Pobreza, persecución y discriminación diezman a indígenas

Milenio semanal
2010-02-14  Arturo Gómez Salgado

Elevada mortandad y éxodo adelgazan a las comunidades indígenas, mientras el presupuesto federal indígena de 44 mmdp es “virtual”. De las 56 etnias, 20 están en riesgo de extinción.

“Ha quedado demostrado que la política asistencialista que se aplica en las comunidades indígenas es un fracaso”, afirma Manuel García Corpus, presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, mientras discriminación, violencia, migración, despojo de sus tierras y problemas agudos de subsistencia por políticas públicas insuficientes o muy burocratizadas continúan diezmando a la población indígena, que en los últimos cinco años decreció en cuatro puntos porcentuales en relación con la población total actual del país, de 107.5 millones de personas.

Insuficiencia de servicios médicos, magra alimentación y problemas de peso desde el nacimiento, mantienen en este sector de la población la más alta tasa de mortandad, que en los niños menores de cinco años es 60 por ciento mayor al del resto de la población, mientras que los adultos registran una esperanza de vida en promedio de 20 años menos respecto a la población urbana. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), 26 niños indígenas mueren por cada mil que nacen, pero en algunas zonas de México como en Oaxaca, Chiapas y La Montaña Alta de Guerrero, esa tasa de mortandad infantil por desnutrición y enfermedades infecciosas es similar a la de los países del continente africano, donde muere 40 por cada mil.

El reciente informe del Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (Coneval) reconoce que no obstante el despliegue en recursos del Programa Oportunidades, orientado a atender a cinco millones de familias de comunidades rurales, la situación de los indígenas es reflejo de que la brecha de desigualdad social continúa ampliándose peligrosamente. Del total de seis millones de mexicanos que en los dos últimos años se sumaron a la pobreza alimentaría y patrimonial, 2.4 millones pertenecen a una de las 56 etnias del país de las cuales 20 están en acelerado riesgo de extinción.

Abelardo Ávila, investigador del Instituto Nacional de Nutrición, señala que la desnutrición aguda está presente en 72 por ciento de la población indígena sin acceso a los servicios de salud nacionales, lo que incide directamente en la elevada mortandad infantil y materna al momento del parto, cuya tasa alcanza a 17 de cada mil, frente a una media nacional de 5.4. “Las elevadas tasas de mortandad de madres e hijos están vinculadas estrechamente con una serie de desventajas como son alimentación deficiente, enfermedades infecciosas y parasitarias prevenibles, nulo acceso a los servicios de salud y talla baja consecuencia de una deficiente nutrición”, señaló.

El Consejo Nacional de Población (Conapo) destaca que la población autóctona se ubica principalmente en entidades del sureste y sur del país: 51.6 por ciento de la población de Yucatán forma parte de un hogar indígena, en Oaxaca 44.3 por ciento, en Guerrero 63 por ciento y en Chiapas 46 por ciento. Sin embargo, en todas esas entidades se observa una disminución constante de habitantes indígenas tanto por la elevada migración como por el despojo de sus tierras y la gran mortandad temprana. Conforme al conteo de ese organismo, que se espera sea validado por el Censo Poblacional del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) 2010, la población indígena en el país decreció de 10.1 a 9.7 millones en cinco años, por lo que actualmente representa nueve por ciento de la población total, cuando hace dos décadas conformaba 16 por ciento.

UNA VERGÜENZA

Para el presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara de Diputados, Manuel García Corpus, la desatención de los indígenas y la negativa a ser reconocidos como sujetos de derecho público con políticas acordes a sus reclamos y necesidades, significa una vergüenza para el gobierno federal, el cual para este año sólo asignó a la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) siete mil 815.7 millones de pesos, que representan apenas 6.3 millones de pesos más que lo ejercido en 2009.

