Climate-Smart Smallholders

Project Syndicate / Paul Kagame and Kanayo F. Nwanze, Mar 13, 2012

KIGALI – Until the world’s small farmers adopt a series of necessary changes, climate talks such as the United Nations Rio+20 Summit, which will take place in Rio de Janeiro this June, will never translate into action. The emergence of a global green economy requires governments, other policymakers, and businesses from developed and emerging economies to recognize the inextricable linkages between climate change, the environment, and food security. This means bringing the world’s smallholder agriculture into the discussion.

Illustration by Chris Van Es
Every day, smallholder farmers in developing countries confront the consequences of climate change.  They are often the very first to fall prey to fickle global markets or extreme weather events.
Yet smallholders cannot be ignored when it comes to climate-change solutions: the world’s half-billion small farms account for 60% of global agriculture production and provide up to 80% of the food supply in developing countries. Together, they manage vast areas of our planet, including 80% of the farmland in sub-Saharan Africa and Asia.
Can we really count on these farmers, many of them desperately poor, to take a leading role in addressing the twin challenges of food security and environmental sustainability? Can they produce more food while protecting the natural environment?
We believe the answer to both questions is a resounding yes. Real-world experience shows that they can. But success is possible only if they can adopt environmentally sustainable techniques that preserve and enhance soil and groundwater.
Examples of how this can be done include terracing to prevent soil loss and degradation through erosion and flooding; radically reducing tillage; rotating crops and applying natural fertilizers – manure, compost, or mulch – to improve soil structure and fertility; and integrating trees with crops and livestock in agro-forestry systems.
Rwanda’s recent experience provides a beacon of hope that increased agricultural output and environmental protection can go hand-in-hand. In the country’s south-western Ngororero District, for example, a project backed by the International Fund for Agricultural Development has helped Rwandan farmers to increase crop yields by up to 300% through improvements such as higher-quality seeds, better planting technologies, and application of fertilizers at the optimal time.
On a larger scale, farmers across Rwanda are replacing greenhouse-gas-producing chemical fertilizers with manure. In some areas of the country, smallholders are also now terracing their land and using other natural techniques to improve the soil’s water-retention capacity and quality, as well as to increase their crop yields.
Using these approaches, Rwanda has quadrupled its agricultural production over the past five years. Indeed, thanks to such remarkable progress in such a short time, Rwanda is now a food-secure country.
Rwanda’s efforts to promote climate-smart agriculture are supported by a wider policy and investment framework that seeks to ensure that all farmers, however small, have access to improved seeds, technical know-how, and a market for their output. Every developing country must understand that we can ensure that smallholders produce more food in sustainable ways only if their farming is profitable.
Indeed, increasing environmentally sustainable farming among smallholders around the world will require reshaping national policies and the architecture of public and private investment so that farmers can learn these techniques, witness their value, and employ them profitably.
The lesson is simple: identify the climate-smart farming practices and techniques that can boost agricultural production, convey the relevant know-how to smallholders, support them as they make the transition, and create a policy environment that enables them to take advantage of this knowledge.
If national policies and international development initiatives support the transition to climate-smart agriculture in these ways, we have no doubt that smallholders everywhere will step up and do their part to help save the planet.

Lo que el viento se llevó

Project Syndicate / Bjørn Lomborg, Mar 16, 2012

COPENHAGUE – Las medidas encaminadas a frenar el calentamiento planetario han despertado un profundo deseo a escala mundial de desplegar energía renovable. A consecuencia de ello, la utilización de turbinas eólicas ha aumentando diez veces en el pasado decenio y se ha promocionado la energía eólica como la más rentable oportunidad ecológica. Según Connie Hedegaard, la comisaria de la Unión Europea encargada de los asuntos relativos al clima, “los ciudadanos deben creer que [la energía eólica] es muy, muy barata”.

Illustration by Paul Lachine
En realidad, esa afirmación es muy problemática. Si bien la energía eólica es más barata que otras renovables más ineficaces, como, por ejemplo, la solar, la de las mareas y el etanol, en modo alguno es competitiva. Si lo fuera, no tendríamos que seguir gastando sumas importantes para subvencionarla.
En el Reino Unido, por ejemplo, la eólica sigue siendo en gran medida más costosa que otras fuentes de energía. Utilizando la actualización de los costos de la generación de electricidad en el Reino Unido correspondientes a 2010 y calculándola mediante el costo por kilovatios-hora producidos, la eólica sigue siendo entre 20 y 200 por ciento más cara que las opciones más baratas con combustibles fósiles e incluso ése es un cálculo muy por lo bajo.
Como el Reino Unido y otros países desarrollados se han apresurado a construir más turbinas eólicas, han comenzado, naturalmente, por los lugares más ventosos y han dejado para más adelante los emplazamientos que lo son menos. Al mismo tiempo, los ciudadanos cada vez protestan más contra los parques eólicos en sus patios traseros. La oposición local se ha triplicado en los tres últimos años y las tasas de aprobación local de nuevos parques eólicos han llegado a ser las más bajas de todos los tiempos.
La mayoría de las personas creen que unas pocas turbinas eólicas pueden ser atractivas, pero otra cosa muy distinta ocurre cuando las turbinas están dispersas por el campo o cuando enormes parques eólicos industriales ocupan kilómetros y kilómetros de territorio. También han aumentado las quejas por el ruido de baja frecuencia de las nuevas turbinas eólicas.
En vista de la oposición cada vez mayor por parte del público, se espera que la mayor parte del aumento futuro de turbinas eólicas se haga frente a las costas, donde hay menos oposición, pero donde los costos son mayores.
Con su política “20-20-20”, la UE ha prometido que, de aquí a 2020, reducirá sus emisiones de carbono un 20 por ciento por debajo de los niveles de 1990 y aumentará su dependencia de renovables en un 20 por ciento. En el caso del Reino Unido, eso requiere un aumento espectacular en energía eólica, sobre todo frente a las costas.
Resultará sorprendentemente costoso. El Carbon Trust del Reino Unido calcula que el costo de ampliar las turbinas eólicas a 40 gigavatios, para suministrar el 31 por ciento de la electricidad de aquí a 2020, podría ascender a nada menos que 75.000 millones de libras (120.000 millones de dólares) y los beneficios, en materia de lucha contra el calentamiento planetario, serían irrisorios: una reducción de tan sólo 86 megatoneladas de CO2 al año durante dos decenios. En cuanto al aumento de temperatura evitado, sería completamente insignificante. Utilizando un modelo climático normalizado, en 2100 el enorme desembolso del Reino Unido habrá aplazado el calentamiento planetario tan sólo un poco más de diez días.
Además, ese cálculo es sin lugar a dudas muy optimista. Con frecuencia el viento no sopla cuando hace falta. Por ejemplo, según comunicó la BBC, el frío del 21 de diciembre de 2010 fue típico de un frente frío prolongado, con zonas de presión alta y poco viento. Mientras que la energía eólica suministra, por término medio, el cinco por ciento de la electricidad del Reino Unido, su porcentaje bajó hasta el 0,04 por ciento aquel día. Como la demanda llegó a su punto máximo, lógicamente, otras fuentes, como, por ejemplo, el carbón y el gas, tuvieron que colmar el desfase.
Compensar un cinco por ciento de déficit de suministro es soportable, pero la situación cambiará dramáticamente cuando el Reino Unido aumente su dependencia de la energía eólica hasta alcanzar la meta del 31 por ciento de aquí a 2020. La energía eólica resulta mucho más cara si incluimos los grandes suministros de energía que habría que crear de respaldo para cuando el viento amaine.
El respaldo más barato con mucho lo proporcionan las centrales de gas de ciclo abierto, lo que entraña más emisiones de CO2. De modo, que la energía eólica será en última instancia más costosa y reducirá las emisiones menos de lo calculado oficialmente. (Ésa es la razón por la que los cálculos simples basados en los costos por kilovatio-hora resultan con frecuencia enormemente engañosos, pues contribuyen a que la eólica y otras energías renovables intermitentes parezcan más baratas de lo que son.)
Así lo han demostrado informes recientes de KPMG/Mercados y Civitas, grupo de estudio independiente. Un nuevo informe del profesor Gordon Hughes, de la Universidad de Edimburgo, para la Fundación de Políticas sobre el Calentamiento Planetario calcula que 36 gigavatios de nueva energía eólica costarían 120.000 millones de libras para conseguir una reducción de tan sólo 23 megatoneladas de CO2  al año. Dicho de otro modo, los aumentos de temperatura se aplazarían tan sólo 66 horas al final del siglo.
Al contrario de lo que muchos creen, el costo de la energía eólica tanto terrestre como frente a las costas no ha bajado. Al contrario, ha ido subiendo a lo largo del último decenio. El Grupo Intergubernamental de Expertos de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático así lo reconoció en su informe más reciente sobre energías renovables. Asimismo, el Centro de Investigaciones Energéticas del Reino Unido lamenta que los costos de la energía eólica hayan “aumentado en gran medida desde mediados del decenio de 2000”.
Como la UE, el Reino Unido se ha enamorado de la idea de reducir el CO2 mediante la tecnología eólica, pero la mayoría de los modelos académicos muestran que la forma más barata de reducir el CO2 en un veinte por ciento de aquí a 2020 sería el de substituir el carbón por el gas natural, que es más limpio. La media de los modelos energéticos más importantes indica que, si nos limitamos al Reino Unido, la consecución de la meta del 20 por ciento entrañaría un costo total de unos 95.000 millones de libras a lo largo del próximo decenio y 18.000 millones de libras en adelante. Naturalmente, esas cifras comprenden las reducciones en sectores distintos del eléctrico, además de un mayor costo total de los precios de la energía para la economía.
No obstante, la enseñanza que se desprende está clara: si el objetivo no es simplemente el de reducir las emisiones de CO2, sino también el de recurrir a las renovables para hacerlo, los modelos muestran que el costo se dispara hasta los 188.000 millones en este decenio y 23.000 millones al año a partir de 2020. En realidad, insistir en la eólica significa utilizar una energía que dista de ser competitiva, no contribuye a evitar el cambio climático y cuesta 92.000 millones de libras más tan sólo para el Reino Unido.
Para cualquier país, parece una opción muy deficiente.

Why Fair Trade?

Project Syndicate / Robert Skidelsky, Mar 21, 2012

LONDON – Historically, the term “fair trade” has meant many things. The Fair Trade League was founded in Britain in 1881 to restrict imports from foreign countries. In the United States, businesses and labor unions use “fair trade” laws to construct what economist Joseph Stiglitz calls “barbed-wire barriers to imports.” These so called “anti-dumping” laws allow a company that suspects a foreign rival of selling a product below cost to request that the government impose special tariffs to protect it from “unfair” competition.

Such dark protectionist thoughts are far from the minds of the benevolent organizers of the United Kingdom’s annual “Fairtrade Fortnight,” during which I just bought two bars of fair-trade chocolate and a jar of fair-trade chunky peanut butter. Their worthy aim is to raise the price paid to developing-country farmers for their produce by excluding the inflated profits of the middlemen on whom they depend for getting their goods to distant markets. Fair-trade products like cocoa, coffee, tea, and bananas do not compete with domestic European production, and therefore do not have a protectionist motive.

