martes, abril 26, 2011
Cash alone will not slow forest carbon emissions
viernes, abril 22, 2011
Mundo: Reunión de Bangkok sobre cambio climático buscó avanzar hacia el consenso
Foto: Kldotv.com
Por Carmen Carrasco
Servindi, 13 de abril, 2011.- Del 3 al 8 de abril, los delegados de casi 200 países se reunieron en la ciudad de Bangkok para avanzar en las negociaciones sobre el cambio climático, y sustituir el Protocolo de Kioto, antes de la próxima cumbre de la ONU que se celebrará en noviembre en Durban, Sudáfrica.
La reunión empezó con una crítica del grupo regional Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América (ALBA), conformado por Bolivia, Cuba, Dominica, Ecuador, Nicaragua y Venezuela.
“Quisiéramos expresar nuestra profunda preocupación debido al hecho de que las decisiones que fueron adoptadas en el marco de las negociaciones del clima de Cancún (…) crea un precedente peligroso que no se debe repetir bajo el Marco del convenio sobre el cambio del clima”.
Agregó que “como nos movemos hacia Durban (conferencia anual que se realizará en noviembre) la trayectoria debe ser asegurar un proceso multilateral que sea transparente, abierto, y conducido por los Estados miembros, y también llegar siempre hacia el consenso”.
Se trata de la primera reunión desde la Cumbre de Cancún (México) donde los Ministros de Ambiente acordaron destinar 100.000 millones de dólares para contrarrestar el cambio climático.
El Grupo Ad Hoc del Trabajo sobre los Futuros Compromisos de las Partes del Anexo 1 del Protocolo de Kioto debatió las precondiciones necesarias para los países desarrollados a adoptar en un segundo periodo de compromiso para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.
En el último día de reunión, los países desarrollados, encabezados por Estados Unidos, querían una agenda que sólo pondría en práctica las decisiones adoptadas en la Cumbre de Cancún, sobre los resultados del Grupo de Trabajo Ad Hoc sobre la Cooperación a Largo Plazo.
El Grupo de los 77 y China, se opusieron a esta iniciativa e insistió en que el marco para las negociaciones futuras siga siendo el Plan de Acción de Bali, de diciembre de 2007.
De acuerdo con los países en desarrollo, muchas cuestiones fundamentales como la adecuación de los compromisos de reducción de emisiones de todos los países desarrollados, no se resolvieron en Cancún y debe ser incluidas en las negociaciones de este año.
Figuran además en agenda, la necesidad de evitar el proteccionismo comercial por razones de clima, y el tema de las patentes y transferencia de tecnología.
Al final de la jornada se acordó que en el programa para negociaciones futuras se abordaría la preparación de un resultado integral y equilibrado que se presentará a la Conferencia de las Partes (Durban) para su aprobación.
Las organizaciones indígenas piden reconocimiento
La Alianza Internacional de Indígenas y Grupos Tribales de las Selvas Tropicales denunció en el último día de la jornada (9 de abril) que no son tenidos en cuenta por la mayoría de países participantes de la reunión de Bangkok.
“Nuestra principal reivindicación es el reconocimiento de los pueblos indígenas y estar dentro de las negociaciones de cambio climático”, declaró a EFE el panameño Marcial Arias, asesor político de la Alianza.
Arias agregó que pese a que los indígenas son los más vulnerables a los efectos del calentamiento global y la deforestación, muchas naciones en Latinoamérica, África o Asia no reconocen la propiedad de sus tierras.
Subrayó que cerca de 370 millones de indígenas en todo el mundo dependen de los recursos naturales de las selvas, no obstante, “son expulsaos de sus tierras por las empresas madereras, hidroeléctricas, de petróleo, con el apoyo del gobierno y de las leyes nacionales”.
Arias emplazó a las Naciones Unidas a que se comprometa a concretar la partida financiera para el plan de REDD, cuyo objetivo es reducir la liberación de CO2 ocasionada por la destrucción de los bosques.
Debe tenerse en cuenta que la deforestación y degradación de los bosques representa el 20% de la emisión de gases de efecto invernadero causantes del cambio climático, sólo superado por el sector energético.
La implementación de REDD podría ocasionar la muerte de los pueblos indígenas, advirtió Arias, si es que no se les informa y se les considera en la implementación de programas.
Además alertó sobre el peligro de que la REDD se convierta en un camino para que las industrias movilicen millones de dólares al año para proteger las selvas mediante la compra de créditos de carbono, en lugar de que las mismas reduzcan sus emisiones.
Exigen la exclusión del Banco Mundial del financiamiento contra el cambio climático
Por otro lado, las organizaciones Ecologistas en Acción y Amigos de la Tierra, y más de 100 redes nacionales e internacionales de la sociedad civil entregaron una carta rechazando cualquier intervención económica del Banco Mundial en la lucha contra el cambio climático.
La carta fue entregada a la secretaria ejecutiva de la Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático (UNFCCC), Christiana Figueres, y en ella se argumenta que la financiación de la lucha contra el cambio climático es un deber legal y moral de los países industrializados para los demás países.
Por tanto, el dinero del financiamiento debe proceder de fuentes públicas, nuevas y adicionales a la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD).
