martes, noviembre 29, 2011
Alerta recibe Greenpeace sobre bomba
Comunicado Greenpeace / Cecilia Navarro cecilia.navarro@greenpeace.org
Queridas amigas, queridos amigos:
Saludos cordiales, esperamos que estén muy bien. Con mucha preocupación les queremos comentar que el pasado viernes 25 de noviembre, el correo ordinario (Sepomex)entregó en la oficina de Greenpeace México un sobre con un artefacto explosivo de fabricación casera. Si bien nadie sufrió daño, este hecho es el primer ataque concreto que Greenpeace sufre luego de algunas amanezas a través de correo electrónico y de menciones de GP en páginas de los grupos que han venido reivindicando atentados en diversos lugares de la Ciudad.
Desde hace tiempo Greenpeace puso al tanto de esta situación a las autoridades de justicia, mismas que han hecho muy poco al respecto. Ante la posibilidad de que lo que siga sea un ataque más fuerte, organizaremos una conferencia el miércoles 30 de noviembre de 2011, a las 12 del día en las instalaciones de la Comisión de Derechos Humanos del DF, donde exigiremos a las autoridades investigar quiénes son los responsables y garantizar la seguridad de nuestra organización y de la ciudadanía en general.
Además de pedirles que refuercen sus medidas de seguridad, queremos invitarlos a estar en esta conferencia para exigir juntos acciones preventivas para Greenpeace. Las advertencias ya están ahí, consideramos que las autoridades ya tienen todas las herramientas para actuar. Su tarea no es minimizar la información e ignorar a la gente, sino estar alerta e intervenir para prevenir estos ataques, para protegernos, especialmente cuando se denuncian previamente las amenazas recibidas.
La cita es este miércoles 30 de noviembre a las 12:00, en la Sala de Consejo de la CDHDF, ubicada en Av. Universidad 1449, a una calle del metro Viveros.
Muchas gracias por su solidaridad, estamos en contacto,
Cecilia
viernes, noviembre 25, 2011
New Hope on Global Warming
Project Syndicate, 2011-11-23, Heherson Alvarez and John Topping, Jr.
MANILA – In 1997, the United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) adopted the Kyoto Protocol – an agreement among signatory states to reduce greenhouse-gas emissions. In 2012, however, the Clean Development Mechanism, a system of carbon credits in which each credit represents a country’s right to emit one ton of carbon dioxide (CO2), is set to expire. While policymakers struggle to extend it, carbon-finance specialists are seeking market-driven alternatives. Progress on the issue has stalled: at the last two UNFCCC conferences in Copenhagen and Cancún, members failed to arrive at an agreement on emission cuts.
Reduction, or mitigation, of CO2 emissions is not easy. It is also expensive. The typical measures – carbon capture and sequestration (CCS), energy conservation, and greater reliance on renewable energy sources like solar and wind – are all costly enterprises, often out of reach for poorer countries, where air pollution can be a serious problem.
But recent climate science may offer hope. Research indicates that black carbon (the soot from inefficient combustion in stoves, fires, engines, etc.) belongs to a class of substances that have an extremely high global warming potential. In particular, black carbon absorbs sunlight and radiates heat, thereby melting ice and snow.
Black carbon in the atmosphere also causes respiratory ailments, as Asian cities such as Shanghai, Bangkok, and Manila have shown. Fine soot particles can penetrate the upper defenses of the respiratory tract and settle deep in the lungs. Children, the elderly, and people with heart and lung diseases are at highest risk.
These substances exacerbate climate change, but they linger in the air only for short periods and are easy to remove. Black-carbon reduction thus offers developing countries an opportunity to mitigate climate change at a fraction of the cost of full CO2 reduction, while providing cleaner air for their people, simply by avoiding soot formation in engines, stoves, and other combustion devices.
Moreover, Voluntary Emission Reduction (VER) credits are a potential new answer to the CO2 problem. VER credits are like carbon credits, but, rather than receiving funding from Kyoto Protocol sources, the private sector provides the financing. Driven by corporations and individuals tired of UN gridlock, VER credits offer an alternative way to pay for emission-reduction projects.
Consider, for example, a Thai auto rickshaw or a Philippine jeepney, forms of public transportation used widely in those countries. Typically, these vehicles’ owners simply do not have the money to fix them. With VER credits, however, it is possible to fund the repair or replacement of defective engines as long as the emission reductions can be measured accurately.
Several issues must be resolved to ensure the success of VER credits and the emission-reduction projects that they fund. First, procedures must be established that make these financial instruments acceptable in all countries. Second, there must be internationally verifiable measurement systems in each country that hosts a VER project. Finally, a technical standard on black carbon’s global-warming potential is essential. Without internationally verifiable accurate measurements, the credits will be worthless.
Everyone wants cleaner air, but the costs of reducing air pollution are prohibitive in many parts of the world. By providing a financial as well as an environmental incentive, VER projects make CO2 reduction more accessible to the world’s poorer citizens. Private individuals and corporations will have to initiate such projects; we can no longer afford to wait for the UNFCCC to do the job.
Heherson Alvarez is a former Philippine senator and environment secretary, and is currently Commissioner of the Philippine Climate Commission. John Topping, Jr. is President of the Washington, DC-based Climate Institute and a co-author of Sudden and Disruptive Climate Change.
viernes, noviembre 18, 2011
Los pueblos indígenas son esenciales para la conservación medioambiental
Medioambientales. com. 16 Nov 2011.
Los pueblos indígenas son claves para la preservación de los bosques del planeta y las reservas naturales. Así, no permitir que lleven el modo de vida que les es propio y que desean llevar es atentar, no sólo contra ellos y su cultura, sino también contra el medio ambiente. Así se desprende de un nuevo estudio elaborado por el Banco Mundial.
Este trabajo demuestra que la deforestación está aumentado en muchas partes del planeta. Sin embargo, se frena hasta sus niveles más bajos cuando los pueblos indígenas continúan viviendo en áreas protegidas y no se les obliga a marcharse. En todo el mundo, millones de indígenas son refugiados de la conservación. Sin embargo, el propio Banco Mundial señala que es pernicioso que la conservación de los bosques se haga a expensas de cambiar el modo de vida local, cuando no de expulsarles de sus tierras.
El citado estudio se ha elaborado con datos recogidos vía satélite de incendios forestales y que ayudan a tener una cifra aproximada de los niveles de deforestación. Según estos datos, el número de incendios fue de un 16% menos en las zonas donde viven indígenas entre 2000 y 2008.
El 80% de las áreas protegidas del planeta son territorios de comunidades tribales, indígenas que han vivido allí durante milenios. Según los expertos, cada vez está más claro que hay un vínculo entre la presencia de esos pueblos indígenas y la protección de los bosques, sobre todo, en lo que respecta a su capacidad para beneficiar a las masas forestales inhibiendo la deforestación.
El científico Daniel Nepstad no duda en afirmar que las tierras indígenas son la mejor barrera en la actualidad contra la deforestación de la Amazonia. A pesar de que el Banco Mundial ha reconocido los beneficios que los pueblos indígenas suponen para el territorio, ha prestado su apoyo financiero a algunos de los más polémicos proyectos que amenazan directamente la existencia de estos pueblos. El Banco Mundial dice una cosa, pero se comporta de otra.
