Paramilitares instalan campamento en poblado zapatista invadido

Animal político, 25 sep 2012 Paris Martínez (@paris_martinez): El grupo paramilitar Paz y Justicia estableció su campamento en un poblado que invadió hace dos semanas y cavó trincheras en las inmediaciones.
El grupo paramilitar Paz y Justicia, que el pasado 6 de septiembre desalojó a las familias zapatistas que habitaban el poblado Comandante Abel, en el municipio de Sabanilla, ha erigido en el lugar un campamento de 500 metros cuadrados, con siete edificaciones, y ha escavado trincheras en las márgenes del río que bordea la localidad, tomada a la fecha por 150 hombres apertrechados con armas de asalto, informó este lunes el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, al presentar un reporte sobre el recorrido que, junto con otras organizaciones civiles, realizó durante la semana pasada en ese punto de conflicto.

El reporte destaca que “se pudo constatar varios impactos de bala en las paredes de la Escuela Autónoma y las Tiendas Cooperativas, así como la cimentación de trincheras a la orilla del río que se encuentra a 200 metros del poblado.”

Además, se subraya, “las bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (actualmente refugiadas en las localidades aledañas) mencionaron que han identificado el uso de armas tipo R-15, también relataron que durante la noche los agresores se colocan desde las trincheras apuntando sus armas en dirección hacia donde ellos se encuentran. El poblado zapatista se compone de 147 hectáreas, la mitad de ellas es ocupada por los invasores.

En total, son 73 familias desalojadas, entre las que se encuentran cuatro mujeres embarazadas, así como niños y ancianos, todos los cuales presentan cuadros infecciosos, “sobre todo las mujeres y los niños, que tuvieron que pernoctar varias noches durante la fría aguadera del mes de septiembre”.

Asimismo, la Red de Enlace Zapatista informó que el próximo 30 de septiembre se realizará una protesta para demandar el cese de las hostilidades paramilitares en las zonas de influencia zapatista, que se llevará a cabo en la explanada del Palacio de Bellas Artes, a partir de las 11:00 horas.

A continuación, te presentamos el reporte íntegro presentado ayer por el Centro Fray Bartolomé, en la cabecera municipal de San Cristóbal de las Casas.

Sistema de Terreno Humano: inteligencia etnográfica

La Jornada, 29 de septiembre de 2012 Simón Vargas Aguilar*:

A principios de mayo pasado, dos consejeros del programa denominado Sistema de Terreno Humano (HTS, por sus siglas en inglés) visitaron el cuartel del Comando Norte (Northcom), en Colorado, para analizar si existe algún grado de desconocimiento cultural que pudiera garantizar el envío de antropólogos a nuestro país, en el contexto del Programa de Análisis Cultural de México del Comando Norte. Sin embargo, el vocero John Cornelio indicó que dicho programa se encuentra en su etapa de gestación por lo que sería inapropiado comentar algo sobre un asunto que no está totalmente definido.

No obstante, el pasado 30 de abril, un vocero no identificado del Northcom informó que en septiembre próximo el Ejército de Estados Unidos enviará un equipo de expertos que colaborarán con el gobierno en trabajos sociales relacionados con el narcotráfico. Los expertos forman parte del HTS y cuentan con experiencia en los conflictos de Afganistán e Iraq, en donde han desplegado a científicos sociales de 25 disciplinas.

De acuerdo con la información disponible en el sitio web del HTS, la misión del programa consiste en “reclutar, capacitar, implementar y apoyar un ‘integrado’ con un enfoque sociocultural para realizar las investigaciones y el análisis pertinente a fin de desarrollar y mantener una base de conocimiento sociocultural”, con la finalidad de apoyar a la toma de decisiones, mejorar la eficacia operativa, así como preservar y compartir el conocimiento institucional sociocultural.

El HTS busca, desde 2007, que antropólogos y científicos sociales coadyuven en la mejora de las capacidades de los militares estadunidenses a través de la inteligencia etnográfica –alianza entre la inteligencia militar y la etnografía de campo– y la recolección de datos de primera mano, para aportar una comprensión de la cultura y la organización social de las poblaciones, a efecto de que éstos puedan planificar y cumplir su misión de una manera más eficiente, recurriendo cada vez menos al uso de la fuerza.

Cada equipo de terreno humano está compuesto por un líder militar, un antropólogo, un coordinador de investigación y un analista. Los antropólogos, que reciben entrenamiento militar, portan uniforme y van armados, deben ayudar a los militares a ganarse la confianza de la población para así, atraer a ciertos grupos sociales a la causa y evitar que se alíen a los grupos radicales o a la insurgencia.

Durante los primeros cuatro años, el HTS tuvo relativo éxito, debido a que la presencia de los antropólogos posibilitó reducir las operaciones cinéticas en 60 por ciento, y concentrar a los elementos destacados en la seguridad, la salud y la educación de los locales.

Sin embargo, existen opiniones encontradas respecto de este programa. La antropóloga Montgomery McFate, ha señalado que el HTS ha contribuido a la antropologización de los militares, lo cual ha permitido evitar daños colaterales en conflictos armados centrados en lo cultural, ya que el saber sociocultural reduce la violencia y produce estabilidad, al comisionar a los antropólogos para hacer una guerra más humana a través de un trabajo social armado.

Mientras tanto, para Marcus Griffin, un antropólogo destacado en Irak entre 2007 y 2008, el HTS constituye una oportunidad para la antropología para promover la libertad en tiempos de crisis gracias a su comprensión de las culturas. En este sentido, el académico Julien Bonhomme concluye que los argumentos positivos se basan, principalmente, en una doble operación de culturalización y de despolitización de la guerra.

Como contraparte, los detractores del HTS señalan que éste transforma a la antropología en arma de guerra, mientras que para la Asociación Antropológica Americana (AAA), el programa ubica a los antropólogos en una posición proclive a violar el código deontológico de la asociación, y que el empleo de los antropólogos pone en peligro a otros antropólogos y a las personas que ellos estudian, además de subrayar que “el envío de ‘científicos sociales’ para estudiar poblaciones locales en compañía de tropas armadas en hostilidades activas no producirá información científicamente fiable”.

La utilización de las ciencias sociales, particularmente la antropología, tiene antecedentes en el siglo XIX y XX en los imperios francés y británico, así como en las Guerras Mundiales, la Guerra Fría, y las Guerras de Corea y Vietnam. Sin embargo, ante el avance de la tecnología y el carácter multifactorial de los conflictos bélicos, debemos estar atentos a las posibles implicaciones de programas como el HTS en el nuevo contexto geopolítico.

*Analista en temas de seguridad y justicia

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A pesar de sus muy buenas intenciones...

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• Hugo Alfredo Galletti

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Sunday, September 30, 2012 12:50 AM

Estimados todos:

Considero que, a pesar de sus muy buenas intenciones, la propuesta de la maestra Carabias no va más allá de lo ya conocido. Simplemente se trata de volver a armar la SEMARNAP (esta vez con P) para retornar a las formas de operación de la última década del siglo pasado.

