lunes, diciembre 14, 2009

México puede alcanzar el 30% de reducción de emisiones con recursos propios

Copenhague, Dinamarca, a 13 de diciembre, 2009.
Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A.C.

· El país puede llevar a cabo acciones de bajo costo y alto impacto de mitigación en el corto plazo sin necesidad de depender de recursos del exterior.

Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA) considera que el anuncio del presidente Felipe Calderón de que México reducirá sus emisiones en 30 por ciento para el año 2020 es un paso adelante en el combate al cambio climático; y espera que estos objetivos no estén condicionados a la transferencia de tecnología y al financiamiento de países desarrollados.

México tiene diversas áreas de oportunidad para avanzar en acciones concretas que le permitan alcanzar la meta establecida, sin tener que depender necesariamente de recursos del extranjero. Instituciones como el Centro Mario Molina y el Banco Mundial han señalado que el país puede llevar a cabo medidas de muy bajo costo pero con impacto inmediato en la reducción de emisiones, tales como:

* Transporte público por medio de un sistema de autobuses confinados, tipo Metrobús
* Programas de eficiencia energética
* Controles de iluminación en edificios nuevos
* Establecer una norma oficial mexicana de eficiencia de motores en automóviles ligeros
* Programas de cogeneración en la industria de petróleo y gas
* Calentamiento solar de agua
* Promoción de energías renovables, principalmente solar, eólica y geotérmica
* Promover el fortalecimiento y desarrollo de comunidades forestales sustentables para evitar la deforestación
* Implementar proceso de separación y reciclaje de basura
* Fortalecer programas de sustitución de aparatos electrodomésticos por equipos altamente eficientes y de bajo consumo de energía como los refrigeradores
* Restauración de suelos orgánicos
* Utilización del gas metano producido en rellenos sanitarios para generación de energía eléctrica
* Producción y distribución de Diesel con bajo contenido de azufre para reconvertir la flota vehicular de gasolina.

El CEMDA, organización no gubernamental acreditada ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) y ha estado presente en las negociaciones de la Conferencia de las Partes del Acuerdo Marco de Naciones Unidas para el Desarrollo (COP).

En Copenhague, Dinamarca, a lo largo de esta semana se generó una importante expectativa respecto del anuncio que haría México el próximo jueves 17 de diciembre cuando el presidente Felipe Calderón hablará ante el Pleno de la Conferencia.

Dado que el gobierno federal ha adelantado dicho anuncio, el interés para México se centra ahora en conocer más concretamente las acciones que se tienen contempladas para alcanzar dicha meta así como el marco temporal para realizarlo. CEMDA solicitará a la delegación mexicana que especifique qué proporción del 30 por ciento anunciado podrá alcanzarse con recursos propios.

sábado, diciembre 12, 2009

Alcalde ecologista sigue preso

vie 11-dic-09, hcano <hcano1gz1@mac.com> escribió:

El día de hoy Javier Solórzano entrevistó a Mario Romero en la cárcel donde se encuentra recluido. Con todas la limitaciones, Mario expuso de manera muy clara su situación. Les paso una copia del audio y les pido la escuchen y nos ayuden a difundirla entre sus contactos. También es muy importante que puedan entrar a la página http://javiersolorzano.radiotrece.com.mx/2009/12/11/entrevista-con-mario-romero-tinoco/ y redactar un pequeño comentario sobre la misma y/o sobre la situación de Mario. Estamos en vísperas de conocer la resolución del recurso de amparo interpuesto contra el auto de formal prisión y es muy importante que en estos días redoblemos el esfuerzo por dar a conocer la situación de nuestro compañero y el pequeño acto que les pedimos es de gran ayuda.
Queremos ser optimistas dentro de lo que de sobra sabemos sobre la justicia en México: Todos los que han revisado el caso, abogados, jueces, magistrados, políticos de todos colores, comentan que no existen elementos para que Mario se encuentre preso y muchos de ellos han expresado su extrañeza por este hecho. Con estas opiniones documentamos nuestro optimismo, pero no podemos ser ingenuos... de tal manera que se acercan días de mucha actividad para dar a conocer a la sociedad la situación, la injusticia y la indefensión en que se encuentra el Profesor y de hecho cada uno de nosotros ante acusaciones del tipo de las que denunciamos. Ayudemos a Mario!

Dr. Horacio Cano Camacho
Centro Multidisciplinario de Estudios en Biotecnología, UMSNH
Carretera Morelia-Zinapécuaro, Km 9.5
Morelia, Michoacán, México
Tel 52 443 2958029

jueves, diciembre 10, 2009

Copenhague: Se Revela Complot contra los Paises en Desarrollo

The Guardian, Tuesday 8 December 2009

Por John Vidal

Las negociaciones climáticas de la ONU en Copenhague quedaron hoy en desorden, después de que los países en desarrollo reaccionaran con furia frente a documentos filtrados que demuestran que los líderes mundiales les pedirán la próxima semana que firmen un acuerdo que entregue más poder a los países ricos y margine el papel de la ONU en todas las futuras negociaciones sobre cambio climático.

COP15: A Haitian delegation during second-day session at the Bella center in Copenhagen

El documento también está siendo interpretado por los países en desarrollo como el establecimiento de limites desiguales de emisiones de carbono per cápita para los países desarrollados y países en desarrollo en 2050, lo que significa que a las personas en los países ricos se permitiría a emitir casi el doble que en las propuestas.
El llamado Texto Danés, un proyecto de acuerdo trabajado en secreto por un grupo de individuos conocidos como "el círculo del compromiso" – pero que incluye al Reino Unido, Estados Unidos y Dinamarca - sólo se ha enseñado a un puñado de países desde que se terminó esta semana.
El acuerdo, filtrado a The Guardian, es una salida del principio del Protocolo de Kyoto de que las naciones ricas, que han emitido la mayor parte del CO2, deben asumir compromisos firmes y vinculantes para reducir los gases de efecto invernadero, mientras que las naciones más pobres no se vean obligadas a actuar. El proyecto otorga el control efectivo de las finanzas del cambio climático al Banco Mundial, quien abandonaría el Protocolo de Kyoto - el único tratado jurídicamente vinculante que el mundo tiene sobre reducción de emisiones, y ganaría dinero para ayudar a los países pobres a adaptarse al cambio climático dependiendo de sus una serie de acciones por parte de ellos.
El documento descrito la noche anterior por un diplomático de alto rango como "un documento muy peligroso para los países en desarrollo. Se trata de una modificación fundamental de la balanza de las obligaciones de las Naciones Unidas. Iba a ser superpuesto sin debate en las conversaciones".
Un análisis del texto confidencia por los países en desarrollo también observado por The Guardian muestra un profundo malestar en los detalles del texto. En particular, se entiende que:

• Se forzará a los países en desarrollo a aceptar la reducción de emisiones y medidas concretas que no formaban parte del acuerdo original de la ONU;
• Se dividirá a los países más pobres mediante la creación de una nueva categoría de países en desarrollo llamados "los más vulnerables";
• Se debilita el papel de la ONU en el manejo de las finanzas del clima;
• No permite que los países pobres a emitan más de 1,44 toneladas de carbono por persona en 2050, mientras que los países ricos emitirían 2,67 toneladas.

Los países en desarrollo que han visto el texto con furia pues entienden que está siendo promovido por los países ricos sin su conocimiento y sin discusión en las negociaciones.
"Es que se está haciendo en secreto. Es evidente que la intención es conseguir que [Barack] Obama y los líderes de otros países ricos presionen cuando lleguen la próxima semana. Efectivamente, es el final del proceso de la ONU", dijo un diplomático, que pidió permanecer en el anonimato.
Antonio Hill, asesor de política climática de Oxfam Internacional, dijo: "Esto es sólo un proyecto pero se destaca el riesgo de que los países grandes se unan, y los pequeños reciban el daño. En cada recuento de reducción de las emisiones deben ser ampliadas. Se permite demasiadas lagunas y no sugiere nada sobre el 40% de recortes que la ciencia está diciendo que se necesita."
Hill continuó: "Se propone un fondo verde para ser dirigido por un consejo, pero el gran riesgo es que será administrado por el Banco Mundial y el Global Enviorment Factility [una asociación de 10 organismos como el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente] y no por las Naciones Unidas. Eso sería un paso atrás, y trata de poner restricciones en los países en desarrollo cuando ellos no han negociado en las primeras conversaciones sobre el clima de la ONU."
El texto fue elaborado por Dinamarca y los países ricos para ser un marco de trabajo, que será adaptado por los países durante la próxima semana. Es especialmente inflamatorio, ya que hace a un lado el proceso de negociación de las Naciones Unidas, y sugiere que los países ricos están desesperados para que los líderes mundiales tengan un texto para trabajar desde el momento en que lleguen la próxima semana.
Pocos números o cifras se incluyen en el texto, porque estos serían cubiertos en adelante por los líderes mundiales. Sin embargo, se trata de mantener el aumento de la temperatura a 2C, y se menciona la suma de $ 10 mil millones al año para ayudar a los países pobres a adaptarse al cambio climático entre 2012-15.

Original en: The Guardian

El futuro de la agricultura

Están disponibles cinco documentos importantes sobre el futuro de la agricultura en el mundo:

Una propuesta de financiamiento para la lucha contra el cambio climático

Project Syndicate / George Soros
10 dic 2009

COPENHAGUE – Ahora es generalmente aceptado que los países desarrollados tendrán que hacer una contribución financiera significativa para que el mundo en desarrollo pueda encarar el cambio climático. Se necesitan fondos para invertir en nuevas fuentes de energía bajas en carbono, reforestación y protección de las selvas tropicales, cambios en el uso del suelo, así como adaptación y mitigación. No obstante, no existe el mismo consenso en cuanto a la fuente de este financiamiento.

Los países desarrollados son reacios a asumir compromisos financieros adicionales. Sus deudas nacionales acaban de experimentar un aumento importante, y aún tienen que estimular sus economías internas. Esto influye en sus actitudes. Parece que lograrán improvisar un “fondo de arranque" de 10,000 millones de dólares anuales durante los próximos años pero sus presupuestos nacionales no pueden abarcar más. Es poco probable que esto sea suficiente para los países en desarrollo.

