Por Eric Lemus * - IPS/IFEJ
No se debe esperar humo blanco de la conferencia climática de Bali, sino una agenda de negociaciones y un umbral medible de compromisos contra el recalentamiento, advierten expertos.
NUSA DUA, Indonesia, dic (Tierramérica).- La multitudinaria conferencia de las Naciones Unidas sobre cambio climático que se celebra desde el 3 de este mes en la paradisíaca isla indonesia de Bali ha oscilado entre el optimismo y el hermetismo.
La cita es el termómetro sobre el éxito o el fracaso de un tratado estratégico contra el calentamiento de la Tierra, que debería emerger en dos años. Pero el pronóstico es reservado.
Los cuatro asuntos en torno a los que giran las conversaciones son la mitigación del calentamiento global, la adaptación al cambio climático ocasionado por el aumento de la temperatura, la transferencia de tecnología de los países ricos a los pobres, y los incentivos para la lucha contra la deforestación.
Pero otros problemas, que no figuran en la agenda principal, están latentes en este encuentro y ya los sufren en carne propia muchos habitantes del planeta. Existen 25 millones de "refugiados climáticos" en el mundo que no son reconocidos por el derecho internacional porque éste sólo protege a quienes huyen de guerras o persecución política, religiosa o étnica, dijo para este artículo la diputada del Partido de los Verdes del parlamento sueco, Bodil Ceballos.
"Al haber negado que el cambio climático existe durante mucho tiempo, el mundo tampoco ha querido ver las consecuencias. En Suecia se está hablado de que eventualmente tendremos refugiados climáticos de los países mediterráneos europeos si no se frena pronto el uso de combustible fósil", agregó.
El paso del ciclón Sidr, que azotó Bangladesh el 15 de noviembre, dejó más de cuatro mil muertos y más de siete millones de damnificados, muchos de los cuales no pueden volver a sus hogares y están pasando hambre.
Un destino que podrían experimentar los habitantes de muchos lugares, como las islas y las costas bajas, muy susceptibles a la elevación del nivel del mar.
Bali es una de las 17 mil islas que componen el archipiélago más grande del planeta, y un destino turístico atractivo por su impresionante cadena de volcanes y la originalidad de su cultura.
Pero Indonesia, el cuarto país más poblado del mundo, con más de 220 millones de habitantes, está expuesta a grandes peligros.
La elevación del nivel del mar, de unos dos milímetros por año, se acelerará a cinco milímetros anuales en este siglo. Un cambio de esa magnitud representará pérdidas significativas para los 80 mil kilómetros de costas indonesias así como para sus arrecifes de coral, pesquerías y manglares, afirma un estudio publicado el 4 de este mes por el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF).
Además, 60 por ciento de la población de Indonesia vive en zonas costeras y en ciudades en tierras ribereñas bajas, como Yakarta y Surabaya.
Las bellezas de Bali ayudan a reforzar la nota optimista que aportó el nuevo gobierno de Australia al ratificar el Protocolo de Kyoto, dejando solo a Estados Unidos en su rechazo al único tratado internacional que obliga a reducir los gases que recalientan la atmósfera.
El gobierno de George W. Bush quedó más aislado cuando un comité del Senado votó a favor de un proyecto para establecer límites obligatorios a los gases invernadero.
Miles de delegados gubernamentales de más de 180 países, expertos y activistas están presentes en la XIII sesión de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y en la tercera reunión de las partes del Protocolo de Kyoto.
Pero las negociaciones gubernamentales se llevan a cabo a puertas cerradas con el fin de establecer una agenda que culmine en 2009 con un tratado obligatorio de reducción de gases invernadero más allá de 2012, cuando expire el Protocolo firmado en 1997 en la ciudad japonesa de Kyoto, vigente desde 2005.
Kyoto demoró muchos años en ser obligatorio. Mientras, los efectos del calentamiento empezaron a desbordarse. Por eso es determinante que en esta cita se avance hacia un nuevo marco que regule la emisión de dióxido de carbono, el principal gas invernadero, indicó Mike Shanahan, del Instituto Internacional de Desarrollo y Medio Ambiente, en un informe suministrado a la prensa en Bali.
Las naciones industriales partes de Kyoto están obligadas a abatir sus gases invernadero a volúmenes cinco por ciento inferiores a los de 1990, antes de 2012. La discusión se encamina ahora en dos rumbos: cómo conseguir un acuerdo que incluya a Estados Unidos, responsable de más de 20 por ciento de la contaminación climática, y qué tipo de obligaciones deberían asumir países en desarrollo como China, India o Brasil, convertidos en potencias económicas emergentes.