Uno de ellos es la financiación en los años setenta del Proyecto Gran Carajás, tras el descubrimiento de enormes yacimientos de hierro en Brasil. Tal proyecto tuvo consecuencias nefastas para el pueblo indígena awá.
Los expertos están admitiendo finalmente el hecho de que respetar el derecho de los pueblos indígenas a permanecer en sus tierras es la mejor manera de garantizar la conservación de los bosques. Sólo queda que ese derecho se respete en la práctica.
miércoles, noviembre 16, 2011
¡Que renuncie Elvira Quesada!: ONG
El secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Elvira Quesada, ha demostrado que no puede cumplir con su responsabilidad de proteger al maíz nativo mexicano, por lo tanto mejor ¡que renuncie! exigieron diversas organizaciones.
Voceros de Sin maíz no hay país y de la Red en defensa del maíz. Greenpeace / Iván Castaneira
Con el mensaje “Juan Elvira, si tampoco puedes defender el maíz, ¡renuncia!” e instalados en la entrada de la propia Semarnat, representantes de las organizaciones Centro de estudios para el campo mexicano, Semillas de vida, Asociación Nacional de Empresas Comercializadoras de Productos del Campo, Greenpeace México y Grupo de Estudios Ambientales (integrantes de las redes mencionadas) expresaron su rechazo a las declaraciones del funcionario, quien afirmó que está por definirse dónde se otorgarán 2 millones de hectáreas para la siembra de maíz transgénico (una superficie similar al estado de Hidalgo), lo que literalmente significa que están viendo qué parte del país le darán a Monsanto, la empresa más interesada en monopolizar el mercado de abasto de semillas de maíz en México con sus productos transgénicos.
Este nuevo anuncio significa ponerle en charola de plata nuestro maíz y nuestro campo a las trasnacionales de biotecnología como Monsanto, empresa que por más de una década ha buscado dichas autorizaciones y ahora en el último año del gobierno del Presidente Calderón y gracias a las malas gestiones de Elvira Quesada las obtiene.
Con este anuncio, el secretario de medio ambiente demuestra que ha decidido ignorar las advertencias de la comunidad científica, el principio de precaución, los protocolos internacionales que el gobierno mexicano ha firmado, los principios de la bioseguridad, la voz de los consumidores y las comunidades mexicanas, y ha decidido ceder a las presiones de las empresas y de la Sagarpa. Sólo así se explica que haya decidido avalar la entrega de 2 millones de hectáreas a la siembra de maíz genéticamente modificado aunque esto signifique contaminar innumerables razas y variedades de nuestro maíz. ¿Incompetencia o complicidad?”, cuestionó Patricia Arendar, directora ejecutiva de Greenpeace México.
Las organizaciones finalizaron la conferencia exigiendo: protección al maíz nativo mediante una prohibición de las siembras de maíz transgénico. Señor secretario: apostarle a la tecnología de los transgénicos es arriesgado e irresponsable. La respuesta a los problemas del campo y de los extremos impactos del clima está en la diversidad de nuestros maíces mexicanos y en un cambio radical de política agroalimentaria.
http://www.greenpeace.org/
Se equivoca el Secretario de Semarnat
La Jornada, 15 de Noviembre de 2011.
Angélica Enciso en la jornada de hoy cita propuesta del Secretario Elvira Quesada (Semarnat) para la seguridad alimentaria de maíz, dadas la severidad de la sequía que azota al centro y norte del país y la insuficiente producción nacional.
Tiene razón el Secretario Elvira Quesada en que la situación es de gran apremio. Propone como solución "sembrar maíz transgénico en 2 millones de hectáreas bajo riego en el norte, donde hay menos razas nativas de maíz”.
Parece ignorar el Secretario Elvira Quesada que la subregión del norte en que se siembra 1.7 millones de hectáreas de maíz bajo riego, es parte de una región más amplia en la que por lo menos 5 grupos étnicos manejan 29 razas nativas de maíz bajo temporal (¿son pocas?). Argumenta que la biotecnología es la solución al problema del país.
El Secretario Elvira Quesada también parece ignorar varias verdades sobre la oferta actual de maíz transgénico que la industria multinacional le oculta:
1) sus híbridos transgénicos no superan en rendimiento a sus propios híbridos no transgénicos, que actualmente se siembran en gran fracción de los 1.7 millones de hectáreas de maíz bajo riego, o de híbridos nacionales,
2) su oferta tecnológica actual no incluye maíces “resistentes a la sequía”, que siguen pregonando como promesa en México y en otras partes del mundo,
3) los maíces transgénicos son también presa de la Evolución Darwiniana que conduce a superplagas y supermalezas de manera acelerada (10 años en Sudáfrica y en Argentina), y
4) cada vez se acumula más evidencia en el mundo científico independiente del riesgo para la salud por el consumo de maíz transgénico: yo no me puedo imaginar a los nenes, a las mamás y a los mayores de edad mexicanos tomando atole transgénico ¿Usted si?
Antonio Turrent Fernández, Investigador Nacional Emérito.
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad aturrent37@yahoo.com.mx tel. 5562 0693. Ciudad Satélite, Edo de México
Angélica Enciso en la jornada de hoy cita propuesta del Secretario Elvira Quesada (Semarnat) para la seguridad alimentaria de maíz, dadas la severidad de la sequía que azota al centro y norte del país y la insuficiente producción nacional.
Tiene razón el Secretario Elvira Quesada en que la situación es de gran apremio. Propone como solución "sembrar maíz transgénico en 2 millones de hectáreas bajo riego en el norte, donde hay menos razas nativas de maíz”.
Parece ignorar el Secretario Elvira Quesada que la subregión del norte en que se siembra 1.7 millones de hectáreas de maíz bajo riego, es parte de una región más amplia en la que por lo menos 5 grupos étnicos manejan 29 razas nativas de maíz bajo temporal (¿son pocas?). Argumenta que la biotecnología es la solución al problema del país.
El Secretario Elvira Quesada también parece ignorar varias verdades sobre la oferta actual de maíz transgénico que la industria multinacional le oculta:
1) sus híbridos transgénicos no superan en rendimiento a sus propios híbridos no transgénicos, que actualmente se siembran en gran fracción de los 1.7 millones de hectáreas de maíz bajo riego, o de híbridos nacionales,
2) su oferta tecnológica actual no incluye maíces “resistentes a la sequía”, que siguen pregonando como promesa en México y en otras partes del mundo,
3) los maíces transgénicos son también presa de la Evolución Darwiniana que conduce a superplagas y supermalezas de manera acelerada (10 años en Sudáfrica y en Argentina), y
4) cada vez se acumula más evidencia en el mundo científico independiente del riesgo para la salud por el consumo de maíz transgénico: yo no me puedo imaginar a los nenes, a las mamás y a los mayores de edad mexicanos tomando atole transgénico ¿Usted si?
Antonio Turrent Fernández, Investigador Nacional Emérito.
Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad aturrent37@yahoo.com.mx tel. 5562 0693. Ciudad Satélite, Edo de México
martes, noviembre 15, 2011
Ecologismo de apariencia
Project Syndicate, Bjørn Lomborg 2011-11-14
COPENHAGUE – Cuando el mes pasado el nuevo gabinete de gobierno de Dinamarca se presentó ante la reina Margarita II, el ministro de desarrollo entrante quiso dejar sentadas sus credenciales ecologistas, al llegar hasta el palacio en un diminuto vehículo eléctrico de tres ruedas. El momento fotográfico fue una demostración elocuente acerca de su compromiso con el medioambiente... pero probablemente no la que el ministro pretendía dar. La autonomía del vehículo eléctrico de Christian Friis Bach era insuficiente para recorrer los 30 kilómetros que separan su casa del palacio. Así que el ministro puso el miniauto eléctrico en un remolque para caballos y durante tres cuartas partes del trayecto lo llevó a la rastra con su Citroën con motor a gasolina; sólo volvió a usar el miniauto cuando las cámaras de televisión estuvieron cerca. La exhibición produjo más emisiones de dióxido de carbono que si el ministro hubiera dejado en casa el auto eléctrico y el remolque y hubiera empleado un auto común y corriente para todo el recorrido.
Por desgracia, no es una anécdota aislada. En 2006, mientras el laborismo gobernaba el Reino Unido, el líder del Partido Conservador, David Cameron, llamó la atención por querer darse credenciales de ecologista yendo al trabajo en bicicleta; pero el ardid se vino abajo cuando se descubrió que su maletín viajaba detrás de él en automóvil.
Sin embargo, la hipocresía actual de los políticos en temas medioambientales no se agota en simples momentos fotográficos. En Dinamarca, y en todas partes del mundo desarrollado, nos prometen solucionar el desastre financiero internacional mediante una transición a una economía más ecológica. En los Estados Unidos, el presidente Barack Obama promueve la creación de “trabajos ecológicos”. La primera ministra australiana, Julia Gillard, introdujo un impuesto a las emisiones para “permitir un crecimiento económico sin aumento de la contaminación por dióxido de carbono”. Y al ser elegido primer ministro, David Cameron prometió conducir el “gobierno más ecologista” de la historia del Reino Unido.
Dinamarca puede servir como prueba de si las políticas favoritas de esos dirigentes producen o no los beneficios ambientales y económicos que prometen. A tono con el entusiasmo internacional por la inversión en energías limpias, el gobierno danés pretende lograr de aquí a 2020 un enorme aumento de la generación de energía eólica. Como gesto es significativo; pero como el país forma parte del esquema de intercambio de emisiones de la Unión Europea, desde el punto de vista de la emisión global de CO2 no implica absolutamente nada. Lo único que conseguirá será abaratar el uso del carbón en otros países de la UE.
De hecho, es probable que los costosos recortes de emisiones en Dinamarca y otros países conduzcan a una reubicación parcial de las emisiones de CO2 hacia países más permisivos, por ejemplo China (donde la eficiencia medioambiental de la producción es menor), y por consiguiente, a un aumento global de las emisiones de CO2. Aunque de 1990 a esta parte la Unión Europea redujo sus emisiones, al mismo tiempo aumentó sus importaciones desde China, que por sí sola produjo suficientes emisiones para contrarrestar aquellas reducciones.
Habrá quien diga que es necesario implementar un acuerdo amplio de reducción de emisiones a escala internacional, al estilo del protocolo de Kioto. Pero, como quedó al descubierto tras la farsa de reunión cumbre sobre el cambio climático celebrada en Copenhague en 2009, eso es imposible. Nadie espera que de la cumbre del próximo mes en Durban (Sudáfrica) salga algún acuerdo, y hay buenos motivos para este escepticismo: los Estados Unidos no pudieron poner en práctica un protocolo sobre cambio climático ni siquiera con el Partido Demócrata ocupando la Casa Blanca y con el control del Congreso, y las economías emergentes, con China e India a la cabeza, no están dispuestas a implementar medidas que obstaculicen su crecimiento.
Los políticos daneses (lo mismo que en otros países) aseguran que lograr una economía ecológica no costará nada, y que incluso puede ser un motor de mayor crecimiento. Lamentablemente, no es así. A escala global, existe una clara correlación positiva entre los índices de crecimiento y las emisiones de CO2. Además, casi todas las fuentes de energía limpia son todavía más caras que los combustibles fósiles, incluso cuando en el cálculo se incluyen los costos de la contaminación. No quemamos combustibles fósiles por mero afán de molestar a los ambientalistas, sino porque los combustibles fósiles posibilitaron prácticamente todos los avances materiales logrados por la civilización en los últimos siglos.
En Dinamarca, y en otros países, los políticos hablan como si ahora la realidad fuera otra: según ellos, la transición a una economía ecológica creará millones de nuevos “trabajos ecológicos”. Pero aunque los subsidios a las energías limpias creen más puestos de trabajo en los sectores beneficiados, también desplazarán una cantidad similar de empleos en otros sectores. Es lógico: alguien (los clientes o los contribuyentes) tiene que financiar los subsidios. El precio de la electricidad aumentará, y eso pondrá un freno a la creación de empleo en el sector privado. Si lo que se busca es crear puestos de trabajo, se lograría un crecimiento del empleo más rápido y sostenido aumentando la inversión pública en otras áreas (por ejemplo, en atención de la salud).
Un último ejemplo bastará para que quede claro: hace años que los políticos daneses insisten en subsidiar a la mayor fabricante de turbinas eólicas del mundo, la danesa Vestas, con el argumento de que el gasto de otros países en la tecnología de parques eólicos danesa subsidiada es un beneficio para Dinamarca. Pero en 2004, el Consejo Económico de Dinamarca examinó la situación y llegó a la conclusión de que, en términos generales, los subsidios habían provocado un perjuicio económico al país. Y lo que es peor, con las dificultades financieras actuales, las industrias de la energía solar y eólica están reduciendo la producción en los países caros y trasladando empleos a otras economías más baratas. El año pasado, Vestas despidió a 3.000 empleados en Dinamarca y Suecia.
A muchos políticos les gustan los momentos fotográficos y los discursos grandilocuentes sobre la “construcción de una economía ecológica”. Por desgracia, las políticas actuales para la adopción de energías limpias no ayudan al medioambiente ni a la economía. Lo más probable es que produzcan un aumento de las emisiones en China, más subcontratación con destino a la India y una reducción de las tasas de crecimiento en los bienintencionados países “ecologistas”.
Bjørn Lomborg, autor de los libros El ecologista escéptico y En frío: la guía del ecologista escéptico para el cambio climático, es jefe del Centro de Consenso de Copenhague y profesor adjunto de la Escuela de Administración de Empresas de Copenhague.
COPENHAGUE – Cuando el mes pasado el nuevo gabinete de gobierno de Dinamarca se presentó ante la reina Margarita II, el ministro de desarrollo entrante quiso dejar sentadas sus credenciales ecologistas, al llegar hasta el palacio en un diminuto vehículo eléctrico de tres ruedas. El momento fotográfico fue una demostración elocuente acerca de su compromiso con el medioambiente... pero probablemente no la que el ministro pretendía dar. La autonomía del vehículo eléctrico de Christian Friis Bach era insuficiente para recorrer los 30 kilómetros que separan su casa del palacio. Así que el ministro puso el miniauto eléctrico en un remolque para caballos y durante tres cuartas partes del trayecto lo llevó a la rastra con su Citroën con motor a gasolina; sólo volvió a usar el miniauto cuando las cámaras de televisión estuvieron cerca. La exhibición produjo más emisiones de dióxido de carbono que si el ministro hubiera dejado en casa el auto eléctrico y el remolque y hubiera empleado un auto común y corriente para todo el recorrido.