En ese sentido, las organizaciones ecologistas condenaron que en Banco Mundial haya sido nombrado como administrador del Fondo Climático Verde.
¿“SOCIOS” ATRAPADOS EN UNA REDD?
19 de abril de 2011
Ivonne Ramos cbosques@accionecologica.org www.accionecologica.org
La pérdida de los derechos territoriales con “REDD” y “Sociobosque/Sociopáramo”
REDD, SOCIO BOSQUE Y SOCIO PÁRAMO significan la pérdida de los derechos territoriales que los pueblos tienen sobre sus territorios, los bosques, el agua, y la diversidad biológica, así como sobre sus conocimientos ancestrales. Uno de los objetivos que persigue el programa Socio Bosque/Socio Páramo es posicionar al Ecuador como proveedor de servicios ambientales en el mercado internacional.
Para poder negociar el carbono, el agua y la biodiversidad en los mecanismo REDD de Naciones Unidas, el Ministerio del Ambiente tiene que cumplir con ciertos requisitos como son el haber desarrollado un Plan Nacional Conjunto para REDD, el aval de las organizaciones indígenas y el garantizar por medio de acuerdos de asociación legalmente vinculantes la propiedad sobre los servicios que se estarían comercializando.
Solo así el actual gobierno ecuatoriano pretende acceder a los fondos de UN-REDD (4 millones de dólares comprometidos por Naciones Unidas). Para poder cumplir con los compromisos, el gobierno debe acelerar los procesos de elaboración de leyes apropiadas para la aplicación de REDD: el Código Orgánico Ambiental, la reglamentación secundaria del Art. 74 de la Constitución sobre servicios ambientales, y por su puesto la adecuación de leyes complementarias como la de Seguridad Pública que garantizaría que las áreas que entran en el mercado de servicios ambientales -categorizados dentro de los sectores estratégicos- puedan ser intervenidas en caso de amenazas.
La primera fase estipulada en el proyecto de REDD de NNUU proyecta que en el año 2013 el Ecuador deba haber completado la implementación del mecanismo REDD. Esto implica el aplicar lo que se conoce como “readiness to REDD” (preparación -con buena disposición- para REDD) a través del involucramiento de las instituciones y actores locales. Se espera que para el 2014, las instituciones y los actores locales deberían haber promovido ampliamente REDD. Esto implica aparentar la participación de los pueblos indígenas desarrollando un proceso de información a las comunidades y de actores locales.
Pero todos sabemos cómo se dan estos procesos que sirven únicamente para avalar decisiones ya tomadas. El Ministerio del Ambiente requiere el aval de importantes organizaciones indígenas del país, como CONAIE y sus regionales, obtenidas a traves de reuniones para brindar una mera información de los planes y proyectos REDD.
¿QUÉ ES REDD?
REDD (Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal) es un mecanismo mediante el cual los países, y las industrias contaminadoras del Norte, lejos de reducir sus emisiones de gases contaminantes a la atmósfera las incrementan. Y todo ello dando ante la opinión pública la imagen de que con esa fórmula se protege el medio ambiente.
En la reunión sobre cambio climático en Cancún, México en diciembre del 2010,como era de esperarse, no hubo ningún acuerdo vinculante de los países industrializados para la reducción de emisiones de gases con efecto invernadero. Lo que sí se trazó fue el camino para alcanzar hacia REDD, el cual permite incluir los bosques del mundo en el mercado de carbono como una falsa solución al cambio climático.
Sin vergüenza alguna, Naciones Unidas señala que REDD es un esfuerzo para crear un valor financiero del carbono almacenado en los bosques -entiéndase crear una nueva mercancía para ponerlo en el mercado financiero-. Además se le aumenta un plus, pues REDD+ va más allá de la deforestación o degradación de bosques e incluye la conservación y el llamado “manejo sustentable de los bosques y el almacenamiento de carbono forestal”. Esto último puede ser interpretado inclusive como un aumento de las plantaciones puesto que la definición de un “bosque” en Naciones Unidas incluye plantaciones forestales.
El proyecto REDD+ no solamente que favorece la privatización de la atmósfera, sino que somete a los países del Sur a nuevas formas de apropiación de sus bosques y de la biodiversidad. De este modo, el control de los territorios irá a parar a las manos de los contaminadores, de los especuladores del mercado de carbono o de los mercaderes de servicios ambientales.
LAS LEYES EN EL ECUADOR SE CONVIERTEN EN REDDes
En el país el Ministerio del Ambiente está impulsando el Programa Nacional Ecuador ONU-REDD (PNE) que pretende consolidar la fase de preparación para el desarrollo del mecanismo REDD+ en el Ecuador.
Uno de los resultados esperados del PNE es el diseño de las políticas e instrumentos para la aplicación de REDD. Según el documento del Programa Nacional Ecuador el Ministerio del Ambiente “lidera” el proceso para definir la normativa correspondiente, para reglamentar el artículo 74 de la Constitución que establece que “Los servicios ambientales no serán susceptibles de apropiación; su producción, prestación, uso y aprovechamiento serán regulados por el Estado”. En su párrafo No. 30 el PNE dice:
“El Art. 74 de la Constitución llama al Estado a regular la producción, prestación, uso y aprovechamiento de los servicios ambientales (SA). De alguna manera entonces, se puede argumentar que el carácter que se ha dado a los SA en la Constitución es similar al que se aplica a los recursos estratégicos del Estado como por ejemplo: hidrocarburos y minerales. Esto da un reconocimiento al carácter estratégico que tienen los servicios ambientales por su contribución a la economía y sociedad en su conjunto”.
De acuerdo al PNE, claramente se señala en su párrafo 32 que los objetivos del Ministerio es regular los servicios ambientales, de los cuales se ha priorizado 3: “la regulación hidrológica, incluyendo la regulación de flujos, reducción de riesgos de deslaves e inundaciones, reducción de sedimentos y erosión, mantenimiento de la calidad del agua y la recarga de acuíferos; (2) la provisión de hábitat que facilita la conservación y uso sostenible de la biodiversidad y; (3) la regulación de gases de efecto invernadero, por ejemplo la fijación y almacenamiento de carbono y otros gases de efecto invernadero”.
La biodiversidad, el agua y el carbono de la vegetación reciben por lo tanto, el mismo tratamiento que los recursos no renovables como el petróleo y los minerales, a pesar de la gran diferencia que existe entre ellos.
La biodiversidad es un concepto amplio que incluye:
· Los genes y toda la variedad que existe en un misma especie. Aquí se incluye toda la rica agrobiodiversidad del Ecuador: las semillas y las bases de la reproducción de las especies animales, elementos todos de los que depende la subsistencia de los pueblos.
· Las especies. En ellas se engloba una gran cantidad de especies útiles que son usadas en procesos de recolección, caza o pesca y que son muy importante en la economía popular.
· Los ecosistemas, que es la base material de la vida de las comunidades, donde se genera agua, se protegen especies útiles y se mantiene el equilibrio ecológico en general. Además, sobre todo, constituyen el territorio de los pueblos, nacionalidades y comunidades.
Con la pretendida reglamentación el Art. 74 de la Constitución se contrariar su espíritu que impide cualquier forma de apropiación de los servicios ambientales. En la práctica se estaría buscando la privación al acceso y la privatización, y el lucro de la compra y venta del agua, biodiversidad y toda vegetación que contenga carbono almacenado.
Otro instrumento legal que se acopla con esto es el el Código Ambiental, cuyo borrador señala entre otras cosas que “La Autoridad Ambiental Nacional, diseñará y propondrá para su expedición, en el marco de las disposiciones contenidas en el Art. 74 de la Constitución, la normativa complementaria para regular su producción, prestación, uso y aprovechamiento. Principalmente podemos citar algunos artículos que apuntan a lo señalado anteriormente: la creación de “mecanismos de incentivos económicos, culturales y sociales a las personas, comunidades, pueblos y nacionalidades, para la protección y mantenimiento de los servicios ambientales”, “los derechos que de su uso y aprovechamiento corresponden al Estado, como único titular de los mismos, en el caso de que su prestación, esté a cargo de terceros”, “El establecimiento de derechos para el cobro de aquéllos que se presten por su propia gestión”, “La protección de los ecosistemas que proveen servicios ambientales”.
En cuanto a la definición de servicios ambientales el Código Ambiental hace una definición tan amplia que un servicio ambiental puede ser aún el que lo determine la norma técnica en el futuro.
“Son servicios ambientales ...la diversidad de ecosistemas, naturales y manejados. Pueden ser ambientales, ecológicos, sociales, culturales, espirituales o económicos”...
En el numeral 5 ya se señala con claridad expresa la intencionalidad de hacer del Estado el titular de los servicios ambientales. Acá podemos afirmar que “titular” es alguien que goza de un derecho a su favor, y es dueño de algo, en ste caso de los sercicios ambientales, y tiene el dominio sobre ellos.
De esta manera, todas las funciones de la naturaleza - e incluso el patrimonio cultural y económico de los pueblos - serán dominio del Estado. El cual podrá, como con otros “servicios”, vender, entregar en concesión, ceder derechos, privatizar, etc. La finalidad es convertir este patrimonio cultural y natural de los pueblos en mercancía. Ello queda claro en el Art. 187 del borrador del Código.
“Le corresponde a la Autoridad Ambiental Nacional la estimación de los servicios ambientales y la expedición de los títulos de cualquier naturaleza, sean estos certificados, bonos u otros, la forma de comercialización y los mecanismos para su recaudación en beneficio del Estado. Igualmente el establecimiento de derechos para el cobro de aquéllos que se presten por su propia gestión”.
Sigue, en su Art. 190, “El Estado puede establecer acuerdos y mecanismos con otros estados, o con otras personas naturales o jurídicas, en procura de una justa y equitativa compensación y reconocimiento por los servicios ambientales brindados a la colectividad nacional”. Es decir que el Estado puede hacer las negociaciones pertinentes con el patrimonio de los pueblos contradiciendo así la Constitución del Ecuador y los convenios internacionales que protegen a los pueblos indígenas.
Por otra parte, el Plan Nacional de Desarrollo se plantea ampliar las áreas protegidas del 18 % al 35% del territorio nacional. Los gobiernos locales (consejos provinciales, alcaldías, etc.), podrán crear áreas protegidas. Los particulares podrán tomar control de la áreas protegidas. La mayor parte de estas áreas están en los territorios indígenas. La autoridad sobre esas áreas es el Ministerio del Ambiente, el cual hasta puede quitar la propiedad de los territorios a dichos pueblos, si éstos no cumplen con el plan del manejo impuesto por el Ministerio.
Además, se crea la figura de ecosistemas frágiles en páramos, bosques húmedos y bosque secos en donde viven pueblos indígenas. Obligatoriamente - hasta contra su voluntad- deben aceptar la autoridad del Ministerio del Ambiente, que les impondrá un plan de manejo que deben cumplir. Caso contrario, se someterán a los castigos que imponga el Ministerio que incluye la pérdida de la propiedad del territorio. Esta figura de frágiles ecosistemas se crea con el objetivo de abrir los llamados “corredores ecológicos”(territorios para unir áreas protegidas entre sí).
De lo dicho se desprende que el Ministerio del Ambiente se erige, por sí y ante sí, como la única autoridad en esos territorios, con capacidad para quitar derechos de uso, manejo, control -y aún de propiedad - a los pueblos que viven en esos territorios. Así mismo,se reserva la capacidad de otorgar derechos sobre los mismos a empresas, ONG y personas jurídicas o particulares.
En la práctica la conservación entendida por los planes del gobierno significan el despojo de los derechos de las comunidades sobre sus tierras y territorios.
SOCIOBOSQUE Y SOCIOPÁRAMO
En Ecuador, las pretensiones de REDD llegan a contemplar la “ renuncia voluntaria” de los derechos de los pueblos sobre sus territorios mediante la firma de los contratos de Socio Bosque y Socio Páramo, con 20 años de duración - ¡renovables por 20 años más de manera automática y por tiempo indefinido!-. Los adherentes al convenio deben firmar una declaración juramentada al inicio del contrato, cada año, y todas las veces que el Ministerio lo estime necesario.
Los compromisos de la declaración juramentada implican la renuncia, por parte de los pueblos originarios, al uso , control y manejo de su propio territorio. En este caso también el manejo del territorio pasa de la autoridad comunitaria a manos de la autoridad ambiental. Garantiza, además, el mantenimiento del páramo o bosque en las mismas condiciones que estuvieren a la firma del contrato. Implica, también, que el firmante use su dinero exactamente de la manera en que se comprometió en el plan de inversión. El incumplimiento de la declaración significa “perjurio” cuya sanción puede ser la cárcel.
El proyecto Socio Bosque afecta los derechos colectivos sobre los territorios porque limita el acceso y uso tradicional (agricultura, cacería o pesca) a los pueblos usuarios del bosques; establece una situación de gravamen al realizar cualquier transferencia de dominio, pues obliga a continuar con el contrato. También, en caso de salida anticipada del contrato por parte de las comunidades, éstas están obligadas a devolver el dinero recibido. Las sanciones por incumplimiento de las comunidades son de orden penal, civil y administrativo. Así mismo, éstas renuncian a su domicilio judicial y se someten a la justicia ordinaria en Quito. Adicionalmente las comunidades se someten a nuevas normas y marcos regulatorios que el Ministerio en el futuro cree para el efecto. De esta forma el Ministerio se resguarda la posibilidad de negociar a futuro los servicios ambientales en estos territorios.
Llama la atención que una de las prerrogativas del los proyectos Socio Bosque y Socio Páramo sea el de no permitir a las comunidades nativas el desarrollo de actividad productiva dentro de sus territorios, de ninguna manera significa un comprometimiento del Estado para no realizar actividades extractivas como petróleo y minería en límites del proyecto.
La pretensión del Ministerio es lograr el control sobre 4 millones de hectáreas de bosques y 800.000 hectáreas de páramos. Esto le permitirá al Estado entrar en las negociaciones de REDD y en el mercado internacional del carbono,la biodiversidad y el agua . Hasta finales del 2010 el Ministerio informa que han logrado comprometer alrededor de 700 mil has, y a más de 50 comunidades indígenas.
REDD Y LA LEY DE SEGURIDAD PÚBLICA
La Ley de Seguridad Pública insiste en el carácter de la biodiversidad como recurso estratégico. ¿Qué pasará si las comunidades que han sido custodias de ese patrimonio durante siglos no están de acuerdo con los planes de aprovechamiento de la biodiversidad o el agua que tiene el gobierno? ¿Serán tratadas esas comunidades igual que aquéllas que se oponen a la minería y se les tachará también de “terroristas”?.
“Art. 42.- De la Regulación de los sectores estratégicos de la seguridad del Estado.- Son sectores estratégicos de la seguridad del Estado los previstos en la Constitución …”
A solicitud del Consejo de Seguridad Pública y del Estado, el Ministerio de Coordinación de Seguridad, o quien haga sus veces, emitirá el informe correspondiente sobre los impactos en la seguridad del Estado que se hayan generado o puedan generarse por las actividades concernientes a los sectores estratégicos.
Art. 43.- De la protección de instalaciones e infraestructura.