Creo que el problema se ha puesto de cabeza. Por un lado, la pertenencia a la dependencia ambiental de los sectores de manejo de recursos naturales renovables (llámense pesca o forestal, que sí quedó en la actual SEMARNAT) simplemente frenó en seco el desarrollo de estos sectores en sus aspectos productivos. La frondosa normatividad seudo ambientalista surgida en los últimos veinte años (y digo seudo ambientalista porque a pesar de la misma los problemas ambientales se siguen acumulando) simplemente hace prácticamente inviable el desarrollo de estos sectores. La producción es la producción y debe verse como tal. No es realista que si uno quiera hacer un manejo forestal maderable se le exija la presentación de un inventario de fauna. Zapatero a tus zapatos.

Pero la carencia principal es que en la propuesta que tuvo a bien enviarnos Luis Aznar no se toca el problema central: la falta de criterios ambientales en la actividad agropecuaria. Allí está el meollo de la cuestión. Uno de los principales impulsores de cambio de uso del suelo en el Sureste es el paquete de apoyos para la ganadería, basados en el crecimiento espacial de explotaciones extensivas de muy bajo rendimiento y altamente demandantes de espacio. Al mismo tiempo hay conceptos que deberían ser incorporados al manejo ambiental, o impregnados de una visión ambiental, como el sistema-producto.

El concepto que debería ser central -al menos es mi opinión- es que la visión ambiental debe adquirir transversalidad. Todas las actividades referentes al uso de la tierra (rural y urbana) deben integrarse en dicha visión, y por supuesto con énfasis principal en las actividades agropecuarias. Se debe superar la visión actual en la cual a lo que depende del sector ambiental no se lo trata como un sector productivo y en lo que depende del sector productivo no se consideran los aspectos ambientales. Se debe actuar por un lado a partir de una concepción práctica de los aspectos ambientales y por la otra con una clara visión de desarrollo de los aspectos productivos. Al mismo tiempo deberá simplificarse drásticamente la sobrerregulación existente en los sectores que sí quedaron en la SEMARNAT, y de manera especial el forestal. Una cosa es que se dé una importancia cada vez mayor y progresiva a los aspectos ambientales, y otra muy diferente que se arme una parafernalia de NOMs y Reglamentos que simplemente castran el desarrollo de los sectores (por cierto, el hecho de que los reglamentos y NOMs no tengan ningún control legislativo es parte del problema, ya que los mismos por lo general son formulados con una visión más tecnocrática que de política pública, pero esto va más allá de lo que quiero discutir). El aspecto ambiental debe ser materia de la economía ambiental, no un juguete de biólogos (y conste que yo soy biólogo). AMBOS LADOS del problema deben ser considerados al mismo tiempo e integrados en la acción para el desarrollo sustentable.

Otro aspecto que ha sido dejado de lado es el problema ambiental urbano. En este aspecto, salvo algunas muy honrosas excepciones. somos una vergüenza internacional. La ciudad en que vivo, Chetumal, con menos de 200,000 habitantes, tiene una disponbilidad de 2m2 de área verdes por habitante, cuando la OMS establece un mínimo de 8m2. Y hay casos peores. En Guadalajara hace más de 20 años que no se construye un solo parque. Los aspectos ambientales urbanos son sistemáticamente ignorados tanto en la práctica como en la normatividad. La Ley de Asentamientos Humanos no tiene un solo capítulo dedicado a ello, y la LGEEPA establece criterios nobles pero totalmente abstractos. En Quintana Roo simplemente se ha separado la secretaría ambiental de la dedicada al desarrollo urbano. La mancha urbana es el principal foco de calentamiento global del planeta, pero de esto no se habla. El problema urbano es la rémora principal; si no se actúa a este nivel todo lo que se haga por el equilibrio ambiental va a ser superado por el cáncer del mal urbanismo. El tabú constitucional de que el uso del suelo urbano debe ser facultad exclusiva de los municipios en realidad ha empantanado a México en un urbanismo de cuarta. Es obvio que al nivel municipal pasa lo mismo que con la policía: las iniciativas quedan sujetas a los poderes fácticos locales, en este caso los "desarrolladores" urbanos que hacen su agosto con la cercanía a los factores de decisión. De la internalización de las externalidades ambientales ni hablar.

Una última observación: si queremos realmente impulsar el desarrollo sustentable, al menos al nivel rural, se deberán tomar en cuenta cuatro aspectos intrínsecamente ligados con el mismo:

1. Por un lado la relación existente entre la tenencia de la tierra y las posibilidades de incidencia de las políticas públicas. Si seguimos con conceptos abstractos como p. ej. que la legislación forestal se aplicará en forma indistinta sin tomar en cuenta las características de la tenencia de la tierra nos seguiremos perdiendo en el marasmo. Las políticas agropecuarias se basan en el principio básico de la unidad de producción. Las forestales en una cosa difusa que puede cambiar con la presentación de cada programa de manejo forestal.

2. Por otro lado, la relación existente entre el manejo de recursos de uso común y el desarrollo de las capacidades de gestión. No podemos seguir llenándonos la boca acerca de las bondades prístinas del manejo comunitario cuando -al menos en Quintana Roo, Campeche y gran parte de Chiapas- la comunidad está en un proceso agudo de descomposición social, con grupos internos que se transforman en coyotes ejidales, y prisionera de formas de gestión arcaicas. Los ejemplos de éxito en el país están ligados al surgimiento de formas de gestión más modernas, con consejos de administración, gerentes, etc. Ello no implica perder la visión comunitaria, sino llevar a la misma a los requerimientos de la economía moderna. Pero la ley forestal sólo hace una mención voluntarista acerca de comités forestales y empresas sociales, sin establecer obligaciones claras de superación administrativa. Y la Ley Agraria ni siquiera toca estos temas. Se trata del principal reto a que nos enfrentamos los que creemos en que el desarrollo económico -al menos en el sector rural- debe ir acompañado de la justicia social. Pero debemos superar la visión romántica del ejido y reemplazarla por formas de gestión comunitaria eficientes. Existe la obligación legal de contratar a un prestador profesional de servicios técnicos forestales, pero no se dice nada acerca del apoyo que debe existir para el desarrollo de los aspectos administrativos y contables. La SHCP es muy dura para cobrar multas, pero permite a los ejidos llevar unas cuentas sin rigor contable que los empantanan en el atraso, y por supuesto no cuenta con ningún sector dedicado a la capacitación contable. CONAFOR apoya con generosos subsidios la compra de maquinaria e infraestructura, pero los apoyos para el desarrollo de la capacidad administrativa y contable son raquíticos. Guatemala, que inició su experiencia de forestería comunitaria copiando a México, en este aspecto nos lleva una amplia delantera.

