Por Eric Lemus * - IPS/IFEJ
No se debe esperar humo blanco de la conferencia climática de Bali, sino una agenda de negociaciones y un umbral medible de compromisos contra el recalentamiento, advierten expertos.
NUSA DUA, Indonesia, dic (Tierramérica).- La multitudinaria conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático que se celebra desde el 3 de este mes en la paradisíaca isla indonesia de Bali ha oscilado entre el optimismo y el hermetismo.
La cita es el termómetro sobre el éxito o el fracaso de un tratado estratégico contra el calentamiento de la Tierra, que debería emerger en dos años. Pero el pronóstico es reservado.
Los cuatro asuntos en torno a los que giran las conversaciones son la mitigación del calentamiento global, la adaptación al cambio climático ocasionado por el aumento de la temperatura, la transferencia de tecnología de los países ricos a los pobres, y los incentivos para la lucha contra la deforestación.
Pero otros problemas, que no figuran en la agenda principal, están latentes en este encuentro y ya los sufren en carne propia muchos habitantes del planeta. Existen 25 millones de "refugiados climáticos" en el mundo que no son reconocidos por el derecho internacional porque éste sólo protege a quienes huyen de guerras o persecución política, religiosa o étnica, dijo para este artículo la diputada del Partido de los Verdes del parlamento sueco, Bodil Ceballos.
"Al haber negado que el cambio climático existe durante mucho tiempo, el mundo tampoco ha querido ver las consecuencias. En Suecia se está hablado de que eventualmente tendremos refugiados climáticos de los países mediterráneos europeos si no se frena pronto el uso de combustible fósil", agregó.
El paso del ciclón Sidr, que azotó Bangladesh el 15 de noviembre, dejó más de cuatro mil muertos y más de siete millones de damnificados, muchos de los cuales no pueden volver a sus hogares y están pasando hambre.
Un destino que podrían experimentar los habitantes de muchos lugares, como las islas y las costas bajas, muy susceptibles a la elevación del nivel del mar.
Bali es una de las 17 mil islas que componen el archipiélago más grande del planeta, y un destino turístico atractivo por su impresionante cadena de volcanes y la originalidad de su cultura.
Pero Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, con más de 220 millones de habitantes, está expuesta a grandes peligros.
La elevación del nivel del mar, de unos dos milímetros por año, se acelerará a cinco milímetros anuales en este siglo. Un cambio de esa magnitud representará pérdidas significativas para los 80 mil kilómetros de costas indonesias así como para sus arrecifes de coral, pesquerías y manglares, afirma un estudio publicado el 4 de este mes por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Además, 60 por ciento de la población de Indonesia vive en zonas costeras y en ciudades en tierras ribereñas bajas, como Yakarta y Surabaya.
Las bellezas de Bali ayudan a reforzar la nota optimista que aportó el nuevo gobierno de Australia al ratificar el Protocolo de Kyoto, dejando solo a Estados Unidos en su rechazo al único tratado internacional que obliga a reducir los gases que recalientan la atmósfera.
El gobierno de George W. Bush quedó más aislado cuando un comité del Senado votó a favor de un proyecto para establecer límites obligatorios a los gases invernadero.
Miles de delegados gubernamentales de más de 180 países, expertos y activistas están presentes en la XIII sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en la tercera reunión de las partes del Protocolo de Kyoto.
Pero las negociaciones gubernamentales se llevan a cabo a puertas cerradas con el fin de establecer una agenda que culmine en 2009 con un tratado obligatorio de reducción de gases invernadero más allá de 2012, cuando expire el Protocolo firmado en 1997 en la ciudad japonesa de Kyoto, vigente desde 2005.
Kyoto demoró muchos años en ser obligatorio. Mientras, los efectos del calentamiento empezaron a desbordarse. Por eso es determinante que en esta cita se avance hacia un nuevo marco que regule la emisión de dióxido de carbono, el principal gas invernadero, indicó Mike Shanahan, del Instituto Internacional de Desarrollo y Medio Ambiente, en un informe suministrado a la prensa en Bali.
Las naciones industriales partes de Kyoto están obligadas a abatir sus gases invernadero a volúmenes cinco por ciento inferiores a los de 1990, antes de 2012. La discusión se encamina ahora en dos rumbos: cómo conseguir un acuerdo que incluya a Estados Unidos, responsable de más de 20 por ciento de la contaminación climática, y qué tipo de obligaciones deberían asumir países en desarrollo como China, India o Brasil, convertidos en potencias económicas emergentes.
Si bien nadie se irá de Bali con un compromiso firmado para las próximas décadas, muchos ojos están puestos en la "hoja de ruta" que emerja de las discusiones del Grupo de Trabajo Ad Hoc del Protocolo de Kyoto, encargado, entre otros asuntos, de establecer un rango de reducciones de gases que deberán adoptar las naciones ricas.
Organizaciones como WWF esperan que el Grupo de Trabajo confirme una decisión informal adoptada este año en Viena: los países industriales deberán llegar a 2020 con reducciones de emisiones de entre 25 y 40 por ciento respecto de los volúmenes de 1990.
Ese sería el umbral mínimo para evitar que la temperatura se eleve más de dos grados en este siglo y desate consecuencias naturales catastróficas, ha advertido el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
Este fue el año del clima. El premio Nobel de la Paz fue concedido al IPCC, cuyos últimos informes establecieron más allá de dudas que las actividades económicas humanas juegan un papel crucial en el cambio climático ya desatado.
La "hoja de ruta de Bali" será el eje del trabajo de la conferencia de las partes de la Convención, que sesionará en dos años en Copenhague, Dinamarca.
Yvo de Boer, director ejecutivo de la Secretaría de la Convención sobre el Cambio Climático, urgió a los participantes a actuar con responsabilidad.
"Estamos en una senda catastrófica, y la comunidad científica ha lanzado a los políticos un mensaje claro: que el cambio climático se puede frenar y que actuando ahora se podrán evitar muchos de los impactos catastróficos del calentamiento", afirmó.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales).
jueves, diciembre 20, 2007
Analizan en Xicoténcatl protección de manglares
En 20 años se ha perdido 65% de su superficie, según datos oficiales.
Mañana se discutirá la posible reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico.
La jornada
Miércoles 12 de diciembre de 2007
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
El Senado dejó en primera lectura, para aprobarse este jueves, una reforma a la Ley General de Vida Silvestre y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con la finalidad de proteger los manglares, toda vez que en los últimos 20 años en México se ha perdido 65 por ciento de su superficie, deforestándose cada año en promedio 9 mil 913 hectáreas de dichas zonas.
En las consideraciones para esta reforma se destaca que el manglar es considerado como el equivalente costero del bosque selvático, por su apariencia y servicios ambientales que proporciona, y subraya que México forma parte del grupo de cinco países que alberga la mitad de estas áreas en el mundo, teniendo la segunda mayor extensión en el continente americano, precedido de Brasil.
Con la reforma propuesta se cambia el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar de la siguiente manera: “Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia.
“De su productividad natural, de su capacidad de carga natural del ecosistema de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje, o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoquen cambios significativos en las características y servicios ecológicos”.
Con este cambio se modifican las reformas aprobadas el primero de febrero de 2007, en donde para proteger a los manglares se estableció la prohibición legal de llevar a cabo cualquier actividad que afecte la integralidad del mismo.
Con las reformas propuestas, y que quedaron para ser aprobadas este jueves, se establece que “toda actividad que tienda a afectar de cualquier forma al manglar quedará prohibida sólo cuando pudiéndose causar efectos irreversibles al ecosistema no se acredite ante la Semarnat la viabilidad de recuperación y conservación del equilibrio de dicho ecosistema y se propone como obligación a cargo de los responsables de dichas actividades que implementen medidas de compensación que minimicen los impactos negativos”.
Se establece que para determinar si algún proyecto de obra o actividad afecta la integralidad o provoca cambios significativos en las características del manglar, dicho proyecto se sujetará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en su modalidad regional, previsto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.
Asimismo, se precisa que durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la Semarnat deberá llevar a cabo el mecanismo de consulta pública a que se refiere el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente a petición de cualquier interesado.
Con esta reforma se faculta a la Semarnat para que en la resolución en materia de impacto ambiental imponga las acciones y medidas necesarias para evitar, prevenir, minimizar, compensar, restaurar o reparar cualquier afectación al ecosistema del manglar.
Mañana se discutirá la posible reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico.
La jornada
Miércoles 12 de diciembre de 2007
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
El Senado dejó en primera lectura, para aprobarse este jueves, una reforma a la Ley General de Vida Silvestre y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con la finalidad de proteger los manglares, toda vez que en los últimos 20 años en México se ha perdido 65 por ciento de su superficie, deforestándose cada año en promedio 9 mil 913 hectáreas de dichas zonas.
En las consideraciones para esta reforma se destaca que el manglar es considerado como el equivalente costero del bosque selvático, por su apariencia y servicios ambientales que proporciona, y subraya que México forma parte del grupo de cinco países que alberga la mitad de estas áreas en el mundo, teniendo la segunda mayor extensión en el continente americano, precedido de Brasil.
Con la reforma propuesta se cambia el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar de la siguiente manera: “Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia.
“De su productividad natural, de su capacidad de carga natural del ecosistema de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje, o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoquen cambios significativos en las características y servicios ecológicos”.
Con este cambio se modifican las reformas aprobadas el primero de febrero de 2007, en donde para proteger a los manglares se estableció la prohibición legal de llevar a cabo cualquier actividad que afecte la integralidad del mismo.
Con las reformas propuestas, y que quedaron para ser aprobadas este jueves, se establece que “toda actividad que tienda a afectar de cualquier forma al manglar quedará prohibida sólo cuando pudiéndose causar efectos irreversibles al ecosistema no se acredite ante la Semarnat la viabilidad de recuperación y conservación del equilibrio de dicho ecosistema y se propone como obligación a cargo de los responsables de dichas actividades que implementen medidas de compensación que minimicen los impactos negativos”.
Se establece que para determinar si algún proyecto de obra o actividad afecta la integralidad o provoca cambios significativos en las características del manglar, dicho proyecto se sujetará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en su modalidad regional, previsto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.
Asimismo, se precisa que durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la Semarnat deberá llevar a cabo el mecanismo de consulta pública a que se refiere el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente a petición de cualquier interesado.
Con esta reforma se faculta a la Semarnat para que en la resolución en materia de impacto ambiental imponga las acciones y medidas necesarias para evitar, prevenir, minimizar, compensar, restaurar o reparar cualquier afectación al ecosistema del manglar.
Mercado de carbono llega a las selvas
Por Marwaan Macan-Markar
Mientras el negocio de transar derechos para emitir carbono incorpora la deforestación evitada, está en duda su capacidad para abatir la contaminación climática.
NUSA DUA, Bali, Indonesia, 17 dic (Tierramérica).- El nuevo activo del siglo es el gas carbono, a ser transado entre el mundo rico y el pobre en los mercados del futuro.
La mayor conferencia mundial sobre cambio climático proporcionó un terreno fértil para que este mercado potencialmente lucrativo extienda sus raíces al sector forestal.
El carbono, o mejor el dióxido de carbono, es la principal de las sustancias que recalientan la atmósfera, conocidas como gases de efecto invernadero.
Las voces a favor de este nuevo mercado fueron numerosas en la XIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada del 3 al 14 de este mes en la isla indonesia de Bali. Entre ellas la del Banco Mundial.
En la semana final de la reunión que atrajo a unos 10 mil participantes de unos 180 países, el Banco lanzó una iniciativa para incorporar los bosques tropicales del mundo en desarrollo a los mercados de créditos de carbono.
El Fondo para Reducir las Emisiones de Carbono Mediante la Protección de los Bosques, propuesto ya en 2006 por el Banco y presentado en Bali, está destinado a proteger esos ecosistemas de la deforestación canalizando fondos del mundo industrializado.
El Fondo permitirá a los "compradores" de las naciones ricas, que deben reducir sus emisiones de dióxido de carbono, a hacerlo financiando programas que detengan la destrucción forestal, que contribuye con casi 20 por ciento de los gases invernadero lanzados a la atmósfera.
El Banco prevé una capitalización de 300 millones de dólares para el Fondo, que se pondrá en marcha con una base de 10 millones. También calcula que su funcionamiento será de aproximadamente una década.
Semejante intento de que los mayores contaminadores climáticos del mundo obtengan créditos de carbono es apenas la última de una creciente lista de opciones alentadas por el Protocolo de Kyoto, en vigor desde 2005.
Para 2006, el volumen global del mercado de carbono era de unos 30 mil millones de dólares, según el Banco Mundial, cuando en 2004 era de menos de mil millones.
"La mayor fuente de créditos en el mercado han sido inversiones para reducir los hidrofluorocarbonos (HFC), que se utilizan en varios procesos de manufactura de industrias químicas, como la de pinturas", dijo a Tierramérica Ben Vitale, director de desarrollo de mercados y negocios de ecosistemas de Conservation International.
"China fue quien más se benefició de las inversiones en proyectos amigables con el ambiente que habilitan a una compañía o a un gobierno (del mundo industrial) a adquirir créditos de carbono", agregó.
Sin embargo, no todos en la conferencia se mostraron convencidos de que las selvas del mundo en desarrollo resulten protegidas por un mecanismo de mercado concebido para ayudar a gobiernos y empresas del mundo industrializado a adquirir créditos de carbono.
Los créditos de carbono son permisos para contaminar. Quien los compra, adquiere una coartada para no reducir su propia contaminación, mientras paga para que otros produzcan de manera más limpia.
"Nos preocupa el abuso de los mecanismos de mercado. No estoy seguro de que por sí solos ayuden a reducir las emisiones", señaló el canciller brasileño Celso Amorim.
La preocupación es compartida por algunas organizaciones ambientalistas.
La insistencia en el mercado como solución para que los ricos cumplan sus obligaciones puede alterar la prioridad del Protocolo de Kyoto: que los países industriales reduzcan los gases invernadero de sus propias economías.
"El mundo industrial comenzará a comprar créditos de carbono forestal baratos al mundo en desarrollo, sin cambiar su matriz energética ni sus sistemas de transporte, que son los que contaminan el ambiente", dijo a Tierramérica Marcelo Furtado, director de campaña de la filial brasileña de Greenpeace.
"Las naciones ricas pueden estar haciéndole un gran favor al planeta al proteger los bosques tropicales, pero en un aspecto más amplio, el ambiente no se beneficia porque no han reducido sus emisiones de gases", añadió.
Organizaciones como Amigos de la Tierra y el Foro Indonesio para el Ambiente tienen otras preocupaciones sobre el nuevo papel que se quiere dar a los bosques tropicales.
Comunidades indígenas y otros pueblos cuyos sustentos dependen de las selvas serán marginados de ese vínculo económico y cultural tradicional que han mantenido durante décadas o siglos, alegaron.
Las diferencias aparecen mientras se acerca 2008, cuando empezará el período para cumplir los compromisos asumidos en Kyoto por todos los países industriales, con la excepción de Estados Unidos.
Las naciones ricas están obligadas a reducir sus gases invernadero a volúmenes 5,2 por ciento inferiores a los de 1990 en un plazo de cinco años que expirará en 2012.
El nuevo año también abrirá las puertas para que las empresas y los países del mundo rico que acumularon créditos de carbono empiecen a transarlos.
El Protocolo de Kyoto, adjunto a la Convención de Cambio Climático, estableció un Mecanismo de Desarrollo Limpio que habilita a los contaminadores del Norte industrial a invertir en iniciativas limpias en el Sur en desarrollo a cambio de… créditos de carbono, con los que achicarán la distancia que los separa del cumplimiento de sus obligaciones.
Pero mientras se espera este nuevo giro económico, funcionarios de los países pobres protestan que no quieren ser estafados respecto del valor de una tonelada de carbono.
Un delegado indonesio a la conferencia de Bali dijo al periódico The Jakarta Post que "los créditos de carbono están valuados en apenas tres dólares por tonelada en los países en desarrollo, mientras se cotizan a unos 25 dólares en los países europeos".
En la sudoccidental provincia canadiense de Alberta, las autoridades fijaron en 15 dólares el valor de la tonelada de carbono, como parte de los esfuerzos para "exigir reducciones de los emisores del sector privado", dijo un funcionario de esa región, que posee las segundas reservas petroleras más grandes del mundo.
"Si se abusa del mercado de carbono, será injusto culpar al Protocolo de Kyoto", dijo el brasileño Furtado. La culpa será del "abusador, que no cumplió con sus obligaciones de abatir su contaminación climática", concluyó.
Mientras el negocio de transar derechos para emitir carbono incorpora la deforestación evitada, está en duda su capacidad para abatir la contaminación climática.
NUSA DUA, Bali, Indonesia, 17 dic (Tierramérica).- El nuevo activo del siglo es el gas carbono, a ser transado entre el mundo rico y el pobre en los mercados del futuro.
La mayor conferencia mundial sobre cambio climático proporcionó un terreno fértil para que este mercado potencialmente lucrativo extienda sus raíces al sector forestal.
El carbono, o mejor el dióxido de carbono, es la principal de las sustancias que recalientan la atmósfera, conocidas como gases de efecto invernadero.
Las voces a favor de este nuevo mercado fueron numerosas en la XIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada del 3 al 14 de este mes en la isla indonesia de Bali. Entre ellas la del Banco Mundial.
En la semana final de la reunión que atrajo a unos 10 mil participantes de unos 180 países, el Banco lanzó una iniciativa para incorporar los bosques tropicales del mundo en desarrollo a los mercados de créditos de carbono.
El Fondo para Reducir las Emisiones de Carbono Mediante la Protección de los Bosques, propuesto ya en 2006 por el Banco y presentado en Bali, está destinado a proteger esos ecosistemas de la deforestación canalizando fondos del mundo industrializado.
El Fondo permitirá a los "compradores" de las naciones ricas, que deben reducir sus emisiones de dióxido de carbono, a hacerlo financiando programas que detengan la destrucción forestal, que contribuye con casi 20 por ciento de los gases invernadero lanzados a la atmósfera.
El Banco prevé una capitalización de 300 millones de dólares para el Fondo, que se pondrá en marcha con una base de 10 millones. También calcula que su funcionamiento será de aproximadamente una década.
Semejante intento de que los mayores contaminadores climáticos del mundo obtengan créditos de carbono es apenas la última de una creciente lista de opciones alentadas por el Protocolo de Kyoto, en vigor desde 2005.
Para 2006, el volumen global del mercado de carbono era de unos 30 mil millones de dólares, según el Banco Mundial, cuando en 2004 era de menos de mil millones.
"La mayor fuente de créditos en el mercado han sido inversiones para reducir los hidrofluorocarbonos (HFC), que se utilizan en varios procesos de manufactura de industrias químicas, como la de pinturas", dijo a Tierramérica Ben Vitale, director de desarrollo de mercados y negocios de ecosistemas de Conservation International.
"China fue quien más se benefició de las inversiones en proyectos amigables con el ambiente que habilitan a una compañía o a un gobierno (del mundo industrial) a adquirir créditos de carbono", agregó.
Sin embargo, no todos en la conferencia se mostraron convencidos de que las selvas del mundo en desarrollo resulten protegidas por un mecanismo de mercado concebido para ayudar a gobiernos y empresas del mundo industrializado a adquirir créditos de carbono.
Los créditos de carbono son permisos para contaminar. Quien los compra, adquiere una coartada para no reducir su propia contaminación, mientras paga para que otros produzcan de manera más limpia.
"Nos preocupa el abuso de los mecanismos de mercado. No estoy seguro de que por sí solos ayuden a reducir las emisiones", señaló el canciller brasileño Celso Amorim.
La preocupación es compartida por algunas organizaciones ambientalistas.
La insistencia en el mercado como solución para que los ricos cumplan sus obligaciones puede alterar la prioridad del Protocolo de Kyoto: que los países industriales reduzcan los gases invernadero de sus propias economías.
"El mundo industrial comenzará a comprar créditos de carbono forestal baratos al mundo en desarrollo, sin cambiar su matriz energética ni sus sistemas de transporte, que son los que contaminan el ambiente", dijo a Tierramérica Marcelo Furtado, director de campaña de la filial brasileña de Greenpeace.
"Las naciones ricas pueden estar haciéndole un gran favor al planeta al proteger los bosques tropicales, pero en un aspecto más amplio, el ambiente no se beneficia porque no han reducido sus emisiones de gases", añadió.
Organizaciones como Amigos de la Tierra y el Foro Indonesio para el Ambiente tienen otras preocupaciones sobre el nuevo papel que se quiere dar a los bosques tropicales.
Comunidades indígenas y otros pueblos cuyos sustentos dependen de las selvas serán marginados de ese vínculo económico y cultural tradicional que han mantenido durante décadas o siglos, alegaron.
Las diferencias aparecen mientras se acerca 2008, cuando empezará el período para cumplir los compromisos asumidos en Kyoto por todos los países industriales, con la excepción de Estados Unidos.
Las naciones ricas están obligadas a reducir sus gases invernadero a volúmenes 5,2 por ciento inferiores a los de 1990 en un plazo de cinco años que expirará en 2012.
El nuevo año también abrirá las puertas para que las empresas y los países del mundo rico que acumularon créditos de carbono empiecen a transarlos.
El Protocolo de Kyoto, adjunto a la Convención de Cambio Climático, estableció un Mecanismo de Desarrollo Limpio que habilita a los contaminadores del Norte industrial a invertir en iniciativas limpias en el Sur en desarrollo a cambio de… créditos de carbono, con los que achicarán la distancia que los separa del cumplimiento de sus obligaciones.
