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La minería contemporánea ha entrado a una nueva fase, al migrar de la explotación de filos de los minerales principalmente metálicos, a la remoción masiva de materiales pétreos, mismos que en ciertos estratos contienen metales de muy baja ley (para el oro el promedio sería un gramo por tonelada de material removido). Para este proceso industrial se utilizan maquinarias de gran tamaño y procesos masivos de lixiviación, principalmente con cianuro de sodio, sustancia prohibida en varios países de Europa por sus riesgos a la salud humana y ambiental.
Se trata de una explotación masiva a cielo abierto que requiere una exploración en grandes porciones de territorios, apertura de caminos y cientos de sitios que se barrenan para la extracción de núcleos que se analizan para ubicar exactamente los estratos en que se encuentran los últimos reductos de polvos o fragmentos minerales de interés comercial.
He aquí las amenazas:
1. El artículo 6 de la ley minera impuesta por recomendaciones del Banco Mundial, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y los regímenes de Salinas y los panistas Fox y Calderón señala que la explotación del subsuelo es de “interés público prioritario” y que éste prima sobre otros intereses públicos y privados no mineros. Este interés público nacional prioritario se transfiere a intereses privados mediante un sistema de concesiones que el Estado otorga a los grandes consorcios nacionales e internacionales. Dominan los que tienen sede en Canadá, aunque los chinos están repuntando en toda América Latina.
2. Casi nunca los nombres de las grandes compañías extranjeras aparecen en las concesiones, aunque las mismas reportan en internet, en sus boletines mensuales para sus inversionistas, que son dueños (ni siquiera posesionarios) de la totalidad del territorio que abarca la concesión. Así engañana a los propios accionistas incautos. No todo el territorio de una concesión es removido para extraer el mineral; sin embargo, en esta primera fase de exploración pueden pasar sobre siembras; desmontar; abrir caminos depositar materiales; contaminar ríos, y sobre todo acaparar los terrenos de los posesionarios de la superficie de las áreas de interés minero y apropiarse prioritariamente de las diversas fuentes de agua cercanas o lejanas aun, de las que sirven para abastecer pueblos y ciudades. En esta fase, entre el otorgamiento de la concesión y la explotación, compañías especializadas investigan con precisión las porciones del territorio concesionado que van a explotar. Si los dueños de los terrenos se niegan a vender o rentar, se ha recurrido al asesinato y la empresa puede solicitar al Estado la expropiación del mismo. En México han sido concesionadas alrededor de 31 millones de hectáreas del país, de más de 200 millones de hectáreas concesionables, según el Servicio Minero Nacional. Estas concesiones incluyen porciones del subsuelo del mar. Ya en la fase de explotación, el mineral sale del país en forma impura (ore) o purificado sin ninguna regalía a los municipios, estados o a la federación. Nominalmente, la minera tendría que pagar uno por ciento del mineral exportado, pero el pueblo de México no tiene ningún beneficio de este proceso industrial de alto riesgo.
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4. Se trata de procesos industriales intensivos en capital, con tecnologías de alto riesgo por su potencial destructivo de los ecosistemas y la afectación grave de poblaciones humanas locales y regionales. Una vez que se retiran, las compañías dejan cicatrices ambientales, sociales y económicas irreversibles con poca posibilidad de resiliencia a corto y mediano plazos. Para ilustrar con un ejemplo recientemente estudiado con la información de la propia minera de tamaño mediano pero de impacto como una grande (Caballo Blanco en el estado de Veracruz), se remueve la vegetación natural desde la exploración -bajo la mirada impávida de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa)-, afectando así la complejidad e integridad de los ecosistemas vigentes. En la fase de explotación, la empresa pretendería excavar un tajo a 400 metros de profundidad con un diámetro de mil por 400 metros, y transportar 119 millones de toneladas de material, de las cuales 35 millones tendrían los minerales codiciados y el resto se depositan en las llamadas tepetateras. El oro presente tendría una ley promedio de 0.7gramos por tonelada. Para los procesos de lixiviación se utilizarían tres mil metros cúbicos diarios de agua durante diez años, dos millones de litros de diesel mensuales durante siete años (no sólo para combustible, sino como sustancia que intensifica las explosiones), 35 mil toneladas de explosivos, entre seis mil y 7. 5 mil toneladas de cianuro de sodio, 300 mil litros de ácido clorhídrico, etcétera. Entre las cicatrices ambientales más visibles, se encontraría un cráter de 40 hectáreas de diámetro con una profundidad variable hasta de 500 metros, mismo que sería muy costoso para las mineras rellenar y controlar los posibles drenajes ácidos y/o de arsénico, que se irían a los mantos freáticos por cientos de años. Las “tepetateras” y/o los “jales”, en donde se deposita el material “inerte”, ya sin minerales útiles, son también cicatrices ambientales que, cuando hay compuestos azufrados, generan por cientos de años drenajes ácidos y migración de arsénico y metales pesados, que van hacia las corrientes de agua, subsuelo, lagunas o mar. La compañía citada pretende obtener 600 mil onzas de oro comprobadas y 400 mil potenciales, más la plata asociada, lo que le reportaría en los siete años de vida de ese tajo un ingreso de mil 900 millones de dólares, según el precio de mercado de la onza de oro a finales del 2012, con una inversión de 300 millones a 400 millones dólares y un retorno del capital invertido en dos o tres años. El volumen del oro recogido sería menos de un metros cúbico. La “remediación” es un eufemismo porque reforestarían las tepetateras o las capas superiores de las lagunas de lixiviación, sin consideración de que se trata de ecosistemas destruidos. Recapitulando: se reduce un cerro que contiene 119 millones de toneladas a un metro cúbico de oro. Muchos bancos, en donde los pequeños y medianos ahorradores tienen sus inversiones, invierten en sus paquetes en este tipo de minería sin que los dueños de estos pequeños capitales se enteren.
5. En total, esta empresa pretende abrir seis tajos que tramposamente no explicita en su Manifiesto de Impacto Ambiental-R (MIA-R) del 2012. Se trata de una región de altos valores ambientales y diversidad biológica con cicadas que tienen más de tres mil años de edad (mil más que el árbol del tule de Oaxaca) y bosques relictuales de encinos tropicales cuya adaptación al trópico data desde el pleistoceno. Esta vegetación que observamos in situ convivió con los habitantes prehispánicos del lugar, de los cuales tenemos tiestos arqueológicos de grupos olmecas y totonacos, por lo que de hacerse el desarrollo minero se destruiría parte de nuestro patirimonio (bio) cultural. La gran biodiversidad que se encuentra en esta zona, en menos de ocho mil hectáreas, es considerada por biólogos como una reserva genética para la resiliencia en un estado que ya ha destruído en nombre del desarrollo el 95 por ciento de su cubierta de bosques y selvas.
6. Para legitimar un proceso industrial de alto riesgo y obtener los permisos de la Semarnat, las compañías y sus asesores incluyendo a un ex titular de esa Secretaría en el régimen de Fox, discurren sobre el desarrollo sustentable. Su principal argumento legitimador es que generan empleos para la población local (en el caso arriba mencionado, 300 temporales directos por siete años). Por supuesto, afirman que son ambientalmente inocuos. Para realizar las obras de infraestructura, se requieren temporalmente mil empleos, mismos que como en otras obras masivas no son absorbidos a mediano y largo plazos por ningún proceso dinamizador de la economía.
7. Es indudable que los procesos industriales de esta envergadura trastocan el medio ambiente. Utilizan de forma masiva el recurso agua, al cual tienen acceso preferente frente al de consumo humano (la ley minera viola el precepto constitucional de acceso al agua como un derecho humano prioritario), como es el caso de la minera San José, en los valles centrales de Oaxaca. Para los pueblos indígenas y comunidades campesinas, significa no sólo el desplazamiento y despojo de sus recursos naturales esenciales. También significa que ya no hay bienes comunes que administrar, relaciones sociales comunitarias que establecer, naturaleza que manejar, conocimientos milenarios que recrear, milpa que sembrar y recursos fito genéticos que domesticar. En resumen, se trata de un choque frontal entre un proyecto industrial de la cultura de la muerte y el proyecto implícito regional indígena y campesino sobre un territorio determinado. Por ejemplo, los valles centrales de Oaxaca, en especial las laderas, ya están concesionadas, y si entraran en la fase de explotación las compañías mineras provocarían un desastre ambiental y humano en un territorio de alta densidad cultural-histórica-paisajística.