3. En tercer lugar, la relación que debe existir entre el mejoramiento del manejo de recursos y el desarrollo de las capacidades comerciales. Ello está muy ligado al punto anterior, pero para ello se requiere impulsar como parte integrada de la política pública el desarrollo de las capacidades comerciales. El sector primario (e incluyo gran parte del sector agropecuario) no ha avanzado de forma clara en este aspecto. En el sector forestal los avances que se habían registrado en generación local de valor agregado en muchos casos se han estancado o incluso revertido. Para ello se requiere impulsar la consolidación y desarrollo de las organizaciones regionales como empresas de servicios. Ello es todo un paquete organizativo.

4. Por último, impulsar el papel promocional y extensionista del estado. Tuvimos un INCA Rural y no lo dejamos crecer. En otros países (y no sólo de Europa o EEUU, sino en la propia América Latina) no se concibe un instituto de investigación sin un sector de extensión ligado al mismo. En nuestro "estado adelgazado" hemos delegado dicha función en una miríada de bufetes, lo que ha creado la competencia en el mercado... por la oferta de subsidios públicos. Resultado: la bufetitis generalizada, una verdadera inversión del problema. Se trata de racionalizar la acción pública y hacerla más eficiente, no de generar una casta de asesores técnicos que hacen de la gestión de proyectos a corto plazo su modus vivendi. Esta práctica simplemente no genera organización al nivel de la base productiva, sino la organización al nivel de los propios bufetes. Es un verdadero freno al desarrollo en un mundo cada vez más competitivo. Un equipo promocional público con una clara misión de detonar el desarrollo en sus aspectos técnicos, ambientales y organizativos resulta un desafío que hasta la fecha México no tomó.

No sé si estas observaciones resultan provocativas, pero si no planteamos el problema en su totalidad no lograremos superar la crisis que afecta al desarrollo rural: la dicotomía estructural. Una dicotomía entre empresas exitosas frente a una masa empobrecida y dependiente del subsidio público, unos ejemplos de manejo ambiental localizados frente al mal manejo generalizado.

El reto es desarrollar la capacidad de cabildeo suficiente como para que estos problemas se integren en la agenda de política pública del nuevo gobierno. Para ello debemos buscar aliados que vayan más allá del sector forestal. Se trata de una visión ambiental del desarrollo que debe ser compartida por actores de diversos sectores, hasta generar una fuerza de opinión que impulse los cambios necesarios, no sólo en la adscripción institucional de diversos sectores sino también -y de manera principal- en la forma de conceptualizar y operativizar la política pública.

Esperando haber contribuido al análisis de nuestra problemática les envío un cordial saludo.

Hugo Alfredo Galletti

Cambios institucionales

Julia Carabias
Reforma, 29 Sep. 12

Políticas públicas reforzadas o innovadoras que incluyan criterios de sustentabilidad ambiental, ajustes al marco legal, instrumentos de planeación y económicos, inversiones en proyectos sustentables, organización de la sociedad, fortalecimiento de capacidades, conciencia social, información, entre muchos otros componentes, constituyen la base para lograr un verdadero cambio de rumbo hacia el desarrollo sustentable. Y, sin duda, todo ello requiere un proceso de institucionalización.

Las instituciones ambientales en México tienen una historia relativamente corta. La primera institución encargada de la gestión ambiental fue la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, creada en 1972 dentro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la cual tuvo un sesgo hacia los problemas de contaminación del aire con un enfoque de sanidad.

En 1982, la visión de los temas ambientales se amplió y evolucionó hacia la gestión de los problemas urbanos y los relacionados con la protección de los ecosistemas naturales. Se creó así la Subsecretaría de Ecología dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Diez años después, esta última institución se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaria de Ecología se convirtió en dos órganos desconcentrados: el Instituto Nacional de Ecología (responsable de la normatividad y administración ambiental) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (especializada en las funciones de inspección y vigilancia).

Ninguna de estas instituciones podía incidir en el manejo de los recursos naturales: forestales, pesqueros e hídricos, que se administraban desde las instituciones productivas, particularmente las agropecuarias.

Las evidencias de deterioro y agotamiento de los recursos naturales en el País debido a la falta de criterios ambientales en las políticas de manejo de estos recursos seguían acumulándose. Para subsanar esta deficiencia, en diciembre de 1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) con la finalidad de integrar, en una sola institución, las políticas antes dispersas y generalmente contradictorias.

La Semarnap conjuntó en una sola institución federal la regulación, administración y vigilancia de los asuntos ambientales con la de los recursos forestales, pesqueros e hidráulicos, y con ello, se facilitó una visión de sustentabilidad en los programas de cada sector.

Sin embargo, el proceso de integración quedó interrumpido cuando el sector empresarial pesquero persuadió al entonces candidato Fox durante su campaña para que sacara a este sector de la Semarnap, bajo el argumento de que se había frenado el crecimiento de las pesquerías. Lo que no reconocieron fue que la política de la Semarnap era detener el incremento del deterioro e incluso revertirlo.

Fox les concedió su demanda y en diciembre de 2000 constituyó la Comisión Nacional de Pesca, ubicándola en el sector agropecuario. El resto de los sectores quedaron en la actual Semarnat (sin la p). Así, los criterios de sustentabilidad aplicados a las pesquerías se fueron relajando y se priorizó nuevamente la extracción de volúmenes de pesca sin considerar los daños ambientales; el resultado, después de 12 años, ha sido que los recursos pesqueros se deterioraron aún más.

Reconociendo este problema, la Alianza PRI-PVEM en su documento de Plataforma Electoral Federal y Programa de Gobierno 20012-2018, registrado ante el IFE, se comprometió a "Impulsar una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para incorporar el sector pesquero a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales". Esta propuesta fue expresada también por diversos sectores de la sociedad durante las campañas políticas pasadas.

Avanzar en las políticas de sustentabilidad del desarrollo requerirá muchos ajustes institucionales, pero los dos más significativos, sin mencionar los correspondientes a los ajustes internos de la Semarnat, son:

Uno, reconstruir una institución sólida e integral, que incluya la administración de todos los recursos naturales renovables bajo criterios de sustentabilidad ambiental. Ello implica integrar la Conapesca a la Semarnat para redefinir la política pesquera con base en la información de la salud de las pesquerías y, sin frenar el aprovechamiento, garantizar que éste sea sustentable, además de, evidentemente, no desintegrar al sector forestal (Conafor) ni al hídrico (Conagua), como algunos pretenden.

Dos, establecer un Gabinete de Desarrollo Sustentable en el que, bajo la conducción del Presidente de la República, interactúen las instituciones responsables de los temas ambientales, económicos y sociales, para planear, de manera integral, las políticas públicas responsables de la superación de la pobreza, la disminución de las desigualdades y la conservación y recuperación del capital natural.