Pero mientras se espera este nuevo giro económico, funcionarios de los países pobres protestan que no quieren ser estafados respecto del valor de una tonelada de carbono.
Un delegado indonesio a la conferencia de Bali dijo al periódico The Jakarta Post que "los créditos de carbono están valuados en apenas tres dólares por tonelada en los países en desarrollo, mientras se cotizan a unos 25 dólares en los países europeos".
En la sudoccidental provincia canadiense de Alberta, las autoridades fijaron en 15 dólares el valor de la tonelada de carbono, como parte de los esfuerzos para "exigir reducciones de los emisores del sector privado", dijo un funcionario de esa región, que posee las segundas reservas petroleras más grandes del mundo.
"Si se abusa del mercado de carbono, será injusto culpar al Protocolo de Kyoto", dijo el brasileño Furtado. La culpa será del "abusador, que no cumplió con sus obligaciones de abatir su contaminación climática", concluyó.
viernes, diciembre 07, 2007
Mercado de biocombustibles tiene deformaciones congénitas
Por Mario Osava*
Llevará mucho tiempo extirpar las distorsiones causadas por intereses económicos y políticos inmediatos en el incipiente mercado de biocombustibles, observan expertos
RÍO DE JANEIRO, 3 dic (Tierramérica).- El desarrollo de un mercado internacional de combustibles agrícolas podrá reducir la contaminación ambiental y mitigar los impactos inflacionarios de la actual euforia por esa alternativa energética, pero se trata de un proceso que insumirá muchos años.
Por ahora, los países que disponen de condiciones, como Estados Unidos y la Unión Europea (UE, buscan crear sus sistemas domésticos de producción y consumo de combustibles destilados de vegetales, procurando reducir sus gastos en petróleo, con barreras y subsidios que oscurecen las perspectivas de ese nuevo mercado.
La fiebre por productos como el biodiésel y el alcohol carburante o etanol, destilados de oleaginosas, caña de azúcar y maíz, obedece a los precios prohibitivos del crudo y a los efectos climáticos indeseables del uso de sus derivados. En América, sólo cinco países ya producen lo suficiente para añadir 10 por ciento de etanol a la gasolina que consumen, proporción que no exige cambios en los motores y reduce considerablemente los gases de efecto invernadero del transporte. Son Brasil, Guatemala, Guyana, Nicaragua y Paraguay, según el Atlas de Agroenergía y Biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), publicado este año.
Nadando contra la corriente del enfoque nacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) promoverá en junio de 2008 una conferencia en Brasil para establecer un marco regulador del futuro mercado mundial de biocombustibles.
Es “el momento adecuado” para discutir el asunto y evitar la consolidación de distorsiones que en el futuro serán más difíciles de corregir, dice a Tierramérica Luiz Fernando Paulillo, consultor de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de la FAO.
Las barreras arancelarias “pueden caer, pero los subsidios tienden a perdurar”, como prueban las largas y frustrantes negociaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para reducir las protecciones de los países ricos a su agricultura, recuerda el experto.
Pero los subsidios a la producción de granos poco preocupan a los agricultores centroamericanos porque la perspectiva de una enorme demanda y los precios tan altos hacen “lugar para todos los productores, incluso los menos eficientes”, según Gerardo Escudero, representante del IICA en Nicaragua.
Parte del alza se debe a que Estados Unidos decidió promover su producción de etanol de maíz, provocando un desequilibrio en el comercio mundial de granos que elevó los precios en cadena.
Sin embargo, sólo 28 por ciento de ese aumento se debe al etanol, asegura Paulillo, que atribuye las subas principalmente al brutal incremento de la demanda de alimentos en Asia y al alza del crudo que encareció el transporte e insumos agrícolas de origen petrolero.
Estados Unidos apuesta a la nueva tecnología de la hidrólisis, que permitirá refinar etanol de la paja de maíz, de madera o de pasto, y espera alcanzar una producción viable a partir de celulosa dentro de unos cinco años, prevé Paulillo.
Eso puede provocar otro sacudón en el mercado de las materias primas actuales de los biocombustibles, que sufrirían una inversión de la tendencia, con fuerte caída de precios. Un marco regulador buscaría evitar o hacer más gradual esos vuelcos, arguye Paulillo.
Por otro lado, el etanol de celulosa superaría ciertas restricciones, como el hecho de afectar la producción de alimentos y elevar sus precios.
También se necesita alguna “estabilidad” y avance parejo de la oferta y el consumo para dar credibilidad a los combustibles alternativos, observa Benedito Rosa, director de comercio internacional del Ministerio de Agricultura de Brasil, recordando que el programa del alcohol carburante en Brasil sufrió una grave crisis de confianza que casi lo destruye hace una década y media.
La supervivencia y consolidación de ese programa hizo de Brasil el único país con capacidad para exportar gran cantidad de su etanol, además de mezclarlo a la gasolina en una proporción de 25 por ciento y tener millones de automóviles que pueden moverse con hasta cien por ciento.
Por eso Brasil pelea solo contra el arancel de 54 centavos de dólar por galón (3,78 litros) que impone Estados Unidos al etanol importado y barreras que alcanzan hasta 63 por ciento del precio en la UE.
Organismos como la FAO, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyan la posición brasileña, por reconocer que la caña de azúcar es más eficiente en reducir los gases invernadero y que las materias primas usadas en Estados Unidos y Europa poco o nada contribuyen a ese fin.
Estudios brasileños indican que el maíz convertido en etanol sólo produce 1,3 unidades de energía para cada unidad de energía fósil empleada en su producción, mientras la relación de la caña en Brasil es de más de ocho por cada una.
Una forma de eliminar las protecciones es la propuesta brasileña de incluir el etanol en la lista de bienes ambientales que se negocia en la OMC, con el rechazo evidente de las potencias del Norte.
Tales barreras, sin embargo, abren una gran oportunidad de expansión de la agroindustria del etanol en América Central y algunos países caribeños, beneficiados por acuerdos comerciales que les conceden exenciones arancelarias en el gran mercado estadounidense y la disponibilidad de tierras y agua. Guatemala lidera en productividad de caña, superando incluso a Brasil.
El gobierno y el sector privado brasileños buscan fomentar el desarrollo agroenergético de esa región, por considerar que un mercado mundial y la transformación del etanol en mercancía global sólo se alcanzarán cuando muchos países lo produzcan y lo exporten.
Como parte de ese esfuerzo se creó el Foro Internacional de los Biocombustibles, del que participan tanto Brasil, Estados Unidos y la UE, como Sudáfrica, China e India, para establecer patrones universales que faciliten el comercio de esas alternativas.
Son procesos que exigen tiempo para producir resultados, mientras el mercado se va construyendo con deformaciones y contradicciones generadas por intereses económicos y políticos inmediatos.
Los incentivos al etanol de maíz salvaron de una grave crisis a la agricultura del medio oeste de Estados Unidos, y eliminarlos generaría allí un fuerte desempleo, observa Rosa.
* Corresponsal de IPS.
Llevará mucho tiempo extirpar las distorsiones causadas por intereses económicos y políticos inmediatos en el incipiente mercado de biocombustibles, observan expertos
RÍO DE JANEIRO, 3 dic (Tierramérica).- El desarrollo de un mercado internacional de combustibles agrícolas podrá reducir la contaminación ambiental y mitigar los impactos inflacionarios de la actual euforia por esa alternativa energética, pero se trata de un proceso que insumirá muchos años.
Por ahora, los países que disponen de condiciones, como Estados Unidos y la Unión Europea (UE, buscan crear sus sistemas domésticos de producción y consumo de combustibles destilados de vegetales, procurando reducir sus gastos en petróleo, con barreras y subsidios que oscurecen las perspectivas de ese nuevo mercado.
La fiebre por productos como el biodiésel y el alcohol carburante o etanol, destilados de oleaginosas, caña de azúcar y maíz, obedece a los precios prohibitivos del crudo y a los efectos climáticos indeseables del uso de sus derivados. En América, sólo cinco países ya producen lo suficiente para añadir 10 por ciento de etanol a la gasolina que consumen, proporción que no exige cambios en los motores y reduce considerablemente los gases de efecto invernadero del transporte. Son Brasil, Guatemala, Guyana, Nicaragua y Paraguay, según el Atlas de Agroenergía y Biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), publicado este año.
Nadando contra la corriente del enfoque nacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) promoverá en junio de 2008 una conferencia en Brasil para establecer un marco regulador del futuro mercado mundial de biocombustibles.
Es “el momento adecuado” para discutir el asunto y evitar la consolidación de distorsiones que en el futuro serán más difíciles de corregir, dice a Tierramérica Luiz Fernando Paulillo, consultor de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de la FAO.
Las barreras arancelarias “pueden caer, pero los subsidios tienden a perdurar”, como prueban las largas y frustrantes negociaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para reducir las protecciones de los países ricos a su agricultura, recuerda el experto.
Pero los subsidios a la producción de granos poco preocupan a los agricultores centroamericanos porque la perspectiva de una enorme demanda y los precios tan altos hacen “lugar para todos los productores, incluso los menos eficientes”, según Gerardo Escudero, representante del IICA en Nicaragua.
Parte del alza se debe a que Estados Unidos decidió promover su producción de etanol de maíz, provocando un desequilibrio en el comercio mundial de granos que elevó los precios en cadena.
Sin embargo, sólo 28 por ciento de ese aumento se debe al etanol, asegura Paulillo, que atribuye las subas principalmente al brutal incremento de la demanda de alimentos en Asia y al alza del crudo que encareció el transporte e insumos agrícolas de origen petrolero.
Estados Unidos apuesta a la nueva tecnología de la hidrólisis, que permitirá refinar etanol de la paja de maíz, de madera o de pasto, y espera alcanzar una producción viable a partir de celulosa dentro de unos cinco años, prevé Paulillo.
Eso puede provocar otro sacudón en el mercado de las materias primas actuales de los biocombustibles, que sufrirían una inversión de la tendencia, con fuerte caída de precios. Un marco regulador buscaría evitar o hacer más gradual esos vuelcos, arguye Paulillo.
Por otro lado, el etanol de celulosa superaría ciertas restricciones, como el hecho de afectar la producción de alimentos y elevar sus precios.
También se necesita alguna “estabilidad” y avance parejo de la oferta y el consumo para dar credibilidad a los combustibles alternativos, observa Benedito Rosa, director de comercio internacional del Ministerio de Agricultura de Brasil, recordando que el programa del alcohol carburante en Brasil sufrió una grave crisis de confianza que casi lo destruye hace una década y media.
La supervivencia y consolidación de ese programa hizo de Brasil el único país con capacidad para exportar gran cantidad de su etanol, además de mezclarlo a la gasolina en una proporción de 25 por ciento y tener millones de automóviles que pueden moverse con hasta cien por ciento.
Por eso Brasil pelea solo contra el arancel de 54 centavos de dólar por galón (3,78 litros) que impone Estados Unidos al etanol importado y barreras que alcanzan hasta 63 por ciento del precio en la UE.
Organismos como la FAO, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyan la posición brasileña, por reconocer que la caña de azúcar es más eficiente en reducir los gases invernadero y que las materias primas usadas en Estados Unidos y Europa poco o nada contribuyen a ese fin.
Estudios brasileños indican que el maíz convertido en etanol sólo produce 1,3 unidades de energía para cada unidad de energía fósil empleada en su producción, mientras la relación de la caña en Brasil es de más de ocho por cada una.
Una forma de eliminar las protecciones es la propuesta brasileña de incluir el etanol en la lista de bienes ambientales que se negocia en la OMC, con el rechazo evidente de las potencias del Norte.
Tales barreras, sin embargo, abren una gran oportunidad de expansión de la agroindustria del etanol en América Central y algunos países caribeños, beneficiados por acuerdos comerciales que les conceden exenciones arancelarias en el gran mercado estadounidense y la disponibilidad de tierras y agua. Guatemala lidera en productividad de caña, superando incluso a Brasil.
El gobierno y el sector privado brasileños buscan fomentar el desarrollo agroenergético de esa región, por considerar que un mercado mundial y la transformación del etanol en mercancía global sólo se alcanzarán cuando muchos países lo produzcan y lo exporten.
Como parte de ese esfuerzo se creó el Foro Internacional de los Biocombustibles, del que participan tanto Brasil, Estados Unidos y la UE, como Sudáfrica, China e India, para establecer patrones universales que faciliten el comercio de esas alternativas.
Son procesos que exigen tiempo para producir resultados, mientras el mercado se va construyendo con deformaciones y contradicciones generadas por intereses económicos y políticos inmediatos.
Los incentivos al etanol de maíz salvaron de una grave crisis a la agricultura del medio oeste de Estados Unidos, y eliminarlos generaría allí un fuerte desempleo, observa Rosa.
* Corresponsal de IPS.
viernes, noviembre 30, 2007
Se comprometen otros US$10.1 millones para los bosques tropicales
International Tropical Timber Organization
YOKOHAMA, JAPÓN, 10 de noviembre de 2007: El Consejo Internacional de las Maderas tropicales ha comprometido 10,1 millones de dólares estadounidenses para la financiación de nuevos proyectos y actividades orientados a la conservación y la ordenación, utilización y comercio sostenibles de los recursos forestales tropicales.
El Consejo es el órgano rector de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), que se reúne dos veces al año para debatir un amplio programa encaminado a fomentar la ordenación sostenible de los bosques tropicales y el comercio de madera tropical producida de forma sostenible. Los fondos comprometidos esta semana durante su cuadragésimo tercer período de sesiones se suman al total de 5,6 millones de dólares comprometido en el mes de mayo durante el cuadragésimo segundo período de sesiones del Consejo, celebrado en Port Moresby, Papua Nueva Guinea, con lo cual la suma total adjudicada en 2007 asciende a más de 15,7 millones de dólares estadounidenses.
En este período de sesiones, el primero celebrado bajo la coordinación del nuevo Director Ejecutivo de la OIMT, Emmanuel Ze Meka, el Consejo financió catorce proyectos y tres anteproyectos, por un monto total de 5,6 millones de dólares, incluido uno para promover la adopción de la ordenación forestal sostenible en la Amazonia brasileña y otro orientado a establecer un programa de clonación de árboles en Côte d’Ivoire. Asimismo, se financió un proyecto dirigido al uso de técnicas de percepción remota para controlar los incendios forestales en la región tropical de China y otro para fomentar la ordenación forestal sostenible en los territorios forestales de las comunidades indígenas del Darién, en Panamá. El Consejo, conjuntamente con el Fondo Común para los Productos Básicos, también financió un proyecto encaminado a ofrecer capacitación a las comunidades rurales del Congo para la extracción de valiosos aceites esenciales de plantaciones de eucalipto. Por otra parte, el Consejo adjudicó fondos para el Fondo de Becas Freezailah, a fin de permitir que este valioso programa continúe ofreciendo becas a candidatos de mérito.
El Consejo aprobó además un programa de trabajo bienal para 2008-2009, con un presupuesto total de 9,2 millones de dólares estadounidenses para su ejecución, de los cuales 4,5 millones se adjudicaron en este período de sesiones (con contribuciones voluntarias de 1,5 millones de dólares y 3 millones de fondos sin asignación específica, inclusive del Fondo de Cooperación de Bali). El programa de trabajo incluye actividades relativas a políticas que orientarán las labores de la Organización durante el bienio, inclusive la formulación de una respuesta de la OIMT ante los últimos adelantos alcanzados en las negociaciones sobre el cambio climático y sus repercusiones para los bosques tropicales.
El financiamiento anunciado en este período de sesiones para proyectos, anteproyectos y el programa de trabajo bienal incluyó también casi 4 millones de dólares para un nuevo programa sobre la aplicación de legislación y comercio en relación con los bosques tropicales (TFLET, por sus siglas en inglés). El gobierno de los Países Bajos fue uno de los principales donantes de este programa, que también recibió donaciones de Japón, Estados Unidos, Australia, Noruega y la Asociación de Importadores Madereros de Japón (JLIA). Durante este período de sesiones, se adjudicaron más de dos millones de dólares para proyectos y actividades relacionados con el programa TFLET, inclusive la financiación de un proyecto conjunto de la Organización Africana de la Madera y la OIMT para promover la ordenación forestal sostenible y la certificación forestal en África, así como otro encaminado a mejorar la aplicación y observancia de la legislación forestal en Papua Nueva Guinea. Los principales donantes de este período de sesiones para actividades no relacionadas con el programa TFLET fueron los gobiernos de Japón, Suiza y Estados Unidos.
El Consejo estudió también la situación relativa a la ratificación del CIMT de 2006. Este convenio, que sucede al tratado que rige actualmente la Organización (CIMT, 1994), debería entrar en vigor a principios de 2008, pero probablemente se demore su entrada en vigor debido al lento proceso de ratificación por los países miembros.
YOKOHAMA, JAPÓN, 10 de noviembre de 2007: El Consejo Internacional de las Maderas tropicales ha comprometido 10,1 millones de dólares estadounidenses para la financiación de nuevos proyectos y actividades orientados a la conservación y la ordenación, utilización y comercio sostenibles de los recursos forestales tropicales.
El Consejo es el órgano rector de la Organización Internacional de las Maderas Tropicales (OIMT), que se reúne dos veces al año para debatir un amplio programa encaminado a fomentar la ordenación sostenible de los bosques tropicales y el comercio de madera tropical producida de forma sostenible. Los fondos comprometidos esta semana durante su cuadragésimo tercer período de sesiones se suman al total de 5,6 millones de dólares comprometido en el mes de mayo durante el cuadragésimo segundo período de sesiones del Consejo, celebrado en Port Moresby, Papua Nueva Guinea, con lo cual la suma total adjudicada en 2007 asciende a más de 15,7 millones de dólares estadounidenses.
En este período de sesiones, el primero celebrado bajo la coordinación del nuevo Director Ejecutivo de la OIMT, Emmanuel Ze Meka, el Consejo financió catorce proyectos y tres anteproyectos, por un monto total de 5,6 millones de dólares, incluido uno para promover la adopción de la ordenación forestal sostenible en la Amazonia brasileña y otro orientado a establecer un programa de clonación de árboles en Côte d’Ivoire. Asimismo, se financió un proyecto dirigido al uso de técnicas de percepción remota para controlar los incendios forestales en la región tropical de China y otro para fomentar la ordenación forestal sostenible en los territorios forestales de las comunidades indígenas del Darién, en Panamá. El Consejo, conjuntamente con el Fondo Común para los Productos Básicos, también financió un proyecto encaminado a ofrecer capacitación a las comunidades rurales del Congo para la extracción de valiosos aceites esenciales de plantaciones de eucalipto. Por otra parte, el Consejo adjudicó fondos para el Fondo de Becas Freezailah, a fin de permitir que este valioso programa continúe ofreciendo becas a candidatos de mérito.
El Consejo aprobó además un programa de trabajo bienal para 2008-2009, con un presupuesto total de 9,2 millones de dólares estadounidenses para su ejecución, de los cuales 4,5 millones se adjudicaron en este período de sesiones (con contribuciones voluntarias de 1,5 millones de dólares y 3 millones de fondos sin asignación específica, inclusive del Fondo de Cooperación de Bali). El programa de trabajo incluye actividades relativas a políticas que orientarán las labores de la Organización durante el bienio, inclusive la formulación de una respuesta de la OIMT ante los últimos adelantos alcanzados en las negociaciones sobre el cambio climático y sus repercusiones para los bosques tropicales.
El financiamiento anunciado en este período de sesiones para proyectos, anteproyectos y el programa de trabajo bienal incluyó también casi 4 millones de dólares para un nuevo programa sobre la aplicación de legislación y comercio en relación con los bosques tropicales (TFLET, por sus siglas en inglés). El gobierno de los Países Bajos fue uno de los principales donantes de este programa, que también recibió donaciones de Japón, Estados Unidos, Australia, Noruega y la Asociación de Importadores Madereros de Japón (JLIA). Durante este período de sesiones, se adjudicaron más de dos millones de dólares para proyectos y actividades relacionados con el programa TFLET, inclusive la financiación de un proyecto conjunto de la Organización Africana de la Madera y la OIMT para promover la ordenación forestal sostenible y la certificación forestal en África, así como otro encaminado a mejorar la aplicación y observancia de la legislación forestal en Papua Nueva Guinea. Los principales donantes de este período de sesiones para actividades no relacionadas con el programa TFLET fueron los gobiernos de Japón, Suiza y Estados Unidos.
El Consejo estudió también la situación relativa a la ratificación del CIMT de 2006. Este convenio, que sucede al tratado que rige actualmente la Organización (CIMT, 1994), debería entrar en vigor a principios de 2008, pero probablemente se demore su entrada en vigor debido al lento proceso de ratificación por los países miembros.
jueves, noviembre 29, 2007
CAMBIO CLIMÁTICO: América Latina pasa la cuenta al mundo rico
Por Mario Osava*
No habrá definiciones cruciales en la reunión sobre cambio climático de Indonesia, donde América Latina insistirá en pasarle la cuenta al mundo rico por el incontenible recalentamiento.
RÍO DE JANEIRO, 26 nov (Tierramérica).- Los gobiernos latinoamericanos reclaman mayores compromisos de los países industriales en la mitigación del cambio climático y en el apoyo para soportar sus efectos.
Con esa disposición participarán en la XIII Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco sobre Cambio Climático, que se celebrará entre el 3 y el 14 de diciembre en Bali, Indonesia.
