Mostrando las entradas con la etiqueta silvicultura comunitaria. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta silvicultura comunitaria. Mostrar todas las entradas

lunes, enero 31, 2011

Silvicultura, oro verde

Noticias de Oaxaca por CITLALLI LÓPEZ

En la espesura de los pinos, ojosas y encinos está escrita la historia de todo un pueblo. En el agua que corre de sus manantiales, su futuro. Su presente es más que certero, gracias al manejo sustentable de sus recursos naturales.

Estas dos localidades enclavadas en la Sierra Juárez son literalmente, vetas de oro verde, que al paso de dos décadas han logrado disminuir sus índices de pobreza, pero también contribuir a la disminución de los efectos contaminantes a través de la generación de bonos de carbono.

La silvicultura, entendida como el cultivo del bosque, es para los comuneros, su forma de vida, su trabajo, su fuente de ingresos.

"Hablar de silvicultura, es ver como las comunidades toman conciencia de que, sí existe un manejo responsable de los bosques, el recurso natural nunca se va a acabar. Hablar de silvicultura es tomar el trabajo en nuestras manos, trabajar para nuestros hijos y ellos para sus hijos. Nosotros nunca permitiremos que personas ajenas se adueñen de nuestros recursos", afirma Reynaldo Ruiz Vázquez, técnico comunitario de La Trinidad.

El viaje a esta comunidad fue realizado de la mano de la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la autoridad de bienes comunales, así como los técnicos forestales comunitarios del pueblo mágico de Capulalpam y de La Trinidad, el objetivo: conocer el manejo forestal sustentable que realizan las comunidades oaxaqueñas de la Sierra Juárez, ejemplo mundial.

Un gigante como testigo

Un gigante de 45 metros de alto y 1.53 de diámetro es el único sobreviviente a la concesión de explotación que en 1956 obtuvo la Fábrica de Papel de Tuxtepec (Fapatux).

El pino pseudostrobus, además de ser testigo centenario de aquella explotación descomunal, permanece en el paraje la Cueva de La Trinidad, como el emblema de lo que fue el inicio del aprovechamiento forestal sustentable.

Fue en 1993 cuando La Trinidad, agencia municipal de Santiago Xiacuí, planteó su manejo forestal, primero para 10 años y cambió su sistema silvícola.

Ahí, frente al pseudostrobus, los comuneros aplicaron la primera corta de regeneración de árboles padres, que no es más que talar aquellas especies que no contaban con un fuste recto, copa bien conformada y libre de muérdago, para devolver la espesura al bosque, visualizando el aprovechamiento sustentable de la madera.

El tratamiento inició en 1.5 hectáreas en donde fueron extraídos 150 árboles, volumen acordado en el programa de manejo.

El éxito de la regeneración fue reproducido en el predio Los pozos y Llano Salado (Popotillo). Actualmente, los comuneros de la Trinidad aprovechan anualmente 3 mil metros cúbicos rollos total árbol, que convertido en rollo son 2 mil 400 metros cúbicos.

Una vez que la madera en rollo es producida, se envía al aserradero para la producción de tabla y tablón; la empresa es propiedad de la comunidad.

El mercado es regional. La madera queda en las carpinterías y empresas familiares, mientras que un porcentaje menor se comercializa en la capital del estado.

En La Trinidad entre 40 y 50 familias dependen de la actividad forestal. De acuerdo con los comuneros, esta cifra representa un 50 por ciento de la población.

Los bonos de carbono, la captura

Los pinos son jóvenes cuentan apenas con 6 años y de 2 metros de altura, pero ya cumplen con una función esencial: la reducción de efectos del cambio climático con la captura de carbono.

La parcela de 126 hectáreas de La Trinidad, es uno de los 10 puntos en Oaxaca que 'venden' bonos de carbono a Televisa, Gamesa y la empresa farmacéutica Chino In.

"A veces decimos ¿el carón en dónde está? El carbono está en los arbolitos", explica de forma sencilla, Jorge Santiago, técnico auxiliar de Bienes Comunales.

Los pinos pátula, ayacahuite y pseudostrobus, plantados por los comuneros, permiten la neutralización de las emisiones contaminantes y, en consecuencia, garantizan la limpieza del medio ambiente.

Las emisiones que se generan en el consumo de energías para vehículos o emisiones de humo se descargan en los árboles como bióxido de carbono, que a la larga se convierte en madera.

El delegado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Esteban Ortiz Rodea, abundó que en 2010 Televisa, Gamesa y Chino In pagaron 16 mil toneladas de carbono a las 10 comunidades de Oaxaca que realizan manejo sustentable.

El pago es de 10 dólares por tonelada de carbono capturado por los bosques. El cálculo se hace a partir de un modelo desarrollado con base en el número de árboles, la altura, diámetro y biomasa.

En el esquema del mercado voluntario de carbono, son las empresas las que determinan la cantidad a pagar.

"Es un esquema adicional para el manejo forestal comunitario ante el cambio climático. Esta nueva estrategia a nivel global para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero por deforestación o degradación de bosques que compensa a las comunidades que vitan que se destruyan los bosques", añadió el gerente general de la Conafor, Ricardo Ramírez Domínguez.

Anda Gagüi. (Agua de Capulalpam)

Anda Gagüi es una empresa comunal envasadora de agua totalmente limpia y pura, la cual es procesada y comercializada en los distintos puntos del estado de Oaxaca.

La empresa envasa mil 500 botellines de 600 mililitros, y garrafones de 19 litros, distribuidos en la región serrana.

Ecoturismo en un pueblo maágico

En esta revolución económica de los pueblos indígenas no podía faltar la postal ecológica que llama al ecoturismo y turismo de aventura. El Centro Recreativo Los Molinos, es a sólo una de las muchas opciones que ofrece Capulalpam de Méndez para la convivencia familiar.

En el parque que forma parte de las "empresas" comunitarias, usted podrá lanzarse desde la tirolesa, realizar rapel o contemplar el río mientras degusta una trucha criada en el restaurante.

Ubicación

Capulalpam de Méndez está ubicado a 74 kilómetros de la capital del estado.

La trinidad, Santiago Xiacuí, colinda al norte con Natividad y Capulalpam de Méndez, al sur con Santa María Yavesía.


foto: CARLOS ROMÁN VELASCO

lunes, noviembre 29, 2010

Community forest management in Mexico has become a powerful instrument to achieve forest conservation

A study to be released next week by the Mexican Civil Council for Sustainable Forestry (CCMSS) and the Rights and Resources Initiative (RRI) presents new research and analysis demonstrating how community forest management in Mexico has become a powerful instrument to achieve forest conservation, while at the same time improving local livelihoods. The authors of this document propose that under the current international efforts to reduce emissions from forest deforestation and degradation, community-based forestry should be taken in account as one of the best options to mitigate CO2 emissions.

Press Release [English] Executive Summary [English] Report [English] [Español]

sábado, noviembre 27, 2010

Bosques de México "modelo para el mundo"

BBC Mundo, 24 de noviembre de 2010 Descripción: Manejo forestal comunitario en Ixtlán de Juárez, Oaxaca Foto: gentileza CCMSS

En Ixtlán de Juarez, Oaxaca, cinco mil personas manejan el bosque de propiedad comunitaria. Fotos: gentileza CCMSS

En el sur de México, una comunidad indígena ha logrado lo que en muchos lugares del mundo calificarían de casi un milagro: proteger el bosque y combatir el cambio climático, generando al mismo tiempo más de mil empleos y promoviendo el desarrollo local.

