recuperar sus bosques puestos como garantía, cuando sus certificados sean parte de los mercados de derivados.
Pero además este programa tendrá efectos directos sobre la vida de las comunidades forestales y pueblos indígenas que habitan y dependen de los bosques. En los países del sur los bosques en su mayoría son propiedad de los estados: en África, 98 por ciento; en Asia, 66 por ciento; en Latinoamérica, 33 por ciento, mientras que una mínima parte es propiedad de comunidades y pueblos indígenas. No obstante, esos bosques de propiedad estatal son el hogar de miles de pueblos nativos, que dependen de ellos para reproducirse como tales. México es una excepción, ya que como conquista de las luchas sociales, 59 por ciento de los bosques son propiedad de las comunidades y pueblos indígenas; 34 por ciento están en manos privadas, y sólo 8 por ciento son propiedad del Estado.
Entre otras implicaciones, el REDD++ afecta los derechos de uso de los pueblos nativos sobre sus bosques, y depende de qué tan autoritario es un país para imaginar sus efectos. De ahí que la Red Indígena sobre el Medio Ambiente denunció que a partir del REDD se prevé la mayor usurpación de tierras de la historia. Las experiencias ocurridas a los pueblos ogooni en Nigeria, los ogiek de Kenia y las comunidades de guaraqueçaba en Brasil son una muestra de la política de bosques cercados, con expulsión e incluso genocidio de los pueblos indígenas que los consideraban su hogar. Al aumentar el valor económico de los bosques, el interés de agentes estatales y privados por enajenarlos de las comunidades que los habitan crece.
No obstante, en México algunas organizaciones forestales están interesadas en promover el REDD++, que incluye un componente de manejo sustentable de los bosques y de conservación de reservas de carbono. Aunque sería justo y deseable que las comunidades forestales fueran compensadas por su excelente manejo y cuidado de los bosques y por el importante papel que éstos cumplen en tiempos de crisis climática, los efectos de la política ambiental sobre los pueblos nativos prenden focos rojos que atender. La política ambiental parte del supuesto de que la conservación viene de fuera, a pesar de la evidencia histórica que demuestra que los sitios naturales mejor conservados coinciden con los territorios indígenas en el país. Es la cosmovisión de los pueblos indígenas la que ha permitido la conservación de su hábitat y no las reglas ni prohibiciones de los administradores de la política ambiental internacional y nacional.
Las áreas naturales protegidas son el corolario de una política de colonización y despojo. Atentan directamente contra la propiedad social y son un instrumento moderno para expropiar el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios. En un país que continúa negando el derecho a la autonomía de los más de 56 pueblos indígenas, el REDD++ se coloca como un nuevo instrumento de enajenación del control de los pueblos indígenas sobre su territorio. Las áreas protegidas de carbono que el REDD++ establecerá tendrán los mismos efectos que cualquier otra área natural protegida, en tanto que los pagos por manejo sustentable del bosque son el señuelo para que las comunidades y pueblos indígenas lo acepten.
Ana de Ita
El gobierno mexicano promoverá el Programa de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD), en la 16 Conferencia de las Partes del Convenio Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático (COP16), que se realizará en Cancún a finales de noviembre y principios de diciembre.
Las más de 170 corporaciones trasnacionales que han promovido desde la firma del Protocolo de Kyoto los mercados de carbono como un mecanismo viable para comprar créditos por reducción de emisiones a partir de los bosques de los países del sur (mientras mantienen sus industrias contaminantes en el norte) requieren una señal positiva de que los mercados del gas progresan. Estos mercados existen aun sin el REDD y tienen como trasfondo la privatización del aire, que hasta ahora es un bien común. Por más ciencia ficción que parezca, a partir de contratos de compraventa los países industrializados están adquiriendo de los países del sur la capacidad de sus bosques de capturar carbono. Es decir, están comprando y vendiendo aire.
Las corporaciones y gobiernos que han invertido en los mercados de carbono han sido enfáticos en que el carbono debe ser una mercancía totalmente comercializable. Los bonos de carbono deben poder venderse en los mercados secundarios y de derivados, participar en los índices de precios y cotizaciones junto con el petróleo o el trigo, y comprarse tantas veces como se quiera, cotizar en bolsa y entrar a mercados de especulación. Para algunos analistas, el carbono puede ser el próximo activo tóxico.
Las comunidades y gobiernos que vendan sus certificados de carbono por reducción de emisiones en el mercado primario pueden verse imposibilitadas de recuperar sus bosques puestos como garantía, cuando sus certificados sean parte de los mercados de derivados.
Pero además este programa tendrá efectos directos sobre la vida de las comunidades forestales y pueblos indígenas que habitan y dependen de los bosques. En los países del sur los bosques en su mayoría son propiedad de los estados: en África, 98 por ciento; en Asia, 66 por ciento; en Latinoamérica, 33 por ciento, mientras que una mínima parte es propiedad de comunidades y pueblos indígenas. No obstante, esos bosques de propiedad estatal son el hogar de miles de pueblos nativos, que dependen de ellos para reproducirse como tales. México es una excepción, ya que como conquista de las luchas sociales, 59 por ciento de los bosques son propiedad de las comunidades y pueblos indígenas; 34 por ciento están en manos privadas, y sólo 8 por ciento son propiedad del Estado.
Entre otras implicaciones, el REDD++ afecta los derechos de uso de los pueblos nativos sobre sus bosques, y depende de qué tan autoritario es un país para imaginar sus efectos. De ahí que la Red Indígena sobre el Medio Ambiente denunció que a partir del REDD se prevé la mayor usurpación de tierras de la historia. Las experiencias ocurridas a los pueblos ogooni en Nigeria, los ogiek de Kenia y las comunidades de guaraqueçaba en Brasil son una muestra de la política de bosques cercados, con expulsión e incluso genocidio de los pueblos indígenas que los consideraban su hogar. Al aumentar el valor económico de los bosques, el interés de agentes estatales y privados por enajenarlos de las comunidades que los habitan crece.
No obstante, en México algunas organizaciones forestales están interesadas en promover el REDD++, que incluye un componente de manejo sustentable de los bosques y de conservación de reservas de carbono. Aunque sería justo y deseable que las comunidades forestales fueran compensadas por su excelente manejo y cuidado de los bosques y por el importante papel que éstos cumplen en tiempos de crisis climática, los efectos de la política ambiental sobre los pueblos nativos prenden focos rojos que atender. La política ambiental parte del supuesto de que la conservación viene de fuera, a pesar de la evidencia histórica que demuestra que los sitios naturales mejor conservados coinciden con los territorios indígenas en el país. Es la cosmovisión de los pueblos indígenas la que ha permitido la conservación de su hábitat y no las reglas ni prohibiciones de los administradores de la política ambiental internacional y nacional.
