Ecoportal 22/09/11
La Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA) y demás organizaciones y activistas abajo firmantes rechazan y llaman a rechazar la iniciativa liderada por la WWF, conocida como “Proyecto de Plantaciones de Nueva Generación” (NGPP por su sigla en inglés). Denunciamos este tipo de maniobras como una forma de prestarse a los intereses mercantiles de empresas que no dudan en violentar los derechos de las comunidades donde imponen sus monocultivos de árboles al tiempo que hacemos un llamado público a todos los movimientos y organizaciones sociales a rechazar este proyecto de la WWF.
En el Día Internacional de Lucha contra los Monocultivos de Árboles, la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Árboles (RECOMA) y demás organizaciones y activistas abajo firmantes rechazan y llaman a rechazar la iniciativa liderada por la WWF [1], conocida como “Proyecto de Plantaciones de Nueva Generación” (NGPP por su sigla en inglés [2])
De acuerdo a la información disponible en su página web, la WWF plantea que “no se puede prescindir del comercio actual de las commodities[3] y los servicios que brindan las plantaciones de árboles”, y aún más, plantea la necesidad de mejorar el modelo forestal actual para mantener dicho flujo, conservar los ecosistemas prístinos y respetar los derechos de las comunidades. Y para lograrlo considera que basta con mejorar el manejo de las plantaciones.
Sin embargo, es el comercio actual de commodities y, puesto de forma más amplia, el modelo de producción y consumo actual, el que está en la raíz de los problemas que la humanidad sufre actualmente. Y en ningún momento la WWF hace una crítica a este modelo o se plantea cambiarlo. Quiere creer o hacer creer que por acto de magia se resolverán las contradicciones intrínsecas de la forestación industrial: concentración de la tierra, desalojo de comunidades locales y exclusión de otras formas productivas, agotamiento del agua y el suelo.
Los perjuicios sociales y ambientales de las plantaciones -en relación inversamente proporcional al lucro de las corporaciones- están directamente relacionados con el "modelo florestal" de escala industrial y en régimen de monocultivo, al cual WWF se refiere. Por eso, las grandes corporaciones forestales siempre han usado todas las estrategias posibles para maquillar de verde sus actividades. Y la WWF les viene como anillo al dedo para tal fin. La única preocupación de esta organización, parece ser mantener y ampliar los mercados actuales de las plantaciones.
Además de eso, una gran parte del NGPP está orientado a abrir las puertas al mercado del carbono y la energía para las plantaciones forestales, permitiendo así que aún mas tierras fértiles de las que millones de personas en América Latina dependen para su supervivencia sean ocupadas por grandes corporaciones.
La iniciativa NGPP involucra a un grupo de corporaciones del sector forestal (CMPC – Forestal Mininco, Masisa, Fibria, Masisa, Mondi, Portucel, Sabah Forest Industries, Stora Enso , Veracel, UPM-Kymmene) así como a la Administración Forestal del Estado de China, a la Comisión Forestal del Reino Unido y a la Iniciativa Forestal de Suecia.
En el sitio web de la Iniciativa se muestra una serie de ejemplos de plantaciones industriales en todo el mundo, que han ayudado a “conservar la biodiversidad”. De los nueve casos resaltados, cinco corresponden a plantaciones de árboles en América Latina que pertenecen a las empresas UPM (caso de estudio en Uruguay), Veracel/Stora Enso y Fibria (dos casos en Brasil), Masisa (Argentina) y CMPC / Forestal Mininco (caso en Chile). Todas y cada una de estas empresas acumulan en sus prontuarios denuncias por parte de las comunidades locales, que por supuesto WWF ha optado por ignorar.
Las denuncias van desde la violación de los derechos de las comunidades indígenas y tradicionales a sus territorios, ocupación ilegal de territorios, destrucción de valiosos ecosistemas y fuentes de agua, sustitución de tierras para la producción de alimentos por plantaciones, entre otras.
Desde RECOMA y demás organizaciones y activistas abajo firmantes denunciamos este tipo de maniobras como una forma de prestarse a los intereses mercantiles de empresas que no dudan en violentar los derechos de las comunidades donde imponen sus monocultivos de árboles. al tiempo que hacemos un llamado público a todos los movimientos y organizaciones sociales a rechazar este proyecto de la WWF.
Lanzamos este comunicado como parte de las acciones del Día Internacional de Lucha contra los monocultivos de Árboles, al tiempo que recordamos a Ricardo Carrere quien durante su vida y trabajo en el WRM y RECOMA, ayudó a impulsar la lucha contra las plantaciones de árboles y sus impactos negativos reivindicando los derechos de las comunidades locales y los Pueblos Indígenas sobre sus territorios. www.ecoportal.net
21 de setiembre de 2011
Organizaciones integrantes de la Red Latinoamericana contra los Monocultivos de Arboles:
* Federación Argentina Amigos de la Tierra
* Foro Boliviano sobre Medio Ambiente y Desarrollo - FOBOMADE
* Red Alerta contra el Desierto Verde (Brasil)
* Federação de Orgãos para Assistência Social e Educacional - Espírito (Brasil)
* Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales - OLCA (Chile)
* Centro Nacional Salud Ambiente y Trabajo - CENSAT Agua Viva (Colombia) Comunidades Ecológicas la Ceiba - COECOCEIBA (Costa Rica)
* Acción Ecológica (Ecuador)
* Centro Salvadoreño de Tecnología Apropiada - CESTA (El Salvador)
* Savia, Escuela de Pensamiento Ecologista (Guatemala)
* Madre Tierra (Honduras)
* Otros Mundos/Amigos de la Tierra de México (México)
* Facilitacion para America Latina Iniciativa contra los Agronegocios (Nicaragua )
* Sobrevivencia (Paraguay)
* Programa de Defensa de Derechos Indígenas (Perú)
* Red de Ecología Social - REDES – Amigos de la Tierra (Uruguay)
* Amigos en Defensa de la Gran Sabana - AMIGRANSA (Venezuela)
Referencias:
[1] Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por su sigla en inglés)
[2] vea la págna web del proyecto en: http://newgenerationplantations.com
[3] término anglosajón utilizado para definir aquellas mercancías transables a granel en los mercados financieros internacionales
viernes, septiembre 30, 2011
Denuncian violencia contra escuelas comunitarias de Chiapas
El Congreso Nacional de Educación Indígena señaló despojos y amenazas contra centros educativos de la comunidad de Guaquitepec, en el municipio de Chilón
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Lunes 26 de septiembre de 2011
Óscar Gutiérrez/ Corresponsal | El Universal
El Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural denunció despojos, daños y amenazas de grupos caciquiles contra dos centros educativos de la comunidad Guaquitepec del municipio de Chilón.
La representación educativa demandó al gobierno chiapaneco garantías medidas cautelares para evitar escaladas de violencia contra personal docente, alumnos y familiares en la secundaria bilingüe Emiliano Zapata y la de bachillerato intercultural Bartolomé de las Casas.
A través de un comunicado, el Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural denunció "violentas, agresiones, amenazas, allanamiento y destrucción de las instalaciones de nuestras escuelas y otras áreas del proyecto del Patronato Pro Educación Mexicano", responsable de la educación comunitaria en ambos centros educativos.
Los denunciantes exigieron al secretario general de Gobierno, Noé Castañón León y al procurador estatal de justicia, Raciel López Salazar la aprehensión de los presuntos responsables de los hechos violentos, identificados como caciques y manipuladores de un grupo de campesinos involucrados en el conflicto.
"Exigimos la restitución del inmueble despojado a la escuela Emiliano Zapata y la reparación de daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones y equipos de todas las áreas del Patronato Pro Educación Mexicano", subrayaron.
Reiteraron su demanda de legalidad al gobierno del perredista, Juan José Sabines Guerrero:
"Que haya inmediata actuación de las autoridades competentes para evitar una escalada del conflicto , más enfrentamientos y consecuencias que lamentar".
ml
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas | Lunes 26 de septiembre de 2011
Óscar Gutiérrez/ Corresponsal | El Universal
El Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural denunció despojos, daños y amenazas de grupos caciquiles contra dos centros educativos de la comunidad Guaquitepec del municipio de Chilón.
La representación educativa demandó al gobierno chiapaneco garantías medidas cautelares para evitar escaladas de violencia contra personal docente, alumnos y familiares en la secundaria bilingüe Emiliano Zapata y la de bachillerato intercultural Bartolomé de las Casas.
A través de un comunicado, el Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural denunció "violentas, agresiones, amenazas, allanamiento y destrucción de las instalaciones de nuestras escuelas y otras áreas del proyecto del Patronato Pro Educación Mexicano", responsable de la educación comunitaria en ambos centros educativos.
Los denunciantes exigieron al secretario general de Gobierno, Noé Castañón León y al procurador estatal de justicia, Raciel López Salazar la aprehensión de los presuntos responsables de los hechos violentos, identificados como caciques y manipuladores de un grupo de campesinos involucrados en el conflicto.
"Exigimos la restitución del inmueble despojado a la escuela Emiliano Zapata y la reparación de daños y perjuicios ocasionados a las instalaciones y equipos de todas las áreas del Patronato Pro Educación Mexicano", subrayaron.
Reiteraron su demanda de legalidad al gobierno del perredista, Juan José Sabines Guerrero:
"Que haya inmediata actuación de las autoridades competentes para evitar una escalada del conflicto , más enfrentamientos y consecuencias que lamentar".
ml
Combate el Congreso ‘plaga’ de transgénicos
Noticias de Oaxaca, 29 Sep 2011
Oaxaca, Oax.- Proponen Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos
No es una guerra, pero sí la confrontación entre la tecnociencia y la etnociencia. Las visiones entre la amnesia y la memoria. Se trata de la pelea por la defensa de los maíces nativos frente a los transgénicos. Pelea que se dramatiza y otros actores rasgan sus vestiduras.
Marlene Aldeco Reyes Retana y Florencia Carolina Aparicio Sánchez, diputadas locales, por el Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional rechazan de entrada estar del lado de las cinco compañías transnacionales que, en nombre de la ganancia capitalista, intenta controlar los designios de la naturaleza.
Por separado, las legisladoras han presentado sus iniciativas al pleno de la LXI Legislatura. La panista con el título “Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca”, con fecha 21 de junio.
En su iniciativa se pronuncia contra el ingreso de la siembra del maíz transgénico en el territorio estatal.
Anota: “Los efectos que producen las semillas genéticamente modificadas en los lugares donde son utilizadas han provocado que países de distintas partes del mundo hayan prohibido su utilización, por ello, es necesario que protejamos los campos de nuestra entidad oaxaqueña y al maíz criollo creando el órgano regulador respectivo y los lineamiento necesarios…”
El pasado 23 de marzo, a propuesta de la diputada Florencia Carolina Aparicio Sánchez, el pleno de la LXI Legislatura acordó como Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus facultades haga comparecer al titular de la Sagarpa para que explique las razones por las que durante los primeros días de marzo otorgó el primer permiso para prueba piloto de maíz transgénico en el estado de Tamaulipas a la transnacional Monsanto.
También los legisladores del PRI, PAN, PRD, PT, PC y UNP exhortaron al gobernador Gabino Cué Monteagudo para que instruya al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (Sedafp) para prohibir los permisos que pretenda otorgar la Sagarpa a siembras experimentales y piloto de maíz transgénicos en el territorio estatal.
RECHAZO DE PRODUCTORES
Sin embargo, hace dos semanas, organizaciones sociales desaprobaron las iniciativas de Ley presentadas por diputadas del PRI y del PAN en el Congreso del Estado, supuestamente para proteger el maíz, “porque permitirá el ingreso y la siembra de semillas transgénicas”.
Gabriela Linares Sosa, comisionada de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo), sostuvo que las propuestas de ley “no protegen al maíz nativo sino por el contrario, facilitarían su saqueo por empresas transnacionales quienes tratan de dominar la producción alimentaria del planeta”.
Estas dos iniciativas de Ley, anotó, agreden la inteligencia de la población oaxaqueña “por ignorar la lucha de resistencia contra la siembra de maíces transgénicos que se inició después de que en el año 2001 se descubriera la contaminación en los maíces nativos de la Sierra Juárez, los Valles Centrales y el Istmo”.
Ambas iniciativas de Ley --subrayó--, “otorgan certeza jurídica solo a productores registrados, término que excluye a los campesinos indígenas que producen para autoconsumo, quienes siguen siendo la mayoría en el estado a pesar de las políticas públicas establecidas en su contra ya que las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas a la utilización de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento”.
Las críticas a sus iniciativas, “son totalmente bienvenidas”, coincidieron en responder las mujeres legisladoras, invitaron a todas las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, productoras, a las autoridades comunales, ejidales, pequeños propietarios, a las autoridades municipales a conocer de fondo las propuestas de ley, “nos queda la duda si ya conocen a fondo las iniciativas, porque hay conceptos y apreciaciones equivocadas”, respondieron.