La comunidad de Ixtlán de Juárez, en el estado de Oaxaca, es una de las cerca de 8.000 en el territorio mexicano que es propietaria de extensiones de bosque. El número de comunidades que son propietarias de selvas y bosques sitúa en una posición única a México, que podría ser un modelo para el mundo, según un informe publicado esta semana.

"El 70% de bosques y selvas en México son propiedad de comunidades y ejidos, hay unas 700.000 hectáreas manejadas por las propias comunidades con estándares internacionales", dijo a BBC Mundo Iván Zúñiga, del Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible (CCMSS), una organización no gubernamental.

Apenas días antes de la cumbre de cambio climático que tendrá lugar a partir del 29 de noviembre en Cancún, el mensaje principal del estudio "y un mensaje aplicable a todos los bosques del planeta, es que podemos al mismo tiempo capturar más carbono, conservar los ecosistemas y generar desarrollo local".

Comunidades propietarias
¿Cómo se explica que la mayoría de los bosques sean de propiedad comunitaria?
"En México ha habido un proceso de reforma agraria en el que se fue reconociendo los derechos de las comunidades indígenas a su territorio y además se otorgó tierra a otras comunidades", señala Zúñiga.
En los bosques y selvas de México viven 12 millones de personas.
A pesar de reconocer la propiedad comunitaria, el Estado había concedido licencias de explotación forestal a compañías paraestatales y privadas. Cuando expiraron las licencias hace cerca de tres décadas, las organizaciones comunitarias asumieron el manejo del bosque.
Gracias a la capacitación, ofrecida tanto por ONGs como por el gobierno, muchas comunidades están a cargo de lo que Zúñiga califica de "algunos de los bosques mejor manejados del planeta".
Sesenta comunidades, incluyendo Ixtlán, han logrado la certificación que otorga el Forest Stewardship Council, con sede en Alemania, una de las principales organizaciones en el mundo de certificación de madera producida en forma sostenible.

Las comunidades en México producen desde muebles hasta chicle biodegradable, un producto desarrollado a partir de la savia del árbol conocido como chicozapote. El chicle se exporta enteramente a Alemania y al Reino Unido. Los muebles son vendidos en su mayoría en tiendas del propio mercado mexicano.

En el caso de Ixtlán "ya no solamente producen muebles, han diversificado y son propietarias de gasolineras, sistemas de transporte y otros negocios que complementan el desarrollo local".

Pocas mujeres propietarias
Varias comunidades tienen sus propias fábricas de muebles. Cinco mil personas viven en Ixtlán, donde se han generado 300 empleos directos y 1200 indirectos, asegura Zúñiga.
Todas las decisiones se toman en asambleas, aunque son integradas casi exclusivamente por hombres, ya que la ley reconoce como propietarios a los "cabeza de familia".
"Tenemos todavía un tema de género pendiente en México, las mujeres se insertan más en las fábricas de muebles, por ejemplo, pero sigue siendo necesaria una reforma social", reconoce Zúñiga.

Ventaja internacional
Las comunidades cuidan del bosque extrayendo los árboles enfermos, evitando el ingreso de taladores ilegales, limpiando el campo para ayudar a la propagación natural de semillas.

El chicle biodegradable es exportado a Alemania y el Reino Unido.
"Pensemos en un bosque como si fuera un estacionamiento lleno de autos antiguos de gran valor. ¿Quienes serían los mejores cuidadores, los apasionados por la historia a nivel local, o los burócratas en el otro extremo del país?", señala Deborah Barry, del RRI y coautora del informe.
El estudio asegura que el manejo forestal comunitario da una ventaja a México en uno de los temas centrales de Cancún, el mecanismo de financiación conocido como REDD, o reducción de emisiones por deforestación y degradación.

México está en una posición inigualable para ingresar a todos estos mecanismos de financiamiento
REDD permite que las naciones industrializadas obtengan créditos en reducción de emisiones de carbono, a cambio de invertir en proyectos de conservación de bosques en países en desarrollo. Una de las grandes dificultades de REDD es asegurar que los fondos lleguen a las comunidades que cuidan el bosque, algo que sería fácil de garantizar en México, con su modelo avanzado de desarrollo comunitario.
"México está en una posición inigualable para ingresar a todos estos mecanismos de financiamiento", afirma Zúñiga, agregando que su país ya es el que cuenta con más hectáreas certificadas del planeta.
Proteger al bosque es una gran inversión. En las palabras de Zúñiga, "las propias comunidades ya se han dado cuenta de que vale más un bosque bien conservado que un bosque degradado".

Growing a Forest, and Harvesting Jobs

Adriana Zehbrauskas for The New York Times

Ixtlán de Juárez’s enterprises employ 300 people, like Honorio Juárez, above, a pine seedling nursery caretaker. They produce furniture and care for the woodlands.

IXTLÁN de JUÁREZ, Mexico — As an unforgiving midday sun bore down on the pine-forested mountains here, a half-dozen men perched across a steep hillside wrestled back mounds of weeds to uncover wisps of knee-high seedlings.

Freeing the tiny pines that were planted last year is only one step of many the town takes to nurture the trees until they grow tall, ready for harvesting in half a century. But the people of Ixtlán take the long view.

“We’re the owners of this land and we have tried to conserve this forest for our children, for our descendants,” Alejandro Vargas said, leaning on his machete as he took a break. “Because we have lived from this for many years.”

Three decades ago the Zapotec Indians here in the state of Oaxaca in southern Mexico fought for and won the right to communally manage the forest. Before that, state-owned companies had exploited it as they pleased under federal government concessions.

They slowly built their own lumber business and, at the same time, began studying how to protect the forest. Now, the town’s enterprises employ 300 people who harvest timber, produce wooden furniture and care for the woodlands, and Ixtlán has grown to become the gold standard of community forest ownership and management, international forestry experts say.

Mexico’s community forest enterprises now range from the mahogany forests of the Yucatán Peninsula to the pine-oak forests of the western Sierra Madre. About 60 businesses, including Ixtlán, are certified by the Forest Stewardship Council in Germany, which evaluates sustainable forestry practices. Between 60 and 80 percent of Mexico’s remaining forests are under community control, according to Sergio Madrid of the Mexican Civic Council for Sustainable Forestry.

“It’s astounding what’s going on in Mexico,” said David Barton Bray, an expert on community forestry at Florida International University who has studied Ixtlán.

The Mexican government plans to showcase its success in community forestry at the global climate talks in Cancún next week. Despite fractious negotiations over reducing carbon emissions, talks on paying developing countries to protect their forests have moved further ahead than most other issues.

In developing countries, where the rule of law is weak and enforcement spotty, simply declaring a forest off-limits does little to prevent illegal logging or clearing land for agriculture or development. “Unless local communities are committed to conserving and protecting forests it’s not going to happen,” said David Kaimowitz, a former director of the Center for International Forestry Research, or Cifor, who is now at the Ford Foundation. “Government can’t do it for them.”

A recent Cifor study reported that more than a quarter of the forests in developing countries are now being managed by local communities. The trend is worldwide — from China to Brazil.