Por desgracia, no es una anécdota aislada. En 2006, mientras el laborismo gobernaba el Reino Unido, el líder del Partido Conservador, David Cameron, llamó la atención por querer darse credenciales de ecologista yendo al trabajo en bicicleta; pero el ardid se vino abajo cuando se descubrió que su maletín viajaba detrás de él en automóvil.
Sin embargo, la hipocresía actual de los políticos en temas medioambientales no se agota en simples momentos fotográficos. En Dinamarca, y en todas partes del mundo desarrollado, nos prometen solucionar el desastre financiero internacional mediante una transición a una economía más ecológica. En los Estados Unidos, el presidente Barack Obama promueve la creación de “trabajos ecológicos”. La primera ministra australiana, Julia Gillard, introdujo un impuesto a las emisiones para “permitir un crecimiento económico sin aumento de la contaminación por dióxido de carbono”. Y al ser elegido primer ministro, David Cameron prometió conducir el “gobierno más ecologista” de la historia del Reino Unido.
Dinamarca puede servir como prueba de si las políticas favoritas de esos dirigentes producen o no los beneficios ambientales y económicos que prometen. A tono con el entusiasmo internacional por la inversión en energías limpias, el gobierno danés pretende lograr de aquí a 2020 un enorme aumento de la generación de energía eólica. Como gesto es significativo; pero como el país forma parte del esquema de intercambio de emisiones de la Unión Europea, desde el punto de vista de la emisión global de CO2 no implica absolutamente nada. Lo único que conseguirá será abaratar el uso del carbón en otros países de la UE.
De hecho, es probable que los costosos recortes de emisiones en Dinamarca y otros países conduzcan a una reubicación parcial de las emisiones de CO2 hacia países más permisivos, por ejemplo China (donde la eficiencia medioambiental de la producción es menor), y por consiguiente, a un aumento global de las emisiones de CO2. Aunque de 1990 a esta parte la Unión Europea redujo sus emisiones, al mismo tiempo aumentó sus importaciones desde China, que por sí sola produjo suficientes emisiones para contrarrestar aquellas reducciones.
Habrá quien diga que es necesario implementar un acuerdo amplio de reducción de emisiones a escala internacional, al estilo del protocolo de Kioto. Pero, como quedó al descubierto tras la farsa de reunión cumbre sobre el cambio climático celebrada en Copenhague en 2009, eso es imposible. Nadie espera que de la cumbre del próximo mes en Durban (Sudáfrica) salga algún acuerdo, y hay buenos motivos para este escepticismo: los Estados Unidos no pudieron poner en práctica un protocolo sobre cambio climático ni siquiera con el Partido Demócrata ocupando la Casa Blanca y con el control del Congreso, y las economías emergentes, con China e India a la cabeza, no están dispuestas a implementar medidas que obstaculicen su crecimiento.
Los políticos daneses (lo mismo que en otros países) aseguran que lograr una economía ecológica no costará nada, y que incluso puede ser un motor de mayor crecimiento. Lamentablemente, no es así. A escala global, existe una clara correlación positiva entre los índices de crecimiento y las emisiones de CO2. Además, casi todas las fuentes de energía limpia son todavía más caras que los combustibles fósiles, incluso cuando en el cálculo se incluyen los costos de la contaminación. No quemamos combustibles fósiles por mero afán de molestar a los ambientalistas, sino porque los combustibles fósiles posibilitaron prácticamente todos los avances materiales logrados por la civilización en los últimos siglos.
En Dinamarca, y en otros países, los políticos hablan como si ahora la realidad fuera otra: según ellos, la transición a una economía ecológica creará millones de nuevos “trabajos ecológicos”. Pero aunque los subsidios a las energías limpias creen más puestos de trabajo en los sectores beneficiados, también desplazarán una cantidad similar de empleos en otros sectores. Es lógico: alguien (los clientes o los contribuyentes) tiene que financiar los subsidios. El precio de la electricidad aumentará, y eso pondrá un freno a la creación de empleo en el sector privado. Si lo que se busca es crear puestos de trabajo, se lograría un crecimiento del empleo más rápido y sostenido aumentando la inversión pública en otras áreas (por ejemplo, en atención de la salud).
Un último ejemplo bastará para que quede claro: hace años que los políticos daneses insisten en subsidiar a la mayor fabricante de turbinas eólicas del mundo, la danesa Vestas, con el argumento de que el gasto de otros países en la tecnología de parques eólicos danesa subsidiada es un beneficio para Dinamarca. Pero en 2004, el Consejo Económico de Dinamarca examinó la situación y llegó a la conclusión de que, en términos generales, los subsidios habían provocado un perjuicio económico al país. Y lo que es peor, con las dificultades financieras actuales, las industrias de la energía solar y eólica están reduciendo la producción en los países caros y trasladando empleos a otras economías más baratas. El año pasado, Vestas despidió a 3.000 empleados en Dinamarca y Suecia.
A muchos políticos les gustan los momentos fotográficos y los discursos grandilocuentes sobre la “construcción de una economía ecológica”. Por desgracia, las políticas actuales para la adopción de energías limpias no ayudan al medioambiente ni a la economía. Lo más probable es que produzcan un aumento de las emisiones en China, más subcontratación con destino a la India y una reducción de las tasas de crecimiento en los bienintencionados países “ecologistas”.
Bjørn Lomborg, autor de los libros El ecologista escéptico y En frío: la guía del ecologista escéptico para el cambio climático, es jefe del Centro de Consenso de Copenhague y profesor adjunto de la Escuela de Administración de Empresas de Copenhague.
lunes, noviembre 14, 2011
Gabon becomes the first country to ratify the Nagoya Protocol on genetic resources
Press release
Montreal, 14 November 2011 -On 11 November 2011, Gabon, became the first
Party to the Convention on Biological Diversity (CBD) to ratify the Nagoya Protocol on Access to
Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the
Convention on Biological Diversity.
The Nagoya Protocol, which was opened for signature in February 2011, will enter into force 90 days after
deposit of the fiftieth instrument of ratification. It currently has 66 signatories.
Ahmed Djoghlaf, Executive Secretary to the Convention on Biological Diversity said: "Gabon's historic
ratification of the Nagoya Protocol is the first step toward entry into force of this unique legal instrument.
I urge all signatories to expedite the ratification process so as to allow the Nagoya Protocol to enter into
force in 2012, as a contribution to the United Nations Decade on Biodiversity, the Rio+20 meeting and the
eleventh meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, which will
coincide with the twentieth anniversary of the adoption of the Convention."
The entry into force of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable
Sharing of Benefits Arising from Their Utilization will provide greater legal certainty and transparency for
both providers and users of genetic resources, creating a framework that promotes the use of genetic
resources and associated traditional knowledge while strengthening the opportunities for fair and equitable
sharing of benefits from their use. Hence, the Protocol will create new incentives to conserve biodiversity,
sustainably use its components, and further enhance the contribution of biodiversity to sustainable development and human well-being.
The Global Environment Facility (GEF) has provided financial support for the early entry into force and
effective implementation of the Nagoya Protocol. The Nagoya Protocol Implementation Fund was
established by GEF with an initial financial contribution of US$ 12.5 million from Japan. In addition, a
medium-sized project of US$ 1 million is providing support to the ratification and early entry into force of
the Nagoya Protocol through a series of awareness-raising and capacity-building activities. The project is
being executed by the Secretariat of the Convention on Biological Diversity and is now fully operational.
Montreal. For more information visit www.cbd.int.
For additional information, please contact: David Ainsworth on +1 514
287 7025 or at
david.ainsworth@cbd.int; or Johan Hedlund on +1 514 287 6670 or at
johan.hedlund@cbd.int.
2011-2020 United Nations Decade on Biodiversity
http://www.cbd.int/
Montreal, 14 November 2011 -On 11 November 2011, Gabon, became the first
Party to the Convention on Biological Diversity (CBD) to ratify the Nagoya Protocol on Access to
Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from their Utilization to the
Convention on Biological Diversity.
The Nagoya Protocol, which was opened for signature in February 2011, will enter into force 90 days after
deposit of the fiftieth instrument of ratification. It currently has 66 signatories.
Ahmed Djoghlaf, Executive Secretary to the Convention on Biological Diversity said: "Gabon's historic
ratification of the Nagoya Protocol is the first step toward entry into force of this unique legal instrument.
I urge all signatories to expedite the ratification process so as to allow the Nagoya Protocol to enter into
force in 2012, as a contribution to the United Nations Decade on Biodiversity, the Rio+20 meeting and the
eleventh meeting of the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity, which will
coincide with the twentieth anniversary of the adoption of the Convention."
The entry into force of the Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable
Sharing of Benefits Arising from Their Utilization will provide greater legal certainty and transparency for
both providers and users of genetic resources, creating a framework that promotes the use of genetic
resources and associated traditional knowledge while strengthening the opportunities for fair and equitable
sharing of benefits from their use. Hence, the Protocol will create new incentives to conserve biodiversity,
sustainably use its components, and further enhance the contribution of biodiversity to sustainable development and human well-being.
The Global Environment Facility (GEF) has provided financial support for the early entry into force and
effective implementation of the Nagoya Protocol. The Nagoya Protocol Implementation Fund was
established by GEF with an initial financial contribution of US$ 12.5 million from Japan. In addition, a
medium-sized project of US$ 1 million is providing support to the ratification and early entry into force of
the Nagoya Protocol through a series of awareness-raising and capacity-building activities. The project is
being executed by the Secretariat of the Convention on Biological Diversity and is now fully operational.
Montreal. For more information visit www.cbd.int.
For additional information, please contact: David Ainsworth on +1 514
287 7025 or at
david.ainsworth@cbd.int; or Johan Hedlund on +1 514 287 6670 or at
johan.hedlund@cbd.int.
2011-2020 United Nations Decade on Biodiversity
http://www.cbd.int/
viernes, noviembre 11, 2011
El éxodo rural y los cambios en los usos del suelo han incrementado el número y tamaño de los incendios
Más información: Título: Fire regime changes in the Western Mediterranean Basin: from fuel-limited to drought-driven fire regime Autores: Juli G. Pausas, Santiago Fernández Muñoz. Revista: Climatic Change. Publish on line: 21/03/2011 DOI: 10.1007/s10584-011-0060-6 |
Política ambiental de México viola derechos humanos, denuncian ONGs ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos
Ecoportal, 31/10/11
Abre la CIDH por primera vez espacio para hablar de temas como calidad del aire. Recomienda incluir a sociedad civil en diseño y ejecución de políticas públicas ambientales
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo Ecologista Jalisco, Bicitekas y Red por los Derechos de la Infancia en México, formaron parte de la reunión de trabajo que se llevó a cabo el día de ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la cual se denunció que la política ambiental mexicana viola derechos fundamentales, además de ser técnicamente equivocada, no estar armonizada con otros sectores y políticas sociales, o bien, no se cumple.
Al término de la reunión, la CIDH recomendó al Estado mexicano incluir de forma más activa a la sociedad civil durante el proceso de diseño y ejecución de las políticas públicas ambientales. De igual forma, apuntó que es necesario que se formen mesas de trabajo para avanzar en los temas pendientes denunciados en dicho foro, como los relacionados con la falta de cumplimiento y actualización de las normas para mejorar la calidad del aire en el país.
Andrea Cerami, abogado del CEMDA quien representó a la organización en la reunión de trabajo celebrada en la ciudad de Washington, consideró que la importancia de este evento radica en que "por primera vez la CIDH abre el espacio para que organizaciones de México presenten temas vinculados con el derecho humano a un medio ambiente sano, particularmente considerando la calidad del aire como un derecho que el Estado está obligado a garantizar".
Entre los temas que se expusieron ante la CIDH se encuentran el incumplimiento de la Norma 086 por la falta de distribución de Diesel Ultra Bajo Azufre (UBA) en todo el territorio nacional, así como el retraso en la actualización de las normas 042 y 044 que establecen límites de emisión de contaminantes criterio como el monóxido de carbono y las partículas suspendidas, para vehículos ligeros y pesados, respectivamente. Cabe recordar en este sentido que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México se producen 14 mil muertes anualmente asociadas con la contaminación ambiental. Esta cifra se ha elevado con relación a las 9 mil muertes reportadas por la OMS durante 2009.
Con relación al derecho al agua, se denunció que a pesar de los anuncios gubernamentales, el acceso a agua potable en nuestro país sigue siendo un tema pendiente, pues existen comunidades que no cuentan con la infraestructura y las fuentes para su abastecimiento son contaminadas impunemente por diversos agentes. Se señaló que existen casos de extrema omisión gubernamental en los cuales el gobierno antepone intereses económicos y políticos a los derechos humanos.
Se citaron casos específicos de contaminación "grave y tóxica" de los cuerpos de agua, como ocurre en el Río Atoyac en Tlaxcala y Puebla. Sobre el Valle de México se denunció que el crecimiento urbano, la sobreexplotación de los acuíferos y la expulsión masiva de aguas provocan el desecamiento de la cuenca. Además -apuntaron- "se causan hundimientos de hasta 40 cm anuales que, combinados con la deficiente infraestructura y con la política de bombeo a contrapendiente por ríos elevados que cruzan sobre zonas densamente pobladas, provocan que regularmente las aguas negras se desborden sobre la población, violando masivamente los derechos humanos a la vida, salud, propiedad, desarrollo, educación, trabajo, medio ambiente y vivienda, entre otros". En esta zona del país existen por lo menos 200 mil personas de bajos recursos afectadas directa y recurrentemente por las inundaciones.
En el texto leído durante la reunión de trabajo se expuso que si bien en general "en México existen diversos espacios de participación para la sociedad civil sobre política ambiental esos espacios no funcionan debidamente a causa del bajo perfil de los funcionarios que asisten, a su rápida rotación, a la lentitud de los procesos, al largo intervalo temporal entre las reuniones y a la poca capacidad de decisión de los asistentes".