Aparicio Sánchez, diputada del PRI, sostuvo que es tiempo de disponer de una política pública alimentaria congruente con la realidad del campo oaxaqueño, que incentive a los productores de maíz nativo con financiamiento, comercio justo, investigación, organización, transferencia de tecnología, protección y fomento entre otros, que les permita hacer frente a los altos costos en el precio del maíz.
Pero sobre todo, resaltó, “conservar la riqueza genética de los maíces nativos, orgullo y patrimonio de los pueblos originarios del estado de Oaxaca”.
Nuestra propuesta, “Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca” añadió, es fomentar las diversas razas de maíz nativo en la entidad; su desarrollo productivo de manera sustentable e integral de las razas de maíces nativos en las regiones; crear un padrón estatal de productores originarios, custodios y aquellos involucrados; crear un banco de semillas de maíz de las diversas razas; crear el banco de germoplasma y promover convenios de asesoría permanente con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), así como con los bancos comunitarios.
Otra de las aportaciones, manifestó Aparicio Sánchez, es la siembra de maíz nativo basado en principios ecológicos, para fomentar la agricultura orgánica y alcanzar su certificación.
En cuanto al maíz transgénicos, organismos genéticamente modificados (OGM), sólo, podrían ser almacenados y comercializados si cuentan con autorizaciones federales y estatales.
De su lado Aldeco Reyes Retana comentó que su iniciativa rescata la elaboración de un directorio de productores originarios y custodios de los maíces criollos.
Invitó a todos los interesados en revisar las propuestas, aportar proponer, enriquecerlas, discutirlas con conocimiento porque esto es parte de la alternancia política donde todos pueden y deben aportar.
Del otro lado, la representación de la Unosjo solicitó a la Secretaría de Asuntos Indígenas que se involucre en el proceso de legislación sobre el maíz, parte de la cultura y la vida de los pueblos indígenas de Oaxaca.
Las milpas aún no se doblan ni jilotean. El debate toma forma…faltan surcos por recorrer.
Has de cuenta que sembramos una milpa… parecen decirse los promotores.
SEMILLAS Y GRANOS
Oaxaca conforma junto con otros estados de la República mexicana, los pueblos de origen y domesticación del maíz.
En la entidad subsisten 36 razas de maíz nativo, de las 65 cultivadas en el país, lo cual representa 58 por ciento de la riqueza biológica
Anualmente se siembran alrededor de 557 mil hectáreas de maíz para grano en Oaxaca, de las cuales 480 mil hectáreas corresponden a bajo potencial productivo y en su mayoría están ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación
150 mil toneladas, el déficit estatal
El rendimiento promedio de maíz es de 1.3 toneladas por hectárea (Sagarpa, Sedafp, Inifap)
El campo oaxaqueño
1 millón 396 mil 941 has
616 mil 500 has sembradas de maíz grano
475 mil 606 has cosechadas de maíz grano
621 mil 322 volumen de producción de maíz
LOS GRANEROS
Los principales productores
11 mil 700 ton Ayotzintepec (Cuenca del Papaloapan)
13 mil ton San Juan Guichicovi (Istmo)
11 mil 61 ton Juchitán de Zaragoza
RACIEL MARTÍNEZ
Oaxaca, Oax.- Proponen Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos
No es una guerra, pero sí la confrontación entre la tecnociencia y la etnociencia. Las visiones entre la amnesia y la memoria. Se trata de la pelea por la defensa de los maíces nativos frente a los transgénicos. Pelea que se dramatiza y otros actores rasgan sus vestiduras.
Marlene Aldeco Reyes Retana y Florencia Carolina Aparicio Sánchez, diputadas locales, por el Partido Acción Nacional y Revolucionario Institucional rechazan de entrada estar del lado de las cinco compañías transnacionales que, en nombre de la ganancia capitalista, intenta controlar los designios de la naturaleza.
Por separado, las legisladoras han presentado sus iniciativas al pleno de la LXI Legislatura. La panista con el título “Ley de Fomento y Protección del Maíz Criollo como Patrimonio Alimentario del Estado de Oaxaca”, con fecha 21 de junio.
En su iniciativa se pronuncia contra el ingreso de la siembra del maíz transgénico en el territorio estatal.
Anota: “Los efectos que producen las semillas genéticamente modificadas en los lugares donde son utilizadas han provocado que países de distintas partes del mundo hayan prohibido su utilización, por ello, es necesario que protejamos los campos de nuestra entidad oaxaqueña y al maíz criollo creando el órgano regulador respectivo y los lineamiento necesarios…”
El pasado 23 de marzo, a propuesta de la diputada Florencia Carolina Aparicio Sánchez, el pleno de la LXI Legislatura acordó como Punto de Acuerdo para exhortar al Congreso de la Unión para que en el ámbito de sus facultades haga comparecer al titular de la Sagarpa para que explique las razones por las que durante los primeros días de marzo otorgó el primer permiso para prueba piloto de maíz transgénico en el estado de Tamaulipas a la transnacional Monsanto.
También los legisladores del PRI, PAN, PRD, PT, PC y UNP exhortaron al gobernador Gabino Cué Monteagudo para que instruya al titular de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca (Sedafp) para prohibir los permisos que pretenda otorgar la Sagarpa a siembras experimentales y piloto de maíz transgénicos en el territorio estatal.
RECHAZO DE PRODUCTORES
Sin embargo, hace dos semanas, organizaciones sociales desaprobaron las iniciativas de Ley presentadas por diputadas del PRI y del PAN en el Congreso del Estado, supuestamente para proteger el maíz, “porque permitirá el ingreso y la siembra de semillas transgénicas”.
Gabriela Linares Sosa, comisionada de la Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca (Unosjo), sostuvo que las propuestas de ley “no protegen al maíz nativo sino por el contrario, facilitarían su saqueo por empresas transnacionales quienes tratan de dominar la producción alimentaria del planeta”.
Estas dos iniciativas de Ley, anotó, agreden la inteligencia de la población oaxaqueña “por ignorar la lucha de resistencia contra la siembra de maíces transgénicos que se inició después de que en el año 2001 se descubriera la contaminación en los maíces nativos de la Sierra Juárez, los Valles Centrales y el Istmo”.
Ambas iniciativas de Ley --subrayó--, “otorgan certeza jurídica solo a productores registrados, término que excluye a los campesinos indígenas que producen para autoconsumo, quienes siguen siendo la mayoría en el estado a pesar de las políticas públicas establecidas en su contra ya que las iniciativas están orientadas a localidades con producción intensiva, dedicadas a la utilización de fertilizantes, herbicidas y pesticidas, que favorecen a la agroindustria y a productores de alto rendimiento”.
Las críticas a sus iniciativas, “son totalmente bienvenidas”, coincidieron en responder las mujeres legisladoras, invitaron a todas las organizaciones sociales, indígenas, campesinas, productoras, a las autoridades comunales, ejidales, pequeños propietarios, a las autoridades municipales a conocer de fondo las propuestas de ley, “nos queda la duda si ya conocen a fondo las iniciativas, porque hay conceptos y apreciaciones equivocadas”, respondieron.
Aparicio Sánchez, diputada del PRI, sostuvo que es tiempo de disponer de una política pública alimentaria congruente con la realidad del campo oaxaqueño, que incentive a los productores de maíz nativo con financiamiento, comercio justo, investigación, organización, transferencia de tecnología, protección y fomento entre otros, que les permita hacer frente a los altos costos en el precio del maíz.
Pero sobre todo, resaltó, “conservar la riqueza genética de los maíces nativos, orgullo y patrimonio de los pueblos originarios del estado de Oaxaca”.
Nuestra propuesta, “Ley de Sustentabilidad de los Maíces Nativos del Estado de Oaxaca” añadió, es fomentar las diversas razas de maíz nativo en la entidad; su desarrollo productivo de manera sustentable e integral de las razas de maíces nativos en las regiones; crear un padrón estatal de productores originarios, custodios y aquellos involucrados; crear un banco de semillas de maíz de las diversas razas; crear el banco de germoplasma y promover convenios de asesoría permanente con el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias (INIFAP), así como con los bancos comunitarios.
Otra de las aportaciones, manifestó Aparicio Sánchez, es la siembra de maíz nativo basado en principios ecológicos, para fomentar la agricultura orgánica y alcanzar su certificación.
En cuanto al maíz transgénicos, organismos genéticamente modificados (OGM), sólo, podrían ser almacenados y comercializados si cuentan con autorizaciones federales y estatales.
De su lado Aldeco Reyes Retana comentó que su iniciativa rescata la elaboración de un directorio de productores originarios y custodios de los maíces criollos.
Invitó a todos los interesados en revisar las propuestas, aportar proponer, enriquecerlas, discutirlas con conocimiento porque esto es parte de la alternancia política donde todos pueden y deben aportar.
Del otro lado, la representación de la Unosjo solicitó a la Secretaría de Asuntos Indígenas que se involucre en el proceso de legislación sobre el maíz, parte de la cultura y la vida de los pueblos indígenas de Oaxaca.
Las milpas aún no se doblan ni jilotean. El debate toma forma…faltan surcos por recorrer.
Has de cuenta que sembramos una milpa… parecen decirse los promotores.
SEMILLAS Y GRANOS
Oaxaca conforma junto con otros estados de la República mexicana, los pueblos de origen y domesticación del maíz.
En la entidad subsisten 36 razas de maíz nativo, de las 65 cultivadas en el país, lo cual representa 58 por ciento de la riqueza biológica
Anualmente se siembran alrededor de 557 mil hectáreas de maíz para grano en Oaxaca, de las cuales 480 mil hectáreas corresponden a bajo potencial productivo y en su mayoría están ubicadas en localidades de alta y muy alta marginación
150 mil toneladas, el déficit estatal
El rendimiento promedio de maíz es de 1.3 toneladas por hectárea (Sagarpa, Sedafp, Inifap)
El campo oaxaqueño
1 millón 396 mil 941 has
616 mil 500 has sembradas de maíz grano
475 mil 606 has cosechadas de maíz grano
621 mil 322 volumen de producción de maíz
LOS GRANEROS
Los principales productores
11 mil 700 ton Ayotzintepec (Cuenca del Papaloapan)
13 mil ton San Juan Guichicovi (Istmo)
11 mil 61 ton Juchitán de Zaragoza
RACIEL MARTÍNEZ
Las Comunidades Cuentan Más denuncia omisiones del proceso oficial REDD+
De cara a la Consulta Global de Pueblos Indígenas en Panamá, la Iniciativa Las Comunidades Cuentan Más denuncia omisiones del proceso oficial REDD+ que ponen en desventaja a las comunidades locales y pueblos indígenas en el ejercicio de sus derechos fundamentales
Organizaciones demandan mayor información sobre la impementación de los proyectos en México y
Exigen al Gobierno Mexicano una política forestal sustentable y de desarrollo rural que contribuya al alivio a la pobreza y la reducción de las desigualdades en el marco de la definición de la Estrategia Nacional REDD+, y en concordancia con los compromisos internacionales establecidos en los Acuerdos de Cancún.
piden se garantice una interlocución efectiva con pueblos indígenas y comunidades locales.
México, D.F., a 28 de septiembre 2011. - La implementación de los llamados "Acuerdos de Cancún" establecidos en la 16 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizó en nuestro país a finales del pasado año, ha tenido como uno de sus ejes fundamentales la elaboración de la Estrategia Nacional del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada... (ENA-REDD+).
En este proceso el Gobierno Mexicano, prioriza la agenda de mitigación sobre la política forestal-climática y de desarrollo rural sustentable, que en el marco del mecanismo REDD+ podría contribuir al alivio de la pobreza y a la reducción de desigualdades; en tano que la mayor población en pobreza marginal se encuentra en zona rural.
Particularmente, no ha reconocido la necesaria inclusión de los pueblos indígenas y comunidades locales que son dueños y poseedores de tierras y territorios, en los cuales se ubican los ecosistemas mejor conservados, y sobre los cuales las comunidades tienen reconocidos derechos colectivos, establecidos en instrumentos internacionales signados por México, como a) el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, b) el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y c) la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUPI), señaló Cecilio Solís de la Red Indígena de Turismo en México.
Considerando el precedente que en términos internacionale se ha avanzado en un reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas, las organizaciones que participamos en la Iniciativa Las Comunidades Cuentan Más, señalamos la disociación entre estos esfuerzos internacionales y el proceso de conformación de la ENA-REDD+ que México ha seguido; al no respetar los derechos de información, participación y consulta de las comunidades locales y pueblos indígenas, y al no llevar a cabo en tiempo y forma los mecanismos de participación, comunicacación y consulta que el mismo REDD+ establece para su desarrollo e implementación, comentó Clauda Gómez-Portugal de SAKBE Comunicación y Defensa para el Cambio.