This is how it works: In exchange for being paid a guaranteed price and meeting “agreed labor and environmental standards” (minimum wages, no pesticides), poor-country farming cooperatives receive a FAIRTRADE mark for their products, issued by the FAIRTRADE Labeling Organization. This certification enables supermarkets and other retailers to sell the products at a premium. Third-world farmers get a boost to their income, while first-world consumers get to feel virtuous: a marriage made in heaven.

The fair-trade movement, launched in the 1980’s, has been growing rapidly. In a notable breakthrough in 1997, the British House of Commons decided to serve only fair-trade coffee. By the end of 2007, more than 600 producers’ organizations, representing 1.4 million farmers in 58 countries, were selling fair-trade products. Today, a quarter of all bananas in UK supermarkets are sold under a FAIRTRADE mark. But FAIRTRADE-labeled products still represent a very small share – typically less than 1% – of global sales of cocoa, tea, coffee, etc.

The economic rationale for guaranteed prices is well known: stabilizing the prices of primary products, which are subject to sharp fluctuations, stabilizes their producers’ incomes. This argument inspired proposals – most famously by John Maynard Keynes in 1942 – to create “buffer stocks” for the main commodities, which would take supply off the market when prices fell, and add to supply when prices rose. Keynes’s proposal never made it into the Bretton Woods Agreement of 1944, and, while buffer-stock schemes re-surfaced in the 1970’s, they, too, went nowhere.

Left-wing economists like Raúl Prebisch, moreover, later advanced the theory of “declining terms of trade” for primary products: their prices’ long-run tendency to fall relative to the prices of manufactured goods. This tendency seemed to be at work from the mid-1980’s, as commodity producers experienced a persistent decline in prices. In addition, price fluctuations throughout that decade were huge, with dire effects on sub-Saharan African and other developing countries that were largely dependent on commodities for export earnings.

Since then, however, the price decline has been reversed. Food commodity prices have increased by 150% since 2001. This has raised farm producers’ income independently of the fair-trade movement’s efforts. The “declining terms of trade” argument has collapsed.

But primary-product prices remain much more volatile than the prices of manufactured goods and services, causing large fluctuations in producers’ incomes. This exaggerates the effects of booms and busts. So the issue of price stabilization has not gone away.

It is difficult to see how the fair-trade movement can contribute much to solving this problem, because the only serious policy for stabilizing producers’ incomes is to control supply. But that is beyond the scope of fair trade.

The target of all versions of fair trade is “free trade,” and the most damaging attacks on FAIRTRADE have come from free traders. In Unfair Trade, a pamphlet published in 2008 by the Adam Smith Institute, Mark Sidwell argues that FAIRTRADE keeps uncompetitive farmers on the land, holding back diversification and mechanization. According to Sidwell, the FAIRTRADE scheme turns developing countries into low-profit, labor-intensive agrarian ghettos, denying future generations the chance of a better life.

This is without considering the effect that FAIRTRADE has on the poorest people in these countries – not farmers but casual laborers – who are excluded from the scheme by its expensive regulations and labor standards. In other words, FAIRTRADE protects farmers against their rivals and against agricultural laborers.

Consumers, Sidwell argues, are also being duped. Only a tiny proportion – as little as 1% – of the premium that we pay for a FAIRTRADE chocolate bar will ever make it to cocoa producers. Nor is FAIRTRADE necessarily a guarantee of quality: because producers get a minimum price for fair-trade goods, they sell the best of their crop on the open market.

But, despite its shaky economics, the fair-trade movement should not be despised. While cynics say that its only achievement is to make consumers feel better about their purchases – rather like buying indulgences in the old Catholic Church – this is to sell fair trade short. In fact, the movement represents a spark of protest against mindless consumerism, grass-roots resistance against an impersonal logic, and an expression of communal activism.

That justification will not convince economists, who prefer a dryer sort of reasoning. But it is not out of place to remind ourselves that economists and bureaucrats need not always have things their own way.

Vestas wins 396 MW turbines order in Mexico

Reuters, Mon, Mar 12 2012

* Vestas gets 396 MW turbines order from Mexico
* Turbines are for Latin America's biggest wind project
* Power will be used by Heineken and FEMSA

COPENHAGEN, March 12 (Reuters) - Danish wind turbine maker Vestas has won an order in Mexico for turbines with a total capacity of 396 megawatts (MW), which will be installed at the biggest wind power project in Latin America, the company said on Monday.

The order for the turbines, which will generate power for beer and Coca-Cola bottling in Mexico, lifted Vestas's year-to-date announced orders to 865 MW, the company said on Monday.

Vestas does not disclose the value of orders, but turbines usually cost around 1 million euros ($1.31 million) per megawatt of capacity.

Vestas Wind Systems A/S said in a statement the order for 132 of its V90-3.0 MW turbines was from the Marena Renovables project, a consortium of Macquarie Mexican Infrastructure Fund, Japanese conglomerate Mitsubishi Corporation and Dutch pension group PGGM.

Macquarie Mexican Infrastructure Fund is a unit of Australian investment bank Macquarie Group.

The project on the Isthmus of Tehuantepec in the southeastern State of Oaxaca will be the "largest wind energy project in Latin America and will directly provide electricity to one of the continent's largest companies," Vestas said.

The power generated by the wind farm will be bought by Cuauhtemoc Moctezuma, an operating company of Dutch brewer Heineken N.V. and subsidiaries of Mexican retail and beverage group FEMSA under 20-year power purchase agreements, Vestas said.

"The electricity generated by this wind power plant will be used to power part of the operations of Coca-Cola FEMSA, (FEMSA's convenience store chain) OXXO and Heineken N.V. in Mexico," Alfonso Garza, a FEMSA director, said in the statement. "This power supply agreement will help us cover our energy needs in a sustainable way."

The customers had initially announced the preliminary order in March 2011.

Delivery of the turbines will start in the second quarter of 2012, Vestas said.