Las naciones industriales prometieron contribuir al fondo especial para la adaptación, pero “nada aportaron hasta ahora”, se quejó José Domingos Miguez, secretario de la Comisión Interministerial de Cambios del Clima de Brasil y uno de los representantes de este país en la COP.
Se acordó que al fondo le tocaría el equivalente a dos por ciento de los recursos negociados en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), pero hay divergencias sobre el organismo que se encargaría de gestionar esos recursos.
El MDL es uno de los instrumentos previstos en el Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático para ayudar a los países industriales a cumplir sus obligaciones de reducción de gases de efecto invernadero mediante inversiones en proyectos limpios en el mundo en desarrollo.
Como “máximo responsable” del calentamiento global, el mundo industrial tiene “la obligación moral de financiar los planes y acciones de adaptación de los países en desarrollo”, en especial de los más vulnerables, como los pequeños estados insulares, subrayó Omar Rivera, experto del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, que también estará en Bali.
Muchas islas desaparecerán o perderán buena parte de sus tierras y playas, ante la elevación del nivel del mar por el derretimiento de los glaciares, que también reducirá el agua dulce disponible en las zonas que dependen del hielo de las montañas, como muchos pueblos andinos.
El financiamiento y soporte para enfrentar los disturbios son "una prioridad a defender" para Perú, “un país altamente vulnerable”, corroboró Vanesa Vereau, presidenta de la no gubernamental Asociación Unidos por el Cambio Climático, que además reclama de Lima una “posición firme” a favor de mayores compromisos de reducir los gases invernadero, considerados responsables del recalentamiento.
Hacer efectivo el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, consagrado en la Convención, es una posición que comparten las autoridades consultadas por Tierramérica en la región.
En consecuencia, Brasil se niega a fijar metas para abatir sus emisiones, pese a las presiones de ambientalistas y expertos de este país, que está entre los cinco mayores emisores de gases debido a la deforestación de la Amazonia.
Por iniciativa de un diputado ecologista, se tramita en el parlamento un proyecto de ley que obligaría a reducir, hasta 2012, las emisiones de gases invernadero a volúmenes cuatro por ciento menores a los de 1990, poco menos que el 5,2 por ciento fijado por el Protocolo de Kyoto para las naciones industriales.
“Brasil debe asumir metas, aunque voluntarias”, opinó José Marengo, meteorólogo del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales y miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que reúne a miles de científicos de todo el mundo.
Los dramáticos informes divulgados desde febrero por el IPCC --destacando las tragedias que el mundo sufrirá si no se adoptan fuertes medidas para reducir la contaminación atmosférica-- despertaron esperanzas de que la conferencia de Bali cristalice decisiones que aclaren el futuro de la humanidad.
Pero la expectativa es “desproporcionada”, porque no habrá avances sin la adhesión de Estados Unidos, que “no está en condiciones de avanzar”, sentenció el embajador Raúl Estrada Oyuela, que acaba de dejar la Dirección de Asuntos Ambientales de la cancillería argentina, pero estará en Bali como miembro del Comité de Control de Cumplimiento del Protocolo de Kyoto, cuyo equipo de redacción presidió hace 10 años.
El Protocolo de Kyoto es el único tratado internacional que establece obligaciones de reducción de gases invernadero, procedentes sobre todo de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la ganadería.
Estados Unidos repudió los compromisos del Protocolo --firmado en 1997 y en vigor apenas desde 2005-- argumentando que afectaría su economía y arrojando dudas sobre la responsabilidad humana en el recalentamiento.
Además, la COP no abordará cuestiones “sustantivas”, pues estará volcada a definir el proceso, la agenda y el cronograma de las negociaciones hasta 2009, sobre “un segundo período de Kyoto”, señaló Miguez.
El brasileño rechaza la expresión “post Kyoto”, pues no se trata de un nuevo proceso, sino de una continuación bajo principios ya acordados. El mundo industrial deberá cumplir nuevas metas obligatorias, “con los países en desarrollo ayudando mediante el MDL”, sostuvo.
Brasil, sin embargo, trata de mostrar sus avances, como haber disminuido a la mitad el ritmo de deforestación amazónica en los tres últimos años y desarrollado una matriz energética sobre todo renovable, con energía hidroeléctrica y combustibles agrícolas.
Sus propuestas apuntan a la creación de mecanismos, “en el ámbito de la Convención” y no del Protocolo, que incentiven políticas públicas de reducción de gases, como el combate a la deforestación y el desarrollo de la bioenergía, como un fondo voluntario para remunerar los países que frenen la pérdida de bosques.
Pese a la actitud negativa de Estados Unidos y de países como Japón, Australia y Canadá, que quieren sustituir Kyoto por otro acuerdo, Miguez es optimista sobre definir un proceso de negociación antes de 2009.
Un fracaso dejaría el mundo a la deriva por un lapso que podría ser fatal, considerando que insumió 13 años poner en vigencia el Protocolo de Kyoto, desde la firma de la Convención en 1992, advirtió.
Estrada Oyuela alimenta alguna esperanza porque China e India, que se convirtieron en grandes emisores de gases por su rápido crecimiento económico y sus enormes poblaciones, “están un poco más receptivas para hacer cambios” en favor del clima.
Sin Brasil, China e India, “ningún esfuerzo será efectivo”, opinó Suzana Kahn, otra integrante brasileña del IPCC, experta en energía y transporte.
Por su peso ambiental, “no pueden dejar de jugar un papel activo en las negociaciones internacionales”, dijo Kahn, quien, como superintendenta de Clima y Mercado de Carbono del gobierno del estado de Río de Janeiro, coordinó un plan pionero para mitigar y adaptarse al cambio climático, que será presentado en Bali.
Si no asume compromisos, Brasil pierde fuerza para ejercer liderazgo en las negociaciones, según ambientalistas como Fabio Feldman, quien dirigió el Foro Brasileño de Cambios Climáticos y fue secretario de Ambiente del sureño estado de São Paulo. Este país podría cumplir metas con sólo hacer efectiva una de sus políticas, la de reducir la deforestación, responsable de 75 por ciento de las emisiones nacionales de gases, se arguye.
Pero las obligaciones para los países en desarrollo solo serán aceptables una vez que el mundo rico cumpla las suyas, fijadas en Kyoto para 2012, y asuma otras “mucho más significativas de reducción de sus emisiones en el nuevo régimen a ser negociado”, concluyó el cubano Rivera.
* Con aportes de Marcela Valente (Buenos Aires), Patricia Grogg (La Habana) y Milagros Salazar (Lima).
No habrá definiciones cruciales en la reunión sobre cambio climático de Indonesia, donde América Latina insistirá en pasarle la cuenta al mundo rico por el incontenible recalentamiento.
RÍO DE JANEIRO, 26 nov (Tierramérica).- Los gobiernos latinoamericanos reclaman mayores compromisos de los países industriales en la mitigación del cambio climático y en el apoyo para soportar sus efectos.
Con esa disposición participarán en la XIII Conferencia de las Partes (COP) de la Convención Marco sobre Cambio Climático, que se celebrará entre el 3 y el 14 de diciembre en Bali, Indonesia.
Las naciones industriales prometieron contribuir al fondo especial para la adaptación, pero “nada aportaron hasta ahora”, se quejó José Domingos Miguez, secretario de la Comisión Interministerial de Cambios del Clima de Brasil y uno de los representantes de este país en la COP.
Se acordó que al fondo le tocaría el equivalente a dos por ciento de los recursos negociados en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), pero hay divergencias sobre el organismo que se encargaría de gestionar esos recursos.
El MDL es uno de los instrumentos previstos en el Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático para ayudar a los países industriales a cumplir sus obligaciones de reducción de gases de efecto invernadero mediante inversiones en proyectos limpios en el mundo en desarrollo.
Como “máximo responsable” del calentamiento global, el mundo industrial tiene “la obligación moral de financiar los planes y acciones de adaptación de los países en desarrollo”, en especial de los más vulnerables, como los pequeños estados insulares, subrayó Omar Rivera, experto del Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente de Cuba, que también estará en Bali.
Muchas islas desaparecerán o perderán buena parte de sus tierras y playas, ante la elevación del nivel del mar por el derretimiento de los glaciares, que también reducirá el agua dulce disponible en las zonas que dependen del hielo de las montañas, como muchos pueblos andinos.
El financiamiento y soporte para enfrentar los disturbios son "una prioridad a defender" para Perú, “un país altamente vulnerable”, corroboró Vanesa Vereau, presidenta de la no gubernamental Asociación Unidos por el Cambio Climático, que además reclama de Lima una “posición firme” a favor de mayores compromisos de reducir los gases invernadero, considerados responsables del recalentamiento.
Hacer efectivo el principio de “responsabilidades comunes pero diferenciadas”, consagrado en la Convención, es una posición que comparten las autoridades consultadas por Tierramérica en la región.
En consecuencia, Brasil se niega a fijar metas para abatir sus emisiones, pese a las presiones de ambientalistas y expertos de este país, que está entre los cinco mayores emisores de gases debido a la deforestación de la Amazonia.
Por iniciativa de un diputado ecologista, se tramita en el parlamento un proyecto de ley que obligaría a reducir, hasta 2012, las emisiones de gases invernadero a volúmenes cuatro por ciento menores a los de 1990, poco menos que el 5,2 por ciento fijado por el Protocolo de Kyoto para las naciones industriales.
“Brasil debe asumir metas, aunque voluntarias”, opinó José Marengo, meteorólogo del Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales y miembro del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC), que reúne a miles de científicos de todo el mundo.
Los dramáticos informes divulgados desde febrero por el IPCC --destacando las tragedias que el mundo sufrirá si no se adoptan fuertes medidas para reducir la contaminación atmosférica-- despertaron esperanzas de que la conferencia de Bali cristalice decisiones que aclaren el futuro de la humanidad.
Pero la expectativa es “desproporcionada”, porque no habrá avances sin la adhesión de Estados Unidos, que “no está en condiciones de avanzar”, sentenció el embajador Raúl Estrada Oyuela, que acaba de dejar la Dirección de Asuntos Ambientales de la cancillería argentina, pero estará en Bali como miembro del Comité de Control de Cumplimiento del Protocolo de Kyoto, cuyo equipo de redacción presidió hace 10 años.
El Protocolo de Kyoto es el único tratado internacional que establece obligaciones de reducción de gases invernadero, procedentes sobre todo de la quema de combustibles fósiles, la deforestación y la ganadería.
Estados Unidos repudió los compromisos del Protocolo --firmado en 1997 y en vigor apenas desde 2005-- argumentando que afectaría su economía y arrojando dudas sobre la responsabilidad humana en el recalentamiento.
Además, la COP no abordará cuestiones “sustantivas”, pues estará volcada a definir el proceso, la agenda y el cronograma de las negociaciones hasta 2009, sobre “un segundo período de Kyoto”, señaló Miguez.
El brasileño rechaza la expresión “post Kyoto”, pues no se trata de un nuevo proceso, sino de una continuación bajo principios ya acordados. El mundo industrial deberá cumplir nuevas metas obligatorias, “con los países en desarrollo ayudando mediante el MDL”, sostuvo.
Brasil, sin embargo, trata de mostrar sus avances, como haber disminuido a la mitad el ritmo de deforestación amazónica en los tres últimos años y desarrollado una matriz energética sobre todo renovable, con energía hidroeléctrica y combustibles agrícolas.
Sus propuestas apuntan a la creación de mecanismos, “en el ámbito de la Convención” y no del Protocolo, que incentiven políticas públicas de reducción de gases, como el combate a la deforestación y el desarrollo de la bioenergía, como un fondo voluntario para remunerar los países que frenen la pérdida de bosques.
Pese a la actitud negativa de Estados Unidos y de países como Japón, Australia y Canadá, que quieren sustituir Kyoto por otro acuerdo, Miguez es optimista sobre definir un proceso de negociación antes de 2009.
Un fracaso dejaría el mundo a la deriva por un lapso que podría ser fatal, considerando que insumió 13 años poner en vigencia el Protocolo de Kyoto, desde la firma de la Convención en 1992, advirtió.
Estrada Oyuela alimenta alguna esperanza porque China e India, que se convirtieron en grandes emisores de gases por su rápido crecimiento económico y sus enormes poblaciones, “están un poco más receptivas para hacer cambios” en favor del clima.
Sin Brasil, China e India, “ningún esfuerzo será efectivo”, opinó Suzana Kahn, otra integrante brasileña del IPCC, experta en energía y transporte.
Por su peso ambiental, “no pueden dejar de jugar un papel activo en las negociaciones internacionales”, dijo Kahn, quien, como superintendenta de Clima y Mercado de Carbono del gobierno del estado de Río de Janeiro, coordinó un plan pionero para mitigar y adaptarse al cambio climático, que será presentado en Bali.
Si no asume compromisos, Brasil pierde fuerza para ejercer liderazgo en las negociaciones, según ambientalistas como Fabio Feldman, quien dirigió el Foro Brasileño de Cambios Climáticos y fue secretario de Ambiente del sureño estado de São Paulo. Este país podría cumplir metas con sólo hacer efectiva una de sus políticas, la de reducir la deforestación, responsable de 75 por ciento de las emisiones nacionales de gases, se arguye.
Pero las obligaciones para los países en desarrollo solo serán aceptables una vez que el mundo rico cumpla las suyas, fijadas en Kyoto para 2012, y asuma otras “mucho más significativas de reducción de sus emisiones en el nuevo régimen a ser negociado”, concluyó el cubano Rivera.
* Con aportes de Marcela Valente (Buenos Aires), Patricia Grogg (La Habana) y Milagros Salazar (Lima).
Apoya Sagarpa plantaciones de maíz transgénico: Greenpeace
La coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos del organismo, Aleira Lara, dijo que es grave que la dependencia mantenga una postura en favor de ese tipo de cultivos
Notimex
El Universal
Ciudad de Mëxico
Martes 20 de noviembre de 2007
21:15 A pesar de que el país no cuenta con las medidas precautorias para autorizar cultivos experimentales, la Sagarpa promociona supuestos beneficios que tendrán los productores de maíz transgénico con la venta del grano, indicó Greenpeace-México.
La coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace, Aleira Lara, dijo que es grave que esa dependencia, responsable de las políticas para el campo mexicano, "mantenga una postura en favor de los cultivos transgénicos".
Refirió en un comunicado que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se ha mostrado a favor de las corporaciones que patentan semillas transgénicas para su comercialización en México, como ocurrió en un foro en Jalisco.
Esos cultivos sólo beneficiarán a corporaciones como Monsanto, Syngenta y Pioneer, y perjudicarán a los productores de maíz, quienes deberán pagar entre 30 y 35 por ciento más por semillas genéticamente modificadas, en comparación con las convencionales, añadió.
Notimex
El Universal
Ciudad de Mëxico
Martes 20 de noviembre de 2007
21:15 A pesar de que el país no cuenta con las medidas precautorias para autorizar cultivos experimentales, la Sagarpa promociona supuestos beneficios que tendrán los productores de maíz transgénico con la venta del grano, indicó Greenpeace-México.
La coordinadora de la campaña de agricultura sustentable y transgénicos de Greenpeace, Aleira Lara, dijo que es grave que esa dependencia, responsable de las políticas para el campo mexicano, "mantenga una postura en favor de los cultivos transgénicos".
Refirió en un comunicado que la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (Sagarpa) se ha mostrado a favor de las corporaciones que patentan semillas transgénicas para su comercialización en México, como ocurrió en un foro en Jalisco.
Esos cultivos sólo beneficiarán a corporaciones como Monsanto, Syngenta y Pioneer, y perjudicarán a los productores de maíz, quienes deberán pagar entre 30 y 35 por ciento más por semillas genéticamente modificadas, en comparación con las convencionales, añadió.
MEDIO AMBIENTE: 'Deje fluir al sanitario fuera del ciclo del agua'
IPS News
By Zofeen Ebrahim
SEOUL, Nov 25 (IPS) - The one message that came across at the just concluded general assembly of the World Toilet Association (WTA) was that conventional flush toilets are not only environment unfriendly but are also a serious public health hazard.
And while the United Nations estimates that 2.6 billion people are living without proper sanitation and without access to potable water, those using flush toilets are converting precious water into dangerous effluents.
Sanitation experts who gathered in the Korean capital for the assembly, that concluded on Sunday, called for a major paradigm shift and even a ‘back to nature’ approach to the disposal of human waste.
"We are on the wrong track," said Hubert J. Gijzen, a biotechnologist representing UNESCO’s Indonesian office.
Newer ways, all agreed, were needed to be developed to dispose human excreta. If flush toilets have to be used they must be redesigned to reduce water consumption, or else use recycled water.
‘’The current conventional sanitation systems will not be able to achieve the (United Nations’) Millennium Development Goal,’’ said lawmaker James D. Mamit from Malaysia, who is environment advisor to its state of Sarawak.
Ecologists are calling for a major sanitation reformation, along the concept of ‘EcoSan’ or ecological sanitation, that would contribute towards water conservation and mitigating surface and ground water pollution, thereby reducing the risk of water-borne diseases.
One of the technologies being widely advocated involves separation of faeces, urine and grey water, thereby minimising the volume of water needed to flush away excreta. Valuable nutrients are recovered, and the residual matter converted into biogas and used as fuel.
This rethinking would not only require innovation, research, training and awareness-raising but an abandonment of conventional water management while developing strategies that are effective, low-tech and low-cost as well.
Mamit suggests the inclusion of EcoSan concept at the policy level and suitable changes to existing legislations in many countries that favour conventional, centralised sanitary systems.
"It is understandable that these impacts were not foreseen at a time when the world population was only around one billion people, and global change pressures of today were not foreseen," said Gijzen. But with climate change, population explosion, major urbanisation, which has in turn led to informal settlements, the old method of removing human waste is not sustainable.
"No doubt water is life, but it is also a killer because we are contaminating our water," says Gijzen, adding that wastewater treatment was costly and still does not produce safe and pathogen-free effluents.
"In developing regions, effluents get dumped into water courses untreated due to the phenomenal costs of sewer collection systems and high rate of wastewater treatment technology. And with more than five billion people living near contaminated water we can never hope to get rid of water-borne epidemics or meet the Millennium Development Goals."
If taking the "toilet out of the water cycle" suggestion is taken seriously it is possible, Gijzen says, to have greener, eco-friendly cities 50 years from now while providing a toilet which everyone on the globe can afford. ‘’Living in a home next to a water course, which not only has crystal clear water, but which you can you can actually drink from, can be a reality,’’ says Gijzen.
One promising design for a toilet, that attracted attention at the Seoul meet, actually recycles water using a biological and physical process and sends it back into the toilet bowl. Keon Ki- Lee, a Korean engineer who designed the system, says the toilet can be set up with or without a waterline or a drainage system and is environment friendly because the system does not produce a water discharge. "It has been received favourably by our local government," explained Lee
A new UNESCO project Sustainable Urban Water Management Improves Tomorrow’s City’s Health, or SWITCH for short, already implemented with a hefty budget of 32 million US dollars for a period of five years, is already being implemented.
A whole range of eco-friendly models are being tried and tested in nine demo cities which include Bogota, Beijing, Ghana, Lima, Colombia and Alexandria. Schemes include those for the rational use of water, effluent reuse, dry sanitation, urine separation and nutrient recovery.
Mamit shared the experience of an EcoSan model established in two residential rural schools in Sarawak where toilets were modified to accommodate one flushing in a day using up to two litres of water. The biogas produced has helped save over 500 dollars per month that was spent on buying cooking gas for the school kitchen.
By Zofeen Ebrahim
SEOUL, Nov 25 (IPS) - The one message that came across at the just concluded general assembly of the World Toilet Association (WTA) was that conventional flush toilets are not only environment unfriendly but are also a serious public health hazard.
And while the United Nations estimates that 2.6 billion people are living without proper sanitation and without access to potable water, those using flush toilets are converting precious water into dangerous effluents.
Sanitation experts who gathered in the Korean capital for the assembly, that concluded on Sunday, called for a major paradigm shift and even a ‘back to nature’ approach to the disposal of human waste.
"We are on the wrong track," said Hubert J. Gijzen, a biotechnologist representing UNESCO’s Indonesian office.
Newer ways, all agreed, were needed to be developed to dispose human excreta. If flush toilets have to be used they must be redesigned to reduce water consumption, or else use recycled water.
‘’The current conventional sanitation systems will not be able to achieve the (United Nations’) Millennium Development Goal,’’ said lawmaker James D. Mamit from Malaysia, who is environment advisor to its state of Sarawak.
Ecologists are calling for a major sanitation reformation, along the concept of ‘EcoSan’ or ecological sanitation, that would contribute towards water conservation and mitigating surface and ground water pollution, thereby reducing the risk of water-borne diseases.
One of the technologies being widely advocated involves separation of faeces, urine and grey water, thereby minimising the volume of water needed to flush away excreta. Valuable nutrients are recovered, and the residual matter converted into biogas and used as fuel.
This rethinking would not only require innovation, research, training and awareness-raising but an abandonment of conventional water management while developing strategies that are effective, low-tech and low-cost as well.
Mamit suggests the inclusion of EcoSan concept at the policy level and suitable changes to existing legislations in many countries that favour conventional, centralised sanitary systems.
"It is understandable that these impacts were not foreseen at a time when the world population was only around one billion people, and global change pressures of today were not foreseen," said Gijzen. But with climate change, population explosion, major urbanisation, which has in turn led to informal settlements, the old method of removing human waste is not sustainable.