Si bien nadie se irá de Bali con un compromiso firmado para las próximas décadas, muchos ojos están puestos en la "hoja de ruta" que emerja de las discusiones del Grupo de Trabajo Ad Hoc del Protocolo de Kyoto, encargado, entre otros asuntos, de establecer un rango de reducciones de gases que deberán adoptar las naciones ricas.
Organizaciones como WWF esperan que el Grupo de Trabajo confirme una decisión informal adoptada este año en Viena: los países industriales deberán llegar a 2020 con reducciones de emisiones de entre 25 y 40 por ciento respecto de los volúmenes de 1990.
Ese sería el umbral mínimo para evitar que la temperatura se eleve más de dos grados en este siglo y desate consecuencias naturales catastróficas, ha advertido el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés).
Este fue el año del clima. El premio Nobel de la Paz fue concedido al IPCC, cuyos últimos informes establecieron más allá de dudas que las actividades económicas humanas juegan un papel crucial en el cambio climático ya desatado.
La "hoja de ruta de Bali" será el eje del trabajo de la conferencia de las partes de la Convención, que sesionará en dos años en Copenhague, Dinamarca.
Yvo de Boer, director ejecutivo de la Secretaría de la Convención sobre el Cambio Climático, urgió a los participantes a actuar con responsabilidad.
"Estamos en una senda catastrófica, y la comunidad científica ha lanzado a los políticos un mensaje claro: que el cambio climático se puede frenar y que actuando ahora se podrán evitar muchos de los impactos catastróficos del calentamiento", afirmó.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales).
jueves, diciembre 20, 2007
Analizan en Xicoténcatl protección de manglares
En 20 años se ha perdido 65% de su superficie, según datos oficiales.
Mañana se discutirá la posible reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico.
La jornada
Miércoles 12 de diciembre de 2007
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
El Senado dejó en primera lectura, para aprobarse este jueves, una reforma a la Ley General de Vida Silvestre y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con la finalidad de proteger los manglares, toda vez que en los últimos 20 años en México se ha perdido 65 por ciento de su superficie, deforestándose cada año en promedio 9 mil 913 hectáreas de dichas zonas.
En las consideraciones para esta reforma se destaca que el manglar es considerado como el equivalente costero del bosque selvático, por su apariencia y servicios ambientales que proporciona, y subraya que México forma parte del grupo de cinco países que alberga la mitad de estas áreas en el mundo, teniendo la segunda mayor extensión en el continente americano, precedido de Brasil.
Con la reforma propuesta se cambia el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar de la siguiente manera: “Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia.
“De su productividad natural, de su capacidad de carga natural del ecosistema de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje, o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoquen cambios significativos en las características y servicios ecológicos”.
Con este cambio se modifican las reformas aprobadas el primero de febrero de 2007, en donde para proteger a los manglares se estableció la prohibición legal de llevar a cabo cualquier actividad que afecte la integralidad del mismo.
Con las reformas propuestas, y que quedaron para ser aprobadas este jueves, se establece que “toda actividad que tienda a afectar de cualquier forma al manglar quedará prohibida sólo cuando pudiéndose causar efectos irreversibles al ecosistema no se acredite ante la Semarnat la viabilidad de recuperación y conservación del equilibrio de dicho ecosistema y se propone como obligación a cargo de los responsables de dichas actividades que implementen medidas de compensación que minimicen los impactos negativos”.
Se establece que para determinar si algún proyecto de obra o actividad afecta la integralidad o provoca cambios significativos en las características del manglar, dicho proyecto se sujetará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en su modalidad regional, previsto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.
Asimismo, se precisa que durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la Semarnat deberá llevar a cabo el mecanismo de consulta pública a que se refiere el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente a petición de cualquier interesado.
Con esta reforma se faculta a la Semarnat para que en la resolución en materia de impacto ambiental imponga las acciones y medidas necesarias para evitar, prevenir, minimizar, compensar, restaurar o reparar cualquier afectación al ecosistema del manglar.
Mañana se discutirá la posible reforma a la Ley General del Equilibrio Ecológico.
La jornada
Miércoles 12 de diciembre de 2007
Víctor Ballinas y Andrea Becerril
El Senado dejó en primera lectura, para aprobarse este jueves, una reforma a la Ley General de Vida Silvestre y a la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, con la finalidad de proteger los manglares, toda vez que en los últimos 20 años en México se ha perdido 65 por ciento de su superficie, deforestándose cada año en promedio 9 mil 913 hectáreas de dichas zonas.