On a turnkey basis, Vestas will provide services to build the wind farm, including civil and electrical works, supply, installation and commissioning of the turbines, an online control, and 10-year service and maintenance contract, it said.

Vestas shares firmed on the announcement and traded up 0.7 percent by 1042 GMT, outperforming the Copenhagen bourse's bluechip index which was up 0.3 percent. ($1 = 0.7622 euros) (Reporting by John Acher; Editing by Elaine Hardcastle)

México ocupa el 4° lugar en reforestación: Semarnat

El financiero / Notimex,
En un comunicado señala que año con año las metas en esta materia de pago por servicios ambientales se han superado.

México se ubica en la cuarta posición de reforestación a nivel mundial, con la incorporación de 2.76 millones de hectáreas al Pago por Servicios Ambientales a través del programa ProÁrbol.

La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) destacó que con ese apoyo al sector forestal, el mayor en la historia del país, México está en el cuarto sitio de reforestación después de China, Indonesia y Etiopía, según el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA).

En un comunicado señaló que año con año las metas en esta materia de pago por servicios ambientales se han superado; en 2003, cuando inició el programa, se atendieron 127 mil hectáreas hasta llegar a 685 mil en 2006.

Sin embargo, el apoyo al desarrollo sustentable de bosques y selvas se incrementó en los últimos cinco años, al entregar pagos por servicios ambientales en beneficio de 610 mil hectáreas en 2007, 488 mil en 2008, 597 mil en 2009, 541 mil en 2010 y 526 mil en 2011.

Para este año, detalló la dependencia, serán incorporadas 460 mil hectáreas más, con lo que al final del sexenio sumarán 3.12 millones de hectáreas con pago por servicios ambientales.

En contraste, la deforestación ha disminuido 50% en los últimos 5 años respecto al periodo 1990- 2011, pues de 1990 a 2000 se perdieron 354 mil hectáreas de bosques y selvas, de 2000 a 2005, 235 mil hectáreas, y de 2005 a 2010, 155 mil hectáreas.

Pese a los fenómenos climáticos, abundó la Semarnat, el trabajo con las comunidades forestales ha rendido frutos en cuanto a ocurrencia y combate de incendios forestales, pues debido a la incorporación activa de pobladores a la conservación de zonas boscosas la superficie afectada por el fuego es menor.

El medio ambiente en México, un desastre

La Jornada del Campo,  17 de marzo de 2012

Los indicadores ecológicos en México son trágicos a tal grado que un grupo de organizaciones y ciudadanos han decidido generar una iniciativa de propuesta de política pública ambiental, y aquel candidato a la Presidencia que los asuma obtendrá el respaldo de este conglomerado social, afirmó Víctor Toledo, ecólogo e investigador de la UNAM, durante la mesa dedicada a este tema, dentro de la serie Los Grandes Problemas Nacionales. Diálogos por la Regeneración de México, organizada por el Movimiento Regeneración Nacional (Morena), la Fundación Equipo, Equidad y Progreso y el Sindicato Mexicano de Electricistas.
Toledo mencionó grandes retos y riesgos que existen en materia ambiental y donde debería ponerse orden por medio de una política pública en el próximo sexenio, aun cuando el panorama político de México es sumamente corrupto. Y tal política tocaría temas que van desde transgénicos y la minería a cielo abierto hasta los plaguicidas, el uso del agua y el manejo forestal.
En la mesa –la cual es la primera de una serie que tendrá sesiones semanales en el Club de Periodistas y que durarán hasta el cierre de mayo próximo– otros especialistas hablaron detalladamente de cada tema.
Enrique Provencio, consultor de la Organización de las Naciones Unidas, advirtió que una tercera parte de la morbilidad y la mortalidad humanas tienen causas explícitas en el deterioro ecológico, y lo que está por venir en cuanto a este deterioro es muy preocupante: “estaremos ante procesos más difusos, d e escala más amplia, para los cuales no tenemos tecnologías ni formas sociales para enfrentarlos”.
Explicó que en los 30 años recientes las tasas de crecimiento del PIB nacional han sido relativamente bajas, apenas se duplicó la producción a lo largo del periodo, al tiempo que se dobló también el uso de los recursos naturales, pero, alertó, aun manteniendo un ritmo económico bajo, para el 2050 los impactos ambientales se triplicarán (por los efectos acumulados).
Esto no quiere decir que México deba dejar de crecer, pero sí tener una política que reduzca los impactos. Y en el centro, como aspecto fundamental, debe estar la preocupación por la salud de las personas. El problema hoy es que en las decisiones cruciales del país, la política ambiental es tradicionalmente desdeñada.
Eckart Boege, ambientalista reconocido, dijo que la minería a cielo abierto, que se está imponiendo en México y otros países, es negocio de “un puñado de trasnacionales de origen canadiense”. Esta actividad es intensiva en uso de recursos naturales y energía, y su tecnología es brutalmente extensiva en territorio con costos ambientales ocultos de tal magnitud que no sería viable si tuvieran que pagarse con dinero esos costos.
Por ejemplo, dijo, para producir un metro cúbico de oro de yacimientos que tienen 0.6 gramos de metal por tonelada de tierra removida, se destruyen 400 hectáreas, cuyos propietarios (muchos, ejidatarios) son previamente “conminados” a vender o rentar. Afirmó: “la biodiversidad que se destruye tiene valores únicos e irreparables para el mundo”. De los millones de toneladas de tierra que remueven las empresas mineras, aproximadamente dos terceras partes tienen interés para ellas y van a dar a las “tepetateras”, donde se generan drenajes ácidos con efectos ambientales nocivos de largo plazo. Y la tierra que sí utilizan, una vez procesada, va a dar a terreros o pilas de lixiviación. Además, esta industria utiliza miles, millones de litros o toneladas de diesel, cianuro, ácido clorhídrico y explosivos, sumamente contaminantes y dañinos a la salud, y se le da prioridad para la utilización del agua por sobre el interés para el consumo humano.
Alejandro Villamar, miembro de la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio (RMALC) y de la Red de Afectados por la Minería, afirmó que la movilización y la presión social son fundamentales para proteger el ambiente. Predomina el modelo extractivista que viene desde la Colonia y que implica una apropiación de bienes sin producirlos, bienes que pertenecen a las comunidades y al país, y “se confunde el desarrollo con el crecimiento”. Así, tan sólo en los diez años que llevamos de gobiernos panistas, y sin considerar a la minería –que es la actividad que hoy registra las más fuertes tasas de crecimiento en la economía–, se ha generado una deuda ambiental que implica el 60 o 70 por ciento del PIB. Consideró que la clase política es parasitaria, poco creativa y subordinada al capital financiero, y por tanto resulta un obstáculo para alcanzar una política ambiental socialmente justa.
Gonzalo Chapela, experto en los tema de bosques, manejo de cuencas y desarrollo rural, dijo que México debería ser campeón forestal en el planeta, dado que es centro de origen de los pinus y de diversas plantas tropicales y tenemos condiciones para que esos organismos evolucionen. Señaló que cuatro de cada cinco hectáreas de bosque son propiedad social, pero la productividad de ésta ha sido muy limitada, pues aporta menos del 15 por ciento de la producción forestal nacional. Consideró que la política debe enfocarse a tener bosques sustentables con y para la gente, y se debe impulsar particularmente a las comunidades con una visión de largo plazo. La política hoy tiene efectos muy ineficaces: en los dos sexenios recientes se incrementó el presupuesto de la Comisión Nacional Forestal en tres mil 200 por ciento, y sin embargo ha habido una reducción reducido en una tercera parte de la producción y la balanza comercial del sector ha acentuado su déficit, además de que la deforestación avanza a pesar de que las cifras oficiales digan otra cosa.
Otros participantes en la mesa fueron Elena Álvarez Buylla, experta en el tema de transgénicos, Fernando Bejarano, quien habló sobre los riesgos y daños de los plaguicidas, e Hilda Salazar, de la Red Género y Medio Ambiente. (Lourdes Edith Rudiño)