"No doubt water is life, but it is also a killer because we are contaminating our water," says Gijzen, adding that wastewater treatment was costly and still does not produce safe and pathogen-free effluents.
"In developing regions, effluents get dumped into water courses untreated due to the phenomenal costs of sewer collection systems and high rate of wastewater treatment technology. And with more than five billion people living near contaminated water we can never hope to get rid of water-borne epidemics or meet the Millennium Development Goals."
If taking the "toilet out of the water cycle" suggestion is taken seriously it is possible, Gijzen says, to have greener, eco-friendly cities 50 years from now while providing a toilet which everyone on the globe can afford. ‘’Living in a home next to a water course, which not only has crystal clear water, but which you can you can actually drink from, can be a reality,’’ says Gijzen.
One promising design for a toilet, that attracted attention at the Seoul meet, actually recycles water using a biological and physical process and sends it back into the toilet bowl. Keon Ki- Lee, a Korean engineer who designed the system, says the toilet can be set up with or without a waterline or a drainage system and is environment friendly because the system does not produce a water discharge. "It has been received favourably by our local government," explained Lee
A new UNESCO project Sustainable Urban Water Management Improves Tomorrow’s City’s Health, or SWITCH for short, already implemented with a hefty budget of 32 million US dollars for a period of five years, is already being implemented.
A whole range of eco-friendly models are being tried and tested in nine demo cities which include Bogota, Beijing, Ghana, Lima, Colombia and Alexandria. Schemes include those for the rational use of water, effluent reuse, dry sanitation, urine separation and nutrient recovery.
Mamit shared the experience of an EcoSan model established in two residential rural schools in Sarawak where toilets were modified to accommodate one flushing in a day using up to two litres of water. The biogas produced has helped save over 500 dollars per month that was spent on buying cooking gas for the school kitchen.
viernes, noviembre 23, 2007
El maíz, el etanol, los ricos y el hambre
Por Mark Sommer
Más allá del etanol de maíz, hay que buscar energías que superen la oposición éticamente detestable entre combustible para los ricos o alimento para los hambrientos, dice en esta columna el periodista Mark Sommer.
ARCATA, California, 12 nov (Tierramérica).- Como un estudiante holgazán ante la inminencia de un examen final, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, afronta la crisis de los hidrocarburos estableciendo ambiciosas metas para producir anualmente 35 mil millones de galones de agrocombustibles para 2017.
El gobierno de Bush aprieta el acelerador en la producción de etanol, alarmado por el aumento del precio del petróleo, la inestabilidad en regiones ricas en hidrocarburos y la creciente competencia por esos recursos de potencias como China e India.
Pero, empujado por poderosos intereses, el presidente eligió el maíz para destilar etanol, una opción cara, ineficiente y destructiva.
El etanol no es intrínsecamente un mal negocio. Aunque ha estado en el tapete desde que Henry Ford lo consideró como el combustible para su modelo Ford T, la única nación que ha explotado su potencial práctico es Brasil.
Un amplio sector del transporte de ese país utiliza etanol refinado de la caña de azúcar, que llena los tanques de vehículos adaptados al uso de ese biocombustible, fabricados en el propio Brasil.
Con una eficacia energética ocho veces superior a la del alcohol carburante de maíz, el etanol brasileño habría conquistado por completo el mercado estadounidense si Washington no le hubiera aplicado un arancel aduanero de 54 centavos de dólar por galón (3,78 litros) para proteger los intereses de los maiceros estadounidenses.
En los últimos años, grandes empresas distribuidoras de alimentos como Cargill y Archer Daniels Midland han presionado a la Casa Blanca y al Congreso legislativo para obtener generosas subvenciones a la producción de maíz, que se suman a la barrera arancelaria de 54 centavos por galón.
El etanol de maíz resulta un mal negocio en muchos aspectos. Como antídoto al cambio climático su aporte es insignificante, dado que emite solamente 13 por ciento menos de gases de efecto invernadero que la gasolina.
Sus costos elevados son ya evidentes para 800 millones de personas que no tienen suficientes alimentos en el mundo. La presión ejercida por la demanda de etanol de maíz causó el año pasado en México un aumento de 50 por ciento en el precio de las tortillas, la base de la alimentación de los mexicanos.
China e India están comenzando a sufrir la inflación provocada por el encarecimiento del maíz y de la soja. Las existencias mundiales de alimentos se reducen a niveles en los cuales no será posible contrarrestar una gran hambruna como las que las sequías, las inundaciones y otros disturbios climáticos provocan cada vez con más frecuencia.
Pero el etanol de fuentes no alimentarias podría proporcionar significativos beneficios ambientales y económicos y evitar la oposición, éticamente detestable, entre combustible para los ricos o alimento para los hambrientos.
Por ejemplo, el etanol de celulosa, a su vez obtenida de desechos de madera y de pasturas, ofrece una alternativa potencial.
Considerado inicialmente hace una década, ha sido lento en desarrollarse por la escasez de capitales e investigaciones y por un obstáculo tecnológico sustancial para obtener de modo eficaz y económico la descomposición enzimática de la compleja cadena química de la celulosa a gran escala. Hasta hoy no se ha construido ninguna gran planta de etanol de celulosa y ese proceso enzimático sigue siendo más caro que el del maíz.
La clave para reducir los impactos económicos y ambientales del etanol consiste en usar desechos alimenticios y cultivos explícitamente dedicados a la producción de combustibles en tierras desgastadas o no apropiadas para otras formas de agricultura.
Hay una especie de justicia poética en replantar las Grandes Planicies de América del Norte con las resistentes pasturas originarias que alguna vez alimentaron a millones de búfalos. Pese a que este tipo de producción está muy atrás en subsidios y en inversiones respecto del maíz, el etanol de celulosa está comenzando a ganar impulso.
No hubo nada en las últimas décadas que haya generado en el sector privado tanto entusiasmo ni inversiones como esta producción, dice Keith Collins, economista jefe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Sin embargo, aunque el maíz sea finalmente reemplazado por la celulosa, seguiremos enfrentando el desafío de poner a los intermediarios del agronegocio, una de las fuerzas más potentes en el mundo, a tono con las necesidades humanas que están lejos de ser su prioridad.
Irónicamente, los altos precios de los alimentos no ayudan a los agricultores ni a los consumidores. Como decía una balada popular en tiempos de la Depresión en Estados Unidos, el intermediario es el que se lleva todo.
El alimento debe estar sobre todo al servicio de un derecho humano, y no ser una simple materia prima que se comercia a expensas de aquellos que no pueden permitírsela. Debemos tomar conciencia de esto y estructurar un sistema de producción de combustibles y de alimentos más inspirado en valores humanos que en el interés de los accionistas.
* El autor es columnista y director del premiado programa radial A World of Possibilities. Derechos reservados IPS.
Más allá del etanol de maíz, hay que buscar energías que superen la oposición éticamente detestable entre combustible para los ricos o alimento para los hambrientos, dice en esta columna el periodista Mark Sommer.
ARCATA, California, 12 nov (Tierramérica).- Como un estudiante holgazán ante la inminencia de un examen final, el presidente de Estados Unidos, George W. Bush, afronta la crisis de los hidrocarburos estableciendo ambiciosas metas para producir anualmente 35 mil millones de galones de agrocombustibles para 2017.
El gobierno de Bush aprieta el acelerador en la producción de etanol, alarmado por el aumento del precio del petróleo, la inestabilidad en regiones ricas en hidrocarburos y la creciente competencia por esos recursos de potencias como China e India.
Pero, empujado por poderosos intereses, el presidente eligió el maíz para destilar etanol, una opción cara, ineficiente y destructiva.
El etanol no es intrínsecamente un mal negocio. Aunque ha estado en el tapete desde que Henry Ford lo consideró como el combustible para su modelo Ford T, la única nación que ha explotado su potencial práctico es Brasil.
Un amplio sector del transporte de ese país utiliza etanol refinado de la caña de azúcar, que llena los tanques de vehículos adaptados al uso de ese biocombustible, fabricados en el propio Brasil.
Con una eficacia energética ocho veces superior a la del alcohol carburante de maíz, el etanol brasileño habría conquistado por completo el mercado estadounidense si Washington no le hubiera aplicado un arancel aduanero de 54 centavos de dólar por galón (3,78 litros) para proteger los intereses de los maiceros estadounidenses.
En los últimos años, grandes empresas distribuidoras de alimentos como Cargill y Archer Daniels Midland han presionado a la Casa Blanca y al Congreso legislativo para obtener generosas subvenciones a la producción de maíz, que se suman a la barrera arancelaria de 54 centavos por galón.
El etanol de maíz resulta un mal negocio en muchos aspectos. Como antídoto al cambio climático su aporte es insignificante, dado que emite solamente 13 por ciento menos de gases de efecto invernadero que la gasolina.
Sus costos elevados son ya evidentes para 800 millones de personas que no tienen suficientes alimentos en el mundo. La presión ejercida por la demanda de etanol de maíz causó el año pasado en México un aumento de 50 por ciento en el precio de las tortillas, la base de la alimentación de los mexicanos.
China e India están comenzando a sufrir la inflación provocada por el encarecimiento del maíz y de la soja. Las existencias mundiales de alimentos se reducen a niveles en los cuales no será posible contrarrestar una gran hambruna como las que las sequías, las inundaciones y otros disturbios climáticos provocan cada vez con más frecuencia.
Pero el etanol de fuentes no alimentarias podría proporcionar significativos beneficios ambientales y económicos y evitar la oposición, éticamente detestable, entre combustible para los ricos o alimento para los hambrientos.
Por ejemplo, el etanol de celulosa, a su vez obtenida de desechos de madera y de pasturas, ofrece una alternativa potencial.
Considerado inicialmente hace una década, ha sido lento en desarrollarse por la escasez de capitales e investigaciones y por un obstáculo tecnológico sustancial para obtener de modo eficaz y económico la descomposición enzimática de la compleja cadena química de la celulosa a gran escala. Hasta hoy no se ha construido ninguna gran planta de etanol de celulosa y ese proceso enzimático sigue siendo más caro que el del maíz.
La clave para reducir los impactos económicos y ambientales del etanol consiste en usar desechos alimenticios y cultivos explícitamente dedicados a la producción de combustibles en tierras desgastadas o no apropiadas para otras formas de agricultura.
Hay una especie de justicia poética en replantar las Grandes Planicies de América del Norte con las resistentes pasturas originarias que alguna vez alimentaron a millones de búfalos. Pese a que este tipo de producción está muy atrás en subsidios y en inversiones respecto del maíz, el etanol de celulosa está comenzando a ganar impulso.
No hubo nada en las últimas décadas que haya generado en el sector privado tanto entusiasmo ni inversiones como esta producción, dice Keith Collins, economista jefe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Sin embargo, aunque el maíz sea finalmente reemplazado por la celulosa, seguiremos enfrentando el desafío de poner a los intermediarios del agronegocio, una de las fuerzas más potentes en el mundo, a tono con las necesidades humanas que están lejos de ser su prioridad.
Irónicamente, los altos precios de los alimentos no ayudan a los agricultores ni a los consumidores. Como decía una balada popular en tiempos de la Depresión en Estados Unidos, el intermediario es el que se lleva todo.
El alimento debe estar sobre todo al servicio de un derecho humano, y no ser una simple materia prima que se comercia a expensas de aquellos que no pueden permitírsela. Debemos tomar conciencia de esto y estructurar un sistema de producción de combustibles y de alimentos más inspirado en valores humanos que en el interés de los accionistas.
* El autor es columnista y director del premiado programa radial A World of Possibilities. Derechos reservados IPS.
miércoles, noviembre 07, 2007
Revolución de los biocombustibles llega a la aviación
Por Mario Osava
Un combustible alternativo para la aviación debe ser compartido, de uso transfronterizo y ajeno a proteccionismos, dice el inventor del bioqueroseno y del biodiésel.
RÍO DE JANEIRO, 5 nov (Tierramérica).- El bioqueroseno tiene potencial para despegar en el mercado internacional a más velocidad que otros combustibles alternativos, aunque sea el más nuevo y el que enfrenta exigencias de calidad más extremas por destinarse a la aviación.
Los aviones tienen una vida útil de unos 30 a 40 años. Y sus fabricantes quieren asegurarles combustible hasta el final, explica a Tierramérica el ingeniero químico Expedito Parente, quien inventó hace casi tres décadas el biodiésel y el bioqueroseno, ambos refinados de plantas oleaginosas.
Antes de que los aviones nuevos sean desguazados, el petróleo puede desaparecer o costar demasiado para operaciones comerciales de gran consumo de combustible. Por eso no deberían faltar inversiones para desarrollar, perfeccionar y producir el queroseno vegetal, estimuladas también por la presión del cambio climático.
El auge de combustibles destilados de vegetales --maíz, caña de azúcar, palmas y soja, entre otros-- obedece a que liberan menos gases de efecto invernadero que los derivados del petróleo, y al agotamiento cada vez más próximo de éstos.
El queroseno vegetal se está probando "en toda la cadena del transporte aéreo, incluyendo fabricantes de aviones, turbinas y accesorios y la red de distribución de combustibles aeronáuticos", informa Parente. En dos años debería ser confirmado como alternativa válida al queroseno del petróleo, prevé.
El proceso involucra a "todo el universo interesado", destaca y evita nombrar a la estadounidense Boeing, la mayor fabricante mundial de aviones que firmó un acuerdo de cooperación con Tecbio, la empresa que Parente fundó en 2001 para impulsar sus proyectos. "El convenio inicial fue ampliado a los demás actores", aclara.
Su énfasis responde a una visión que el científico y empresario explica con la didáctica del profesor universitario, ante la pregunta sobre el futuro comercial del bioqueroseno y la posibilidad de que enfrente barreras proteccionistas como las que traban las exportaciones del etanol brasileño a países industriales.
El etanol "tiene su propio mundo, el del transporte individual, de motores pequeños", el biodiésel se destina "al transporte colectivo, a motores y vehículos grandes como camiones, autobuses, tractores, trenes y navíos", y ambos se distinguen del bioqueroseno porque impulsan el transporte terrestre y marítimo, señaló.
A diferencia del biodiésel que se pretende para consumo local, aprovechando las materias primas del lugar, el bioqueroseno de aviación "tiene que ser internacional, compartido", de uso transfronterizo y ajeno a proteccionismos nacionales. Exige "trabajo en red", como se está haciendo con las pruebas, recalca.
Ese aspecto cooperativo también ayuda a acelerar su desarrollo. Además, la aviación no cuenta con la alternativa del motor eléctrico de la que disponen los vehículos terrestres, lo que obliga a concentrar esfuerzos en el bioqueroseno, acota.
Parente patentó sus dos innovaciones en 1980. Pero, por el largo tiempo sin uso, las patentes cayeron y el biodiésel y el bioqueroseno pasaron a ser de dominio público.
Ahora cobran fuerza por la amenaza del cambio climático. En Brasil el biodiésel sólo será mezclado obligatoriamente con el diésel petrolero a partir de enero, en la proporción de dos por ciento, con un rezago de tres años respecto de Europa.
Parente empezó a dedicarse a los biocombustibles a fines de los años 70, como profesor de la Universidad Federal de Ceará, en el Nordeste de Brasil y lejos de los centros dinámicos del país. Su sueño se frustró por el desinterés oficial en la producción de ese combustible y del bioqueroseno, probado con éxito en 1983 en un vuelo de casi mil kilómetros de un avión de fabricación nacional.
Por entonces "había una miopía cerebral", según el experto, que ahora teme "un astigmatismo" que deforme la visión sobre los biocombustibles. La energía procedente de biomasa se distingue de la del petróleo por constituir otro paradigma y por cumplir tres misiones, enseña en sus charlas.
Además de la ambiental, tiene una misión social, pues debe mejorar las condiciones de vida rural, "valorizando al ser humano", y otra estratégica, la de preparar la "era solar" que sucederá a la petrolera, prevé.
A los 67 años, Parente renueva su entusiasmo anunciando para mayo la inauguración de la primera planta "semiindustrial" para refinar aceite de la palma babasú (Orbignya phalerata martins), abundante en 18 millones de hectáreas del Nordeste y la Amazonia oriental, además de un centro de referencia en investigaciones de bioqueroseno.
Es necesaria una buena producción, porque un avión exige por lo menos 10 mil litros de combustible para despegar, comenta. El aceite láurico, que producen las palmas, es la materia prima de su queroseno vegetal para aviones. "Hay otra fuente alternativa", pero que exige aún muchos estudios y es "un secreto a guardar", asegura.
La industria aeronáutica vive una situación singular ante las presiones ambientales y el fin del petróleo, lo que obliga a fuertes inversiones en biocombustibles, única alternativa que parece viable, reconoce Delcio Rodrigues, experto en energía de la organización no gubernamental Vitae Civilis, activa en el problema climático.
El transporte aéreo es uno de los sectores de mayor expansión y es blanco de numerosos informes sobre emisiones de gases invernadero. Pero sustituir el queroseno fósil es difícil, porque los aviones exigen combustibles de “gran intensidad energética” para mantener largas autonomías de vuelo sin aumentar el peso a transportar, explica Rodrigues a Tierramérica.
No sirven alternativas como el etanol de los automóviles, que requiere un consumo mayor que el de gasolina, ejemplifica.
Pero en Brasil el avión agrícola Ipanema vuela con alcohol carburante. Modelo creado por la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer), una de las mayores fabricantes de aeronaves ligeras y medianas, es desde 2004 el primero certificado para consumir etanol. Pero es pequeño y no recorre las largas distancias de los vuelos comerciales.
* Corresponsal de IPS.
Un combustible alternativo para la aviación debe ser compartido, de uso transfronterizo y ajeno a proteccionismos, dice el inventor del bioqueroseno y del biodiésel.
RÍO DE JANEIRO, 5 nov (Tierramérica).- El bioqueroseno tiene potencial para despegar en el mercado internacional a más velocidad que otros combustibles alternativos, aunque sea el más nuevo y el que enfrenta exigencias de calidad más extremas por destinarse a la aviación.
Los aviones tienen una vida útil de unos 30 a 40 años. Y sus fabricantes quieren asegurarles combustible hasta el final, explica a Tierramérica el ingeniero químico Expedito Parente, quien inventó hace casi tres décadas el biodiésel y el bioqueroseno, ambos refinados de plantas oleaginosas.
Antes de que los aviones nuevos sean desguazados, el petróleo puede desaparecer o costar demasiado para operaciones comerciales de gran consumo de combustible. Por eso no deberían faltar inversiones para desarrollar, perfeccionar y producir el queroseno vegetal, estimuladas también por la presión del cambio climático.
El auge de combustibles destilados de vegetales --maíz, caña de azúcar, palmas y soja, entre otros-- obedece a que liberan menos gases de efecto invernadero que los derivados del petróleo, y al agotamiento cada vez más próximo de éstos.
El queroseno vegetal se está probando "en toda la cadena del transporte aéreo, incluyendo fabricantes de aviones, turbinas y accesorios y la red de distribución de combustibles aeronáuticos", informa Parente. En dos años debería ser confirmado como alternativa válida al queroseno del petróleo, prevé.
El proceso involucra a "todo el universo interesado", destaca y evita nombrar a la estadounidense Boeing, la mayor fabricante mundial de aviones que firmó un acuerdo de cooperación con Tecbio, la empresa que Parente fundó en 2001 para impulsar sus proyectos. "El convenio inicial fue ampliado a los demás actores", aclara.
Su énfasis responde a una visión que el científico y empresario explica con la didáctica del profesor universitario, ante la pregunta sobre el futuro comercial del bioqueroseno y la posibilidad de que enfrente barreras proteccionistas como las que traban las exportaciones del etanol brasileño a países industriales.
El etanol "tiene su propio mundo, el del transporte individual, de motores pequeños", el biodiésel se destina "al transporte colectivo, a motores y vehículos grandes como camiones, autobuses, tractores, trenes y navíos", y ambos se distinguen del bioqueroseno porque impulsan el transporte terrestre y marítimo, señaló.
A diferencia del biodiésel que se pretende para consumo local, aprovechando las materias primas del lugar, el bioqueroseno de aviación "tiene que ser internacional, compartido", de uso transfronterizo y ajeno a proteccionismos nacionales. Exige "trabajo en red", como se está haciendo con las pruebas, recalca.
Ese aspecto cooperativo también ayuda a acelerar su desarrollo. Además, la aviación no cuenta con la alternativa del motor eléctrico de la que disponen los vehículos terrestres, lo que obliga a concentrar esfuerzos en el bioqueroseno, acota.
Parente patentó sus dos innovaciones en 1980. Pero, por el largo tiempo sin uso, las patentes cayeron y el biodiésel y el bioqueroseno pasaron a ser de dominio público.
Ahora cobran fuerza por la amenaza del cambio climático. En Brasil el biodiésel sólo será mezclado obligatoriamente con el diésel petrolero a partir de enero, en la proporción de dos por ciento, con un rezago de tres años respecto de Europa.
Parente empezó a dedicarse a los biocombustibles a fines de los años 70, como profesor de la Universidad Federal de Ceará, en el Nordeste de Brasil y lejos de los centros dinámicos del país. Su sueño se frustró por el desinterés oficial en la producción de ese combustible y del bioqueroseno, probado con éxito en 1983 en un vuelo de casi mil kilómetros de un avión de fabricación nacional.