Pienso que esta cantidad podría por lo menos duplicarse y garantizarse por un periodo más largo. Los gobiernos de los países desarrollados están partiendo de la idea errónea de que los fondos deben salir de sus presupuestos nacionales. Sin embargo, eso no es así. Ya tienen el dinero. Está guardado sin usar en sus cuentas de reservas en el Fondo Monetario Internacional. Gastarlo no aumentaría el déficit fiscal de ningún país. Lo único que tienen que hacer es disponer del dinero.

En septiembre de 2009, el FMI distribuyó a sus miembros 283,000 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro, un instrumento financiero arcano, pero que en esencia constituye divisas adicionales. Estos derechos pueden utilizarse sólo para convertirlos en una de cuatro divisas, tras lo cual empiezan a generar intereses a una tasa combinada de los bonos del tesoro de esas cuatro divisas. En estos momentos, la tasa es inferior al 0.5%.

De los 283,000 millones de dólares recientemente distribuidos en DEG, más de 150,000 millones se destinaron a las 15 economías desarrolladas más grandes. Estos DEG estarán en gran parte sin utilizarse en las cuentas de reserva de estos países, que en realidad no necesitan de ninguna reserva adicional.

Propongo que los países desarrollados –además de crear un fondo rápido de arranque de 10,000 millones de dólares al año- unan fuerzas y presten 100,000 millones de dólares en DEG a 25 años para crear un fondo ambiental especial para el mundo en desarrollo. El fondo ayudaría a poner en marcha proyectos de silvicultura, agricultura y uso del suelo –áreas que ofrecen un gran potencial para reducir o mitigar las emisiones de carbono, y que podrían producir ganancias sustanciales en los mercados de carbono.

Las ganancias que esos fondos podrían generar van mucho más allá del tratamiento de las emisiones de carbono. Las ganancias por los proyectos del uso del suelo, por ejemplo, también podrían incluir el potencial para crear medios de vida rurales más sustentables, producir cosechas agrícolas mayores y más resistentes y generar empleo rural.

Esta es una idea simple y práctica que ya tiene precedentes. El Reino Unido y Francia prestaron 2,000 millones de dólares en DEG cada uno a un fondo especial del FMI para apoyar los préstamos en condiciones favorables a los países más pobres. En ese momento, el FMI asumió la responsabilidad por el capital y los intereses de los DEG. Lo mismo podría hacerse en este caso.

También propongo que los Estados miembros acepten usar las reservas en oro del FMI para garantizar el pago de intereses y el reembolso del capital. El FMI posee mucho oro –más de cien millones de onzas- que figura en libros a costo histórico. Por lo tanto, con los actuales precios del mercado, se cotiza a más de 100,000 millones de dólares por encima de su valor contable. Ya se ha decidido utilizarlo en beneficio de los países menos desarrollados. El fondo ambiental propuesto cumpliría este requisito.

Esto quiere decir que los países desarrollados que presten DEG no asumirían gastos por concepto de intereses ni responsabilidades por el reembolso. Hay algunos problemas técnicos serios en lo relativo a la compensación de los gastos por intereses con los ingresos por intereses, en particular en los Estados Unidos, pero el efecto neto sería neutro. Estas dificultades técnicas ya han obstaculizado intentos anteriores de dar un uso práctico a los DEG, pero no es el caso del fondo ambiental propuesto.

Hay tres argumentos poderosos a favor de esta propuesta. Primero, el fondo ambiental podría ser de carácter autofinanciable o incluso rentable; se usaría muy poco oro –si acaso- del FMI.

Segundo, los proyectos producirán ganancias sólo si los países desarrollados cooperan en el establecimiento del tipo correcto de mercados de carbono. La creación del fondo ambiental supondría implícitamente un compromiso para ello al poner en riesgo las reservas de oro del FMI.

Finalmente, este dinero estaría disponible ahora y ayudaría a poner en marcha proyectos de ahorro de carbono.

Por todas estas razones, los países desarrollados deberían aceptar mi propuesta. La cuestión fundamental es que se puede aumentar significativamente el monto disponible para luchar contra el calentamiento global en el mundo en desarrollo utilizando las asignaciones existentes de DEG y garantizando el pago de los intereses con las reservas de oro del FMI.

Lo único que hace falta es la voluntad política. El simple hecho de que utilizar los DEG requiere la aprobación del Congreso en los Estados Unidos garantiza que nada sucederá si no hay presión pública –incluyendo la presión de los países en desarrollo. No obstante, podría significar la diferencia entre el éxito y el fracaso en Copenhague.

Copyright: Project Syndicate, 2009.
www.project-syndicate.org
Traducción de Kena Nequiz

Copenhague: las resistencias del capital

La Jornada, Miércoles 9 de diciembre de 2009
Alejandro Nadal

El capital sólo puede existir como fracciones privadas de valorización. Son las empresas: centros de acumulación enfrascadas en una lucha constante para aumentar el valor de su núcleo de capital. El cambio técnico es uno de los instrumentos más importantes de esa competencia intercapitalista. Por eso el capitalismo genera continuamente innovaciones técnicas.

Éste es un rasgo que resaltan tanto los aduladores del capital como sus críticos. Y de ahí muchos concluyen que el capitalismo está dotado de una gran capacidad de adaptación a los cambios que se producen a su alrededor.

Pero el capitalismo también está lastrado por inercias profundas que frenan su capacidad de cambio. La razón es que una vez que se han realizado las inversiones asociadas a una trayectoria tecnológica, el capital tiene que amortizarlas y resiste los cambios con la misma tenacidad con la que antes empujaba las transformaciones. Por eso los funcionarios de las empresas transnacionales, que llevan la lógica del capital hasta en las venas, resistirán con todas sus fuerzas cualquier amenaza a su base de poder. La flexibilidad de la economía capitalista tiene límites poderosos.

Por ejemplo, hay algo que no ha cambiado en la trayectoria tecnológica del capitalismo en los últimos 200 años. El proceso de acumulación ha estado cristalizado sobre una plataforma energética de combustibles fósiles. Desde los albores de la revolución industrial la base material del capitalismo, a escala global, depende de una manera u otra de la extracción y utilización de combustibles fósiles. Este perfil energético terminó por alterar la composición química de la atmósfera en estos dos últimos siglos.

Hoy sabemos con certeza que esto constituye la peor amenaza para la especie humana. La única manera de enfrentar estos cambios en la atmósfera implica transformaciones profundas en la estructura material que sostiene la acumulación capitalista. El capitalismo resistirá esos cambios, porque los costos asociados se presentan como insoportables a los funcionarios del capital. La conferencia de Copenhague sobre cambio climático es la prueba.

En esta importante conferencia la solución planteada desde los centros de poder descansa en dos vertientes que son funcionales a la acumulación privada. La primera es el mercado de carbono, una falsa solución que acabará por imponerse en la declaración final de Copenhague. En este esquema, miles de empresas recibirán gratuitamente cuotas permitidas de emisiones de gases invernadero. Podrán vender el excedente no utilizado en un mercado especial, supuestamente creando los incentivos para la gran transformación de la base energética. Es un premio para los contaminadores históricos, no un instrumento eficaz para reducir y estabilizar las emisiones de gases invernadero.

La segunda vertiente es el esquema de financiamiento para que los países pobres puedan reducir sus emisiones y adaptarse a los efectos del cambio climático. La Agencia Internacional de Energía calcula las necesidades de los países que no son miembros de la OCDE en 197 mil millones de dólares (mmdd) de inversiones para reducir las emisiones de carbono para el año 2020. Si, como se propone por los países ricos, esos recursos son manejados por el Banco Mundial, ya nos podemos despedir de cualquier cosa que se parezca al desarrollo sustentable.

Obama piensa que los países ricos pueden llegar a un acuerdo sobre la cifra de 10 mmdd anuales en Copenhague. Pero también ha señalado que a largo plazo la mayor parte de los recursos deben provenir del sector privado. Para ello, la Casa Blanca y el Banco Mundial insisten en que los países pobres deben ofrecer incentivos para las inversiones que podrían reducir las emisiones de carbono. Ya sabemos cuáles son esos incentivos: apertura, privatización, desregulación. Es decir, hay que perpetuar el modelo neoliberal para asegurar una solución al cambio climático.

Así se cierra el círculo. Por un lado se exigirá a los países pobres mantener incentivos para atraer inversiones extranjeras necesarias que supuestamente reducirán las emisiones de gases invernadero. No importa que el modelo neoliberal sea un insulto social y ambiental. Por el otro lado, se va a garantizar que tengan acceso a un buen mercado internacional de bonos de carbono con el fin de canalizar más recursos para reducir las emisiones de carbono. No importa que el mercado de carbono sea un gran fracaso anunciado.

El capital y sus centros de poder prefieren llevar a la ruina al mundo entero, antes que sacrificar sus fuentes de privilegios. Las grandes corporaciones cuya capacidad productiva descansa en los combustibles fósiles van a oponer feroz resistencia a todo lo que suene a cambio. Poco importa que la perspectiva de procesos de cambio climático descontrolados constituya la peor amenaza para la humanidad y la biósfera. El capital, en su delirio de acumulación sin fin, está dispuesto a sacrificarlo todo. Si las organizaciones sociales no ejercen la presión suficiente, la conferencia de Copenhague será un espacio para profundizar la destrucción ambiental y la explotación social.

domingo, diciembre 06, 2009

A fair deal for forest people: working to ensure that REDD forests bear fruit for local communities

Commentary by Julie Fischer of Fauna & Flora International
special to mongabay.com
November 27, 2009

As world leaders meet to thrash out the next incarnation of the Kyoto climate agreement, the world waits with baited breath to see how greenhouse gas emissions from forests might be included. Despite the high powered nature of these important global decisions, the success of REDD will ultimately be decided by humble forest dependent communities, living in developing countries and perhaps currently oblivious to the negotiations taking place. Dr Julie Fischer, Communities Specialist on Fauna & Flora International and Macquarie Capital's Carbon Forests Taskforce, explains why REDD will fail unless it adequately accounts for, or indeed is steered by, these communities.

Less than a month away from the 15th Conference of the Parties for the UNFCCC, and serious debate continues on how a Reduced Emissions from Deforestation and Forest Degradation (REDD) mechanism could be incorporated into a 2012 climate change agreement. Fauna & Flora International (FFI) believes REDD should compliment a broader set of climate change mitigation strategies, which does not diminish the global imperative to reduce fossil fuel consumption or to set strict emission reduction targets for Annex 1 countries. However, well-designed REDD activities can make an immediate and direct contribution to reducing carbon emissions, whilst delivering biodiversity conservation benefits, and enhancing sustainable development and rural livelihoods. As a practitioner focused on the rights and well-being of local communities under REDD, my role is to ensure that the opportunities and benefits of REDD for communities are realized, and that the risks in turn are minimized.

