Debate forestal

Leticia Merino (1)

El Universal, 21 de febrero de 2009

La polémica en torno a ProÁrbol expresa el interés creciente de la sociedad por el sector forestal y la política pública que lo atiende.

Resalta la voz de la maestra Julia Carabias en Reforma. Coincido en algunos planteamientos, como que ProÁrbol es el instrumento que incluye por primera vez distintos temas del campo forestal: programas de conservación, reforestación, apoyo a la producción y productividad y búsqueda del fortalecimiento de la organización de las comunidades. Hasta hace pocos años un instrumento así era impensable.

Como ella menciona, la importancia presupuestal que Presidencia ha concedido al ProÁrbol no tiene precedentes: entre 2000 y 2008 la inversión federal en el sector se incrementó en más de 800%. Esto representa ventajas que sería irresponsable desconocer o destruir, pero estos avances son insuficientes.

1. Más de 70% de la extensión forestal de México es propiedad de ejidos y comunidades agrarias. Los protagonistas centrales del sector, las comunidades forestales, debieran adquirir en el debate un peso que hasta hoy no han tenido.

2. Si bien ProÁrbol incluye diversidad de temas, la distribución de recursos entre programas presenta sesgos por compromisos internacionales y es definida sólo por la Conafor. En 2008, 70% de los recursos se invirtieron en restauración, en algunos casos en detrimento del apoyo a la promoción de las capacidades de producción forestal y gestión comunitaria de los bosques.

3. Como señala Carabias, la restauración forestal es un proceso complejo. No obstante que ha habido aciertos, los esquemas de restauración presentan fallas frecuentes: al estar sujetos a los tiempos oficiales, condiciones fundamentales como la calidad de la planta y las semillas se subordinan al cumplimiento de tiempos preestablecidos. La reforestación se realiza al margen de la promoción de procesos de planeación y desarrollo de capacidades comunitarias, lo que la limita a largo plazo. Se reforesta a cambio de un subsidio, sin incentivos ni condiciones que garanticen o favorezcan la permanencia de las reforestaciones.

4. En distintas entidades forestales existen, desde hace más de 25 años, experiencias exitosas de manejo comunitario, poco conocidas y menos comprendidas, en Oaxaca, Guerrero, Chiapas, Quintana Roo, Jalisco, Michoacán, Guerrero y Chihuahua. Al evitar de manera estable la deforestación y el deterioro forestal contribuyen a la prestación de servicios hídricos y a la reducción de emisiones de carbono. Muchas de estas experiencias cuentan con certificados internacionales.

Estas experiencias enfrentan una amplia gama de problemas: sobrerregulación e ineficiencia de la gestión de permisos, extracciones ilegales y productos importados subsidiados, y conservacionismo desinformado. La inversión pública ha sido marginal: es a menudo el caso del esquema de pago por servicios ambientales o de las plantaciones forestales comerciales. Así, la drástica caída que la producción forestal ha registrado a partir de 2000, en el contexto del importante incremento de la inversión pública sectorial, implica pérdidas de capacidades para construir sustentabilidad.

5. Otra coincidencia es la importancia de evaluar la política pública, pero también aquí queda mucho por andar: las evaluaciones deben estar libres de conflicto de intereses, es decir, que no sean contratadas y controladas por la propia Conafor.

6. Por último es crítico retomar la denuncia repetida de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales sobre el corporativismo con que en muchas regiones y entidades han sido ejercidos los recursos de ProÁrbol.

Esta problemática refleja desconocimiento, prejuicios hacia la sociedad campesino forestal y el clima de descomposición, falta de democracia, centralismo y verticalidad que caracterizan al ejercicio político en México. Se pierden capacidades productivas en todo el país. La paradoja actual de la conservación y sustentabilidad forestales es que requieren insoslayablemente de políticas democráticas, conocedoras y comprometidas con el desarrollo local económico y social.

(1) Investigadora y miembro de Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible