BOLETIN DE PRENSA emitido por el Dip. Federal Héctor
Narcia Álvarez
México D.F. a 29 de septiembre de 2006
Narcia Álvarez
México D.F. a 29 de septiembre de 2006
Nuevamente observamos por parte de quienes se
ostentan como autoridades de la Secretaria de
Agricultura y de Medio Ambiente su condición de
empleados de las grandes compañías trasnacionales.
Desde noviembre del año pasado, el Director para
Latinoamérica de Monsanto reveló que "esperan que los
transgénicos representen en México entre 75 y 80 por
ciento de su negocio. La empresa quiere sacar provecho
de sus tres centros de investigación nacionales y a la
inversión de casi 40 millones de dólares que han
realizado en México desde hace una década".
Llegó incluso a amenazar que se retirarían del país
si no se le permitía la siembra del maíz transgénico.
Su amenaza permeó entre funcionarios sin escrúpulos y
desde esas fechas se ha intentado establecer el
Proyecto Maestro Maíz para experimentar con siete
líneas de tres empresas: Monsanto, Pioneer y Dow
Agrosciences.
Singularmente el experimento se realiza con recursos
públicos y en campos del INIFAP, un experimento que
cabe mencionar ya se había realizado y cuyo resultado
demostró la poca efectividad de las líneas probadas
para atacar la problemática nacional. La presión llegó
al más alto nivel y desde la Presidencia se ha enviado
línea directa a las secretarias integradas en la
Cibiogem (Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados) para autorizar,
sin ninguna traba, la siembra experimental de estas
líneas de empresas trasnacionales.
En el afán por cumplir con sus compromisos con las
empresas no les ha importado pasar por alto la recién
publicada Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados. Incluso los funcionarios
han caído en contradicciones, así la semana pasada el
titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga, en
entrevista con la reportera Lourdes Roudiño del
periódico El Financiero señaló que durante este
sexenio no sería posible autorizar los experimentos
porque aún no se solucionaban problemas jurídicos. Sin
embargo, en el clásico estilo de Fox y su vocero, el
mismo Mayorga desmintió lo dicho días después, en un
comunicado de prensa Por su parte, José Luis Luege, el
flamante secretario al que tal vez deberíamos premiar
como el mayor enemigo de la ecología que ha tenido
México y el mismo subsecretario de Normatividad, José
Ramón Ardavín, se atreven a afirmar que el reglamento
de la LBOGM no es necesario.
Es tal la actitud de ilegalidad y de servidumbre a
las empresas que algunos funcionarios medios se han
visto obligados a renunciar antes que ser usados para
autorizar este atentado a la Soberania nacional. Pues
es del conocimiento público que quienes están
promoviendo este Proyecto han sido acusados por
legisladores de hacer uso indebido de sus
atribuciones. Recordemos que en 2004 se instauro un
procedimiento administrativo en contra de Víctor
Villalobos, quien es el coordinador del Proyecto por
parte de Sagarpa, por la invasión de facultades en la
firma del llamado TLC transgénico, recurso que fue
admitido por la contraloría interna. Hoy que contamos
con la Ley de Bioseguridad pesa sobre cualquiera el
Artículo 420 ter del Código Penal.
Como diputados hemos afirmado y así lo haremos en
Tribuna, que para aplicar la Ley de Bioseguridad es
indispensable contar con su Reglamento en virtud de
las serie de especificaciones técnicas que a lo largo
del articulado se mencionan como parte de las
disposiciones reglamentarias. Esta obligación es
irrefutable, y no entendemos los criterios jurídicos
que esgrimen los funcionarios para negarla. Incluso se
explicita en el Artículo séptimo transitorio de la Ley
y debemos señalar que el Ejecutivo ya esta incumplido
la Ley, porque el plazo que se marca para su
expedición venció en septiembre de 2005. Continuando
con la ilegalidad, de manera subrepticia han vuelto a
convocar a la formación del Consejo Consultivo
Científico (CCC), sin contar con el reglamento y
además sin dar respuesta pública a la convocatoria
lanzada en diciembre del año pasado. Únicamente de
manera extraoficial, Marcos Meraz, Secretario técnico
de la Cibiogem informo que ninguno de los concursantes
"había cubierto el perfil".
