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lunes, mayo 23, 2011

Controlan conflicto de pueblos mancomunados

Noticias de Oaxaca Enviado por iflores el 20 Mayo 2011 - 02:08.

El derribo, troceo, descortezado y aplicación de químico a los árboles plagados con el gusano descortezador en el territorio de los pueblos mancomunados de Lachatao, Amatlán, Yavesía, Latuvi, Benito Juárez, Cuajimoloyas, Llano Grande y La Nevería continuarán bajo la supervisión de la SEMARNAT y la PROFEPA.

Así lo establecieron las autoridades de Bienes Comunales y municipales de las referidas comunidades, luego de ocho horas de diálogo a convocatoria de la Secretaría General de Gobierno.

Ayer se dio cuenta de la inconformidad de los presidentes municipales de Lachatao y Yavesía, Sergio Elihel Hernández Cruz y Olivia Basilia Pérez Hernández, quienes denunciaron que unas 300 personas encabezadas por David Cruz Hernández irrumpieron violentamente en hectáreas de bosque que se encuentran en posesión de la comunidad de Lachatao desmontando y cortando de manera indiscriminada.

Advirtieron de un riesgo de enfrentamiento y de ello responsabilizaron a la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, porque se niega conformar una mesa de atención al conflicto.

Sin embargo, antes del medio día de ayer las partes en pugna asistieron a la mesa de trabajo en un salón del restaurante El Colibrí -al estar bloqueada Ciudad Administrativa por la protesta magisterial--, "se abrió el espacio para un diálogo sereno, abierto. De nuestra parte se dio el exhorto para buscar las coincidencias y destrabar la confrontación. Para el Gobierno del Estado es prioritario atender las problemáticas sumando las voluntades", comentó Irma Piñeyro Arias, titular de la Secretaría General de Gobierno.

Durante el encuentro, al que tuvieron acceso los representantes de los medios de comunicación, se precisó que la cédula de notificación que autoriza el saneamiento del bosque está dirigida al Comisariado de Bienes Comunales de los Pueblos Mancomunados, la cual representa oficialmente David Cruz Hernández.

En el documento emitido por la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales establece que hay una superficie afectada de mil 850 hectáreas y que la superficie a tratar es de 284 hectáreas de bosque, lo cual representa un volumen de 40 mil 127 metros cúbicos.

Las representaciones de las comunidades aceptaron la urgencia del saneamiento "porque la plaga sigue avanzando y el bosque muriendo y por lo tanto es responsabilidad de todos curar y darle la medicina al bosque".

Tras diversas acusaciones, señalamientos e incumplimiento de acuerdos del pasado, los presentes determinaron abrir el libre tránsito, no comercializar la madera derribada, seguir con el saneamiento cuya responsabilidad recae en el Comisariado de Bienes Comunales de los Pueblos Mancomunados, David Cruz Hernández.

Para este día está previsto un recorrido conjunto de campo para verificar las áreas dañadas, de combate a la plaga y trazar los diversos frentes en los cuales se laborará, bajo la supervisión de personal de la Comisión Nacional Forestal y de la SEMARNAT.

La vigencia de la notificación sanitaria emitida por la SEMARNAT tiene como plazo hasta el 31 de julio del presenta año, de ahí la urgencia para concluir los trabajos.

De los acuerdos alcanzados, Piñeyro Arias felicitó a los involucrados porque han enviado una señal a otros pueblos de que es posible ponerse de acuerdo con el dialogo respetuoso y con voluntad.

RACIEL MARTÍNEZ

Foto: CARLOS ROMAN VELASCO

jueves, mayo 19, 2011

Advierten Lachatao y Yavesía de enfrentamiento

Noticias de Oaxaca 19 Mayo 2011 - 02:26.

Los presidentes municipales de Lachatao y Yavesía, Sergio Hernández y Olivia Basilia Pérez Hernández denunciaron que el pasado lunes, unas 300 personas encabezadas por David Cruz Hernández irrumpieron violentamente en hectáreas de bosque que se encuentran en posesión de la comunidad de Lachatao desmontando y cortando de manera indiscriminada.

Advirtieron de un riesgo de enfrentamiento y de ello responsabilizaron a la secretaria General de Gobierno, Irma Piñeyro Arias, porque lejos de conformar una mesa de atención al conflicto se niega recibirlos.

Explicaron que Lachatao y Yavesía son dos comunidades de la Sierra Juárez, que en un tiempo pertenecieron a denominación de Pueblos Mancomunados y ya no lo son porque en nombre de ellos se cometen atropellos y saqueos, por ejemplo, "junto con el contador privado Israel Santiago García, hace mucho dejaron de cumplir una función social y al día de hoy, las millonarias ganancias producto de la explotación del bosque y la venta de agua de manantial que reciben son apropiadas por particulares, quienes manejan con opacidad y corrupción estos recursos.

"El gerente de la maderera, Israel Santiago García lleva más de 18 años al frente de la empresa -aunque los estatutos señalan que debe haber un consejo de administración con tres representantes por comunidad y deben durar dos años en sus funciones--, ninguna de las comunidades recibe siquiera un botellón de agua para sus escuelas; Lachatao lleva 12 años sin reparto de utilidades y sin embargo, se publicita al exterior, como en la llamada Iniciativa México, que las empresas comunales de mancomunados son ejemplo de sustentabilidad, esto es una ficción ofensiva".

En conferencia de prensa, a la cual se sumaron personas caracterizadas de ambas comunidades, se explicó que el año de 1999 la plaga del gusano descortezador apareció en su territorio como consecuencia del desequilibrio de los ecosistemas, "eran sólo cinco hectáreas las infestadas, si de inmediato la maderera la hubiera combatido con facilidad se controlaba, pero no se hizo nada y para el año 2004 un total de 135 hectáreas se contaminaron, para el 2005 estaban infestadas 3 mil 822 hectáreas, fue entonces cuando inició el combate al gusano descortezador.

En el recuento del 2008 pagadas estaban 288 hectáreas, "la empresa no le interesaba acabar con la plaga sino la explotación y comercialización del bosque".