Otro tema abordado fue el relacionado con la tierra, el territorio y el acceso a los recursos naturales. Se citó el caso de la presa el Zapotillo en el estado de Guanajuato como ejemplo de la falta de información, consulta y participación de las comunidades afectadas sobre los proyectos de explotación y extracción de los recursos naturales, la cual es realizada con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Finalmente, se denunció que en México "el acceso a la justicia en materia ambiental no es eficaz; además de que no existen mecanismos de defensa adecuados para su efectiva justiciabilidad. Y cuando se logra una sentencia favorable no se cumple". Como ejemplo se citó el caso del Acueducto Independencia, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el cual, a pesar de la existencia de una sentencia que ordena la suspensión de la obra, las autoridades estatales continúan su construcción. www.ecoportal.net
Centro Mexicano de Derecho Ambiental
www.cemda.org.mx
Abre la CIDH por primera vez espacio para hablar de temas como calidad del aire. Recomienda incluir a sociedad civil en diseño y ejecución de políticas públicas ambientales
El Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), Colectivo Ecologista Jalisco, Bicitekas y Red por los Derechos de la Infancia en México, formaron parte de la reunión de trabajo que se llevó a cabo el día de ayer ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), durante la cual se denunció que la política ambiental mexicana viola derechos fundamentales, además de ser técnicamente equivocada, no estar armonizada con otros sectores y políticas sociales, o bien, no se cumple.
Al término de la reunión, la CIDH recomendó al Estado mexicano incluir de forma más activa a la sociedad civil durante el proceso de diseño y ejecución de las políticas públicas ambientales. De igual forma, apuntó que es necesario que se formen mesas de trabajo para avanzar en los temas pendientes denunciados en dicho foro, como los relacionados con la falta de cumplimiento y actualización de las normas para mejorar la calidad del aire en el país.
Andrea Cerami, abogado del CEMDA quien representó a la organización en la reunión de trabajo celebrada en la ciudad de Washington, consideró que la importancia de este evento radica en que "por primera vez la CIDH abre el espacio para que organizaciones de México presenten temas vinculados con el derecho humano a un medio ambiente sano, particularmente considerando la calidad del aire como un derecho que el Estado está obligado a garantizar".
Entre los temas que se expusieron ante la CIDH se encuentran el incumplimiento de la Norma 086 por la falta de distribución de Diesel Ultra Bajo Azufre (UBA) en todo el territorio nacional, así como el retraso en la actualización de las normas 042 y 044 que establecen límites de emisión de contaminantes criterio como el monóxido de carbono y las partículas suspendidas, para vehículos ligeros y pesados, respectivamente. Cabe recordar en este sentido que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), en México se producen 14 mil muertes anualmente asociadas con la contaminación ambiental. Esta cifra se ha elevado con relación a las 9 mil muertes reportadas por la OMS durante 2009.
Con relación al derecho al agua, se denunció que a pesar de los anuncios gubernamentales, el acceso a agua potable en nuestro país sigue siendo un tema pendiente, pues existen comunidades que no cuentan con la infraestructura y las fuentes para su abastecimiento son contaminadas impunemente por diversos agentes. Se señaló que existen casos de extrema omisión gubernamental en los cuales el gobierno antepone intereses económicos y políticos a los derechos humanos.
Se citaron casos específicos de contaminación "grave y tóxica" de los cuerpos de agua, como ocurre en el Río Atoyac en Tlaxcala y Puebla. Sobre el Valle de México se denunció que el crecimiento urbano, la sobreexplotación de los acuíferos y la expulsión masiva de aguas provocan el desecamiento de la cuenca. Además -apuntaron- "se causan hundimientos de hasta 40 cm anuales que, combinados con la deficiente infraestructura y con la política de bombeo a contrapendiente por ríos elevados que cruzan sobre zonas densamente pobladas, provocan que regularmente las aguas negras se desborden sobre la población, violando masivamente los derechos humanos a la vida, salud, propiedad, desarrollo, educación, trabajo, medio ambiente y vivienda, entre otros". En esta zona del país existen por lo menos 200 mil personas de bajos recursos afectadas directa y recurrentemente por las inundaciones.
En el texto leído durante la reunión de trabajo se expuso que si bien en general "en México existen diversos espacios de participación para la sociedad civil sobre política ambiental esos espacios no funcionan debidamente a causa del bajo perfil de los funcionarios que asisten, a su rápida rotación, a la lentitud de los procesos, al largo intervalo temporal entre las reuniones y a la poca capacidad de decisión de los asistentes".
Otro tema abordado fue el relacionado con la tierra, el territorio y el acceso a los recursos naturales. Se citó el caso de la presa el Zapotillo en el estado de Guanajuato como ejemplo de la falta de información, consulta y participación de las comunidades afectadas sobre los proyectos de explotación y extracción de los recursos naturales, la cual es realizada con la aprobación de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).
Finalmente, se denunció que en México "el acceso a la justicia en materia ambiental no es eficaz; además de que no existen mecanismos de defensa adecuados para su efectiva justiciabilidad. Y cuando se logra una sentencia favorable no se cumple". Como ejemplo se citó el caso del Acueducto Independencia, en la ciudad de Hermosillo, Sonora, en el cual, a pesar de la existencia de una sentencia que ordena la suspensión de la obra, las autoridades estatales continúan su construcción. www.ecoportal.net
Centro Mexicano de Derecho Ambiental
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martes, noviembre 08, 2011
La globalización de la protesta
Joseph E. Stiglitz
Project Syndicate, 2011-11-04
NUEVA YORK – El movimiento de protesta que nació en enero en Túnez, para luego extenderse a Egipto y de allí a España, ya es global: la marea de protestas llegó a Wall Street y a diversas ciudades de Estados Unidos. La globalización y la tecnología moderna ahora permiten a los movimientos sociales trascender las fronteras tan velozmente como las ideas. Y la protesta social halló en todas partes terreno fértil: hay una sensación de que el “sistema” fracasó, sumada a la convicción de que, incluso en una democracia, el proceso electoral no resuelve las cosas, o por lo menos, no las resuelve si no hay de por medio una fuerte presión en las calles.
En mayo visité el escenario de las protestas tunecinas; en julio, hablé con los indignados españoles; de allí partí para reunirme con los jóvenes revolucionarios egipcios en la plaza Tahrir de El Cairo; y hace unas pocas semanas, conversé en Nueva York con los manifestantes del movimiento Ocupar Wall Street. Hay una misma idea que se repite en todos los casos, y que el movimiento OWS expresa en una frase muy sencilla: “Somos el 99%”.
Este eslogan remite al título de un artículo que publiqué hace poco. El artículo se titula “Del 1%, por el 1% y para el 1%”, y en él describo el enorme aumento de la desigualdad en los Estados Unidos: el 1% de la población controla más del 40% de la riqueza y recibe más del 20% de los ingresos. Y los miembros de este selecto estrato no siempre reciben estas generosas gratificaciones porque hayan contribuido más a la sociedad (esta justificación de la desigualdad quedó totalmente vaciada de sentido a la vista de las bonificaciones y de los rescates); sino que a menudo las reciben porque, hablando mal y pronto, son exitosos (y en ocasiones corruptos) buscadores de rentas.