El Ministro de Defensa Nacional, ante circunstancias de inseguridad críticas que pongan en peligro o grave riesgo la gestión de las empresas públicas y privadas responsables de la gestión de los sectores estratégicos,instruirá a las Fuerzas Armadas tomar medidas de prevención para la protección de las instalaciones e infraestructura necesaria para garantizar su normal funcionamiento.
Esto significa que si llegara a aprobarse el Código Orgánico Ambiental y la aplicación de REDD en el Ecuador, los derechos de los pueblos serían aún más vulnerados. ¿Podemos asistir impasibles y en silencio a este ritual de despojo cínico de todo tipo de derechos sobre nuestro propio territorio, y , fundamentalmente, de vulnerabilidad de los seres humanos que la habitamos?
¿Podemos permanecer inactivos – y aún cómplices – ante la tragedia ecológica y el despojo de todo tipo de garantías para las comunidades que desde siempre han sido las únicas salvaguardas del hábitat nacional y mundial?
¿ Será posible que permitamos - ¡horrenda ironía!- que so pretexto de “proteger el medio ambiente” unos cuantos falsarios, cuya codicia no conoce límites, apliquen en nuestros países los llamados proyectos REDD, que pretenden aún arrebatar a los pueblos originarios sus elementales medios de sobre vivencia?
Documentos de interés adjuntos:
Programa ONU- REDD Documento del Programa Nacional- Ecuador. Presentado en Da Lat- Vietnam. marzo 2011
Borrador Codigo Ambiental
Manual Operativo Socio Bosque
Convenio de ejecución del Proyecto Socio Paramo
Declaracion juramentada del Proyecto Socio Bosque
Convenio de ejecución del Proyecto Socio Bosque
lunes, abril 18, 2011
Barra de Potosí, pueblo pesquero
moderno, todas de igual diseño, que sus ocupantes ampliaron o modificaron a su muy personal gusto. El poblado cuenta con servicio eléctrico, agua bombeada de un pozo y no hay drenaje.
El muelle y el nuevo polo turístico alterarían una rica y variada fauna y flora litoral (como los manglares, protegidos ya por una norma oficial) y el flujo natural de agua de la laguna. Una pequeña muestra de la biodiversidad que hay en Barra de Potosí se debe a Alejandro Meléndez Herrada y Marisela Martínez Ruiz, investigadores de la Unidad Xochimilco de la Universidad Autónoma Metropolitana. Ellos registraron 180 especies de mariposas, 212 de aves, de las cuales 82 son acuáticas y marinas, 23 endémicas y 19 están en riesgo de desaparecer. Allí es posible encontrar lo mismo el zanate, la calandria y el picuyo que el cormorán, la fragata, el garzón, la garza blanca, la congucha, la huilota y el cardenal. Además, sus playas son sitios de anidación y conservación de la tortuga laúd, clasificada en peligro de extinción.
Environment Ministers from Brazil and the United Kingdom kick off the process to develop a Brazilian biodiversity conservation and sustainable use pla
jueves, abril 14, 2011
Apostar el planeta
DUBAI - Las consecuencias del terremoto de Japón - especialmente la actual crisis en la central nuclear de Fukushima – traen recuerdos sombríos para los observadores de la crisis financiera estadounidense que precipitó la Gran Recesión. Ambos acontecimientos ofrecen duras lecciones sobre los riesgos y sobre lo mal que pueden manejarlos los mercados y las sociedades.
Naturalmente, en cierto sentido no hay comparación entre la tragedia provocada por el terremoto - que ha dejado más de 25,000 personas muertas o desaparecidas - y la crisis financiera, a la que no se puede atribuir un sufrimiento físico tan agudo. Pero cuando se trata de la fusión del reactor nuclear en Fukushima, los dos acontecimientos tienen algo en común.
Los expertos tanto de la industria nuclear como de las finanzas nos aseguraron que la nueva tecnología había eliminado prácticamente el riesgo de una catástrofe. Los hechos demostraron que estaban equivocados: no sólo existían los riesgos, sino que sus consecuencias fueron tan grandes que eliminaron fácilmente todos los supuestos beneficios de los sistemas que los líderes de la industria promovían.
Antes de la Gran Recesión, los gurús económicos de los Estados Unidos - desde el director de la Reserva Federal hasta los gigantes de las finanzas - se jactaban de que habíamos aprendido a dominar los riesgos. Mediante instrumentos financieros innovadores como los derivados y los swaps de incumplimiento crediticio se había logrado distribuir el riesgo en toda la economía. Ahora sabemos que no sólo engañaron al resto de la sociedad, sino que incluso se engañaron ellos mismos.
Resultó que estos magos de las finanzas no entendieron las complejidades del riesgo, por no hablar de los peligros que plantean las "distribuciones de cola ancha" –un término estadístico que se refiere a situaciones raras que tienen consecuencias enormes, y a las que a veces se llama "cisnes negros". Eventos que supuestamente suceden una vez en un siglo - o incluso una vez en la vida del universo - parecían ocurrir cada diez años. Peor aún, no sólo se subestimó enormemente la frecuencia de estos acontecimientos, sino también el daño desmesurado que causarían – más o menos como las fusiones que siguen agobiando a la industria nuclear.