Banco Mundial dice que tala ilegal genera hasta US$ 15,000 millones

BBC Mundo, 21 de marzo de 2012

Un informe presentado por el Banco Mundial (BM) afirma que la tala ilegal de árboles genera entre US$ 10.000 y 15.000 millones al año en todo el mundo.

Según el BM, el problema es mayor en los bosques del Sureste de Asia, en África Occidental y en América del Sur, donde operan bandas organizadas que corrompen a los mismos funcionarios que deberían controlar esas operaciones ilegales.

El corresponsal de medio ambiente de la BBC, Richard Black, asegura que el daño ecológico de los taladores no se mide sólo en términos económicos sino humanos, por las comunidades locales que se ven afectadas, y el impacto en la vida salvaje de los bosques.

El reporte del BM indica que países como Papua Nueva Guinea o Indonesia están endureciendo sus controles y pide al resto de la comunidad internacional que siga el ejemplo.

Carbon Emissions’ Friendly Skies

José Maria Figueres / Project Syndicate 2012-03-08

SAN JOSÉ – It was once said of the battle to fight climate change that there is no silver bullet – there is only silver buckshot. But, while political leaders have been loaded for bear when it comes to many industries, they have thus far been unable or unwilling to take aim at the impact of aviation.

Little has been done to make the aviation industry pay for its negative effect on the environment. It is largely exempt from fuel tax, and it is not charged for the impact of its carbon-dioxide emissions on climate change.

Yet, according to a report published by the International Panel on Climate Change, the airline industry is responsible for 4.9% of all human-caused global warming worldwide. That figure is high, and it is growing rapidly. Airlines’ CO2 emissions rose by 11.2% from 2005 to 2010, despite a severe global recession during this period.

The urgency of the problem makes it all the more galling that in Moscow last month, 26 countries, including Russia, the United States, India, and China, signed a declaration that threatens to kill the only legislation that would address it.

The meeting’s focus was its participants’ opposition to the European Emissions Trading Scheme (ETS), which, as of January 1, now includes aviation. The European Union has been trying since 1997 to achieve a global agreement on aviation emissions through the International Civil Aviation Organization (ICAO). Many of the same countries that signed the declaration in Moscow opposing the EU’s new carbon-pricing mechanism have also blocked the idea of a global agreement.

The principal objection raised by those who met in Moscow is that the ETS impinges on non-EU countries’ sovereignty, because, by capping their airlines’ carbon allowances for flights to and from the EU, it imposes its rules on their turf. The argument seems valid, except that the Europeans would willingly suspend their scheme if a global, effective, and non-discriminatory solution were agreed upon.

Some of the countries represented at the Moscow meeting also claim that the ETS is a tax on the poor. Why, they ask, should countries that are not responsible for causing the climate-change problem now be forced to pay to solve it?

But, according to the European Commission, the ETS does not impose an unfair burden on the developing world. The Commission points out that EU and US flights produce more than 75% of the emissions from flights entering or leaving Europe. Of the 191 ICAO member countries, 98 would be virtually exempt.

We should also remember that it is not the poor who fly. The ICAO’s own figures show that far less than 10% of the world’s seven billion inhabitants use air transport at least once per year. The €1.50-€7.52 increase in the cost of a one-way flight from Beijing to Paris would be negligible to those passengers.

How the revenue from the ETS will be used, however, is another question. The EU needs to discuss with developing countries how the revenue raised can be channeled to help poor countries’ efforts to adapt to climate change and develop in cleaner ways.