En el año del 2009, los ayuntamientos de Lachatao, Amatlán y Yavesía determinaron intervenir directamente para combatir la plaga y así lo hicieron con la anuencia de las autoridades de la SEMARNAT, CONAFOR y la mediación de la Secretaría General de Gobierno.

Con el cambio de gobierno estatal se dio un giro y la autorización para combatir la plaga es al Comisariado Comunal impugnado.

"Esto indigna a los comuneros de Lachatao y Yavesía, porque se rompe con un acuerdo de pacificación", dijeron.

Para los dos ediles, en la Secretaría General de Gobierno no hay operadores políticos con sensibilidad que eviten un conflicto entre pueblos vecinos.

Indicaron que no dejarán salir de esa comunidad los vehículos cargados con madera de la tala realizada. "Nuestra lucha es por impedir que se siga deforestando, que se sigan llevando el agua de nuestros manantiales para enriquecer a unos pocos. Nosotros no queremos ni buscamos el usufructo de los recursos naturales, nosotros queremos su preservación, que se le permita al bosque regenerarse y que sea la herencia de nuestros pueblos", asentó Sergio Hernández.

RACIEL MARTÍNEZ

Foto: BALDOMERO ROBLES

domingo, junio 20, 2010

Versiones encontradas por el enfrentamiento en San Agustín

por OCTAVIO VÉLEZ ASCENCIO Noticias de Oaxaca,

Si bien la presencia de agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEE) disuade la posibilidad de algún nuevo choque, los dos grupos enfrentados en este municipio por los bosques, uno aglutinado en rededor del Comisariado de Bienes Comunales y el otro agrupado en el Comité de Vigilancia Ambiental Participativa, mantienen su antagonismo y se acusan mutuamente de haber causado el enfrentamiento, sucedido la tarde del viernes pasado y que dejó un muerto y cuatro lesionados.

Por un lado, la autoridad agraria, Carlos Hernández Díaz culpó al síndico municipal, Fidencio Melitón Gijón Zárate, de encabezar la agresión perpetrada por miembros del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa, donde murió el comunero Zenén Matadamas Sosa, de 65 años de edad, por un disparo de arma de fuego.

"Los compañeros iban subiendo (por San Miguel, el pueblo vecino) a reforestar al bosque más no a talar porque la Semarnat suspendió la autorización de saneamiento, cuando se encontraron al síndico y a su gente, y se dio la agresión", señaló.

Expuso que el respaldo del presidente municipal, Eleazar Cano Mireles al Comité de Vigilancia Ambiental Participativa, quedó demostrado abiertamente por la presencia del síndico municipal y por el uso de una camioneta pick up y de una patrulla de la Policía Municipal, propiedad del Ayuntamiento.

Además de la agresión, señaló, el síndico y sus partidarios incendiaron una camioneta propiedad del Comisariado de Bienes Comunales y destrozaron dos más con bates de béisbol.

"Con los mismos bates golpearon y lesionaron en brazos y en el abdomen a varios compañeros", indicó.

Entre los agresores, aparte del síndico, se identificó a Gerardo o Tiburcio Aguilar Aguilar, suplente del presidente municipal Eleazar Cano Mireles; Donato Cruz Ramírez, Jacobo Cruz, Martín Cruz, Alberto Hernández, Jorge Navarro, Rodrigo Cruz, Edmundo Ortiz, Oscar Ruiz, Dulce Santiago, Nereida Cruz, Pedro Santiago Salmerón, Manuel Cruz, Demetrio Gallardo, Moisés Pérez, Marcelo Cruz y Daniel Ramírez, así como el ex policía Ministerial, Félix Merino y su hijo, Jesús Merino Castellanos, actual elemento de la Agencia Estatal de Investigación.

Precisó que el síndico municipal, Donato Cruz, Jorge Navarro y el policía Jesús Merino, eran quienes portaban armas de fuego.

Poder detras del trono

Acusó que detrás del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa está el ex presidente municipal Luis Cruz Rivera, quien fue depuesto en 1996 por incurrir en acciones de corrupción.

"Él es quien maneja todo; incluso al presidente municipal", asentó.

Y dijo que la asamblea general de comuneros se reunirá este domingo para tomar acuerdos sobre los hechos de violencia.

"La mayoría de comuneros está con nosotros; ellos serán los que decidan que se va a hacer", asentó.

A su vez, en una asamblea, el portavoz del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa, Esteban Ramírez López informó que su grupo fue víctima de una emboscada en el paraje "Corral Quemado", limítrofe con San Gabriel, Etla, mientras realizaban trabajos de "verificación" del derribo de árboles efectuado por el Comisariado de Bienes Comunales.

Aseguró que la víctima, Zenén Matadamas Sosa, Raúl Díaz Escamilla, Felipe Santiago, Jesús Hernández y Victoria Santiago Ruiz, aglutinados en el Comisariado de Bienes Comunales, dispararon "a diestra y siniestra" en contra de sus compañeros, lesionando a Félix Merino Vásquez.

Subrayó que Matadamas Sosa murió no por disparos de arma de fuego de algún integrante del Comité de Vigilancia Ambiental Participativa sino porque "fue acribillado por su propio compañero", Raúl Díaz Escamilla.

Por estos acontecimientos, responsabilizó a las delegaciones de Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semanat) y a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) por omisiones porque "no hicieron valer la ley oportunamente" ni obligaron a la contraparte a cumplir la suspensión del saneamiento como consta en el oficio DFO-UJ- 0600/2010.


jueves, abril 22, 2010

Saqueadores de madera logran ganancias millonarias

Despertar miércoles 21 de abril de 2010
Luis Parra Meixueiro

La delegada de la Profepa, Laura Ernestina Aguilar Chagoya, dice que se realizaron operativos en los Pueblos Mancomunados. La explotación ilegal de madera con el pretexto de la plaga del gusano descortezador alcanzaría los 200 mil metros cúbicos, igual a la extracción autorizada por la Semarnat; las multas apenas alcanzan los 123 mil 156 pesos

Al igual que en otras regiones madereras del estado, en los Pueblos Mancomunados de la Sierra Norte: Santa María Yavesía, Santa Catarina Lachatao y San Miguel Amatlán, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), detectó que el 50 por ciento de la madera que se extrae es ilegal, lo que deja ganancias millonarias a los saqueadores.