Estas dos modificaciones significarían un impulso sustantivo en la construcción del desarrollo sustentable del País.

Debatirán en Chiapas propuestas políticas ambientales oficialistas y alternativas

En oposición al mecanismo oficial que “pretende poner precio a selvas y bosques”, las organizaciones discutirán “soluciones al cambio climático y sus implicaciones sobre la biodiversidad

La Jornada / Hermann Bellinghausen
Publicado: 23/09/2012 14:33

 México DF. Los próximos días, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, será escenario de un excepcional debate sobre las políticas ambientales oficialistas y las propuestas alternativas de organizaciones independientes, especialistas y representaciones comunitarias de todo el continente.

Servirá de catalizador para la reunión de gobiernos subnacionales de seis países, encabezada por el mandatario chiapaneco Juan Sabines Guerrero los próximos días 25, 26 y 27, para negociar la implementación del programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD plus).

La promoción de compensaciones subnacionales de REDD por parte de la Fuerza de Tarea de gobernadores para el clima y los bosques (GCF por sus siglas en inglés) “puede agudizar la crisis climática al permitir que las industrias sigan contaminando sin reducciones reales de emisiones de carbono por deforestación”, explicó Paloma Neuman, de Greenpeace, al presentar el documento Espejitos por aire, que plantea una crítica revisionista del proyecto gubernamental.

Se efectuarán dos encuentros independientes que plantean un rechazo más frontal al mecanismo trasnacional iniciado por el ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger. Uno lo convoca la Vía Campesina. El otro, un abanico de decenas de organizaciones de todo el continente, que incluye a comunidades de la región Amador Hernández en la selva Lacandona, a organizaciones afectadas por la “economía verde”, así como Otros Mundos, Amigos de la Tierra Internacional, Nat Brasil, Indigenous Enviromental Network, Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe.

En oposición al mecanismo oficial que “pretende poner precio a selvas y bosques”, las organizaciones discutirán “soluciones al cambio climático y sus implicaciones sobre la biodiversidad y los pueblos originarios” durante la Semana Popular contra REDD y sus gobiernos. Los convocantes sostienen que el mecanismo “no respeta los derechos de pueblos indígenas”. Las comunidades de Chiapas “no han sido suficientemente informadas ni consultadas, ni el programa prevé la pertinencia cultural de sus objetivos y medios”.

REDD “incentiva la destrucción de la biodiversidad”, añaden. “Los estados subnacionales, las empresas y los organismos multilaterales conceptualizan el término de bosque al incluir plantaciones cuya sobrevivencia demanda grandes volúmenes de agrotóxicos y agua”. El mecanismo “no soluciona el cambio climático ni se enfoca en la urgente disminución de gases en los países industrializados, y permite que sigan contaminando mediante la ‘compensación’”.

La falta de permanencia del carbono forestal capturado hace de REDD “un engaño”, que sin embargo “responsabiliza a las comunidades indígenas y campesinas del sur intertropical” como “sumideros del dióxido de carbono que los países del norte industrial emiten”, obligándolas a constituir reservas boscosas, o las criminaliza si se oponen. Bajo el esquema de REDD se materializa el desalojo de los pueblos “para arrasar las selvas y dar lugar a plantaciones”. Los se quedaron en sus territorios, “al disminuir sensiblemente el precio mundial de los biocombustibles han sido encarcelados por tumbar las palmas aceiteras”.

Según los convocantes de la Semana Popular, el mecanismo REDD “divide y enfrenta a las comunidades” y es “contrainsurgente”. La aceptación del proyecto en Chiapas por la Comunidad Lacandona, “un pueblo indígena inventado por el gobierno hace 40 años para llevar adelante su negocio de la extracción de maderas finas”, confronta a las comunidades vecinas de

Montes Azules. En abril de 2011, recuerdan, “en ceremonia oficial, el gobernador les entregó armas y uniformes para hacer rondas en el perímetro colindante con las comunidades tzeltales en resistencia que se oponen al paso de la llamada brecha Lacandona, que consolidaría los contratos de despojo”.

El mecanismo “promueve la descampesinización”, es “antidemocrático” y “un robo a la Nación” porque su “impostura climática pretende trasnacionalizar la biodiversidad del trópico húmedo mexicano”. Crea bases para la especulación de bonos de carbono forestal, un “comercio del aire” que impacta “la propiedad y control de la tierra al crear nuevos regímenes de privatización”.

La posición de Greenpeace Internacional es menos extrema: “Un GCF redirigido evitaría ser un obstáculo para convertirse en un aliado en la batalla contra el cambio climático y proteger los bosques y los derechos de los pueblos”, explicó Sebastian Bock, vocero del organismo.