No voy a negar que dentro de ese 1% hay algunas personas que dieron mucho de sí. De hecho, los beneficios sociales de muchas innovaciones reales (por contraposición a los novedosos “productos” financieros que terminaron provocando un desastre en la economía mundial) suelen superar con creces lo que reciben por ellas sus creadores.
Pero, en todo el mundo, la influencia política y las prácticas anticompetitivas (que a menudo se sostienen gracias a la política) fueron un factor central del aumento de la desigualdad económica. Una tendencia reforzada por sistemas tributarios en los que un multimillonario como Warren Buffett paga menos impuestos que su secretaria (como porcentaje de sus respectivos ingresos) o donde los especuladores que contribuyeron a colapsar la economía global tributan a tasas menores que quienes ganan sus ingresos trabajando.
Se han publicado en estos últimos años diversas investigaciones que muestran lo importantes que son las ideas de justicia y lo arraigadas que están en las personas. Los manifestantes de España y de otros países tienen derecho a estar indignados: tenemos un sistema donde a los banqueros se los rescató, y a sus víctimas se las abandonó para que se las arreglen como puedan. Para peor, los banqueros están otra vez en sus escritorios, ganando bonificaciones que superan lo que la mayoría de los trabajadores esperan ganar en toda una vida, mientras que muchos jóvenes que estudiaron con esfuerzo y respetaron todas las reglas ahora están sin perspectivas de encontrar un empleo gratificante.
El aumento de la desigualdad es producto de una espiral viciosa: los ricos rentistas usan su riqueza para impulsar leyes que protegen y aumentan su riqueza (y su influencia). En la famosa sentencia del caso Citizens United, la Corte Suprema de los Estados Unidos dio a las corporaciones rienda suelta para influir con su dinero en el rumbo de la política. Pero mientras los ricos pueden usar sus fortunas para hacer oír sus opiniones, en la protesta callejera la policía no me dejó usar un megáfono para dirigirme a los manifestantes del OWS.
A nadie se le escapó este contraste: por un lado, una democracia hiperregulada, por el otro, la banca desregulada. Pero los manifestantes son ingeniosos: para que todos pudieran oírme, la multitud repetía lo que yo decía; y para no interrumpir con aplausos este “diálogo”, expresaban su acuerdo haciendo gestos elocuentes con las manos.
Tienen razón los manifestantes cuando dicen que algo está mal en nuestro “sistema”. En todas partes del mundo tenemos recursos subutilizados (personas que desean trabajar, máquinas ociosas, edificios vacíos) y enormes necesidades insatisfechas: combatir la pobreza, fomentar el desarrollo, readaptar la economía para enfrentar el calentamiento global (y esta lista es incompleta). En los Estados Unidos, en los últimos años se ejecutaron más de siete millones de hipotecas, y ahora tenemos hogares vacíos y personas sin hogar.
Una crítica que se les hace a los manifestantes es que no tienen un programa. Pero eso supone olvidar cuál es el sentido de los movimientos de protesta. Son ellos una expresión de frustración con el proceso electoral. Son una alarma.
Las protestas globalifóbicas de 1999 en Seattle, en lo que estaba previsto como la inauguración de una nueva ronda de conversaciones comerciales, llamaron la atención sobre las fallas de la globalización y de las instituciones y los acuerdos internacionales que la gobiernan. Cuando los medios de prensa examinaron los reclamos de los manifestantes, vieron que contenían mucho más que una pizca de verdad. Las negociaciones comerciales subsiguientes fueron diferentes (al menos en principio, se dio por sentado que serían una ronda de desarrollo y que buscarían compensar algunas de las deficiencias señaladas por los manifestantes) y el Fondo Monetario Internacional encaró después de eso algunas reformas significativas.
Es similar a lo que ocurrió en la década de 1960, cuando en Estados Unidos los manifestantes por los derechos civiles llamaron la atención sobre un racismo omnipresente e institucionalizado en la sociedad estadounidense. Aunque todavía no nos hemos librado de esa herencia, la elección del presidente Barack Obama muestra hasta qué punto esas protestas fueron capaces de cambiar a los Estados Unidos.
En un nivel básico, los manifestantes actuales piden muy poco: oportunidades para emplear sus habilidades, el derecho a un trabajo decente a cambio de un salario decente, una economía y una sociedad más justas. Sus esperanzas son evolucionarias, no revolucionarias. Pero en un nivel más amplio, están pidiendo mucho: una democracia donde lo que importe sean las personas en vez del dinero, y un mercado que cumpla con lo que se espera de él.
Ambos objetivos están vinculados: ya hemos visto cómo la desregulación de los mercados lleva a crisis económicas y políticas. Los mercados solo funcionan como es debido cuando lo hacen dentro de un marco adecuado de regulaciones públicas; y ese marco solamente puede construirse en una democracia que refleje los intereses de todos, no los intereses del 1%. El mejor gobierno que el dinero puede comprar ya no es suficiente.
Joseph E. Stiglitz es profesor de la Universidad de Columbia, premio Nobel de Economía y autor del libro Caída libre: Estados Unidos, el libre mercado y el hundimiento de la economía mundial.
Revés del Fondo Verde para el Clima
Red del Tercer Mundo, Viernes 28 de octubre de 2011, por Martin Khor
El Fondo Verde para el Clima, con cuyo apoyo los países en desarrollo cuentan para sus actividades contra el calentamiento global, sufrió un revés al no llegarse a un acuerdo sobre las recomendaciones a dar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará este año en Durban, Sudáfrica.
El Comité de Transición del Fondo Verde para el Clima realizó su reunión final la semana pasada en Ciudad del Cabo. Los copresidentes del Comité elaboraron una versión preliminar del instrumento del Fondo Verde, conteniendo sus objetivos, estructuras y funciones rectoras, pero no fue aceptado por dos miembros: Estados Unidos y Arabia Saudita. Varios de los cuarenta miembros del Comité de Transición también habían criticado partes del informe anteriormente, pero no rechazaron el documento.
La incapacidad del Comité de Transición para llegar a un consenso podría asestar un golpe a la Conferencia de Durban, que tendrá lugar del 28 de noviembre al 9 de diciembre. Se esperaba que el lanzamiento del Fondo Verde fuera uno de los máximos logros de la reunión, si no el único. La conferencia de Durban necesita presentar algún éxito luego del desastre de Copenhague en 2009 y la recuperación apenas parcial de Cancún el año pasado. Pero persiste el desacuerdo sobre el tema principal: las acciones de los países para reducir o minimizar las emisiones que causan el calentamiento global.
Es posible que no sobreviva el Protocolo de Kioto –por el cual todos los países desarrollados salvo Estados Unidos tienen compromisos vinculantes para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero– porque algunos miembros clave, como Japón y Rusia, expresaron que no quieren continuarlo y pretenden, junto a Estados Unidos, reemplazarlo por un sistema de compromisos voluntarios para los países desarrollados, mientras se presiona a los países en desarrollo para que adopten nuevos compromisos, como brindar estricta información sobre las medidas adoptadas. Esto provocó indignación entre los países en desarrollo, que intentan que el Protocolo de Kioto no sea enterrado en Durban.