Many critics have expressed legitimate concerns about REDD in terms of equity, governance, forest access and tenure, Indigenous Peoples and local communities' rights, and other critical social, economic and cultural issues. Meanwhile, natural forests in Indonesia, where FFI is pursuing a number of REDD initiatives, continue to be felled for conversion to palm oil, timber extraction, pulp and paper plantations, mining, food crop production and other uses. As tropical forests are cleared in the face of a changing global climate, biodiversity is being lost at an alarming rate and forest dependent communities are growing increasingly more vulnerable as their resource base dwindles. Local inhabitants have few, if any, alternative livelihood strategies to pursue. These global and local realities motivated FFI to design REDD projects with a focus on getting it right on the ground; and we are bolstered in taking on this challenge by the successes we have had in addressing habitat protection by tackling local livelihood issues.

FFI maintains that by designing REDD projects focused on local, forest dependent communities, we will conserve the forest. Thus, we see the forest not only for the trees and the sequestered carbon but in a more holistic way – biodiversity, watershed conservation, sustainable forest management and the people who depend on the forest resources. Realizing the potential of REDD requires us to address many of the critics' concerns head on. FFI is striving to do just that with its work under the FFI/Macquarie Carbon Forests Taskforce.

Our approach and methodology aims to enhance historic rights to forest resources by addressing key equity and rights issues in the design and development of REDD projects in diverse settings. Early and active community involvement in decisions about roles, responsibilities and benefits build trust among stakeholders. Through careful and fully participatory project design and implementation, REDD can be a win-win-win situation for the global climate, forest dependent communities, and biodiversity.

All the areas FFI has identified for prospective REDD projects in West Kalimantan (Indonesian Borneo) are on the brink of being cleared for timber and conversion to palm oil or pulp and paper plantations. Forest dependent and Adat communities, some of whom have customary rights but no statutory rights to the forested land, have been hitherto unsuccessful in stopping the primary drivers of deforestation resulting in destroyed local livelihoods and eroding the socio-cultural base of these communities. Developing robust and equitable methodologies and implementation approaches is complex, but a few broad principles guide our work; full stakeholder participation, a multi-tiered approach, a commitment to Free, Prior and Informed Consent (FPIC), a recognition of and focus on local resource use and management rights, equitable benefit sharing and the need for strong forest governance.

Participatory REDD project design and development.
Communities living around and within the boundaries of forested land identified as a potential REDD site are central to the development, design and implementation of any project that might occur. Currently the FFI/Macquarie Taskforce is working with national and local non-governmental organizations (NGOs) to design REDD projects that are based on local input and priorities. Inclusion of local community members within the project design team significantly strengthens the likely success of our projects. We are convinced that without full participation and leadership from local communities the proposed REDD sites will not remain forest for long. For this reason we are designing REDD projects with active participation from local stakeholders to assess the drivers of deforestation and develop strategies and interventions to reduce these threats. Their involvement helps provide alternative livelihoods and opportunities for income generation, collaborate on forest management planning and the design of transparent benefit-sharing mechanisms. Although it is too early to claim success, we are encouraged by the active debate and participation of local community members in the process.

A Multi-tiered Approach.
FFI takes an integrated approach to REDD project development, recognizing that any decision over a forest involves and affects multiple stakeholders. For example, in West Kalimantan we are assisting district and provincial governments in their spatial planning and budget exercises, recognizing that the future of forests are affected by broader land use decisions. We are also working with the palm oil industry to protect high conservation value forest as well as contributing to the national REDD policy dialogue in support of decentralized REDD governance, equitable benefit sharing, and community carbon rights.

Indigenous Peoples' rights and Free, Prior and Informed Consent (FPIC).
FFI is working closely with several local NGO partners to respect local communities' statutory and customary rights to forests and forest management in Indonesia under current laws and regulations. Close interaction with these organizations has provided us with valuable guidance and advice on REDD project design and a culturally appropriate FPIC process to ensure protection and respect of Indigenous People's and community rights throughout the process.


Forest governance.
Our proposed governance and management structure for each REDD project is to partner actively with the communities and local government around the forest to improve governance and management of the forest resources. Community representatives will sit at the table with other project proponents and have a decision-making role within the management structure established for each REDD site.

Any successful REDD project will ultimately be determined by successful forest management on the ground. Activities considered vital to maintain the carbon resource include fire control, law enforcement, capacity building of local forest managers and monitoring activities, along with activities that address key secondary drivers of deforestation, will be the shared responsibility of all project proponents.

Forest access and tenure security.
In many cases there is a convergence between the sites most at risk of destruction and those with unclear or disputed land rights. Where forest edge communities are quickly losing out in the face of plantation development and timber extraction, REDD offers an alternative. Our aim is to use REDD to strengthen local communities' access, use and tenure rights to forest land on which their livelihoods depend.

The way we do this will differ according to each scenario, from working directly with local small-holders who have secure and statutory rights to the land, to working with local communities to establish community carbon pools based on relevant national legislation for community forest tenure and customary claims to forest land. In other cases, where transferring customary rights to statutory rights is not yet feasible, we seek to acquire legal tenure over the forest land. Under this model, we partner directly with communities on REDD implementation, forest management and benefit-sharing. Furthermore, FFI is exploring ways and means to improve individual and collective tenure security of cultivated and forested land holdings bordering the proposed REDD sites by assisting communities to get customary land rights recognized under national land and forest law. We recognize that secure access and use rights may be even more central to the needs and demands of forest dependent communities than land ownership and our REDD project design will be based on maintaining and enhancing most local forest uses.

Activities such as uncontrolled clear cutting for agricultural production and illegal logging in the forest will need to stop. We will collaboratively reach this end by 1) developing sustainable forest management plans through a participatory process; 2) instituting community-designed, approved and enforced sanctions against unsustainable forest uses; 3) employing community members to manage the forest; 4) improving agricultural practices to increase productivity on cleared land; and 5) investing in reforestation and natural regeneration activities where alternative and sustainable logging operations can occur to meet local timber needs and 6) identifying and supporting alternative livelihood strategies and other means identified by local communities. FFI's commitment is to do no harm to communities and our aim is to improve livelihoods and ensure that REDD brings significant and real benefit to local communities around the proposed sites.

Equity in benefit distribution.
Our objective is to make certain that REDD fulfills its potential to be a powerful mechanism to improve livelihoods. Our biggest challenge is to ensure that all stakeholders see a positive return, whilst ensuring that the forest dependent poor get the best possible deal. To achieve this end, we work directly with communities in designing the means by which the financial benefits of REDD will be distributed at the local level.

Non-monetary benefits of REDD are also very significant and highly valued by many of the community members living around the proposed REDD sites. The right to manage the forest, with secure access to resources, such as limited use of timber harvesting and use of non-forest timber projects found within the forest, are highly desirable benefits for forest dependent communities. For example, in one area in which we are working communities have stipulated they must retain access to the forest for fishing, honey collection and rattan harvesting. Continued exploitation of these forest resources is totally compatible with REDD.

Strategies to improve livelihoods.
REDD ‘done right' can provide forest dependent communities with an alternative pathway to economic development – they will be able to earn their livelihood by keeping their forest rather than selling it, bargaining it away or having it cleared out from under them.

Dealing with the drivers of deforestation.
Throughout the REDD project implementation process FFI, along with local communities and national NGO partners, will continue to direct efforts to address several key drivers at the local, sub-national and national levels. For example, illegal logging, a secondary driver at all our proposed sites, will be addressed through promoting changes in government regulation, supporting participatory land use planning, as well as introducing sustainable forest management and supporting alternative livelihood strategies at the local level.

Quick action at all levels is necessary but when a complete overhaul is not possible, taking even small steps in the right direction is vital and will bring us closer to the shared objectives of improved livelihoods and strengthened rights for local communities, protection of biodiversity, and a reduction of global carbon emissions.

Forest carbon scheme hopes for green light in Copenhagen

David Fogarty, Climate Change Correspondent, Asia

View more at http://www.shell.com/home/content/responsible_energy/nef/

Tue Dec 1, 2009 2:49am EST

SINGAPORE (Reuters) - While nations bicker over the size of emissions cuts and climate funds, saving forests has turned out to be among the least contentious issues in U.N. climate talks and has achieved the most progress.

The reason, analysts and the world body say, is that curbing deforestation is an easy win for the climate and most countries support a U.N. scheme that aims to reward developing nations for protecting their remaining forests.

That bodes well for major U.N. climate talks that start next Monday in Copenhagen, where the scheme, called reduced emissions from deforestation and degradation (REDD), is likely to make further progress, though a number of issues need to be resolved.

Investors such as banks and some rich nations are pushing for REDD to be a success, potentially ushering in a carbon trading scheme from 2013 that could be worth billions of dollars a year.
"If anything is going to be delivered at Copenhagen it's going to be REDD," said Paul Winn, forest and climate campaigner for Greenpeace Australia.

"That is because we are looking at a huge global emissions source. There is also the recognition that it is a relatively cheap, easy form of emissions reductions," he told Reuters.
Forests soak up huge amounts of planet-warming carbon dioxide, such as emissions from burning fossil fuels. But the U.N.'s Food and Agricultural Organization says about 13 million hectares (32.5 million acres), or an area roughly the size of England, are destroyed annually.
That means deforestation contributes about 20 percent of mankind's greenhouse gas emissions annually, according to the U.N. climate panel, although a recent study says new calculations show the figure is about 12 percent.

MOST ADVANCED
"I think it's a foregone conclusion that REDD will be part of the new agreement. Ironically it's actually the most advanced now," said Tony La Vina, chairman of the REDD negotiations within the U.N. climate talks.

La Vina, of the Philippines, says the scheme still faced hurdles and more talks were needed to seal a broad framework.

But he said he had been surprised that, overall, the issue had been far less contentious than other parts of the climate negotiations, such as emissions targets and funding to help poorer nations adapt to global warming.

Financing for REDD was not a problem, he said.