Los grandes beneficios de los pequeños campos de cultivo

Kanayo F. Nwanze/Project Syndicate 21 sep 2012: ROMA – A medida que la sequía se hace cada vez más común, los agricultores en todo el mundo se esfuerzan por mantener los rendimientos de sus cultivos. En los Estados Unidos, los agricultores están atravesando la peor sequía en más de medio siglo. Como resultado, los precios a nivel mundial del maíz, el trigo y la soja aumentaron en julio y agosto, y se mantienen altos.
Pero el periodo de sequía severa que reseca las tierras de cultivo a lo largo y ancho de los EE.UU. es sólo el último de un ciclo global de sequías que cada vez son más frecuentes y dañinas. En la región africana del Sahel, millones de personas sufren hambre por tercera vez desde el año 2005. La falta de lluvias en la región y la volatilidad de los precios mundiales de los alimentos han empeorado la situación. De hecho, son los pobres del mundo – en especial  los de las zonas rurales – quienes más sufren a causa de estos factores combinados.
Este no es un buen augurio para el futuro. Hasta el año 2050, la producción mundial de alimentos tendrá que aumentar en un 60% para satisfacer la demanda de una creciente población mundial cuyos hábitos de consumo están cambiando. Para garantizar la seguridad alimentaria de todos, tendremos que aumentar no sólo la producción de alimentos, sino también la disponibilidad de los mismos, especialmente para las personas que viven en países en desarrollo. Esto significa romper barreras y desigualdades, crear capacidades y difundir conocimientos. En África, los pequeños agricultores – que proporcionan el 80% de los alimentos de la región sub-sahariana – necesitan infraestructura para alcanzar el desarrollo agrícola, incluyendo sistemas de riego y caminos, así como también acceso a la tecnología y una mejor organización de los mercados.
El Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola ve un enorme potencial en el sector agrícola de África, que experimentó un crecimiento del 4,8% en el año 2009, frente al 3,8% de la región Asia-Pacífico y tan sólo el 1,4% de América Latina y el Caribe. Teniendo en cuenta que la agricultura contribuye aproximadamente con el 30% del PIB del África Subsahariana, y representa más del 60% del empleo en la mayoría de los países africanos, el desarrollo del sector podría reducir sustancialmente la pobreza en la región.
No sólo en África  – es decir no sólo en países como Burkina Faso y Etiopía – sino también en países emergentes como China, India y Vietnam, la historia ha demostrado de manera repetida que los pequeños agricultores pueden conducir hacia el crecimiento agrícola mientras que simultáneamente se estimula un desarrollo económico más amplio. Los pequeños agricultores, tanto mujeres como hombres, son los mayores inversores agrícolas de África. Y el crecimiento del PIB impulsado por la agricultura es más del doble de eficaz (twice as effective) en cuanto a reducir la pobreza en comparación con el crecimiento en otros sectores.
Pero los agricultores africanos se topan con obstáculos significativos cuando tratan de alcanzar su potencial. En promedio, usan menos de 10 kilogramos de fertilizante por hectárea, en comparación con los 140 kilogramos que se utilizan en la India. Además, menos del 5% de las tierras agrícolas tiene acceso a riego, y muy rara vez se utilizan  variedades mejoradas de semillas.
Los esfuerzos dirigidos al desarrollo agrícola deben, por lo tanto, centrarse en la promoción del crecimiento y la sostenibilidad de los pequeños agricultores y de las pequeñas empresas rurales. Esto requiere un entorno regulatorio más favorable, asistencia técnica, así como también conexiones con proveedores, distribuidores y proveedores de servicios financieros.
Los países que están experimentando un crecimiento agrícola importante, como por ejemplo Brasil y Tailandia, se han beneficiado de la inversión pública dirigida a la investigación y al desarrollo de infraestructura. Debemos tomar en cuenta no sólo la forma de mejorar la capacidad que los pequeños agricultores tienen para producir alimentos, sino que también debemos fortalecer su capacidad para participar en los mercados, mientras que simultáneamente se mejora la manera en la que tales mercados funcionan.
Adicionalmente, se necesitan vínculos de inversión sostenible entre los pequeños agricultores y el sector privado. Al proporcionar la capacidad para que los agricultores aumenten su producción e ingresos, la inversión privada que incluye a participantes pequeños puede impulsar el crecimiento económico y la seguridad alimentaria. Por último, las organizaciones de agricultores, que son intermediarios fundamentales entre los productores y los inversores corporativos, deben participar en la formulación de planes y políticas destinadas al desarrollo agrícola.
Un sector rural vibrante puede generar demanda de bienes y servicios producidos localmente, y consecuentemente puede estimular el crecimiento sostenible del empleo en la agroindustria, los servicios y la manufactura a pequeña escala. Tales oportunidades permitirían que los jóvenes prosperen en sus comunidades rurales, en lugar de verse forzados a buscar trabajo en zonas urbanas.
África puede alimentarse a sí misma. Pero eso no es todo: con conocimiento, tecnología, infraestructura e instauración de políticas, los pequeños agricultores en África y en el resto del mundo pueden impulsar el desarrollo agrícola sostenible, contribuir a la seguridad alimentaria mundial, y catalizar el crecimiento económico en todo el mundo.

Grupo paramilitar toma un pueblo zapatista en Chiapas

Retodiario. 19 de Septiembre de 2012 : 09:10 Hrs

El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas inició ayer un recorrido “urgente” por el municipio de Sabanilla, en el norte de Chiapas, luego que bases de apoyo del Ejército Zapatista de Liberación Nacional “fueron agredidas con armas de fuego, por la organización paramilitar Desarrollo, Paz y Justicia”, el pasado 6 de septiembre, ataque tras el cual permanecen desaparecidas 14 personas. En el ataque, informó el centro de derechos humanos auspiciado por la diócesis de San Cristóbal de las Casas, participaron 55 hombres encapuchados, con uniforme tipo militar y apertrechados con armas de asalto, que desalojaron del poblado Comandante Abel a las familias zapatistas instaladas ahí desde 2011. Desde entonces, reportó el Centro Frayba, 70 familias permanecen refugiadas en las montañas, aunque “se desconoce el paradero de 14 personas, entre ellas dos niños”. En un comunicado fechado el 7 de septiembre, las autoridades comunitarias que integran la Junta de Buen Gobierno del poblado Comandante Abel informó que los agresores pertenecen “a la comunidad Unión Hidalgo y los priistas de San Patricio, del municipio oficial de Savanilla” y detallan que, 24 horas después de la invasión, ya se concentraban en el poblado 150 “paramilitares” que destruyeron cosechas y alambrados. Durante los primeros dos días de la agresión, las autoridades del poblado zapatista contabilizaron al menos 56 detonaciones de armas AR-15 y pistolas 9 milímetros contra la comunidad. Según las autoridades de Comandante Abel y el Centro Fray Bartolomé de las Casas, el grupo responsable de la toma violenta de este poblado es Paz y Justicia, la organización paramilitar surgida en la zona norte de Chiapas tras el fallido asalto militar contra el EZLN realizado en febrero de 1995. El ataque, especificó la Junta de Buen Gobierno, fue dirigida, entre otros, por el ex candidato del PRI a la alacaldía de Sabanilla, Carlos Cléber González Cabello, así como por autoridades edilicias de San Patricio (poblado del que se separaron en 2011). Cabe destacar que ya desde octubre del año pasado, el gobernador Juan Sabines reconoció que las familias zapatistas están “asentadas legalmente” en el poblado Comandante Abel, y desde entonces ofreció garantías para su seguridad. No obstante, se han reportado hasta la fecha distintos ataques para el robo de cosechas, así como incursiones intimidatorias de hombres armados, que culminaron con la toma del poblado llevada a cabo entre el 6 y 7 de septiembre pasados. Por ello, al informar de su “acción urgente” en la zona, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas exigió que “se proteja la vida, integridad y seguridad personal de las bases de apoyo del EZLN de la Comunidad Comandante Abel, así como de los integrantes del grupo de activistas civiles que visita Sabanilla, además de que se localice a las 14 personas reportadas como desaparecidas tras la incursión paramilitar.

A la una, a las dos..... El gran acaparamiento verde de tierras

Por Terry Sunderland

Investigador principal, Centro para la Investigación Forestal Internacional

“Compren tierra pues no se fabrica más!” El irónico comentario de Mark Twain sobre el boom de la adquisición de tierras en América del Norte a finales del siglo XIX sigue siendo tan pertinente hoy como lo fue entonces. Más de 100 años más tarde, la magnitud de las compras actuales de tierra a nivel global y la apropiación de las tierras de los pobladores locales no tiene precedentes desde las adquisiciones coloniales de tierras del siglo XIX y principios del siglo XX.

For further reading of “green grabbing” please refer to the following link:http://www.tni.org/interview/green-grabbing

Estimulados por el repunte global en el precio de los alimentos hacia finales de la primera década de 2000, varios países ricos, que dependen de las importaciones de alimentos, empezaron a comprar grandes extensiones de tierra en el mundo en desarrollo a fin de alcanzar su propia seguridad alimentaria. Además, con el surgimiento del mercado de biocombustibles, las plantaciones para la reforestación y la creciente expansión de los cultivos comerciales como la palma aceitera, el control de grandes extensiones de bosques en el mundo ha sido transferido del Estado a propietarios privados, destruyendo en el proceso valiosos recursos forestales, especialmente la madera.