En las consideraciones para esta reforma se destaca que el manglar es considerado como el equivalente costero del bosque selvático, por su apariencia y servicios ambientales que proporciona, y subraya que México forma parte del grupo de cinco países que alberga la mitad de estas áreas en el mundo, teniendo la segunda mayor extensión en el continente americano, precedido de Brasil.
Con la reforma propuesta se cambia el artículo 60 de la Ley General de Vida Silvestre, para quedar de la siguiente manera: “Queda prohibida la remoción, relleno, trasplante, poda, o cualquier obra o actividad que afecte la integralidad del flujo hidrológico del manglar; del ecosistema y su zona de influencia.
“De su productividad natural, de su capacidad de carga natural del ecosistema de las zonas de anidación, reproducción, refugio, alimentación y alevinaje, o bien de las interacciones entre el manglar, los ríos, la duna, la zona marítima adyacente y los corales, o que provoquen cambios significativos en las características y servicios ecológicos”.
Con este cambio se modifican las reformas aprobadas el primero de febrero de 2007, en donde para proteger a los manglares se estableció la prohibición legal de llevar a cabo cualquier actividad que afecte la integralidad del mismo.
Con las reformas propuestas, y que quedaron para ser aprobadas este jueves, se establece que “toda actividad que tienda a afectar de cualquier forma al manglar quedará prohibida sólo cuando pudiéndose causar efectos irreversibles al ecosistema no se acredite ante la Semarnat la viabilidad de recuperación y conservación del equilibrio de dicho ecosistema y se propone como obligación a cargo de los responsables de dichas actividades que implementen medidas de compensación que minimicen los impactos negativos”.
Se establece que para determinar si algún proyecto de obra o actividad afecta la integralidad o provoca cambios significativos en las características del manglar, dicho proyecto se sujetará al procedimiento de evaluación de impacto ambiental en su modalidad regional, previsto en el artículo 28 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección Ambiental.
Asimismo, se precisa que durante el procedimiento de evaluación de impacto ambiental, la Semarnat deberá llevar a cabo el mecanismo de consulta pública a que se refiere el artículo 34 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente a petición de cualquier interesado.
Con esta reforma se faculta a la Semarnat para que en la resolución en materia de impacto ambiental imponga las acciones y medidas necesarias para evitar, prevenir, minimizar, compensar, restaurar o reparar cualquier afectación al ecosistema del manglar.
Mercado de carbono llega a las selvas
Por Marwaan Macan-Markar
Mientras el negocio de transar derechos para emitir carbono incorpora la deforestación evitada, está en duda su capacidad para abatir la contaminación climática.
NUSA DUA, Bali, Indonesia, 17 dic (Tierramérica).- El nuevo activo del siglo es el gas carbono, a ser transado entre el mundo rico y el pobre en los mercados del futuro.
La mayor conferencia mundial sobre cambio climático proporcionó un terreno fértil para que este mercado potencialmente lucrativo extienda sus raíces al sector forestal.
El carbono, o mejor el dióxido de carbono, es la principal de las sustancias que recalientan la atmósfera, conocidas como gases de efecto invernadero.
Las voces a favor de este nuevo mercado fueron numerosas en la XIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada del 3 al 14 de este mes en la isla indonesia de Bali. Entre ellas la del Banco Mundial.
En la semana final de la reunión que atrajo a unos 10 mil participantes de unos 180 países, el Banco lanzó una iniciativa para incorporar los bosques tropicales del mundo en desarrollo a los mercados de créditos de carbono.
El Fondo para Reducir las Emisiones de Carbono Mediante la Protección de los Bosques, propuesto ya en 2006 por el Banco y presentado en Bali, está destinado a proteger esos ecosistemas de la deforestación canalizando fondos del mundo industrializado.
El Fondo permitirá a los "compradores" de las naciones ricas, que deben reducir sus emisiones de dióxido de carbono, a hacerlo financiando programas que detengan la destrucción forestal, que contribuye con casi 20 por ciento de los gases invernadero lanzados a la atmósfera.
El Banco prevé una capitalización de 300 millones de dólares para el Fondo, que se pondrá en marcha con una base de 10 millones. También calcula que su funcionamiento será de aproximadamente una década.
Semejante intento de que los mayores contaminadores climáticos del mundo obtengan créditos de carbono es apenas la última de una creciente lista de opciones alentadas por el Protocolo de Kyoto, en vigor desde 2005.