"Developed countries are at the door with the funding and the capacity-building and support and they just want to make sure certain things are met," he said.

Bigger problems were trying to finalize which institutions would manage the cash, how to ensure developing nations had a say in how to use the money and the extent of the market's role in providing some or eventually all of the funds.

The broad idea of REDD is to reward developing countries with valuable carbon offsets for every tonne of CO2 that is saved from being emitted by protecting forests and rehabilitating them through replanting or sustainable management.

The problem is that such carbon measurement and accounting is complex and time-consuming to put in place, requires laws to be enacted, officials to be trained and investors to be assured that the scheme won't be undermined by corruption.

Ensuring the forests aren't simply cut down later, or that deforestation is displaced to another region or country, is another concern, and analysts say REDD's final technical design will have to take account of these issues.

ROLE OF THE MARKET
More immediately, La Vina said there was still debate in the negotiations over the role of the market.

"My reading is that the debate is not really about control. It's really about offsets," La Vina said, with some developing nations fundamentally opposed to REDD using carbon credits.
La Vina said there had been fights over how to enshrine the legal rights of indigenous people in a formal REDD pact and wording to protect the conversion of natural forests into plantations. But he expected further negotiations in Copenhagen and perhaps afterward would iron out differences.

Another issue is how to get nations up to speed for REDD.

The draft text backs a phased-in approach, allowing poorer countries to build up capacity to implement REDD projects on the ground depending on their circumstances before finally moving into actions that are measured according to results.

Winn of Greenpeace said one idea was to focus initially on setting benchmarks for curbing deforestation, so-called proxies, since this was easier.

"With deforestation proxies, you can do it at a national level, it is reasonably easily measured by satellite monitoring and you don't have get into more difficult areas of working how much carbon each hectare of forest (is locked away)," said Winn.

There was likely to be strong political pressure in Copenhagen to champion REDD, said Andrew Deutz director of international government relations at the Nature Conservancy but a formal agreement on REDD might have to wait till all the other pieces of a U.N. climate puzzle fell into place.

(Editing by Clarence Fernandez)

Google will monitor deforestation

LONDON, Nov. 20 (UPI) -- A proposed Google program would allow anyone with Internet access to spot illegal logging in tropical rainforests and report it, the company said.
The program, to be released next year, would let so-called armchair detectives report their findings to an agency monitoring whether countries were meeting their commitments to reduce deforestation, The Times of London reported Friday.

Countries allowing illegal deforestation would lose their share of a new $30 billion global fund established to pay nations for leaving forests standing. The fund -- Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation -- is to be approved at the United Nations climate change summit in Copenhagen, Denmark, in December, said Google executive Philipp Schindler.
Schindler spoke Thursday at a seminar on deforestation in London attended by Britain's Prince Charles and leaders of several rainforest countries, including Guyana and Brazil.

Frequently updated satellite photos in the Google program will allow comparisons with historical images and let those viewing the images spot rainforest destruction almost as soon as it happens, Schindler said.

© 2009 United Press International, Inc. All Rights Reserved.

sábado, diciembre 05, 2009

Cuatro frases que hacen crecer la nariz de Pinocho

Eduardo Galeano
LibreRed

"Somos todos culpables de la ruina del planeta”

La salud del mundo está hecha un asco. ‘Somos todos responsables’, claman las voces de la alarma universal, y la generalización absuelve: si somos todos responsables, nadie lo es.

Como conejos se reproducen los nuevos tecnócratas del medio ambiente. Es la tasa de natalidad más alta del mundo: los expertos generan expertos y más expertos que se ocupan de envolver el tema en el papel celofán de la ambigüedad. Ellos fabrican el brumoso lenguaje de las exhortaciones al ’sacrificio de todos’ en las declaraciones de los gobiernos y en los solemnes acuerdos internacionales que nadie cumple.

Estas cataratas de palabras -inundación que amenaza convertirse en una catástrofe ecológica comparable al agujero del ozono- no se desencadenan gratuitamente. El lenguaje oficial ahoga la realidad para otorgar impunidad a la sociedad de consumo, a quienes la imponen por modelo en nombre del desarrollo y a las grandes empresas que le sacan el jugo.

Pero las estadísticas confiesan. Los datos ocultos bajo el palabrerío revelan que el 20 por ciento de la humanidad comete el 80 por ciento de las agresiones contra la naturaleza, crimen que los asesinos llaman suicidio y es la humanidad entera quien paga las consecuencias de la degradación de la tierra, la intoxicación del aire, el envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la dilapidación de los recursos naturales no renovables.

La señora Harlem Bruntland, quien encabeza el gobierno de Noruega, comprobó recientemente que si los 7 mil millones de pobladores del planeta consumieran lo mismo que los países desarrollados de Occidente, “harían falta 10 planetas como el nuestro para satisfacer todas sus necesidades”. Una experiencia imposible.

Pero los gobernantes de los países del Sur que prometen el ingreso al Primer Mundo, mágico pasaporte que nos hará a todos ricos y felices, no sólo deberían ser procesados por estafa. No sólo nos están tomando el pelo, no: además, esos gobernantes están cometiendo el delito de apología del crimen. Porque este sistema de vida que se ofrece como paraíso, fundado en la explotación del prójimo y en la aniquilación de la naturaleza, es el que nos está enfermando el cuerpo, nos está envenenando el alma y nos está dejando sin mundo.

“Es verde lo que se pinta de verde”

Ahora, los gigantes de la industria química hace su publicidad en color verde, y el Banco Mundial lava su imagen repitiendo la palabra ecología en cada página de sus informes y tiñendo de verde sus préstamos. “En las condiciones de nuestros préstamos hay normas ambientales estrictas”, aclara el presidente de la suprema banquería del mundo. Somos todos ecologistas, hasta que alguna medida concreta limita la libertad de contaminación.

Cuando se aprobó en el Parlamento del Uruguay una tímida ley de defensa del medio ambiente, las empresas que echan veneno al aire y pudren las aguas se sacaron súbitamente la recién comprada careta verde y gritaron su verdad en términos que podrían ser resumidos así: “los defensores de la naturaleza son abogados de la pobreza, dedicados a sabotear el desarrollo económico y a espantar la inversión extranjera”.

El Banco Mundial, en cambio, es el principal promotor de la riqueza, el desarrollo y la inversión extranjera. Quizás por reunir tantas virtudes, el Banco manejará, junto a la ONU, el recién creado Fondo para el Medio Ambiente Mundial.

Este impuesto a la mala conciencia dispondrá de poco dinero, 100 veces menos de lo que habían pedido los ecologistas, para financiar proyectos que no destruyan la naturaleza. Intención irreprochable, conclusión inevitable: si esos proyectos requieren un fondo especial, el Banco Mundial está admitiendo, de hecho, que todos sus demás proyectos hacen un flaco favor al medio ambiente.

El Banco se llama Mundial, como el Fondo Monetario se llama Internacional, pero estos hermanos gemelos viven, cobran y deciden en Washington. Quien paga, manda, y la numerosa tecnocracia jamás escupe el plato donde come. Siendo, como es, el principal acreedor del llamado Tercer Mundo, el Banco Mundial gobierna a nuestros países cautivos que por servicio de deuda pagan a sus acreedores externos 250 mil dólares por minuto, y les impone su política económica en función del dinero que concede o promete.

La divinización del mercado, que compra cada vez menos y paga cada vez peor, permite atiborrar de mágicas chucherías a las grandes ciudades del sur del mundo, drogadas por la religión del consumo, mientras los campos se agotan, se pudren las aguas que los alimentan y una costra seca cubre los desiertos que antes fueron bosques.

“Entre el capital y el trabajo, la ecología es neutral”

Se podrá decir cualquier cosa de Al Capone, pero él era un caballero: el bueno de Al siempre enviaba flores a los velorios de sus víctimas… Las empresas gigantes de la industria química, petrolera y automovilística pagaron buena parte de los gastos de la Eco 92.

La conferencia internacional que en Río de Janeiro se ocupó de la agonía del planeta. Y esa conferencia, llamada Cumbre de la Tierra, no condenó a las transnacionales que producen contaminación y viven de ella, y ni siquiera pronunció una palabra contra la ilimitada libertad de comercio que hace posible la venta de veneno.

En el gran baile de máscaras del fin de milenio, hasta la industria química se viste de verde. La angustia ecológica perturba el sueño de los mayores laboratorios del mundo, que para ayudar a la naturaleza están inventando nuevos cultivos biotecnológicos.

Pero estos desvelos científicos no se proponen encontrar plantas más resistentes a las plagas sin ayuda química, sino que buscan nuevas plantas capaces de resistir los plaguicidas y herbicidas que esos mismos laboratorios producen. De las 10 empresas productoras de semillas más grandes del mundo, seis fabrican pesticidas (Sandoz, Ciba-Geigy, Dekalb, Pfiezer, Upjohn, Shell, ICI).

La industria química no tiene tendencias masoquistas. La recuperación del planeta o lo que nos quede de él implica la denuncia de la impunidad del dinero y la libertad humana. La ecología neutral, que más bien se parece a la jardinería, se hace cómplice de la injusticia de un mundo donde la comida sana, el agua limpia, el aire puro y el silencio no son derechos de todos sino privilegios de los pocos que pueden pagarlos.

Chico Mendes, obrero del caucho, cayó asesinado a fines del 1988, en la Amazonía brasileña, por creer lo que creía: que la militancia ecológica no puede divorciarse de la lucha social. Chico creía que la floresta amazónica no será salvada mientras no se haga la reforma agraria en Brasil.

Cinco años después del crimen, los obispos brasileños denunciaron que más de 100 trabajadores rurales mueren asesinados cada año en la lucha por la tierra, y calcularon que cuatro millones de campesinos sin trabajo van a las ciudades desde las plantaciones del interior. Adaptando las cifras de cada país, la declaración de los obispos retrata a toda América Latina. Las grandes ciudades latinoamericanas, hinchadas a reventar por la incesante invasión de exiliados del campo, son una catástrofe ecológica: una catástrofe que no se puede entender ni cambiar dentro de los límites de la ecología, sorda ante el clamor social y ciega ante el compromiso político.