In fact, limiting aviation emissions would cost the rich, but benefit the poor. A well-structured global aviation contract could generate a significant amount of finance for climate-change measures in developing countries. It is absurd that the likes of Cuba and Uganda are among the Moscow declaration’s signatories, given that they stand to be among the main beneficiaries of the ETS.

When the United Nations Secretary-General’s advisory group investigated how to raise money to pay for climate-change mitigation and adaptation in developing countries, its members singled out instruments that address international aviation and shipping emissions as one of the most productive methods. The EU should urgently meet with developing countries and reach an agreement on how to direct a share of ETS revenue, including from aviation, towards raising the necessary finance.

The EU scheme is not perfect, but it has proven very useful in forcing the ICAO to acknowledge the importance of aviation emissions. To destroy the ETS now would be to disable the only mechanism that has managed to create any momentum in discussions that have been dragging on for two decades. If the 26 countries that signed the declaration are serious about addressing carbon emissions, they should use the ETS as a bridge to an even better, global solution.

Threatening the EU and creating confusion for airlines around the world will help no one. Instead, the signatories should act constructively before their meeting in Saudi Arabia this summer to ensure that the ICAO devises a global aviation-emissions system that is equitable, non-discriminatory, and, most importantly, better for the planet and the poor. If they do, we will all benefit – flyers and non-flyers alike.

José Maria Figueres is a trustee for DARA, and was President of Costa Rica from 1994 to 1998.

Understanding Community-Based REDD+: A Manual for Indigenous Communities

AIPP-Net, February 2012

This manual looks at REDD+ at the project level and aims for communities to fully understand how REDD+ works before they start considering whether to join or not. It is is based on, and seeks to promote, an approach to REDD+ that respects and promotes indigenous peoples rights.

Busting the Forest Myths: People as Part of the Solution

Environment 360. 16 feb 2011 The long-held contention that rural forest communities are the prime culprits in tropical forest destruction is increasingly being discredited, as evidence mounts that the best way to protect rainforests is to involve local residents in sustainable management.

Nepal: Village management turns around Nepal's forests

Reuters AlertNet, 8 February 2012

Today, a quarter of Nepal’s forests are managed by nearly 20,000 community forest user groups, the first of which were established by NGOs in the 1980s. Supporters say the groups, together with government policies and legislation, have brought about a marked improvement in the size and density of forests, and have enhanced soil and water management.

Colombia: 'Gold' Standard for REDD Forest Conservation Project in Colombia's Choco

Mongabay, 15 February 2012

A pioneering project in a former conflict zone in Colombia has won gold certification under the Climate, Community, and Biodiversity (CCB) standard. The accreditation will help local communities access carbon finance to safeguard biologically-rich forests.

México. Banco de Germoplasma del CICY

Ecoticias.com, 8 marzo 2012. Ubicado en las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, el Banco de Germoplasma constituye un refugio que albergará muestras consideradas de interés prioritario para México y, en particular

Desastres naturales, inundaciones, sequías o plagas constituyen siempre pérdidas irreparables a nivel biológico que no solo impactan el medio ambiente sino diversas actividades humanas. Por ello, en febrero, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y el Gobierno de Yucatán firmaron el Anexo 36 del convenio de coordinación para el establecimiento de un Banco de Germoplasma, cuyo manejo y administración estará a cargo del Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY).

Ubicado en las instalaciones del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán, el Banco de Germoplasma constituye un refugio que albergará muestras consideradas de interés prioritario para México y, en particular, para la península de Yucatán. Con ello, se genera conocimiento científico orientado al uso y la conservación de estos recursos para ponerlos a salvo de su posible pérdida o destrucción.

Características únicas de conservación

Los Bancos de Germoplasma tradicionales se dedican a ubicar, recolectar, conservar y caracterizar el plasma germinal de las plantas ex situ (fuera de su lugar de origen), porque estas especies tienen semillas ortodoxas que pueden secarse y almacenarse a bajas temperaturas por largos períodos sin perder su viabilidad, es decir, su capacidad de germinar al ser sembradas.

Como el Banco de Germoplasma del CICY se ubica en el trópico, hay otro tipo de especies, que presentan semillas recalcitrantes (aquellas que no pueden resistir los efectos de la sequedad o temperaturas menores de 10 °C), se realizará la conservación de plantas in situ (en su hábitat), in vivo (fuera de su zona habitual de crecimiento y bajo el cuidado de expertos, como en un jardín botánico o en viveros de propagación, por ejemplo) o ex situ e in vitro (en laboratorio, en material de vidrio) mediante técnicas de cultivo de tejidos, entre otras formas de conservación.

A decir del Dr. Alfonso Larqué Saavedra, Director del Parque Científico y Tecnológico de Yucatán: “ya no se trata de los bancos clásicos descritos por la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) o la Unión Europea, sino que este es un banco ad hoc para las condiciones del trópico mexicano. Muchas de las especies que forman parte del Banco se ubican en áreas protegidas y, en el mismo lugar donde crecen estos organismos, se pueden identificar, caracterizar y conservar”.

Al realizar la conservación in situ, el banco expande sus posibilidades de conservación y gana una posición destacada a nivel nacional y mundial. Considerando la biodiversidad de la península de Yucatán, el banco puede albergar semillas, hongos, plantas y animales.

“En la región contamos con dos mil especies de plantas, entre comestibles, medicinales y forrajeras, además de especies ornamentales y aquellas utilizadas en la construcción. Si hablamos del reino animal, hay cerca de cinco mil especies de invertebrados y poco más de mil vertebrados, de manera que la riqueza que tenemos es vasta. El reto ahora es seleccionar cuáles especies estarán en el Banco”, comentó el Dr. Larqué.

Sumando alianzas

A través de la colaboración interinstitucional entre academia, gobierno y representantes de las organizaciones de la sociedad civil, el CICY ha logrado conjuntar esfuerzos con la Semarnat, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente del Gobierno del Yucatán (Seduma) y la Asociación Civil Pronatura México para crear el Sistema del Banco de Germoplasma de Yucatán (SIBANGEPY), que le permitirá ampliar su capacidad y cobertura.