Para 2006, el volumen global del mercado de carbono era de unos 30 mil millones de dólares, según el Banco Mundial, cuando en 2004 era de menos de mil millones.
"La mayor fuente de créditos en el mercado han sido inversiones para reducir los hidrofluorocarbonos (HFC), que se utilizan en varios procesos de manufactura de industrias químicas, como la de pinturas", dijo a Tierramérica Ben Vitale, director de desarrollo de mercados y negocios de ecosistemas de Conservation International.
"China fue quien más se benefició de las inversiones en proyectos amigables con el ambiente que habilitan a una compañía o a un gobierno (del mundo industrial) a adquirir créditos de carbono", agregó.
Sin embargo, no todos en la conferencia se mostraron convencidos de que las selvas del mundo en desarrollo resulten protegidas por un mecanismo de mercado concebido para ayudar a gobiernos y empresas del mundo industrializado a adquirir créditos de carbono.
Los créditos de carbono son permisos para contaminar. Quien los compra, adquiere una coartada para no reducir su propia contaminación, mientras paga para que otros produzcan de manera más limpia.
"Nos preocupa el abuso de los mecanismos de mercado. No estoy seguro de que por sí solos ayuden a reducir las emisiones", señaló el canciller brasileño Celso Amorim.
La preocupación es compartida por algunas organizaciones ambientalistas.
La insistencia en el mercado como solución para que los ricos cumplan sus obligaciones puede alterar la prioridad del Protocolo de Kyoto: que los países industriales reduzcan los gases invernadero de sus propias economías.
"El mundo industrial comenzará a comprar créditos de carbono forestal baratos al mundo en desarrollo, sin cambiar su matriz energética ni sus sistemas de transporte, que son los que contaminan el ambiente", dijo a Tierramérica Marcelo Furtado, director de campaña de la filial brasileña de Greenpeace.
"Las naciones ricas pueden estar haciéndole un gran favor al planeta al proteger los bosques tropicales, pero en un aspecto más amplio, el ambiente no se beneficia porque no han reducido sus emisiones de gases", añadió.
Organizaciones como Amigos de la Tierra y el Foro Indonesio para el Ambiente tienen otras preocupaciones sobre el nuevo papel que se quiere dar a los bosques tropicales.
Comunidades indígenas y otros pueblos cuyos sustentos dependen de las selvas serán marginados de ese vínculo económico y cultural tradicional que han mantenido durante décadas o siglos, alegaron.
Las diferencias aparecen mientras se acerca 2008, cuando empezará el período para cumplir los compromisos asumidos en Kyoto por todos los países industriales, con la excepción de Estados Unidos.
Las naciones ricas están obligadas a reducir sus gases invernadero a volúmenes 5,2 por ciento inferiores a los de 1990 en un plazo de cinco años que expirará en 2012.
El nuevo año también abrirá las puertas para que las empresas y los países del mundo rico que acumularon créditos de carbono empiecen a transarlos.
El Protocolo de Kyoto, adjunto a la Convención de Cambio Climático, estableció un Mecanismo de Desarrollo Limpio que habilita a los contaminadores del Norte industrial a invertir en iniciativas limpias en el Sur en desarrollo a cambio de… créditos de carbono, con los que achicarán la distancia que los separa del cumplimiento de sus obligaciones.
Pero mientras se espera este nuevo giro económico, funcionarios de los países pobres protestan que no quieren ser estafados respecto del valor de una tonelada de carbono.
Un delegado indonesio a la conferencia de Bali dijo al periódico The Jakarta Post que "los créditos de carbono están valuados en apenas tres dólares por tonelada en los países en desarrollo, mientras se cotizan a unos 25 dólares en los países europeos".
En la sudoccidental provincia canadiense de Alberta, las autoridades fijaron en 15 dólares el valor de la tonelada de carbono, como parte de los esfuerzos para "exigir reducciones de los emisores del sector privado", dijo un funcionario de esa región, que posee las segundas reservas petroleras más grandes del mundo.
"Si se abusa del mercado de carbono, será injusto culpar al Protocolo de Kyoto", dijo el brasileño Furtado. La culpa será del "abusador, que no cumplió con sus obligaciones de abatir su contaminación climática", concluyó.
Mientras el negocio de transar derechos para emitir carbono incorpora la deforestación evitada, está en duda su capacidad para abatir la contaminación climática.
NUSA DUA, Bali, Indonesia, 17 dic (Tierramérica).- El nuevo activo del siglo es el gas carbono, a ser transado entre el mundo rico y el pobre en los mercados del futuro.