8. Adicionalmente, nuevos fenómenos industriales se asocian a la minería de esta envergadura. En nombre de la sustentabilidad, hay compañías mineras que le disputan a la población local e indígena más territorios para construir hidroeléctricas que alimentarían su sistema minero con electricidad “sustentable”. El interés minero sobre vastos territorios en México está principalmente en las sierras, en especial (no exclusivamente) en la gran cadena montañosa de la Sierra Madre Occidental. En general se encuentra en las cabezas de cuenca, o en laderas, dominantemente en zonas áridas, semiáridas o subhúmedas, con altos valores en biodiversidad y captación de la poca o mucha agua que van a conformar mantos acuíferos cuenca abajo.
9. Hay que aclarar que se trata de concesiones que abarcan todo tipo de minería y se dan en general a 50 años prorrogables. En 2000-2012 se concesionaron en los territorios indígenas alrededor de dos millones 173 mil 141 hectáreas, principalmente para la minería metálica, de las 28 millones de hectáreas identificadas como el núcleo duro de los territorios indígenas. Es decir, en los cien años recientes los indígenas perdieron la jurisdicción del 17 por ciento de su territorio tan sólo por concesiones mineras, frecuentemente sin que las comunidades se hayan enterado. Según las cifras que analizamos en la tabla 2, la mayoría de las concesiones en territorios indígenas y no indígenas fueron otorgadas por los dos gobiernos panistas al amparo de una ley minera neoliberal de corte salinista. Hay que aclarar que la tabla 1 jerarquiza sólo el mineral principal reportado por las empresas, que generalmente es el oro. Es común que oculten los minerales en asociación, algunos de muy alto interés industrial (tungsteno, cobre, molibdeno, etcétera). La tabla 1 es muy significativa ya que se trata de concesiones recientes, puesto que actualmente lo más redituable de la minería tóxica a cielo abierto es el oro. De la totalidad de los cinco mil 712 polígonos concesionados en territorios indígenas, 625 han sido canceladas, por lo que hay que restarle 232 mil hectáreas a la cifra arriba mencionada. La mayoría de los territorios se encuentran en fase de investigación o exploración (o en búsqueda de inversionistas) mientras 106 mil 833 hectáreas ya están en la fase de explotación.
10. Según la ley minera, el gobierno tiene la obligación de informar a los propietarios que pretende concesionar estas porciones de tierras, e indagar si hay interés local para “explotar” los minerales y obtener de ellos la concesión. En el caso de los indígenas, la ley dice que en igualdad de condiciones de capacidad de explotación, léase capital y tecnología (con las tranacionales) “sería prioritario” el otorgamiento de la concesión a los indígenas. No hay un solo caso en que se cumpla el precepto de la ley de informar previamente a los dueños de los terrenos a concesionar.
11. La mayoría de las concesiones están en la fase de exploración. Es en esta fase en donde las mineras se acercan (con especialistas en movilización social y resolución de conflictos a veces financiados por los “organismos de desarrollo” del gobierno de Canadá) a las autoridades municipales y estatales, reparten dádivas y promesas, como pintar una iglesia, construir locales para asamblea ejidal o caminos, etcétera. Este proceso “de movilización social” es un eufemismo para que las empresas se puedan certificar como “socialmente responsables. Es recurrente que las compañías polaricen y descompongan el tejido social y enfrenten de múltiples maneras a la sociedad y cultura locales. En varias zonas de concesión minera se han observado asesinatos de líderes que luchan en contra de su instalación u operación.
12 En el caso de los pueblos indígenas, las autoridades federales hacen caso omiso de los convenios internacionales y su manual respecto el consentimiento libre e informado por parte de la población. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) mandata que este consentimiento incluye el derecho a decir no a una intervención pública o privada en sus territorios, si va contra los intereses y modo de vida de los pueblos. Si este proceso de consulta se atiene al manual que la OIT publicó para las consultas, no debiera ser la autoridad municipal o agraria o estatal la que organice este proceso. Más bien una autoridad federal de “buena fe” tiene que informar y consultar a toda la población indígena sea propietaria de la tierra o no.