In Ixtlán, under Zapotec traditions, all decisions about the forest and its related businesses are made by a (mostly male) general assembly of 390 townspeople. These “comuneros” are required to contribute their labor as needed to the forest and its enterprises.

“You can see the harmony,” said Francisco Luna, the secretary of the committee in charge of the forest and its businesses. “For us to live in peace, we have to respect all the rules.”

Many of the problems that beset other forests in Mexico, like illegal logging and deforestation, rate barely a shrug here. Pedro Vidal García, a longtime forester in Ixtlán who now works for the Rainforest Alliance, laughed when he was asked about illegal logging in the 48,000 acres of forest the community owns.

“Anybody who tries their own illegal business is harshly judged,” he said. “The assembly is very tough.” A comunero who dares to work as a guide to illegal loggers or hunters is branded a traitor and could lose all property rights.

Rule by an assembly of equals based on ancestral customs can make running a business unwieldy. “It takes a long time to agree,” said Mr. García, whose father was one of the generation that sold their livestock to set up the community’s first sawmill. “The assembly can turn emotional, or technical.”

Last year, the community’s businesses made a profit of about $230,000. Of that, 30 percent went back into the business, another 30 percent went into forest preservation and the final 40 percent went back to the workers and the community where it pays for things like pensions, a low-interest credit union and housing for students studying in the state capital. Most of the enterprise’s foresters and managers are the university-educated sons and daughters of the older comuneros.

It is an odd business mixture, acknowledged Alberto Belmonte, who is in charge of finding new markets for the furniture and lumber that Ixtlán and two neighboring towns produce. “Pure simple socialism, which is what the communities have, and an idea of capitalism, where we say, ‘You know what? We have to be profitable.’”

Many of Ixtlán’s plain pine pieces are sold to the state government, and the factory is busy filling an order to furnish a children’s home with bunk beds and lockers. Mr. Belmonte has plans to jazz up design and crack the Mexico City market.

Julio García Gómez, 31, a sawmill worker, came back to Ixtlán five years ago from New Jersey, where he was working illegally, to raise his young family. The pay here has gone up since he returned, he said, “because of the equipment, because of the training.”

While a self-sustaining business, Ixtlán is still a work in progress. Nongovernment organizations, as well as the Mexican government, all provide financing and advice. And even the strongest advocates of community forestry acknowledge that it is not the answer to protecting forests everywhere. It works best in areas that produce quality timber, Mr. Bray said.

But it is a huge improvement on what came before.

“Things are working,” said Francisco Chapela, an agronomist who first came to Oaxaca 30 years ago and now works for the Rainforest Alliance in Mexico. “Forest management is a big success,” he continued. “If you look at old aerial photographs and compare it with what is now, the forest is increasing here.

“A lot of jobs have been created and a lot of money has come to the communities.”

martes, noviembre 23, 2010

Growing a Forest, and Harvesting Jobs

The New York Times. A version of this article appeared in print on November 23, 2010, on page A10 of the New York edition.

By ELISABETH MALKIN
Published: November 22, 2010

IXTLÁN de JUÁREZ, Mexico — As an unforgiving midday sun bore down on the pine-forested mountains here, a half-dozen men perched across a steep hillside wrestled back mounds of weeds to uncover wisps of knee-high seedlings.

Freeing the tiny pines that were planted last year is only one step of many the town takes to nurture the trees until they grow tall, ready for harvesting in half a century. But the people of Ixtlán take the long view.

“We’re the owners of this land and we have tried to conserve this forest for our children, for our descendants,” Alejandro Vargas said, leaning on his machete as he took a break. “Because we have lived from this for many years.”

Freeing the tiny pines that were planted last year is only one step of many the town takes to nurture the trees until they grow tall, ready for harvesting in half a century. But the people of Ixtlán take the long view.

“We’re the owners of this land and we have tried to conserve this forest for our children, for our descendants,” Alejandro Vargas said, leaning on his machete as he took a break. “Because we have lived from this for many years.”

Three decades ago the Zapotec Indians here in the state of Oaxaca in southern Mexico fought for and won the right to communally manage the forest. Before that, state-owned companies had exploited it as they pleased under federal government concessions.

They slowly built their own lumber business and, at the same time, began studying how to protect the forest. Now, the town’s enterprises employ 300 people who harvest timber, produce wooden furniture and care for the woodlands, and Ixtlán has grown to become the gold standard of community forest ownership and management, international forestry experts say.

Mexico’s community forest enterprises now range from the mahogany forests of the Yucatán Peninsula to the pine-oak forests of the western Sierra Madre. About 60 businesses, including Ixtlán, are certified by the Forest Stewardship Council in Germany, which evaluates sustainable forestry practices. Between 60 and 80 percent of Mexico’s remaining forests are under community control, according to Sergio Madrid of the Mexican Civic Council for Sustainable Forestry.

“It’s astounding what’s going on in Mexico,” said David Barton Bray, an expert on community forestry at Florida International University who has studied Ixtlán.

The Mexican government plans to showcase its success in community forestry at the global climate talks in Cancún next week. Despite fractious negotiations over reducing carbon emissions, talks on paying developing countries to protect their forests have moved further ahead than most other issues.

In developing countries, where the rule of law is weak and enforcement spotty, simply declaring a forest off-limits does little to prevent illegal logging or clearing land for agriculture or development. “Unless local communities are committed to conserving and protecting forests it’s not going to happen,” said David Kaimowitz, a former director of the Center for International Forestry Research, or Cifor, who is now at the Ford Foundation. “Government can’t do it for them.”

A recent Cifor study reported that more than a quarter of the forests in developing countries are now being managed by local communities. The trend is worldwide — from China to Brazil.

In Ixtlán, under Zapotec traditions, all decisions about the forest and its related businesses are made by a (mostly male) general assembly of 390 townspeople. These “comuneros” are required to contribute their labor as needed to the forest and its enterprises.

“You can see the harmony,” said Francisco Luna, the secretary of the committee in charge of the forest and its businesses. “For us to live in peace, we have to respect all the rules.”

Many of the problems that beset other forests in Mexico, like illegal logging and deforestation, rate barely a shrug here. Pedro Vidal García, a longtime forester in Ixtlán who now works for the Rainforest Alliance, laughed when he was asked about illegal logging in the 48,000 acres of forest the community owns.

“Anybody who tries their own illegal business is harshly judged,” he said. “The assembly is very tough.” A comunero who dares to work as a guide to illegal loggers or hunters is branded a traitor and could lose all property rights.

Rule by an assembly of equals based on ancestral customs can make running a business unwieldy. “It takes a long time to agree,” said Mr. García, whose father was one of the generation that sold their livestock to set up the community’s first sawmill. “The assembly can turn emotional, or technical.”

Last year, the community’s businesses made a profit of about $230,000. Of that, 30 percent went back into the business, another 30 percent went into forest preservation and the final 40 percent went back to the workers and the community where it pays for things like pensions, a low-interest credit union and housing for students studying in the state capital. Most of the enterprise’s foresters and managers are the university-educated sons and daughters of the older comuneros.

It is an odd business mixture, acknowledged Alberto Belmonte, who is in charge of finding new markets for the furniture and lumber that Ixtlán and two neighboring towns produce. “Pure simple socialism, which is what the communities have, and an idea of capitalism, where we say, ‘You know what? We have to be profitable.’”