La mayor conferencia mundial sobre cambio climático proporcionó un terreno fértil para que este mercado potencialmente lucrativo extienda sus raíces al sector forestal.
El carbono, o mejor el dióxido de carbono, es la principal de las sustancias que recalientan la atmósfera, conocidas como gases de efecto invernadero.
Las voces a favor de este nuevo mercado fueron numerosas en la XIII Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, celebrada del 3 al 14 de este mes en la isla indonesia de Bali. Entre ellas la del Banco Mundial.
En la semana final de la reunión que atrajo a unos 10 mil participantes de unos 180 países, el Banco lanzó una iniciativa para incorporar los bosques tropicales del mundo en desarrollo a los mercados de créditos de carbono.
El Fondo para Reducir las Emisiones de Carbono Mediante la Protección de los Bosques, propuesto ya en 2006 por el Banco y presentado en Bali, está destinado a proteger esos ecosistemas de la deforestación canalizando fondos del mundo industrializado.
El Fondo permitirá a los "compradores" de las naciones ricas, que deben reducir sus emisiones de dióxido de carbono, a hacerlo financiando programas que detengan la destrucción forestal, que contribuye con casi 20 por ciento de los gases invernadero lanzados a la atmósfera.
El Banco prevé una capitalización de 300 millones de dólares para el Fondo, que se pondrá en marcha con una base de 10 millones. También calcula que su funcionamiento será de aproximadamente una década.
Semejante intento de que los mayores contaminadores climáticos del mundo obtengan créditos de carbono es apenas la última de una creciente lista de opciones alentadas por el Protocolo de Kyoto, en vigor desde 2005.
Para 2006, el volumen global del mercado de carbono era de unos 30 mil millones de dólares, según el Banco Mundial, cuando en 2004 era de menos de mil millones.
"La mayor fuente de créditos en el mercado han sido inversiones para reducir los hidrofluorocarbonos (HFC), que se utilizan en varios procesos de manufactura de industrias químicas, como la de pinturas", dijo a Tierramérica Ben Vitale, director de desarrollo de mercados y negocios de ecosistemas de Conservation International.
"China fue quien más se benefició de las inversiones en proyectos amigables con el ambiente que habilitan a una compañía o a un gobierno (del mundo industrial) a adquirir créditos de carbono", agregó.
Sin embargo, no todos en la conferencia se mostraron convencidos de que las selvas del mundo en desarrollo resulten protegidas por un mecanismo de mercado concebido para ayudar a gobiernos y empresas del mundo industrializado a adquirir créditos de carbono.
Los créditos de carbono son permisos para contaminar. Quien los compra, adquiere una coartada para no reducir su propia contaminación, mientras paga para que otros produzcan de manera más limpia.
"Nos preocupa el abuso de los mecanismos de mercado. No estoy seguro de que por sí solos ayuden a reducir las emisiones", señaló el canciller brasileño Celso Amorim.
La preocupación es compartida por algunas organizaciones ambientalistas.
La insistencia en el mercado como solución para que los ricos cumplan sus obligaciones puede alterar la prioridad del Protocolo de Kyoto: que los países industriales reduzcan los gases invernadero de sus propias economías.
"El mundo industrial comenzará a comprar créditos de carbono forestal baratos al mundo en desarrollo, sin cambiar su matriz energética ni sus sistemas de transporte, que son los que contaminan el ambiente", dijo a Tierramérica Marcelo Furtado, director de campaña de la filial brasileña de Greenpeace.
"Las naciones ricas pueden estar haciéndole un gran favor al planeta al proteger los bosques tropicales, pero en un aspecto más amplio, el ambiente no se beneficia porque no han reducido sus emisiones de gases", añadió.
Organizaciones como Amigos de la Tierra y el Foro Indonesio para el Ambiente tienen otras preocupaciones sobre el nuevo papel que se quiere dar a los bosques tropicales.
Comunidades indígenas y otros pueblos cuyos sustentos dependen de las selvas serán marginados de ese vínculo económico y cultural tradicional que han mantenido durante décadas o siglos, alegaron.
Las diferencias aparecen mientras se acerca 2008, cuando empezará el período para cumplir los compromisos asumidos en Kyoto por todos los países industriales, con la excepción de Estados Unidos.
Las naciones ricas están obligadas a reducir sus gases invernadero a volúmenes 5,2 por ciento inferiores a los de 1990 en un plazo de cinco años que expirará en 2012.
El nuevo año también abrirá las puertas para que las empresas y los países del mundo rico que acumularon créditos de carbono empiecen a transarlos.