Ese presupuesto asignado a la CDI, que ha solicitado una ampliación presupuestaria de 639 millones de pesos para impulsar programas sociales productivos en las propias comunidades, apenas representa 11.5 por ciento del Programa Oportunidades, que este año estará ejerciendo un total de 67 mil 820 millones de pesos en alimentación, salud y educación para cinco millones de familias de más alta vulnerabilidad. García Corpus estableció que aunque en Oportunidades se manejan 44 mil millones de pesos que deberán ser aplicados para el desarrollo de los pueblos indígenas, la realidad —dijo— es que es un presupuesto virtual, debido a que forma parte de los recursos globales que cada dependencia u organismo ejercerá este año para diferentes programas y no precisamente para atender los reclamos y necesidades de las comunidades autóctonas.

En entrevista con M Semanal subrayó que la posible disminución de la población indígena obedece a la constante migración como una forma de escapar de la pobreza y del hambre. “Lo que ahora tenemos es un mayor número de indígenas urbanos a quienes, lamentablemente, por su condición de monolingües o por su aspecto físico se les trata, en su propio país, como ciudadanos de segunda o de tercera”. El legislador apuntó que para acabar con el presupuesto virtual o de papel supuestamente asignado a atender a la población indígena, pero que se destina a otros rubros, ha propuesto crear el Ramo 39 donde se aglutinen todos los recursos para el desarrollo de las comunidades indígenas y que éstos se apliquen directamente para infraestructura rural, escuelas, clínicas y programas alimentarios. Lamentó que mientras en Brasil, Bolivia, Venezuela y Perú sí tienen programas específicos de atención a las comunidades indígenas en los que destacan la preservación de su cultura, usos y costumbres, en México persiste un abierto desinterés y una discriminación constante hacia las etnias, lo cual también se manifiesta en el sistema de justicia que persigue e incrimina a los más débiles. “Esas injusticias, que se suman a los también recientemente liberados indígenas acusados de participar en la matanza de Acteal, no deben ser permitidas porque, aunque no lo parezca, se acumula sentimiento y rencor”, puntualizó.

El presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas de la Cámara Baja señaló que el movimiento zapatista de 1994 fue una llamada de alerta del descontento y desilusión de los pueblos indígenas, y alertó que la herida está abierta y lo mejor es aplicar en lo inmediato una política de Estado de atención a los reclamos y necesidades de los pueblos indígenas que ahora están entre los pobres de los más pobres. “Ha quedado demostrado que la política asistencialista que se aplica en las comunidades indígenas es un fracaso y lo mejor es crear una partida especial orientada específicamente a la atención de las etnias, sus necesidades de salud, educación y trabajo. No podemos pensar —agregó el diputado— que con un apoyo económico de Oportunidades de entre 130 y 210 pesos mensuales se podrá combatir la pobreza en las comunidades indígenas, muchas de las cuales, por estar muy apartadas, ni siquiera saben que existe ese programa gubernamental”.

LA JUSTICIA Y LOS INDÍGENAS

De acuerdo a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y con datos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), en las cárceles mexicanas hay ocho mil 403 indígenas, de los cuales siete mil 530 son acusados de delitos del fuero común y 873 del fuero federal. Los delitos del fuero común por los que más se les acusa son violación, homicidio, lesiones y robo. En el ámbito federal, los más recurrentes son contra la salud en las modalidades de siembra, cultivo, transporte y posesión de droga, y violación a la Ley de Armas de Fuego y Explosivos.

Organismos nacionales e internacionales defensores de los derechos humanos como Human Rights Watch, coinciden en que los indígenas sometidos a un proceso penal se enfrentan a un sistema judicial con graves deficiencias, que los detiene, acusa y sentencia con criterio discriminatorio y racista. La CNDH asienta que los indígenas se enfrentan a procesos plagados de irregularidades, como la detención ilegal, fabricación de pruebas, tortura, falta de traductores, dilación y aplicación de la máxima pena sin considerar sus usos y costumbres.

Un ejemplo claro se tiene con las indígenas otomíes Teresa González y Alberta Alcántara, quienes están en espera de recibir sentencia a casi cuatro años de reclusión y a quienes la Procuraduría General de la República (PGR) exige se les aplique la pena máxima de 40 años por supuesto secuestro de seis agentes federales; recientemente fue liberada por no tener pruebas de los mismos cargos la indígena otomí Jacinta Francisco Marcial (M Semanal No. 629, 09-11-2009), quien permaneció en prisión tres años. Esas penas máximas —40 años— son de siete años menos que la dictada a César Freyre, acusado del secuestro de Hugo Alberto Wallace, y 10 años menor a la que recibió Juan Manuel Lugo, uno de los miembros de la célula criminal de secuestradores del cártel de Sinaloa.