Sin embargo, la dependencia argumenta que no puede instalar un punto de revisión permanente en todas estas zonas porque carece de personal.

Ello, a pesar de que se calcula que mil metros cúbicos de madera representan en el mercado unos 20 millones de pesos.

La Comisión Nacional Forestal (Conafor), autorizó a los Pueblos Mancomunados la explotación forestal de 200 mil metros cúbicos de madera afectada por el gusano descortezador, por lo que la explotación ilegal con el pretexto de la plaga sería otra cantidad igual.

La Profepa indicó que de cada dos camiones que extraen madera del sitio, uno es ilegal, lo que también sucede en otras regiones madereras del estado, sin que se pueda impedir debido a la falta de personal en la dependencia.

En entrevista con DESPERTAR, Laura Ernestina Aguilar Chagoya, delegada de la Profepa en Oaxaca, explicó que se han realizado diferentes operativos en la zona de los Pueblos Mancomunados, especificó que durante el periodo de 2001 al 2009, realizó 11 visitas de inspección en la zona en materia forestal, vida silvestre e impacto ambiental, respectivamente, tanto a particulares, como al Comisariado de Bienes Comunales.

Específicamente en las localidades de Santa Catarina Lachatao y San Miguel Amatlán, San Miguel Amatlán Pueblos Mancomunados, Pueblos Mancomunados Lachatao, Amatlán, Yavesía y anexos, así como en el Paraje Denominado “Xiuhuada” y hacia el paraje denominado “Yaveco” en Santa María Yavesia, Ixtlan de Juárez.

También se hicieron operativos en el paraje denominado Loo-Diu, ubicado en terrenos forestales comunales de Lachatao, Amatlán, Yavesia y Anexos y en predios forestales de Pueblos Mancomunados.

De estos 11 expedientes administrativos por tala ilegal abiertos en la dependencia, cinco se resolvieron con sanción administrativa y seis sin sanción, para un total de multas impuestas por la cantidad de 123 mil 156 pesos.

La delegada detalló que en operativos realizados, se ha descubierto que por cada camión que extrae madera uno va en regla y otro no, por lo cual se calcula que el 50 por ciento de los camiones extraen madera de forma irregular.

No obstante, sí se ha observado en los operativos que algunas unidades extractoras de madera sí cuentan con autorización por parte de la Semarnat, por lo tanto, consideró que sí existen quienes hacen un aprovechamiento sustentable de la madera.

Además, especificó que el problema que se vive en estas comunidades es de carácter interno, por lo cual la Profepa no puede realizar muchas acciones preventivas y recordó el caso cuando se estableció un comité de vigilancia, con comuneros de los tres municipios y de ahí se generaron acciones violentas de disputa entre los Pueblos Mancomunados y las agencias circunvecinas.

Además reiteró que la Profepa no puede establecer vigilancia permanente en el sitio pues carece de personal suficiente para vigilar todas las zonas en donde se dan casos de extracción ilegal de madera en todo el estado de las cuales identificó a San Miguel Peras, los Pueblos Mancomunados, Ixtlán, Chimalapas, Valles Centrales, y la Mixteca, principalmente.

Por ello, indicó que pese a que la dependencia realiza operativos en estas zonas, el tráfico ilegal de madera proveniente de la tala no se ha logrado detener, pues aunque se imponen sanciones la gente no ha cobrado consciencia del daño tan grave que se hace al ambiente al cortar los árboles indiscriminadamente.

Entonces, la delegada concluyó son las personas y comuneros que deben cobrar más conciencia sobre lo importante de preservar los bosques, para sus hijos y las generaciones futuras y de continuar la tala ilegal continuarán las sanciones, pero esto no evitará causar un mayor deterioro en nuestros bosques.

miércoles 21 de abril de 2010
DISOLVER MANCOMUNADOS, SOLUCIÓN A SUS CONFLICTOS
Luis Parra Meixueiro
En Lachatao acusan que hay retrasos en el combate a las plagas que afectan los bosques. Saqueo forestal, botín en disputa

Santa Catarina Lachatato, Ixtlán.- Los Pueblos Mancomunados, Santa María Yavesía, Santa Catarina Lachatao y San Miguel Amatlán, en los hechos jalan cada cual para su santo, por la diversidad de intereses económicos sobre los recursos forestales de la zona.

Por ello, la solución propuesta por la Secretaría General de Gobierno (Segego) de disolver la denominación de Mancomunados en los pueblos de la Sierra Juárez, es ya una realidad que no se ha querido aceptar, afirmaron miembros del cabildo de esta localidad.

Señalaron que ya todos los pueblos, tanto municipios como agencias, han dividido de antemano sus territorios, por lo que aún si en papel no se ha firmado esta solución, en la práctica cada pueblo “jala para su propio santo”.

En entrevista con DESPERTAR, Octavio Marcos Ramírez, síndico de Santa Catarina Lachatao, explicó que la intención de dividir los territorios Mancomunados no es nueva, y tiene mucho tiempo que se ha planteado, no obstante, existen intereses económicos que no quieren que los pueblos establezcan territorios por separado.

Explicó que Yavesía quiere separarse desde hace 50 años de los territorios mancomunados sin lograrlo, debido a que los recursos que perciben al mantenerse unidos no son repartidos equitativamente.

En la pasada reunión de los Pueblos Mancomunados para tratar el tema del saneamiento de la plaga del gusano descortezador, Lachatao probó establecer puntos de acuerdo para lograr un saneamiento más eficiente, pues según el punto de vista de sus autoridades, los trabajos debieron iniciar en diciembre.

Cuestionaron que este retraso impide terminar con la plaga, pues si se le ataca a tiempo cuando el gusano es pequeño no se puede reproducir, y cuando el saneamiento es tardío, el gusano se reproduce y ataca más árboles.