Una omisión fundamental del proceso en México, contraviniendo el párrafo 72 de las Decisiones Adoptadas por la 16 Conferencia de las Partes, es que en la preparación de la ENA-REDD+ no se está observando la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, ya que el proceso oficial no ve como algo prioritario difundir e informar ampliamente a la población campesina e indígena sobre el proceso REDD+ como fase previa a la consulta, señaló Gustavo Sánchez de la Red Mexicana de Organizaciones Forestales Campesinas.
En el proceso de conformación de la ENA-REDD+, la instancia encargada CONAFOR, no ha hecho pública la información en su página de internet u otros medios idóneos, acerca de la ubicación exacta de los proyectos a implementar de Acciones Tempranas (AT), y los contratos con el Banco Mundial; y no ha contestado de manera adecuada las diversas solicitudes de información que la Iniciativa ha realizado, consistente en los contratos modelo con los dueños de las tierras para implementar los proyectos de AT, el esquema de la arquitectura financiera con los proyectos que incluirá el REDD+, los montos aproximados y el período de preparación e implementación, entre otros.
En ese sentido CONAFOR ha incumplido obligaciones de transparencia y la normatividad que en el marco de REDD+ se exige en términos de transparencia y rendición de cuentas. La falta de información señalada es causa de que CONAFOR no tiene la información que se le solicita; lo cual da muestra de que el Gobierno Mexicano está asumiendo compromisos internacionales en materia de REDD+ sin contar con los elementos necesarios para llevarlos a cabo y sin tener una previa interlocución con comunidades locales y pueblos indígenas.
Además, no ha existido un proceso robusto de consulta con pueblos indígenas y comunidades locales, a pesar de ser una obligación del Estado Mexicano acordada con actores nacionales e internacionales que apoyan el proceso REDD+, respaldada por leyes nacionales y acuerdos internacionales de los que México es parte.
Es en este contexto, que las organizaciones participantes de la Iniciativa, exigimos al Gobierno Mexicano que actúe de manera inmediata en los siguientes 2 petitorios:
1) Información y un proceso de consulta que devenga del respeto a los parámetros internacionales de consulta y de las necesidades de las comunidades. De igual forma, todo proyecto de REDD+, en su planeación y antes de su implementación, deberá de garantizar el respeto a la libre determinación, sistemas normativos, organizativos de las comunidades locales y pueblos indígenas; procesos y estructuras de toma de decisiones, en los procesos asociados a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, o en su caso, al disentimiento.
2) Una moratoria a la implementación de las Acciones Tempranas REDD+ que el Gobierno Mexicano plantea implementar en los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Jalisco, así como los sitios de replicabilidad, Estado de México y Oaxaca; hasta que sean implementados de manera efectiva los mecanismos de consulta en el marco del derecho al consentimiento previo libre e informado, y que ello derive en el establecimiento de medidas y acciones que conduzcan al reconocimiento, respeto y aplicación de los derechos colectivos de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos, formas y medios de vida.
Asimismo demandamos la garantía de los siguientes puntos para todo el proceso de REDD+, incluyendo el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+:
el establecimiento de un REDD+ comunitario con enfoque en los derechos colectivos;
el desarrollo de una política forestal-climática y de desarrollo rural más justa, equitativa y sustentable;
el fortalecimiento de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre la base de la garantía de sus derechos, a partir del pleno respeto a los derechos de información y participación;
la garantía de que las comunidades locales y pueblos indígenas sean las y los beneficiarios directos del mecanismo REDD+; y
la armonización de políticas públicas dirigidas al campo, la alimentación y el medio ambiente, a partir del mecanismo REDD+, definido como un instrumento de integración y coordinación institucional con enfoque de desarrollo rural para la soberanía alimentaria.
Por último, hacemos un llamado a comunidades locales, pueblos indígenas, organizaciones sociales, y organizaciones civiles, a sumarse a las demandas de la Iniciativa, a partir del Foro Nacional de Consulta Indígena y Campesina que realizaremos en octubre para la promoción de las agendas de desarrollo local de las comunidades y pueblos indígenas, y la aplicación efectiva de los derechos colectivos ante la coyuntura del mecanismo REDD+.
Organizaciones firmantes:
Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), Red Indígena de Turismo en México (RITA), Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Coordinadora Nacional (UNORCA-CN), Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya (OEPF-ZM), Frente Organizado de Campesinos e Indígenas (FOCIAC), SAKBE Comunicación y Defensa para el Cambio, Greenpeace México, y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Organizaciones demandan mayor información sobre la impementación de los proyectos en México y
Exigen al Gobierno Mexicano una política forestal sustentable y de desarrollo rural que contribuya al alivio a la pobreza y la reducción de las desigualdades en el marco de la definición de la Estrategia Nacional REDD+, y en concordancia con los compromisos internacionales establecidos en los Acuerdos de Cancún.
piden se garantice una interlocución efectiva con pueblos indígenas y comunidades locales.
México, D.F., a 28 de septiembre 2011. - La implementación de los llamados "Acuerdos de Cancún" establecidos en la 16 Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático que se realizó en nuestro país a finales del pasado año, ha tenido como uno de sus ejes fundamentales la elaboración de la Estrategia Nacional del mecanismo de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Evitada... (ENA-REDD+).
En este proceso el Gobierno Mexicano, prioriza la agenda de mitigación sobre la política forestal-climática y de desarrollo rural sustentable, que en el marco del mecanismo REDD+ podría contribuir al alivio de la pobreza y a la reducción de desigualdades; en tano que la mayor población en pobreza marginal se encuentra en zona rural.
Particularmente, no ha reconocido la necesaria inclusión de los pueblos indígenas y comunidades locales que son dueños y poseedores de tierras y territorios, en los cuales se ubican los ecosistemas mejor conservados, y sobre los cuales las comunidades tienen reconocidos derechos colectivos, establecidos en instrumentos internacionales signados por México, como a) el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, b) el Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB), y c) la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUPI), señaló Cecilio Solís de la Red Indígena de Turismo en México.
Considerando el precedente que en términos internacionale se ha avanzado en un reconocimiento de las comunidades y pueblos indígenas, las organizaciones que participamos en la Iniciativa Las Comunidades Cuentan Más, señalamos la disociación entre estos esfuerzos internacionales y el proceso de conformación de la ENA-REDD+ que México ha seguido; al no respetar los derechos de información, participación y consulta de las comunidades locales y pueblos indígenas, y al no llevar a cabo en tiempo y forma los mecanismos de participación, comunicacación y consulta que el mismo REDD+ establece para su desarrollo e implementación, comentó Clauda Gómez-Portugal de SAKBE Comunicación y Defensa para el Cambio.
Una omisión fundamental del proceso en México, contraviniendo el párrafo 72 de las Decisiones Adoptadas por la 16 Conferencia de las Partes, es que en la preparación de la ENA-REDD+ no se está observando la participación plena y efectiva de los pueblos indígenas y las comunidades locales, ya que el proceso oficial no ve como algo prioritario difundir e informar ampliamente a la población campesina e indígena sobre el proceso REDD+ como fase previa a la consulta, señaló Gustavo Sánchez de la Red Mexicana de Organizaciones Forestales Campesinas.
En el proceso de conformación de la ENA-REDD+, la instancia encargada CONAFOR, no ha hecho pública la información en su página de internet u otros medios idóneos, acerca de la ubicación exacta de los proyectos a implementar de Acciones Tempranas (AT), y los contratos con el Banco Mundial; y no ha contestado de manera adecuada las diversas solicitudes de información que la Iniciativa ha realizado, consistente en los contratos modelo con los dueños de las tierras para implementar los proyectos de AT, el esquema de la arquitectura financiera con los proyectos que incluirá el REDD+, los montos aproximados y el período de preparación e implementación, entre otros.
En ese sentido CONAFOR ha incumplido obligaciones de transparencia y la normatividad que en el marco de REDD+ se exige en términos de transparencia y rendición de cuentas. La falta de información señalada es causa de que CONAFOR no tiene la información que se le solicita; lo cual da muestra de que el Gobierno Mexicano está asumiendo compromisos internacionales en materia de REDD+ sin contar con los elementos necesarios para llevarlos a cabo y sin tener una previa interlocución con comunidades locales y pueblos indígenas.
Además, no ha existido un proceso robusto de consulta con pueblos indígenas y comunidades locales, a pesar de ser una obligación del Estado Mexicano acordada con actores nacionales e internacionales que apoyan el proceso REDD+, respaldada por leyes nacionales y acuerdos internacionales de los que México es parte.
Es en este contexto, que las organizaciones participantes de la Iniciativa, exigimos al Gobierno Mexicano que actúe de manera inmediata en los siguientes 2 petitorios:
1) Información y un proceso de consulta que devenga del respeto a los parámetros internacionales de consulta y de las necesidades de las comunidades. De igual forma, todo proyecto de REDD+, en su planeación y antes de su implementación, deberá de garantizar el respeto a la libre determinación, sistemas normativos, organizativos de las comunidades locales y pueblos indígenas; procesos y estructuras de toma de decisiones, en los procesos asociados a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, o en su caso, al disentimiento.
2) Una moratoria a la implementación de las Acciones Tempranas REDD+ que el Gobierno Mexicano plantea implementar en los estados de Chiapas, Yucatán, Quintana Roo, Campeche y Jalisco, así como los sitios de replicabilidad, Estado de México y Oaxaca; hasta que sean implementados de manera efectiva los mecanismos de consulta en el marco del derecho al consentimiento previo libre e informado, y que ello derive en el establecimiento de medidas y acciones que conduzcan al reconocimiento, respeto y aplicación de los derechos colectivos de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre sus tierras, territorios, recursos, formas y medios de vida.
Asimismo demandamos la garantía de los siguientes puntos para todo el proceso de REDD+, incluyendo el desarrollo de la Estrategia Nacional REDD+:
el establecimiento de un REDD+ comunitario con enfoque en los derechos colectivos;
el desarrollo de una política forestal-climática y de desarrollo rural más justa, equitativa y sustentable;
el fortalecimiento de las comunidades locales y pueblos indígenas sobre la base de la garantía de sus derechos, a partir del pleno respeto a los derechos de información y participación;
la garantía de que las comunidades locales y pueblos indígenas sean las y los beneficiarios directos del mecanismo REDD+; y
la armonización de políticas públicas dirigidas al campo, la alimentación y el medio ambiente, a partir del mecanismo REDD+, definido como un instrumento de integración y coordinación institucional con enfoque de desarrollo rural para la soberanía alimentaria.
Por último, hacemos un llamado a comunidades locales, pueblos indígenas, organizaciones sociales, y organizaciones civiles, a sumarse a las demandas de la Iniciativa, a partir del Foro Nacional de Consulta Indígena y Campesina que realizaremos en octubre para la promoción de las agendas de desarrollo local de las comunidades y pueblos indígenas, y la aplicación efectiva de los derechos colectivos ante la coyuntura del mecanismo REDD+.
Organizaciones firmantes:
Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales (Red MOCAF), Red Indígena de Turismo en México (RITA), Unión Nacional de Organizaciones Campesinas Coordinadora Nacional (UNORCA-CN), Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas (CONOC), Organización de Ejidos Productores Forestales de la Zona Maya (OEPF-ZM), Frente Organizado de Campesinos e Indígenas (FOCIAC), SAKBE Comunicación y Defensa para el Cambio, Greenpeace México, y Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA).
Realizarán Primer Foro Estatal de Cambio Climático en Oaxaca
Por e-consulta
Jueves, 29 de Septiembre de 2011 | 12:40
Oaxaca de Juárez, Oax.: En un hecho histórico para Oaxaca y marcando precedentes en materia ambiental, éste 3 y 4 de octubre se llevará a cabo el “Primer Foro Estatal de Cambio Climático” organizado a iniciativa del Gobierno del Estado a través del Gabinete Ambiental conformado por el Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Asuntos Indígenas, Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, la Dirección de Energías Renovables, la Jefatura de la Oficina de Gobierno así como por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés). El objetivo principal de éste foro es identificar la problemática que enfrentan mujeres y hombres que viven en comunidades de las ocho regiones del Estado y como el cambio climático a trastocado sus condiciones de vida en los últimos años, este análisis permitirá posteriormente, definir propuestas viables enmarcadas a sus necesidades con un enfoque de género y respetando su entorno indígena intercultural. Permitiendo a las Instituciones colaboradoras, proporcionar información de primera mano de los efectos del cambio climático y diseñar un Plan de Acciones Tempranas para aplicarlas como medidas de mitigación y adaptación.