Many of Ixtlán’s plain pine pieces are sold to the state government, and the factory is busy filling an order to furnish a children’s home with bunk beds and lockers. Mr. Belmonte has plans to jazz up design and crack the Mexico City market.

Julio García Gómez, 31, a sawmill worker, came back to Ixtlán five years ago from New Jersey, where he was working illegally, to raise his young family. The pay here has gone up since he returned, he said, “because of the equipment, because of the training.”

While a self-sustaining business, Ixtlán is still a work in progress. Nongovernment organizations, as well as the Mexican government, all provide financing and advice. And even the strongest advocates of community forestry acknowledge that it is not the answer to protecting forests everywhere. It works best in areas that produce quality timber, Mr. Bray said.

But it is a huge improvement on what came before.

“Things are working,” said Francisco Chapela, an agronomist who first came to Oaxaca 30 years ago and now works for the Rainforest Alliance in Mexico. “Forest management is a big success,” he continued. “If you look at old aerial photographs and compare it with what is now, the forest is increasing here.

“A lot of jobs have been created and a lot of money has come to the communities.”

jueves, septiembre 23, 2010

Well-organised locals often make the best forest managers, but they need help

The Economist: A special report on forests Sep 23rd 2010

Keeping it in the community

Pushing together in Michoacán

AT A sawmill in the misty hills of Michoacán in central Mexico, loggers sporting damp sombreros and droopy moustaches are working through a drizzle, hauling pine logs. With iron spikes they lever them into position, hack out any stones embedded in the pungent orange flesh and heave the logs on to a runner. A bullnecked lumberman guides them through a buzzing circular saw, slicing them into rough boards. Another cuts them into planks, which his mate tosses onto a rising stack. It barely takes a minute to transform giant trunks into building material.

Most of it will be sold locally. The loggers, who belong to a rural co-operative (or ejido) that owns 680 hectares of the nearby Ocampo forest, will use the rest to make simple furniture. The business provides jobs for 20 of the ejido’s 138 members, hauling lumber, turning lathes and planting trees, and each member gets an annual profit share of around 15,000 pesos ($1,150).

Over 75% of Mexico’s forests, which range from temperate spruce and fir to tropical rainforest, are controlled by local communities, either ejidos or indigenous groups. Most were parcelled out in the 1920s, in a spate of land reform after Mexico’s 1910-20 revolution. Though much of this forest is technically owned by the state, the communities have strong rights to it. They won control of logging permits in the late 1970s after protests by ejidatarios against commercial loggers had brought Mexico’s timber industry to its knees. The communities are not allowed to clear or sell their woods; otherwise they can do with them more or less as they please.

This makes Mexico a remarkable case study in what some consider as the best form of forest management. Most forests are claimed and mismanaged by governments. That can also mean dispossessing local people who, denied ownership of a forest they may have considered their own for centuries, tend to become protagonists in its destruction. An obvious solution is to put the forest back in local hands. Once they have tenure, it is argued, local people will regain their incentive to manage the forest sustainably, and trees and people will both flourish.

This is more radical than it may sound. Not long ago it was widely accepted that communally owned resources inevitably get overexploited because a few spoilers, or even a suspicion of them, are sufficient to make other users abandon prudential rules. Known as the “tragedy of the commons”, after a hugely influential 1968 essay by an American ecologist, Garrett Hardin, this theory was often cited by governments to justify their takeover of forests in the 1970s and 1980s.

But the tide may be turning. In the past two decades the area of forest in developing countries that is wholly or partly controlled locally has more than doubled, to over 400m hectares, or 27% of the total. That is partly due to a growing recognition that most governments make lousy forest conservationists, and a corresponding hope that locals will do better. That helps explain why 450,000 hectares of Guatemala’s Maya rainforest have been made over to 13 communities living there. But other factors have also contributed to the shift, including efforts to deal with the grievances of dispossessed indigenous people, especially in Latin America, and political decentralisation schemes, especially in Africa and Asia. Tanzania, for example, has devolved rights to about 2m hectares of its dryland forest. And in India a combination of political devolution, tree-hugging judges and activists for tribal folk has helped 275m people win more rights to their nearby forests.

With such diverse origins, the reforms now in progress vary greatly in scope, design and implementation. Yet most share three features: an emphasis on conserving forest; a prohibition on selling or clearing it; and a tendency to deliver less change than they promise. That is often because governments try to claw back control, in myriad ways. They may restrict forest pursuits such as collecting firewood or hunting. They may make it hard to obtain logging licences and other permits, either through incompetence or spite, or they may invent new ones for fun. In Nepal community foresters are not allowed to sell timber on the open market until they have offered it to neighbouring villagers.

Governments also like to keep the more valuable forests for themselves. In Cameroon this is policy. Moreover, even with strong rights to a potentially rich resource, naive villagers generally need advice, training and access to credit to manage it on a commercial basis, and that is rarely forthcoming. More often the forest’s new owners are undermined by petty officials’ preference for dealing with local elites. In Ghana and Cameroon this has allowed venal village chiefs to steal logging revenues.

Most of these troubles are evident in India. Its recent reform, passed in 2006 after an outcry over a court-ordered policy of forest enclosure, grants each household the right to four hectares of agricultural land and a share in local forest produce. But its implementation requires diligent officials, so not much has happened. And the record of an earlier Indian scheme, joint forest management, in which locals were promised a small share of timber revenues in return for deterring illegal logging and planting trees, is discouraging. It offered a few brilliant examples of co-operation between organised communities and motivated officials, but in many of the 85,000 communities covered by the scheme corrupt and controlling officials made participation hard. India-wide it did little for people or trees.


It all depends

Recent research by CIFOR on community forest management in 11 tropical countries suggests that such outcomes are not uncommon. In most of the examples studied, at least some benefit had accrued to some community members, but local control was not in itself a guarantee of better forest management. Where communities were given degraded forest and instructed to regenerate it, they generally did so. But where devolving forest rights provoked local conflict, as quite often happens, the forest usually suffered.

This does not mean that community forest management is no good. There is rarely a better way to balance the interests of poor people and forests. But to do a good job, communities need strong property rights and often technical help. Such assistance should not stifle their ideas on forest management, which are often, though not always, based on a deep understanding of the local ecosystem. Outcomes that are good for both trees and people will also depend on external factors such as law enforcement and access to timber markets. And in the way of forests, these conditions will vary greatly from place to place.

The state of the Maya forest is a good illustration. Where the local foresters get tourism revenue from Mayan archaeological sites, it is thick with trees. In some other places, where the same indigenous communities have the same legal rights to the same sort of forest, it is degraded. “We should not think there’s any optimal form for preserving forests,” says Elinor Ostrom, an American political scientist who won last year’s Nobel prize for economics for her work on common property and collective action. “We find government forests that work and community forests that work and those that don’t,” she adds. “Panaceas, like thinking ‘community forests are always great’, are dangerous.”