Por ello, hay sospechas y rumores en la comunidad en el sentido de prolongar la plaga y el saneamiento, para seguir aprovechando la madera afectada, y en este negocio estarían involucradas autoridades estatales y federales. Los comuneros de Lachatao desconfían del papel jugado por Félix Piñeiro Márquez, director de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Rural (Seder), pues en las decisiones de las mesas de diálogo efectuadas en los Pueblos Mancomunados, se ha desempeñado de forma parcial hacia las agencias, en perjuicio de los tres municipios.

También impugnaron la actuación de Antonio Plancarte Barrera, subgerente operativo regional, de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) de quien al igual que Piñeiro Márquez, sostienen que ha tenido una actuación parcial en defensa de algunos intereses económicos.

El Síndico de Lachatao consideró que la división de dominios en los Pueblos Mancomunados sería una solución conveniente para los intereses de cada agencia y municipio que los integra, pues estos difieren entre cada comunidad.

Al respecto, indicó que en Lachatao el interés principal es la conservación de los bosques y la conservación de los manantiales que proveen de agua potable al pueblo, mientras que el interés de algunas agencias es seguir explotando la madera para comercializarla.

Aseguró que si bien aún en documentos la separación de los territorios mancomunados no se ha consumado, en la realidad, es un hecho, pues pueblos como Latuvi o Cuajimoloyas incluso se encuentran los terrenos bardeados con alambre de púas, para impedir el acceso a personas de los otros pueblos.

Lo mismo sucede en Llano Grande y Benito Juárez, cada una de estas agencias ha trazado ya sus propios terrenos y las personas de otras comunidades no pueden ingresar.

Según el Síndico, en Cuajimoloyas los habitantes han derribado árboles para un cambio de uso de suelo y poder cultivar productos agrícolas como la papa, derribando árboles en grandes extensiones de terrenos donde han construido ranchos “de a tres perros”.

Precisó que aun cuando en la práctica los Pueblos Mancomunados ya están separados por territorios, llevará mucho tiempo lograr la extinción de la denominación en el lugar, pues los intereses de algunas agencias de seguir con este formulismo se mantienen vigentes, sobre todo en la asignación de recursos, la cual no ha sido regular para los ocho pueblos que la conforman.

Reiteró que la intención de Piñeiro Márquez de mostrar a los Pueblos Mancomunados como un modelo de aprovechamiento forestal, persigue intereses económicos, pues tal afirmación está muy lejos de la verdad.

Dijo que por ello los habitantes de Lachatao están de acuerdo en disolver la denominación que históricamente los ha unido, pues según Marcos Ramírez, al menos de esta forma los territorios estarían bajo una mayor vigilancia para que los bosques no sean talados.

Sin embargo, consideraron aún muy lejana esta solución, porque es difícil conciliar los diferentes intereses de las ocho comunidades que integran a este territorio de la Sierra Norte, perteneciente al distrito de Ixtlán.

lunes, marzo 15, 2010

Por favor ayuden a detener las expulsiones y la palma de aceite en Chiapas

ENGLISH BELOW

Fecha: 10 Mar 2010 11:12:34 +0100 (CET)

Estimados amigos,

Comunidades indígenas en la Selva Lacandona en Chiapas están siendo expulsados de manera violenta por las por las fuerzas de la policía federal y del ejército, en apoyo a planes de las corporaciones para expandir la palma de aceite y otras actividades, incluyendo el turismo llamado falsamente eco-turismo.

El 21 y 22 de enero del presente año, las comunidades indígenas que viven en dos pueblos dentro de la Reserve de la Biósfera en la región de Montes Azules fueron expulsados violentamente de sus hogares, y sus casas, todas sus pertenencias y cultivos fueron destruidos. Por favor escriban a las autoridades en México y en el Estado de Chiapas para apoyar a las comunidades y organizaciones locales en su pedido por la terminación inmediata de las expulsiones, por el regreso de las comunidades a su tierra, la restitución del daño causado, el procesamiento de los responsables y por la terminación de los monocultivos de palma de aceite en el área.

Por favor distribuyan este mensaje de manera amplia

Muchas gracias. Saludos,


Guadalupe Rodríguez
Rainforest Rescue
Tel.: +49 (0)30-51 73 68 79
E-mail: guadalupe@regenwald.org

http://www.rainforest-rescue.org



Date: Wed, 10 Mar 2010 11:12:34 +0100 (CET)

Dear Friends,

Indigenous communities in the Lacandon Forest in Chiapas are being violently evicted by federal police and army forces, in support of corporate plans for oil palm expansion and other activities, including tourism falsely called eco-tourism.

On 21st and 22nd January this year, indigenous communities living in two villages in the Biospherre Reserve in the Montes Azules region were violently evicted and had their homes, all their belongings, crops and trees destroyed. Please write to the authorities in Mexico and in Chiapas state to support local communities’and organisations’ calls for an immediate end to the evictions, for return of the comunities to their land, restitution for the damage which has been caused, the prosecution of those responsible and for an end of oil palm monocultures in the area

Please, spread this message widely.

Many thanks. Best regards,

Guadalupe Rodríguez
Rainforest Rescue
Tel.: +49 (0)30-51 73 68 79
E-mail: guadalupe@regenwald.org

http://www.rainforest-rescue.org

sábado, marzo 13, 2010

El “Ejército de Dios” ataca a las comunidades zapatistas

Hermann Bellinghausen
El papel protagónico de la organización evangélica Ejército de Dios en recientes conflictos comunitarios en ejidos y poblados tzotziles de San Cristóbal de las Casas, Teopisca y Huixtán tiene su epicentro en Mitzitón, donde la asamblea ejidal es adherente a la otra campaña del EZLN. Este ejido se caracteriza por oponerse al proyecto gubernamental de hacer atravesar bosque y predios agrícolas por una muy anunciada autopista San Cristóbal-Palenque, la cual es apoyada por los evangélicos, si bien afectaría predios que no les corresponden, y muchos de ellos viven fuera de la comunidad.

Las acciones de violencia y provocación en que se han visto involucrados, incluyendo la muerte de un ejidatario meses atrás, han alimentado la versión oficial de un conflicto religioso. Y por si ese argumento no alcanza, se añaden problemas de tierras y disputas por cinco palos de madera.