Las áreas naturales protegidas son el corolario de una política de colonización y despojo. Atentan directamente contra la propiedad social y son un instrumento moderno para expropiar el derecho de los pueblos indígenas sobre sus territorios. En un país que continúa negando el derecho a la autonomía de los más de 56 pueblos indígenas, el REDD++ se coloca como un nuevo instrumento de enajenación del control de los pueblos indígenas sobre su territorio. Las áreas protegidas de carbono que el REDD++ establecerá tendrán los mismos efectos que cualquier otra área natural protegida, en tanto que los pagos por manejo sustentable del bosque son el señuelo para que las comunidades y pueblos indígenas lo acepten.
jueves, septiembre 16, 2010
Agricultura orgánica mexicana
| Agrointernet Noticias - Agricultura Escrito por Francisco Navarro Cervantes Martes, 14 de Septiembre de 2010 14:24 La agricultura orgánica es una oportunidad de desarrollo para los pequeños productores, muestra de ello es que 80% de los alimentos de este tipo que se producen en México provienen de las zonas indígenas, señaló el Director General de Inocuidad Agroalimentaria, Acuícola y Pesquera, Octavio Carranza de Mendoza, durante la 2ª Reunión Ordinaria de la Comisión Interamericana de Agricultura Orgánica (CIAO), en la que participan 18 países. Indicó que el Reglamento de la Ley de Productos Orgánicos, recientemente publicado por la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), refrenda el compromiso del Gobierno Federal de fomentar, promover e impulsar esta actividad. El funcionario del Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) puntualizó que además de significar una fuente de ingreso para pequeños productores, generar divisas para el país y coadyuvar a contener la migración del campo, la agricultura orgánica es sustentable, amable con el medio ambiente y permite a las comunidades indígenas cultivar rescatando su ancestral visión cosmogónica de amor y respeto a la tierra, el aire y el agua. En esta reunión, que concluyó este fin de semana y cuyo objetivo es analizar aspectos fundamentales en torno al desarrollo de la agricultura orgánica en el continente y asumir acuerdos y compromisos de colaboración para su impulso, participan representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana, Estados Unidos, Canadá y Jamaica. El representante en México del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) Gino Buzzeti, enfatizó que está demostrado, que esta práctica representa una opción económica y comercial real para los pequeños agricultores ligados a la agricultura familiar, pero también, para aquellos productores y empresarios que desean incursionar en esta actividad, que contribuye a la conservación de los recursos naturales, de la biodiversidad, a la mitigación del cambio climático, a la salud y la nutrición de los consumidores. El IICA reconoce estas multi contribuciones y apoya el desarrollo de la agricultura orgánica, a través del Proyecto Hemisférico de Agricultura Orgánica (PHAO), que atiende áreas estructurales de la actividad en lo que se refiere a políticas, institucionalidad, gestión de información y conocimiento, para dar garantías de desarrollo a los productores, y a los consumidores, la certeza de que los productos que adquieren han sido producidos bajo los estándares que rigen este tipo de producción, concretó. Por su parte, el Presidente de la CIAO, el argentino, Juan Carlos Ramírez, destacó que el gran desafío de esta Comisión es analizar la realidad en el concierto internacional, regional y local, para facilitar la producción y el comercio de productos basados en normas internacionalmente reconocidas con sistemas de control confiables, a fin de ganar la confianza de los consumidores y establecer reglas claras que eviten la competencia desleal o la declaración de atributos no demostrados. Al respecto, Octavio Carranza informó que ya se está elaborando el logotipo distintivo que se colocará en los productos orgánicos mexicanos y que será garantía de que se originaron de acuerdo con los procedimientos establecidos para ser considerados como tal, para lo cual SENASICA cuenta con un área específica que se encarga de apoyar a los productores y de verificar sus prácticas de producción. Entre los acuerdos tomados por las delegaciones participantes, destaca la unificación de criterios para el intercambio en tiempo real de información sobre agricultura orgánica en los países miembros, así como establecer programas de capacitación e intercambio de experiencias, a fin de mejorar continuamente los procesos de inspección y certificación de productos orgánicos. Cabe mencionar que la CIAO fue creada en el 2008 por los Ministros de Agricultura del hemisferio, a través del Comité Ejecutivo del IICA, con el fin de contribuir al desarrollo de la actividad orgánica en los países y facilitar el comercio de sus productos. Se estima que en México hay 120 mil productores de orgánicos, en 240 mil hectáreas. principalmente en Chiapas, Oaxaca, Querétaro, Guerrero, Tabasco, Sinaloa, Michoacán y Jalisco, que comercializan, entre otros productos, jitomate, chile, calabaza, aguacate, miel, mango, plátano, hierbas aromáticas y vainilla, además del café, nopal y jamaica, que se exportan principalmente a Europa, Estados Unidos y Canadá, con una producción cuyo valor se estima en 400 millones de dólares. Fuente: SAGARPA |
miércoles, septiembre 15, 2010
Subsidios para la desigualdad: Las politicas publicas del maiz en Mexico a partir del libre Comercio
| From: Jonathan Fox <jafox@ucsc.edu> Date: 2010/9/15 Subject: en internet: Subsidios para la desigualdad: Las politicas publicas del maiz en Mexico a partir del libre Comercio To: MexicanRuralDevelopment <mrd-s@sfu.ca> Estimad@s colegas, Este libro esta disponible en PDF en dos sitios, entero y por capitulos http://www.subsidiosparaladesigualdad.org/ www.wilsoncenter.org/DesarrolloRuralMexicano Tambien salen extractos, ademas de entrevistas con diversos politicos y dirigentes, este sabado en La Jornada del Campo, en: http://www.jornada.unam.mx/suplementos/ Comentarios bienvenidos - Atentamente, Jonathan Fox |
martes, septiembre 14, 2010
A New Standard for Cattle Farms Promotes Sustainable Production
Rainforest Alliance
FOR IMMEDIATE RELEASE
August 31, 2010
Contact: Steve Kent, 914-589-5988, skent@kentcom.com
A New Standard for Cattle Farms Promotes Sustainable Production
The Rainforest Alliance, an international conservation organization, and the United States Agency for International Development (USAID) -- through the Environmental and Labor Excellence Program for CAFTA-DR (ELE) -- launched today the Standard for Sustainable Cattle Production Systems, a tool that will help cattle farmers implement good environmental, social and animal-welfare practices and enable them to voluntarily apply for the Rainforest Alliance Certified™ seal of approval.
This is the first tropical sustainable cattle standard developed for a voluntary certification system. It will be available to cattle farms in Latin America, Africa, Asia and Oceania that are interested in improving their environmental, social, labor and operational performance and marketing their products with the Rainforest Alliance Certified™ seal.
