10 de marzo de 2010 - CCAD
Area: Medio Ambiente
Con el permiso del creador y formador, de la madre tierra y de nuestros ancestros, los Pueblos Indígenas, Comunidades locales y Afrodescendientes de los Países de México, Belice, Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica y Panamá, reunidos en la Ciudad de Mérida, Yucatán, los días 6, 7 y 8 de marzo 2010, de cara al III Congreso Mesoamericano de Áreas Protegidas, queremos reafirmar que hemos existido desde tiempos inmemoriales en éste territorio y antes de la conformación de los actuales Estados Nación.
Durante las últimas cuatro décadas nuestros territorios ricos en diversidad cultural, biodiversidad, conocimientos tradicionales, endemismos, centros y lugares sagrados, han sido objeto de reiterados sistemas colonialistas de despojo, expropiación, biopiratería, bioprospección, enajenación, declaración de áreas protegidas y megaproyectos. Y si bien se ha avanzado en algunos instrumentos internacionales que reconocen los derechos específicos de nuestros pueblos, tales como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, el Convenio sobre la Diversidad Biológica, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, entre otros, éstos no han sido implementados ni respetados por los Estados.
Considerando que los Estados de Mesoamerica han suscrito diversos compromisos internacionales, entre ellos, la meta clave número 8 del Plan de Acción del V Congreso Mundial de Parques, celebrado en Johannesburgo, Sudáfrica 2002 que dice “todas las áreas protegidas existentes y futuras serán manejadas y establecidas en plena conformidad con los derechos de los pueblos indígenas, pueblos móviles y comunidades locales”, al igual que la meta clave número 10 y que cita “se establecerán y aplicarán, para 2010, mecanismos participativos para la restitución de las tierras y territorios tradicionales de pueblos indígenas que fueron incorporados en áreas protegidas sin su consentimiento libre y conocimiento de causa”.
Así también atender los compromisos del Congreso Mundial de la Naturaleza celebrado en Barcelona, 2008, donde se reconoce el ejercicio de gobernanza y la adopción del espíritu de la declaración de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas en lo referente a Áreas Protegidas.
En nuestra concepción ancestral el territorio va más allá del espacio físico pues en él nacemos, crecemos y se reproduce nuestra cultura, y es allí en donde hemos de continuar la vida después de la vida, asimismo representa la seguridad y continuidad de las futuras generaciones.
La territorialidad es donde desarrollamos nuestra condición de sujetos de derechos políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales en la autogestión del Buen Vivir y la continuidad histórica de nuestra cosmovisión.
Por lo anterior:
DECLARAMOS:
1) Que la gestión de las Áreas Protegidas entre las partes interesadas (Estados, Investigadores, ONG’s, etc.) y los Sujetos de Derecho (Pueblos Indígenas), debe pasar primero y como prerrequisito fundamental por el reconocimiento a la libre determinación de nuestros Pueblos, derecho reconocido en la Declaración de la Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.
2) Debe asegurarse un marco jurídico a nivel de cada uno de los Estados de Mesoamerica en donde se garantice la plena y efectiva participación de los Pueblos Indígenas, comunidades locales y afrodescendientes en el manejo, conservación, protección y administración de las áreas protegidas establecidas dentro de sus territorios.
3) Que los pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes nos reservamos el derecho de establecimiento de áreas de gestión/conservación bajo nuestros propios sistemas normativos e instituciones.
4) Los Estados no declararán áreas protegidas o de conservación de cualquier tipo, en las tierras y territorios que los pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes histórica o tradicionalmente han usado, poseído u ocupado sin el consentimiento libre, previo e informado.
5) Asegurar que los ingresos como resultado del uso y usufructo de las áreas protegidas, debe ser distribuido e invertido para el Buen Vivir de las comunidades que habitan en esos territorios, y el fortalecimiento de sus instituciones y sistemas propios.
6) Exigimos a las Organizaciones no Gubernamentales a respetar las formas de organización y sistemas propios que los pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes tienen con sus tierras, territorios y recursos así como a adoptar e implementar el contenido de los diversos instrumentos internacionales en materia de derechos.
7) Exigimos a la cooperación internacional y nacional a establecer y mantener mecanismos articuladores y de relación directa con los pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes reconociendo la institucionalidad y los sistemas propios en la gestión de las tierras, territorios y recursos.
8) Invitamos a la sociedad civil organizada a respaldar, acompañar y respetar las propuestas de los pueblos indígenas, comunidades locales y afrodescendientes.
9) Iniciar procesos de restitución de tierras y territorios que fueron declaradas áreas protegidas sin el consentimiento libre, previo e informado. De igual forma exigimos que los fondos destinados para la conservación de la naturaleza le sean entregados bajo el principio compensatorio. Además exigimos el replanteamiento de las políticas de las áreas protegidas dado su fracaso en materia de conservación y uso sostenible.
10) Manifestamos nuestra preocupación por la actitud asumida por los gobiernos/Estados nacionales mesoamericanos en impulsar programas y proyectos de forma irresponsable, que afectan las formas de vida de nuestros pueblos, tales como Corredor Biológico Mesoamericano CBM, Reducción de Emisiones derivadas de la Deforestación y Degradación REDD, Plan Mérida, Estrategia Mesoamericana de Sostenibilidad Ambiental EMSA, entre otros en los que requerimos se incluye nuestra participación plena y efectiva por la tanto exigimos a que se establezcan los mecanismos adecuados y correspondientes.
Finalmente reiteramos nuestra disposición al dialogo constructivo para llegar a acuerdos y mecanismos de seguimiento reflejados en un plan de acción.
 | Declaración de Yucatán |
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