La nueva convocatoria resulta más restrictiva que la
anterior. Esta situación nos recuerda la triste
historia del IFE, la idea parece ser integrar un CCC a
modo, un Consejo que no signifique oposición a los
planes gubernamentales.
Además, recomendamos a las autoridades revisar a
fondo la ley pues también se mandata en el Capítulo IV
llamado De la Coordinación y Participación, del Título
Primero, la conformación del Consejo Consultivo Mixto.
Otro punto fundamental que obliga la Ley y ha sido
mencionado múltiples veces es la integración del
Régimen de Protección Especial del Maíz. En torno a
esta disposición múltiples científicos y
organizaciones de productores y ambientalistas se han
pronunciado sobre los términos que debería incluir
este Régimen. Semarnat intento conformarlo yendo más
allá de las disposiciones de la Ley y en contra del
espíritu con el cual fue incluido en la legislación.
Es un hecho, no podemos avanzar en ningún permiso de
liberación experimental de maíz sin contar con dicho
Régimen, y ya se ha dicho por diputados de la XIL
legislatura: para conformarlo se deben tomar en cuenta
las opiniones de los científicos mexicanos y de todos
los productores del país. Para avanzar en la
definición de este Régimen el pasado 12 de junio en
esta Cámara de Diputados se llevo a cabo un Taller, es
fundamental tomar en cuenta lo que ahí se discutió y
todos los elementos que científicos mexicanos sin
conflicto de interés han expresado.
Hacemos un llamado a los funcionarios públicos a que
asuman sus tareas con responsabilidad y en apego a la
legalidad, a que no sucumban ante la presión de
empresas trasnacionales cuyo único interés es la
ganancia a costa de nuestros productores y de nuestras
riquezas naturales. Consideren que están poniendo en
peligro uno de nuestros recursos fundamentales: el
maíz.
ostentan como autoridades de la Secretaria de
Agricultura y de Medio Ambiente su condición de
empleados de las grandes compañías trasnacionales.
Desde noviembre del año pasado, el Director para
Latinoamérica de Monsanto reveló que "esperan que los
transgénicos representen en México entre 75 y 80 por
ciento de su negocio. La empresa quiere sacar provecho
de sus tres centros de investigación nacionales y a la
inversión de casi 40 millones de dólares que han
realizado en México desde hace una década".
Llegó incluso a amenazar que se retirarían del país
si no se le permitía la siembra del maíz transgénico.
Su amenaza permeó entre funcionarios sin escrúpulos y
desde esas fechas se ha intentado establecer el
Proyecto Maestro Maíz para experimentar con siete
líneas de tres empresas: Monsanto, Pioneer y Dow
Agrosciences.
Singularmente el experimento se realiza con recursos
públicos y en campos del INIFAP, un experimento que
cabe mencionar ya se había realizado y cuyo resultado
demostró la poca efectividad de las líneas probadas
para atacar la problemática nacional. La presión llegó
al más alto nivel y desde la Presidencia se ha enviado
línea directa a las secretarias integradas en la
Cibiogem (Comisión Intersecretarial de Bioseguridad de
Organismos Genéticamente Modificados) para autorizar,
sin ninguna traba, la siembra experimental de estas
líneas de empresas trasnacionales.
En el afán por cumplir con sus compromisos con las
empresas no les ha importado pasar por alto la recién
publicada Ley de Bioseguridad de Organismos
Genéticamente Modificados. Incluso los funcionarios
han caído en contradicciones, así la semana pasada el
titular de la Sagarpa, Francisco Mayorga, en
entrevista con la reportera Lourdes Roudiño del
periódico El Financiero señaló que durante este
sexenio no sería posible autorizar los experimentos
porque aún no se solucionaban problemas jurídicos. Sin
embargo, en el clásico estilo de Fox y su vocero, el
mismo Mayorga desmintió lo dicho días después, en un
comunicado de prensa Por su parte, José Luis Luege, el
flamante secretario al que tal vez deberíamos premiar
como el mayor enemigo de la ecología que ha tenido
México y el mismo subsecretario de Normatividad, José
Ramón Ardavín, se atreven a afirmar que el reglamento
de la LBOGM no es necesario.