En organización, discurso y acciones el Ejército de Dios posee un elemento castrense inocultable y está bien documentada su connivencia y amistad con las policías federal y estatales. Aunque no es visible una relación con el Ejército, resulta relevante mencionar que el perímetro de mayor conflictividad donde el Ejército de Dios actúa, con abiertas beligerancia e impunidad (pues sus miembros incurren en actividades ilícitas a la vista de todos), es contigua, literalmente, al cuartel general de la 31 zona militar de Rancho Nuevo, desde donde se irradia la estrategia contrainsurgente que lleva 16 años aplicándose, de manera progresiva, en los todos los Altos de Chiapas.

La agrupación pertenece a la iglesia Alas de Águila, con presencia en los Altos y diversas entidades del país. Muy vinculado en discurso y organizativamente a agrupaciones evangélicas de Guatemala, al igual que aquellas es muy afín a las tropas gubernamentales, que en Chiapas ocupan abrumadoramente los territorios indígenas. En Guatemala se vincularon claramente con la contrainsurgencia y uno de sus predicadores, el general Efraín Ríos Mont, fue dictador durante el peor periodo de la guerra civil que asoló al vecino país.

Según las propias iglesias reformistas, a finales del siglo pasado llegaron a Chiapas más de 5 mil 500 predicadores procedentes de Guatemala y dieron origen a múltiples iglesias, sobre todo evangélicas, con derivaciones presbiterianas y pentecostales.

No es la primera vez que grupos evangélicos protagonizan ofensivas paramilitares en Chiapas contra comunidades zapatistas y de simpatizantes. Entre 1996 y 1998, Paz y Justicia en la zona norte y el grupo armado que realizó la masacre de Acteal y las decenas de asesinatos que la precedieron estaban formados y dirigidos por miembros de iglesias evangélicas. Sin embargo, las versiones gubernamentales de presunto conflicto religioso no tuvieron éxito.

Priísta como aquéllos, el Ejército de Dios sí se presenta abiertamente como organización militar. No porta armas en sus desfiles, mas sus miembros las usan repetidamente en Mitzitón y alrededores. Mientras sostienen que su arma es la Biblia, usan consignas de los kaibiles y los marines estadunidenses.

Las vistosas credenciales de membresía y reconocimiento en “los procesos de adiestramiento del ‘peniel’ (como llaman a sus concentraciones de práctica)”, emitidas en junio de 2009, retratan en la mitad inferior a un marine con casco, uniforme de campaña, la bandera de las barras y estrellas en el hombro, apretando un arma de altísimo calibre y oteando con gran telefoto hacia el enemigo. Firma el reconocimiento al quinto lanzamiento de sus soldados la comandancia general de Ejército de Dios: ministro Esdras Alonso González, y apóstol Marlene Contreras González.

El Ejército de Dios no es indígena; incluso tiende programáticamente a desindianizar a sus seguidores. Muchos, como quiera, no lo son, pero en Chiapas ha reclutado a numerosos tzotziles. Apenas el pasado 18 de enero realizó una parada militar más en el centro de esta ciudad. Con la bandera nacional al frente, los soldados desfilaron de pantalón de campaña, camiseta y boinas rojas, al son de La marcha imperial de la guerra de las galaxias, de John Williams, que remite directamente a Darth Vader.

Allí aprovecharon para denostar la triple alianza (la llaman ellos): “Frayba, la otra campaña y catequistas”, a quienes insisten en culpar de la violencia en la región, del mismo modo que lo ha hecho el gobierno estatal.

"Primero fueron víctimas de caciques y del sistema; ahora ellos atacan”

Los grupos de evangélicos involucrados en las agresiones a comunidades zapatistas y de la otra campaña no representan, ciertamente, la mayoría de los creyentes de dicha denominación cristiana, que en la región suman muchos miles, en su mayoría pacíficos. Las acciones del Ejército de Dios en Mitzitón ni siquiera son compartidas por todos los miembros de su iglesia: Alas de Águila.

Además, en la misma teología de la prosperidad que sostienen estas iglesias existen corrientes progresistas. En Guatemala defendieron los derechos humanos y se opusieron al paramilitarismo y la militarización. Al igual que las congregaciones sustentadas en la fuerza y el desafío violento, tenían su matriz en Estados Unidos y Canadá, pero a diferencia de aquellas, sin vínculos formales ni ideológicos con el Pentágono ni las estrategias de contrainsurgencia.

El investigador guatemalteco de origen maya Miguel de León Ceto escribe: “Las iglesias evangélicas se han desarrollado en un contexto de violencias políticas que caracterizan la región. En el caso guatemalteco, dentro de los medios conservadores (la elite política, patronal y militar). En el sureste mexicano este fenómeno se produjo de manera paradójica: en su origen se implantaron como iglesias víctimas de la violencia y la represión del caciquismo y el sistema político, y posteriormente se implicaron, en algunos casos, en actos de barbarie” (Las lógicas de poder de las iglesias evangélicas en tierras mayas, tesis de posgrado en la École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, París, 2009).

Esto resulta relevante en la región chiapaneca, donde hace dos décadas se registró una grave violencia derivada de la intolerancia y el férreo control de los caciques priístas en San Juan Chamula, Zinacantán y el propio San Cristóbal (llamado por el Ejército de Dios simplemente Cristóbal de las Casas). Hubo asesinatos, expulsiones y aldeas arrasadas contra evangélicos o testigos de Jehová, así como católicos no tradicionalistas seguidores de la diócesis progresista del obispo Samuel Ruiz García.

En ese contexto se establecieron grupos de autodefensa, como Guardián de mi Hermano, que derivó a Alas de Águila y el Ejército de Dios, dispuestos a una guerra espiritual –como explica De León– propia de los neopentecostales. Remontar la resignación y el fatalismo, no poner más la otra mejilla. De ahí a convertirse en poderosos y agresores no medió gran distancia.

En su idea de que la problemática de la comunidad tzotzil de Mitzitón es religiosa, el pasado fin de semana el gobierno de Chiapas envió como negociador al subsecretario de Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobierno, Enrique Guillermo Ramírez Conrado. Así le fue.