“La naturaleza está fuera de nosotros”

En sus 10 mandamientos, Dios olvidó mencionar a la naturaleza. Entre las órdenes que nos envió desde el monte Sinaí, el Señor hubiera podido agregar, pongamos por caso: “Honrarás a la naturaleza de la que formas parte”. Pero no se le ocurrió. Hace cinco siglos, cuando América fue apresada por el mercado mundial, la civilización invasora confundió a la ecología con la idolatría. La comunión con la naturaleza era pecado. Y merecía castigo.

Según las crónicas de la Conquista., los indios nómadas que usaban cortezas para vestirse jamás desollaban el tronco entero, para no aniquilar el árbol, y los indios sedentarios plantaban cultivos diversos y con períodos de descanso, para no cansar a la tierra. La civilización que venía a imponer los devastadores monocultivos de exportación no podía entender a las culturas integradas a la naturaleza, y las confundió con la vocación demoniaca o la ignorancia.

Para la civilización que dice ser occidental y cristiana, la naturaleza era una bestia feroz que había que domar y castigar para que funcionara como una máquina, puesta a nuestro servicio desde siempre y para siempre. La naturaleza, que era eterna, nos debía esclavitud.

Muy recientemente nos hemos enterado de que la naturaleza se cansa, como nosotros, sus hijos, y hemos sabido que, como nosotros, puede morir asesinada. Ya no se habla de someter a la naturaleza, ahora hasta sus verdugos dicen que hay que protegerla. Pero en uno u otro caso, naturaleza sometida y naturaleza protegida, ella está fuera de nosotros.

La civilización que confunde a los relojes con el tiempo, al crecimiento con el desarrollo y a lo grandote con la grandeza, también confunde a la naturaleza con el paisaje, mientras el mundo, laberinto sin centro, se dedica a romper su propio cielo.

Ideas para Copenhage

Rebelión / Público 05-12-2009

Joaquim Sempere

En 2000 se creó una red internacional de científicos llamada Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo (ASPO en sus siglas inglesas), que en 2005 lanzó la idea de un Protocolo de Agotamiento del Petróleo, conocido también como “protocolo de Rímini” o “de Uppsala”. ¿Conocen esa propuesta los gobiernos que van a reunirse en Copenhague? Se trata de una idea muy sencilla: los países importadores de petróleo acordarían reducir sus importaciones en un porcentaje anual y los países exportadores reducir su ritmo de exportaciones de acuerdo con otro porcentaje anual.

¿Cómo fijar esos porcentajes? Primero hay que calcular la tasa de agotamiento del petróleo. La tasa de agotamiento es igual a la cantidad anual que se está extrayendo y consumiendo dividida por el total que queda por extraer. El total que queda por extraer, o reservas, es la suma de las reservas restantes ya identificadas más lo que está previsto descubrir. Esta tasa se puede establecer a escala nacional o mundial.

Los países extractores y exportadores de crudo pueden calcular su tasa nacional de agotamiento como razón entre lo que extraen cada año y sus reservas propias. Estos países reducirían su ritmo de extracción y sus exportaciones de acuerdo con su tasa nacional de agotamiento. Por su parte, los países importadores reducirían su importación y consumo de acuerdo con la tasa mundial de agotamiento, que, como su nombre indica, es la razón entre lo que se extrae y consume cada año y las reservas que quedan en el mundo.

Si todos cumplieran este acuerdo, las economías de todos los países se verían obligadas a adaptarse paulatinamente –y de manera consensuada a escala planetaria– a un modelo energético postpetróleo, y lo harían a un ritmo tal que cuando el petróleo empezara a escasear, esas economías ya habrían alcanzado la completa sustitución del petróleo por otras energías.

Una ventaja de este protocolo es que no haría falta que todos los países lo ratificasen. El país que lo adoptara, aunque fuera unilateralmente, saldría beneficiado porque su adopción le obligaría a tomar medidas de transición energética que todo el mundo, tarde o temprano, tendrá que adoptar, y tomar la delantera sobre otros países le daría ventajas comparativas, al menos a plazo medio y largo, aunque a corto plazo tuviera que hacer inversiones costosas en energías alternativas. Además, lo haría sin perjudicar a los demás países, evitando generar hostilidad entre sus vecinos u otros países y soslayando así los peligros de guerra que parecen fatalmente asociados al oro negro.

Ya en enero-marzo de 2006 el periódico La Vanguardia publicaba un artículo de Richard Heinberg, miembro de ASPO, donde se describía esta propuesta, que se ha difundido en nuestro país sin merecer, según parece, demasiada atención. “Sólo un sistema cooperativo [así] de cuotas nacionales e internacionales –dice Heinberg en este artículo– evitará las crisis económicas y geopolíticas aún más extremas que de otro modo se producirán”.

No faltarán lectores escépticos ante la propuesta. Muchos pensarán que, si fuera tan fácil, ¿cómo no ha merecido más atención? A mi juicio la respuesta es doble. Por un lado, los intereses ligados al petróleo y al automóvil no pueden favorecerla, antes al contrario. Por otro lado, la transición energética requiere enormes inversiones a medio y largo plazo que el capital privado prefiere evitar (el capital privado sólo invierte cuando hay garantías de ganancias a corto plazo) y que los estados –económicamente adelgazados por decenios de neoliberalismo– no quieren ni pueden abordar. El resultado esperable es que la inercia y la táctica del “esperar y ver qué pasa” acaben imponiéndose.

Los estados, prisioneros de esquemas ideológicos que sólo reconocen como actores económicos a las grandes empresas, no se plantean implicar a la población para movilizar sus ahorros en proyectos energéticos domésticos favoreciendo, por ejemplo, las instalaciones solares térmicas y fotovoltaicas en casas particulares, o en sistemas domésticos de producción descentralizada de calor y electricidad con gas y cogeneración, que está recibiendo la atención de algunos gobiernos y empresas europeas. ¿Por qué no atreverse a apelar a la ciudadanía para que destine parte de sus ahorros a estos cambios, que mejoran el medio ambiente y a la larga rebajan la factura energética de los hogares? Algo así podría lograrse con incentivos –fiscales y de otro tipo– para una campaña popular de ahorro energético e instalación de energías renovables. ¿Acaso hay quien teme el poder económico que esto transferiría de las grandes empresas a los particulares?

Para quien se sonría por la ingenuidad de proponer acciones de autolimitación como el protocolo de Rímini, es oportuno recordar que el Gobierno actual de Ecuador se ha comprometido a renunciar a 5.000 millones de dólares de ingresos por petróleo, absteniéndose de extraer el crudo del Parque Nacional amazónico de Yacuní, a cambio de recibir del resto del mundo 2.000 millones en créditos para proyectos sostenibles en el país. (Gustavo Duch lo explicó desde estas páginas: véase “El petróleo, mejor bajo tierra”, 16-07-2009.) ¿Utopía irrealizable? No lo será tanto cuando el Gobierno alemán se ha comprometido ya a entregar 50 millones de euros anuales durante los 13 años que duraría la explotación si se realizase. Y los alemanes son gente seria, ¿o no?

El protocolo de Rímini se inspira en la misma filosofía que el proyecto de Yasuní: es mejor evitar daños que repararlos. Es mejor dejar el petróleo en el subsuelo que extraerlo y quemarlo. Es mejor pagar para prevenir que para curar. Señores del G-20: y ustedes, ¿qué llevan en sus carteras para la cumbre de Copenhague?

Joaquim Sempere es Profesor de Teoría Sociológica y Sociología Medioambiental de la Universidad de Barcelona

Fuente: Diario Público, 4 de diciembre, 2009. Página 10.

Especialistas en temas ambientales dan su total apoyo a REDD.

Infoandina InfoNota 2009-326

Especialistas y líderes de opinión, como Nicholas Stern —autor de The Stern Review— dan su total apoyo al esquema REDD como una salida al problema de emisiones de efecto invernadero por la degradación y deforestación forestal, en el nuevo video REDD, como parte de la solución.

Este cortometraje de cinco minutos, que está en inglés y en formato documental, ha sido realizado por Television Trust for the Environment (TVE) a pedido del Programa REDD (Reducción de Emisiones de Carbono causadas por la Deforestación y la Degradación de los Bosques) de las Naciones Unidas y de la ONG estadounidense Forest Trends.

El video empieza haciendo un llamado a actuar ahora y explica cómo de ser “una gran industria de mitigación los bosques tropicales se convierten en fuente de emisiones gracias a la deforestación”. Ante esta situación proponen la aplicación de REDD, un esquema para la reducción de emisiones por degradación y deforestación forestal. En el video también participa Pavan Sukhdev, autor del estudio The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB), quien asegura que “el valor de los servicios ecosistémicos —como el agua, el aire y la tierra; de cien mil áreas desprotegidas de bosque— están calculados en 4 o 5 billones de dólares”.

Asimismo, el Dr. Rajendra Pachauri, jefe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés) quien insta a las personas a tomar en cuenta REDD como una de las soluciones para mitigar el cambio climático. Según el video, los bosques son ecosistemas vitales para los 600 millones de humanos que viven de ellos y los fondos que se obtengan del esquema REDD pueden recompensarlos por proteger los bosques y, además, proveerles trabajos alternativos y fuentes sustentables de ingresos. “Por ejemplo, en Costa Rica se les paga a las comunidades de los bosques por preservar el bosque, por lo que son beneficiados”, asegura Victoria Tauli-Corpuz, jefa del Foro Permanente para las Cuestiones Indígenas de las Naciones Unidas (UNPFII, por sus siglas en inglés).

El video concluye con una reflexión: si no se actúa ahora para el 2100 no existirán más bosques en nuestro planeta. REDD es una oportunidad para que los líderes de ahora aseguren la supervivencia de las siguiente generaciones.

Vea el video REDD, como parte de la solución

Lea el Stern Review:
• Resumen ejecutivo (en castellano e inglés)
• A texto completo (en inglés)

viernes, diciembre 04, 2009

Quiebra de las cajas de ahorro agrava crisis

Despertar 03/12/2009
Citlalli López

Sin previo aviso, las siete sucursales de la Caja de Ahorro InverOax cerraron este lunes sus puertas. Debido a que las cajas de ahorro han defraudado a cientos de oaxaqueños, estos podrían retirar su dinero, lo que generaría una “corrida bancaria”

Al instalar formalmente la Comisión Especial para Asuntos Relacionados con las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, los diputados locales alertaron sobre una posible oleada de pánico que podría llevar a muchas cajas de ahorro legalmente constituidas a la quiebra y peor aún, acrecentar el ambiente de crisis económico en Oaxaca.