Las investigaciones económicas y psicológicas nos ayudan a entender por qué gestionamos tan mal estos riesgos. Tenemos pocas bases empíricas para juzgar los acontecimientos raros, por lo que es difícil hacer estimaciones acertadas. En tales circunstancias, no sólo empezamos a pensar lo que queremos, sino que puede ser que tengamos pocos incentivos para pensar en absoluto. Por el contrario, cuando los demás cargan con los costos de los errores, los incentivos favorecen el autoengaño. Un sistema que socializa las pérdidas y privatiza las ganancias está condenado a gestionar mal el riesgo.
En efecto, todo el sector financiero estaba plagado de problemas con las agencias y las externalidades. Las agencias de calificación tenían incentivos para dar buenas calificaciones a los títulos de alto riesgo que producían los bancos de inversión que les pagaban. Los creadores de las hipotecas no cargaban con las consecuencias de su irresponsabilidad, e incluso quienes se dedicaron a dar préstamos abusivos o crearon y comercializaron valores diseñados para perder, lo hicieron de manera que quedaron protegidos de acusaciones civiles y penales.
Esto nos lleva a la siguiente pregunta: ¿están a punto de ocurrir otros "cisnes negros"? Desafortunadamente, es probable que algunos de los riesgos realmente grandes a los que nos enfrentamos hoy en día ni siquiera sean eventos raros. Lo bueno es que esos riesgos se pueden controlar con poco o ningún costo. Lo malo es que hay una fuerte oposición política para hacerlo, porque hay personas que se benefician del statu quo.
En los últimos años hemos visto dos de los grandes riesgos, pero hemos hecho poco para controlarlos. Según algunas personas, la forma en que se manejó la última crisis puede haber aumentado el riesgo de un colapso financiero en el futuro.
Los bancos demasiado grandes para quebrar y los mercados en los que participan saben ahora que pueden esperar rescates si tienen problemas. Como resultado de este "riesgo moral", esos bancos pueden pedir créditos en condiciones favorables, lo que les da una ventaja competitiva que no se basa en un rendimiento superior, sino en la fuerza política. Si bien se han frenado algunos de los excesos que se cometían al asumir riesgos, los préstamos abusivos y las operaciones no reguladas de oscuros derivados extrabursátiles continúan. Las estructuras de incentivos que fomentan la toma de riesgos excesivos se mantienen prácticamente sin ningún cambio.
De la misma forma, mientras que Alemania ha cerrado sus reactores nucleares más viejos, en los Estados Unidos y otros lugares incluso las plantas que tienen los mismos defectos de diseño que la de Fukushima siguen operando. La existencia misma de la industria nuclear depende de subsidios públicos ocultos – los costos que paga la sociedad en caso de desastres nucleares, así como los costos de la eliminación de los residuos radiactivos que aún no se aborda. ¡Viva el capitalismo sin restricciones!
Para el planeta hay un riesgo adicional que, al igual que los otros dos, es casi una certeza: el calentamiento global y el cambio climático. Si hubiera otros planetas a los que pudiéramos irnos a bajo costo en el caso de que ocurriera el resultado casi seguro que prevén los científicos, se podría argumentar que se trata de un riesgo que vale la pena tomar. Pero no los hay, por lo que no lo es.
Los costos de reducir las emisiones palidecen en comparación con los posibles riesgos a que se enfrenta el mundo. Y eso se aplica incluso si descartamos la opción nuclear (cuyos costos siempre se subestimaron). Ciertamente las industrias del carbón y del petróleo resultarían perjudicadas, y obviamente los países que son los grandes contaminadores - como los Estados Unidos - pagarían un precio más alto que los que tienen un estilo de vida menos derrochador.
A final de cuentas, quienes apuestan en Las Vegas pierden más de lo que ganan. Como sociedad, estamos apostando - con nuestros grandes bancos, con nuestras instalaciones de energía nuclear, con nuestro planeta. Al igual que en Las Vegas, los pocos afortunados - los banqueros que ponen en peligro nuestra economía y los propietarios de las empresas de energía que ponen en riesgo nuestro planeta - pueden ganar mucho dinero. Pero en promedio, y casi con seguridad, nosotros como sociedad, al igual que todos los jugadores, vamos a perder.
Por desgracia, esa es una lección que se desprende del desastre de Japón que seguimos ignorando por nuestra cuenta y riesgo.
Joseph E. Stiglitz es catedrático de la Universidad de Columbia y ha sido galardonado con el Premio Nobel de Economía. Su libro más reciente es Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy, que ahora está disponible en francés, alemán, japonés y español.
Las Dos Caras de Felipe Calderón
El presidente mexicano Felipe Calderón finalmente logró lo que quería: la renuncia del embajador de Estados Unidos, Carlos Pascual. Mató al mensajero por incomodar al presidente al criticar la “guerra contra las drogas“ que él desató cuatro años atrás. Las críticas -contenidas en cables secretos, difundidos por Wikileaks- también molestaron al Ejército. El embajador dijo que las fuerzas armadas no suelen actuar con la eficacia o la rapidez necesarias y demuestran una gran aversion al riesgo. También denunció que las agencias de seguridad emplean más tiempo compitiendo entre ellas que confrontando al crimen organizado. Pascual perdió su trabajo por hacerlo bien, por decir la verdad que el presidente no quiere encarar y su gobierno preferiría que no fuera cierta.