El grupo identificado como evangélico, aunque ahora también involucra algunos católicos tradicionalistas (lo cual quebranta el concepto religioso del conflicto, como también ocurrió en Acteal y la zona norte la década pasada), recibió al negociador del gobierno sabinista con escarnio y agresividad inusitados. Según testigos (existe un audio del episodio), lo llamaron pendejo, lo patearon y manosearon, y repetidamente le hicieron ademanes obscenos. Su escolta estaba atemorizada.

El funcionario trataba de convencer al grupo agresor, encabezado por miembros del Ejército de Dios, de liberar a sus rehenes –ejidatarios de Mitzitón–; uno de ellos, el agente municipal Silerio Pérez Díaz, reconocido por el ayuntamiento de San Cristóbal, se encontraba bañado de gasolina, semidesnudo en el frío de la madrugada del lunes pasado, torturado y vejado, a escasos metros de donde negociaban. Tal actitud desafiante es la misma que muestran ante policías y agentes de Migración cuando los interceptan transportando cargamentos de productos ilícitos o migrantes centroamericanos. Se saben impunes.

Ramírez Conrado tampoco tuvo la confianza de los representantes ejidales adherentes de la otra campaña, quienes le hablaron con severidad cuando acudió con ellos para que liberaran a los tres rehenes que tomaron después de ser agredidos a balazos. Pero no lo insultaron, y pudo constatar que estos rehenes no eran maltratados ni torturados. Eso también es evidente en las fotografías publicadas de ambos grupos de rehenes (La Jornada 2/3/10).

En este contexto, no resulta extraño que el reciente y grave choque en Bolón Ajaw entre bases zapatistas y miembros de la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos (Opddic) haya revelado que los agresores de Opddic pertenecen a la iglesia presbiteriana El Horeb, en Agua Azul. Su pastor, Samuel Gutiérrez Solórzano, sostenía la versión oficial de que los zapatistas agredieron a los evangélicos, dejando como saldo la muerte de Adolfo Moreno Estrada, y llamaba a una cruzada nacional de sus correligionarios contra los zapatistas, incluso después de que esa versión fue desmentida fehacientemente por la junta de buen gobierno de Morelia.

martes, septiembre 15, 2009

Corrupción perturba vida social y económica de Magdalena Apasco

Despertar

13/09/2009 04:00:00 Francisco Ramírez

MAGDALENA APASCO, ETLA.- La voracidad de un grupo de pseudo comuneros propició que esta localidad del Valle Eteco viva una separación que la tiene al borde de un conflicto social de grandes dimensiones. Amenazas, denuncias anónimas y agresiones son el pan de cada día para los habitantes que ya están hartos de la situación.

“La corrupción ha trastocado la vida social y económica de Magdalena”, afirma uno de los pobladores que pide el anonimato, toda vez que dice “hablar” es poner en riesgo su integridad y la de su familia.

Su dicho confirma el silencio que la comunidad guarda respecto a la situación que se vive en este pueblo ubicado a 35 kilómetros de la capital del estado. “Los únicos autorizados son el presidente y las autoridades comunales elegidas por el pueblo”, agrega el entrevistado.

Son poco más de las dos de la tarde y el municipio está desolado, poco son quienes se atreven a dar una orientación respecto a los personajes representativos de la comunidad, la mayoría dirige su recomendación hacia la presidencia municipal. “Ellos son los únicos que pueden dar información”, dicen.

De la misma manera se refiere el entrevistado, quien luego de cruzar algunas palabras se ve convencido y explica: “Es cuento de no acabar, desde septiembre de 2008 se inició esta pugna, no lo podíamos creer. Los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales en dos años se volvieron millonarios: Ernesto Rueda Victoria, Joaquín Victoria Gómez, Magdaleno Jiménez y Tereso Cervantes, se chingaron una millonada”.

Encaminando a los reporteros al interior de un domicilio, el hombre de tez morena y sombrero de palma, cuenta que estas personas el 21 de septiembre de 2008 fueron destituidos por el pueblo cuando se descubrió un documento donde se hicieron claras sus tropelías.

“Cometieron un fraude por más de cinco millones de pesos y que les fue comprobado, hoy este problema ha llevado a tambalear hasta las finanzas del municipio, pues en esta situación se ha vinculado al actual presidente municipal –Juan Francisco Cuevas Chávez- como responsable de la división del pueblo”.

El narrador de estos hechos pide discreción, pero no deja de reconocer que quienes fraguaron el millonario fraude aún se ostentan con el carácter de autoridades de bienes comunales.

“Durante dos años saquearon los recursos de Magdalena Apasco, la empresa que explotaba la mina de piedra –Vogasa- denunció que los integrantes del Comisariado de Bienes Comunales los extorsionaban a través de un asesor que era hermano del presidente”, explica.

En su conversación, el nativo reconoce que hay personas que han sido amenazadas, otras denunciadas ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) por haberse entrometido y sacar a la luz pública la situación que se venía sucediendo. “No, sí era demasiado, estas autoridades se daban el lujo de hacerse cada regalito, uno compró camioneta de lujo para su hijo, otro de ellos compró casas y terrenos; es más, se habla que hasta las autoridades de la Procuraduría Agraria (PA) se vieron compradas con las dádivas que les otorgaban, quizá por ello es que la dependencia no ha hecho nada para reconocer a las autoridades que hemos nombrado”, asegura.

De acuerdo con el entrevistado, la PA a cargo Óscar Reyes Armendáriz, ha hecho caso omiso de esta situación que han comenzado a reclamar los verdaderos comuneros de la población y que se encuentran enlistados dentro de un documento oficial que otorga este reconocimiento.

“Hay papeles que lo avalan, todo está documentado”, repite a la vez que reitera la invitación para que se acuda a las autoridades municipales para tener más detalles de la problemática que vive la localidad.

En este sentido, señala que los autorizados para hablar del tema también son Hugo Tomás Chávez Cervantes, Juan Chávez, Joel Roque Espinoza, Timoteo Espinoza, quienes son las autoridades comunales electas en septiembre de 2008 cuando fueron destituidos los otros pseudo comuneros.