El último día del foro se tomará protesta al Consejo Consultivo así como al Comité Técnico de Cambio Climático, quienes serán los encargados, una vez que concluya el mismo, de elaborar y dar seguimiento al “Plan Estatal de Acción de Cambio Climático”, el cual está siendo fuertemente impulsado por el Gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, de acuerdo con la estrategia transversal de participación social incluida en del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, así lo dio a conocer el Director de Protección del Medio Ambiente del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, Manuel Valdez Juárez, quien además señaló que “El cambio climático es un tema preocupante, ya que es un reto que actualmente enfrenta y vive la humanidad y que está afectando a todos los sectores socioeconómicos del mundo y del país; y Oaxaca no es la excepción, de ahí la importancia que reviste éste foro, pues en un hecho sin precedentes, se está dando una construcción colectiva donde participan diversas dependencias gubernamentales federales y estatales en coordinación con organismos internacionales, académicos y la sociedad civil”, concluyó
A través de las mesas de trabajo del “Primer Foro Estatal de Cambio Climático”, se promoverá a la reflexión y se invitará al debate, habrá también proyección de material audiovisual sobre el cambio climático y como invitados especiales al evento estarán presentes Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal, la Dirección de Energías Renovables de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, la OXFAM, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, la Oficina de la Gubernatura, el Municipio de Oaxaca de Juárez, la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, la Comisión para la atención de los Derechos Humanos, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, la Secretaría de Asuntos Indígenas, Protección Civil, WWF, representantes de las ocho regiones del estado, academias, grupos empresariales, ONG´S, entre otras instituciones, organismos y sociedad civil.
Jueves, 29 de Septiembre de 2011 | 12:40
Oaxaca de Juárez, Oax.: En un hecho histórico para Oaxaca y marcando precedentes en materia ambiental, éste 3 y 4 de octubre se llevará a cabo el “Primer Foro Estatal de Cambio Climático” organizado a iniciativa del Gobierno del Estado a través del Gabinete Ambiental conformado por el Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, la Secretaría de Asuntos Indígenas, Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, la Dirección de Energías Renovables, la Jefatura de la Oficina de Gobierno así como por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF por sus siglas en inglés). El objetivo principal de éste foro es identificar la problemática que enfrentan mujeres y hombres que viven en comunidades de las ocho regiones del Estado y como el cambio climático a trastocado sus condiciones de vida en los últimos años, este análisis permitirá posteriormente, definir propuestas viables enmarcadas a sus necesidades con un enfoque de género y respetando su entorno indígena intercultural. Permitiendo a las Instituciones colaboradoras, proporcionar información de primera mano de los efectos del cambio climático y diseñar un Plan de Acciones Tempranas para aplicarlas como medidas de mitigación y adaptación.
El último día del foro se tomará protesta al Consejo Consultivo así como al Comité Técnico de Cambio Climático, quienes serán los encargados, una vez que concluya el mismo, de elaborar y dar seguimiento al “Plan Estatal de Acción de Cambio Climático”, el cual está siendo fuertemente impulsado por el Gobernador del Estado, Gabino Cué Monteagudo, de acuerdo con la estrategia transversal de participación social incluida en del Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016, así lo dio a conocer el Director de Protección del Medio Ambiente del Instituto Estatal de Ecología y Desarrollo Sustentable, Manuel Valdez Juárez, quien además señaló que “El cambio climático es un tema preocupante, ya que es un reto que actualmente enfrenta y vive la humanidad y que está afectando a todos los sectores socioeconómicos del mundo y del país; y Oaxaca no es la excepción, de ahí la importancia que reviste éste foro, pues en un hecho sin precedentes, se está dando una construcción colectiva donde participan diversas dependencias gubernamentales federales y estatales en coordinación con organismos internacionales, académicos y la sociedad civil”, concluyó
A través de las mesas de trabajo del “Primer Foro Estatal de Cambio Climático”, se promoverá a la reflexión y se invitará al debate, habrá también proyección de material audiovisual sobre el cambio climático y como invitados especiales al evento estarán presentes Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional Forestal, la Dirección de Energías Renovables de la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, la OXFAM, el Instituto de la Mujer Oaxaqueña, la Oficina de la Gubernatura, el Municipio de Oaxaca de Juárez, la Dirección de Desarrollo Forestal de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, la Comisión para la atención de los Derechos Humanos, la Secretaría de Turismo y Desarrollo Económico, la Secretaría de Asuntos Indígenas, Protección Civil, WWF, representantes de las ocho regiones del estado, academias, grupos empresariales, ONG´S, entre otras instituciones, organismos y sociedad civil.
lunes, septiembre 19, 2011
SEMARNAT Y EL PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL MEDIO AMBIENTE (PNUMA) FIRMAN ACUERDO DE COOPERACIÓN EN ECONOMÍA VERDE
Planeta Azul, 17 septiembre 2011
El titularde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Juan Rafael Elvira Quesada, junto con el Sr. Achim Steiner, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Subsecretario General de la ONU, firmaron un Acuerdo de Cooperación en materia de economía verde.
MÉXICO D.F. 17 septiembre 2011.- El objetivo de este acuerdo es brindar un marco de cooperación para facilitar la transición de México hacia una economía verde y a un desarrollo sostenible bajo en carbono, incluyendo el apoyo para la creación y operación del Centro Mexicano de Desarrollo Sustentable y un programa de crecimiento bajo en carbono y adaptación al cambio climático, así como la formación y futura consolidación de una red de cooperación en desarrollo bajo en carbono y economía verde para América Latina y El Caribe.
Con la firma de este Acuerdo, el Gobierno de México ratifica su compromiso para transitar hacia una economía baja en carbono, más equitativa, que promueva la eficiencia en el uso de los recursos, y que evite la pérdida de la diversidad biológica y del capital natural. Ubicar los pilares de la economía verde en la planificación estratégica del país es uno de los primeros pasos en la ruta correcta, comentó el Sr. Steiner.
El PNUMA reconoce el liderazgo de México, no solo por los logros alcanzados en la agenda nacional de cambio climático y sostenibilidad durante estos últimos años, sino también por su indiscutible liderazgo en las negociaciones internacionales en las que México es un actor y facilitador fundamental.
Con este acuerdo, se espera que México siga consolidando lo ya logrado en materia de cambio climático y establezca una estrategia nacional en economía verde a largo plazo, con transformaciones importantes en las políticas públicas que, de acuerdo a los preceptos adoptados por otras naciones, podría incluir una estrategia de crecimiento bajo en carbono a largo plazo, regulaciones que promuevan las inversiones públicas y privadas en energía limpia, y eventualmente una reevaluación y en su caso, eliminación, de los subsidios que impactan negativamente al medio ambiente. El Sr. Achim Steiner destacó que, en el ámbito internacional, cada vez más gobiernos y legisladores realinean sus planes y estrategias de desarrollo con nuevos motores de crecimiento más sostenibles.
Un elemento fundamental de esta cooperación será también el rol que jugará el Centro Mexicano de Desarrollo Sustentable, que constituye una iniciativa del Gobierno de México para coadyuvar con asistencia técnica altamente especializada en la puesta en marcha de una estrategia de crecimiento bajo en carbono a largo plazo. En este sentido, el PNUMA considera al Centro como un instrumento para lograr los objetivos de la economía verde y ofrece su apoyo para convertirlo en un Centro de excelencia, como los centros de colaboración que actualmente apoyan su programa de trabajo alrededor del mundo. Por otro lado, el PNUMA también promoverá al Centro Mexicano de Desarrollo Sustentable a fin de que se constituya como un eje fundamental de cooperación en la región de América Latina y El Caribe, en temas como el crecimiento bajo en carbono, la trasferencia de tecnologías limpias y la economía verde.
La Iniciativa de Economía Verde del PNUMA fue lanzada a finales de 2008 y actualmente se encuentra en diálogo con aproximadamente 20 países que han mostrado un fuerte compromiso con el tema, y que se encuentran trabajando activamente en revisiones especiales, estudios de alcance y reportes sectoriales y nacionales. A la fecha, destacan los trabajos en ejecución en Sudáfrica (Estrategia Nacional en Economía Verde), Brasil (estudios regionales en “The Economics of Ecosystems and Biodiversity”, TEEBs) y China (Reporte Sectorial en Economía Verde).
La firma de este Acuerdo de Cooperación se realiza en el marco de la visita oficial del Sr. Achim Steiner a México. En su agenda, además de la participación en la Reunión Ministerial de Gases de Vida Corta organizada por SEMARNAT, también se incluyen reuniones de alto nivel con funcionarias y funcionarios del Gobierno de México, representantes del sector privado, embajadores y representantes de agencias internacionales de cooperación y legisladores mexicanos.
Para mayor información sobre la economía verde, así como sobre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), puede consultar:
Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza – Síntesis para los encargados de la formulación de políticas www.unep.org/greeneconomy
En el sitio, también está disponible la recopilación actual de estudios de casos sobre economía verde de países y regiones de todo el mundo.
(PNUMA)
El titularde la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Juan Rafael Elvira Quesada, junto con el Sr. Achim Steiner, Director Ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y Subsecretario General de la ONU, firmaron un Acuerdo de Cooperación en materia de economía verde.
MÉXICO D.F. 17 septiembre 2011.- El objetivo de este acuerdo es brindar un marco de cooperación para facilitar la transición de México hacia una economía verde y a un desarrollo sostenible bajo en carbono, incluyendo el apoyo para la creación y operación del Centro Mexicano de Desarrollo Sustentable y un programa de crecimiento bajo en carbono y adaptación al cambio climático, así como la formación y futura consolidación de una red de cooperación en desarrollo bajo en carbono y economía verde para América Latina y El Caribe.
Con la firma de este Acuerdo, el Gobierno de México ratifica su compromiso para transitar hacia una economía baja en carbono, más equitativa, que promueva la eficiencia en el uso de los recursos, y que evite la pérdida de la diversidad biológica y del capital natural. Ubicar los pilares de la economía verde en la planificación estratégica del país es uno de los primeros pasos en la ruta correcta, comentó el Sr. Steiner.
El PNUMA reconoce el liderazgo de México, no solo por los logros alcanzados en la agenda nacional de cambio climático y sostenibilidad durante estos últimos años, sino también por su indiscutible liderazgo en las negociaciones internacionales en las que México es un actor y facilitador fundamental.
Con este acuerdo, se espera que México siga consolidando lo ya logrado en materia de cambio climático y establezca una estrategia nacional en economía verde a largo plazo, con transformaciones importantes en las políticas públicas que, de acuerdo a los preceptos adoptados por otras naciones, podría incluir una estrategia de crecimiento bajo en carbono a largo plazo, regulaciones que promuevan las inversiones públicas y privadas en energía limpia, y eventualmente una reevaluación y en su caso, eliminación, de los subsidios que impactan negativamente al medio ambiente. El Sr. Achim Steiner destacó que, en el ámbito internacional, cada vez más gobiernos y legisladores realinean sus planes y estrategias de desarrollo con nuevos motores de crecimiento más sostenibles.
Un elemento fundamental de esta cooperación será también el rol que jugará el Centro Mexicano de Desarrollo Sustentable, que constituye una iniciativa del Gobierno de México para coadyuvar con asistencia técnica altamente especializada en la puesta en marcha de una estrategia de crecimiento bajo en carbono a largo plazo. En este sentido, el PNUMA considera al Centro como un instrumento para lograr los objetivos de la economía verde y ofrece su apoyo para convertirlo en un Centro de excelencia, como los centros de colaboración que actualmente apoyan su programa de trabajo alrededor del mundo. Por otro lado, el PNUMA también promoverá al Centro Mexicano de Desarrollo Sustentable a fin de que se constituya como un eje fundamental de cooperación en la región de América Latina y El Caribe, en temas como el crecimiento bajo en carbono, la trasferencia de tecnologías limpias y la economía verde.
La Iniciativa de Economía Verde del PNUMA fue lanzada a finales de 2008 y actualmente se encuentra en diálogo con aproximadamente 20 países que han mostrado un fuerte compromiso con el tema, y que se encuentran trabajando activamente en revisiones especiales, estudios de alcance y reportes sectoriales y nacionales. A la fecha, destacan los trabajos en ejecución en Sudáfrica (Estrategia Nacional en Economía Verde), Brasil (estudios regionales en “The Economics of Ecosystems and Biodiversity”, TEEBs) y China (Reporte Sectorial en Economía Verde).
La firma de este Acuerdo de Cooperación se realiza en el marco de la visita oficial del Sr. Achim Steiner a México. En su agenda, además de la participación en la Reunión Ministerial de Gases de Vida Corta organizada por SEMARNAT, también se incluyen reuniones de alto nivel con funcionarias y funcionarios del Gobierno de México, representantes del sector privado, embajadores y representantes de agencias internacionales de cooperación y legisladores mexicanos.
Para mayor información sobre la economía verde, así como sobre el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), puede consultar:
Hacia una economía verde: Guía para el desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza – Síntesis para los encargados de la formulación de políticas www.unep.org/greeneconomy
En el sitio, también está disponible la recopilación actual de estudios de casos sobre economía verde de países y regiones de todo el mundo.
(PNUMA)
sábado, septiembre 17, 2011
Oil and gas funding anti-Kyoto protocol campaign through University of Calgary 'research accounts'
The Vancouver Sun, Saturday, September 17, 2011 11:38 AM
A pair of "research" accounts at the University of Calgary, funded mainly by the oil and gas industry, were used for a sophisticated international political campaign that involved high-priced consultants, lobbying, wining, dining and travel with the goal of casting doubt on climate change science, newly released accounting records have revealed.