The standard, which only applies to farms where cattle have access to pasture, includes the following principles: integrated management systems, sustainable pasture management, animal welfare and carbon-footprint reduction. Together with the existing environmental, social and labor criteria of the general Sustainable Agriculture Standard, the cattle-farming criteria will be used to conduct future certification audits.
This initiative is expected to help mitigate many of the problems associated with cattle production, including deforestation, greenhouse gas emissions, and animal abuse and cruelty. According to the Food and Agriculture Organization, approximately 26 percent of the Earth's surface is used for pasture, and cattle production is one of the main drivers of deforestation. In addition, cattle farms are responsible for 18 percent of the world's greenhouse gas emissions.
The cattle certification standard is the result of efforts by the Sustainable Agriculture Network (SAN), whose Secretariat is based at the Rainforest Alliance offices in San José, Costa Rica. The development of the standard began with a public consultation process in 2007 and included the SAN's close collaboration with the Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE), through their Cattle Production and Environmental Management program (Ganadería Ambiental y Medio Ambiente), which has been working on the issue of sustainable cattle production in Latin America since 1995.
As part of the consultation process, over 130 organizations from 34 countries provided feedback, and workshops were held in Costa Rica, Nicaragua, Brazil, Colombia and Honduras. These workshops included the participation of cattle producers and leaders of their industry associations, university and ministry officials and representatives of environmental and animal-welfare NGOs. The standard was later approved in Australia, Brazil, Colombia, Costa Rica, Kenya and Nicaragua, and the SAN International Standards Committee gave its final approval in July 2010.
One of USAID's main objectives is to establish alliances along the entire value chain – among producers, processors, exporters and large regional and international buyers – in order to find opportunities and markets for the products that meet environmental and labor standards.
The SAN is a coalition of independent conservation organizations promoting social and environmental sustainability in agricultural production through the development of global standards. Since 1992, almost 700 certificates have been issued for over 65,000 farms – including small family farms and groups of farms as well as plantations – in 28 countries, covering an area of nearly 1.35 million acres (550,000 hectares) and the production of 21 different crops.
Notes to Editors
The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior.
From large multinational corporations to small, community-based cooperatives, we involve businesses and consumers worldwide in our efforts to bring responsibly produced goods and services to a global marketplace where the demand for sustainability is growing steadily.
Products that carry the Rainforest Alliance Certified seal are guaranteed to come from farms and forest operations that meet rigorous standards for the conservation of wildlife and wildlands and the rights and welfare of workers and local communities.
First-Ever Approved Methodology for REDD Projects Now Available
Rainforest Alliance FOR IMMEDIATE RELEASE September 14, 2010 Contact: Jennifer Bass, jbass@ra.org, (646) 452-1972
First-Ever Approved Methodology for REDD Projects Now Available
New York – For the first time, there is an approved methodology for measuring the greenhouse gas emissions avoided through the conservation of peat swamp forests.
The new methodology is primarily focused on preventing land-use changes in the undrained tropical peat swamp forests of Southeast Asia. These highly threatened landscapes store enormous quantities of carbon and are the world's largest single source of emissions caused by deforestation. Global forest loss contributes between 12 and 15 percent of total greenhouse gas emissions each year – more than the amount generated by all of the world's trains, planes and automobiles combined.
As it is formally titled, the "Methodology for Conservation Projects that Avoid Planned Land-Use Conversion in Peat Swamp Forests" represents the first time that the Voluntary Carbon Standard Association – a leading carbon-standards organization – has approved a methodology for projects that aim to reduce emissions caused by deforestation and forest degradation (known as REDD). "It's a sea change from where we were last week," says David Antonioli, the association's CEO. "It will help channel financing to real projects that have real impacts on the ground."
REDD projects create incentives for forest conservation by assigning a financial value to the carbon stored in forestlands, but they can only succeed if there are robust and credible methods in place for monitoring carbon storage and measuring the level of greenhouse gas emissions that are prevented by a project's implementation. REDD initiatives have the potential to help preserve large areas of tropical forests, conserve critically endangered species and mitigate hundreds of thousands of metric tons of greenhouse gas emissions.
The methodology was first developed by the nonprofit international development organization Winrock International in collaboration with Shell Canada for the Mawas Peatlands Conservation Project in Central Kalimantan, Indonesia. Together with Shell Canada and Winrock International, InfiniteEARTH Limited carried the methodology through its final validation. The process of approving the methodology was a long and arduous one, taking well over a year to complete. Under the Voluntary Carbon Standard (VCS) procedures, two independent entities must separately assess and approve any methodology before it can be formally accepted; the Rainforest Alliance and Bureau Veritas Certification each conducted their own rigorous assessments.
"This innovative methodology," says Winrock International's Dr. Nancy Harris, "which is built on more than a decade of our experience and expertise in forest carbon, was developed to be both scientifically rigorous and practical to implement. Hopefully, it will provide an example for the development of other methodologies and projects in the REDD sector."
A leader in the methodology assessment field, the Rainforest Alliance is currently engaged in assessments of six other methodologies that are being developed to monitor emissions from land-based carbon projects. "Independent, third-party assessments improve methodologies and, by bringing additional rigor and credibility, are an essential part of the approval process," says Jeff Hayward, manager of the Rainforest Alliance's climate initiative. "This new methodology is a valuable tool for advancing tropical forest conservation worldwide, and the Rainforest Alliance is proud to have helped make it a reality."
Now that it has been approved, the methodology is public domain and can be used to help bring more REDD projects to market around the globe. "Though this is only the first step in the long journey to saving the world's diminishing rainforests," says Todd Lemons, CEO of InfiniteEARTH, "the successful double validation of this methodology gives the world a tool that allows us to shift into action – before it's too late."
The methodology will likely make its real-world debut as it is used in the Rimba Raya Biodiversity Reserve Project, a REDD project currently being developed in Borneo, Indonesia by InfiniteEARTH. The project, which forms a protective buffer to the Tanjung Puting National Park, aims to preserve nearly 250,000 acres (100,000 hectares) of prime tropical forestland (home to a relic wild population of the endangered Bornean orangutan), and save it from deforestation and conversion to agricultural uses, such as the cultivation of palm oil.
Note to Editors:
The Rainforest Alliance works to conserve biodiversity and ensure sustainable livelihoods by transforming land-use practices, business practices and consumer behavior. For more information, visit www.rainforest-alliance.org.
Winrock International is a nonprofit organization that works with people in the United States and around the world to empower the disadvantaged, increase economic opportunity and sustain natural resources. For more information, visit www.winrock.org.
The Voluntary Carbon Standard is the most widely used standard for quantifying greenhouse gas reductions from voluntary projects. For more information, visit www.v-c-s.org. |
sábado, septiembre 11, 2010
Cómo reparar el mercado inmobiliario en ruinas de Estados Unidos
Joseph E. Stiglitz/ Project Syndicate 2010-09-08
NUEVA YORK – Una señal clara de una economía de mercado disfuncional es la persistencia del desempleo. En los Estados Unidos hoy, uno de cada seis trabajadores al que le gustaría tener un empleo de tiempo completo no lo encuentra. Es una economía con enormes necesidades insatisfechas y, aún así, con vastos recursos ociosos.