Es en la fase de la exploración en donde las empresas tienen que presentar su MIA-R, de riesgo tipo 2 (cuando se usan “de manera controlada” explosivos, sustancias como el cianuro de sodio por ejempo). En el momento que la empresa ingresa a la Semarnat la MIA-R, la sociedad tiene el derecho a solicitar la consulta pública del documento en los diez días hábiles siguientes, y a discreción de la autoridad se puede efectuar una reunión pública informativa en donde la empresa informa a la población, y los distintos sectores pueden opinar (como si los pueblos indígenas de las regiones más apartadas consultaran cada jueves el internet y estuvieran en condición de solicitar la consulta pública de un documento altamente especializado). En la reunión pública informativa la población tiene derecho de opinar y proponer mejoras al proyecto. Cabe decir que si la población rechaza el proyecto y no da su “licencia social”, su opinión no es vinculante para la autoridad ambiental para otorgar el permiso o no. Por ello, el proceso de consulta y reunión pública informativa puede ser considerado como “la consulta pública” que marcan los preceptos del Convenio 169 de la OIT.
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1. Las concesiones mineras vigentes que se han otorgado dentro de los territorios de los pueblos indígenas datan desde 1899 (esta fecha puede ser un error de dedo de la Secretaria de Economía). Detectamos en ellos cinco mil 712 polígonos, cada uno representa una concesión. De estos polígonos, están vigentes cinco mil 87 con un millón 940 mil 892 hectáreas, mientras que 650 han sido canceladas. Estas cifras nos dan un promedio de 17 por ciento de afectación de los territorios indígenas.
2. Algunas las concesiones abarcan casi la totalidad de los territorios de los pueblos pequeños (kiliwas, kikapoo, cucapás, pimas, guarijios y los nahuas de Michoacán), lo cual es una afrenta a la sobrevivencia de estos pueblos indígenas. Hay que aclarar que aun los pueblos con una población importante indígena también son “expropiados” del control de su territorio.
3. Los territorios indígenas más golpeados en términos de la extensión de las concesiones son los rarámuris (tarahumaras), zapotecos (principalmente de los valles centrales de Oaxaca), chatinos, mixtecos, coras y tepehuanes. Juntos suman más de un millón de hectáreas en donde los indígenas pierden el control sobre sus territorios y representan la mitad de todas las concesiones en territorios indígenas.
4. Las compañías mineras compran o rentan terrenos en donde directamente explotan y procesan el mineral; en caso de que la población se negara a vender o rentar, según la ley minera anticonstitucional, el Estado tiene el “derecho”, a solicitud de las compañías, de expropiar los terrenos en nombre del “interés público”.
5. Las concesiones mineras para la explotación del oro dominan sobre las que se refieren a la minería de otros metales o no metálicas. Las metálicas en especial son las que usan cianuro (de sodio) para lixiviar los metales; utilizan procedimientos de alto riesgo para la salud humana y el medio ambiente. En la Colonia se utilizaba principalmente el mercurio.
6. La Secretaría de Economía no incluye en el proceso de otorgamiento inicial la consulta para saber si los dueños de los predios están interesados en explotar el mineral, ni tampoco la consulta pública para el consentimiento libre e informado en los territorios de los pueblos indígenas, y por tanto incumple los convenios internacionales y el Protocolo sobre los derechos de los pueblos indígenas que la Suprema Corte de la Nación envía a los juzgadores.
7. Las compañías mineras están incursionando también en la “autoproducción sustentable” de energía eléctrica, como lo muestran los proyectos de cuatro represas en la Sierra Norte de Puebla. De la información de las concesiones y de los proyectos de represas, podemos concluir que los indígenas nahuas y totonacos perderían 30 mil hectáreas o más de sus territorios, sin que medie ninguna consideración de que se trata de territorios indígenas, base de su cultura y proyecto de vida.
8. Lo más paradójico de estos procesos de destrucción en nuestros países es que entre los minerales de mayor interés está el oro, que se utiliza así: un 52 por ciento en la joyería, 16 por ciento en las reservas de los Estados, 18 por ciento en inversiones privadas por las crisis monetarias y 12 por ciento en uso industrial (el resto no está contabilizado).
9. Ante la sociedad las industrias quieren presentar una cara de sustentabilidad. Los gobiernos festejan las inversiones extranjeras como grandes logros del desarrollo del país siendo que esas inversiones no benefician a la economía regional o nacional, ni a la naturaleza ni a la sociedad.