Y es que en lo que va del año, la financiera Coofia, InverOax y Centenario, defraudaron a cientos de oaxaqueños por montos entre los 10 mil y hasta 200 mil pesos.

La diputada local, Paola España López, integrante de dicha comisión, alertó que debido a esto mucha gente esté pensando en retirar su dinero de estas cajas de préstamo, ahorro y crédito. Debido a que mucho del dinero no está físicamente en la caja, incluso ni con los mismos socios, se podría presentar una “corrida bancaria” que generaría mayor crisis.

Parte de la agenda inmediata de la recién creada comisión, será una reunión con la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) para proponer, de manera oficial, la creación de una Fiscalía Especial que dé trámite a las denuncias y dé seguimiento a los casos en que se constituya un delito tipificado en los códigos en la materia en el estado de Oaxaca.

Asimismo, se tiene contemplada una reunión con los titulares de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, con la Comisión para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros (Condusef) y con la Administración del Fideicomiso para el Fortalecimiento de Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo, para ver de qué forma se puede ayudar a los ahorradores defraudados.

Visitarán cajas de ahorro en las regiones

Dado que en Oaxaca operan más de 2 mil 500 cajas de ahorro, se establecerá una agenda regional para acudir expresamente a conocer los casos en el interior del estado con la finalidad de evitar el traslado a la ciudad por parte de grupos que se han sentido afectados en su patrimonio y proporcionar información veraz respecto de la operación de dichas instituciones.

En el terreno jurídico, los legisladores plantearán las modificaciones a la legislación estatal, a fin de armonizarla a los ordenamientos que en el nivel federal están previstos para proteger a los ciudadanos.

La diputada priista, Carmelina Cruz Silva, que junto con el diputado panista, Alfredo Ahuja Pérez; el diputado perredista, Felipe Reyes Sánchez, y Paola España López, que conforman esta nueva comisión especial, exigió a la Condusef informar cuántas cajas están legalmente constituidas en Oaxaca, a fin de alertar a los pobladores sobre el riesgo que corre su dinero.

Abundó que la comisión dará seguimiento a los casos irregulares de las instituciones de ahorro y préstamo que ha ofertado un servicio a la sociedad sin cumplir con los requisitos de seguridad y certeza legal para el buen resguardo del patrimonio de los ciudadanos, incurriendo en actos penalizados por la ley.

miércoles, diciembre 02, 2009

People-Centered Resilience

Oxfam international. November 2009

Working with vulnerable farmers towards climate change adaptation and food security

Globally, 1.7 billion farmers are highly vulnerable to climate change impacts. The many who are already hungry are particularly vulnerable. World hunger currently stands at

1.02 billion people, its highest level ever. Yet scaling up localized ‘resilience’ successes offers hope for these farmers, while helping to address the climate problem.

New thinking to recognize vulnerable farmers as critical partners in delivering solutions is needed to increase their resilience and to enable them to help combat climate change.

Vulnerable farmers and pastoralists – including particularly vulnerable groups such as women – should be treated as key partners in the struggle against climate change.

Bold new public investment to the supporting institutions will be needed.

Key recommendations

  • Invest more and more wisely in agriculture to accomplish multiple goals. New public investments in agriculture emphasizing agro-ecological approaches are essential to improving food security; helping vulnerable farmers adapt to climate change; and mitigating climate change.
  • Commit to providing $150 bn in mitigation and adaptation funding across sectors above and beyond the 0.7 per cent of their budgets that donor nations have committed (but not necessarily delivered on) as Official Development Assistance (ODA).
  • Foster ‘people-centered resilience’ to help vulnerable small-scale farmers achieve food security and adapt to climate change.
  • Capture the vast potential of developing-country agriculture to deliver mitigation.
  • Target public investments to fill the gaps left by the private sector.
  • Address institutional constraints facing female farmers.
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People Centered Resilience: Working with vulnerable farmers towards climate change adaptation and food security (full report)550.5 KB
People Centered Resilience: Working with vulnerable farmers towards climate change adaptation and food security (summary)101 KB
Date of publication: November 2009

Publican informes sobre derechos, bosques y clima

Servindi, 22 de noviembre, 2009.- El Forest Peoples Programme (FPP) ha puesto en circulación tres primeros informes de una serie mayor sobre derechos, bosques y clima, y que tratan sobre la financiación de aspectos climáticos tanto en el ámbito nacional como en el internacional.

El primer informe incluye dos guías generales de las gestiones del Banco Mundial en materia de financiación del clima dentro del sector forestal. El segundo aborda elementos centrales y cuestiones críticas del Programa de Inversión Forestal del Banco Mundial (FIP)

El tercer informe, solo disponible en inglés, está dedicado a Indonesia, y trata sobre los progresos de la financiación del clima a nivel nacional y de los nuevos proyectos sobre reducción de emisiones por deforestación y degradación de bosques (REDD) que están surgiendo.

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Acceda a los informes del Forest People Programme en los siguientes enlaces:

1) “¿Redefinición de objetivos? El Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques (FCPF) del Banco Mundial no cumple su obligación de rendir cuentas”

2) “El Programa de Inversión Forestal del Banco Mundial (FIP): elementos centrales y cuestiones críticas”

3) “Indonesia: Indigenous Peoples and the Kampar Peninsula”

Para mayor información visite el sitio web del FPP dedicado al clima y los bosques:

Experimental planting scheme has insufficient controls to prevent gene flow to native crops, critcs say.

Published online | Nature

Mexico's transgenic maize under fire

Rex Dalton / Nature 462, 404 (2009) | doi:10.1038/462404a

25 November 2009

Mexico doesn't have an adequate system to monitor or protect natural maize (corn) varieties from transgenes, say prominent scientists concerned about the experimental planting of genetically modified crops.

In the past month, Monsanto and Dow AgriSciences have received government permission to plant transgenic maize across 24 plots, covering a total of nearly 13 hectares, in the northern states of Sonora, Sinaloa, Chihuahua, Coahuila and Tamaulipas. The planting of transgenic maize had been prohibited for 11 years in Mexico, where maize was first domesticated.

The experiments are meant to test hardier varieties of the crop, and federal officials say that they are implementing controls to prevent gene flow.
Ariel Álvarez Morales, executive secretary of the Mexican Inter-Secretarial Commission on Biosafety of Genetically Modified Organisms, described the experimental planting as a compliance trial to see how the companies and the plants perform. "We want to see how the planting will work in these conditions," he says. Plots will be less than half a hectare in area, seed-planting will occur at different times from that of natural varieties, and farmers will be surveyed about the effect on native maize.

In Sonora, where Monsanto has begun planting, transgenic maize is kept 500 metres away from conventional maize fields, says Eduardo Perez Pico, the firm's chief of research and regulatory affairs for the Latin American region.
However, nearly 2,000 scientists have signed a petition to block the experiments. "There is no way to stop gene flow to the native crops," says signatory Montgomery Slatkin, a geneticist at the University of California, Berkeley. Greenpeace and other groups filed a legal challenge, which the government has rejected.

"If Mexico experimentally plants transgenic maize, it should be done with ideal experiments and a great capacity to monitor them — but we don't have either," adds José Sarukhán Kermez, a Mexican biologist who has served in top ministerial posts and is a former rector of the Autonomous National University of Mexico (UNAM) in Mexico City.

One facet of the debate surrounds the US firm being used by the Mexican government to train and equip staff at two reference labs for transgene testing in Mexico City. The firm, Genetic ID, is a spin-off by John Fagan of the Maharishi University of Management in Fairfield, Iowa, which favours organic crops and transcendental meditation.

Álvarez Morales says the firm was chosen because of its widely known analytical techniques. But geneticist Elena Alvarez-Buylla, of UNAM's Institute of Ecology in Mexico City, questions whether the company's methods are sensitive enough to detect transgenes after several generations of plant growth. Earlier this year, her group reported that Genetic ID failed to detect transgenes in blinded samples (1). Genetic ID responded that Alvarez-Buylla's results were due to sample contamination (2), which she challenged (3).

Jay Reichman, an authority on transgenic testing with the US Environmental Protection Agency in Corvallis, Oregon, says that "overall the combined evidence suggests" that at least two transgenes "were present within the plant tissues" in question. In particular, Reichman noted that Alvarez-Buylla showed newly grown test plants believed to harbour transgenes were resistant to herbicide, indicating that they bore transgenes just like commercial seeds modified to be herbicide resistant.

Fagan disputes the criticism. Still, he too is against transgenic planting, citing the potential contamination of native maize: "It is very, very unacceptable."

References

1.Piñeyro-Nelson, A. et al. Mol. Ecol. 18, 750-761 (2009).
2.Schoel, B. & Fagan, J. Mol. Ecol. 18, 4143-4144 (2009).
Piñeyro-Nelson, A. et al. Mol. Ecol. 18, 4145-4150 (2009).

martes, diciembre 01, 2009

Presentación mapa interactivo con identidad cultural

El jueves 12 de noviembre se presentó el Mapa Interactivo de Emprendimientos con Identidad Cultural en el Valle Sur Ocongate realizado por el Instituto de Estudios Peruanos - IEP dentro del Proyecto Desarrollo Territorial con Identidad Cultural. El mapa es una herramienta electrónica, pensada para que las comunidades y pobladores de las zonas rurales puedan visualizar y socializar sus emprendimientos y negocios, todos empapados de identidad y cultura. Más información.

El necesario cambio en el proceso sobre cambio climático

World Rainforest Movement, Boletín 148

Cuando una casa se está incendiando, lo que importa es apagar el incendio. Si bien todos los vecinos pueden ayudar, se espera que los bomberos asuman la dirección de la operación y que el Estado brinde todo el apoyo necesario para la extinción del fuego. Una vez extinguido, los expertos determinarán las causas del incendio y, en caso de haber sido provocado, se establecerán las responsabilidades y penalidades correspondientes. Pero lo primero es apagarlo.

El resultado del calentamiento global es muy parecido a un incendio, pero el proceso ha sido el inverso. En este caso, ya se conocen las causas del incendio (el uso de combustibles fósiles) y ya se sabe quienes lo iniciaron (los países industrializados). Sin embargo, los bomberos brillan por su ausencia y los estados negocian –literalmente, hacen negocios- mientras las llamas se propagan cada vez más rápido.