El mercado inmobiliario es otra anomalía estadounidense: existen cientos de miles de personas sin techo (más de 1,5 millón de norteamericanos pasaron por lo menos una noche en un refugio en 2009), mientras que cientos de miles de viviendas están vacías.
Por cierto, la tasa de ejecuciones hipotecarias está en aumento. Dos millones de estadounidenses perdieron sus casas en 2008, y 2,8 millones más en 2009, pero se espera que las cifras sean aún más elevadas en 2010. Nuestros mercados financieros tuvieron un pésimo desempeño –los mercados de buen desempeño y “racionales” no le prestan a la gente que no puede o no va a pagar- y, sin embargo, quienes manejaron esos mercados fueron recompensados como si hubieran sido genios de las finanzas.
Nada de esto es una novedad. Lo que sí es una novedad es el reconocimiento tardío y a regañadientes por parte de la administración Obama de que sus esfuerzos para que los mercados inmobiliario e hipotecario volvieran a funcionar básicamente fallaron. Es curioso pero existe un creciente consenso tanto en la izquierda como en la derecha de que el gobierno tendrá que seguir apuntalando el mercado inmobiliario en el futuro inmediato. Esta postura es desconcertante y posiblemente peligrosa.
Es desconcertante porque en análisis convencionales de qué actividades deberían estar en el dominio público, nunca se menciona la de administrar el mercado hipotecario nacional. Dominar la información específica relacionada con la evaluación de la solvencia y el control del comportamiento de la cartera de préstamos es precisamente el tipo de tarea en la que se supone que el sector privado sobresale.
Sin embargo, es una postura entendible: ambos partidos estadounidenses apoyaron políticas que alentaron una excesiva inversión en vivienda y un excesivo apalancamiento, mientras que la ideología de libre mercado disuadió a los reguladores de intervenir para poner freno a un préstamo descontrolado. Si el gobierno ahora se retirara, los precios de los bienes raíces caerían aún más, los bancos se verían sometidos a una mayor presión financiera y las perspectivas a corto plazo de la economía se volverían más sombrías.
No obstante, esa es precisamente la razón por la que un mercado hipotecario administrado por el gobierno es peligroso. Las tasas de interés distorsionadas, las garantías oficiales y los subsidios impositivos alientan una continua inversión en bienes raíces, cuando lo que la economía necesita es inversión, digamos, en tecnología y energía limpia.
Es más, una continua inversión en bienes raíces torna mucho más difícil destetar a la economía de su adicción a los bienes inmuebles, y al mercado inmobiliario de su adicción al respaldo gubernamental. Apoyar una mayor inversión en vivienda haría que el valor del sector fuera aún más dependiente de las políticas gubernamentales, lo que garantizaría que los futuros estrategas políticos enfrentarán una mayor presión política de grupos de interés como desarrolladores inmobiliarios y tenedores de bonos.
La actual política estadounidense es, cuando menos, confusa. La Junta de la Reserva Federal ya no es el prestador de último recurso, sino el prestador de primer recurso. El gobierno es quien asume el riesgo crediticio en el mercado hipotecario, y la Fed, el riesgo del mercado. Nadie debería sorprenderse ante lo que ha sucedido: el mercado privado esencialmente ha desaparecido.
El gobierno anunció que estas medidas, que funcionan (si es que funcionan) mediante una reducción de las tasas de interés, son temporarias. Pero eso significa que cuando se termina la intervención, las tasas de interés amentarán –y todos los tenedores de bonos respaldados por hipotecas experimentarán una pérdida de capital, potencialmente importante.
Ningún actor privado compraría un activo semejante. Por el contrario, la Fed no tiene que reconocer la pérdida; mientras que los defensores del libre mercado podrían hablar de las virtudes de la fijación de precios de mercado y el “descubrimiento de precios”, la Fed puede hacer como si no hubiera pasado nada.
Si el gobierno asume el riesgo crediticio, las hipotecas se vuelven tan seguras como los bonos del gobierno de vencimiento comparable. Por ende, la intervención de la Fed en el mercado inmobiliario realmente es una intervención en el mercado de bonos del gobierno; el aparente “cambio” de comprar hipotecas a comprar bonos del gobierno es de escasa importancia. La Fed está comprometida en la difícil tarea de intentar fijar no sólo la tasa de interés a corto plazo, sino también las tasas de interés a más largo plazo.
Resucitar el mercado inmobiliario resulta muy difícil por dos motivos. Primero, los bancos que solían otorgar préstamos hipotecarios convencionales están en mala situación financiera. Segundo, el modelo de securitización está muy deteriorado y es probable que no se lo reemplace en lo inmediato. Desafortunadamente, ni la administración Obama ni la Fed parecen dispuestas a enfrentar estas realidades.
La securitización –reunir grandes cantidades de hipotecas para venderlas a fondos de pensión e inversores en todo el mundo- funcionó sólo porque había agencias de calificación a las que se les confió la tarea de asegurar que los préstamos hipotecarios fueran otorgados a personas que pudieran pagarlos. Hoy, nadie confiará, ni tendría por qué hacerlo, en las agencias de calificación, ni en los bancos de inversión que proveyeron de productos defectuosos (a veces hasta los diseñaron para perder dinero).
En resumen, las políticas gubernamentales para respaldar al mercado inmobiliario no sólo no solucionaron el problema, sino que están prolongando el proceso de desapalancamiento y creando las condiciones para una crisis al estilo japonés. Evitar este “nuevo normal” lúgubre será difícil, pero existen políticas alternativas con perspectivas mucho mejores de hacer regresar a Estados Unidos y a la economía global a la prosperidad.
Las empresas han aprendido a tomar las malas noticias con calma, registrar las pérdidas en los libros y seguir adelante, pero nuestros gobiernos, no. En una de cada cuatro hipotecas estadounidenses, la deuda supera el valor de la vivienda. Los desalojos no hacen más que aumentar la cantidad de gente sin techo y de casas desocupadas. Lo que hace falta es pasar a pérdida sin demoras el valor de las hipotecas. Los bancos tendrán que reconocer las pérdidas y, si fuera necesario, encontrar el capital adicional para cumplir con los requisitos de reservas.
Esto, por supuesto, será doloroso para los bancos, pero su dolor no será nada comparado con el sufrimiento que le infligieron a la gente en el resto de la economía global.
Joseph E. Stiglitz es profesor universitario en la Universidad de Columbia y premio Nobel de Economía. Su último libro, Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy, ha sido traducido al francés, alemán, japonés y español.