The records showed that the strategy was crafted by professional firms, in collaboration with well-known climate change skeptics in Canada and abroad, allowing donors to earn tax receipts by channelling their money through the university.
All of the activities and $507,975 in spending were organized by the Friends of Science, an anti-Kyoto Protocol group founded by retired oil industry workers and academics who are skeptical about peer-reviewed research linking human activity to global warming observed in recent decades.
"Shouldn't the science of climate change be on the agenda for [the UN climate conference]?" asked a pair of ads that appeared in the Montreal Gazette on Nov. 28 and Nov 29, 2005, inviting the public to a Friends of Science threeday event outside of the first international meeting of parties to the Kyoto Protocol, where climate skeptics proceeded to attack Liberal government environmental policies at the start of a federal election campaign.
The two ads - worth $2,070 - and about $4,000 in travel costs to the event in Montreal for an Alberta-based communications consultant (earning $100 an hour) and an academic, were purchased through accounts set up in the fall of 2004 following a request by University of Calgary political science professor Barry Cooper, according to the records, released to Postmedia News by the university under orders from Frank Work, the information and privacy commissioner of Alberta.
"I don't know about [whether we were there] to disrupt the conference. We were there to present our views," said Douglas Leahey, president of the Friends of Science up until June 2011.
"We think that the conference should have presented both views, not just one of a propaganda exercise ... This was part of our research activities to find out what the other side was doing and how we were interacting with them."
Cooper was proposing to produce a DVD that would analyze debates about climate change science and policies in partnership with the Friends of Science, with a $175,000 donation from Talisman Energy, an Alberta-based oil and gas company, to kick-start their efforts.
Cooper declined to comment on "explicit details," but said that all money was used to produce the DVD and "publicize its existence."
"There was a debate going on at the time about (whether humans were causing global warming) and it was not being discussed outside a tiny cadre of climatologists," Cooper said in an email.
"Happily, that is no longer the case. Moreover, I viewed this issue and I still view this issue as a public policy matter more than a scientific one. How else would a political scientist be expected to view such matters?"
The project recruited APCO Worldwide, a public relations firm that produced a detailed budget and "strategic" communications plan, to coordinate "letters from experts" in support of the video, obtain media coverage in Canada, the U.S. and possibly Europe, and publish opinion pieces in mainstream newspapers to promote the product.
The university paid nearly $250,000 to APCO Worldwide, Morten Paulsen Consulting and Fleishman-Hillard Canada, where Paulsen also worked as a senior vice-president, before shutting down the accounts in 2007 after an audit that determined some activities were political in nature.
The university initially declined to release detailed invoices and records following a 2008 request under provincial freedom of information legislation and told the commissioner's office during a recent inquiry that releasing the details was not in the public interest.
The university has also billed Postmedia News $415 for processing the request for information, arguing that waiving the fees in their entirety was also "not in the public interest."
A pair of "research" accounts at the University of Calgary, funded mainly by the oil and gas industry, were used for a sophisticated international political campaign that involved high-priced consultants, lobbying, wining, dining and travel with the goal of casting doubt on climate change science, newly released accounting records have revealed.
The records showed that the strategy was crafted by professional firms, in collaboration with well-known climate change skeptics in Canada and abroad, allowing donors to earn tax receipts by channelling their money through the university.
All of the activities and $507,975 in spending were organized by the Friends of Science, an anti-Kyoto Protocol group founded by retired oil industry workers and academics who are skeptical about peer-reviewed research linking human activity to global warming observed in recent decades.
"Shouldn't the science of climate change be on the agenda for [the UN climate conference]?" asked a pair of ads that appeared in the Montreal Gazette on Nov. 28 and Nov 29, 2005, inviting the public to a Friends of Science threeday event outside of the first international meeting of parties to the Kyoto Protocol, where climate skeptics proceeded to attack Liberal government environmental policies at the start of a federal election campaign.
The two ads - worth $2,070 - and about $4,000 in travel costs to the event in Montreal for an Alberta-based communications consultant (earning $100 an hour) and an academic, were purchased through accounts set up in the fall of 2004 following a request by University of Calgary political science professor Barry Cooper, according to the records, released to Postmedia News by the university under orders from Frank Work, the information and privacy commissioner of Alberta.
"I don't know about [whether we were there] to disrupt the conference. We were there to present our views," said Douglas Leahey, president of the Friends of Science up until June 2011.
"We think that the conference should have presented both views, not just one of a propaganda exercise ... This was part of our research activities to find out what the other side was doing and how we were interacting with them."
Cooper was proposing to produce a DVD that would analyze debates about climate change science and policies in partnership with the Friends of Science, with a $175,000 donation from Talisman Energy, an Alberta-based oil and gas company, to kick-start their efforts.
Cooper declined to comment on "explicit details," but said that all money was used to produce the DVD and "publicize its existence."
"There was a debate going on at the time about (whether humans were causing global warming) and it was not being discussed outside a tiny cadre of climatologists," Cooper said in an email.
"Happily, that is no longer the case. Moreover, I viewed this issue and I still view this issue as a public policy matter more than a scientific one. How else would a political scientist be expected to view such matters?"
The project recruited APCO Worldwide, a public relations firm that produced a detailed budget and "strategic" communications plan, to coordinate "letters from experts" in support of the video, obtain media coverage in Canada, the U.S. and possibly Europe, and publish opinion pieces in mainstream newspapers to promote the product.
The university paid nearly $250,000 to APCO Worldwide, Morten Paulsen Consulting and Fleishman-Hillard Canada, where Paulsen also worked as a senior vice-president, before shutting down the accounts in 2007 after an audit that determined some activities were political in nature.
The university initially declined to release detailed invoices and records following a 2008 request under provincial freedom of information legislation and told the commissioner's office during a recent inquiry that releasing the details was not in the public interest.
The university has also billed Postmedia News $415 for processing the request for information, arguing that waiving the fees in their entirety was also "not in the public interest."
lunes, septiembre 12, 2011
Costa Rica: Número uno del mundo en uso de agroquímicos
Ecoportal 06/09/11 Por Tomás Andréu
En materia de medio ambiente, Costa Rica se pinta a sí misma verde, como un brócoli fresco, ante la comunidad internacional. Sin embargo, la abrumadora presencia de plaguicidas en su agricultura derriba esa imagen que cada vez se integra en la senda del mito.
Datos del World Resources Institute, organización con sede en Washington, EEUU, dedicada a investigar sobre temas ambientales, presentan a este país centroamericano como el mayor consumidor de plaguicidas en el mundo, con 51.2 kg por hectárea. En América Latina le siguen, bastante lejos, Colombia con 16.7 kg, y Ecuador con 6 kg.
El XVI Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2010 -sistema de seguimiento anual del desempeño del país en aspectos sociales, económicos, ambientales y políticos del desarrollo- reveló que en el 2009 Costa Rica importó más de 300 TM de formulaciones con bromuro de metilo, agroquímico y componente señalado como destructor de la capa de ozono.
Esta sustancia está en la mira del acuerdo del Protocolo de Montreal, convención creada en 1995 bajo el manto de la Naciones Unidas para proteger la capa de ozono y que ha sido firmada por más de 40 países.
Por su parte, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), de la Universidad Nacional de Costa Rica, reveló a principios del 2011 que la cantidad de plaguicidas importados entre 1977 y el 2006 aumentó en 340%. En total el país importó 184,817 TM de plaguicidas en esos 30 años.
El cultivo con mayor presencia de plaguicidas, según el IRET, sería el melón, e inmediatamente después el tomate, la papa, la piña y la caña de azúcar.
"Esos datos desnudan la contradicción en la que vive un país que vende en el extranjero una imagen de líder en conservación y no es capaz de cumplir con los convenios internacionales que firma en materia ambiental", señala el biólogo y columnista Ignacio Arroyo.
Contaminación del agua
El mismo Informe Estado de la Nación 2010 señala que la contaminación del agua desde el año 2001 ya no era por residuos fecales sino por la recurrente presencia de residuos químicos usados en la agricultura.
"A partir del año 2001 han venido ocurriendo incidentes de contaminación química, dados por el uso excesivo de plaguicidas en actividades agrícolas tipo monocultivo, como es el caso de la piña", cita el informe. "Esto es resultado de una expansión agrícola y urbana, que no ha considerado, ni respetado, las márgenes de protección de las fuentes de captación de agua para consumo humano".
El daño a los mantos acuíferos podría aumentar en un futuro próximo, pues en el Servicio Fitosanitario, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), existen alrededor de 450 agroquímicos que esperan luz verde para bañar los cultivos costarricenses.
A la vez crece el debate en las esferas políticas sobre el uso de agroquímicos genéricos versus los llamados "de marca". Activistas medioambientales afirman que ambas sustancias y compuestos menoscaban la salud de la población.
La pregunta es: ¿Qué llevó a Costa Rica a ser el número uno en uso de agroquímicos a nivel mundial y por qué los agricultores y trabajadores de la tierra echan mano en exceso de estos productos?
Según Fabián Pacheco, del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, Costa Rica es el número uno en el mundo en el uso de plaguicidas porque el poder adquisitivo del campesino costarricense, el abandono del agro por parte del Ministerio de Agricultura y la fuerte erosión cultural hacen que los agrotóxicos pasen a ser protagonistas en el trabajo agrícola.
"El acervo cultural de Guatemala, Honduras y El Salvador hace que las técnicas ancestrales [de combate de plagas] no sean susceptibles a la propaganda corporativa sobre el agro", dijo Pacheco a Noticias Aliadas.
Pacheco es catedrático, activista ambiental y figura principal de la campaña "Paren de fumigar", un colectivo fundado en el 2011 y que está conformado por un grupo jóvenes que están en contra de la minería, extracción de petróleo y a favor de mercados orgánicos a través de la información a los ciudadanos sobre el peligro del uso de plaguicidas y alimentos transgénicos.
Intoxicaciones masivas
Agrega Pacheco que los agricultores y trabajadores lo único que pueden hacer al respecto es aplicar el veneno que les recetan una y otra vez, algo que no pasaría si el Ministerio de Agricultura los acompañara en asesoría y prevención.
En junio del 2010 un medio nacional informó que al menos 28 mujeres resultaron intoxicadas en la finca productora de algodón Caballo Blanco, ubicada en el asentamiento Falconiana de Bagaces, en la noroccidental provincia de Guanacaste.
Cuatro meses después, el mismo rotativo hacía de conocimiento público que una masiva intoxicación con plaguicidas había afectado a 65 trabajadores de una empresa productora de algodón transgénico ubicada en la finca Las Loras, en San Agustín de Chomes, provincia de Puntarenas, en la costa del Pacífico.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reveló que el año pasado se atendieron a 146 personas en total por "envenenamiento accidental por exposición a plaguicidas", según un reporte oficial al que tuvo acceso Noticias Aliadas. De ellas, 12 murieron.
San José, la capital, registró un total de 15 casos, seguido por Alajuela (51), Puntarenas (23) y Limón (26), entre otros.
"En 34 años Costa Rica triplicó la importación de ingrediente activo de biocidas sin que su territorio agrícola aumentara", afirma Arroyo. "Detrás está el desmantelamiento de la agricultura tradicional y la erosión genética de los cultivos a favor del monopolio corporativo de la industria agroalimentaria". www.ecoportal.net
Noticias Aliadas
www.noticiasaliadas.org
En materia de medio ambiente, Costa Rica se pinta a sí misma verde, como un brócoli fresco, ante la comunidad internacional. Sin embargo, la abrumadora presencia de plaguicidas en su agricultura derriba esa imagen que cada vez se integra en la senda del mito.
Datos del World Resources Institute, organización con sede en Washington, EEUU, dedicada a investigar sobre temas ambientales, presentan a este país centroamericano como el mayor consumidor de plaguicidas en el mundo, con 51.2 kg por hectárea. En América Latina le siguen, bastante lejos, Colombia con 16.7 kg, y Ecuador con 6 kg.
El XVI Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible 2010 -sistema de seguimiento anual del desempeño del país en aspectos sociales, económicos, ambientales y políticos del desarrollo- reveló que en el 2009 Costa Rica importó más de 300 TM de formulaciones con bromuro de metilo, agroquímico y componente señalado como destructor de la capa de ozono.
Esta sustancia está en la mira del acuerdo del Protocolo de Montreal, convención creada en 1995 bajo el manto de la Naciones Unidas para proteger la capa de ozono y que ha sido firmada por más de 40 países.
Por su parte, el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas (IRET), de la Universidad Nacional de Costa Rica, reveló a principios del 2011 que la cantidad de plaguicidas importados entre 1977 y el 2006 aumentó en 340%. En total el país importó 184,817 TM de plaguicidas en esos 30 años.
El cultivo con mayor presencia de plaguicidas, según el IRET, sería el melón, e inmediatamente después el tomate, la papa, la piña y la caña de azúcar.