Lo más triste es que hace años que se sabe lo que se necesita para extinguirlo: dejar de usar combustibles fósiles (petróleo, carbón mineral y gas natural). Si bien existen otros elementos que agravan el cambio climático –como la deforestación- lo cierto es que la única fuente de gases de efecto invernadero que acrecienta el stock de carbono en la biósfera –y por tanto la causa central del calentamiento global- es la quema de combustibles fósiles. La solución está entonces a la vista: todos los esfuerzos deben centrarse en su sustitución por otras fuentes de energía.

El uso de combustibles fósiles se inició con la Revolución Industrial y se globalizó a partir del modelo de desarrollo económico impuesto en todo el mundo por los países industrializados. Como consecuencia, la cantidad total de carbono en la biósfera ha ido en constante crecimiento, dando lugar al efecto invernadero. Es claro entonces que dichos países son los principales responsables del incendio actual y que en consecuencia deben asumir la responsabilidad que les corresponde y adoptar las medidas necesarias para detener el proceso.

En ese sentido, lo primero es que los países industrializados introduzcan cambios drásticos en la producción y uso de energía a nivel nacional, que resulten en la sustitución de combustibles fósiles por otras fuentes de energía en plazos perentorios y claramente especificados. Tales medidas deberán incluir a las empresas transnacionales, imponiéndoles a sus operaciones en todo el mundo las mismas restricciones sobre la producción y el uso de energía que se aplican en el país en el que tengan su sede central.

Vinculado a lo anterior, los principales responsables del cambio climático deberán comprometerse a no “exportar” el problema a terceros países, tal como está aconteciendo con la importación de agrocombustibles producidos a expensas de los recursos y el bienestar de poblaciones de países del Sur.

Al mismo tiempo, los principales responsables del cambio climático deberán generar condiciones adecuadas –incluyendo asistencia económica y técnica- para que los países no industrializados puedan recorrer un camino de desarrollo libre de combustibles fósiles.

En particular, los países responsables del cambio climático deberán compensar económicamente a aquellos que se comprometan a no explotar sus yacimientos de combustibles fósiles, como aporte a lo que adeudan al mundo por su impacto climático.

Sin embargo, lo anterior no implica que los demás países –el “vecindario”- no pueda también contribuir a apagar el incendio. Más allá de las divisiones Norte-Sur, lo cierto es que el actual modelo de desarrollo económico ha sido impuesto en todo el mundo y que el mismo incluye el uso masivo de combustibles fósiles. Ello implica que todos los países, sin excepción, deberían hacer los máximos esfuerzos para erradicar su uso.

El “derecho al desarrollo” esgrimido por algunos países económicamente poderosos del Sur es por supuesto un derecho, pero que no se puede ejercer a costa del clima de un planeta que es de todos. Eso significa que si bien dichos países no tienen la responsabilidad histórica por el cambio climático –ni las obligaciones que ello conlleva- deben reconocer la necesidad de adoptar medidas para sustituir los combustibles fósiles por otras energías alternativas en el menor plazo posible.

El tema de la sustitución de los combustibles fósiles debería ser el centro de la próxima conferencia de la Convención sobre Cambio Climático que se desarrollará en Copenhague a principios de diciembre. Lamentablemente, es muy poco probable que ello sea así. Por el contrario, todo indica que las discusiones se centrarán en “soluciones” absurdas que no solo no resolverán nada sino que agravarán el problema.

Seguramente se hablará mucho sobre mecanismos de mercado para reducir las emisiones provenientes de la deforestación, de la agricultura y la ganadería. Se discutirá sobre plantaciones como sumideros de carbono, sobre agrocombustibles, sobre el comercio de carbono y sobre un invento reciente llamado “biochar”. Pero se hablará muy poco –y se negociará lo menos posible- sobre el tema central: la erradicación del uso de combustibles fósiles.

Muchos años han pasado desde que los gobiernos se comprometieron en 1992 a hacer algo sobre el clima, aprobando la Convención sobre Cambio Climático. Poco y nada hicieron desde entonces y a esta altura es más que obvio que no es mucho lo que están dispuestos a hacer. A menos, claro está, que el vecindario –los pueblos del mundo- exijan la adopción inmediata de medidas para la extinción del incendio.

Esperamos que los esfuerzos concertados de la sociedad civil organizada de todo el mundo, que estará presionando directa e indirectamente a los delegados gubernamentales de la Convención en Copenhague, resulten efectivos para forzar el necesario cambio de rumbo. Esto no es un simple incendio: aquí se juega el futuro de la humanidad y tod@s tenemos el derecho y el deber de exigir que se haga lo que se debe hacer. ¡Ya!

Líderes de lucha mundial contra el hambre advierten que crisis de alimentos podría repetirse

Casi 230 millones de personas podrían no tener siquiera un plato de comida cada día, dice Josette Sheeran, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos (PMA).

Noticoas del Banco Mundial 25 de noviembre de 2009—Tres líderes de la lucha mundial contra el hambre advirtieron que el mundo debe estar preparado para otra crisis de alimentos y adoptar medidas inmediatas para fortalecer la seguridad alimentaria en los países en desarrollo.

Las bajas reservas de alimentos, el aumento de precios de los cereales y la posibilidad de que algunos países productores de arroz tengan que importarlo durante el próximo año sugieren que el costo de los productos alimenticios podría subir en 2010.

“Me preocupa la posibilidad de que pasemos de nuevo por esta situación...de que en 2010 podamos estar repitiendo algunos de estos problemas”, dijo el presidente del Banco Mundial, Robert B. Zoellick, durante un debate realizado en la Brookings Institution en la ciudad de Washington.

En el evento de la Brookings Institution participaron, además del presidente Zoellick, Josette Sheeran, directora ejecutiva del Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA), y Samuel Worhington, presidente de Interaction, la mayor alianza de ayuda y desarrollo de entidades no gubernamentales de Estados Unidos.

“No creo que la crisis alimentaria haya sido un fenómeno único. Pienso que fue un llamado de atención”, dijo Sheeran, cuya organización entrega asistencia a más de 102 millones de personas en 78 países.

Sheeran agregó que el costo de los cereales aumentó en un 17% y que los precios internacionales de los alimentos son dos veces superiores a los de hace cinco años.

La crisis alimentaria “expuso las deficiencias del acceso a los alimentos, desde los poblados hasta los niveles nacional, regional y mundial. Y creo que lo que vemos actualmente con la crisis financiera es un tema complejo que está aumentando las cifras de las personas que sufren hambre en el mundo”.

Casi 230 millones de niños y adultos despiertan cada mañana sin saber si contarán siquiera con un plato de comida, explicó Sheeran.

“Esto es intrínsecamente desestabilizador. Es inaceptable y de hecho los números siguen subiendo. Sólo en los últimos dos años ascendieron de 846 millones a más de 1.000 millones”, dijo Sheeran.

Algunos elementos que hicieron subir los precios de los alimentos hace dos años están aún vigentes, dijo Zoellick. Por ejemplo, las reservas de alimentos eran bajas antes de la crisis y continúan siéndolo. Los productos básicos se convirtieron en una “clase de activos” para la inversión, volviéndolos potencialmente más volátiles.

Adicionalmente, existe hoy una relación mucho más estrecha entre precios de combustibles y de alimentos que antes de la crisis alimentaria. Cuando los precios de petróleo suben, también aumentan los costos de la comida, precisó Zoellick.

Agregó que el PMA, por su calidad de principal organización que proporciona ayuda alimentaria de emergencia, debería recibir financiamiento más previsible y de largo plazo. Actualmente, el PMA tiene que recaudar dinero cada año “desde cero”, “una tarea muy difícil”, dijo Zoellick.

También deberían establecerse normas para evitar el acaparamiento de alimentos, agregó el Presidente del Banco Mundial. Durante la crisis alimentaria, las restricciones y prohibiciones a las exportaciones afectaron incluso las compras del PMA y aquellas con fines humanitarios.

Como respuesta a un pedido del Grupo de los Veinte (G-20), el Banco Mundial está trabajando en el establecimiento de un fondo fiduciario multilateral para incrementar la asistencia a la agricultura en los países de bajos ingresos. La propuesta se originó en una reunión adicional del Grupo de los Ocho (G-8), realizada en julio pasado, durante la cual sus integrantes se comprometieron a contribuir con una iniciativa de Seguridad Agrícola y Alimentaria para mejorar la producción y productividad de este sector, la seguridad alimentaria y la nutrición. Se espera la participación de varios organismos sobre la base de iniciativas impulsadas por los propios países. Canadá, España y Estados Unidos se constituyeron en los primeros donantes. La iniciativa será presentada al Directorio Ejecutivo del Banco Mundial en enero próximo.

Por su parte, el propio Banco Mundial está tomando medidas sobre seguridad alimentaria. Se incrementaron las inversiones en el sector agrícola a US$6.000 millones durante el presente ejercicio en respuesta al Informe sobre el desarrollo mundial 2008, que determinó el estrecho vínculo entre la inversión agrícola y la superación de la pobreza, dijo Zoellick.

La institución aumentó también el apoyo a redes de protección social, como los programas de comedores escolares, durante las crisis alimentaria y financiera. La Asociación Internacional de Fomento (AIF) -el fondo para los países más pobres-, aceleró la asistencia, desembolsando casi US$14.000 millones entre julio de 2008 y octubre de 2009.

Un nuevo informe del Banco Mundial y del PMA, dado a conocer durante el debate en la Brookings Institution, demuestra que la alimentación escolar y otros programas de protección social basados en la entrega de comida son fundamentales para mantener a los niños en la escuela, mejorar su aprendizaje y salud y promover la seguridad alimentaria.

El Banco trabaja asimismo con la Fundación Gates en la promoción de la investigación y desarrollo agrícola, como por ejemplo el mejoramiento de semillas para aumentar la productividad agrícola, específicamente en África.