Copyright: Project Syndicate, 2010.
www.project-syndicate.org
NUEVA YORK – Una señal clara de una economía de mercado disfuncional es la persistencia del desempleo. En los Estados Unidos hoy, uno de cada seis trabajadores al que le gustaría tener un empleo de tiempo completo no lo encuentra. Es una economía con enormes necesidades insatisfechas y, aún así, con vastos recursos ociosos.
El mercado inmobiliario es otra anomalía estadounidense: existen cientos de miles de personas sin techo (más de 1,5 millón de norteamericanos pasaron por lo menos una noche en un refugio en 2009), mientras que cientos de miles de viviendas están vacías.
Por cierto, la tasa de ejecuciones hipotecarias está en aumento. Dos millones de estadounidenses perdieron sus casas en 2008, y 2,8 millones más en 2009, pero se espera que las cifras sean aún más elevadas en 2010. Nuestros mercados financieros tuvieron un pésimo desempeño –los mercados de buen desempeño y “racionales” no le prestan a la gente que no puede o no va a pagar- y, sin embargo, quienes manejaron esos mercados fueron recompensados como si hubieran sido genios de las finanzas.
Nada de esto es una novedad. Lo que sí es una novedad es el reconocimiento tardío y a regañadientes por parte de la administración Obama de que sus esfuerzos para que los mercados inmobiliario e hipotecario volvieran a funcionar básicamente fallaron. Es curioso pero existe un creciente consenso tanto en la izquierda como en la derecha de que el gobierno tendrá que seguir apuntalando el mercado inmobiliario en el futuro inmediato. Esta postura es desconcertante y posiblemente peligrosa.
Es desconcertante porque en análisis convencionales de qué actividades deberían estar en el dominio público, nunca se menciona la de administrar el mercado hipotecario nacional. Dominar la información específica relacionada con la evaluación de la solvencia y el control del comportamiento de la cartera de préstamos es precisamente el tipo de tarea en la que se supone que el sector privado sobresale.
Sin embargo, es una postura entendible: ambos partidos estadounidenses apoyaron políticas que alentaron una excesiva inversión en vivienda y un excesivo apalancamiento, mientras que la ideología de libre mercado disuadió a los reguladores de intervenir para poner freno a un préstamo descontrolado. Si el gobierno ahora se retirara, los precios de los bienes raíces caerían aún más, los bancos se verían sometidos a una mayor presión financiera y las perspectivas a corto plazo de la economía se volverían más sombrías.
No obstante, esa es precisamente la razón por la que un mercado hipotecario administrado por el gobierno es peligroso. Las tasas de interés distorsionadas, las garantías oficiales y los subsidios impositivos alientan una continua inversión en bienes raíces, cuando lo que la economía necesita es inversión, digamos, en tecnología y energía limpia.
Es más, una continua inversión en bienes raíces torna mucho más difícil destetar a la economía de su adicción a los bienes inmuebles, y al mercado inmobiliario de su adicción al respaldo gubernamental. Apoyar una mayor inversión en vivienda haría que el valor del sector fuera aún más dependiente de las políticas gubernamentales, lo que garantizaría que los futuros estrategas políticos enfrentarán una mayor presión política de grupos de interés como desarrolladores inmobiliarios y tenedores de bonos.
La actual política estadounidense es, cuando menos, confusa. La Junta de la Reserva Federal ya no es el prestador de último recurso, sino el prestador de primer recurso. El gobierno es quien asume el riesgo crediticio en el mercado hipotecario, y la Fed, el riesgo del mercado. Nadie debería sorprenderse ante lo que ha sucedido: el mercado privado esencialmente ha desaparecido.
El gobierno anunció que estas medidas, que funcionan (si es que funcionan) mediante una reducción de las tasas de interés, son temporarias. Pero eso significa que cuando se termina la intervención, las tasas de interés amentarán –y todos los tenedores de bonos respaldados por hipotecas experimentarán una pérdida de capital, potencialmente importante.
Ningún actor privado compraría un activo semejante. Por el contrario, la Fed no tiene que reconocer la pérdida; mientras que los defensores del libre mercado podrían hablar de las virtudes de la fijación de precios de mercado y el “descubrimiento de precios”, la Fed puede hacer como si no hubiera pasado nada.
Si el gobierno asume el riesgo crediticio, las hipotecas se vuelven tan seguras como los bonos del gobierno de vencimiento comparable. Por ende, la intervención de la Fed en el mercado inmobiliario realmente es una intervención en el mercado de bonos del gobierno; el aparente “cambio” de comprar hipotecas a comprar bonos del gobierno es de escasa importancia. La Fed está comprometida en la difícil tarea de intentar fijar no sólo la tasa de interés a corto plazo, sino también las tasas de interés a más largo plazo.
Resucitar el mercado inmobiliario resulta muy difícil por dos motivos. Primero, los bancos que solían otorgar préstamos hipotecarios convencionales están en mala situación financiera. Segundo, el modelo de securitización está muy deteriorado y es probable que no se lo reemplace en lo inmediato. Desafortunadamente, ni la administración Obama ni la Fed parecen dispuestas a enfrentar estas realidades.
La securitización –reunir grandes cantidades de hipotecas para venderlas a fondos de pensión e inversores en todo el mundo- funcionó sólo porque había agencias de calificación a las que se les confió la tarea de asegurar que los préstamos hipotecarios fueran otorgados a personas que pudieran pagarlos. Hoy, nadie confiará, ni tendría por qué hacerlo, en las agencias de calificación, ni en los bancos de inversión que proveyeron de productos defectuosos (a veces hasta los diseñaron para perder dinero).
En resumen, las políticas gubernamentales para respaldar al mercado inmobiliario no sólo no solucionaron el problema, sino que están prolongando el proceso de desapalancamiento y creando las condiciones para una crisis al estilo japonés. Evitar este “nuevo normal” lúgubre será difícil, pero existen políticas alternativas con perspectivas mucho mejores de hacer regresar a Estados Unidos y a la economía global a la prosperidad.
Las empresas han aprendido a tomar las malas noticias con calma, registrar las pérdidas en los libros y seguir adelante, pero nuestros gobiernos, no. En una de cada cuatro hipotecas estadounidenses, la deuda supera el valor de la vivienda. Los desalojos no hacen más que aumentar la cantidad de gente sin techo y de casas desocupadas. Lo que hace falta es pasar a pérdida sin demoras el valor de las hipotecas. Los bancos tendrán que reconocer las pérdidas y, si fuera necesario, encontrar el capital adicional para cumplir con los requisitos de reservas.
Esto, por supuesto, será doloroso para los bancos, pero su dolor no será nada comparado con el sufrimiento que le infligieron a la gente en el resto de la economía global.
Joseph E. Stiglitz es profesor universitario en la Universidad de Columbia y premio Nobel de Economía. Su último libro, Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy, ha sido traducido al francés, alemán, japonés y español.