"Esos datos desnudan la contradicción en la que vive un país que vende en el extranjero una imagen de líder en conservación y no es capaz de cumplir con los convenios internacionales que firma en materia ambiental", señala el biólogo y columnista Ignacio Arroyo.
Contaminación del agua
El mismo Informe Estado de la Nación 2010 señala que la contaminación del agua desde el año 2001 ya no era por residuos fecales sino por la recurrente presencia de residuos químicos usados en la agricultura.
"A partir del año 2001 han venido ocurriendo incidentes de contaminación química, dados por el uso excesivo de plaguicidas en actividades agrícolas tipo monocultivo, como es el caso de la piña", cita el informe. "Esto es resultado de una expansión agrícola y urbana, que no ha considerado, ni respetado, las márgenes de protección de las fuentes de captación de agua para consumo humano".
El daño a los mantos acuíferos podría aumentar en un futuro próximo, pues en el Servicio Fitosanitario, dependiente del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), existen alrededor de 450 agroquímicos que esperan luz verde para bañar los cultivos costarricenses.
A la vez crece el debate en las esferas políticas sobre el uso de agroquímicos genéricos versus los llamados "de marca". Activistas medioambientales afirman que ambas sustancias y compuestos menoscaban la salud de la población.
La pregunta es: ¿Qué llevó a Costa Rica a ser el número uno en uso de agroquímicos a nivel mundial y por qué los agricultores y trabajadores de la tierra echan mano en exceso de estos productos?
Según Fabián Pacheco, del Centro Nacional Especializado en Agricultura Orgánica, Costa Rica es el número uno en el mundo en el uso de plaguicidas porque el poder adquisitivo del campesino costarricense, el abandono del agro por parte del Ministerio de Agricultura y la fuerte erosión cultural hacen que los agrotóxicos pasen a ser protagonistas en el trabajo agrícola.
"El acervo cultural de Guatemala, Honduras y El Salvador hace que las técnicas ancestrales [de combate de plagas] no sean susceptibles a la propaganda corporativa sobre el agro", dijo Pacheco a Noticias Aliadas.
Pacheco es catedrático, activista ambiental y figura principal de la campaña "Paren de fumigar", un colectivo fundado en el 2011 y que está conformado por un grupo jóvenes que están en contra de la minería, extracción de petróleo y a favor de mercados orgánicos a través de la información a los ciudadanos sobre el peligro del uso de plaguicidas y alimentos transgénicos.
Intoxicaciones masivas
Agrega Pacheco que los agricultores y trabajadores lo único que pueden hacer al respecto es aplicar el veneno que les recetan una y otra vez, algo que no pasaría si el Ministerio de Agricultura los acompañara en asesoría y prevención.
En junio del 2010 un medio nacional informó que al menos 28 mujeres resultaron intoxicadas en la finca productora de algodón Caballo Blanco, ubicada en el asentamiento Falconiana de Bagaces, en la noroccidental provincia de Guanacaste.
Cuatro meses después, el mismo rotativo hacía de conocimiento público que una masiva intoxicación con plaguicidas había afectado a 65 trabajadores de una empresa productora de algodón transgénico ubicada en la finca Las Loras, en San Agustín de Chomes, provincia de Puntarenas, en la costa del Pacífico.
La Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) reveló que el año pasado se atendieron a 146 personas en total por "envenenamiento accidental por exposición a plaguicidas", según un reporte oficial al que tuvo acceso Noticias Aliadas. De ellas, 12 murieron.
San José, la capital, registró un total de 15 casos, seguido por Alajuela (51), Puntarenas (23) y Limón (26), entre otros.
"En 34 años Costa Rica triplicó la importación de ingrediente activo de biocidas sin que su territorio agrícola aumentara", afirma Arroyo. "Detrás está el desmantelamiento de la agricultura tradicional y la erosión genética de los cultivos a favor del monopolio corporativo de la industria agroalimentaria". www.ecoportal.net
Noticias Aliadas
www.noticiasaliadas.org
viernes, septiembre 09, 2011
El precio del 11 de septiembre
Project Syndicate / Joseph E. Stiglitz
2011-09-01
NUEVA YORK – Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011 realizados por Al Qaeda tenían la intención de dañar a Estados Unidos, y lo consiguieron, pero en formas que Osama Bin Laden probablemente nunca se imaginó. La respuesta del presidente George W. Bush a los ataques puso en riesgo los principios básicos de Estados Unidos, socavando su economía y debilitando su seguridad.
El ataque a Afganistán posterior a los ataques del 11 de septiembre fue comprensible, pero la posterior invasión de Irak fue totalmente ajena a Al Qaeda, a pesar de que Bush trató de establecer un vínculo. Aquella guerra que se eligió llevar a cabo se convirtió de manera rápida en muy costosa, alcanzando órdenes de magnitud que fueron más allá de los $60 mil millones que se afirmaron al principio, ya que una colosal incompetencia se encontró con tergiversaciones deshonestas.
De hecho, cuando Linda Bilmes y yo calculamos los costos de la guerra de Estados Unidos hace tres años, la cifra conservadora alcanzo entre $3 a $5 billones de dólares. Desde aquel entonces, los costos se han elevado aún más. Debido a que casi el 50% de las tropas que regresan cumplen los requisitos para recibir algún tipo de pago por incapacidad, y hasta el momento más de 600.000 de ellos han sido atendidos en instalaciones médicas para veteranos, ahora estimamos que los pagos por incapacidad y asistencia médica en el futuro alcanzarán en total una cifra que se encuentra entre los $600 a 900 billones. Sin embargo, los costos sociales, que se refleja en los suicidios de veteranos (que han superado los 18 por día en los últimos años) y las desintegraciones familiares, son incalculables.
Aún en caso de que Bush fuese perdonando por llevar a Estados Unidos, y a gran parte del resto del mundo, a la guerra con pretextos falsos, y se le perdonara tergiversar el costo de dicho emprendimiento, no hay excusa para la forma en la eligió financiarla. La suya fue la primera guerra en la historia pagada enteramente con créditos. Mientras que Estados Unidos entraba en batalla, teniendo déficits que ya estaban muy elevados por su recorte de impuestos del año 2001, Bush decidió lanzar una nueva ronda de “alivio” tributario para los ricos.
Hoy en día, Estados Unidos centra su atención en el desempleo y el déficit. Estas dos amenazas al futuro de Estados Unido pueden ser remontadas, y no en poca medida, a las guerras en Afganistán e Irak. El aumento en los gastos de defensa, junto con los recortes tributarios de Bush, forman la razón clave por la que Estados Unidos pasó de un superávit fiscal de 2% del PIB cuando Bush fue elegido a su lamentable déficit y situación de deuda de hoy en día. El gasto público directo en dichas guerras, hasta el momento, asciende a aproximadamente $2 billones de dólares, lo que significa $17.000 por cada hogar estadounidense, y existen gastos cuyas facturas aún no se reciben que aumentarán dicha cifra en más del 50%.
Es más, como Bilmes y mi persona argumentamos en nuestro libro La Guerra de los Tres Billones de Dólares, las guerras han contribuido a la debilidad macroeconómica de Estados Unidos, lo que exacerbó su déficit y deuda. En aquel entonces, como es el caso ahora, la agitación en el Oriente Medio condujo a precios del petróleo más elevados, lo que obligó a los estadounidenses a gastar dinero en importaciones de petróleo que de otra manera podría haber sido gastado en la compra de bienes producidos en EE.UU.
Pero en aquel entonces, la Reserva Federal de EE.UU. escondió estas debilidades creando una burbuja inmobiliaria que condujo a un boom de consumo. Se necesitarán años para superar el excesivo endeudamiento y sobreendeudamiento en bienes raíces resultantes.
Irónicamente, las guerras han debilitado la seguridad de Estados Unidos (y del mundo), una vez más en formas que Bin Laden no se hubiera podido imaginar. Una guerra impopular hubiera dificultado el reclutamiento militar bajo cualquier circunstancia. Pero como Bush trató de engañar a Estados Unidos sobre los costos de guerra, financió insuficientemente a las tropas, inclusive negándose a realizar gastos básicos; por ejemplo, fondos para vehículos blindados y resistentes a minas que son necesarios para proteger vidas estadounidenses o fondos para la adecuada asistencia médica de los veteranos que regresan. Un tribunal de EE.UU. dictaminó recientemente que los derechos de los veteranos habían sido violados. (¡Sorprendentemente, el gobierno de Obama afirma que se debe restringir el derecho de los veteranos a apelar ante los tribunales!)
La extralimitación militar de manera predecible a dado lugar a nerviosismo sobre el uso de la fuerza militar, y el conocimiento de otros tienen sobre la existencia ha debilitado también la seguridad de Estados Unidos. Pero la verdadera fuerza de Estados Unidos, en vez de encontrarse en su poder militar y económico, se encuentra en su "poder blando", en su autoridad moral. Y dicho poder también se debilitó, ya que EE.UU. violó derechos humanos básicos como el habeas corpus y el derecho a no ser torturado, lo que puso en duda su compromiso de larga data con el respeto al derecho internacional.
En Afganistán e Irak, los EE.UU. y sus aliados sabían que para alcanzar la victoria a largo plazo se necesita ganar corazones y opiniones. Pero los errores cometidos en los primeros años de dichas guerras complicaron la ya difícil batalla. El daño colateral de la guerra ha sido masivo: según algunas versiones, más de un millón de iraquíes han muerto, ya sea de manera directa o indirecta, a causa de la guerra. Según algunos estudios, por lo menos 137.000 civiles han muerto violentamente en Afganistán e Irak en los últimos diez años; sólo entre los iraquíes, hay 1,8 millones de refugiados y 1,7 millones de personas desplazadas dentro del mismo país.
No todas las consecuencias fueron desastrosas. Los déficits a los cuales las guerras estadounidenses financiadas con deuda han contribuido tan poderosamente han forzado ahora a que EE.UU. enfrente la realidad de sus restricciones presupuestarias. El gasto militar de Estados Unidos sigue siendo casi igual al gasto que hace todo el resto del mundo en su conjunto, dos décadas después del fin de la Guerra Fría. Algunos de los gastos que se aumentaron fueron destinados a las costosas guerras en Irak y Afganistán y a la más amplia Guerra Global contra el Terrorismo, pero la mayor parte se desperdició en armas que no funcionan contra enemigos que no existen. Ahora, por fin, esos recursos serán reubicados, y EE.UU. probablemente obtenga mayor seguridad pagando menos.
Al Qaeda, no obstante que no ha sido derrotado, ya no parece ser la amenaza que surgía de manera tan importante tras los ataques del 11 de septiembre. Pero el precio pagado para llegar a este punto, en los EE.UU. y en los demás países, ha sido enorme, y en su mayoría evitable. El legado estará con nosotros durante mucho tiempo. Vale la pena pensar antes de actuar.
Joseph E. Stiglitz es profesor universitario en Columbia University, Premio Nobel de economía y autor de Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy (Caída libre: Estados Unidos, el libre mercado y el hundimiento de la economía mundial).
2011-09-01
NUEVA YORK – Los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2011 realizados por Al Qaeda tenían la intención de dañar a Estados Unidos, y lo consiguieron, pero en formas que Osama Bin Laden probablemente nunca se imaginó. La respuesta del presidente George W. Bush a los ataques puso en riesgo los principios básicos de Estados Unidos, socavando su economía y debilitando su seguridad.
El ataque a Afganistán posterior a los ataques del 11 de septiembre fue comprensible, pero la posterior invasión de Irak fue totalmente ajena a Al Qaeda, a pesar de que Bush trató de establecer un vínculo. Aquella guerra que se eligió llevar a cabo se convirtió de manera rápida en muy costosa, alcanzando órdenes de magnitud que fueron más allá de los $60 mil millones que se afirmaron al principio, ya que una colosal incompetencia se encontró con tergiversaciones deshonestas.
De hecho, cuando Linda Bilmes y yo calculamos los costos de la guerra de Estados Unidos hace tres años, la cifra conservadora alcanzo entre $3 a $5 billones de dólares. Desde aquel entonces, los costos se han elevado aún más. Debido a que casi el 50% de las tropas que regresan cumplen los requisitos para recibir algún tipo de pago por incapacidad, y hasta el momento más de 600.000 de ellos han sido atendidos en instalaciones médicas para veteranos, ahora estimamos que los pagos por incapacidad y asistencia médica en el futuro alcanzarán en total una cifra que se encuentra entre los $600 a 900 billones. Sin embargo, los costos sociales, que se refleja en los suicidios de veteranos (que han superado los 18 por día en los últimos años) y las desintegraciones familiares, son incalculables.
Aún en caso de que Bush fuese perdonando por llevar a Estados Unidos, y a gran parte del resto del mundo, a la guerra con pretextos falsos, y se le perdonara tergiversar el costo de dicho emprendimiento, no hay excusa para la forma en la eligió financiarla. La suya fue la primera guerra en la historia pagada enteramente con créditos. Mientras que Estados Unidos entraba en batalla, teniendo déficits que ya estaban muy elevados por su recorte de impuestos del año 2001, Bush decidió lanzar una nueva ronda de “alivio” tributario para los ricos.