Los motores económicos de esta conversión de tierras han sido ampliamente documentados. Los gobiernos con grandes extensiones de tierras se verán favorecidos con la expansión de la producción agrícola, a pesar del impacto inmediato sobre sus poblaciones rurales, que con frecuencia no se benefician de este tipo de desarrollo económico y enfrentan más bien la anexión de sus tierras consuetudinarias.

Mientras que el fenómeno del “acaparamiento de tierras”, como se lo ha llegado a conocer, continúa sin parar, un movimiento, crecientemente más sutil y cuestionable desde el punto de vista ético, ha cobrado impulso. A nivel global, grandes extensiones de tierras están siendo apropiadas por la agenda ambiental, un proceso que ha encontrado gran acogida entre influyentes ONG internacionales de conservación. El periodista del diario inglés The Guardian, John Vidal, describió este nuevo enfoque a la conservación como“el acaparamiento verde”.

Esta apropiación de tierras, basada en el medio ambiente, no es un concepto nuevo. A finales de 1980, el entonces fondo Earthlife ofrecía a compradores privados la oportunidad de adquirir un acre del recientemente creado Parque Nacional de Korup en Camerún para garantizar su conservación a largo plazo. El esquema fracasó por diferentes razones, pero a pesar de las limitaciones iniciales que esta iniciativa representaba, la comercialización de la naturaleza se ha ido convirtiendo en el enfoque dominante hacia la conservación.

Un ejemplo claro es la propagación de portales como Ecosystems Marketplace, entre otros, que sostienen que los mercados para los servicios ecosistémicos proporcionados por la naturaleza se integrarán en un futuro completamente a nuestros sistemas económicos actuales. Y, como John Vidal manifestó, la adquisición de tierras con fines de conservación se ha convertido en dominio exclusivo de los adinerados, interesados en inversiones exclusivas y supuestamente éticas.

En un documento de síntesis publicado en una reciente edición especial del Journal of Peasant Studies, James Fairhead y sus colegas muestran el creciente predominio del “acaparamiento verde” y cómo el sector del medio ambiente está influyendo en la forma que percibimos y gestionamos la naturaleza. Estos investigadores presentan un análisis revelador que muestra hasta dónde ha llegado el sector ambiental para aceptar la economía de mercado, ya sea para servicios de carbono, biodiversidad o servicios al ecosistema.

Fairhead y sus colegas argumentan que la mercantilización de la naturaleza ha reflejado una tendencia global hacia el neoliberalismo, en donde el mercado define y supuestamente dicta lo que debemos y no debemos valorar. Por ello, los esquemas de Pagos por Servicios Ambientales (PSE), la Reducción de las Emisiones de Deforestación y Degradación de los Bosques (REDD) y otras iniciativas basadas en el mercado han sido incluidas en la agenda de conservación. 

Cada vez más, la naturaleza se ha convertido en una fuente de ganancias económicas, generando inesperadas alianzas entre empresas, gobiernos con grandes extensiones de tierras, la industria bancaria, ONG de conservación internacionales y la comunidad de donantes. A la luz de la reciente pérdida de confianza en la industria financiera global y la resultante recesión global, sorprende quizás que nuestras preocupaciones ambientales se vean influenciadas por la necesidad de integrar mercados para carbono y otros productos naturales a nuestras economías. Todo parece indicar que el dinero habla. ¿Pero es esto cierto?

Lamentablemente, los enfoques basados en las finanzas, por más bien intencionados que sean, tienden a pisotear los derechos de la población local. La apropiación de tierras sin un reconocimiento completo de la tenencia consuetudinaria que los pobladores rurales han disfrutado por siglos tendrá sin lugar a dudas consecuencias negativas sobre los medios de vida. Aunque los enfoques basados en derechos para “infringir el menor daño posible” a la gente local están bastante desarrollados desde el punto de vista conceptual, la realidad en el campo es con frecuencia bastante diferente. De ahí la bien documentada resistencia a las iniciativas PSE/REDD por parte de las poblaciones indígenas que ven sus derechos avasallados y sus medios de vida seriamente afectados.

El principal resultado de Rio +20, donde las “economías verdes” fueron consideradas fundamentales en la agenda de desarrollo sostenible, ha aumentado la percepción de que las soluciones basadas en el mercado son la panacea para los problemas ambientales del mundo. Como resultado, algunos argumentan que el valor intrínseco de la naturaleza y el respeto por los medios de vida y los sistemas de conocimiento locales se han perdido frente a enfoques influenciados cada vez más por enfoques de mercado.

El sistema global enfocado en el mercado ha estado supuestamente encargado de supervisar la transformación de casi todos los ecosistemas y biomas de la tierra. Por ello, buscar en la misma fuente soluciones sostenibles y equitativas a nuestros problemas ambientales podría parecer cuestionable. Las millones de personas que pronto se quedarán sin tierras probablemente estarían de acuerdo.

Ciudades rurales y reordenamiento territorial: el camino del despojo

Ciudades rurales y reordenamiento territorial: el camino del despojo
Abraham Rivera Borrego Miembro del Colectivo de Análisis e Información Kolectiva (CAIK)

FOTO: Cortesía del Primer Encuentro Sobre Ciudades Rurales Sustentables, Puebla, 02-09-2011