Pero la verdad recalcitrante que el diplomático reveló se asoma día tras día a pesar del número de capos arrestados, y la cantidad de armas y cocaína confiscada. México no está ganando la guerra contra el narcotráfico y el crímen organizado. La renuncia obligada del embajador estadounidense no puede ocultar los 34,000 muertos, el ascenso en la adicciones, la escalada de las ejecuciones, el incremento de los secuestros, la intransigencia de la impunidad.
La narrativa oficial es que la violencia es una consecuencia inevitable. Pero otros países han logrado prevenir que bandas de narcotraficantes desaten su furia sobre la población civil. Y, mientras a los mexicanos se les dice que la violencia se trata tan solo de capos destazándose entre sí, en realidad las ejecuciones rebasan el mundo del narcotráfico, Y se les exhorta a denunciar a los malosos, cuando 98.5 por ciento de los crímenes en el país jamás son resueltos. Una encuesta reciente demuestra que 59 por ciento de la población cree que el gobierno está perdiendo la guerra que emprendió, mientras solo 23 por ciento apoya la ruta actual.
Como advierte Sun Tzu en El Arte de la Guerra, toda guerra entraña la decepción y vaya que México es víctima de ella. El gobierno mexicano no ha sido honesto con la población del país sobre la enormidad de los retos que enfrenta. Los errores contraproducentes que ha cometido. El tipo de ayuda estadounidense que ha solicitado. El grado de colaboración que ha exigido. El número de agentes norteamericanos que ha permitido. Y de allí las contradicciones, las evasiones, las incongruencias que demuestran los miembros del equipo de Felipe Calderón. Todos demandan que Estados Unidos asigne más recursos, más atención, más importancia a la guerra de Felipe Calderón, pero reculan cuando esa ayuda se hace pública.
En semanas recientes, el gobierno mexicano no ha sido capaz de explicar por qué autorizó vuelos de aviones espías no tripulados sobre su territorio para tareas de inteligencia.
Y al mismo tiempo que Calderón insiste en que Estados Unidos asuma sus responsabilidades bilaterales, demanda que le sea entregada la cabeza del embajador por revelar las fallas de la guerra que promovió.
La postura contradictoria de Calderón está enraizada en los hábitos reflexivos de una clase política entrenada para ganar puntos politicos pateando a los Estados Unidos. El president(E) mexicano, también ha buscado refugio bajo el paraguas del patriotismo, entre los pliegues de la bandera nacional, y detrás de las diatribas pronunciadas en nombre de la soberanía. Acusa a Estados Unidos de intromisión, después de que ha sido asiduamente pedida por su propio gobierno. Critica a Estados Unidos de intervención, después de que ha sido solicitada. Acusa a Carlos Pascual de ser “Proconsul”, después de que las autoridades mexicanas – por incompetencia o irresponsabilidad – le han asignado ese papel. Destaza al embajador Pascual por su “ignorancia”, después de que envía cables que contienen diagnósticos acertados. Duros de leer pero difíciles de contradecir.
Más que matar al mensajero, Felipe Calderón debería reflexionar sobre los mensajes que envió. Contienen todo aquello que debería llevarlo a repensar la guerra y los términos en los cuales la está librando. A rectificar la estrategia que hasta el momento ha aumentado la violencia sin disminuir el narcotráfico. A replantear la relación con Estados Unidos sobre bases más honestas, consigo mismo y con sus compatriotas. A redefinir el “éxito” de su ofensiva para que la prioridad sea la reducción de las ejecuciones. Porque si no hace eso, poco importará si Calderón consiguió la cabeza de Carlos Pascual, si obtuvo aplausos cortoplacistas, si impuso su voluntad.
Mañana, cuando el “gringo feo haya empacado sus maletas, Ciudad Júarez seguirá siendo la ciudad más insegura del mundo. La tasa de homicidios seguirá creciendo de manera alarmante. Las instituciones de seguridad pública seguirán siendo incapaces de prevenir, detectar, investigar o sancionar la gran mayoría de los hechos violentos que atemorizan al país. El gobierno mexicano seguirá pidiendo la ayuda del gobierno estadounidense de manera surrepticia, y negándolo cuando salga a la luz.
El mensaje es claro: si los mexicanos no acabamos con esta guerra – tan mal concebida, tan mal librada, tan mal explicada – acabará con nosostros. Y no se necesita leer los cables de Carlos Pascual para entenderlo.
Denise Dresser es profesora de Ciencia Política en el Instituto Tecnológico Autónomo de México.
¿Adiós a las plantas nucleares?
NUEVA YORK - Cuando algunas áreas de Japón fueron devastadas recientemente por un terremoto y posterior tsunami, la noticia de la pérdida de vidas humanas fue eclipsada rápidamente por los temores globales a la lluvia radioactiva de la planta nuclear de Fukushima Daichi. La preocupación es comprensible: la radiación es aterradora. Crecí en Dinamarca en un tiempo en que el miedo a la energía nuclear era generalizado.