Por entonces "había una miopía cerebral", según el experto, que ahora teme "un astigmatismo" que deforme la visión sobre los biocombustibles. La energía procedente de biomasa se distingue de la del petróleo por constituir otro paradigma y por cumplir tres misiones, enseña en sus charlas.
Además de la ambiental, tiene una misión social, pues debe mejorar las condiciones de vida rural, "valorizando al ser humano", y otra estratégica, la de preparar la "era solar" que sucederá a la petrolera, prevé.
A los 67 años, Parente renueva su entusiasmo anunciando para mayo la inauguración de la primera planta "semiindustrial" para refinar aceite de la palma babasú (Orbignya phalerata martins), abundante en 18 millones de hectáreas del Nordeste y la Amazonia oriental, además de un centro de referencia en investigaciones de bioqueroseno.
Es necesaria una buena producción, porque un avión exige por lo menos 10 mil litros de combustible para despegar, comenta. El aceite láurico, que producen las palmas, es la materia prima de su queroseno vegetal para aviones. "Hay otra fuente alternativa", pero que exige aún muchos estudios y es "un secreto a guardar", asegura.
La industria aeronáutica vive una situación singular ante las presiones ambientales y el fin del petróleo, lo que obliga a fuertes inversiones en biocombustibles, única alternativa que parece viable, reconoce Delcio Rodrigues, experto en energía de la organización no gubernamental Vitae Civilis, activa en el problema climático.
El transporte aéreo es uno de los sectores de mayor expansión y es blanco de numerosos informes sobre emisiones de gases invernadero. Pero sustituir el queroseno fósil es difícil, porque los aviones exigen combustibles de “gran intensidad energética” para mantener largas autonomías de vuelo sin aumentar el peso a transportar, explica Rodrigues a Tierramérica.
No sirven alternativas como el etanol de los automóviles, que requiere un consumo mayor que el de gasolina, ejemplifica.
Pero en Brasil el avión agrícola Ipanema vuela con alcohol carburante. Modelo creado por la Empresa Brasileña de Aeronáutica (Embraer), una de las mayores fabricantes de aeronaves ligeras y medianas, es desde 2004 el primero certificado para consumir etanol. Pero es pequeño y no recorre las largas distancias de los vuelos comerciales.
* Corresponsal de IPS.
lunes, noviembre 05, 2007
Menores emisiones tóxicas de las plantas industriales líderes de América del Norte; aumentan, en cambio, las de otras plantas
Nuevos datos de México permiten el primer análisis trinacional de emisiones y transferencias de contaminantes
Comisión para la Cooperación ambiental
Montreal, 18/10/2007 – La publicación más reciente del informe En balance de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) revela que la disminución continua en las emisiones de sustancias tóxicas al medio ambiente en Canadá y Estados Unidos —15 por ciento de 1998 a 2004— está siendo impulsada por un grupo de plantas industriales que son las mayores generadoras de emisiones.
Sin embargo, de acuerdo con el informe de la CCA, el importante papel de las principales plantas generadoras de residuos contrasta de manera marcada con un aumento significativo en las emisiones y transferencias de sustancias químicas de un grupo mucho mayor de plantas industriales que registran menores niveles de emisiones.
En el informe anual, dado a conocer hoy, se compara la contaminación industrial de un conjunto combinado de establecimientos de Canadá y Estados Unidos: tres millones de toneladas de sustancias emitidas o transferidas en ambos países en 2004. Más de un tercio de este total se emitió en sitio (ello incluye un volumen superior a 700,000 toneladas emitidas al aire), y otro tercio se transfirió para reciclaje.
Cabe destacar que, por vez primera, En balance ofrece también información sobre México. En los tres países, las sustancias registradas por la mayor proporción de plantas industriales fueron metales (plomo, cromo, níquel y mercurio) y sus compuestos.
“Queda claro que las acciones gubernamentales y de la industria para limitar las emisiones de sustancias químicas muestran un avance constante”, señaló el director ejecutivo de la CCA, Adrián Vázquez Gálvez. “También se desprende del análisis que un gran número de plantas industriales pequeñas y medianas necesitan hacer más para reducir sus residuos y emisiones a fin de que veamos aún mayores avances en América del Norte. Confiamos en que los avances logrados por los líderes industriales y el hecho de que la prevención de la contaminación sea una estrategia probada alienten a todos los sectores a enfrentar los problemas de contaminación desde su origen.”
El análisis de la CCA demuestra que las instalaciones de Canadá y Estados Unidos que registraron actividades de prevención de la contaminación —rediseño de productos y procedimientos, detección de derrames y fugas, y sustitución de materias primas— lograron reducciones en el periodo 2002-2004. Las plantas que no llevaron a cabo estas actividades no mostraron avances similares.
La nueva edición de En balance incluye un capítulo especial en el que se presenta un examen detallado del reciclaje industrial en la región. Los resultados señalan que se recicló más de un tercio de las emisiones y transferencias de Canadá y Estados Unidos registradas en 2004, es decir, un volumen por arriba del millón de toneladas. El reciclaje ha aumentado en años recientes debido a los incrementos en la producción y en los precios de la chatarra de metal; de hecho, la mayoría de los materiales reciclados fueron metales, entre otros: cobre, zinc, plomo y sus compuestos.
El análisis trilateral se basa en un conjunto de datos combinados de 9 sectores industriales, 56 sustancias químicas y más de 10,000 plantas industriales, y compara las emisiones y transferencias de plantas similares en Canadá, Estados Unidos y México. El informe refleja un patrón distinto de emisiones y transferencias para cada uno de los tres países.
Las comparaciones de las emisiones industriales de los tres países seguirán mejorando a medida que la CCA trabaje con los gobiernos, la industria y ONG para aumentar el número de sustancias químicas y plantas comparables.
En balance compila información del Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (National Pollutant Release Inventory, NPRI) de Canadá, el Inventario de Emisiones Tóxicas (Toxics Release Inventory,TRI) de Estados Unidos y, comenzando con su primer año de registro obligatorio en 2004, el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de México.
Comisión para la Cooperación ambiental
Montreal, 18/10/2007 – La publicación más reciente del informe En balance de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA) revela que la disminución continua en las emisiones de sustancias tóxicas al medio ambiente en Canadá y Estados Unidos —15 por ciento de 1998 a 2004— está siendo impulsada por un grupo de plantas industriales que son las mayores generadoras de emisiones.
Sin embargo, de acuerdo con el informe de la CCA, el importante papel de las principales plantas generadoras de residuos contrasta de manera marcada con un aumento significativo en las emisiones y transferencias de sustancias químicas de un grupo mucho mayor de plantas industriales que registran menores niveles de emisiones.
En el informe anual, dado a conocer hoy, se compara la contaminación industrial de un conjunto combinado de establecimientos de Canadá y Estados Unidos: tres millones de toneladas de sustancias emitidas o transferidas en ambos países en 2004. Más de un tercio de este total se emitió en sitio (ello incluye un volumen superior a 700,000 toneladas emitidas al aire), y otro tercio se transfirió para reciclaje.
Cabe destacar que, por vez primera, En balance ofrece también información sobre México. En los tres países, las sustancias registradas por la mayor proporción de plantas industriales fueron metales (plomo, cromo, níquel y mercurio) y sus compuestos.
“Queda claro que las acciones gubernamentales y de la industria para limitar las emisiones de sustancias químicas muestran un avance constante”, señaló el director ejecutivo de la CCA, Adrián Vázquez Gálvez. “También se desprende del análisis que un gran número de plantas industriales pequeñas y medianas necesitan hacer más para reducir sus residuos y emisiones a fin de que veamos aún mayores avances en América del Norte. Confiamos en que los avances logrados por los líderes industriales y el hecho de que la prevención de la contaminación sea una estrategia probada alienten a todos los sectores a enfrentar los problemas de contaminación desde su origen.”
El análisis de la CCA demuestra que las instalaciones de Canadá y Estados Unidos que registraron actividades de prevención de la contaminación —rediseño de productos y procedimientos, detección de derrames y fugas, y sustitución de materias primas— lograron reducciones en el periodo 2002-2004. Las plantas que no llevaron a cabo estas actividades no mostraron avances similares.
La nueva edición de En balance incluye un capítulo especial en el que se presenta un examen detallado del reciclaje industrial en la región. Los resultados señalan que se recicló más de un tercio de las emisiones y transferencias de Canadá y Estados Unidos registradas en 2004, es decir, un volumen por arriba del millón de toneladas. El reciclaje ha aumentado en años recientes debido a los incrementos en la producción y en los precios de la chatarra de metal; de hecho, la mayoría de los materiales reciclados fueron metales, entre otros: cobre, zinc, plomo y sus compuestos.
El análisis trilateral se basa en un conjunto de datos combinados de 9 sectores industriales, 56 sustancias químicas y más de 10,000 plantas industriales, y compara las emisiones y transferencias de plantas similares en Canadá, Estados Unidos y México. El informe refleja un patrón distinto de emisiones y transferencias para cada uno de los tres países.
Las comparaciones de las emisiones industriales de los tres países seguirán mejorando a medida que la CCA trabaje con los gobiernos, la industria y ONG para aumentar el número de sustancias químicas y plantas comparables.
En balance compila información del Inventario Nacional de Emisiones de Contaminantes (National Pollutant Release Inventory, NPRI) de Canadá, el Inventario de Emisiones Tóxicas (Toxics Release Inventory,TRI) de Estados Unidos y, comenzando con su primer año de registro obligatorio en 2004, el Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de México.
lunes, octubre 29, 2007
Bosques ingresan al comercio de carbono
Por Zilia Castrillón* - IPS/IFEJ
Cómo incluir la protección boscosa en los mecanismos para abatir el cambio climático es el nuevo debate científico y político.
BOSTON, Estados Unidos, oct (Tierramérica).- Como la deforestación es la segunda mayor fuente de gases que recalientan la atmósfera, expertos centran la discusión en la viabilidad de compensar a los países que protejan sus bosques.
La propuesta Reducción de Emisiones de la Deforestación (RED) no fue incluida en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático. Pero ahora es evaluada por científicos, empresas y organismos de países pobres con gran cobertura forestal.
El MDL permite que gobiernos y empresas de las naciones industriales obligadas a abatir sus gases invernadero, cumplan en parte invirtiendo en proyectos limpios en países en desarrollo para obtener reducciones certificadas de emisiones a costos más bajos.
"La RED no frenaría el cambio climático, pero podría integrar una estrategia múltiple", explicó al ser entrevistado Christopher Field, director del Departamento de Ecología Global del Instituto Carnegie de Washington.
La RED surgió en 2005 en la 11 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, liderada por Papúa Nueva Guinea y Costa Rica, con apoyo de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales. Consiste en incluir la deforestación evitada en el comercio global de créditos de carbono, principal gas de efecto invernadero.
Se espera que su implementación se concrete en la 13 Conferencia de las Partes, a realizarse en diciembre en la isla indonesia de Bali.
Brasil por su parte propone un fondo con aportes voluntarios de dineros públicos para compensar el esfuerzo de los países en desarrollo que reduzcan la deforestación y que serían remunerados según la emisión evitada.
En el artículo "Tropical Forests and Climate Policy" (Bosques tropicales y políticas climáticas), publicado el 10 de mayo en la revista Science Express, Field y otros investigadores proponen frenar en 50 por ciento el ritmo actual de deforestación para 2050.
Esto equivaldría a 50 mil millones de toneladas de carbono no lanzadas a la atmósfera, equivalentes a seis años de liberación de gases procedentes de combustibles fósiles, afirman.
Pero esa cifra "es insignificante", según Almuth Ernsting, de la campaña Biofuelwatch-Gran Bretaña. Como la RED no intenta detener la tala de bosques a escala industrial, "muchas selvas tropicales, incluida la Amazonia, se derrumbarán mucho antes de alcanzar ese 50 por ciento", dijo a esta cronista.
La Amazonia es el ecosistema boscoso con mayor cantidad de carbono: 305 toneladas por hectárea, de las cuales 28 por ciento están en el suelo, según un estudio de 1998. Su destrucción liberaría 120 mil millones de toneladas de carbono hasta 2050, lo que sería catastrófico para el clima, agregó Ernsting.
La transformación de ecosistemas naturales en plantaciones agrícolas supone una pérdida de 75 por ciento del carbono del suelo en los trópicos. Eso implica entre 18 y 20 por ciento del total de emisiones por deforestación, según expertos.
En los bosques y suelos hay almacenado casi el doble del carbono existente en la atmósfera, declaró para este artículo William Moomaw, director del Centro para las Políticas Internacionales sobre Ambiente y Recursos de la estadounidense Universidad de Tufts.
Uno de los problemas de la "deforestación evitada" es el riesgo de que las emisiones por pérdida boscosa se fuguen a otras zonas dentro o fuera de los países beneficiarios.
"Si un área es conservada y otra deforestada, ¿cómo funcionaría esa contabilidad? Plantar árboles en otras zonas podría no funcionar, pues a menudo se practica en suelos no aptos para bosques", agregó Moomaw.
Ese problema ya se ha dado con las plantaciones de árboles para absorber carbono y puede repetirse en un esquema de reducción de emisiones de la deforestación, señalan los críticos.
El mercado de carbono sirvió para financiar plantaciones de monocultivos con impactos muy negativos en suelos, comunidades, recursos hídricos e, irónicamente, en las emisiones de carbono, opinó Ernsting.
También hay dudas sobre las dificultades para controlar los cambios en las existencias de carbono de los bosques una vez que el sistema se aplique.
"La supervisión implica algunos gastos, pero las tecnologías satelitales vuelven el desafío relativamente simple", alegó Field.
Las mediciones nacionales pueden funcionar, explicó Moomaw. En el ámbito internacional se necesitaría que la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil formaran un equipo coordinado de control satelital disponible para países con pocos recursos y ricos en bosques.
El pago por deforestación evitada debería reducir emisiones netas alentando un cambio en las pautas internacionales y adoptando una tarifa de emisión para países con poca o ninguna deforestación histórica, según la investigación "No Forest Left Behind" (Ningún bosque rezagado), publicada por Conservación Internacional el 14 de agosto en la revista Public Library of Science Biology. Los países con muchos bosques y deforestación relativamente baja son Belice, Bután, Colombia, República Democrática del Congo, Gabón, Guyana, Guayana Francesa, Panamá, Perú, Suriname y Zambia. Habitados en su mayoría por pueblos indígenas, ingresarían al comercio de carbono mediante "créditos preventivos" o recompensas que perderían si aumentara la pérdida boscosa.
Para que el sistema funcione con equidad es importante que participen las comunidades locales, según expertos.
"La deforestación evitada no es mala en sí, pero los modos de concretarla son complejos y están cargados de relaciones de poder desiguales", explicó Helen Leake, del no gubernamental Forest Peoples Programme.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales).
Cómo incluir la protección boscosa en los mecanismos para abatir el cambio climático es el nuevo debate científico y político.
BOSTON, Estados Unidos, oct (Tierramérica).- Como la deforestación es la segunda mayor fuente de gases que recalientan la atmósfera, expertos centran la discusión en la viabilidad de compensar a los países que protejan sus bosques.
La propuesta Reducción de Emisiones de la Deforestación (RED) no fue incluida en el Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL) del Protocolo de Kyoto sobre Cambio Climático. Pero ahora es evaluada por científicos, empresas y organismos de países pobres con gran cobertura forestal.
El MDL permite que gobiernos y empresas de las naciones industriales obligadas a abatir sus gases invernadero, cumplan en parte invirtiendo en proyectos limpios en países en desarrollo para obtener reducciones certificadas de emisiones a costos más bajos.
"La RED no frenaría el cambio climático, pero podría integrar una estrategia múltiple", explicó al ser entrevistado Christopher Field, director del Departamento de Ecología Global del Instituto Carnegie de Washington.
La RED surgió en 2005 en la 11 Conferencia de las Partes de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, liderada por Papúa Nueva Guinea y Costa Rica, con apoyo de la Coalición de Naciones con Bosques Tropicales. Consiste en incluir la deforestación evitada en el comercio global de créditos de carbono, principal gas de efecto invernadero.
Se espera que su implementación se concrete en la 13 Conferencia de las Partes, a realizarse en diciembre en la isla indonesia de Bali.
Brasil por su parte propone un fondo con aportes voluntarios de dineros públicos para compensar el esfuerzo de los países en desarrollo que reduzcan la deforestación y que serían remunerados según la emisión evitada.
En el artículo "Tropical Forests and Climate Policy" (Bosques tropicales y políticas climáticas), publicado el 10 de mayo en la revista Science Express, Field y otros investigadores proponen frenar en 50 por ciento el ritmo actual de deforestación para 2050.
Esto equivaldría a 50 mil millones de toneladas de carbono no lanzadas a la atmósfera, equivalentes a seis años de liberación de gases procedentes de combustibles fósiles, afirman.
Pero esa cifra "es insignificante", según Almuth Ernsting, de la campaña Biofuelwatch-Gran Bretaña. Como la RED no intenta detener la tala de bosques a escala industrial, "muchas selvas tropicales, incluida la Amazonia, se derrumbarán mucho antes de alcanzar ese 50 por ciento", dijo a esta cronista.
La Amazonia es el ecosistema boscoso con mayor cantidad de carbono: 305 toneladas por hectárea, de las cuales 28 por ciento están en el suelo, según un estudio de 1998. Su destrucción liberaría 120 mil millones de toneladas de carbono hasta 2050, lo que sería catastrófico para el clima, agregó Ernsting.
La transformación de ecosistemas naturales en plantaciones agrícolas supone una pérdida de 75 por ciento del carbono del suelo en los trópicos. Eso implica entre 18 y 20 por ciento del total de emisiones por deforestación, según expertos.
En los bosques y suelos hay almacenado casi el doble del carbono existente en la atmósfera, declaró para este artículo William Moomaw, director del Centro para las Políticas Internacionales sobre Ambiente y Recursos de la estadounidense Universidad de Tufts.
Uno de los problemas de la "deforestación evitada" es el riesgo de que las emisiones por pérdida boscosa se fuguen a otras zonas dentro o fuera de los países beneficiarios.
"Si un área es conservada y otra deforestada, ¿cómo funcionaría esa contabilidad? Plantar árboles en otras zonas podría no funcionar, pues a menudo se practica en suelos no aptos para bosques", agregó Moomaw.
Ese problema ya se ha dado con las plantaciones de árboles para absorber carbono y puede repetirse en un esquema de reducción de emisiones de la deforestación, señalan los críticos.
El mercado de carbono sirvió para financiar plantaciones de monocultivos con impactos muy negativos en suelos, comunidades, recursos hídricos e, irónicamente, en las emisiones de carbono, opinó Ernsting.
También hay dudas sobre las dificultades para controlar los cambios en las existencias de carbono de los bosques una vez que el sistema se aplique.
"La supervisión implica algunos gastos, pero las tecnologías satelitales vuelven el desafío relativamente simple", alegó Field.
Las mediciones nacionales pueden funcionar, explicó Moomaw. En el ámbito internacional se necesitaría que la Unión Europea, Estados Unidos y Brasil formaran un equipo coordinado de control satelital disponible para países con pocos recursos y ricos en bosques.
El pago por deforestación evitada debería reducir emisiones netas alentando un cambio en las pautas internacionales y adoptando una tarifa de emisión para países con poca o ninguna deforestación histórica, según la investigación "No Forest Left Behind" (Ningún bosque rezagado), publicada por Conservación Internacional el 14 de agosto en la revista Public Library of Science Biology. Los países con muchos bosques y deforestación relativamente baja son Belice, Bután, Colombia, República Democrática del Congo, Gabón, Guyana, Guayana Francesa, Panamá, Perú, Suriname y Zambia. Habitados en su mayoría por pueblos indígenas, ingresarían al comercio de carbono mediante "créditos preventivos" o recompensas que perderían si aumentara la pérdida boscosa.
Para que el sistema funcione con equidad es importante que participen las comunidades locales, según expertos.
"La deforestación evitada no es mala en sí, pero los modos de concretarla son complejos y están cargados de relaciones de poder desiguales", explicó Helen Leake, del no gubernamental Forest Peoples Programme.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales).
sábado, septiembre 29, 2007
¿Algas contra el cambio climático?
Por Julio Godoy* - IPS/IFEJ
Científicos prueban la capacidad de las algas para absorber dióxido de carbono y generar a partir de su propia biomasa un combustible menos contaminante que la gasolina.
BERLÍN, 24 sep (Tierramérica).- Investigaciones sobre el uso de algas para capturar dióxido de carbono están cambiando la percepción negativa de esos organismos, vistos como una plaga asociada a la contaminación agrícola.
Hasta hace muy poco, la proliferación de algas era vista como una consecuencia indeseable del abuso de agroquímicos, cuyos resultados inmediatos eran pestilencia, irritaciones cutáneas y la muerte de la fauna acuática, en especial marina, por falta de oxígeno.
Pero su potencial para absorber uno de los gases de efecto invernadero, causantes del recalentamiento planetario, puede resultar clave para evitar catástrofes ambientales. Como los vegetales, las algas consumen carbono durante la fotosíntesis.
"Tomamos algas del océano, las instalamos en recipientes plásticos en invernaderos, donde las alimentamos con dióxido de carbono emitido por generadores eléctricos convencionales”, explicó en una entrevista el biogeólogo Laurenz Thomsen, de la Universidad Jacobs, en la septentrional ciudad alemana de Bremen.
“Expuestas a la luz solar, las algas transforman el dióxido de carbono en biomasa que puede ser utilizada después como biodiésel, cuya combustión no emite gases invernadero", añadió.