Las Ciudades Rurales en Chiapas son pequeñas ciudades edificadas ex profeso en el área rural, que ofrecen a las comunidades indígenas y campesinas una serie de servicios –entre ellos luz, agua, drenaje, educación, salud, comunicaciones y empleo– con el objetivo de “concentrar” a los hombres y a las mujeres del campo. Pero en realidad, detrás de este discursodesarrollista, afloran otros objetivos no explícitos que se hacen obvios bajo la lógica de una integración extractivista y basada en el despojo.
“Según datos oficiales, actualmente el Programa Ciudades Rurales Sustentables (CRS) en Chiapas comprende ocho ciudades rurales. Dos ya están habitadas: Nuevo Juan del Grijalva, donde fueron reubicados los afectados del desastre de 2007, y Santiago El Pinar, donde se reubicó a población indígena. Los planes del Programa incluyen seis ciudades más, de las cuales cinco se encuentran en etapa de construcción y una en fase de planeación” (Informe de la Misión Civil de Observación de la Red Paz y caik sobre el Programa Ciudades Rurales Sustentables).
Este Programa forma parte de un enorme esfuerzo por transformar la vida en el sur-sureste de México, particularmente la vida en el campo, hacia patrones de consumo y producción orientados a la lógica del mercado. Dicha iniciativa es parte de otros grandes planes del pasado que quedaron enunciados hacia finales del sexenio de Ernesto Zedillo (1994-2000) y que han encontrado expresión en el Plan Puebla Panamá, ahora rebautizado como Proyecto Mesoamérica: proyecto de ”infraestructura y desarrollo”, centrado principalmente en las áreas de energía, electricidad, salud, educación, telecomunicaciones, agrocombustibles, carreteras y vivienda.
Para la economía neoliberal es muy importante que los territorios a explotar estén despejados y que la población que viva en ellos sea desplazada a una especie de núcleos de concentración urbanos. Las Ciudades Rurales son estos centros a donde los pueblos son reubicados anulando la posibilidad de tomar decisiones sobre el destino de su tierra, dependiendo totalmente del modelo económico imperante y quedando, consecuentemente, bajo un modo de vida campesino-indígena seriamente fracturado.
Actualmente, la forma de operar y anexionar territorios a la economía de mercado, se desarrolla mediante diversos elementos de control tales como los organismos financieros multinacionales, la banca multilateral, las empresas trasnacionales, los planes económicos de infraestructura y seguridad, los tratados de libre comercio, la ocupación militar y la guerra irregular, entre otros.
El verdadero trasfondo de estos tratados y acuerdos es obtener un control eficiente y mayor sobre las reservas energéticas del petróleo y del gas en territorio nacional, así como una mayor intervención sobre territorios estratégicos que contienen importantes dotaciones de biodiversidad en todo el continente americano. Hablamos de áreas como el Corredor Biológico Mesoamericano que comprende desde el sur-sureste mexicano, pasando por los países del Istmo Centroamericano y llegando hasta las fronteras con Colombia y Panamá.

FOTO: Orin Langelle

“El programa CRS no fue ideado ni por el gobierno estatal ni por el gobierno federal. Sus orígenes y elementos rectores pueden rastrearse en documentos y comunicados de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial. Esta institución preconiza la integración económica como la principal arma de lucha contra la pobreza, y como vía para “llevar el desarrollo a todos los rincones del mundo”. (Boletín sobre las Ciudades Rurales de caik).
En este sentido, el territorio chiapaneco cobra vital importancia en el proceso de reordenamiento territorial ya que ofrece grandes posibilidades de ampliar circuitos económicos de alta rentabilidad para los inversionistas; sustentándose en el control de la biodiversidad, el agua, la producción energética, la extracción de minerales y petrolera, el desarrollo de la industria turística y la incautación de grandes extensiones de territorio para el monocultivo y la agroindustria.
Igualmente, como consecuencia de las relaciones de poder existentes hoy en día en todo el planeta, el acceso, gestión y usufructo de los recursos naturales están limitados y controlados por el poder geopolítico de los países ricos y los organismos multilaterales que pretenden la apropiación de territorios a los que antes no tenían acceso.
En este momento, la geopolitización de los recursos naturales ha arrojado una nueva doctrina de “seguridad ambiental”, que se lee como el aseguramiento o protección de zonas ricas en recursos estratégicos frente a escenarios de incertidumbre que pongan en peligro la estabilidad de la economía. Esta nueva doctrina promovida por los países ricos integra dentro de la estrategia de seguridad nacional el posicionarse, responder o reducir cualquier incertidumbre que desequilibre su desarrollo económico.
Uno de estos países es Estados Unidos, que integró esta doctrina (2008) dentro de su Plan de Seguridad Nacional. Desde luego este concepto de seguridad ambiental se presenta ante la opinión pública como garante de la conservación del medio ambiente, la ayuda humanitaria y el desarrollo social para los más pobres.
En este sentido, desde los años 90s, América Latina se coloca como reserva estratégica de Estados Unidos. Centroamérica y el Cono Sur operan en función de la geopolítica estadounidense vía el Comando del Sur y otros esquemas como el Plan Colombia. Canadá y México ya están bajo control militar estadounidense por medio del Comando del Norte, la Alianza para la Seguridad y Prosperidad de América del Norte (ASPAN) y actualmente la Iniciativa Mérida. Todos estos planes militares representan el candado de seguridad de los tratados de libre comercio como el de América del Norte (TLCAN) y los “planes de desarrollo” como el Proyecto Mesoamérica a lo largo de todo el continente.
Ubicadas dentro de la lógica del Proyecto Mesoamérica, las Ciudades Rurales funcionarán entonces como una forma de lo que David Harvey llamó “acumulación mediante desposesión”. La separación entre el campesino y la tierra que es la base de la acumulación capitalista, sin la cual el capital no tendría mano de obra ni recursos naturales para explotar.
Asimismo, hay otro elemento que juega un papel fundamental en la desarticulación del modo de vida indígena-campesino: la cuestión alimentaria. En Nuevo Juan de Grijalva, las cientos de personas allí concentradas han perdido la capacidad de producir sus propios alimentos. En palabras también de un habitante de la ciudad rural: “Allá todo lo cosechábamos nosotros. Si queríamos pescadito íbamos al rio y allá lo conseguíamos. No nos costaba comprar sino que lo pescábamos. No sé cómo, pero cada quien buscábamos la forma de vivir. Aquí no hay con qué”.
La separación o alejamiento del campesino o campesina de su tierra trae importantes consecuencias sobre su alimentación y nutrición, y más aún, conlleva la dependencia total del dinero como forma de supervivencia. Esta subordinación alimentaria y económica es claro ejemplo de una estrategia que busca subsumir a la población bajo el control del mercado, destruyendo cualquier vestigio de autonomía, soberanía o independencia.
Concentradas en las ciudades rurales, las comunidades indígenas y campesinas no sólo pierden libre determinación sobre su modo de producción, sino también sobre la reproducción de sus culturas permaneciendo supeditadas a los sistemas de regulación social estatales.
Como dice un miembro de la Junta de Buen Gobierno del Caracol I de La Realidad respecto de las Ciudades Rurales: “El mal gobierno nos promete tierra preparada, con luz, agua potable, vivienda, hasta nos alimentan. Es sólo vivir y engordar como un puerco, eso es lo que nos prometen pues”.
En este contexto en el que el Programa de CRS tiene como meta principal eliminar la dispersión de la gente, hecho que los gobiernos estatal y federal consideran factor determinante de la pobreza, desde el calendario de abajo nace la alternativa de los Caracoles zapatistas, que representan una opción concreta en donde las “comunidades dispersas” están involucradas en un intenso proceso de desarrollo de sistemas autónomos de salud, educación y producción fuera del control social del Estado y de la lógica acumulativa y destructora del capital. Los Caracoles, “esos espacios liberados que son dichos gérmenes de un mundo nuevo, no capitalista” (Aguirre Rojas, 2007), constituyen un gran obstáculo frente al “espacio abstracto” de supercarreteras, plantaciones intensivas, extracción energética y Ciudades Rurales de la nueva fase del Proyecto Mesoamérica en Chiapas.