Informe: Alimentación escolar mejora nutrición e ingresos familiares

Según el nuevo informe Replanteamiento de la alimentación escolar: Redes de protección social, desarrollo infantil y el sector de la educación los programas de comedores escolares en los países pobres estimulan la asistencia a la escuela, ayudan a los niños a aprender mejor y favorecen el logro de mayores resultados en las salas de clase, especialmente cuando estas iniciativas van acompañadas de otras medidas como desparasitación (contra parásitos intestinales transmitidos por el contacto con el suelo) y entrega de refrigerios y galletas fortificados con micronutrientes o de suplementos vitamínicos. En muchos países, los programas de alimentación escolar son un incentivo esencial para que los niños asistan a la escuela ―especialmente las niñas y los más pobres y vulnerables― junto con la eliminación de la matrícula escolar y programas de transferencias monetarias condicionadas. En el informe se señala que proveer alimentación escolar a niños de familias que cumplan con los requisitos necesarios puede ser el equivalente a agregar un 10% adicional al ingreso promedio de los hogares.

The Mexican Supreme Court decided that Ulises Ruiz Ortiz is culpable for the human rights violations.

Americas Program Report

Monica Wooters | November 17, 2009

Americas Program, Center for International Policy (CIP)
americas.irc-online.org

After two days of deliberations, on Oct. 14 the Mexican Supreme Court made public its decision that Ulises Ruiz Ortiz (governor of the state of Oaxaca) is culpable for the human rights violations that occurred in Oaxaca as a result of teacher protests and political and social unrest in May 2006-January 2007 and July of 2008.

The decision came after a year and a half investigation into the events—ordered by the lower house of the Mexican Congress in 2006—resulting in a vote of six to four. Among the violations cited by the court were the lack of access to justice, violations of personal integrity, the right to life and liberties such as the right to transportation and work, in addition to violations of the freedoms of expression, education, property, and peace, as well as access to information. Minister Juan N. Silva Meza of the Supreme Court stated during the vote that the events of Oaxaca "will become one of the black pages in the book of our country's history."

The decision cites Ruiz as responsible for serious violations of individual guarantees and for not complying with his duty to maintain order during the period of unrest spanning from 2006-2008. The decision names several other individuals as responsible for "generalized disorder" and human rights violations: state police officials; the director of Public Security, José Manuel Vera Salinas; the director of the Ministerial Police, José Moreno Rivas; and the director of the Auxiliary Police, Joaquín Darío Berges. Some local and federal police were also cited as responsible for use of excessive force.

The decision cites state-level officials and deliberations led to a debate among the judges as to whether or not federal officials should be blamed as well. A proposal brought before the court by Ministers Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo, and José Ramón Cossío to name former President Vicente Fox and the ex-Secretary of Public Security Eduardo Medina Mora, among others, as responsible for the lack of governability in Oaxaca resulting in human rights violations, was voted down eight to three. Silva Meza's proposal for naming current President Felipe Calderon found no support from his fellow ministers.

The Supreme Court decision is simply a resolution and does not include any prosecution or sentencing measures. It is now up to the president, the Congress, the federal attorney general, the Oaxacan Congress and other authorities to move forward on the resolution. Oaxacan opposition leaders from the APPO (Popular Assembly of the People of Oaxaca) and Section 22 of the National Union of Education Workers (SNTE, by its Spanish initials) have called on Governor Ulises Ruiz to take responsibility for the deaths of 28 individuals and the detention of 250 political prisoners that resulted from the events in Oaxaca. During a meeting with the APPO and Section 22, congressmen from the PRD (Democratic Revolution Party) declared that they would push for political prosecution of Ruiz. "We are going for the political prosecution and fall of Ulises Ruiz," stated Leticia Quesada of the PRD.

Meanwhile, Ruiz has denounced the court decision, stating that it is a political game being played by the opposition. He declared that he will not resign, despite calls for his resignation by members of several political parties in Oaxaca and at the federal level.

Despite Ruiz's dismissal of the decision as a political maneuver, several grassroots organizations at both the state and federal level have stated that they will continue to fight for justice. Alba Cruz of Section 22 stated that her organization will insist that Ruiz be prosecuted. Cruz pointed out that in 2007 a petition was filed before Congress to strip Ruiz of his political immunity, however it was denied by then-president of the congressional Government Commission, Diódoro Carrasco of the PAN (National Action Party).

Gabriel López Chiña, also of Section 22, affirmed that there will be massive civil society mobilizations in favor of the APPO to "apply the necessary pressure" to bring Ruiz to trial for political crimes. He stated, "There are 72,000 education workers who have not forgotten the offense, the damage done, by Ulises Ruiz Ortiz against the people of Oaxaca. The political cost was 28 deaths that as of yet have not been vindicated by the imprisonment of those responsible."

The APPO mobilization is already in the works. On Oct. 29 hundreds of teachers from Section 22 and followers of the APPO marched to mark the three-year anniversary of the government crackdown on social protest in the city of Oaxaca. They marched from the western edge of the city to its heart at the tree-shaded zocalo. As they traversed the city streets, cries of "Jail Ulises Ruiz!" could be heard echoing through the colonial corridors.

The secretary general of Section 22, Azael Santiago Chepi, told the crowds that the Oaxacan people will always remember the repression that took place there in 2006 and added, "… we have not lost sight of the bloodshed by our heroic people in defense of their dreams for liberty, justice, and democracy."

The current situation in Oaxaca has not significantly improved since 2007. The state government again resorted to violent repression against social movements during the traditional festival of the Guelaguetza in July of 2008. Local and national human rights organizations recently revealed that the state government had threatened human rights defenders.

The same day that the Supreme Court decision was made public, several organizations, including Peace Watch Switzerland, Limeddh (Mexican League for the Defense of Human Rights), and Centro Prodh, among others, held a press conference in which they made public a report on the latest threats. Among the complaints were intimidation, persecution, physical aggression, and the defamation of organizations and their work. The organizations highlighted the increased criminalization of social protest as a result of the social movement of 2006.

Though the Supreme Court decision does not mention the death of U.S. independent journalist Brad Will, the case surrounding his murder that occurred during the unrest of 2006 had been a point of contention for the U.S. government. Several of the appropriations bills to fund Felipe Calderon's drug war through the Merida Initiative mention the need for progress on finding and prosecuting Will's murderers, although they fall short of making this a condition for full funding.

It is important to note that Will was not the only person murdered on that fateful day of Oct. 27, 2006. Three Oaxacans were also killed in the battle for the city, Emilio Alonso Fabián, Esteban Ruiz, and Eudocia Olivera Díaz, as well as 23 others who were wounded. These individuals were never given the national and international attention that Will's death was afforded.

This past summer, the U.S. State Department ignored ample evidence provided by Mexican and U.S. human rights organizations that the Mexican government has committed numerous human rights violations in Oaxaca and in the drug war, and authorized the release of remaining funds to the same security forces accused of perpetrating the violations. In addition, the impact that the drug war is having on social movements has also been largely ignored as more and more members of social movements are targeted with false claims of organized criminal activity that has the insidious result of criminalizing social protest throughout Mexico. The decision of the Mexican Supreme Court is yet another confirmation of the U.S. government's deliberate refusal to recognize the reality of the human rights situation in Mexico.

Monica Wooters (monica(a)ciponline.org) is program associate at the Americas Program (www.americaspolicy.org) in Mexico City.

To reprint this article, please contact americas@ciponline.org.

Sembrando “Semillas de Identidad”

Tania Sirias El Nuevo Diario, Nicaragua - 16:49 - 28/11/2009

Organismos ambientales y de la sociedad civil presentaron a representantes del Parlamento más de seis mil firmas, a fin de agilizar la aprobación de la Ley de Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica. Este anteproyecto fue presentado a la Asamblea Nacional el 11 de julio de 2006, como parte de la campaña Semillas de Identidad, el cual pretende incidir en la preservación de nuestro patrimonio cultural

Nicaragua cuenta con una gama de semillas criollas, las cuales son resistentes a la variación climática, y deben ser vistas como una alternativa para la seguridad alimentaria, afirmó Lucía Aguirre, representante de la Fundación Suiza de Cooperación al Desarrollo, Swissaid.

Aguirre indicó que Nicaragua cuenta con más de 140 variedades de frijol, 127 variedades de maíz, y más de diez de arroz. Esto significa que cada zona del país puede escoger la semilla que se adapta a su terreno y al clima.

“Esto es un gran apoyo para enfrentar el cambio climático, y esta investigación puede ser corroborada por las familias campesinas, las cuales han notado que la semilla criolla se adapta a las precipitaciones pluviales, a la sequía, el tipo de suelo, las plagas y enfermedades más comunes en sus regiones”, sostuvo la fuente.

La especialista agregó que los campesinos ya saben --por la experiencia y su herencia cultural-- cuáles son las semillas que les producen más y mejor. “Por lo tanto, esto garantiza la seguridad alimentaria y la generación de ingresos para su familia”, expresó la representante de Swissaid.

Control a los transgénicos
Además, aseveró que la Ley de Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica vendrá a dar un marco regulatorio y un respaldo a las autoridades, en cuanto a entrada, manejo y control de las semillas transgénicas o modificadas, ya que causan riesgos ecológicos y a la salud.

“En México se comprobó que los transgénicos contaminaron variedades de maíz criollo, y, además, provocaron un impacto económico en las familias campesinas, ya que es una tecnología sumamente cara”, dijo Aguirre.

Otro de los riesgos al utilizar semillas transgénicas, es que suplantan a las variedades criollas, llevándolas a la extinción, comentó la representante de Swissaid en Nicaragua.

Julio Sánchez, del Centro Humboldt y miembro de la Alianza de Protección Biodiversidad, expresó que las comunidades indígenas son las que han conservado la biodiversidad biológica, a través de buenas prácticas agrícolas.

Sánchez dijo que esta ley regulará el acceso a los recursos naturales, en este caso, a la biodiversidad biológica de Nicaragua.

Además, comentó que distintas organizaciones ya han realizado incidencia a nivel nacional como ferias, diagnósticos comunitarios, e intercambios de experiencias entre productores sobre los bancos de semillas criollas, los cuales han beneficiado a la producción agrícola del país.

Darán un trámite rápido
En tanto, el presidente de la Comisión Ambiental del Parlamento, Francisco Jarquín, recibió de parte de organismos ambientales, seis mil 280 firmas recolectadas en 12 departamentos del país, las cuales demandan una pronta aprobación a la Ley de Conservación y Utilización Sostenible de la Diversidad Biológica.

El diputado Jarquín se comprometió a que en el primer trimestre de 2010 iniciarán el proceso de consulta de la Ley, en la Asamblea Nacional.

“Éste es un compromiso con la nación, y esperamos cumplir con ese compromiso”, dijo el presidente de la Comisión Ambiental.