El Protocolo de Kyoto, adjunto a la Convención de Cambio Climático, estableció un Mecanismo de Desarrollo Limpio que habilita a los contaminadores del Norte industrial a invertir en iniciativas limpias en el Sur en desarrollo a cambio de… créditos de carbono, con los que achicarán la distancia que los separa del cumplimiento de sus obligaciones.
Pero mientras se espera este nuevo giro económico, funcionarios de los países pobres protestan que no quieren ser estafados respecto del valor de una tonelada de carbono.
Un delegado indonesio a la conferencia de Bali dijo al periódico The Jakarta Post que "los créditos de carbono están valuados en apenas tres dólares por tonelada en los países en desarrollo, mientras se cotizan a unos 25 dólares en los países europeos".
En la sudoccidental provincia canadiense de Alberta, las autoridades fijaron en 15 dólares el valor de la tonelada de carbono, como parte de los esfuerzos para "exigir reducciones de los emisores del sector privado", dijo un funcionario de esa región, que posee las segundas reservas petroleras más grandes del mundo.
"Si se abusa del mercado de carbono, será injusto culpar al Protocolo de Kyoto", dijo el brasileño Furtado. La culpa será del "abusador, que no cumplió con sus obligaciones de abatir su contaminación climática", concluyó.
viernes, diciembre 07, 2007
Mercado de biocombustibles tiene deformaciones congénitas
Por Mario Osava*
Llevará mucho tiempo extirpar las distorsiones causadas por intereses económicos y políticos inmediatos en el incipiente mercado de biocombustibles, observan expertos
RÍO DE JANEIRO, 3 dic (Tierramérica).- El desarrollo de un mercado internacional de combustibles agrícolas podrá reducir la contaminación ambiental y mitigar los impactos inflacionarios de la actual euforia por esa alternativa energética, pero se trata de un proceso que insumirá muchos años.
Por ahora, los países que disponen de condiciones, como Estados Unidos y la Unión Europea (UE, buscan crear sus sistemas domésticos de producción y consumo de combustibles destilados de vegetales, procurando reducir sus gastos en petróleo, con barreras y subsidios que oscurecen las perspectivas de ese nuevo mercado.
La fiebre por productos como el biodiésel y el alcohol carburante o etanol, destilados de oleaginosas, caña de azúcar y maíz, obedece a los precios prohibitivos del crudo y a los efectos climáticos indeseables del uso de sus derivados. En América, sólo cinco países ya producen lo suficiente para añadir 10 por ciento de etanol a la gasolina que consumen, proporción que no exige cambios en los motores y reduce considerablemente los gases de efecto invernadero del transporte. Son Brasil, Guatemala, Guyana, Nicaragua y Paraguay, según el Atlas de Agroenergía y Biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), publicado este año.
Nadando contra la corriente del enfoque nacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) promoverá en junio de 2008 una conferencia en Brasil para establecer un marco regulador del futuro mercado mundial de biocombustibles.
Es “el momento adecuado” para discutir el asunto y evitar la consolidación de distorsiones que en el futuro serán más difíciles de corregir, dice a Tierramérica Luiz Fernando Paulillo, consultor de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de la FAO.
Las barreras arancelarias “pueden caer, pero los subsidios tienden a perdurar”, como prueban las largas y frustrantes negociaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para reducir las protecciones de los países ricos a su agricultura, recuerda el experto.
Pero los subsidios a la producción de granos poco preocupan a los agricultores centroamericanos porque la perspectiva de una enorme demanda y los precios tan altos hacen “lugar para todos los productores, incluso los menos eficientes”, según Gerardo Escudero, representante del IICA en Nicaragua.
Parte del alza se debe a que Estados Unidos decidió promover su producción de etanol de maíz, provocando un desequilibrio en el comercio mundial de granos que elevó los precios en cadena.
Sin embargo, sólo 28 por ciento de ese aumento se debe al etanol, asegura Paulillo, que atribuye las subas principalmente al brutal incremento de la demanda de alimentos en Asia y al alza del crudo que encareció el transporte e insumos agrícolas de origen petrolero.
Estados Unidos apuesta a la nueva tecnología de la hidrólisis, que permitirá refinar etanol de la paja de maíz, de madera o de pasto, y espera alcanzar una producción viable a partir de celulosa dentro de unos cinco años, prevé Paulillo.
Eso puede provocar otro sacudón en el mercado de las materias primas actuales de los biocombustibles, que sufrirían una inversión de la tendencia, con fuerte caída de precios. Un marco regulador buscaría evitar o hacer más gradual esos vuelcos, arguye Paulillo.
