Campesinos y científicos ven riesgos en expansión eólica

Por Diego Cevallos *

México pretende colocar hasta tres mil aerogeneradores en el istmo de Tehuantepec para 2030. Campesinos dudan sobre los beneficios sociales del proyecto y científicos alertan sobre potenciales amenazas a las aves.

MÉXICO, 26 Feb (Tierramérica).- Con la bendición de agencias de desarrollo, trasnacionales y ambientalistas, el gobierno de México desbroza terreno para el despegue de la energía eólica. Pero campesinos y expertos en aves están inconformes.

El objetivo del gobierno es que la generación de electricidad por viento, que ahora representa apenas 0,005 por ciento del total, suba a seis por ciento en 2030.

Lograr tal meta implicará que en la principal zona de vientos de México --el Istmo de Tehuantepec, en el meridional estado de Oaxaca-- se instalen más de tres mil aerogeneradores, a los que deberán sumarse otras decenas en diversos lugares del país.

Pero colocar estas aspas de unos 27 metros de diámetro montadas sobre torres elevadas requiere negociar con los dueños de los predios, la mayoría campesinos, algunos de los cuales denuncian haber sido engañados cuando se creó la primera planta eólica en 1994.

Entretanto, expertos en aves advierten que muchas especies corren peligro de morir en las aspas gigantes, provocando una reacción ambiental en cadena en todo el continente, pues varias son migratorias.

"Todo está dado para facilitar las instalaciones eólicas, pero no hay mayor interés por las aves, lo que a la larga podría acarrear problemas de envergadura", dijo a Tierramérica Raúl Ortiz-Pulido, portavoz de la sección mexicana del Consejo Internacional para la Preservación de las Aves.

Este científico reconoce que el tema de las aves es considerado para el desarrollo de cada proyecto, pero "de manera incompleta e incorrecta".

No es lo mismo evaluar el efecto de un proyecto donde se establecerán pocos aerogeneradores que evaluar el impacto de varios proyectos conjuntos donde habrá decenas de esos aparatos, tal como se planea desarrollar en la zona del Istmo de Tehuantepec, argumentó.

Será el efecto conjunto el que afecte a las aves, explicó.

Pero las autoridades aseguran que los planes oficiales toman seriamente en cuenta la cuestión ambiental.

"En cualquier proyecto hay gente a favor y en contra, pero a la larga las experiencias de otros países probaron que los proyectos eólicos traen muchos beneficios a las comunidades y que no hay afectaciones ambientales importantes", dijo a Tierramérica Marco Borja, quien comanda un proyecto dirigido a evaluar el recurso eólico en el país desde el estatal pero independiente Instituto de Investigaciones Eléctricas, con apoyo del Fondo del Medio Ambiente Mundial (GEF, por su siglas en inglés).

En los últimos dos años las autoridades prepararon normativas para alentar el aprovechamiento del viento y desde diciembre someten a consulta pública una nueva regulación que ordenará el uso de esa energía desde el punto de vista ambiental. Esta podría entrar en vigencia en marzo.

Para darle aún más incentivo, lograron un crédito no reembolsable del GEF por 25 millones de dólares otorgados por el Banco Mundial. Ese monto sumado a lo que recibe el Instituto de Investigaciones Eléctricas y que llegó al GEF desde el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, se traduce en un apoyo de casi 30 millones de dólares.

La meta es impulsar una fuente cuya capacidad generadora crece en el mundo más de 30 por ciento anual, disminuyendo la dependencia de los combustibles fósiles.

En la norma ambiental para las instalaciones eoloeléctricas ahora en discusión, las autoridades proponen eliminar los estudios de impacto ambiental, que se exigen a otros proyectos. El requisito será reemplazado por un "informe preventivo", que es de categoría y alcance menor.

En la introducción de la nueva norma, que por ley debe someterse a consulta pública por 60 días, plazo que vence a fines de este mes, se reconoce que las instalaciones eólicas pueden tener "impacto sobre la avifauna".

En su articulado postula que el responsable del proyecto deberá hacer un "inventario de especies que utilizan el área, detallando las relaciones entre las mismas para determinar las repercusiones del desplazamiento de alguna de ellas, épocas de apareamiento, nidificación y cría".

Eso será insuficiente para la zona del Istmo, insisten los científicos. Por ese lugar transitan anualmente seis millones de aves, entre ellas 32 especies amenazadas de extinción y nueve endémicas.

"Somos académicos y no activistas; no sabemos ya cómo hacer llegar nuestras advertencias a las autoridades", expresó Ortiz-Pulido.

En La Venta, que es parte del municipio oaxaqueño de Juchitán, se concentran la mayoría de planes oficiales para instalar aerogeneradores. Es una zona empobrecida de unos 150 mil habitantes, en su mayoría dedicados a la agricultura y ganadería.

Allí, los campesinos también están inconformes con los planes oficiales.

"Se engañó a los dueños de las tierras con arreglos amañados, pagos por arrendamiento de tierra ridículos (para instalar los aerogeneradores) e impedimentos para cultivar. Ya no permitiremos más planes", declaró a Tierramérica Alejo Girón, líder del Grupo Solidario La Venta.

Ahí arrancó en 1994 el primer proyecto eólico, denominado La Venta I, y en los últimos dos años siguió con La Venta II. Ahora el gobierno de Felipe Calderón anuncia que licitará La Venta III y que luego vendrán otros como el plan Oaxaca y La Ventosa.

Son proyectos donde transnacionales como la española Iberdrola y la francesa Electricité muestran gran interés, igual que firmas locales como la cementera Cemex, que aspiran a levantar aerogeneradores para autoabastecerse y en varios casos vender excedentes de energía a la estatal Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Concretar esos planes implica convencer a los dueños de las tierras, a quienes la CFE paga por cada uno de los 100 generadores ya instalados en La Venta menos de 300 dólares anuales, suma entre 10 y 20 veces más baja que la que reciben pobladores afectados en otros países, denunció Girón.

"Los proyectos eólicos casi no crearon fuentes de trabajo y no benefician a los vecinos. Aquí nada cambió. Seguimos pobres a pesar de que la CFE prometió que eso cambiaría", dijo a Tierramérica Feliciano Santiago, secretario municipal de Juchitán.


* Corresponsal de IPS.