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El afán por reubicar: las congregaciones
de los indígenas en la nueva España
Sergio Eduardo Carrera Quezada Posgrado en Historia-UNAM iztlacyo@hotmail.com

FOTO: Códice de San Pedro y San Pablo Atlapulco

En la agenda de las instituciones de gobierno en México siempre ha estado presente la necesidad de controlar el mapa demográfico de su territorio. Incluso en tiempos del dominio de la corona española, ésta desarrolló un proyecto para modificar el patrón de asentamiento disperso con el que estaban organizadas las sociedades indígenas en América, el cual se llamó “junta, reducción o congregación”.
El propósito era que los indios fueran concentrados en pueblos planeados bajo los cánones europeos para facilitar su evangelización y que adquirieran las costumbres de gobierno occidentales. Pero otros objetivos menos espirituales eran extraer los mayores beneficios económicos de la población nativa con el control de su fuerza de trabajo y sus recursos naturales. Junto al desplome de la población provocado por la guerra de conquista y las epidemias, el desplazamiento forzoso realizado de forma sistemática por el gobierno español quizá fue una de las experiencias más traumáticas por las que han atravesado los pueblos indígenas.
En un inicio este proyecto estuvo a cargo de las órdenes religiosas. Sus miembros argumentaban que en ellos recaía la responsabilidad de cristianizar a los naturales y que para conseguirlo era necesario juntarlos en pueblos, pero reconociéndoles sus derechos sobre sus dominios y jurisdicciones. No obstante, la intención de los frailes era regular la vida civil, política y religiosa de los indios. Entre 1531 y 1533 Vasco de Quiroga fundó en México y en Michoacán los primeros pueblos-hospitales de Santa Fe, llamados así porque en estos asentamientos se recibía a los indios de manera afable y hospitalariamente, invitándolos a que aprendieran la fe cristiana.
Otros intentos de reubicar a la población indígena dispersa se dieron en torno a los conventos recién edificados, durante los gobiernos de los virreyes Antonio de Mendoza (1535-1550) y Luis de Velasco (1550-1564), quienes se apoyaron en el trabajo de los misioneros y consideraron la opinión de los caciques para elegir los asentamientos. Muchos de estos conventos fueron construidos muy cerca, si no es que encima, de antiguos centros religiosos prehispánicos.
Desde mediados del siglo XVI los procesos de congregaciones corrieron a cargo del poder virreinal, lo que reflejó un marcado interés de la corona para que los funcionarios civiles tomaran el control de los pueblos y restar la influencia de los religiosos. El imperio español dio continuidad a la formación de nuevos pueblos o a la concentración en los ya existentes, lo que haría más eficiente la cobranza de los tributos. Al mismo tiempo las tierras desocupadas por los indios desplazados servirían para crear las villas de los españoles.
Durante la década de 1590 y la primera de la siguiente centuria se realizó el mayor número de congregaciones en todas las provincias de la Nueva España. Y aunque había leyes que protegían los derechos de los indígenas por las tierras que desocuparan, la verdadera intención del gobierno novohispano era disponer de las sementeras que quedaran sin cultivar para repartirlas entre los colonos europeos y fomentar el desarrollo de la propiedad privada. Este fue el periodo más intenso de congregaciones, en el que fue necesario el nombramiento de funcionarios para que realizaran las diligencias de reubicación, la asignación de tierras y los espacios de residencia a la población concentrada en los pueblos seleccionados para las nuevas reducciones. La mayor parte de los indígenas había sido removida en estos años, pero a lo largo de los siglos XVII y XVIII se efectuaron concentraciones forzadas en el norte novohispano y en zonas de colonización tardía.
En las congregaciones hubo diversas implicaciones, que iban desde los cambios a la traza urbana hasta el ajuste a nuevas reglas de convivencia. Las respuestas de la sociedad indígena frente a la política virreinal de reubicación fueron diversas, pero las más frecuentes fueron la resistencia abierta a abandonar sus lugares de origen y la exigencia de sus derechos por la posesión de sus parcelas. En muchos casos se verificó que una buena parte de la población había regresado a sus antiguos asentamientos, ya que las tierras que les habían asignado eran de menor calidad. Estrategias como estas continúan ejecutándose por las poblaciones que actualmente son desplazadas de manera forzada por el Estado mexicano, que en su afán por impulsar los llamados proyectos de desarrollo, justifica sus políticas demográficas para dar continuidad a la explotación de los recursos y de la gente en el territorio nacional.

Inician en Oaxaca proyecto contra la deforestación y degradación

adn sureste Sábado, 15 de Septiembre de 2012 18:49 ComunicadoGeneral

Oaxaca de Juárez, 15 de septiembre. A partir del próximo 25 de septiembre del presente año, se establece en Oaxaca el Comité Estatal de Estrategia de Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+Oaxaca), lo que permitirá que la entidad se incorpore al referido proyecto que tiene como función impulsar la conservación, el manejo sustentable de los bosques y el aumento de las reservas forestales de carbono.

El anuncio se derivo de los acuerdos tomados durante el taller de establecimiento de las bases para el diseño estatal de la estrategia de REDD+Oaxaca, celebrada durante los días 13 y 14 de septiembre, en el salón de eventos de un conocido hotel de la ciudad capital, en la que participaron funcionarios de dependencias estatales y federales, además de organizaciones y comunidades que dependen de los bosques para su desarrollo.

El referido acuerdo, establece que el comité estará integrado de parte del Gobierno del Estado, por la Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal, Pesca y Acuacultura y el Instituto Estatal de Ecología; mientras que departe de la Federación se incorporan la Comisión Nacional Forestal, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, además la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales y la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación.

Al hacer uso de la palabra, el titular de la SEDAFPA, Salomón Jara Cruz acompañado del Gerente Estatal de la CONAFOR, Ricardo Ramírez Domínguez, indicó que la realización del taller de establecimiento de las bases para el diseño de la estrategia estatal de REDD+Oaxaca, expresa el interés del Gobierno de Gabino Cué Monteagudo por atender y participar en la propuesta y diseño que se tendrá que aplicar en los próximos años a favor de los recursos naturales de Oaxaca.

Destacó que la estrategia favorece movilizar los recursos necesarios para alcanzar los objetivos comunes, desarrollando principios sociales y ambientales de acuerdo con las necesidades de cada región y actores locales que tienen un impacto en el uso de la tierra y las actividades económicas del sector forestal, esto con base en las lecciones aprendidas en otras partes del país y la retroalimentación obtenida de otras naciones y participantes del tema.

Por ultimo, Jara Cruz dijo "sea este un llamado para incrementar las acciones significativas e inmediatas para enfrentar los múltiples retos que presenta la reducción de emisiones de la deforestación y la degradación de los bosques, así como una invitación para trabajar por la conservación y el manejo sostenible de los bosques de Oaxaca".