“Desde entonces comenzó el alboroto. En enero de 2009 nos manifestamos frente al parque maquilador para demandar la atención de las autoridades estatales y de la misma Procuraduría Agraria, desde entonces no ha pasado nada. El mes pasado la comunidad entera bloqueo los accesos a la comunidad, es más impidió el paso a los malos comuneros y tomó la determinación de suspenderles los servicios, la intensión del pueblo es desterrarlos con todo y sus familias”, afirma.

¿Esto puede generar violencia?

“Sí, lo sabemos, pero no podemos permitir más abusos contra el pueblo, nos regimos por usos y costumbres y la asamblea es la que manda”, recalca el hombre quien así da por terminada su plática.

DESPERTAR recorrió la comunidad, se ve en paz, pero en su gente se siente la desconfianza y quizá el temor de verse reprimido o ponerse en riesgo de sufrir alguna agresión.

sábado, agosto 29, 2009

Existen 400 conflictos municipales pendientes en la Cámara de Diputados

Noticias de Oaxaca, Viernes, 28 de agosto, 2009

LUIS IGNACIO VELÁSQUEZ

En la Comisión de Gobernación de la LX Legislatura existen actual­mente 400 conflictos municipales, "hay peticiones de desaparición de poderes, hay peticiones de revoca­ción de mandato a presidentes, de concejales, por ello la revocación de mandato debe plasmarse en la Constitución local", afirmó el vice coordinador de la fracción parla­mentaria del Partido de la Revolu­ción Democrática (PRD), Wilfredo Fidel Vásquez López.

Al externar su apoyo a la inicia­tiva de Ley de Participación Ciuda­dana presentada por una veintena de organizaciones no gubernamen­tales, junto con los coordinadores de la fracciones parlamentarias de Acción Nacional (PAN) Dagober­to Carreño Gopar y Convergencia Benjamín Robles Montoya, señaló que sin embargo la estructura ju­rídica estatal no permite revocar­les el mandato a estas autoridades, aunque hay casos como el del presi­dente municipal de Santa Lucía del Camino, Alejandro Antonio Díaz Hernández, que ha sido acusado de una corrupción atroz.

"De tal suerte que de estos 400 conflictos que existen en 400 mu­nicipios, hay peticiones de ciudada­nos para que el presidente se vaya, un regidor, concejales contra presi­dentes, etcétera, pero las peticiones no se pueden cumplir porque no existe la regulación del referéndum y el plebiscito, "entonces es bienve­nida esta iniciativa".

El integrante de la Comisión de Gobernación del Congreso local, agregó que si en el 2006 hubieran existido las figuras del plebiscito y el referéndum en la Constitución del estado, "el señor Ulises Ruiz Ortiz ya estuviera en su casa, como debía estarlo".

Recordó que la oposición luchó mucho para establecer el plebiscito y el referéndum en nuestra Car­ta Magna, "porque la aplanadora priista siempre está al servicio del Poder Ejecutivo".

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria del parti­do naranja, Robles Montoya, mani­festó que el problema en Oaxaca es que las decisiones de un gobierno autoritario se trasminan al Congre­so y muchas iniciativas de Ley no llegan a donde deben llegar porque se detienen sin ser discutidas.

Dijo que a pesar de que él ya presentó una iniciativa de Ley de Participación Ciudadana, "siento ahora que mi responsabilidad es ser la voz de quienes no tienen voz en el Congreso, por ello a partir de este momento hacemos nuestra la defensa de la iniciativa elaborada por la sociedad civil".

"Consideramos el trabajo de las organizaciones civiles que se han dedicado a apuntalar y a señalar las cosas que se deben corregir en Oaxaca, por eso hacernos propia las iniciativa que hoy se presenta".

Manifestó que el autoritarismo y corrupción que se vive en la entidad nos tiene al borde de una crisis de magnitudes insospechadas, "Ruiz Ortiz nos ha endeudado en más de 6 mil millones de pesos en lo que va de su administración, vamos a tener que pagar 13 mil millones de pesos con intereses a lo largo de los próxi­mos 30 años, lo que significa que los oaxaqueños que apenas están por nacer van a vivir endeudados y esto no hubiese sucedido si figuras como las que se proponen en esta iniciati­va estuviesen ya en vigor".

Por su parte, el coordinador de la fracción parlamentaria de Acción Nacional, Carreño Gopar, saludo la participación ciudadana pero ad­virtió que su partido va analizar la iniciativa y la van a apoyar en todo lo que encuentren que debe ser apoyado.

lunes, abril 06, 2009

Confrontación entre el MULT y UBISORT data de hace 3 decenios

La Jornada, 6 abril 2009.

Desplazadas, 200 familias, en cinco años de conflicto agrario en Oaxaca
Comisión destinará recursos para apoyar a indígenas de la zona triqui

Octavio Vélez Ascencio
Corresponsal
Oaxaca, Oax., 5 de abril. Unas 200 familias indígenas han sido desplazadas en los últimos cinco años debido al conflicto que sostienen el Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT) y la Unidad de Bienestar So- cial de la Región Triqui (UBISORT) en el municipio de Santiago Juxtlahuaca, enclavado en la región mixteca, al occidente de la entidad.

El MULT responsabiliza a grupos paramilitares y la priísta UBISORT de los asesinatos, encarcelamientos, amenazas y agresiones padecidos por sus integrantes y moradores de la zona desde hace casi tres decenios.

Reclama: Nuestros 350 muertos jamás han sido noticia principal ni le interesan a nadie por ser de izquierda, pero sobre todo por ser indígenas y pobres.

La confrontación entre ambas agrupaciones afecta principalmente las comunidades de San Juan Copala, Agua Fría, Yosoyuxi, Tilapa, Cienaguilla, Paso de Águila y El Rastrojo, donde cientos de habitantes debieron emigrar a la cabecera municipal, Santiago Juxtlahuaca.

Ya son muchos los desplazados a causa de éste y otros conflictos en la región triqui, y sus condiciones de vida son muy difíciles por la situación de marginación y rezago, dijo Concepción Rueda Gómez, delegada de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI).

Por lo anterior, la CDI destinará 11 millones 500 mil pesos a la construcción de viviendas para las 200 familias indígenas, en una acción de los gobiernos federal y estatal, con ayuda del ayuntamiento, a fin de que tengan un lugar digno donde vivir, anunció.