“Con ello, se integran organizaciones, instituciones y al sector gubernamental que cuenten con áreas naturales, reservas territoriales, jardines botánicos u otros, y cuya misión contemple la conservación de la biodiversidad biológica del Estado o de la región de la península de Yucatán”, aseguró el Dr. Larqué.

Al momento, el Banco ya se encuentra en operaciones con la creación de las bases de datos con la información que se ha acumulado de años de investigación en el CICY y en la región.

Con una inversión inicial de 24 mdp para la edificación de la construcción especializada que lo albergará, se espera que el Banco de Germoplasma quede terminado en mayo de este año. Con ello, se podrá comenzar la fase del equipamiento, con la instalación de seis cámaras frías y cuatro laboratorios.

Del Polo Norte al Sureste Mexicano

En todo el mundo se han establecido bancos de germoplasma para la conservación del material genético de distintas especies y preservarlas para el futuro. En años recientes, el mundo entero supo del Banco Internacional de Semillas de Svalbard, al que la prensa ha bautizado como el Arca de Noé o cripta del día del juicio, en el que Noruega ha invertido cinco millones de dólares para guardar muestras a 18 ºC bajo cero. Enclavado en el archipiélago Svalbard, en el Océano Glacial Ártico, tiene una capacidad máxima para almacenar cuatro millones y medio de semillas.

En México, para preservar la diversidad de especies para el futuro, también hay varios bancos de este tipo y se cuenta con un número importante de colecciones de especies:

Banco de Germoplasma del Maíz
Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo (CIMMYT), Veracruz
El programa de Recursos Genéticos del CIMMYT tiene a su cargo los bancos de germoplasma de maíz y trigo. En el primero, están depositadas 27 mil colecciones únicas de semilla de maíz, incluida la colección de razas criollas de maíz más grande del mundo, además de muestras de sus parientes silvestres, como el teosintle y Tripsacum, y variedades mejoradas; mientras que en el de trigo se encuentran 150 mil colecciones únicas de semilla de Tritici de más de cien países.

Banco Nacional de Germoplasma Vegetal (Bangev)
Universidad Autónoma Chapingo, Estado de México
El Bangev tiene una colección de semillas donde están representadas las especies silvestres y cultivadas de uso alimenticio, medicinal y combustible de México. Su base de datos contiene 8 mil 337 ejemplares correspondientes a 72 familias, 214 géneros y 295 especies.

Banco de Germoplasma del Maíz
Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro, Coahuila
Este banco se construyó ante la necesidad de conservar ex situ la riqueza genética de los maíces nativos, además de fomentar su uso y aprovechamiento. El banco tiene una capacidad de almacenamiento de 435 metros cúbicos y puede albergar hasta cien mil muestras de maíz.

Centro Nacional de Recursos Genéticos (CNRG)
Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, Jalisco
Se dio a conocer como el “Arca de Noé” de Tepatitlán. Su inauguración estaba prevista para 2010, pero comenzó operaciones en mayo de 2011. Las actividades del CNRG se focalizan en la conservación ex situ y en el largo plazo, in vitro.

Depositario Nacional de Opuntia (nopal)
Universidad Autónoma Chapingo, Estado de México
Considerado el depositario más importante de México, tiene el objetivo de preservar el germoplasma de esta especie, mejorar la semilla de estos cultivos y elaborar la guía para describir variedades de nopal-tuna y xoconostles.

El Banco de Germoplasma del CICY se suma a este esfuerzo de conservación, pues a través de este banco será posible proteger, conservar, propagar y asegurar la diversidad biológica de la región, recayendo en él la enorme responsabilidad —y satisfacción— de garantizar que las plantas de la Península se mantengan vivas para las generaciones presentes y futuras. (DHTN/GHM - Enlace Institucional CICY)

Prohíbe India sus exportaciones de algodón para garantizar mercado local

Esta medida podría reducir los suministros y empujar al alza los precios mundiales, según los expertos.

Afp / La Jornada  05/03/2012 11:26

Mombay. India, segundo mayor productor y exportador de algodón del mundo, decretó un embargo a sus exportaciones de algodón hacia el extranjero para garantizar las necesidades del mercado local, informaron este lunes las autoridades.

Esta medida podría reducir los suministros y empujar al alza los precios mundiales, según los expertos.

"El embargo se produce en un momento en que los objetivos de exportación de India han sido alcanzados. También pretende que el suministro al mercado local esté garantizado", declaró Ravi Singh, analista de SMC Global Securities.

La medida -la segunda de este tipo en dos años- fue anunciada por la Dirección general del comercio exterior (DGFT). "La exportación de algodón fue suspendida hasta nueva orden", indica la DGFT en su sitio Internet.

India había prohibido las exportaciones en abril de 2010, pero levantó esa prohibición ese mismo año.

Siddhartha Rajagopal, presidente del Cotton Textiles Export Promotion Council, afirmó que el embargo estaba motivado por el hecho de que las exportaciones se dispararon, superando las previsiones del gobierno.

En los contratos estadunidenses a plazo para entrega en mayo los precios del algodón subían 4.5 por ciento para llegar a 92.23 centavos la libra. En cambio, el índice indio de precios MCX Kapas registraba una baja de cuatro por ciento ante la perspectiva de una mejora de los suministros internos.

Aprueba el BM dar préstamo a México para políticas contra el cambio climático

Los recursos beneficiarán a mil comunidades indígenas y rurales, señala el organismo
Notimex / La Jornada, Viernes 2 de marzo de 2012, p. 45
Washington, 1º de marzo. El Banco Mundial (BM) anunció hoy la aprobación de un préstamo por 300 millones de dólares, el primero de su tipo, en apoyo a la políticas para reforzar la resistencia a situaciones extremas, en especial a causa del cambio climático.