That is true even of Mexico’s community forests. The Ocampo ejido is inspiring. Its members began logging their forest in 1989, and with the profits they made they bought their sawmill two years later. The forest, most of which is inside a famous butterfly reserve, has also thrived. Illegal logging has fallen—despite the recent entry into the trade of a cultish local narco-mafia, La Familia. Yet such examples are rare. Around 80% of Mexico’s community forests are not managed at all because the locals are unskilled or unorganised or their forest is difficult to log. The dry forests of southern Chiapas and Yucatán require expert management which is beyond the local indígenas. They are among Mexico’s poorest, most unlettered and most rebellious people, with weak property rights and rapidly disappearing forests.

And even in Michoacán, community forestry faces an uncertain future because it is inefficient. The Ocampo loggers’ sawmill is old, yet they are loth to upgrade it for a less labour-intensive model. They also confess to lacking the nous to find the niche markets their pine requires. It is of high quality, but at least 30% more expensive to produce than the sappy Chilean alternative. Overall, Mexico’s timber production has fallen by a third in the past decade, despite a $400m annual subsidy to the industry. To remedy this, the government is establishing a big plantation forestry which will make it even harder for the ejidatarios to compete.

“In terms of economics, community forestry doesn’t make much sense,” says Juan Manuel Torres Rojo, director-general of the Mexican forestry department. “But in terms of equity, and perhaps conservation, it’s the way to go.” He reckons community forest revenues need topping up by a third, and is looking to REDD.

lunes, abril 05, 2010

Forests May Depend on Survival of Native People

- Stephen Leahy / Peace, earth and justice news

MONTPELLIER, France, Mar 29 (IPS) - After the failures in Copenhagen to agree on a new climate protection treaty, and more recently at the Doha meetings on trade in endangered species to prevent bluefin tuna from going extinct, indigenous forest communities may offer examples of sensible governance for shared resources on a small planet.

Hundreds of poor Mexican Zapotec indigenous farmers have become owners of a multi-million-dollar diversified forest industry, offering an important model of a community-based enterprise that supports local people and conserves the natural environment, says David Barton Bray, a professor and associate chair in the Department of Earth and Environment at Florida International University in Miami.

The farmers of Ixtlan de Juarez, a forest community in the Sierra Norte mountains of central Mexico, utilise their strong traditional community values and communal ownership of more than 21,000 hectares of pine and oak forest to run a successful business that benefits the entire community. There is no private property, and rather than establishing a business to maximise profits, the people of Ixtlan, and in other Zapotec communities of Mexico with similar forest-based enterprises, focus on job creation, reducing emigration to cities and enhancing the overall well-being of the community, Bray told participants at the Smallholder and Community Forestry conference here in Montpellier.

"Communities will be more important in the years to come because they can address vital issues that the state and the market cannot," Bray, an expert on community forests in Mexico and Central America, told IPS.

The survival of much of the world's forests may well depend of the survival of local communities. A quarter of the world's remaining forests are controlled by about one billion local people, says Estebancio Castro Diaz of the Kuna Nation in Panama, who is executive director for the International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of Tropical Forests.

"Local control is good for the people and good for the forest," Castro Diaz told participants attending the conference organised by the Centre for International Forestry Research, headquartered in Indonesia, the French research institute for development and the French international research centre for agricultural development.

"The forest is a supermarket for us, it is not just about timber," he said.

For those reasons, more than 90 percent of the forests controlled by the Kuna people are still standing. "We need to communicate there are broad benefits to the larger society for local control of forests," Diaz said.

In sharp contrast to the usual nation-state or private enterprise overexploitation of commonly-held lands, oceans or other resources - characterised as the "tragedy of the commons" - local communities can set and enforce rules to maintain their landscapes, conserve biodiversity and improve livelihoods for the long term, Bray suggests.

The glue and the grease that makes this all work is social capital, he adds. Communal trust, deeply shared values that arise from long experience and knowledge are some of the ingredients of social capital.

In Mexico's Ixtlán, community service is obligatory but goes far beyond being a "volunteer" as understood in developed countries. Virtually everything in the community is run by local people as part of their 'duties' as a community member.

This includes being part of administration, neighbourhood, school and church committees to performing the actual roles of community policeman to municipal president, says Bray. At any one time, 10 percent of the adults are involved and everyone has physical labour obligations that require up to 20 days a year for things like road repair, fire fighting and so on.

All of this is overseen by an assembly of members of the community that meets four times a year in days-long sessions. Here, policy decisions and elections to fill the various roles are made as well as the election of leaders who hold three-year terms. In return community members receive extraordinary benefits compared to other poor regions, including health and social benefits, above-average wages for work in commercial enterprises, access to low-interest loans, old-age pensions and more, he says.

The Ixtlán forestry enterprise employs up to 280 people and includes a tree nursery, saw mill and furniture making factory. About 7,500 of the 21,000 hectares of community forest is under commercial use and certified by the Rainforest Alliance and WWF. That certification illustrates the need for support beyond the community including government, markets and NGOs.

Bray acknowledges the timber harvest, although well-managed, is changing the character of the forest and reducing the number and diversity of species. It's a tradeoff, he says. The local people need the income but they are managing forests for the long term.

"Done right, timber production can increase forest cover and incomes for local people," Bray says based on his studies.

Of the 2,300 local communities in Mexico who are involved in timber production, about one-third have their own equipment, saw mills or furniture-making facilities, which is unique in Latin America. Virtually everywhere else timber is harvested by commercial logging companies, often to the detriment of local people and the environment.

In an effort to change this, the World Bank, FAO, IUCN and others have formed a "Growing Forests Partnership" to find ways to support community-managed forests, said Chris Buss of IUCN. Not only is this partnership trying to ensure that indigenous and local people are involved in their national government's forestry policy, but also to find ways to channel financial investment into local forest management be it for timber, Brazil nuts or other uses.
Forests May Depend on Survival of Native People
Stephen Leahy

MONTPELLIER, France, Mar 29 (IPS) - After the failures in Copenhagen to agree on a new climate protection treaty, and more recently at the Doha meetings on trade in endangered species to prevent bluefin tuna from going extinct, indigenous forest communities may offer examples of sensible governance for shared resources on a small planet.

Hundreds of poor Mexican Zapotec indigenous farmers have become owners of a multi-million-dollar diversified forest industry, offering an important model of a community-based enterprise that supports local people and conserves the natural environment, says David Barton Bray, a professor and associate chair in the Department of Earth and Environment at Florida International University in Miami.


The farmers of Ixtlán de Juarez, a forest community in the Sierra Norte mountains of central Mexico, utilise their strong traditional community values and communal ownership of more than 21,000 hectares of pine and oak forest to run a successful business that benefits the entire community. There is no private property, and rather than establishing a business to maximise profits, the people of Ixtlán, and in other Zapotec communities of Mexico with similar forest-based enterprises, focus on job creation, reducing emigration to cities and enhancing the overall well-being of the community, Bray told participants at the Smallholder and Community Forestry conference here in Montpellier.


"Communities will be more important in the years to come because they can address vital issues that the state and the market cannot," Bray, an expert on community forests in Mexico and Central America, told IPS.

The survival of much of the world's forests may well depend of the survival of local communities. A quarter of the world's remaining forests are controlled by about one billion local people, says Estebancio Castro Diaz of the Kuna Nation in Panama, who is executive director for the International Alliance of Indigenous and Tribal Peoples of Tropical Forests.

"Local control is good for the people and good for the forest," Castro Diaz told participants attending the conference organised by the Centre for International Forestry Research, headquartered in Indonesia, the French research institute for development and the French international research centre for agricultural development.