Además, el Fideicomiso del Fondo Nacional de Habitaciones Populares otorgará un millón 500 mil pesos para realizar 100 acciones de reacondicionamiento de hogares en mal estado en la región triqui, destacó la funcionaria.

Por su parte, el presidente municipal de Santiago Juxtlahuaca, Carlos Martínez Villavicencio, agradeció las acciones emprendidas para resolver el problema de la vivienda.

martes, enero 27, 2009

Caso Agrario, Jaltepec de Candayoc, Mixe, Oaxaca

26-01-2009

A los medios de comunicación
A la opinión pública nacional e internacional
A los organismos de Derechos Humanos
A los Pueblos Indígenas del Mundo
Al Pueblo Ayuujk

Hermanos y hermanas, los saludamos y les deseamos que el creador y dador de vida les ilumine el camino para obtener un mundo más justo.

Ante el infame y criminal despojo que ha ocasionado el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Oaxaca sobre nuestras tierras comunales, mismo que persiste hasta nuestros días de manos del Gobernador del Estado y la Secretaría de Desarrollo Rural (SEDER), nuestra comunidad ha iniciado un proceso judicial para exigir Justicia.

Por esta razón, hoy queremos compartir nuestra palabra.

Nuestro pueblo, es una comunidad llena de historia y riquezas naturales y territoriales desde la época colonial, nosotros, somos descendientes directos del antiguo Candayoc. En 1737 contábamos con una superficie de 108 leguas cuadradas de tierras equivalente a 335,394 hectáreas de tierras que compramos a la corona española en 800 pesos oro y otra parte recibidas en gratificación por los mismos españoles por servicios prestados en sus haciendas; en un irónico trato tuvimos que comprar nuestras propias tierras y conformarnos con un obsequio que tomaron de nuestros propios bienes. Nuestros títulos fueron utilizados por el Licenciado Miguel Bolaños Cacho para defender y establecer el lindero de nuestro Estado de Oaxaca con el Estado de Veracruz en el año de 1899, por lo que los Gobiernos del Estado y Federal, tienen pleno conocimiento que las tierras hasta la colindancia con el Estado de Veracruz le pertenecen a nuestra comunidad.

No obstante lo anterior, es decir, aún sabiendo que estas tierras eran de nuestra comunidad, en el año de 1956 y 1958 el Gobierno Federal expropió 18 648 hectáreas de nuestra propiedad ancestral sin avisar a nuestro pueblo y sin indemnizarla en la forma señalada por la Constitución Federal. De este modo, las injusticias sufridas durante la colonia continuaron en el México independiente pues quedamos a merced de un Gobierno injusto y represor. En esos años, se dijo que nuestras tierras servirían para reubicar a los hermanos afectados por la Construcción de las presas Cerro de Oro y Miguel Alemán en la cuenca del Río Papaloapam; en los hechos esto nunca fue realidad ya que la entonces Comisión del Papaloapam, se dedicó a vender nuestras tierras al mejor postor y las tierras restantes las utilizó para fines distintos a la expropiación. Asimismo, el dinero destinado para la indemnización más de seiscientos mil pesos de aquella época fue entregado a un particular que nunca comprobó ser propietario de las tierras expropiadas.

En estas condiciones, nuestras tierras fueron botín para acaparadores de tierras, fugitivos y funcionarios públicos que se hicieron ricos a costa de nuestro patrimonio. A nosotros nos tocó solo tristezas, agresiones y desolación, muchas veces tuvimos que lidiar y correr a la Policía Hidráulica que a cartucho cortado se introdujeron a nuestras tierras. Hoy esta expropiación sigue sin ser indemnizada.

Además 2,050 hectáreas de estas tierras que no fueron utilizadas para la expropiación, actualmente se encuentra en manos del Gobierno del Estado y en un acto de total autoritarismo el Gobernador ULISES RUIZ ORTIZ, las declaró Zona de Reserva Ecológica evitando cualquier ingerencia de nuestra comunidad. A pesar que ante el Gobierno del Estado hemos acreditado que somos los legítimos y ancestrales dueños conforme a nuestros títulos primordiales, la SEDER, en repetidas ocasiones nos ha manifestado que estas tierras nunca nos serán entregadas.

Hermanos y hermanas, queremos decirles que con la firmeza y la confianza que nos da el ser los legítimos dueños de las 18,648 hectáreas de que fuimos despojados, nuestra comunidad siempre ha defendido estas tierras, por muchos años buscamos y hemos documentado nuestra propiedad ancestral, asimismo, hemos documentado el terrible despojo que bajo la máscara de la expropiación se consumó en contra de nuestro pueblo. Hoy contamos con toda la documentación que acredita ante los ojos de las autoridades y de la opinión pública lo injusto de este criminal acto que nos ha reducido a una pequeña porción de tierras, el Gobierno Federal y Estatal, aún buscando las mejores argucias legales, no puede seguir este monumental acto de injusticia.

Por esta razón, confiando en la Justicia de los Tribunales Federales, el día de ayer 5 de enero de 2009, a las 15:00 horas, interpusimos Demanda de Amparo ante el Juzgado Primero de Distrito de la ciudad de Oaxaca, solicitando protección de la Justicia Federal en contra del decreto expropiatorio que sirvió para la usurpación de 18,648.90-32 hectáreas de terrenos de nuestra comunidad sin indemnización alguna; asimismo en contra del Decreto emitido por ULISES RUIZ ORTIZ en el que declara 2,050 hectáreas de las tierras expropiadas como ZONA DE RESERVA ECOLOGICA.

En esta iniciativa comunitaria de exigencia de justicia de nuestro pueblo, estamos seguros que el nuevo marco de los derechos indígenas y de los derechos humanos en el plano nacional e internacional, as como la presencia firme de los organismos defensores de los Derechos Humanos, no permitir que este acto de injusticia quede en el olvido.

ATENTAMENTE
En defensa de nuestras tierras y territorio ancestral
COMISARIADO DE BIENES COMUNALES Y CONSEJO DE VIGILANCIA