El préstamo beneficiará a tres mil comunidades indígenas rurales y ayudará a la planeación, reducción del riesgo de desastres y la adopción de medidas para el desarrollo de la tierra, en particular a nivel municipal.

Esto representa la primera ocasión en que el BM desarrolla un programa cuyo objetivo central es reducir el impacto social del cambio climático, en especial entre los habitantes más vulnerables, apuntó un comunicado de la institución.

Entre los objetivos del proyecto están aumentar el acceso a información relevante y la participación de grupos de la sociedad civil en el desarrollo de políticas de adaptación al cambio climático.

Asimismo busca mejorar el manejo de riesgos de infraestructura y servicios, así como restituir bosques, humedales y otros ecosistemas que protegen a los pobres frente a desastres naturales que contribuyen a su bienestar.

El préstamo apoya los esfuerzos del gobierno federal en relación con la Estrategia Regional de Adaptación al Cambio Climático en la Península de Yucatán.

La estrategia incluyen medidas para enfrentar el crecimiento del turismo en áreas costeras y proteger el hábitat de comunidades indígenas, además de aumentar 5 por ciento la superficie terrestre cubierta por seguros de riesgos climáticos.

Reconocemos los esfuerzos de México en promover un desarrollo sustentable que identifica la dimensión humana como prioridad de la política pública con claros beneficios para los más vulnerables, dijo Gloria Grandolini, directora del BM para México y Colombia.

El país da un paso más y consolida su reputación como líder global en materia de adaptación y mitigación al cambio climático y convierte esta situación en una oportunidad de transformación económica y social más sustentable e inclusiva, agregó.

Manejo de recursos

El organismo sostuvo que el proyecto busca un mejor acoplamiento de la prioridad de crecimiento económico y la competitividad, con un manejo racional de recursos naturales y del medio ambiente, dando especial énfasis al factor humano.

Otras de sus aspectos incluyen programas de Acción de Cambio Climático de largo plazo mediante la administración de riesgos, orientados a nivel estatal.

El programa busca mejorar el manejo de bosques de manera sustentable y apoya políticas públicas y programas que impulsen la administración de bosques basados en estructuras comunitarias que incluyan la participación ciudadana.

El BM destacó que su colaboración con el gobierno de México en temas de cambio climático data de 1990.

El poder judicial otorga al pueblo wixárika la suspensión para detener explotación minera del proyecto La Luz en Catorce, San Luis Potosí

eme equis, Lunes, febrero 27, 2012
Por Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa

No se podrá otorgar ningún permiso en tanto no se resuelva el fondo del asunto planteado.
La intención de explotar recursos naturales mediante 38 concesiones mineras en el territorio sagrado de Wirikuta queda suspendida.
Los tribunales federales otorgaron de manera definitiva la suspensión del acto reclamado por el Pueblo Wixárika
Los tribunales federales otorgaron de manera definitiva la suspensión del acto reclamado por el Pueblo Wixárika (Huichol) a fin de que no se otorgue ningún permiso de explotación para el proyecto minero La Luz, en el Municipio de Catorce en San Luis Potosí, en tanto no se resuelva el fondo del asunto planteado.
Ante la omisión del Estado mexicano de garantizar sus derechos humanos y con el objetivo inamovible de la protección integral del territorio sagrado de Wirikuta, ante las amenazas agroindustriales y minero metalúrgicas, el Pueblo Wixárika presentó una demanda de amparo ante el Poder Judicial de la Federación exigiendo el respeto a los derechos que el Estado mexicano se ha comprometido a proteger a nivel nacional e internacional.
La comunidad Wixárika busca la reivindicación espiritual a través de la peregrinación de sus centros ceremoniales y mediante acciones ante el Estado mexicano e instancias internacionales.
Wirikuta, territorio sagrado de los wixaritari (huicholes), abarca los municipios de Catorce, Charcas, Matehuala, Villa de Ramos, Villa de Guadalupe y Villa de la Paz en el Estado de San Luis Potosí, fue declarado en 1994 Área Natural Protegida Sitio Sagrado Natural por el Gobierno de San Luis Potosí y cuenta con aproximadamente 140 mil hectáreas, lugar en donde el gobierno federal ha otorgado por lo menos 38 concesiones mineras para explotar los recursos mineros, poniendo en riesgo la biodiversidad, la continuidad del ecosistema del Desierto Chihuahuense, la calidad del agua, la salud de la población y al pueblo Wixárika.
El derecho territorial de los pueblos indígenas, no sólo reconoce las tierras o superficies en los que los pueblos se establecen, sino que, además, contempla aquellos espacios y territorios a los que tradicionalmente tienen acceso, así como el hábitat y su entorno, esto es, la integridad de elementos naturales que conforman el ecosistema.
El territorio de Wirikuta representa para la cosmogonía Wixárika el lugar en donde se fundan las esencias de vida y el nacimiento del sol, lo cual representa un elemento indispensable de su identidad cultural y para su subsistencia como pueblo originario. En este contexto resulta indispensable que el Estado mexicano consulte al pueblo Wixárika y obtenga su consentimiento libre, previo e informado de acuerdo a la legislación vigente, para que garantice de manera efectiva sus derechos fundamentales.
La reivindicación de los derechos del pueblo Wixárika ha sido acompañada por la Comisión Nacional de Derecho Humanos y la Oficina del Alto Comisionado en México de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quienes han mostrando su interés y disposición para la defensa del territorio sagrado.
Frente en Defensa de Wirikuta Tamatsima Wahaa (el agua de nuestro hermano mayor) por encomienda del Consejo Regional Wixárika por la Defensa de Wirikuta.
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