El Greenhouse Gas Mitigation Project (GGMP, Proyecto de mitigación de gases de efecto invernadero) es coordinado por Thomsen, con cooperación de la Universidad Superior Politécnica, también de Bremen, el Instituto Alfred Wegener para la Investigación Marina y varias compañías, como el proveedor europeo de electricidad E.ON.
Thomsen bautizó "Algenreactor" (reactor a base de algas) al pequeño invernadero experimental instalado en la Universidad Jacobs, donde las algas transformaron el carbono en combustible orgánico. El proyecto sólo funciona en fase experimental, produciendo hasta ahora medio litro de biodiésel.
"El diésel que refinamos aquí es absolutamente orgánico. Satisface las normas europeas. Confío en que podremos pasar a una fase industrial en los próximos meses", agregó Thomsen.
Fritz Henken-Mellier, director de la central termoeléctrica de Farge, situada en las afueras de Bremen, coincide con esa previsión. Algunas de las emisiones de dióxido de carbono de esa generadora que funciona a carbón fueron capturadas por el GGMP.
"Seguramente necesitemos construir un invernadero mucho mayor, de cientos de metros cuadrados, para que la captura del dióxido de carbono y la producción de biodiésel correspondan a las dimensiones de una central comercial", dijo entrevistado para este artículo.
Henken-Mellier calcula que "la captura de sólo 10 por ciento de los gases emitidos por el generador de Farge implica reducir unas 600 toneladas diarias de dióxido de carbono".
Según Thomsen, la superficie de un invernadero capaz de absorber el dióxido de carbono de un generador de 350 megavatios y de transformarlo en biodiésel, debería ser de unos 25 kilómetros cuadrados y tendría costos de unos 480 millones de dólares.
La suma es pequeña comparada con las de cultivos convencionales para obtener biodiésel y reducir los gases nocivos en dimensiones similares a las del "reactor a base de algas". Una plantación equivalente de colza, por ejemplo, puede costar hasta 25 veces más.
Pero el proyecto de Thomsen no convence a todos. "Esos cálculos son muy ingenuos", aseguró Karl-Herrmann Steinberg, director de la productora de algas más importante de Europa central, situada en la septentrional ciudad alemana de Kloetze.
"Los costos del cultivo de algas, eliminación del agua y destilación del aceite combustible son muy altos como para que la idea sea rentable a escala industrial", aseguró Steinberg.
Thomsen admite que la ubicación de los invernaderos debe decidirse en función de la presencia de luz solar. En el norte de Alemania, con pocas horas de sol por año, el modelo no funcionaría. "Los invernaderos tendrían que instalarse en el sur y sudeste de Europa", dijo.
"Ya estamos negociando con firmas alemanas y extranjeras, de Brasil e India, que manejan grandes cultivos de algas", agregó.
El GGMP no es el único proyecto de su tipo. Durante la primera crisis petrolera mundial, en los años 70, científicos estadounidenses concibieron un proceso similar de transformación de algas en biodiésel. Pero el intento fue abandonado en 1996, cuando los bajos precios del hidrocarburo pusieron fin a los incentivos para investigar en combustibles orgánicos.
Ahora, con la actual crisis energética y ambiental, la compañía estadounidense GreenFuel, del nororiental estado estadounidense de Massachusetts, planifica un invernadero de por lo menos un kilómetro cuadrado para 2009.
"Para capturar el dióxido de carbono liberado por un generador de mil gigavatios, necesitaremos un invernadero de algas de entre ocho y 16 kilómetros cuadrados, que produciría más de 150 millones de litros de biodiésel y 190 millones de litros de etanol", dijo Isaac Berzin, de GreenFuel.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales)
Científicos prueban la capacidad de las algas para absorber dióxido de carbono y generar a partir de su propia biomasa un combustible menos contaminante que la gasolina.
BERLÍN, 24 sep (Tierramérica).- Investigaciones sobre el uso de algas para capturar dióxido de carbono están cambiando la percepción negativa de esos organismos, vistos como una plaga asociada a la contaminación agrícola.
Hasta hace muy poco, la proliferación de algas era vista como una consecuencia indeseable del abuso de agroquímicos, cuyos resultados inmediatos eran pestilencia, irritaciones cutáneas y la muerte de la fauna acuática, en especial marina, por falta de oxígeno.
Pero su potencial para absorber uno de los gases de efecto invernadero, causantes del recalentamiento planetario, puede resultar clave para evitar catástrofes ambientales. Como los vegetales, las algas consumen carbono durante la fotosíntesis.
"Tomamos algas del océano, las instalamos en recipientes plásticos en invernaderos, donde las alimentamos con dióxido de carbono emitido por generadores eléctricos convencionales”, explicó en una entrevista el biogeólogo Laurenz Thomsen, de la Universidad Jacobs, en la septentrional ciudad alemana de Bremen.
“Expuestas a la luz solar, las algas transforman el dióxido de carbono en biomasa que puede ser utilizada después como biodiésel, cuya combustión no emite gases invernadero", añadió.
El Greenhouse Gas Mitigation Project (GGMP, Proyecto de mitigación de gases de efecto invernadero) es coordinado por Thomsen, con cooperación de la Universidad Superior Politécnica, también de Bremen, el Instituto Alfred Wegener para la Investigación Marina y varias compañías, como el proveedor europeo de electricidad E.ON.
Thomsen bautizó "Algenreactor" (reactor a base de algas) al pequeño invernadero experimental instalado en la Universidad Jacobs, donde las algas transformaron el carbono en combustible orgánico. El proyecto sólo funciona en fase experimental, produciendo hasta ahora medio litro de biodiésel.
"El diésel que refinamos aquí es absolutamente orgánico. Satisface las normas europeas. Confío en que podremos pasar a una fase industrial en los próximos meses", agregó Thomsen.
Fritz Henken-Mellier, director de la central termoeléctrica de Farge, situada en las afueras de Bremen, coincide con esa previsión. Algunas de las emisiones de dióxido de carbono de esa generadora que funciona a carbón fueron capturadas por el GGMP.
"Seguramente necesitemos construir un invernadero mucho mayor, de cientos de metros cuadrados, para que la captura del dióxido de carbono y la producción de biodiésel correspondan a las dimensiones de una central comercial", dijo entrevistado para este artículo.
Henken-Mellier calcula que "la captura de sólo 10 por ciento de los gases emitidos por el generador de Farge implica reducir unas 600 toneladas diarias de dióxido de carbono".
Según Thomsen, la superficie de un invernadero capaz de absorber el dióxido de carbono de un generador de 350 megavatios y de transformarlo en biodiésel, debería ser de unos 25 kilómetros cuadrados y tendría costos de unos 480 millones de dólares.
La suma es pequeña comparada con las de cultivos convencionales para obtener biodiésel y reducir los gases nocivos en dimensiones similares a las del "reactor a base de algas". Una plantación equivalente de colza, por ejemplo, puede costar hasta 25 veces más.
Pero el proyecto de Thomsen no convence a todos. "Esos cálculos son muy ingenuos", aseguró Karl-Herrmann Steinberg, director de la productora de algas más importante de Europa central, situada en la septentrional ciudad alemana de Kloetze.
"Los costos del cultivo de algas, eliminación del agua y destilación del aceite combustible son muy altos como para que la idea sea rentable a escala industrial", aseguró Steinberg.
Thomsen admite que la ubicación de los invernaderos debe decidirse en función de la presencia de luz solar. En el norte de Alemania, con pocas horas de sol por año, el modelo no funcionaría. "Los invernaderos tendrían que instalarse en el sur y sudeste de Europa", dijo.
"Ya estamos negociando con firmas alemanas y extranjeras, de Brasil e India, que manejan grandes cultivos de algas", agregó.
El GGMP no es el único proyecto de su tipo. Durante la primera crisis petrolera mundial, en los años 70, científicos estadounidenses concibieron un proceso similar de transformación de algas en biodiésel. Pero el intento fue abandonado en 1996, cuando los bajos precios del hidrocarburo pusieron fin a los incentivos para investigar en combustibles orgánicos.
Ahora, con la actual crisis energética y ambiental, la compañía estadounidense GreenFuel, del nororiental estado estadounidense de Massachusetts, planifica un invernadero de por lo menos un kilómetro cuadrado para 2009.
"Para capturar el dióxido de carbono liberado por un generador de mil gigavatios, necesitaremos un invernadero de algas de entre ocho y 16 kilómetros cuadrados, que produciría más de 150 millones de litros de biodiésel y 190 millones de litros de etanol", dijo Isaac Berzin, de GreenFuel.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales)
Tratado sobre ozono enfría calentamiento global
Por Stephen Leahy, enviado especial
Estados Unidos protagonizó la negociación para eliminar más rápidamente gases que dañan la capa de ozono y agravan el cambio climático.
MONTREAL, 24 sep (Tierramérica).- Los 191 países partes del Protocolo de Montreal dieron un paso histórico contra el cambio climático al reducir en una década la eliminación de sustancias destructoras de la capa de ozono que son también poderosos gases de efecto invernadero.
Estados Unidos jugó un papel clave en la XIX Conferencia de las Partes del Protocolo de Montreal, junto con Argentina, Brasil, Canadá y la Unión Europea, instando a apresurar la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), utilizados en refrigerantes y acondicionadores de aire.
Esto equivaldría a eliminar hasta 38 mil millones de toneladas de gases invernadero, cinco veces más que la reducción estipulada en el Protocolo de Kyoto --único acuerdo mundial obligatorio sobre cambio climático--, según el Panel de Evaluación Tecnológica y Económica del Protocolo de Montreal sobre sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Para lograr el acuerdo, las naciones ricas aceptaron aportar varios cientos de millones de dólares entre 2008 y 2012 para ayudar a países en desarrollo como China --el principal productor de HCFC-- a transitar hacia nuevas tecnologías.
La conferencia se desarrolló entre el 11 y el 21 de este mes en la ciudad canadiense donde 20 años atrás se firmó el tratado destinado a restaurar la cubierta de ozono estratosférica que protege la vida del planeta de las radiaciones solares nocivas.
Si 24 países no se hubieran adherido a él en septiembre de 1987, el sol sería mucho más peligroso.
Habría "20 millones más de casos de cáncer de piel y 130 millones más de cataratas, sin hablar del daño a los sistemas inmunológicos humanos, a la flora y fauna y a la agricultura", dijo Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
Gracias al tratado para abatir sustancias agotadoras del ozono, principalmente clorofluorocarbonos (CFC), 95 por ciento de esos gases han sido eliminados y reemplazados por los HCFC, mucho menos perjudiciales para la cubierta estratosférica.
Estos últimos serán eliminados en los países ricos en 2015 y en el mundo en desarrollo en 2030, 10 años antes de lo acordado hasta ahora.
El rápido crecimiento económico de India y China disparó la producción de HCFC-22, utilizado sobre todo en los acondicionadores de aire. En China se pasó de 24,4 de estos aparatos por cada 100 hogares urbanos hace siete años a 87,2 en 2006.
El HCFC-22 es sólo cinco por ciento tan perjudicial para la capa de ozono como los clorofluorocarbonos a los que reemplazó, pero su impacto sobre el calentamiento global es más de 10 mil veces mayor que el del dióxido de carbono, principal gas invernadero, dijo a Tierramérica la secretaria de Ambiente de Argentina, Romina Picolotti.
La reducción acelerada implicaría eliminar hasta 38 mil millones de toneladas de dióxido de carbono y adelantar unos años la recuperación de la capa de ozono.
"Con un poco más de esfuerzo podemos ayudar a solucionar dos importantes problemas ambientales", dijo Picolotti.
"En 2008 debería congelarse la producción de HCFC", señaló en una entrevista Alexander von Bismarck, director de campañas de la no gubernamental Agencia de Investigación Ambiental, con sede en Londres.
Pero la negociación aplazó un poco ese objetivo hasta 2013. Así, los países en desarrollo no podrán ampliar su producción más allá de los volúmenes de ese año.
La producción de los países industrializados se congeló en 2004.
"Según nuestras investigaciones, los HCFC están disponibles en América Latina y Asia meridional a precios curiosamente bajos, lo que sugiere un exceso de oferta", dijo Von Bismarck.
Aunque los CFC y los HCFC son poderosos gases de efecto invernadero, no están cubiertos por el Protocolo de Kyoto, por lo que es crítico que el tratado de Montreal los aborde, agregó.
Los gases sustitutivos de los HCFC están por llegar, y también existen otras tecnologías, como los refrigeradores a gas butano. "Una inversión pequeña bastará para volverlos más seguros", agregó Von Bismarck.
La industria favorece un rápido congelamiento de la producción en los países pobres, opinó Mack McFarland, principal científico atmosférico de DuPont, una compañía química multinacional e importante fabricante estadounidense de HCFC.
"¿Por qué construir nuevas plantas de HCFC cuando la tecnología es obsoleta? Si el congelamiento llega antes, habrá menos que reconvertir", dijo McFarland a Tierramérica.
Sólo algunos acondicionadores de aire a HCFC pueden ser modificados para funcionar con otros gases. Y no hay sustitutos fáciles para varios usos de estas sustancias. Hace poco DuPont desarrolló un nuevo gas con muy bajo potencial de calentamiento global para aparatos refrigerantes de automóviles, porque la Unión Europea prohibió el uso de HCFC.
En Montreal también se debatió acaloradamente el financiamiento a los países pobres.
El Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal ha reunido unos dos mil 200 millones de dólares para ayudar a 146 países a reducir la producción y el uso de sustancias agotadoras del ozono. Ahora se necesitarán cientos de millones más.
Estados Unidos continuará compartiendo los costos de las naciones pobres para lograr una reducción acelerada de HCFC, dijo Claudia McMurray, secretaria adjunta de ese país para los Océanos, el Ambiente y la Ciencia.
"Es positivo ver el liderazgo de Estados Unidos en un foro ambiental internacional", dijo David Doniger, director de políticas climáticas del no gubernamental Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.
"El avance es bueno para la capa de ozono y para el cambio climático", dijo Doniger en una entrevista. Sin embargo, la principal causa del calentamiento global no son los HCFC, sino los combustibles fósiles.
Estados Unidos no debería usar lo conseguido en Montreal como excusa para no hacer nada respecto del dióxido de carbono en la reunión sobre cambio climático que tendrá lugar en diciembre en la isla indonesia de Bali, destacó.
* El autor es corresponsal de IPS.
Estados Unidos protagonizó la negociación para eliminar más rápidamente gases que dañan la capa de ozono y agravan el cambio climático.
MONTREAL, 24 sep (Tierramérica).- Los 191 países partes del Protocolo de Montreal dieron un paso histórico contra el cambio climático al reducir en una década la eliminación de sustancias destructoras de la capa de ozono que son también poderosos gases de efecto invernadero.
Estados Unidos jugó un papel clave en la XIX Conferencia de las Partes del Protocolo de Montreal, junto con Argentina, Brasil, Canadá y la Unión Europea, instando a apresurar la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), utilizados en refrigerantes y acondicionadores de aire.
Esto equivaldría a eliminar hasta 38 mil millones de toneladas de gases invernadero, cinco veces más que la reducción estipulada en el Protocolo de Kyoto --único acuerdo mundial obligatorio sobre cambio climático--, según el Panel de Evaluación Tecnológica y Económica del Protocolo de Montreal sobre sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Para lograr el acuerdo, las naciones ricas aceptaron aportar varios cientos de millones de dólares entre 2008 y 2012 para ayudar a países en desarrollo como China --el principal productor de HCFC-- a transitar hacia nuevas tecnologías.
La conferencia se desarrolló entre el 11 y el 21 de este mes en la ciudad canadiense donde 20 años atrás se firmó el tratado destinado a restaurar la cubierta de ozono estratosférica que protege la vida del planeta de las radiaciones solares nocivas.
Si 24 países no se hubieran adherido a él en septiembre de 1987, el sol sería mucho más peligroso.
Habría "20 millones más de casos de cáncer de piel y 130 millones más de cataratas, sin hablar del daño a los sistemas inmunológicos humanos, a la flora y fauna y a la agricultura", dijo Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
Gracias al tratado para abatir sustancias agotadoras del ozono, principalmente clorofluorocarbonos (CFC), 95 por ciento de esos gases han sido eliminados y reemplazados por los HCFC, mucho menos perjudiciales para la cubierta estratosférica.
Estos últimos serán eliminados en los países ricos en 2015 y en el mundo en desarrollo en 2030, 10 años antes de lo acordado hasta ahora.
El rápido crecimiento económico de India y China disparó la producción de HCFC-22, utilizado sobre todo en los acondicionadores de aire. En China se pasó de 24,4 de estos aparatos por cada 100 hogares urbanos hace siete años a 87,2 en 2006.
El HCFC-22 es sólo cinco por ciento tan perjudicial para la capa de ozono como los clorofluorocarbonos a los que reemplazó, pero su impacto sobre el calentamiento global es más de 10 mil veces mayor que el del dióxido de carbono, principal gas invernadero, dijo a Tierramérica la secretaria de Ambiente de Argentina, Romina Picolotti.
La reducción acelerada implicaría eliminar hasta 38 mil millones de toneladas de dióxido de carbono y adelantar unos años la recuperación de la capa de ozono.
"Con un poco más de esfuerzo podemos ayudar a solucionar dos importantes problemas ambientales", dijo Picolotti.
"En 2008 debería congelarse la producción de HCFC", señaló en una entrevista Alexander von Bismarck, director de campañas de la no gubernamental Agencia de Investigación Ambiental, con sede en Londres.
Pero la negociación aplazó un poco ese objetivo hasta 2013. Así, los países en desarrollo no podrán ampliar su producción más allá de los volúmenes de ese año.
La producción de los países industrializados se congeló en 2004.
"Según nuestras investigaciones, los HCFC están disponibles en América Latina y Asia meridional a precios curiosamente bajos, lo que sugiere un exceso de oferta", dijo Von Bismarck.
Aunque los CFC y los HCFC son poderosos gases de efecto invernadero, no están cubiertos por el Protocolo de Kyoto, por lo que es crítico que el tratado de Montreal los aborde, agregó.
Los gases sustitutivos de los HCFC están por llegar, y también existen otras tecnologías, como los refrigeradores a gas butano. "Una inversión pequeña bastará para volverlos más seguros", agregó Von Bismarck.
La industria favorece un rápido congelamiento de la producción en los países pobres, opinó Mack McFarland, principal científico atmosférico de DuPont, una compañía química multinacional e importante fabricante estadounidense de HCFC.
"¿Por qué construir nuevas plantas de HCFC cuando la tecnología es obsoleta? Si el congelamiento llega antes, habrá menos que reconvertir", dijo McFarland a Tierramérica.
Sólo algunos acondicionadores de aire a HCFC pueden ser modificados para funcionar con otros gases. Y no hay sustitutos fáciles para varios usos de estas sustancias. Hace poco DuPont desarrolló un nuevo gas con muy bajo potencial de calentamiento global para aparatos refrigerantes de automóviles, porque la Unión Europea prohibió el uso de HCFC.
En Montreal también se debatió acaloradamente el financiamiento a los países pobres.
El Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal ha reunido unos dos mil 200 millones de dólares para ayudar a 146 países a reducir la producción y el uso de sustancias agotadoras del ozono. Ahora se necesitarán cientos de millones más.
Estados Unidos continuará compartiendo los costos de las naciones pobres para lograr una reducción acelerada de HCFC, dijo Claudia McMurray, secretaria adjunta de ese país para los Océanos, el Ambiente y la Ciencia.
"Es positivo ver el liderazgo de Estados Unidos en un foro ambiental internacional", dijo David Doniger, director de políticas climáticas del no gubernamental Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.
"El avance es bueno para la capa de ozono y para el cambio climático", dijo Doniger en una entrevista. Sin embargo, la principal causa del calentamiento global no son los HCFC, sino los combustibles fósiles.
Estados Unidos no debería usar lo conseguido en Montreal como excusa para no hacer nada respecto del dióxido de carbono en la reunión sobre cambio climático que tendrá lugar en diciembre en la isla indonesia de Bali, destacó.
* El autor es corresponsal de IPS.
miércoles, septiembre 19, 2007
Tala amazónica causa prosperidad efímera
Por Roberto Villar Belmonte * - IPS/IFEJ
La actividad amazónica está marcada por olas de bonanza seguidas de depresión, constata un estudio de indicadores económicos, ambientales y sociales de las últimas tres décadas.
BELEM, Brasil, sep (Tierramérica).- Devastación, violentos conflictos por la tierra y un crecimiento económico rápido, pero efímero, son los rastros que dejó la deforestación de la Amazonia brasileña en los últimos 30 años, afirman estudiosos.
En ese plazo se consumieron 700 mil kilómetros cuadrados de selva, 17 por ciento de su superficie original. La tala provoca un boom inicial de prosperidad, pues la extracción de madera, casi siempre ilegal, es muy lucrativa. Luego llegan los agricultores y ganaderos.
Pero la riqueza dura, como máximo, 20 años. Por las lluvias abundantes, la actividad agrícola se complica. Cuando la madera escasea, hay una tendencia a que la economía de los municipios colapse. Sólo algunos, sobre todo los que dependen de la minería, escapan de este patrón.
Esta dinámica fue expuesta por los investigadores Adalberto Veríssimo y Danielle Celentano, del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) en un trabajo publicado en agosto, “El avance de la frontera en la Amazonia, del boom al colapso", que analiza indicadores económicos, sociales y ambientales de la región.