Por otro lado, el etanol de celulosa superaría ciertas restricciones, como el hecho de afectar la producción de alimentos y elevar sus precios.
También se necesita alguna “estabilidad” y avance parejo de la oferta y el consumo para dar credibilidad a los combustibles alternativos, observa Benedito Rosa, director de comercio internacional del Ministerio de Agricultura de Brasil, recordando que el programa del alcohol carburante en Brasil sufrió una grave crisis de confianza que casi lo destruye hace una década y media.
La supervivencia y consolidación de ese programa hizo de Brasil el único país con capacidad para exportar gran cantidad de su etanol, además de mezclarlo a la gasolina en una proporción de 25 por ciento y tener millones de automóviles que pueden moverse con hasta cien por ciento.
Por eso Brasil pelea solo contra el arancel de 54 centavos de dólar por galón (3,78 litros) que impone Estados Unidos al etanol importado y barreras que alcanzan hasta 63 por ciento del precio en la UE.
Organismos como la FAO, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyan la posición brasileña, por reconocer que la caña de azúcar es más eficiente en reducir los gases invernadero y que las materias primas usadas en Estados Unidos y Europa poco o nada contribuyen a ese fin.
Estudios brasileños indican que el maíz convertido en etanol sólo produce 1,3 unidades de energía para cada unidad de energía fósil empleada en su producción, mientras la relación de la caña en Brasil es de más de ocho por cada una.
Una forma de eliminar las protecciones es la propuesta brasileña de incluir el etanol en la lista de bienes ambientales que se negocia en la OMC, con el rechazo evidente de las potencias del Norte.
Tales barreras, sin embargo, abren una gran oportunidad de expansión de la agroindustria del etanol en América Central y algunos países caribeños, beneficiados por acuerdos comerciales que les conceden exenciones arancelarias en el gran mercado estadounidense y la disponibilidad de tierras y agua. Guatemala lidera en productividad de caña, superando incluso a Brasil.
El gobierno y el sector privado brasileños buscan fomentar el desarrollo agroenergético de esa región, por considerar que un mercado mundial y la transformación del etanol en mercancía global sólo se alcanzarán cuando muchos países lo produzcan y lo exporten.
Como parte de ese esfuerzo se creó el Foro Internacional de los Biocombustibles, del que participan tanto Brasil, Estados Unidos y la UE, como Sudáfrica, China e India, para establecer patrones universales que faciliten el comercio de esas alternativas.
Son procesos que exigen tiempo para producir resultados, mientras el mercado se va construyendo con deformaciones y contradicciones generadas por intereses económicos y políticos inmediatos.
Los incentivos al etanol de maíz salvaron de una grave crisis a la agricultura del medio oeste de Estados Unidos, y eliminarlos generaría allí un fuerte desempleo, observa Rosa.
* Corresponsal de IPS.
Llevará mucho tiempo extirpar las distorsiones causadas por intereses económicos y políticos inmediatos en el incipiente mercado de biocombustibles, observan expertos
RÍO DE JANEIRO, 3 dic (Tierramérica).- El desarrollo de un mercado internacional de combustibles agrícolas podrá reducir la contaminación ambiental y mitigar los impactos inflacionarios de la actual euforia por esa alternativa energética, pero se trata de un proceso que insumirá muchos años.
Por ahora, los países que disponen de condiciones, como Estados Unidos y la Unión Europea (UE, buscan crear sus sistemas domésticos de producción y consumo de combustibles destilados de vegetales, procurando reducir sus gastos en petróleo, con barreras y subsidios que oscurecen las perspectivas de ese nuevo mercado.
La fiebre por productos como el biodiésel y el alcohol carburante o etanol, destilados de oleaginosas, caña de azúcar y maíz, obedece a los precios prohibitivos del crudo y a los efectos climáticos indeseables del uso de sus derivados. En América, sólo cinco países ya producen lo suficiente para añadir 10 por ciento de etanol a la gasolina que consumen, proporción que no exige cambios en los motores y reduce considerablemente los gases de efecto invernadero del transporte. Son Brasil, Guatemala, Guyana, Nicaragua y Paraguay, según el Atlas de Agroenergía y Biocombustibles del Instituto Interamericano de Cooperación Agrícola (IICA), publicado este año.
Nadando contra la corriente del enfoque nacional, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) promoverá en junio de 2008 una conferencia en Brasil para establecer un marco regulador del futuro mercado mundial de biocombustibles.