El otro despojo; cielo abierto, infierno cerrado
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Arriba la minería a cielo abierto amenaza espacios que son vitales para las comunidades y violenta a la naturaleza. Pero también hay minería subterránea y lo de abajo es la muerte en vida.
Bien por la denuncia de la “desposesión” y del pernicioso “extractivismo”. Pero no estaría de más recuperar las aproximaciones canónicas al drama minero, aquellas que denuncian la explotación y el genocidio laboral. Porque si en la superficie hay despojo y ecocidio, los socavones son el infierno bajo la tierra.
Jesús trabajaba como “ganchero” en una mina vertical de carbón, el Pocito 3 de BIMSA, que el 13 de mayo de 2011 explotó matando a 14 trabajadores. Él salvó la vida pero tuvieron que amputarle un brazo. Jesús tenía 14 años y es uno de los muchos niños carboneros de Coahuila, pues se estima que una de cada cinco minas contrata menores de edad. Y es que los niños son bajitos y se mueven con más facilidad en los “desarrollos” horizontales, donde la altura es de sólo metro y medio. Además son baratos.
La región carbonífera de Coahuila abarca 22 mil kilómetros cuadrados donde viven más de medio millón de habitantes, de los que 50 mil trabajan en la minería. De ahí proviene toda la producción nacional de carbón, unos 11.5 millones de toneladas anuales con valor de casi seis mil millones de pesos. El total de los salarios pagados es de alrededor de 600 mil pesos, y en la rústica minería carbonera el trabajo es con mucho la mayor inversión, El negocio del carbón deja así utilidades anuales de unos cinco mil millones con una tasa de ganancia del orden de mil por ciento, donde se suman la renta y la sobreexplotación laboral. ¡Eso es acumulación por despojo y no chingaderas!
Arriba los pueblos son despojados de sus tierras, abajo los carboneros son despojados de sus vidas. Si lo de arriba es ecocidio, lo de abajo es genocidio. Los pocitos donde trabaja la mayoría son tiros verticales de hasta cien metros de profundidad y 1.50 de diámetro. Las instalaciones se reducen a un tambo de 90 centímetros de diámetro y un malacate que se mueve accionado por un motor de coche. Por ahí entran los mineros y por ahí sale el carbón. En el fondo hay túneles horizontales en los que hay que moverse agachado porque sólo tienen un metro y medio de altura. La jornada laboral es de ocho o diez horas y para subsistir no se puede trabajar menos pues el salario es a destaajo y se paga entre 55 y 70 pesos la tonelada.
Los pocitos no tienen salida de escape y los de abajo sólo pueden regresar a la superficie si el que está afuera acciona el malacate, el motor funciona y el cable no se rompe; no hay medidores de gas metano ni análisis de incombustibilidad, de modo que seguido se producen explosiones; no trabajan con planos, y si encuentran una mina abandonada llena de agua, el pocito se inunda y los carboneros se ahogan. Las empresas no hacen análisis médicos, no tienen baños ni comedores, no pagan aguinaldos ni vacaciones, no permiten la existencia de sindicatos y en algunos casos hay personas armadas que impiden a los extraños acercarse…
En Coahuila hay unos 300 pocitos en operación, la mayoría ilegales y que nunca son inspeccionados ni por la Secretaría del Trabajo, ni por la de Economía, ni por la de Medio Ambiente, ni por el Seguro Social. En los socavones y minas mueren, en promedio, dos mineros cada mes, aparte de los que resultan heridos y los que caen enfermos. Desde 2006, en que 65 trabajadores quedaron enterrados en Pasta de Conchos, han muerto 132 carboneros: 14 por explosión en el Pocito 3 de BIMSA, 13 ahogados en el Pocito la Espuelita, cuatro en dos desprendimientos de carbón ocurridos en la Mina Lulú, y así.
Desde la Segunda Guerra Mundial este tipo de minería se abandonó por peligrosa. En México se sigue practicando con la complicidad de gobierno, pues de los pocitos obtiene la Comisión Federal de Electricidad la mayor parte del carbón que emplea en las termoeléctricas. Cuando enciendas la luz piensa en la destrucción que ocasionan presas hidroeléctricas y gasoductos, pero no te olvides de los niños carboneros.
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