Celentano describe la deforestación como una ola que siembra empleos e ingresos por la explotación maderera. Pero también violencia y degradación de los recursos naturales.
Tras su paso, "los conflictos disminuyen, así como los beneficios de la actividad maderera, que es sobre todo predatoria, puesto que la agropecuaria no puede absorber la misma cantidad de mano de obra ni generar los mismos ingresos", sostuvo Celentano en una entrevista.
Los expertos dividieron los 770 municipios amazónicos en cuatro zonas: la no forestal, que comprende 24 por ciento de la superficie en sitios de transición entre las sabanas del Cerrado y la selva, la que se encuentra en explotación (14 por ciento, con 26 municipios), la ya desforestada (10 por ciento, con 218 municipios) y la forestal (52 por ciento de la región, con una tala de cinco por ciento).
La investigación comprobó que la destrucción de selva ha producido más daño que riqueza en la economía local, una cuenta que también debe pagar todo el planeta. La Amazonia aporta algo más de ocho por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, pero su deforestación es responsable de casi 70 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de este país.
Los productores rurales amazónicos argumentan que si los europeos y estadounidenses talaron sus bosques para crecer, "nosotros también podemos hacerlo". A corto plazo el argumento es válido. Pero el PIB por persona (dos mil 320 dólares) creció apenas uno por ciento en los últimos 15 años y sigue siendo 40 por ciento menor a la media nacional.
En São Francisco do Pará, municipio que vivió momentos de prosperidad, 96 por ciento de la selva ha desaparecido. De sus 14 mil habitantes, 62 por ciento son pobres y 31 por ciento indigentes.
Esto se repite en muchos municipios del norteño estado de Pará. En Primavera, por ejemplo, el PIB cayó 20 por ciento en los últimos 20 años. La deforestación es de 95 por ciento y casi la mitad de la población vive con menos de un dólar diario.
Sin embargo, no es posible asegurar que ese será el destino de las zonas que ahora están siendo taladas, aclaran los expertos.
Mientras, 60 por ciento de los 386 asesinatos rurales denunciados en Brasil entre 1997 y 2006 se cometieron en la Amazonia, casi la mitad de ellos en áreas de intensa tala. En ese lapso, los conflictos por la tierra pasaron de 156 a 328 en la región. De los mil 12 casos de trabajo esclavo documentados entre 2003 y 2006, 85 por ciento fueron en zonas amazónicas.
El estudio de Imazon muestra un patrón diferente en la zona no forestal, más seca y por tanto más propicia a la agricultura. El mejor ejemplo es Sinop, una de las principales ciudades del occidental estado de Mato Grosso, de intensa actividad maderera, con materia prima procedente de otras regiones.
Sinop también tiene una gran producción agrícola, sobre todo de soja. A pesar de que perdió 65 por ciento de sus selvas, la zona no colapsó y la ciudad tiene una excelente infraestructura.
Con todo, la pérdida de bosques viene cayendo. Fue 25 por ciento menor entre agosto de 2005 y julio de 2006. Y para este año, las autoridades esperan una reducción de 30 por ciento, lo que colocaría el área deforestada de los últimos 12 meses en 10 mil kilómetros cuadrados, la menor desde que se inició el control satelital de la selva.
Tal mejoría es atribuida a los mayores controles gubernamentales y a una caída en los precios de las cosechas.
Pero hay atisbos de recuperación en las siembras y eso pondrá a prueba la voluntad de detener la deforestación, pues cuando los agricultores están capitalizados tienden a ampliar sus áreas de cultivo.
Un episodio reciente ilustra estas tensiones. El 20 de agosto en el municipio de Juína, noroeste de Matro Grosso, decenas de productores rurales expulsaron con apoyo del alcalde Hilton Campos a dos periodistas franceses y a siete activistas de Greenpeace e indigenistas que pretendían visitar un área recién talada en río Preto, reclamada por indígenas enawene-nawe.
"Las ciudades en las fronteras agrícolas de la Amazonia son tierra sin ley. La reacción de los productores rurales es normal aquí. Para ellos nuestro objetivo es obstaculizar los proyectos agrícolas y ganaderos", dijo en una entrevista el ingeniero forestal Marcelo Marquesina, de la campaña Amazonia de Greenpeace.
A fines de agosto, un juzgado federal suspendió 99 proyectos de asentamiento rural creados desde 2005 por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) en el oeste de Pará. El fallo fue resultado de una denuncia de Greenpeace.
La denuncia alegaba que el Incra aceleró la creación de asentamientos en áreas ricas de la selva para atender intereses de empresas madereras.
* Este artículo forma parte de la serie sobre crecimiento sustentable de IPS y la Federación Internacional de Periodistas Ambientales (IFEJ, por sus siglas en inglés).
La actividad amazónica está marcada por olas de bonanza seguidas de depresión, constata un estudio de indicadores económicos, ambientales y sociales de las últimas tres décadas.
BELEM, Brasil, sep (Tierramérica).- Devastación, violentos conflictos por la tierra y un crecimiento económico rápido, pero efímero, son los rastros que dejó la deforestación de la Amazonia brasileña en los últimos 30 años, afirman estudiosos.
En ese plazo se consumieron 700 mil kilómetros cuadrados de selva, 17 por ciento de su superficie original. La tala provoca un boom inicial de prosperidad, pues la extracción de madera, casi siempre ilegal, es muy lucrativa. Luego llegan los agricultores y ganaderos.
Pero la riqueza dura, como máximo, 20 años. Por las lluvias abundantes, la actividad agrícola se complica. Cuando la madera escasea, hay una tendencia a que la economía de los municipios colapse. Sólo algunos, sobre todo los que dependen de la minería, escapan de este patrón.
Esta dinámica fue expuesta por los investigadores Adalberto Veríssimo y Danielle Celentano, del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) en un trabajo publicado en agosto, “El avance de la frontera en la Amazonia, del boom al colapso", que analiza indicadores económicos, sociales y ambientales de la región.
Celentano describe la deforestación como una ola que siembra empleos e ingresos por la explotación maderera. Pero también violencia y degradación de los recursos naturales.
Tras su paso, "los conflictos disminuyen, así como los beneficios de la actividad maderera, que es sobre todo predatoria, puesto que la agropecuaria no puede absorber la misma cantidad de mano de obra ni generar los mismos ingresos", sostuvo Celentano en una entrevista.
Los expertos dividieron los 770 municipios amazónicos en cuatro zonas: la no forestal, que comprende 24 por ciento de la superficie en sitios de transición entre las sabanas del Cerrado y la selva, la que se encuentra en explotación (14 por ciento, con 26 municipios), la ya desforestada (10 por ciento, con 218 municipios) y la forestal (52 por ciento de la región, con una tala de cinco por ciento).
La investigación comprobó que la destrucción de selva ha producido más daño que riqueza en la economía local, una cuenta que también debe pagar todo el planeta. La Amazonia aporta algo más de ocho por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, pero su deforestación es responsable de casi 70 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de este país.
Los productores rurales amazónicos argumentan que si los europeos y estadounidenses talaron sus bosques para crecer, "nosotros también podemos hacerlo". A corto plazo el argumento es válido. Pero el PIB por persona (dos mil 320 dólares) creció apenas uno por ciento en los últimos 15 años y sigue siendo 40 por ciento menor a la media nacional.
En São Francisco do Pará, municipio que vivió momentos de prosperidad, 96 por ciento de la selva ha desaparecido. De sus 14 mil habitantes, 62 por ciento son pobres y 31 por ciento indigentes.
Esto se repite en muchos municipios del norteño estado de Pará. En Primavera, por ejemplo, el PIB cayó 20 por ciento en los últimos 20 años. La deforestación es de 95 por ciento y casi la mitad de la población vive con menos de un dólar diario.
Sin embargo, no es posible asegurar que ese será el destino de las zonas que ahora están siendo taladas, aclaran los expertos.
Mientras, 60 por ciento de los 386 asesinatos rurales denunciados en Brasil entre 1997 y 2006 se cometieron en la Amazonia, casi la mitad de ellos en áreas de intensa tala. En ese lapso, los conflictos por la tierra pasaron de 156 a 328 en la región. De los mil 12 casos de trabajo esclavo documentados entre 2003 y 2006, 85 por ciento fueron en zonas amazónicas.
El estudio de Imazon muestra un patrón diferente en la zona no forestal, más seca y por tanto más propicia a la agricultura. El mejor ejemplo es Sinop, una de las principales ciudades del occidental estado de Mato Grosso, de intensa actividad maderera, con materia prima procedente de otras regiones.
Sinop también tiene una gran producción agrícola, sobre todo de soja. A pesar de que perdió 65 por ciento de sus selvas, la zona no colapsó y la ciudad tiene una excelente infraestructura.
Con todo, la pérdida de bosques viene cayendo. Fue 25 por ciento menor entre agosto de 2005 y julio de 2006. Y para este año, las autoridades esperan una reducción de 30 por ciento, lo que colocaría el área deforestada de los últimos 12 meses en 10 mil kilómetros cuadrados, la menor desde que se inició el control satelital de la selva.
Tal mejoría es atribuida a los mayores controles gubernamentales y a una caída en los precios de las cosechas.
Pero hay atisbos de recuperación en las siembras y eso pondrá a prueba la voluntad de detener la deforestación, pues cuando los agricultores están capitalizados tienden a ampliar sus áreas de cultivo.
Un episodio reciente ilustra estas tensiones. El 20 de agosto en el municipio de Juína, noroeste de Matro Grosso, decenas de productores rurales expulsaron con apoyo del alcalde Hilton Campos a dos periodistas franceses y a siete activistas de Greenpeace e indigenistas que pretendían visitar un área recién talada en río Preto, reclamada por indígenas enawene-nawe.
"Las ciudades en las fronteras agrícolas de la Amazonia son tierra sin ley. La reacción de los productores rurales es normal aquí. Para ellos nuestro objetivo es obstaculizar los proyectos agrícolas y ganaderos", dijo en una entrevista el ingeniero forestal Marcelo Marquesina, de la campaña Amazonia de Greenpeace.
A fines de agosto, un juzgado federal suspendió 99 proyectos de asentamiento rural creados desde 2005 por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) en el oeste de Pará. El fallo fue resultado de una denuncia de Greenpeace.
La denuncia alegaba que el Incra aceleró la creación de asentamientos en áreas ricas de la selva para atender intereses de empresas madereras.
* Este artículo forma parte de la serie sobre crecimiento sustentable de IPS y la Federación Internacional de Periodistas Ambientales (IFEJ, por sus siglas en inglés).
domingo, septiembre 09, 2007
Etanol brasileño divide a la agroindustria
Por Mario Osava, enviado especial * - IPS/IFEJ
Hay que frenar el "tsunami verde", dicen empresarios del agronegocio brasileño preocupados por el avance de la caña de azúcar para destilar alcohol carburante.
RIO VERDE, Brasil, 3 sep (Tierramérica).- La expansión de la caña de azúcar para producir más etanol en Brasil encontró una resistencia inesperada en Rio Verde, próspero municipio del central estado de Goiás: los empresarios agropecuarios.
El gobierno local, del conservador Partido Progresista, decidió imponer al cultivo cañero un límite de 10 por ciento del área agrícola municipal. Eso representa 50 mil hectáreas, ocho veces la superficie ya ocupada por la caña en el municipio, para abastecer a una vieja destilería de alcohol carburante o etanol.
La medida, reclamada por empresarios, fue propuesta por el alcalde Paulo Roberto Cunha y aprobada por unanimidad en el Concejo municipal.
El monocultivo de caña es "un tsunami verde que rompe la cadena productiva del agronegocio" y provoca "tragedias sociales" y ambientales si no es controlado, explicó en una entrevista el secretario de Industria y Comercio, Avelar Macedo, impulsor de las restricciones.
La ley municipal, vigente desde septiembre de 2005, también prohíbe la siembra de caña a menos de 50 metros de los manantiales y la quema del rastrojo de los cañaverales a menos de 20 kilómetros de áreas urbanas, cerca de zonas de protección ambiental, de cables eléctricos y carreteras.
La unión de gobernantes y empresarios locales defiende las "actividades diversificadas" que aseguraron un crecimiento promedio de la actividad económica del municipio de 30 por ciento anual desde 2001, según la Asociación Comercial e Industrial.
Rio Verde tiene industrias de aceite que procesan soja, cuyo subproducto, el salvado, alimenta al ganado. El maíz abastece a más de mil 600 criaderos de aves y porcinos, que son proveedores de Perdigão, grupo que hace siete años instaló en la ciudad el mayor complejo industrial de carnes de América Latina y ofrece siete mil 600 empleos directos y 35 mil indirectos, según Macedo.
Sorgo, frijoles, arroz y algodón son otros importantes productos del municipio, generando un amplio mercado para el comercio de tractores, máquinas e insumos agrícolas. La gran agroindustria fomentó la producción de envases en plantas metalúrgicas, de plásticos y cartón.
El resultado es una ciudad sin pobreza aparente, sin mendigos y con muchas señales de prosperidad, como la intensa actividad comercial y bancaria en la avenida central. Sus 136 mil habitantes disponen de cuatro instituciones universitarias que atraen a estudiantes de urbes cercanas.
Esa estructura agroindustrial encadenada, "que agrega valor localmente", está amenazada por la "euforia del etanol", señaló Macedo. La industria cañera no beneficia a la población, porque ofrece principalmente empleos temporales y mal remunerados, y compra sus máquinas e insumos a proveedores foráneos, explica.
Su expansión constituye un riesgo, porque los agricultores están "descapitalizados" por los bajos precios agrícolas y el valor desfavorable del dólar en los últimos años, y por lo tanto más vulnerables a las ofertas de arriendo o compra de sus tierras por los "usineiros", productores azucareros y alcoholeros, advirtió Macedo, él mismo hacendado y empresario de la construcción y el turismo.
La caña podría llevar progreso en el norte de Goiás, que vive un "vacío económico", pero quiere aprovechar la infraestructura ya implantada en el sur del estado, donde se ubica Rio Verde, señaló.
La ley que convirtió a Rio Verde en una referencia nacional, consultada por decenas de otras alcaldías preocupadas por el monocultivo, enfrenta una acción judicial del Sindicato de las Industrias Fabricantes de Alcohol de Goiás (Sifaeg).
Éste la acusa de inconstitucional por violar el derecho a la propiedad privada y entrometerse en la jurisdicción nacional.
La batalla judicial se prolongará por muchos años, coinciden las dos partes.
La caña ocupa entre 290 mil y 300 mil hectáreas en Goiás, que equivalen a apenas 0,8 por ciento del territorio estadual, y con la máxima expansión prevista alcanzaría sólo dos por ciento, menos de un tercio de la superficie que ocupa actualmente la soja, alegó Igor Montenegro, presidente de Sifaeg. A las 18 destilerías en funciones podrán sumarse hasta 20 en los próximos cinco años, "sin amenazar los granos".
Esa expansión demandaría una pequeña parte de la "inmensa área que puede ser liberada" por una sencilla mejora en el manejo de la ganadería, que actualmente se extiende por 57 por ciento del territorio goiano en "pastizales de baja productividad", sostuvo el entrevistado.
Montenegro busca contrarrestar la "histeria sin fundamento" de sectores económicos que nada tendrán que temer "si son competitivos y rentables". La agroindustria cañera, aseguró, es la que "más empleos ofrece en el agronegocio, un millón directos y seis millones indirectos" en todo Brasil. Y son cada vez menos temporales y más calificados, con la mecanización de la cosecha, acotó.
De hecho, no haría falta deforestar para ampliar los cañaverales o el cultivo de granos en Goiás, coincidió Emiliano Godoi, agrónomo y superintendente de Biodiversidad y Bosques de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno estadual. Pero la tradición es "abrir nuevos pastizales" y no recuperar los degradados, por ello la caña empuja la frontera de la deforestación.
Eso pone en riesgo al Cerrado, la sabana brasileña de bosques ralos que ocupa gran parte del centro del país. Se trata de un bioma muy afectado por el avance agrícola y que ha merecido poca atención de conocimiento y conservación.
En Goiás las áreas de conservación alcanzan apenas 4,87 por ciento del territorio estadual, "lo que es muy poco, pero hace cinco años era sólo uno por ciento", dijo Godoi. Además, la mayoría de los municipios incumplen la legislación que exige mantener por lo menos 20 por ciento de las tierras con la vegetación original.
Pero su preocupación respecto de la caña es "más social que ambiental". Durante la cosecha de mayo a noviembre, las pequeñas ciudades del interior reciben a miles de cortadores de caña que vienen de lejos, aumentando la prostitución y los embarazos de niñas y adolescentes.
La quema de los cañaverales para facilitar el corte contamina el aire, provocando enfermedades respiratorias. Así se acumulan los problemas que sobrecargan los servicios de alcaldías de escasos recursos, observó Godoi.
La contaminación de las quemas en Goiás es más perjudicial que en São Paulo, principal productor de azúcar y alcohol de Brasil, porque el aire del Cerrado en esta época es muy seco y mantiene por más tiempo en suspensión el material particulado concentrado, acotó. A eso se suma un saneamiento precario en la mayoría de las ciudades.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales).
Hay que frenar el "tsunami verde", dicen empresarios del agronegocio brasileño preocupados por el avance de la caña de azúcar para destilar alcohol carburante.
RIO VERDE, Brasil, 3 sep (Tierramérica).- La expansión de la caña de azúcar para producir más etanol en Brasil encontró una resistencia inesperada en Rio Verde, próspero municipio del central estado de Goiás: los empresarios agropecuarios.
El gobierno local, del conservador Partido Progresista, decidió imponer al cultivo cañero un límite de 10 por ciento del área agrícola municipal. Eso representa 50 mil hectáreas, ocho veces la superficie ya ocupada por la caña en el municipio, para abastecer a una vieja destilería de alcohol carburante o etanol.
La medida, reclamada por empresarios, fue propuesta por el alcalde Paulo Roberto Cunha y aprobada por unanimidad en el Concejo municipal.
El monocultivo de caña es "un tsunami verde que rompe la cadena productiva del agronegocio" y provoca "tragedias sociales" y ambientales si no es controlado, explicó en una entrevista el secretario de Industria y Comercio, Avelar Macedo, impulsor de las restricciones.
La ley municipal, vigente desde septiembre de 2005, también prohíbe la siembra de caña a menos de 50 metros de los manantiales y la quema del rastrojo de los cañaverales a menos de 20 kilómetros de áreas urbanas, cerca de zonas de protección ambiental, de cables eléctricos y carreteras.
La unión de gobernantes y empresarios locales defiende las "actividades diversificadas" que aseguraron un crecimiento promedio de la actividad económica del municipio de 30 por ciento anual desde 2001, según la Asociación Comercial e Industrial.
Rio Verde tiene industrias de aceite que procesan soja, cuyo subproducto, el salvado, alimenta al ganado. El maíz abastece a más de mil 600 criaderos de aves y porcinos, que son proveedores de Perdigão, grupo que hace siete años instaló en la ciudad el mayor complejo industrial de carnes de América Latina y ofrece siete mil 600 empleos directos y 35 mil indirectos, según Macedo.
Sorgo, frijoles, arroz y algodón son otros importantes productos del municipio, generando un amplio mercado para el comercio de tractores, máquinas e insumos agrícolas. La gran agroindustria fomentó la producción de envases en plantas metalúrgicas, de plásticos y cartón.
El resultado es una ciudad sin pobreza aparente, sin mendigos y con muchas señales de prosperidad, como la intensa actividad comercial y bancaria en la avenida central. Sus 136 mil habitantes disponen de cuatro instituciones universitarias que atraen a estudiantes de urbes cercanas.
Esa estructura agroindustrial encadenada, "que agrega valor localmente", está amenazada por la "euforia del etanol", señaló Macedo. La industria cañera no beneficia a la población, porque ofrece principalmente empleos temporales y mal remunerados, y compra sus máquinas e insumos a proveedores foráneos, explica.
Su expansión constituye un riesgo, porque los agricultores están "descapitalizados" por los bajos precios agrícolas y el valor desfavorable del dólar en los últimos años, y por lo tanto más vulnerables a las ofertas de arriendo o compra de sus tierras por los "usineiros", productores azucareros y alcoholeros, advirtió Macedo, él mismo hacendado y empresario de la construcción y el turismo.
La caña podría llevar progreso en el norte de Goiás, que vive un "vacío económico", pero quiere aprovechar la infraestructura ya implantada en el sur del estado, donde se ubica Rio Verde, señaló.
La ley que convirtió a Rio Verde en una referencia nacional, consultada por decenas de otras alcaldías preocupadas por el monocultivo, enfrenta una acción judicial del Sindicato de las Industrias Fabricantes de Alcohol de Goiás (Sifaeg).
Éste la acusa de inconstitucional por violar el derecho a la propiedad privada y entrometerse en la jurisdicción nacional.
La batalla judicial se prolongará por muchos años, coinciden las dos partes.
La caña ocupa entre 290 mil y 300 mil hectáreas en Goiás, que equivalen a apenas 0,8 por ciento del territorio estadual, y con la máxima expansión prevista alcanzaría sólo dos por ciento, menos de un tercio de la superficie que ocupa actualmente la soja, alegó Igor Montenegro, presidente de Sifaeg. A las 18 destilerías en funciones podrán sumarse hasta 20 en los próximos cinco años, "sin amenazar los granos".
Esa expansión demandaría una pequeña parte de la "inmensa área que puede ser liberada" por una sencilla mejora en el manejo de la ganadería, que actualmente se extiende por 57 por ciento del territorio goiano en "pastizales de baja productividad", sostuvo el entrevistado.