DESPOJO Y ÉXODO

La investigadora en movimientos sociales, Paola Martínez González, señala que cada año miles de indígenas salen de sus comunidades huyendo del hambre o buscando justicia por el despojo de sus tierras de parte de empresas o terratenientes, quienes actúan cobijados por programas de gobierno como el Procede (Programa de Certificación de Derechos Agrarios), surgido supuestamente para dar certeza legal a los campesinos e indígenas cuando de acuerdo a los artículos 16, 56 y 78 de la Ley Agraria, los derechos se acreditan sólo con el certificado parcelario o con la resolución o sentencia del Tribunal Superior Agrario.

Según la Ley Agraria el Procede fue creado para darle a los campesinos seguridad jurídica sobre su propiedad, pero al momento del deslinde de las tierras éste se hace en línea recta, sin tomar en cuenta las curvas del terreno, con lo que se reduce la propiedad. Además, una vez que los campesinos indígenas entran a este programa, los promotores de la Procuraduría Agraria los convencen de rentar o vender sus tierras, más aún si son ricas en minerales o recursos naturales. Un ejemplo es el del pueblo Yoreme, en Sonora, donde se rentaron dos mil hectáreas que nunca se les regresaron.

En la misma situación encuentran los indígenas kiliwas, en el Valle de la Trinidad, localizado entre las sierras de San Miguel y el desierto de San Felipe, en el municipio de Ensenada. Ellos perdieron sus tierras por convenios leoninos diseñados para explotar los minerales del terreno, y similares casos de despojo por parte de empresas, de ganaderos e incluso narcotraficantes, siguen enfrentando los pueblos yaqui en Sonora, los tepehuanos en Durango y los teenek en San Luis Potosí.

Los teenek acusan a la Procuraduría Agraria de fragmentar sus tierras para obtener la certificación de derechos agrarios y acceder a una línea de crédito que ellos nunca lograron. Ante esa falta de financiamiento e imposibilidad de hacerlas producir, muchos rentaron y muchos más vendieron para buscar trabajo en otra entidad: el Centro de Derechos de la Montaña, Tlachinolan, documenta que en los últimos meses más de cinco mil familias indígenas de la Montaña y Costa Chica de Guerrero han salido de su estado para enrolarse en las agroindustrias de Sinaloa, Sonora, Baja California Sur, Nayarit, San Luis Potosí, Jalisco y Michoacán. Esas familias procedentes de los municipios guerrerenses más pobres del país abandonaron sus precarias viviendas junto con sus hijos para ganar un sueldo de 50 pesos diarios en el corte de tomate, pepino, berenjena, chile y fresas, así como de vegetales exóticos promovidos por los chinos.

El Consejo de Jornaleros Agrícolas con sede en Tlapa señala que este fenómeno sucede dos veces por año debido a la extrema pobreza en la región, particularmente en los municipios de Cochoapa el Grande y Metlatónoc, considerados los de mayor atraso en todo el país. Otro gran fenómeno migratorio se tiene en el estado de Oaxaca, donde de los 570 municipios que lo integran, 60 por ciento son de fuerte expulsión. El 90 por ciento de un millón 500 mil indígenas aproximadamente, contabilizados en el Censo de 2000, salen cada temporada de los pueblos mixtecos, zapotecos, triquis y mixes. El camino de estos migrantes conecta y lleva al Valle de San Quintín, donde se calcula puede haber 800 mil oaxaqueños, quienes posteriormente intentan ingresar al sur de California para quedarse permanentemente. Otros grupos étnicos como los mazahuas del Estado de México han decidido disgregarse en la zona centro del país en un caso de migración interna no menos devastador, siendo el típico caso del indígena urbano que emigra de su comunidad en busca de empleo o mejores alternativas de vida. Tan sólo en el Distrito Federal se calcula que hay una población de más de 500 mil mazahuas que se dedican al comercio al haber perdido sus tierras.