"The forest is a supermarket for us, it is not just about timber," he said.

For those reasons, more than 90 percent of the forests controlled by the Kuna people are still standing. "We need to communicate there are broad benefits to the larger society for local control of forests," Diaz said.

In sharp contrast to the usual nation-state or private enterprise overexploitation of commonly-held lands, oceans or other resources - characterised as the "tragedy of the commons" - local communities can set and enforce rules to maintain their landscapes, conserve biodiversity and improve livelihoods for the long term, Bray suggests.

The glue and the grease that makes this all work is social capital, he adds. Communal trust, deeply shared values that arise from long experience and knowledge are some of the ingredients of social capital.

In Mexico's Ixtlán, community service is obligatory but goes far beyond being a "volunteer" as understood in developed countries. Virtually everything in the community is run by local people as part of their 'duties' as a community member.

This includes being part of administration, neighbourhood, school and church committees to performing the actual roles of community policeman to municipal president, says Bray. At any one time, 10 percent of the adults are involved and everyone has physical labour obligations that require up to 20 days a year for things like road repair, fire fighting and so on.

All of this is overseen by an assembly of members of the community that meets four times a year in days-long sessions. Here, policy decisions and elections to fill the various roles are made as well as the election of leaders who hold three-year terms. In return community members receive extraordinary benefits compared to other poor regions, including health and social benefits, above-average wages for work in commercial enterprises, access to low-interest loans, old-age pensions and more, he says.

The Ixtlán forestry enterprise employs up to 280 people and includes a tree nursery, saw mill and furniture making factory. About 7,500 of the 21,000 hectares of community forest is under commercial use and certified by the Rainforest Alliance and WWF. That certification illustrates the need for support beyond the community including government, markets and NGOs.

Bray acknowledges the timber harvest, although well-managed, is changing the character of the forest and reducing the number and diversity of species. It's a tradeoff, he says. The local people need the income but they are managing forests for the long term.

"Done right, timber production can increase forest cover and incomes for local people," Bray says based on his studies.

Of the 2,300 local communities in Mexico who are involved in timber production, about one-third have their own equipment, saw mills or furniture-making facilities, which is unique in Latin America. Virtually everywhere else timber is harvested by commercial logging companies, often to the detriment of local people and the environment.

In an effort to change this, the World Bank, FAO, IUCN and others have formed a "Growing Forests Partnership" to find ways to support community-managed forests, said Chris Buss of IUCN. Not only is this partnership trying to ensure that indigenous and local people are involved in their national government's forestry policy, but also to find ways to channel financial investment into local forest management be it for timber, Brazil nuts or other uses.

domingo, abril 05, 2009

Bosques oaxaqueños: Ejemplo mundial de manejo forestal sustentable

Revista Vértigo, 29 de Marzo de 2009 Teresa Martínez | enviada

En Oaxaca la mayoría de los municipios cuenta con gran biodiversidad asociada a la superficie boscosa, pero también registra altos grados de marginación.

La conservación de los bosques mexicanos es una de las medidas más urgentes para mejorar la calidad del aire, aminorar la crisis que genera la escasez de recursos hídricos, mantener la supervivencia de la biodiversidad asociada a ellos y aminorar el impacto del calentamiento global.

Leonardo Álvarez Romo, legislador federal del Partido Verde, destaca que es fundamental la conservación de los bosques de México, pues prestan servicios ambientales tan importantes como la captura de carbono y la producción de agua, además de ser una pieza clave en la disminución de los efectos del calentamiento global.

leer mas...

martes, marzo 03, 2009

Silvicultores de Oaxaca piden exención del ISR

Integrantes del sector advierten que de no obtener una respuesta positiva, están dispuestos a iniciar con movilizaciones en esa entidad y en el DF

Julián Sánchez
El Universal
Ciudad de México Lunes 02 de marzo de 2009 12:33

Unos 500 mil silvicultores del estado de Oaxaca pidieron a la Secretaría de Hacienda y al Congreso de la Unión, se otorgue la exención del pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) a empresas sociales sin fines de lucro, como se tenía hasta el 2001, pues de lo contrario miles de familias se irán a la quiebra.
Luis Pacheco Rodríguez, presidente de la Unión Estatal de Silvicultores del Estado de Oaxaca, advirtió que de no obtener una respuesta positiva, los integrantes de ese sector están dispuestos a radicalizar sus acciones e iniciar con movilizaciones en esa entidad y en el Distrito Federal, pues argumentó que han seguido la estrategia del diálogo pero no se les ha dado solución a su demanda.
Señaló que los recursos que hoy se pagan como gravamen necesitan ser utilizados en proyectos productivos en la región para reactivar la economía y generar fuentes de empleo y sustento para los habitantes del lugar.
Pacheco expuso que el Artículo 10-B de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, vigente hasta el 31 de Diciembre de 2001, señalaba que no pagaban el ISR por los ingresos que obtengan por el beneficio, conservación, comercialización, almacenamiento e industrialización de sus productos las personas morales de ejidos y comunidades y empresas sociales constituidas por avecindados e hijos de ejidatarios.
Sin embargo, con una reforma que entró en vigor el 2002, derogando el artículo referido, se envió a las empresas comunales al régimen simplificado, limitándolas únicamente a las actividades silvícolas, consistente en el aprovechamiento primario del recurso forestal y la primera venta, es decir la de madera en trozo.
Por ello, los silvicultores dedicados a la actividad forestal y fabricación de muebles, consideran que lo anterior es contradictorio con los programas federales que buscan impulsar el desarrollo de los procesos productivos de las empresas comunales. De ahí que solicitan que dicha exención sea también aplicada a todas las actividades económico-productivas realizadas a través de las empresas sociales comunitarias.
Sobre el particular, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado de la República, presentó el año pasado una reforma a la Ley del ISR para aquellos que se dedican a la silvicultura, el aprovechamiento y explotación de los bosques, queden exentos de ese gravamen. Sobre el particular, el senador de ese partido, Adolfo Toledo Infanzón señaló que se pretende elevar la calidad de vida de las comunidades y el crecimiento del empleo, así como las oportunidades de desarrollo humano y regional del país.
Coincidió con los silvicultores en que se contradice los programas federales que buscan impulsar el desarrollo de los procesos productivos de las empresas comunales y ejidales y la propia Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable, por lo que toca al aprovechamiento de los bosques para mejorar el nivel de vida de los mexicanos.