Copyright: Project Syndicate, 2010.
www.project-syndicate.org
¿Es bueno o malo para los países pobres el mercantilismo chino?
Dani Rodrik/ Project Syndicate 2010-09-09
CAMBRIDGE – La balanza comercial de China alcanzará otro enorme superávit este año. Mientras tanto, siguen aumentando las preocupaciones sobre la fuerza de la recuperación estadounidense. Ambos acontecimientos sugieren que China se verá nuevamente bajo presión para apreciar fuertemente su moneda a la alza. El conflicto con los Estados Unidos puede reavivarse durante las audiencias del Congreso sobre el renminbi que se llevarán a cabo en septiembre. Ahí, muchos instarán a la administración Obama a que aplique medidas punitivas si China no actúa.
La discusión sobre la moneda china se centra en la necesidad de reducir el superávit comercial de ese país y corregir los desequilibrios macroeconómicos globales. Muchos analistas esperan que con una moneda menos competitiva China exporte menos e importe más, haciendo una contribución positiva a la recuperación de los Estados Unidos y de otras economías.
En todas estas discusiones, la cuestión del renminbi se ve como un asunto entre los Estados Unidos y China, y los intereses de los países pobres apenas son escuchados, incluso en los foros multilaterales. Con todo, un aumento notable en el valor del renminbi puede tener implicaciones significativas para los países en desarrollo. No obstante, hay debates muy acalorados sobre si la revaluación del renminbi les conviene o no.
Por un lado está Arvind Subramanian, del Instituto Peterson y del Centro para el Desarrollo Global. Argumenta que los países en desarrollo han padecido enormemente la política de China de devaluar su moneda, que ha hecho más difícil que puedan competir con los bienes chinos en los mercados globales, ha atrasado su industrialización y su crecimiento.
Si aumentara el valor del renminbi, las exportaciones de los países pobres serían más competitivas y sus economías estarían mejor posicionadas para aprovechar los beneficios de la globalización. De ahí que Subramanian argumente que los países pobres deben hacer causa común con los Estados Unidos y otras economías avanzadas para presionar a China con el fin de que modifique sus políticas de tipo de cambio.
Por otro lado está Helmut Reisen y sus colegas, del Centro para el Desarrollo de la OCDE, que concluyen que los países en desarrollo, en especial los más pobres, saldrían dañados si el renminbi aumentara drásticamente. Su razonamiento es que la apreciación de la moneda sin duda frenaría el crecimiento de China, y cualquier cosa que provoque eso también será perjudicial para otros países pobres.
Respaldan su argumento con evidencia empírica que sugiere que el crecimiento en los países en desarrollo se ha hecho gradualmente cada vez más dependiente del desempeño económico chino. Estiman que una disminución en un punto porcentual de la tasa anual de crecimiento de China reduciría las de los países de bajos ingresos en 0,3 puntos porcentuales –casi una tercera parte de esa disminución.
Para entender estos puntos de vista opuestos, necesitamos retroceder y examinar las fuerzas fundamentales del crecimiento. Si hacemos a un lado los tecnicismos, el debate se reduce a una pregunta esencial: ¿Cuál es el modelo de crecimiento más efectivo y sostenible para los países de bajos ingresos?
Históricamente, las regiones pobres del mundo frecuentemente han adoptado el llamado modelo de “salida de excedentes”. Este modelo supone exportar a otras partes del mundo productos básicos y recursos naturales, tales como productos agrícolas y minerales.
Así es como Argentina se enriqueció en el siglo XIX y como los Estados petroleros han acumulado riqueza en los últimos 40 años. El rápido crecimiento que experimentaron muchos países en desarrollo antes de la crisis fue en gran medida resultado del mismo modelo. En particular, la demanda creciente de recursos naturales de otros países –principalmente de China—impulsó a los países del África Subsahariana.
Pero este modelo tiene dos grandes debilidades. En primer lugar, depende mucho del crecimiento rápido de la demanda externa. Cuando esa demanda no se mantiene, los países en desarrollo se enfrentan a una situación en la que los precios de las exportaciones se vienen abajo y, muy frecuentemente, a una crisis interna prolongada. En segundo lugar, no estimula la diversificación económica. Las economías que se quedan con este modelo se especializan demasiado en productos primarios que no ofrecen un gran crecimiento de la productividad.
En efecto, el desafío central del desarrollo económico no es la demanda externa, sino el cambio estructural interno. El problema de los países pobres es que no producen los bienes adecuados. Deben emprender una reestructuración en la que se sustituyan los productos primarios tradicionales por actividades de mayor productividad, principalmente manufacturas y servicios modernos.
El tipo de cambio real es de suma importancia, puesto que determina la competitividad y rentabilidad de las actividades comerciales modernas. Cuando las naciones en desarrollo se ven obligadas a sobrevaluar sus monedas, el espíritu empresarial y las inversiones en esas actividades disminuyen.
Desde este punto de vista, las políticas de tipo de cambio de China no sólo socavan la competitividad de las industrias de África y de otras regiones pobres, sino que también dañan su motor de crecimiento fundamental. Lo que el mercantilismo chino ofrece a esos países pobres es, en el mejor de los casos, un crecimiento temporal que no les favorece.
No obstante, para no correr el riesgo de achacar demasiadas culpas a China, debemos recordar que los países en desarrollo no tienen grandes impedimentos para reproducir lo esencial del modelo Chino. Ellos también podrían haber utilizado sus tipos de cambio de manera más activa para estimular la industrialización y el crecimiento. Es cierto que no todos los países del mundo pueden subvaluar sus monedas al mismo tiempo, pero los países pobres podrían haber desplazado la "carga” hacia los países ricos quienes, como indica la lógica económica, son quienes deberían soportarla.
En cambio, muchos países en desarrollo han permitido que sus monedas se sobrevalúen, confiando en el auge de la demanda de productos básicos o en los flujos financieros. Además, no han utilizado sistemáticamente las políticas industriales explícitas que podrían actuar como sustituto de la subvaluación.
En vista de lo anterior, tal vez no deberíamos acusar a China de cuidar sus propios intereses económicos, aun si al hacerlo ha empeorado los costos de las políticas equivocadas de tipo de cambio de otros países.
Dani Rodrik es profesor de Economía Política de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y autor de One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth.
Copyright: Project Syndicate, 2010.
CAMBRIDGE – La balanza comercial de China alcanzará otro enorme superávit este año. Mientras tanto, siguen aumentando las preocupaciones sobre la fuerza de la recuperación estadounidense. Ambos acontecimientos sugieren que China se verá nuevamente bajo presión para apreciar fuertemente su moneda a la alza. El conflicto con los Estados Unidos puede reavivarse durante las audiencias del Congreso sobre el renminbi que se llevarán a cabo en septiembre. Ahí, muchos instarán a la administración Obama a que aplique medidas punitivas si China no actúa.