Hoy en día, Estados Unidos centra su atención en el desempleo y el déficit. Estas dos amenazas al futuro de Estados Unido pueden ser remontadas, y no en poca medida, a las guerras en Afganistán e Irak. El aumento en los gastos de defensa, junto con los recortes tributarios de Bush, forman la razón clave por la que Estados Unidos pasó de un superávit fiscal de 2% del PIB cuando Bush fue elegido a su lamentable déficit y situación de deuda de hoy en día. El gasto público directo en dichas guerras, hasta el momento, asciende a aproximadamente $2 billones de dólares, lo que significa $17.000 por cada hogar estadounidense, y existen gastos cuyas facturas aún no se reciben que aumentarán dicha cifra en más del 50%.
Es más, como Bilmes y mi persona argumentamos en nuestro libro La Guerra de los Tres Billones de Dólares, las guerras han contribuido a la debilidad macroeconómica de Estados Unidos, lo que exacerbó su déficit y deuda. En aquel entonces, como es el caso ahora, la agitación en el Oriente Medio condujo a precios del petróleo más elevados, lo que obligó a los estadounidenses a gastar dinero en importaciones de petróleo que de otra manera podría haber sido gastado en la compra de bienes producidos en EE.UU.
Pero en aquel entonces, la Reserva Federal de EE.UU. escondió estas debilidades creando una burbuja inmobiliaria que condujo a un boom de consumo. Se necesitarán años para superar el excesivo endeudamiento y sobreendeudamiento en bienes raíces resultantes.
Irónicamente, las guerras han debilitado la seguridad de Estados Unidos (y del mundo), una vez más en formas que Bin Laden no se hubiera podido imaginar. Una guerra impopular hubiera dificultado el reclutamiento militar bajo cualquier circunstancia. Pero como Bush trató de engañar a Estados Unidos sobre los costos de guerra, financió insuficientemente a las tropas, inclusive negándose a realizar gastos básicos; por ejemplo, fondos para vehículos blindados y resistentes a minas que son necesarios para proteger vidas estadounidenses o fondos para la adecuada asistencia médica de los veteranos que regresan. Un tribunal de EE.UU. dictaminó recientemente que los derechos de los veteranos habían sido violados. (¡Sorprendentemente, el gobierno de Obama afirma que se debe restringir el derecho de los veteranos a apelar ante los tribunales!)
La extralimitación militar de manera predecible a dado lugar a nerviosismo sobre el uso de la fuerza militar, y el conocimiento de otros tienen sobre la existencia ha debilitado también la seguridad de Estados Unidos. Pero la verdadera fuerza de Estados Unidos, en vez de encontrarse en su poder militar y económico, se encuentra en su "poder blando", en su autoridad moral. Y dicho poder también se debilitó, ya que EE.UU. violó derechos humanos básicos como el habeas corpus y el derecho a no ser torturado, lo que puso en duda su compromiso de larga data con el respeto al derecho internacional.
En Afganistán e Irak, los EE.UU. y sus aliados sabían que para alcanzar la victoria a largo plazo se necesita ganar corazones y opiniones. Pero los errores cometidos en los primeros años de dichas guerras complicaron la ya difícil batalla. El daño colateral de la guerra ha sido masivo: según algunas versiones, más de un millón de iraquíes han muerto, ya sea de manera directa o indirecta, a causa de la guerra. Según algunos estudios, por lo menos 137.000 civiles han muerto violentamente en Afganistán e Irak en los últimos diez años; sólo entre los iraquíes, hay 1,8 millones de refugiados y 1,7 millones de personas desplazadas dentro del mismo país.
No todas las consecuencias fueron desastrosas. Los déficits a los cuales las guerras estadounidenses financiadas con deuda han contribuido tan poderosamente han forzado ahora a que EE.UU. enfrente la realidad de sus restricciones presupuestarias. El gasto militar de Estados Unidos sigue siendo casi igual al gasto que hace todo el resto del mundo en su conjunto, dos décadas después del fin de la Guerra Fría. Algunos de los gastos que se aumentaron fueron destinados a las costosas guerras en Irak y Afganistán y a la más amplia Guerra Global contra el Terrorismo, pero la mayor parte se desperdició en armas que no funcionan contra enemigos que no existen. Ahora, por fin, esos recursos serán reubicados, y EE.UU. probablemente obtenga mayor seguridad pagando menos.
Al Qaeda, no obstante que no ha sido derrotado, ya no parece ser la amenaza que surgía de manera tan importante tras los ataques del 11 de septiembre. Pero el precio pagado para llegar a este punto, en los EE.UU. y en los demás países, ha sido enorme, y en su mayoría evitable. El legado estará con nosotros durante mucho tiempo. Vale la pena pensar antes de actuar.
Joseph E. Stiglitz es profesor universitario en Columbia University, Premio Nobel de economía y autor de Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy (Caída libre: Estados Unidos, el libre mercado y el hundimiento de la economía mundial).
Castigarán con nueve años de cárcel "lavado" de madera y tala ilegal
Notimex / SDP noticias
2011-09-08 15:32:00
México, 8 Sep. (Notimex).- El pleno de la Cámara de Diputados aprobó reformar diversas disposiciones del Código Penal Federal para sancionar el "lavado" de madera y la tala ilegal hasta con nueve años de cárcel.
Precisaron que en México la tasa de deforestación es de 155 mil hectáreas por año y de las cuales 60 mil tienen su origen en la tala clandestina; además, dos terceras partes de la madera que se comercializa es ilegal.
La reforma aprobada con 315 votos a favor, cero en contra y una abstención modifica los artículos 419 y 423 y se adicionan los artículos 419 Bis y 419 Ter.
Destaca que el negocio de la tala ilegal se ha extendido al mercado formal, ya que existen aserraderos que funcionan con autorizaciones, pero al investigar el origen de la madera no pueden acreditar su legal procedencia.
Al fijar en tribuna la posición del PRI, el diputado Arturo Zamora Jiménez, señaló que con la reforma se tendrá una herramienta jurídica más eficaz para combatir la tala clandestina de los bosques y las selvas.
Indicó que no es suficiente lo que el Código Penal y las leyes ambientales establecen en la materia para evitar este tipo de conductas, que generan daño al medio ambiente
La reforma señala que la aplicación de medidas administrativas para el control del "lavado" de madera y tala clandestina no han sido suficientes, frente a la pérdida de cerca de 600 mil hectáreas de cobertura vegetal.
Por ello, la reforma plantea sancionar a quien ilícitamente transporte, comercie, acopie, almacene o transforme madera en cantidades superiores a dos metros cúbicos y se impongan penas de dos a nueve años de prisión y de cuatrocientos a tres mil días multa.
Se adiciona el artículo 419 Bis para castigar de uno a seis años de prisión y de trescientos a dos mil días multa a quien adquiera, posea, custodie o reciba, por cualquier motivo, madera en rollo, astillas, y carbón vegetal.
Así, como cualquier otro recurso forestal maderables, y a quien oculte el origen, ubicación, destino o propiedad de madera con conocimiento de que procede o representa el producto de una actividad ilícita.
Además, se aplicará pena adicional de hasta tres años más de prisión y hasta de mil días multa adicionales, cuando los recursos forestales maderables provengan de un área natural protegida o de especies sujetas a protección por otras leyes o normas, o cuando el delito sea cometido por un servidor público.
El artículo 419 Ter establece que se impone pena de dos a siete años de prisión y de cuatrocientos a dos mil días multa, al que con ánimo de lucro simule la legal procedencia de recursos forestales maderables obtenidos ilícitamente, con remisiones o reembarques forestales, pedimentos aduanales, comprobantes fiscales con código de identificación o con cualquier otro documento oficial.
Se específica que se aplicara una pena adicional hasta de tres años más de prisión cuando el delito sea cometido por un servidor público o el recurso forestal maderable provenga de especies sujetas a protección por las leyes o normas.
miércoles, septiembre 07, 2011
Movimientos sociales exigen liberación de comunera
Milenio Jalisco • 7 SEPTIEMBRE 2011 - 9:24AM — AGUSTÍN DEL CASTILLO
Guadalajara • Grupos de la sociedad civil convocaron desde ayer por la noche a una "acción urgente" para exigir la liberación de Rocío Moreno, comunera integrante de la comunidad de Mezcala de la Asunción, detenida por policías investigadores con una orden de aprehensión emitida por el juez del fuero común de Ocotlán.
"Rocío Moreno, estudiante de la maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y representante de la Asamblea de Comuneros de Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán, Jalisco, fue detenida mediante engaños el martes 6 de septiembre a las 18:00 horas en la puerta del diario Milenio Jalisco. Rocío Moreno llegó al diario luego de que una persona, que se hizo pasar como miembro de la redacción de dicho periódico, la convocara a las instalaciones del rotativo".
Coincidentemente "la misma persona que convocó a Rocío Moreno a las instalaciones del diario Milenio Jalisco, avisó a la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) de que estaría en dicho lugar. Fue así como la policía la detuvo argumentando que había una orden de aprehensión emitida por el juez de primera instancia de Ocotlán, Jalisco derivada de una denuncia penal por daños a las cosas promovidas por Crescenciano Santana, quien denunció el desmontaje de un panel solar el pasado 10 de abril", señala un comunicado signado por diversas agrupaciones civiles.
"Es importante resaltar que dicho panel estaba en terrenos comunales, por lo que en decisión soberana los comuneros decidieron retirarlo; la policía municipal de Poncitlán atestiguó los hechos y posteriormente se llevaron dicha estructura". La aprehensión, dicen, "está plagada de
varias irregularidades, entre otras, que la estudiante de maestría y representante comunal, no se encontraba en Mezcala el día de los hechos denunciados sino en la ciudad de Guadalajara. No por coincidencia, su burda detención se da a menos de un mes de que las autoridades agrarias emitan la sentencia definitiva sobre los derechos que tiene la comunidad de Mezcala sobre su territorio. Nos parece
claro que esta detención es un montaje que busca provocar y distraer para retrasar la aplicación de la justicia a favor de la comunidad".
Así, "quienes firmamos esta acción urgente para exigir la liberación inmediata libre de cargos de Rocío Moreno no tenemos duda que se trata de un montaje y una represión directa en contra de una dirigente respetada por la comunidad de Mezcala, y quien se ha destacado por la defensa de su territorio y por la lucha en contra de la invasión de terrenos que desde hace diez años ha realizado el empresario tapatío Guillermo Moreno Ibarra. Toda la población de Mezcala conoce que el supuesto comunero Crescenciano Santana es en realidad un prestanombre de Guillermo Moreno".
Además, "denunciamos que pesan órdenes de aprehensión en contra de otros trece comuneros derivadas de la misma denuncia presentada por el prestanombre del invasor Guillermo Moreno". Piensan que "el juez que emitió la orden de aprehensión y los agentes de la PGJEJ que la detuvieron actúan como personeros del invasor Guillermo Moreno", por
lo que "llamamos al presidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez González, al procurador del estado Tomás Coronado Olmos y a su jefe, el gobernador Emilio González Márquez, a demostrar que no están actuando a favor de un invasor de territorio comunal que ha sido denunciado desde hace diez años y que, en cambio, están a favor de la legalidad y la aplicación de la justicia [...] si es así, Rocío Moreno debe salir de inmediato libre de cargos, y se debe hacer justicia a la comunidad de Mezcala restituyéndole los terrenos que le han sido invadidos desde hace una década".
Firman la Asamblea de comuneros de Mezcala, el Grupo Libertario Solidaridad, el Colectivo Cuadernos de la Resistencia, el Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil, la Brigada Callejera, el Colectivo Rebelión Cotidiana y el Seminario Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas.
"Rocío Moreno, estudiante de la maestría en Historia de la Universidad de Guadalajara (UdeG) y representante de la Asamblea de Comuneros de Mezcala de la Asunción, municipio de Poncitlán, Jalisco, fue detenida mediante engaños el martes 6 de septiembre a las 18:00 horas en la puerta del diario Milenio Jalisco. Rocío Moreno llegó al diario luego de que una persona, que se hizo pasar como miembro de la redacción de dicho periódico, la convocara a las instalaciones del rotativo".
Coincidentemente "la misma persona que convocó a Rocío Moreno a las instalaciones del diario Milenio Jalisco, avisó a la policía investigadora de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ) de que estaría en dicho lugar. Fue así como la policía la detuvo argumentando que había una orden de aprehensión emitida por el juez de primera instancia de Ocotlán, Jalisco derivada de una denuncia penal por daños a las cosas promovidas por Crescenciano Santana, quien denunció el desmontaje de un panel solar el pasado 10 de abril", señala un comunicado signado por diversas agrupaciones civiles.
