Bolivia busca "justicia climática"

James Painter, BBC, Barcelona

Un grupo de organizaciones sociales bolivianas intenta conseguir apoyo internacional en las conversaciones sobre el cambio climático que tienen lugar en Barcelona para la creación de un tribunal internacional especial que juzgue casos de “justicia climática.”

Las agrupaciones esperan que esa corte pueda instar a las empresas multinacionales a que paguen compensaciones a las comunidades indígenas que sufren el impacto del calentamiento global.

La propuesta cuenta con un fuerte respaldo del presidente de Bolivia, el aymara Evo Morales, y sus aliados del ALBA. La semana pasada, de visita en Londres, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, manifestó su apoyo a la propuesta y dijo que países como Ecuador y Bolivia precisan “cobrar la deuda ecológica que se les debe.”

Los negociadores bolivianos buscan aliados en otras partes del mundo que apoyen lo que ellos llaman “justicia climática,” sobre la cual decidiría un tribunal. “No queremos ser vistos como mendigos,” dijo a la BBC Ángela Navarro, una de las negociadoras. “No hemos venido a pedir limosna, queremos justicia.”

Los detalles sobre cómo trabajaría el tribunal y bajo qué auspicios actuaría se encuentran en los primeros pasos de elaboración. Los presidentes de los países del ALBA acordaron en su última reunión, en octubre, establecer un grupo de trabajo especial que examine la constitución de esa corte.

Deuda histórica

Los impulsores de la idea aseguran que los países industrializados y sus empresas tienen una deuda histórica por la contaminación que han hecho al planeta y que deberían pagar algún tipo de compensación.

“Las empresas petroleras de alguna manera deberían compensar a los pueblos indígenas, que están sufriendo los impactos,” dice Moisés Huarachi, quien representa a organizaciones sociales bolivianas y a la vez pertenece a la delegación oficial en Barcelona. “Tal vez esto sea a través de la transferencia de tecnología, no tanto de dinero.”

Huarachi está a favor de una nueva corte internacional imparcial que trabaje con independencia de las instituciones de Naciones Unidas, aunque quizás bajo la supervisión de la ONU. “Nosotros, los pueblos indígenas, no confiamos mucho en los mecanismos de las Naciones Unidas.”

El mes pasado, las organizaciones sociales de Bolivia recrearon su propia versión del tribunal sobre cambio climático en Cochabamba, integrado por expertos internacionales de medio ambiente que “escucharon” siete casos de comunidades de Bolivia, El Salvador, Colombia y Perú que se ven afectadas por el cambio climático o por la actividad de empresas mineras.

Los organizadores explicaron que la corte no tenía poder legal, pero que “respondió a la necesidad de dar respuesta a una ausencia de mecanismos e instituciones que sancionen los delitos climáticos.”

Bolivia amenazada

Uno de los casos estudiados en Cochabamba fue el de la comunidad aymara de Khapi, que reside en las alturas de los Andes bolivianos. Sus habitantes temen ser gravemente afectados por el derretimiento del glaciar Illimani, que suple de agua a la comunidad.

Su apremiante situación está explicada en un detallado informe emitido esta semana en Barcelona por la agencia de desarrollo internacional Oxfam que trata sobre la vulnerabilidad de Bolivia ante el cambio climático.
Glaciar del Ilimani

El glaciar del Illimani podría desaparecer.

Según el informe, el derretimiento de glaciares, los desastres naturales, la propagación de enfermedades, los incendios forestales y el clima cambiante amenazan con dañar a Bolivia, uno de los países más pobres de América Latina.

Sin embargo, el informe también señala que Bolivia es responsable de un pequeño porcentaje de emisiones globales.

El documento concluye que “las recientes propuestas del gobierno boliviano para la conformación de un tribunal internacional de justicia climática resaltan la necesidad de (…) mecanismos de rendición de cuentas, que exijan responsabilidad de los países o entidades que aporten a la contaminación, a la vez que compense a los países vulnerables.”

Derechos de la Madre Tierra

Los críticos vaticinan que, si entra en vigencia, la propuesta deberá sortear grandes obstáculos y que será difícil dar a una corte internacional el estatus legal para multar a empresas por “delitos climáticos.” Por otra parte, la idea de un tribunal puede perderse en la marea de propuestas emitidas por países latinoamericanos.

Brasil y México, las dos voces más fuertes de América Latina en las conversaciones sobre cambio climático, se enfocan en cuánto deberían reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en caso de que los países desarrollados acepten realizar mayores reducciones y mejores ayudas a los países en desarrollo.

Uruguay anunció en las conversaciones que espera aumentar la proporción de energía renovable al 15% para 2015. Perú habla de recortar las emisiones producidas por la deforestación, mientras que incluso Ecuador, uno de los mayores impulsores del tribunal, prioriza la idea de recibir dinero de la comunidad internacional por no explotar el petróleo del parque nacional de Yasuni.

Sin embargo, Moisés Huarachi cree que otros países fuera de América Latina que han apoyado las ideas bolivianas en reuniones anteriores darán su respaldo. “En Bangkok muchos países apoyaron la idea de los derechos de la Madre Tierra. Por lógica, alguien tiene que sancionar estos derechos.”

Huarachi espera que algunos países africanos respalden la incorporación de esta corte en el texto final del acuerdo de Barcelona.