Es tal la actitud de ilegalidad y de servidumbre a
las empresas que algunos funcionarios medios se han
visto obligados a renunciar antes que ser usados para
autorizar este atentado a la Soberania nacional. Pues
es del conocimiento público que quienes están
promoviendo este Proyecto han sido acusados por
legisladores de hacer uso indebido de sus
atribuciones. Recordemos que en 2004 se instauro un
procedimiento administrativo en contra de Víctor
Villalobos, quien es el coordinador del Proyecto por
parte de Sagarpa, por la invasión de facultades en la
firma del llamado TLC transgénico, recurso que fue
admitido por la contraloría interna. Hoy que contamos
con la Ley de Bioseguridad pesa sobre cualquiera el
Artículo 420 ter del Código Penal.
Como diputados hemos afirmado y así lo haremos en
Tribuna, que para aplicar la Ley de Bioseguridad es
indispensable contar con su Reglamento en virtud de
las serie de especificaciones técnicas que a lo largo
del articulado se mencionan como parte de las
disposiciones reglamentarias. Esta obligación es
irrefutable, y no entendemos los criterios jurídicos
que esgrimen los funcionarios para negarla. Incluso se
explicita en el Artículo séptimo transitorio de la Ley
y debemos señalar que el Ejecutivo ya esta incumplido
la Ley, porque el plazo que se marca para su
expedición venció en septiembre de 2005. Continuando
con la ilegalidad, de manera subrepticia han vuelto a
convocar a la formación del Consejo Consultivo
Científico (CCC), sin contar con el reglamento y
además sin dar respuesta pública a la convocatoria
lanzada en diciembre del año pasado. Únicamente de
manera extraoficial, Marcos Meraz, Secretario técnico
de la Cibiogem informo que ninguno de los concursantes
"había cubierto el perfil".
La nueva convocatoria resulta más restrictiva que la
anterior. Esta situación nos recuerda la triste
historia del IFE, la idea parece ser integrar un CCC a
modo, un Consejo que no signifique oposición a los
planes gubernamentales.
Además, recomendamos a las autoridades revisar a
fondo la ley pues también se mandata en el Capítulo IV
llamado De la Coordinación y Participación, del Título
Primero, la conformación del Consejo Consultivo Mixto.
Otro punto fundamental que obliga la Ley y ha sido
mencionado múltiples veces es la integración del
Régimen de Protección Especial del Maíz. En torno a
esta disposición múltiples científicos y
organizaciones de productores y ambientalistas se han
pronunciado sobre los términos que debería incluir
este Régimen. Semarnat intento conformarlo yendo más
allá de las disposiciones de la Ley y en contra del
espíritu con el cual fue incluido en la legislación.
Es un hecho, no podemos avanzar en ningún permiso de
liberación experimental de maíz sin contar con dicho
Régimen, y ya se ha dicho por diputados de la XIL
legislatura: para conformarlo se deben tomar en cuenta
las opiniones de los científicos mexicanos y de todos
los productores del país. Para avanzar en la
definición de este Régimen el pasado 12 de junio en
esta Cámara de Diputados se llevo a cabo un Taller, es
fundamental tomar en cuenta lo que ahí se discutió y
todos los elementos que científicos mexicanos sin
conflicto de interés han expresado.
Hacemos un llamado a los funcionarios públicos a que
asuman sus tareas con responsabilidad y en apego a la
legalidad, a que no sucumban ante la presión de
empresas trasnacionales cuyo único interés es la
ganancia a costa de nuestros productores y de nuestras
riquezas naturales. Consideren que están poniendo en
peligro uno de nuestros recursos fundamentales: el
maíz.
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