mma

lunes, enero 12, 2009

A Future with Forestry Community: Forest Enterprises Offer Hope for Rural Mexico

By Benjamin Hodgdon
Earth Island Instute Journal. Winter, 2008

It is before dawn when the late-1980s pickup truck rumbles to life outside Gabriel Reyes’s adobe-walled home, perched on the steep slopes of the Indigenous Zapotec community of San Juan Ozolotepec, high in the mountains of Mexico’s southern state of Oaxaca.
The truck’s cargo, young men in their teens and early 20s, bundled against the morning cold, are headed out on the first leg of a long, costly, and dangerous journey that will land them on the other side of the US border – if they are lucky. Watching the pickup climb the rocky, narrow track out of the village, Reyes shakes his head. “Many here see no future in the countryside,” he says. “That’s why I left when I was 15. But you can’t stay up north forever, and it is getting harder and harder to make it work in the US, especially now.”
Pointing through the clearing mists to San Juan’s pine-studded hillsides, his face changes. “That right there is our best hope – the trees on our land. If we manage them right, they could secure a better future for me, for my family, for this whole community.” Reyes’s optimism is startling, given the problems his village faces.
Over the last decade, local agricultural production has all but collapsed, and, as a result, most families in San Juan rely on remittances from migrants working in the US to make ends meet. At the same time, deforestation in this region is up sharply, and land conflicts in surrounding communities have erupted, at times turning violent. More menacingly, narcotics trafficking routes are being carved through the remote mountain forests around San Juan as drug smuggling operations are squeezed out of more accessible territory by President Felipe Calderon’s increasingly militarized war on drugs.
In the face of all these challenges, the growing number of Mexican communities taking control of their forests form an underappreciated success story. What has taken root here is a rarity in the Global South, where headlines tell almost exclusively of the continuing destruction of forests and further marginalization of the rural communities that rely on them.
In Mexico, by contrast, where over half the forests are under community tenure, locals have developed what is probably the most advanced community forestry sector on Earth. There are currently more than 2,000 localities throughout Mexico practicing forestry, many in the poorest and most remote corners of the country, where the interrelated problems of poverty, migration, rural crime, and environmental degradation are most acute.
Three decades after the first Mexican communities organized to wrest control of their forests from concessionaires, strong evidence shows that forestry offers one of the best solutions to the rural crisis. Successful community forestry operations create local employment and increase family incomes, as well as generate funds for infrastructure and social services that the government fails to deliver.
In many communities, the development of local forestry enterprises has helped stem the tide of rural migration while bolstering local pride and Indigenous traditions, and reducing illicit activities and social conflict. Recent scientific analyses show that well-managed community forests are more effective than parks or conservation areas in maintaining forest cover, protecting biodiversity, and safeguarding ecological services like watershed health and carbon sequestration. It is a model that Reyes and other leaders in San Juan have decided to extend to their own community.
In Mexico, more than half of the forests are under village tenure, and locals have developed what is probably the most advanced community forestry sector on Earth. “With community forestry, we see it is possible to conserve our resources, but at the same time to be productive and competitive, and to start rebuilding our local economy,” says Mario Zavaleta Perez, who has taken a lead role in developing forestry in San Juan. “Our goal is to be a community that offers a future for our children and that is a model for our neighbors. And one where no one leaves for lack of work.”
A lofty vision for sure. But evidence suggests that San Juan’s chances are good, especially given the substantial size of their forest, which extends over 10,000 acres. What is happening in San Juan has importance far beyond these remote mountains. Despite all the noise over immigration in US political debates, there is almost no discussion about how the lack of opportunities in places like San Juan helps drive the outflow of migrants. Even less discussion surrounds constructive ways to address the rural crisis in Mexico.
The efforts to build community forestry are a compelling example of a regime of natural resource conservation that provides for a sustainable source of employment for local economies. But it is a model whose future is uncertain. Legend has it that Hernán Cortés, when asked to describe Mexico upon his return to Spain in 1528, ostentatiously crumpled up a piece of paper and laid it out on a table before him. Cortés had recently been in Oaxaca, a place that, as he lamented to King Charles V, was “so mountainous it simply cannot be traveled,” causing problems for the conquest.
Today, twisting along Oaxaca’s serpentine mountain roads, Cortés’s summation of the state’s topography comes to life. Few other places can match Oaxaca’s sheer magnitude of variable landscapes packed into such a small area.
In a single day, it is possible to go from lowland tropical rainforest to high desert spiked with nopal, up to pine-fir forest cloaked in mists at 12,000 feet and down finally into brackish-water mangroves along the Pacific coast.
Mixed in along the way are vast expanses of oak woodland, dry deciduous tropical forest, and elfin cloud forest draped in mosses, lichen, and ferns. About the size of Indiana, Oaxaca is perhaps best described as a place of opposites, a constant ecotone, where seemingly incongruent associations are commonplace: palms with pines, agave sheltered by fir, parakeets in thorny vulture country. This tremendous diversity also expresses itself in the range of distinct human ethnicities present in Oaxaca.
There are 16 Indigenous groups who collectively represent nearly half of the state population. These groups have inhabited the area for thousands of years. (Oaxaca is widely agreed to be the site of the first domestication of maize, and it is still home to the largest diversity of maize varieties on earth.) Many Indigenous communities maintain a strong tradition of autonomy, preserving pre-Hispanic forms of social organization and ties to pre-Christian belief systems.
Residents in San Juan Ozolotepec are working with neighboring villages to create jobs by managing their forests. As is often the case worldwide, however, Oaxaca’s wealth of natural and cultural capital coincides with high poverty rates, low development indicators, and deep inequalities in the distribution of power and wealth. According to the World Bank, almost half of Oaxaca’s population lives in conditions of extreme poverty, nearly all of which are Indigenous communities.
Though Mexico as a whole is considered by the United Nations to be a middle-income country, “in fact there are places in Oaxaca where poverty and the lack of access to social services is similar to that of sub-Saharan African countries,” says Harry Patrinos of the World Bank, who recently co-edited a book on Indigenous peoples and poverty in Latin America. While poverty is dropping in some parts of Mexico, trends in rural villages like San Juan do not inspire confidence.
The passage of NAFTA in 1994 accelerated a decline in local agricultural output that began during the Green Revolution. As a result, income from agriculture and other local production accounts for less than five percent of household income in San Juan, according to a local NGO called GAIA. Handouts from government programs, by contrast, account for some 12 percent of income. By far, the most important livelihood source for people here is remittances, amounting to 66 percent of household income, nearly all of which comes from relatives working in the US. “The huge reliance on remittances in places like San Juan serves as an incentive for increased migration, since it shows people how much money can be made working up north,” says Marco Antonio Gonzalez Ortiz, GAIA’s director.
“But this makes communities particularly vulnerable, especially given current economic trends in the US.” Indeed, remittances have been dropping precipitously; the Bank of Mexico reported in October that the amount of money sent back by migrants fell by 12 percent in 2008. “What is clear is that there is an increasing need for locally productive systems, to restore community livelihoods,” Gonzalez Ortiz adds. “But with the challenges facing many communities, it is no easy task.” This is the reality of rural Mexico – a story that is not well known in the US, and one that suggests that the outflow of migrants has as much to do with lack of opportunity at home as it does with the draw of some irresistible “American Dream.”
In fact, the vast majority of the new wave of migrants from Oaxaca, like Reyes, return after just a few years; few intend to stay in the US permanently. While it is true that many will migrate no matter what – in some communities, migration has become a rite of passage – the availability of work in forestry makes it more likely that others will stay, and that those who return will decide not to migrate again.
In June 2007, as CNN’s Lou Dobbs lambasted an immigration bill on its way to defeat in the US Congress – mocking as “outrageous” a clause in the legislation that would have provided aid to the Mexican countryside as a way to stem migration – Norberto Uriel Lopez Hernandez was arriving home to his small village in the Sierra Juarez of Oaxaca after a long absence. This was neither the forced return of an “illegal alien,” nor an obligatory trip home for a local holiday. Rather, Lopez Hernandez was coming home to work.
A forester in his late 20s, Lopez Hernandez was returning to his village of Santiago Comaltepec, an indigenous Chinantec community about 70 miles north of the city of Oaxaca, to head up the Union of Zapotec-Chinantec Forest Producer Communities, a cooperative made up of his village and three neighboring communities.
Formed in 1989 after a decade-long struggle against concessionaire logging on their lands, UZACHI, as the union is known, manages an area of about 60,000 acres – over 70 percent of which is forested – for a range of ecosystem goods and services, including timber, non-wood forest products like mushrooms and ornamentals, ecotourism and, more recently, carbon sequestration.
The operation is certified by the Forest Stewardship Council, the best-known eco-labeling brand for forestry internationally, and is recognized as one of the most advanced community forestry enterprises in the world. “UZACHI is a marvel of community forestry,” says Dr. Michael Conroy, a former Ford Foundation officer in Mexico and senior research scholar at Yale. “Their operations, along with their commitment to social aims, has led to some of the best cumulative benefits anywhere in the world from community-based forestry.”
The environmental, social, and economic successes of UZACHI are undeniable. Last year, the union harvested nearly four million board feet of lumber, applying a rigorous silvicultural regime that zones areas specifically for biodiversity conservation as well as protection and restoration. Their efforts brought in more than $800,000 – no small sum in these communities. Of these profits, 30 percent is reinvested in forestry operations and used to pay salaries.
The rest goes to collective community projects. “Through forestry, we have been able to fund the provision of electricity and clean water, build roads, finance education, renovate public buildings and spaces, and provide help to people with special needs, like the elderly and widows,” says Lopez Hernandez. Walking through the cobblestone streets of Capulálpam de Méndez, Comaltepec’s cooperative neighbor, the benefits of forestry are obvious.
The village’s 16th-century church has been painstakingly restored, as has its central square, marked by a towering gazebo and bordered by a string of shops bustling with business, including a café with broadband Internet connection. It is a scene in stark contrast to much of the Mexican countryside.
Over time, the UZACHI communities have also built up value-added processing: The four communities each have their own sawmill, and local furniture factories have sprung up. These businesses, plus the technical forestry operations team, provide year-round jobs for some 135 people; seasonal work during harvesting employs many more.