Es “el momento adecuado” para discutir el asunto y evitar la consolidación de distorsiones que en el futuro serán más difíciles de corregir, dice a Tierramérica Luiz Fernando Paulillo, consultor de la Oficina Regional de América Latina y el Caribe de la FAO.
Las barreras arancelarias “pueden caer, pero los subsidios tienden a perdurar”, como prueban las largas y frustrantes negociaciones en la Organización Mundial de Comercio (OMC) para reducir las protecciones de los países ricos a su agricultura, recuerda el experto.
Pero los subsidios a la producción de granos poco preocupan a los agricultores centroamericanos porque la perspectiva de una enorme demanda y los precios tan altos hacen “lugar para todos los productores, incluso los menos eficientes”, según Gerardo Escudero, representante del IICA en Nicaragua.
Parte del alza se debe a que Estados Unidos decidió promover su producción de etanol de maíz, provocando un desequilibrio en el comercio mundial de granos que elevó los precios en cadena.
Sin embargo, sólo 28 por ciento de ese aumento se debe al etanol, asegura Paulillo, que atribuye las subas principalmente al brutal incremento de la demanda de alimentos en Asia y al alza del crudo que encareció el transporte e insumos agrícolas de origen petrolero.
Estados Unidos apuesta a la nueva tecnología de la hidrólisis, que permitirá refinar etanol de la paja de maíz, de madera o de pasto, y espera alcanzar una producción viable a partir de celulosa dentro de unos cinco años, prevé Paulillo.
Eso puede provocar otro sacudón en el mercado de las materias primas actuales de los biocombustibles, que sufrirían una inversión de la tendencia, con fuerte caída de precios. Un marco regulador buscaría evitar o hacer más gradual esos vuelcos, arguye Paulillo.
Por otro lado, el etanol de celulosa superaría ciertas restricciones, como el hecho de afectar la producción de alimentos y elevar sus precios.
También se necesita alguna “estabilidad” y avance parejo de la oferta y el consumo para dar credibilidad a los combustibles alternativos, observa Benedito Rosa, director de comercio internacional del Ministerio de Agricultura de Brasil, recordando que el programa del alcohol carburante en Brasil sufrió una grave crisis de confianza que casi lo destruye hace una década y media.
La supervivencia y consolidación de ese programa hizo de Brasil el único país con capacidad para exportar gran cantidad de su etanol, además de mezclarlo a la gasolina en una proporción de 25 por ciento y tener millones de automóviles que pueden moverse con hasta cien por ciento.
Por eso Brasil pelea solo contra el arancel de 54 centavos de dólar por galón (3,78 litros) que impone Estados Unidos al etanol importado y barreras que alcanzan hasta 63 por ciento del precio en la UE.
Organismos como la FAO, el Banco Mundial y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) apoyan la posición brasileña, por reconocer que la caña de azúcar es más eficiente en reducir los gases invernadero y que las materias primas usadas en Estados Unidos y Europa poco o nada contribuyen a ese fin.
Estudios brasileños indican que el maíz convertido en etanol sólo produce 1,3 unidades de energía para cada unidad de energía fósil empleada en su producción, mientras la relación de la caña en Brasil es de más de ocho por cada una.
Una forma de eliminar las protecciones es la propuesta brasileña de incluir el etanol en la lista de bienes ambientales que se negocia en la OMC, con el rechazo evidente de las potencias del Norte.
Tales barreras, sin embargo, abren una gran oportunidad de expansión de la agroindustria del etanol en América Central y algunos países caribeños, beneficiados por acuerdos comerciales que les conceden exenciones arancelarias en el gran mercado estadounidense y la disponibilidad de tierras y agua. Guatemala lidera en productividad de caña, superando incluso a Brasil.
El gobierno y el sector privado brasileños buscan fomentar el desarrollo agroenergético de esa región, por considerar que un mercado mundial y la transformación del etanol en mercancía global sólo se alcanzarán cuando muchos países lo produzcan y lo exporten.
Como parte de ese esfuerzo se creó el Foro Internacional de los Biocombustibles, del que participan tanto Brasil, Estados Unidos y la UE, como Sudáfrica, China e India, para establecer patrones universales que faciliten el comercio de esas alternativas.
Son procesos que exigen tiempo para producir resultados, mientras el mercado se va construyendo con deformaciones y contradicciones generadas por intereses económicos y políticos inmediatos.
Los incentivos al etanol de maíz salvaron de una grave crisis a la agricultura del medio oeste de Estados Unidos, y eliminarlos generaría allí un fuerte desempleo, observa Rosa.
* Corresponsal de IPS.
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