La discusión sobre la moneda china se centra en la necesidad de reducir el superávit comercial de ese país y corregir los desequilibrios macroeconómicos globales. Muchos analistas esperan que con una moneda menos competitiva China exporte menos e importe más, haciendo una contribución positiva a la recuperación de los Estados Unidos y de otras economías.
En todas estas discusiones, la cuestión del renminbi se ve como un asunto entre los Estados Unidos y China, y los intereses de los países pobres apenas son escuchados, incluso en los foros multilaterales. Con todo, un aumento notable en el valor del renminbi puede tener implicaciones significativas para los países en desarrollo. No obstante, hay debates muy acalorados sobre si la revaluación del renminbi les conviene o no.
Por un lado está Arvind Subramanian, del Instituto Peterson y del Centro para el Desarrollo Global. Argumenta que los países en desarrollo han padecido enormemente la política de China de devaluar su moneda, que ha hecho más difícil que puedan competir con los bienes chinos en los mercados globales, ha atrasado su industrialización y su crecimiento.
Si aumentara el valor del renminbi, las exportaciones de los países pobres serían más competitivas y sus economías estarían mejor posicionadas para aprovechar los beneficios de la globalización. De ahí que Subramanian argumente que los países pobres deben hacer causa común con los Estados Unidos y otras economías avanzadas para presionar a China con el fin de que modifique sus políticas de tipo de cambio.
Por otro lado está Helmut Reisen y sus colegas, del Centro para el Desarrollo de la OCDE, que concluyen que los países en desarrollo, en especial los más pobres, saldrían dañados si el renminbi aumentara drásticamente. Su razonamiento es que la apreciación de la moneda sin duda frenaría el crecimiento de China, y cualquier cosa que provoque eso también será perjudicial para otros países pobres.
Respaldan su argumento con evidencia empírica que sugiere que el crecimiento en los países en desarrollo se ha hecho gradualmente cada vez más dependiente del desempeño económico chino. Estiman que una disminución en un punto porcentual de la tasa anual de crecimiento de China reduciría las de los países de bajos ingresos en 0,3 puntos porcentuales –casi una tercera parte de esa disminución.
Para entender estos puntos de vista opuestos, necesitamos retroceder y examinar las fuerzas fundamentales del crecimiento. Si hacemos a un lado los tecnicismos, el debate se reduce a una pregunta esencial: ¿Cuál es el modelo de crecimiento más efectivo y sostenible para los países de bajos ingresos?
Históricamente, las regiones pobres del mundo frecuentemente han adoptado el llamado modelo de “salida de excedentes”. Este modelo supone exportar a otras partes del mundo productos básicos y recursos naturales, tales como productos agrícolas y minerales.
Así es como Argentina se enriqueció en el siglo XIX y como los Estados petroleros han acumulado riqueza en los últimos 40 años. El rápido crecimiento que experimentaron muchos países en desarrollo antes de la crisis fue en gran medida resultado del mismo modelo. En particular, la demanda creciente de recursos naturales de otros países –principalmente de China—impulsó a los países del África Subsahariana.
Pero este modelo tiene dos grandes debilidades. En primer lugar, depende mucho del crecimiento rápido de la demanda externa. Cuando esa demanda no se mantiene, los países en desarrollo se enfrentan a una situación en la que los precios de las exportaciones se vienen abajo y, muy frecuentemente, a una crisis interna prolongada. En segundo lugar, no estimula la diversificación económica. Las economías que se quedan con este modelo se especializan demasiado en productos primarios que no ofrecen un gran crecimiento de la productividad.
En efecto, el desafío central del desarrollo económico no es la demanda externa, sino el cambio estructural interno. El problema de los países pobres es que no producen los bienes adecuados. Deben emprender una reestructuración en la que se sustituyan los productos primarios tradicionales por actividades de mayor productividad, principalmente manufacturas y servicios modernos.
El tipo de cambio real es de suma importancia, puesto que determina la competitividad y rentabilidad de las actividades comerciales modernas. Cuando las naciones en desarrollo se ven obligadas a sobrevaluar sus monedas, el espíritu empresarial y las inversiones en esas actividades disminuyen.
Desde este punto de vista, las políticas de tipo de cambio de China no sólo socavan la competitividad de las industrias de África y de otras regiones pobres, sino que también dañan su motor de crecimiento fundamental. Lo que el mercantilismo chino ofrece a esos países pobres es, en el mejor de los casos, un crecimiento temporal que no les favorece.
No obstante, para no correr el riesgo de achacar demasiadas culpas a China, debemos recordar que los países en desarrollo no tienen grandes impedimentos para reproducir lo esencial del modelo Chino. Ellos también podrían haber utilizado sus tipos de cambio de manera más activa para estimular la industrialización y el crecimiento. Es cierto que no todos los países del mundo pueden subvaluar sus monedas al mismo tiempo, pero los países pobres podrían haber desplazado la "carga” hacia los países ricos quienes, como indica la lógica económica, son quienes deberían soportarla.
En cambio, muchos países en desarrollo han permitido que sus monedas se sobrevalúen, confiando en el auge de la demanda de productos básicos o en los flujos financieros. Además, no han utilizado sistemáticamente las políticas industriales explícitas que podrían actuar como sustituto de la subvaluación.
En vista de lo anterior, tal vez no deberíamos acusar a China de cuidar sus propios intereses económicos, aun si al hacerlo ha empeorado los costos de las políticas equivocadas de tipo de cambio de otros países.
Dani Rodrik es profesor de Economía Política de la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard y autor de One Economics, Many Recipes: Globalization, Institutions, and Economic Growth.
Copyright: Project Syndicate, 2010.
lunes, septiembre 06, 2010
Custodians of the forest - women in Guatemala
New Agriculturist
Covering over ten per cent of Guatemala, the Maya Biosphere Reserve - Central America's most biologically diverse ecosystem - was established in 1990 to protect the rainforest from accelerating levels of deforestation, illegal-logging and forest fires. Sustainable harvesting of forest products, such as fruit, gum, resin and xate (an ornamental palm leaf), is permitted within the multiple-use zone of the reserve, but communities must be certified by the Forest Stewardship Council (FSC).
Sustainable harvesting of forest products is permitted within the reserve
Rainforest Alliance
Rainforest Alliance
To help safeguard the forest, the Rainforest Alliance provides support, training and marketing assistance to certified communities and small and medium enterprises (SMEs) in order to enhance employment opportunities and ensure responsible forest management. As a result, not only has deforestation reduced dramatically, but concessions are generating US$4 million a year for certified communities. And, by including women in all aspects of the programme, their involvement and influence in forest associations has increased and they have gained new sources of employment, including processing and packaging of non-timber forest products and administrating SMEs.