The passage of NAFTA in 1994 accelerated a decline in local agricultural output that began during the Green Revolution.
As a result, farm earnings have plummeted, helping to spur the
flood of migration to the North.
The heart of UZACHI’s success, Lopez Hernandez says, lies in the fact that management is communal. The forests, handed over as part of a massive rural land reform set in motion after the Mexican Revolution, is held as common property and managed according to rules formally recognized by the government, giving the villages a great deal of autonomy in decision making.
It is an arrangement that is highly uncommon for forest management globally. “In other countries, governments historically spent their time legislating common property and Indigenous governance out of existence,” says David Bray, a professor at Florida International University. “In Mexico, the opposite happened. Communal property was legislated into existence, and local systems for decision making were given official recognition.” All management decisions taken by UZACHI are vetted by each community’s assembly, a gathering not unlike a town council meeting (except that assembly meetings often go all day and all night, and are often, by tradition, consensus based). Similarly, all decisions on the use of benefits – how much to use on enterprise development, school upgrades, or the yearly fiesta – are made collectively in community assemblies.
Although the Mexican government has been criticized for its lack of attention to Indigenous rights and rural development, in the forestry sector it has in many ways been a force for positive change. “From the government’s perspective, community forestry is a good deal,” says Salvador Anta Fonseca, an official with the federal agency in charge of forestry in Oaxaca. “What we invest in helping to promote community forestry is paid back many times over, not only in taxes levied on sales, but in terms of the concrete benefits forestry generates for communities.
And, with highly developed enterprises, there is definitely a positive effect on migration.” But communities that have developed as far as UZACHI account for just a small fraction of those who have forests. The challenge now, Anta Fonseca and others say, is to extend the model to communities on the forestry frontier – communities like San Juan Ozolotepec.
IKEA and other big buyers want huge volumes of a single species at low prices – something isolated communities can’t deliver. It takes all day to reach San Juan from the city of Oaxaca.
Leaving the hot, arid valley and climbing into the Sierra Sur, the temperature drops, often suddenly, and the trademark pines of the Oaxaca mountains appear, with gnarled oaks in the understory. Once the pavement ends, the drive slows considerably, as does the pace of life in these pueblos. Even the time changes, falling back an hour during the summer months: Zapotec communities do not use daylight savings time, instead staying year round with la hora de Dios.
The approach to San Juan is stunning and treacherous. After hours of winding through narrow valleys and across forested slopes, the road seems to end, disappearing around a hairpin turn carved into sheer cliff face that drops precipitously into the mist. A
t nearly 7,000 feet, San Juan sits literally in the clouds. (The community’s lands, however, stretch from 3,900 feet to over 12,000.) San Juan’s 17th-century church, the oldest in this part of the Sierra, appears momentarily in a break in the clouds, framed by a distant waterfall. Tiny milpa plots – the ancient American swidden of maize, beans, and squash – are planted on impossible slopes.
For years, San Juan’s isolation meant that its large tracts of forest were subject to little commercial exploitation. In the 1980s, however, as more accessible areas were logged out, timbering began in earnest, directed by outside private sector agents.
Their logging activities degraded forest stands, and timber sales benefited only a small clique of connected individuals. By the mid-1990s, the lack of transparency with timbering was causing serious problems in the community, culminating in a violent confrontation.
Shortly thereafter, the community assembly voted to disallow all timber harvesting on their lands.
In 2007, with the help of GAIA, San Juan started a land-use planning exercise in which forestry emerged as an important element. But locals were hesitant. “After all that happened in our community with bad logging and fraud, when we started considering forestry, there were serious doubts,” says Alfonso Cruz Cortes, head of the committee in San Juan that oversees management of communal resources.
Community members started thinking differently after a week-long visit by San Juan leaders to UZACHI, where they saw community forestry in action. “Seeing for ourselves that forest management does not mean forest degradation, but instead ensures conservation, plus all the benefits the UZACHI communities are getting from forestry, we decided to follow this path ourselves,” Cruz Cortes says.
Shortly thereafter, San Juan and UZACHI created a formal alliance, and have begun developing a forest management plan for San Juan’s forest, with support from GAIA and funding from Anta Fonseca’s agency.
But huge challenges remain. The Calderon administration, bowing to business interests, continues to invest heavily in commercial tree plantations at the expense of community forestry in natural forests.
At the same time, lowered trade barriers threaten to undermine even the most advanced forestry enterprises. “We cannot compete with Chilean plantation-grown timber, which is so much cheaper on the international market,” one UZACHI forester tells me. “And even though IKEA and other big buyers say they want certified wood, they want what we can’t deliver: huge volumes of single species at low prices.
Our costs, because of the way we do forestry, are simply higher.” Such are the obstacles to making community forestry work in Mexico. Clearly the sector will need continued support to survive and expand.
But given its global benefits, its potential impact on migration, and its track record of success, it seems reasonable that the US should support such efforts.
With just a fraction of what is spent every day in Iraq, for example, the US taxpayer could help leverage significant and positive impact in the Mexican countryside – a far more effective strategy, it would seem, than building walls to keep people out.
—Benjamin D. Hodgdon is a forester and social ecologist who works on community forestry in Latin America and Southeast Asia.