Pero nuestros últimos temores nucleares tienen implicaciones más amplias, especialmente para el suministro de energía y nuestro deseo de dejar de depender de los combustibles fósiles. Es difícil dar un paso atrás para obtener una perspectiva más amplia en el momento de un desastre natural; tratar de hacerlo puede percibirse incluso como insensible. Pero hay algunos hechos que no debemos pasar por alto.
Durante la cobertura ininterrumpida del drama nuclear, el fantasma de Chernóbil se ha planteado en varias ocasiones. Cabe señalar que el peor desastre nuclear de la historia causó directamente sólo 31 muertes. La Organización Mundial de la Salud estima que 4.000 muertes podrían estar relacionadas con el desastre a lo largo de 70 años, mientras que la OCDE proyecta entre 9.000 y 33.000 muertes durante este período.
Se trata de una cifra importante. Pero consideremos que, según la OCDE, cada año casi un millón de personas mueren a causa de partículas finas de contaminación del aire exterior. Sin embargo, esta cifra no provoca ningún miedo perceptible en el mundo desarrollado y recibe prácticamente ninguna cobertura noticiosa.
Por supuesto, todos los países con instalaciones de energía nuclear deben revisar sus medidas de seguridad a la luz de la catástrofe japonesa, que planteó preguntas obvias acerca de los sitios escogidos para estas instalaciones. Es evidente que es necesario reconsiderar las plantas ubicadas cerca de zonas propensas a tsunamis y que algunos países cuentan con plantas de energía demasiado cercanas a fallas sísmicas y grandes ciudades.
Sin embargo, mientras que el presidente Barack Obama confirmó raudamente el compromiso de Estados Unidos con la energía nuclear, algunos gobiernos europeos tomaron la decisión instintiva de congelar de inmediato todos los nuevos proyectos de este tipo y, en el caso de Alemania, no prolongar la vida de los reactores existentes. Para Alemania, esto dejará un vacío que no puede llenar con fuentes alternativas de energía, dejándole sin otra opción que depender más de la energía del carbón.
Vemos el carbón como una fuente de energía contaminante, pero razonablemente "segura" en comparación con la energía nuclear. Sin embargo, solo en China, los accidentes de la minería del carbón provocan la muerte de más de 2.000 personas cada año, y el carbón es la principal causa del smog, la lluvia ácida, el calentamiento global y la toxicidad del aire. Como resultado de la decisión de Alemania, ahora se espera que sus emisiones anuales de carbono aumenten hasta en un 10%, en un momento en que la Unión Europea aumenta sus emisiones al intentar capear los efectos de la crisis financiera.
Alemania no cuenta con una alternativa de bajas emisiones de carbono si cierra sus plantas nucleares y lo mismo puede decirse de muchos otros países. Las fuentes alternativas de energía son demasiado costosas y están muy lejos de ser lo suficientemente confiables como para sustituir los combustibles fósiles
Aunque las consideraciones de seguridad son de suma importancia en este momento, la construcción de nuevas centrales nucleares se enfrenta a otro obstáculo: son muy costosas. Las nuevas plantas de energía nuclear tienen altos costes iniciales (que pueden ser políticamente difíciles), lo que incluye un proceso de planificación complicado, lento y cargado de tensiones. Una vez completado, el costo total de la energía nuclear es significativamente mayor que la fuente más barata de combustibles fósiles. Y la sociedad debe asumir costes adicionales importantes en términos de los riesgos del almacenamiento de combustible agotado y los accidentes a gran escala. Más aún, en la mayor parte del mundo donde se está expandiendo el consumo de energía, la proliferación nuclear es un problema.
Luego está el tema del mantenimiento de las plantas existentes. La clausura de los reactores nucleares puede hacernos sentir más seguros, pero debemos reconocer que esto a menudo significa compensar la pérdida de producción con más dependencia del carbón, lo que implica más emisiones que contribuyen al calentamiento global, y más muertes, tanto por la extracción de carbón como a causa de la contaminación del aire.
Más aún, dado que las plantas ya están pagadas, las instalaciones de residuos ya están en marcha, y el alto costo del desmantelamiento tendrá que ser pagado independientemente de la oportunidad, los gastos de funcionamiento reales son muy bajos: la mitad o menos por kilovatio-hora que el coste de los combustibles fósiles más baratos.
La respuesta a largo plazo es más investigación y desarrollo, no sólo de una energía nuclear más segura de próxima generación, sino también de fuentes de energía como la solar y la eólica, que actualmente representan menos del 1% de la energía del planeta. Es alarmante el hecho de que esta investigación ha disminuido en las últimas tres décadas.
En las protestas que exigen a los políticos dar respuesta al cambio climático, ha sonado un grito : "¡No al carbón, no al gas, no a las plantas nucleares, no a las chanzas!" La dura realidad, que el desastre japonés ha puesto muy de relieve, es que todavía no podemos darnos el lujo de prescindir del carbón, el gas y la energía nuclear. Hasta que podamos encontrar una alternativa viable, reducir la dependencia de uno de ellos significa que otro debe ocupar su lugar.
Bjørn Lomborg es director del Centro del Consenso de Copenhague de la Escuela de Negocios de Copenhague y autor de El ecologista escéptico y En frío.