Montenegro busca contrarrestar la "histeria sin fundamento" de sectores económicos que nada tendrán que temer "si son competitivos y rentables". La agroindustria cañera, aseguró, es la que "más empleos ofrece en el agronegocio, un millón directos y seis millones indirectos" en todo Brasil. Y son cada vez menos temporales y más calificados, con la mecanización de la cosecha, acotó.
De hecho, no haría falta deforestar para ampliar los cañaverales o el cultivo de granos en Goiás, coincidió Emiliano Godoi, agrónomo y superintendente de Biodiversidad y Bosques de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno estadual. Pero la tradición es "abrir nuevos pastizales" y no recuperar los degradados, por ello la caña empuja la frontera de la deforestación.
Eso pone en riesgo al Cerrado, la sabana brasileña de bosques ralos que ocupa gran parte del centro del país. Se trata de un bioma muy afectado por el avance agrícola y que ha merecido poca atención de conocimiento y conservación.
En Goiás las áreas de conservación alcanzan apenas 4,87 por ciento del territorio estadual, "lo que es muy poco, pero hace cinco años era sólo uno por ciento", dijo Godoi. Además, la mayoría de los municipios incumplen la legislación que exige mantener por lo menos 20 por ciento de las tierras con la vegetación original.
Pero su preocupación respecto de la caña es "más social que ambiental". Durante la cosecha de mayo a noviembre, las pequeñas ciudades del interior reciben a miles de cortadores de caña que vienen de lejos, aumentando la prostitución y los embarazos de niñas y adolescentes.
La quema de los cañaverales para facilitar el corte contamina el aire, provocando enfermedades respiratorias. Así se acumulan los problemas que sobrecargan los servicios de alcaldías de escasos recursos, observó Godoi.
La contaminación de las quemas en Goiás es más perjudicial que en São Paulo, principal productor de azúcar y alcohol de Brasil, porque el aire del Cerrado en esta época es muy seco y mantiene por más tiempo en suspensión el material particulado concentrado, acotó. A eso se suma un saneamiento precario en la mayoría de las ciudades.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales).
lunes, septiembre 03, 2007
Probarán en Los Tuxtlas plan para reducir gases de efecto invernadero
Permitirá captura y conversión de carbono; el país podrá expedir certificados de emisiones bajas
El proyecto de la Conafor y la Conanp abarcará 15 mil hectáreas de 27 ejidos de Veracruz
ANDRES T. MORALES
La jornada
San Andrés Tuxtla, Ver., 17 de agosto. Las comisiones Nacional Forestal (Conafor) y la Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) eligieron a la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, en Veracruz, para desarrollar un programa piloto de captura y conversión de carbono, que contribuya a reducir los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI).
La medida permitirá al gobierno mexicano expedir certificados de emisiones reducidas de carbobonos o biomasa forestal, que es la cantidad de materia orgánica producida en un área de la superficie terrestre, o por bosques y selvas en este caso.
Los carbobonos serán colocados en el mercado internacional por el Banco Mundial (BM) y serán comprados por países desarrollados que no lograron cumplir sus metas para desarrollar programas de reducción de GEI en sus territorios.
El proyecto pretende aplicarse en 15 mil hectáreas de 27 ejidos localizados en la zona selvática de Los Tuxtlas, y en un plazo de cinco años podrían emitirse los carbobonos por 4 mil millones de dólares que ampararían hasta 800 mil toneladas de carbono capturado y convertido en biomasa.
Representantes del BM, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Conafor recorrieron los ejidos Adolfo Ruiz Cortines y Santa Rosa Abata, ubicados en la reserva de los Tuxtlas, antes de la integración del proyecto que será presentado el 4 de septiembre para concursar por el financiamiento, que consta actualmente de un fondo de 28 mil millones de dólares.
Ricardo Hernández, representante de Bio Carbon Fund, del BM, recordó que México, como integrante del Protocolo de Kyoto, es uno de los países que no forman parte del llamado Anexo 1, que incluye a las naciones desarrolladas obligadas a reducir sus emanaciones de gases de efecto invernadero hasta en 5.2 por ciento -respecto a los niveles de 1990-, antes de 2012.
Recordó que los países desarrollados que no logren cumplir sus metas de reducción de gases de efecto invernadero están obligados a desarrollar alternativas para compensarlo, entre ellas la compra de carbobonos emitidos por naciones en vías de desarrollo que aplican medidas de conservación forestal, reforestación de espacios y conversión del dióxido de carbono en biomasa.
El BM "es un intermediario, es la instancia en la que se depositan las aportaciones de los países desarrollados -actualmente de 28 mil millones de dólares-, la que revisa proyectos y ayuda a su supervisión técnica".
Así, con un proyecto de captura de carbono y su conversión en biomasa, México puede acceder a financiamiento internacional para desarrollar proyectos de captura de carbono y colocar certificados que garanticen el proceso en el mercado internacional.
Leonel Iglesias Gutiérrez, gerente de Servicios Ambientales del Bosque, dependiente de la Conafor, citó que el 4 de septiembre se presentará ante el BM el proyecto para la captura de carbono y emisión de certificados de emisiones reducidas en 15 mil hectáreas distribuidas en 27 poblados, en su mayoría indígenas.
Para ello, la Conafor presentará en diciembre su inventario de zonas forestales, tasadas también en la cantidad de biomasa existente, para que en 2013 se efectúen los estudios técnicos que evalúen el incremento de carbobonos para medir la cantidad de carbono capturado.
El objetivo, precisó la Conafor, es que este programa se reproducirá posteriormente en el sur-sureste del país, principalmente en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Puebla, donde hay un gran potencial para la captura de carbono y la emisión de certificados en el ámbito internacional.
En el Plan Nacional de Desarrollo, la Federación señala la necesidad de ubicar bajo decretos de áreas naturales protegidas a 3 millones de hectáreas, además de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo podría colaborar en proyectos de al menos 120 mil hectáreas.
El proyecto de la Conafor y la Conanp abarcará 15 mil hectáreas de 27 ejidos de Veracruz
ANDRES T. MORALES
La jornada
San Andrés Tuxtla, Ver., 17 de agosto. Las comisiones Nacional Forestal (Conafor) y la Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) eligieron a la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, en Veracruz, para desarrollar un programa piloto de captura y conversión de carbono, que contribuya a reducir los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI).
La medida permitirá al gobierno mexicano expedir certificados de emisiones reducidas de carbobonos o biomasa forestal, que es la cantidad de materia orgánica producida en un área de la superficie terrestre, o por bosques y selvas en este caso.
Los carbobonos serán colocados en el mercado internacional por el Banco Mundial (BM) y serán comprados por países desarrollados que no lograron cumplir sus metas para desarrollar programas de reducción de GEI en sus territorios.
El proyecto pretende aplicarse en 15 mil hectáreas de 27 ejidos localizados en la zona selvática de Los Tuxtlas, y en un plazo de cinco años podrían emitirse los carbobonos por 4 mil millones de dólares que ampararían hasta 800 mil toneladas de carbono capturado y convertido en biomasa.
Representantes del BM, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Conafor recorrieron los ejidos Adolfo Ruiz Cortines y Santa Rosa Abata, ubicados en la reserva de los Tuxtlas, antes de la integración del proyecto que será presentado el 4 de septiembre para concursar por el financiamiento, que consta actualmente de un fondo de 28 mil millones de dólares.
Ricardo Hernández, representante de Bio Carbon Fund, del BM, recordó que México, como integrante del Protocolo de Kyoto, es uno de los países que no forman parte del llamado Anexo 1, que incluye a las naciones desarrolladas obligadas a reducir sus emanaciones de gases de efecto invernadero hasta en 5.2 por ciento -respecto a los niveles de 1990-, antes de 2012.
Recordó que los países desarrollados que no logren cumplir sus metas de reducción de gases de efecto invernadero están obligados a desarrollar alternativas para compensarlo, entre ellas la compra de carbobonos emitidos por naciones en vías de desarrollo que aplican medidas de conservación forestal, reforestación de espacios y conversión del dióxido de carbono en biomasa.
El BM "es un intermediario, es la instancia en la que se depositan las aportaciones de los países desarrollados -actualmente de 28 mil millones de dólares-, la que revisa proyectos y ayuda a su supervisión técnica".
Así, con un proyecto de captura de carbono y su conversión en biomasa, México puede acceder a financiamiento internacional para desarrollar proyectos de captura de carbono y colocar certificados que garanticen el proceso en el mercado internacional.
Leonel Iglesias Gutiérrez, gerente de Servicios Ambientales del Bosque, dependiente de la Conafor, citó que el 4 de septiembre se presentará ante el BM el proyecto para la captura de carbono y emisión de certificados de emisiones reducidas en 15 mil hectáreas distribuidas en 27 poblados, en su mayoría indígenas.
Para ello, la Conafor presentará en diciembre su inventario de zonas forestales, tasadas también en la cantidad de biomasa existente, para que en 2013 se efectúen los estudios técnicos que evalúen el incremento de carbobonos para medir la cantidad de carbono capturado.
El objetivo, precisó la Conafor, es que este programa se reproducirá posteriormente en el sur-sureste del país, principalmente en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Puebla, donde hay un gran potencial para la captura de carbono y la emisión de certificados en el ámbito internacional.
En el Plan Nacional de Desarrollo, la Federación señala la necesidad de ubicar bajo decretos de áreas naturales protegidas a 3 millones de hectáreas, además de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo podría colaborar en proyectos de al menos 120 mil hectáreas.
Pagan por el ambiente
Guatemala, viernes 17 de agosto de 2007
Prensa libre.com
Con el propósito de que las comunidades que protegen los recursos naturales reciban una compensación por ese trabajo, ayer quedó formalmente integrada la Red Guatemalteca de Servicios Ambientales.
La red está integrada por diez instituciones gubernamentales y no gubernamentales, cuyo propósito es apoyar a las comunidades para que desarrollen proyectos de conservación de bosques, agua, suelos, belleza escénica y especies en peligro de extinción, explicó Lorena Córdova, del Instituto Nacional de Bosques (Inab).
Otra función de la red será buscar fondos para financiar proyectos, además de coordinar a las instituciones que tienen objetivos parecidos, añadió Miguel Martínez, del Fondo Mundial para la Naturaleza.
Córdova mencionó como ejemplo la finca El Chilar, en Palín, Escuintla, donde una comunidad indígena recibe pago por cuidar un bosque que produce el agua que surte a la cabecera departamental.
Prensa libre.com
Con el propósito de que las comunidades que protegen los recursos naturales reciban una compensación por ese trabajo, ayer quedó formalmente integrada la Red Guatemalteca de Servicios Ambientales.
La red está integrada por diez instituciones gubernamentales y no gubernamentales, cuyo propósito es apoyar a las comunidades para que desarrollen proyectos de conservación de bosques, agua, suelos, belleza escénica y especies en peligro de extinción, explicó Lorena Córdova, del Instituto Nacional de Bosques (Inab).
Otra función de la red será buscar fondos para financiar proyectos, además de coordinar a las instituciones que tienen objetivos parecidos, añadió Miguel Martínez, del Fondo Mundial para la Naturaleza.
Córdova mencionó como ejemplo la finca El Chilar, en Palín, Escuintla, donde una comunidad indígena recibe pago por cuidar un bosque que produce el agua que surte a la cabecera departamental.
martes, agosto 28, 2007
Cruzada verde en Nicaragua
Por José Adán Silva
Nicaragua intenta revertir la pérdida de recursos hídricos con una masiva plantación de árboles, necesarios para captar la lluvia en áreas de recarga de ríos y lagunas.
MANAGUA, 13 ago (Tierramérica).- El gobierno de Nicaragua lanzó una campaña nacional para reforestar 60 mil hectáreas anuales de bosques y recuperar 18 ríos perdidos por la tala descontrolada de los últimos años.
La Campaña Nacional de Reforestación se lanzó oficialmente en junio y comenzó en julio en varios municipios de Managua, principalmente en las riberas de lagunas y ríos contaminados por basura y aguas servidas de la capital.
La meta de reforestar 60 mil hectáreas por año se extenderá hasta 2012 y contará con la ayuda de alcaldías, estudiantes de primaria y secundaria, voluntarios ambientalistas, miembros de la policía y del ejército de Nicaragua, explicó William Schwartz, director del estatal Instituto Nacional Forestal (Inafor).
Más de 210 especies se plantarán según zona, clima y tipo de suelo, señaló la Oficina de Fomento Municipal del Inafor. Por ejemplo, en el norte, más frío, se siembran pinares, y en el centro, más cálido, árboles latifoliados.
La "cruzada verde" se hará con el presupuesto asignado este año al Inafor, de unos ocho millones de dólares.
Cuenta con el respaldo pleno del presidente Daniel Ortega y con la cooperación de los ministerios de Agricultura y Ganadería, y de Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Desarrollo Rural y la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, señaló Schwartz.
Hasta agosto, la cifra de árboles plantados supera los 300 mil en la franja del Pacífico y centro de Nicaragua, según datos de la Oficina de Fomento Forestal.
Mario García, técnico de esa oficina, dijo que las zonas prioritarias son las nacientes de 18 ríos desaparecidos entre los occidentales departamentos de León, Chinandega, Matagalpa, Estelí y Jinotega.
Los bosques juegan un papel crucial en las zonas de recarga hídrica de ríos y lagos, pues captan la lluvia y la infiltran a napas subterráneas y acuíferos que alimentan los cuerpos superficiales de agua.
"Sembrar un árbol sólo por sembrarlo no es beneficioso si no va acompañado de otro propósito, como rescatar las fuentes de agua que tanto necesita la población nicaragüense", explicó García.
El funcionario detalló que esta campaña incluye otra, educativa, para que campesinos y ganaderos cambien sus métodos tradicionales de quema de bosques y riego de plantaciones por sistemas más sustentables.
El ecologista independiente Kamilo Lara dijo a Tierramérica que, aunque la cruzada es elogiable, el éxito dependerá del respaldo que el gobierno logre obtener de las 153 alcaldías del país, 58 de las cuales pertenecen a candidatos del opositor Partido Liberal Constitucionalista.
"Las alcaldías son un buen gancho para la efectividad de las campañas, pero si no se hace directamente con las comunidades, la campaña no va a obtener los resultados deseados", comentó Lara.
Según datos del Ministerio del Ambiente, en 1950 existían aproximadamente ocho millones de hectáreas de bosques en el territorio nacional. Actualmente la cobertura boscosa desciende a tres millones de hectáreas y baja cada año.
La cruzada nacional de reforestación "es una carrera contra el tiempo", advirtió Schwartz.
Según estadísticas del gobierno, cada año se talan de manera ilegal cerca de 70 mil hectáreas de bosques. "A ese ritmo, si no se busca cómo frenar esta actividad, en 40 años Nicaragua estará convertida en un desierto", advirtió Schwartz.
El presidente Ortega ordenó que el ejército aumente la vigilancia en carreteras que llegan a las zonas boscosas, principalmente de las áreas protegidas de Bosawa (norte) y de la Reserva Biológica Indio Maíz (sur). Según el mandatario, en esas zonas operan bandas de traficantes de maderas preciosas que las cortan y trasiegan ilegalmente dentro de Honduras y a Costa Rica.
En junio de 2006 el gobierno decretó una Ley de Veda Forestal para detener por 10 años la comercialización de cedro (Cedrela odorata), pochote (Bombacopsis quinata), pino (Pinaceae), mangle (Rhizophoraceae) y ceibo (Erythrina crista-galli).
El experto en manejo de recursos naturales Guillermo Bendaña García expresó a Tierramérica que la advertencia de Schwartz sobre el futuro "no es extremista" y "se encuentra más cerca de la realidad de lo que imaginamos".
Bendaña, autor del libro "Problemas ecológicos globales: ¿El principio del fin de la especie humana?", señaló que el ritmo de destrucción ambiental en América Central podría dejar sin agua al istmo en menos de 30 años.
Un control forestal independiente realizado entre agosto de 2006 y marzo de 2007 por la empresa Global Witness, sostiene que en Nicaragua se pierden entre 70 mil y 180 mil hectáreas de bosque cada año y con ello se deteriora el acceso a las fuentes de agua de consumo humano.
El Informe de Desarrollo Humano 2007, presentado en junio por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), establece que más de 70 por ciento de los 5,1 millones de nicaragüenses carecen de agua potable.
* El autor es colaborador de IPS.
Nicaragua intenta revertir la pérdida de recursos hídricos con una masiva plantación de árboles, necesarios para captar la lluvia en áreas de recarga de ríos y lagunas.
MANAGUA, 13 ago (Tierramérica).- El gobierno de Nicaragua lanzó una campaña nacional para reforestar 60 mil hectáreas anuales de bosques y recuperar 18 ríos perdidos por la tala descontrolada de los últimos años.
La Campaña Nacional de Reforestación se lanzó oficialmente en junio y comenzó en julio en varios municipios de Managua, principalmente en las riberas de lagunas y ríos contaminados por basura y aguas servidas de la capital.
La meta de reforestar 60 mil hectáreas por año se extenderá hasta 2012 y contará con la ayuda de alcaldías, estudiantes de primaria y secundaria, voluntarios ambientalistas, miembros de la policía y del ejército de Nicaragua, explicó William Schwartz, director del estatal Instituto Nacional Forestal (Inafor).
Más de 210 especies se plantarán según zona, clima y tipo de suelo, señaló la Oficina de Fomento Municipal del Inafor. Por ejemplo, en el norte, más frío, se siembran pinares, y en el centro, más cálido, árboles latifoliados.
La "cruzada verde" se hará con el presupuesto asignado este año al Inafor, de unos ocho millones de dólares.
Cuenta con el respaldo pleno del presidente Daniel Ortega y con la cooperación de los ministerios de Agricultura y Ganadería, y de Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto de Desarrollo Rural y la Comisión del Medio Ambiente de la Asamblea Nacional, señaló Schwartz.
Hasta agosto, la cifra de árboles plantados supera los 300 mil en la franja del Pacífico y centro de Nicaragua, según datos de la Oficina de Fomento Forestal.
Mario García, técnico de esa oficina, dijo que las zonas prioritarias son las nacientes de 18 ríos desaparecidos entre los occidentales departamentos de León, Chinandega, Matagalpa, Estelí y Jinotega.
Los bosques juegan un papel crucial en las zonas de recarga hídrica de ríos y lagos, pues captan la lluvia y la infiltran a napas subterráneas y acuíferos que alimentan los cuerpos superficiales de agua.
"Sembrar un árbol sólo por sembrarlo no es beneficioso si no va acompañado de otro propósito, como rescatar las fuentes de agua que tanto necesita la población nicaragüense", explicó García.
El funcionario detalló que esta campaña incluye otra, educativa, para que campesinos y ganaderos cambien sus métodos tradicionales de quema de bosques y riego de plantaciones por sistemas más sustentables.
El ecologista independiente Kamilo Lara dijo a Tierramérica que, aunque la cruzada es elogiable, el éxito dependerá del respaldo que el gobierno logre obtener de las 153 alcaldías del país, 58 de las cuales pertenecen a candidatos del opositor Partido Liberal Constitucionalista.
"Las alcaldías son un buen gancho para la efectividad de las campañas, pero si no se hace directamente con las comunidades, la campaña no va a obtener los resultados deseados", comentó Lara.
Según datos del Ministerio del Ambiente, en 1950 existían aproximadamente ocho millones de hectáreas de bosques en el territorio nacional. Actualmente la cobertura boscosa desciende a tres millones de hectáreas y baja cada año.
La cruzada nacional de reforestación "es una carrera contra el tiempo", advirtió Schwartz.
Según estadísticas del gobierno, cada año se talan de manera ilegal cerca de 70 mil hectáreas de bosques. "A ese ritmo, si no se busca cómo frenar esta actividad, en 40 años Nicaragua estará convertida en un desierto", advirtió Schwartz.
El presidente Ortega ordenó que el ejército aumente la vigilancia en carreteras que llegan a las zonas boscosas, principalmente de las áreas protegidas de Bosawa (norte) y de la Reserva Biológica Indio Maíz (sur). Según el mandatario, en esas zonas operan bandas de traficantes de maderas preciosas que las cortan y trasiegan ilegalmente dentro de Honduras y a Costa Rica.
En junio de 2006 el gobierno decretó una Ley de Veda Forestal para detener por 10 años la comercialización de cedro (Cedrela odorata), pochote (Bombacopsis quinata), pino (Pinaceae), mangle (Rhizophoraceae) y ceibo (Erythrina crista-galli).
El experto en manejo de recursos naturales Guillermo Bendaña García expresó a Tierramérica que la advertencia de Schwartz sobre el futuro "no es extremista" y "se encuentra más cerca de la realidad de lo que imaginamos".
Bendaña, autor del libro "Problemas ecológicos globales: ¿El principio del fin de la especie humana?", señaló que el ritmo de destrucción ambiental en América Central podría dejar sin agua al istmo en menos de 30 años.
Un control forestal independiente realizado entre agosto de 2006 y marzo de 2007 por la empresa Global Witness, sostiene que en Nicaragua se pierden entre 70 mil y 180 mil hectáreas de bosque cada año y con ello se deteriora el acceso a las fuentes de agua de consumo humano.
El Informe de Desarrollo Humano 2007, presentado en junio por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), establece que más de 70 por ciento de los 5,1 millones de nicaragüenses carecen de agua potable.
* El autor es colaborador de IPS.
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