"Es importante resaltar que dicho panel estaba en terrenos comunales, por lo que en decisión soberana los comuneros decidieron retirarlo; la policía municipal de Poncitlán atestiguó los hechos y posteriormente se llevaron dicha estructura". La aprehensión, dicen, "está plagada de
varias irregularidades, entre otras, que la estudiante de maestría y representante comunal, no se encontraba en Mezcala el día de los hechos denunciados sino en la ciudad de Guadalajara. No por coincidencia, su burda detención se da a menos de un mes de que las autoridades agrarias emitan la sentencia definitiva sobre los derechos que tiene la comunidad de Mezcala sobre su territorio. Nos parece
claro que esta detención es un montaje que busca provocar y distraer para retrasar la aplicación de la justicia a favor de la comunidad".
Así, "quienes firmamos esta acción urgente para exigir la liberación inmediata libre de cargos de Rocío Moreno no tenemos duda que se trata de un montaje y una represión directa en contra de una dirigente respetada por la comunidad de Mezcala, y quien se ha destacado por la defensa de su territorio y por la lucha en contra de la invasión de terrenos que desde hace diez años ha realizado el empresario tapatío Guillermo Moreno Ibarra. Toda la población de Mezcala conoce que el supuesto comunero Crescenciano Santana es en realidad un prestanombre de Guillermo Moreno".
Además, "denunciamos que pesan órdenes de aprehensión en contra de otros trece comuneros derivadas de la misma denuncia presentada por el prestanombre del invasor Guillermo Moreno". Piensan que "el juez que emitió la orden de aprehensión y los agentes de la PGJEJ que la detuvieron actúan como personeros del invasor Guillermo Moreno", por
lo que "llamamos al presidente del Poder Judicial, Celso Rodríguez González, al procurador del estado Tomás Coronado Olmos y a su jefe, el gobernador Emilio González Márquez, a demostrar que no están actuando a favor de un invasor de territorio comunal que ha sido denunciado desde hace diez años y que, en cambio, están a favor de la legalidad y la aplicación de la justicia [...] si es así, Rocío Moreno debe salir de inmediato libre de cargos, y se debe hacer justicia a la comunidad de Mezcala restituyéndole los terrenos que le han sido invadidos desde hace una década".
Firman la Asamblea de comuneros de Mezcala, el Grupo Libertario Solidaridad, el Colectivo Cuadernos de la Resistencia, el Comité Salvabosque en defensa del Nixticuil, la Brigada Callejera, el Colectivo Rebelión Cotidiana y el Seminario Movimientos Sociales, Sujetos y Prácticas.
lunes, septiembre 05, 2011
PRI y PAN vulneran derechos de indígenas sobre cultivo de maíz
Estado / General | Jueves, 25 de Agosto de 2011 17:04 hrs. | |
Agencia JM
|
A Veracruz sólo le queda el 30 por ciento de sus selvas
De la gran extensión de selvas que conforman al estado de Veracruz, sólo quedan vivas el 30 por ciento, es decir, se ha perdido el 70 por ciento. Esto trae como consecuencia el desabasto de agua y el calentamiento de la región, por ello es fundamental la reforestación, expresó Oswaldo Graciano Porras, coordinador de Ecoalternativas para el Desarrollo Rural Sustentable, A.C, durante la Semana Forestal que organizó la Universidad Veracruzana (UV).
El territorio veracruzano, a lo largo y ancho, está conformado por un importante porcentaje de selva de varios tipos (tropical, alta, baja, caducifolia, etc.); sin embargo, esa gran extensión se ha dañado ocasionando su desaparición en alarmante porcentaje.
La devastación de la selva implica un serio daño al ecosistema y a los modos de vida, incluyendo la humana. “Lo que queda de selvas se debe en gran parte a las reservas, a los parques nacionales, a las Áreas Naturales Protegidas y a lo poco que la gente no ha convertido en pastizales, milpas, potreros”.
El cambio de uso de suelo y el lucro con animales y plantas exóticas son algunas de las causas principales de la devastación de las selvas veracruzanas, y a esto se suma otro problema: el poco interés para su reforestación, refirió.
Y es que de acuerdo con Oswaldo Graciano, el mayor interés para la reforestación –incluso de dependencias como Conafor– se centra en la restauración de bosques y áreas que contemplan la siembra de plantas maderosas, es decir, árboles como cedro, pino, encino, los cuales implican producción y ganancias económicas con base en las maderas finas.
Al respecto existe desidia e ignorancia por parte de la sociedad y las autoridades, pues es fundamental la reforestación en cuanto a plantas maderosas y especies tropicales y de todo tipo, ya que cada una tiene un valor único en el ecosistema, sobre todo en el actual momento de vida del planeta que sufre un cambio climático, precisó Graciano Porras. www.ecoportal.net
Sintesis
www.periodicosintesis.com.mx
DESCUBREN EN CHIAPAS DOS NUEVAS ORQUÍDEAS
El Universal, Miércoles 31 de agosto de 2011
Docentes y estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de ese estado encontraron en la selva Zoque una planta epítifa y otra terrestre
TUXTLA GUITIERREZ, Chiapas; 30 agosto 2011.- Docentes y estudiantes de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH) trabajan en la reproducción de orquídeas y plantas exóticas de los bosques y selvas de Chiapas, donde hallaron dos nuevas especies.
En días pasados descubrieron dos nuevas especies de estas plantas- en riesgo de reproducción y muy cotizadas en el mercado clandestino- en la zona selvática de la reserva de la biosfera El Ocote, en la región Centro de Chiapas.
Los especimenes, que no tenían registro en la flora de Chiapas, están catalogados como specklinia digitale y ponthieva brittoniae, la primera es una planta epítifa -que crece sobre otro vegetal- y la segunda es terrestre.
Las dos nuevas especies halladas en la llamada selva Zoque se agregan a las 717 que se tenían en el registro estatal y que conforman la biodiversidad de esas plantas, que albergan una gran variedad de insectos y son reguladoras de esos microclimas.
El biólogo egresado de la UNICACH, Francisco Javier Borraz Jonapá explicó que las nuevas orquídeas requieren condiciones específicas de sobrevivencia y que el hallazgo confirma la riqueza de biodiversidad de plantas en el corredor biológico de El Ocote, que se extiende a lo largo del municipio de Ocozocoautla de Espinosa.
En el laboratorio de cultivos vegetales de la UNICACH especialistas reproducen in vitro, especies de la flora chiapaneca, insertas en la categoría de riesgo o con problemas reproductivos, como las recién descubiertas.
Clara Luz Miceli Méndez, responsable del área advirtió que las orquídeas son plantas muy cotizadas y de gran demanda en el mercado negro, por su belleza excepcional y las bajas tasas de germinación en el medio natural.
Actualmente se reproducen especímenes de la reserva El Ocote. Próximamente trabajarán con especies del parque nacional Lagos de Montebello en la región Fronteriza, como parte del proyecto de restauración de esa población vegetal.
domingo, septiembre 04, 2011
Carta Agroecológica de Oaxtepec
Los más de 750 participantes en el III Congreso Latinoamericano de Agroecología organizado por la Sociedad Científica Latinoamericana de Agroecología (SOCLA) y la Universidad Autónoma Chapingo realizado en Oaxtepec, Morelos, México del 17 al 19 de agosto de 2011, y reunidos bajo el lema “La agroecología; para alcanzar la soberanía alimentaria en un planeta en crisis ambiental, energética y climática” declaramos:
1. La urgente necesidad de impulsar el paradigma agroecológico que asegure suficientes alimentos sanos y accesibles para la creciente población mundial, sobre la misma base de tierra arable, pero haciendo un mejor uso de los recursos como el petróleo, el agua y otros, dentro de un escenario de cambio climático e incertidumbre económica.
2. El modelo agrícola industrial-convencional y sus cuestionables derivaciones biotecnológicas y producción de agrocombustibles está agotado y no podrá dar respuestas a los desafíos del futuro agrícola en la región y el mundo. De hecho, la amenaza a la seguridad alimentaria es el resultado directo del modelo agroindustrial, caracterizado por monocultivos a gran escala y cultivos transgénicos, mientras las grandes compañías transnacionales se apoderan de semillas y tierras agrícolas, socavando con ello aún más la capacidad de suministro de alimentos, fibra y energía a las poblaciones locales.
3. Los umbrales de la naturaleza han sido sobrepasados por el crecimiento económico desenfrenado y los paisajes modificados hasta puntos extremos por el monocultivo y otras prácticas nocivas a los agroecosistemas, la salud humana y el ambiente natural. La agroecología provee las bases para revertir este proceso y restaurar los procesos ecosistémicos, como la producción de alimentos sanos, la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad, tan necesarios hoy en día para la supervivencia del planeta.
4. Considerando que el congreso se realiza en México, ubicado en Mesoamérica, centro de origen, diversificación y domesticación del maíz, manifestamos nuestro apoyo a las iniciativas de rechazo a la introducción de cultivos transgénicos en este o cualquier otro país. Hacemos un llamado a crear esfuerzos para desterrar los transgénicos del continente y transformar América Latina en una zona libre de transgénicos. Defender la agricultura campesina y exigir el derecho al libre uso de la biodiversidad por los campesinos e indígenas y rechazar el patentamiento y la restricción a la circulación de sus semillas nativas.
5. De igual manera, considerando que la Quinta Conferencia de las Partes del Convenio de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos Persistentes adoptó el 29 de abril del 2011, la decisión de eliminar la producción y el uso mundial del insecticida endosulfán, el III Congreso de la SOCLA hace un llamado a todos los gobiernos de América Latina y el Caribe para prohibir la importación, producción y uso del endosulfán. Además, trabajar para la eliminación de todos los agrotóxicos e implementar programas nacionales de apoyo a las alternativas agroecológicas para el manejo de plagas, para ir más allá de la mera sustitución por otro plaguicida químico. Para la aplicación de este compromiso internacional, los planes nacionales deberán estar abiertos a la participación de las organizaciones de productores y de académicos.
6. La agroecología está aportando las bases científicas, metodológicas y técnicas para una nueva “revolución agraria” a escala mundial. Los sistemas de producción fundados en principios agroecológicos son biodiversos, resilientes, eficientes energéticamente y socialmente justos. Informes internacionales como el IAASTD y del Relator Especial para el Derecho a la Alimentación de las Naciones Unidas, han concluido que el modelo agroecológico es la opción mas viable ya que permite la generación de sistemas agrícolas capaces de producir conservando la biodiversidad y la base de recursos naturales, sin depender de petróleo, ni insumos caros.
7. Miles de agricultores en especial campesinos e indígenas en América Latina ya practican este tipo de agricultura que ofrece múltiples beneficios ambientales, sociales, culturales y económicos a varios sectores de la sociedad rural y urbana de la región. Estos producen más el 50% de los alimentos que se consumen y las experiencias agroecológicas exitosas constituyen una guía para ser socializadas mediante procesos horizontales de intercambio participativo de experiencias.
8. Los movimientos sociales son claves para el escalonamiento de la propuesta agroecológica y para lograr políticas públicas favorables a ella y a la soberanía alimentaria. La soberanía alimentaria se centra en la autonomía, el consumo responsable, los mercados locales, los ciclos cortos de producción y consumo y las redes que promueven innovaciones e ideas agroecológicas. La agroecología no solo proporciona los principios para alcanzar la soberanía alimentaria, sino también la soberanía tecnológica, territorial, económica y energética dentro de un contexto de resiliencia.
9. Los científicos, académicos, profesionales y técnicos ligados a SOCLA apoyan desde su quehacer a estos movimientos sociales y juegan un rol fundamental en la sistematización de las experiencias agroecológicas surgidas de la investigación formal y de las tradiciones de los agricultores. También tienen la responsabilidad social de informar y presionar a los decisores para que se generen y rediseñen políticas públicas agrarias que potencien la agricultura sostenible tal como el acceso de los agricultores a la información, educación, investigación, tierra, agua, semillas locales, mercados, etc.
10. Hacemos un llamado a la sociedad en general a apoyar las propuestas agroecológicas que permitan consolidar la soberanía alimentaria, la conservación de los recursos naturales y el empoderamiento local, regional y nacional de organizaciones y movimientos campesinos.
Apremiados por la urgencia de los tiempos, convocamos a convertir esta declaración en plan de acción de la agroecología en América Latina y El Caribe.
No más desalojo y criminalización ni violencia en el campo!
Rechazamos la marginación del saber campesino e indígena y apoyamos el diálogo entre estos saberes y el conocimiento científico!
Apoyamos las iniciativas de educación en agroecología a todos los niveles, en el contexto urbano y rural, que fortalezca las capacidades para alcanzar la soberanía alimentaria en un planeta en crisis ambiental, energética y climática.
Hacemos un fuerte llamado a los estados a establecer políticas favorables a la agroecología!
Rechazamos todo intento de parte de las corporaciones multinacionales, los gobiernos y los organismos financieros internacionales de secuestrar y cooptar la agroecología. Defendemos la agrobiodiversidad como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad y la madre tierra!
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