Earning more by cutting less
Women are now selecting and packaging xate ready for export
Rainforest Alliance
Rainforest Alliance
In Uaxactún, villagers earn money by sustainably harvesting xate palm from the reserve. Traditionally, women had little involvement because the palms were harvested by men and then sold directly to intermediaries. But after receiving training on sustainable management practices, value-added processing, and business skills, women are now helping to manage SMEs and are also selecting and packaging xate ready for export."With access to training women now have knowledge and technical skills and they are participating as leaders," says Rainforest Alliance regional forestry manager, José Román Carrera. "The most successful SMEs are those who have women involved in administration."
With their incomes, women have also helped to build schools, health centres and pay teachers' salaries. "Now women feel important in the community because we contribute to our home with financial resources," explains Reyna Valenzuelaa. "My son can go to school because I am able to pay the school costs with the money I receive from my job selecting xate."
By cutting only the finest leaves and leaving more fronds behind, xate harvesters are selling the leaves for twice as much whilst allowing the palms to regenerate faster. Rainforest Alliance has also helped the community cut out intermediaries by putting the SMEs in direct contact with buyers in Europe and the United States. By exporting high quality products directly to international buyers, five communities within the reserve are earning US$10,000 per week. So far 180,000 hectares have been FSC certified and Carrera hopes that at least 400,000 hectares will be certified by 2012.
Forest stewards
The Maya Biosphere Reserve is Central America's most biologically diverse ecosystem
Rainforest Alliance
Rainforest Alliance
In the mountainous Alta Verapaz region of Guatemala, Rainforest Alliance is working in partnership with ASILCOM - the community forest association of Verapaces - to train women to become community leaders and give them the skills to implement reforestation and forest management activities in their villages. Weekly training activities teach the women to identify and map local forests and tree plantations, learn about the tree life cycles, and understand the role that trees play in conserving soil, water, carbon and providing wildlife habitats.
By becoming a forest steward, the women work with SMEs and their communities to help them implement sustainable management practices, add value to forest products, improve their business and administration skills and access financial services and markets. "We hope that in a few years some of these girls will be part of ASILCOM's board of directors, making sure natural resources are well managed and families benefit from forest activities," explains Ale Colom, a former associate project director for the Guatemala Forestry Enterprises Project.
Adding value to the forest
Carrera believes that clear government policy in Guatemala and the involvement of women have been vital to the success of their work. "You must involve women," he says, "because they have natural skills in administration and selection and packaging of value added products. They utilise resources better as they understand the importance of food security so promote mixing plantations for reforestation with food crops. Women should also be on the board of directors in each cooperative to take more wise and democratic decisions." Due to the success in Guatemala, similar projects are already underway in Bolivia, Honduras, Peru, Panama and Nicaragua, although Carrera would like to see the model improved and used in many more countries to help other communities earn more money and protect their forests.
Certification has increased profits for many Guatemalan forest communities
Rainforest Alliance
Rainforest Alliance
While certification and identification of international buyers has increased profits for many Guatemalan forest communities, it has not totally succeeded in helping community members adequately protect their forest against illegal loggers. "We need to add more value to forest ecosystems through the certification of environmental services," Carrera states. "We need to increase recognition of the role that forest ecosystems play in mitigating climate change by avoiding deforestation."
As a result, the Rainforest Alliance has been working on a REDD project for four years and hopes to be able to start selling carbon credits by 2011. "Paying for environmental services could save the rainforest," Carrera adds. "We must put a price on these services so that the forest is worth more standing."
Date published: September 2010
viernes, septiembre 03, 2010
Banco Mundial: cortina de humo para las plantaciones de palma
Ecoportal, 01-09-10
A nivel mundial las críticas a la producción a escala industrial de palma aceitera no han parado de crecer. En septiembre del año pasado, tras las críticas de varios grupos de todo el mundo, especialmente de Indonesia y Papua Nueva Guinea, el Banco Mundial decidió detener la financiación del sector. El presidente del banco Robert Zoellick aclaró en un escrito, que había encargado a la Corporación Financiera Internacional IFC una revisión de la estrategia actual. Los resultados de dicha revisión resultaron vergonzosos para todo el Grupo del Banco Mundial.
Las plantaciones de palma aceitera, consistentes en gigantescos monocultivos destinados a la industria alimentaria, cosmética, química y de agrocombustibles, tiene consecuencias devastadoras para poblaciones, medio ambiente y clima. La industria de la palma aceitera que el Banco Mundial viene financiando desde hace 45 años no sólo a comunidades locales dependientes de los bosques, sino también a los pequeños productores.
Multinacionales de la palma como la empresa Wilmar son causantes de graves violaciones de derechos humanos, desplazamiento de personas que viven y dependen de los bosques tropicales, destrucción de selvas y su biodiversidad, contaminación de suelos y aguas y empeoramiento del cambio climático.
El Banco Mundial no cumple de esta manera en absoluto con su objetivo de combatir la pobreza, sino más bien todo lo contrario, causa de más pobreza, más cambio climático y es co-responsable de crímenes ambientales y sociales. La expansión de los monocultivos de palma aceitera con su dinero debe detenerse. Las organizaciones ambientales exigen al Banco Mundial que “¡NO financien más plantaciones de palma!”
Klaus Schenck de la organización alemana Rettet den Regenwald dice: "El marco presentado por el Banco Mundial para el sector de la palma aceitera es totalmente insuficiente e inaceptable. Es una mera cortina de humo; las exigencias de las organizaciones sociales y ambientales de todo el mundo no han sido en absoluto tomadas en cuenta”.
Teresa Perez del Movimiento Mundial por los Bosques dice desde Uruguay: "Queremos resaltar, que las plantaciones de palma de aceite no son sostenibles, sino que forman parte de un modelo extractivo basado en la exportación. Para nosotros, el plan presentado por el Banco Mundial para la palma aceitera es una farsa sin resultados positivos”.
Guadalupe Rodríguez del grupo Salva la Selva de España añade: "Monocultivos industriales de palma aceitera no son ni podrán nunca ser sostenibles. La financiación de plantaciones de palma aceitera hacen al Banco Mundial directamente responsable del incremento de la pobreza, violaciones de derechos humanos y crímenes ambientales”.
Almuth Ernsting de Biofuelwatch, el Observatorio de los Biocombustibles dice: "Cientos de organizaciones en todo el mundo han condenado el 'maquillaje verde' que se hace de la palma aceitera. La certificación de las plantaciones, así como los directrices propuestas por el Banco Mundial no son más que maquillaje verde”. www.ecoportal.net
Teresa Pérez - www.wrm.org.uy
Guadalupe Rodríguez - www.salvalaselva.org
Tom Kucharz - www.ecologistasenaccion.org
Suscribirse a:
Entradas (Atom)