Pero pocos son optimistas. Si el régimen sobre el clima se desarticula, el consuelo sería el Fondo Verde, establecido el año pasado en Cancún. El Comité de Transición recibió la tarea de recomendar los objetivos, estructuras de gobierno, métodos de trabajo, fuentes y usos de los fondos, y se esperaba que la Conferencia de Durban, en la que participarán todos los miembros de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Clima, avalara el informe para que comenzara a funcionar a principios del año próximo. Por eso fue una gran desilusión que después de cuatro reuniones el comité no pudiera llegar a un acuerdo.
El copresidente del Comité de Transición para el Fondo Verde para el Clima, el ministro de Planificación de Sudáfrica, Trevor Manuel, presentó un informe preliminar hacia el final de la reunión, el 18 de octubre.
Los países en desarrollo quedaron en general conformes con algunos puntos del proyecto, en especial que el Fondo Verde tuviera su propia personería jurídica legal y una Secretaría independiente. Para estos países, un nuevo fondo tiene sentido si funciona por sí mismo, sin depender de la personería jurídica o la secretaría de otras organizaciones, como el Fondo para el Medio Ambiental Mundial (FMAM) o el Banco Mundial. Pero países en desarrollo como Egipto, China, India y Filipinas discreparon en los siguientes puntos:
* El informe no estableció cómo se haría la votación en caso de que los miembros de la junta no lograran consenso en torno a un tema. Previamente había una versión que exigía la mayoría de votos, pero fue reemplazada. Algunos países desarrollados propusieron que el valor de los votos correspondiera a la cantidad de fondos aportados por los miembros, un principio al que los países en desarrollo se opusieron firmemente.
* El informe concedía escasa autoridad a la totalidad de los miembros del Fondo Verde, congregados en la Conferencia de las Partes, en la que los países en desarrollo tienen una amplia mayoría, y demasiada autoridad a la junta, en la que en general dominan los países desarrollados, si bien debe haber igual cantidad de miembros de países desarrollados y en desarrollo (doce y doce).
* Se crea un servicio financiero especial para financiar el sector privado, incluso a escala internacional. Esto podría desviar fondos destinados a los países en desarrollo y dirigirlos a empresas e instituciones financieras de países desarrollados, que podrían así tener acceso directo tanto a los fondos como a los países en desarrollo (eludiendo a los gobiernos).
Se esperaba que el Fondo Verde brindara principalmente donaciones a los países en desarrollo, complementadas con préstamos en condiciones favorables. Sin embargo, los países desarrollados también pretenden que se establezcan instrumentos como garantías para préstamos para un capital conjunto con empresas a efectos de “apalancar” los fondos del sector privado. El Fondo Verde dispone, inicialmente, sólo de líneas para mitigación y adaptación, mientras que numerosos países en desarrollo también pretendían líneas para tecnología y creación de capacidad y los países desarrollados, con el apoyo de algunos países en desarrollo, también querían una línea para bosques. Los países en desarrollo, salvo Arabia Saudita, no presentaron objeciones explícitamente cuando el copresidente del Comité de Transición del Fondo Verde para el Clima propuso que el proyecto preliminar fuera presentado por consenso a la Conferencia de Durban.
Pero Estados Unidos objetó claramente la propuesta. Estados Unidos había señalado previamente varios desacuerdos con el proyecto del Fondo Verde, en especial que concediera demasiadas funciones a la generalidad de los miembros, recibiera dinero sólo de los países desarrollados (pretendía que los países en desarrollo también contribuyeran), restringiera la capacidad del sector privado para comprometerse y tuviera su propia personería jurídica. Finalmente se acordó que la versión preliminar del informe sobre el Fondo Verde para el Clima se presente en Durban pero no como un documento consensuado.
Existe la posibilidad de que la Conferencia de las Partes lo “abra” y renegocie el texto. Esto no es necesariamente malo, ya que la propuesta puede mejorarse. Sin embargo, si los cuarenta miembros del Comité de Transición del Fondo Verde no se ponen de acuerdo, sería aún más difícil que los casi doscientos miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático alcancen un consenso. Martin Khor, fundador de la Red del Tercer Mundo, es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.
El Fondo Verde para el Clima, con cuyo apoyo los países en desarrollo cuentan para sus actividades contra el calentamiento global, sufrió un revés al no llegarse a un acuerdo sobre las recomendaciones a dar a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebrará este año en Durban, Sudáfrica.
El Comité de Transición del Fondo Verde para el Clima realizó su reunión final la semana pasada en Ciudad del Cabo. Los copresidentes del Comité elaboraron una versión preliminar del instrumento del Fondo Verde, conteniendo sus objetivos, estructuras y funciones rectoras, pero no fue aceptado por dos miembros: Estados Unidos y Arabia Saudita. Varios de los cuarenta miembros del Comité de Transición también habían criticado partes del informe anteriormente, pero no rechazaron el documento.
La incapacidad del Comité de Transición para llegar a un consenso podría asestar un golpe a la Conferencia de Durban, que tendrá lugar del 28 de noviembre al 9 de diciembre. Se esperaba que el lanzamiento del Fondo Verde fuera uno de los máximos logros de la reunión, si no el único. La conferencia de Durban necesita presentar algún éxito luego del desastre de Copenhague en 2009 y la recuperación apenas parcial de Cancún el año pasado. Pero persiste el desacuerdo sobre el tema principal: las acciones de los países para reducir o minimizar las emisiones que causan el calentamiento global.
Es posible que no sobreviva el Protocolo de Kioto –por el cual todos los países desarrollados salvo Estados Unidos tienen compromisos vinculantes para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero– porque algunos miembros clave, como Japón y Rusia, expresaron que no quieren continuarlo y pretenden, junto a Estados Unidos, reemplazarlo por un sistema de compromisos voluntarios para los países desarrollados, mientras se presiona a los países en desarrollo para que adopten nuevos compromisos, como brindar estricta información sobre las medidas adoptadas. Esto provocó indignación entre los países en desarrollo, que intentan que el Protocolo de Kioto no sea enterrado en Durban.
Pero pocos son optimistas. Si el régimen sobre el clima se desarticula, el consuelo sería el Fondo Verde, establecido el año pasado en Cancún. El Comité de Transición recibió la tarea de recomendar los objetivos, estructuras de gobierno, métodos de trabajo, fuentes y usos de los fondos, y se esperaba que la Conferencia de Durban, en la que participarán todos los miembros de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Clima, avalara el informe para que comenzara a funcionar a principios del año próximo. Por eso fue una gran desilusión que después de cuatro reuniones el comité no pudiera llegar a un acuerdo.
El copresidente del Comité de Transición para el Fondo Verde para el Clima, el ministro de Planificación de Sudáfrica, Trevor Manuel, presentó un informe preliminar hacia el final de la reunión, el 18 de octubre.
Los países en desarrollo quedaron en general conformes con algunos puntos del proyecto, en especial que el Fondo Verde tuviera su propia personería jurídica legal y una Secretaría independiente. Para estos países, un nuevo fondo tiene sentido si funciona por sí mismo, sin depender de la personería jurídica o la secretaría de otras organizaciones, como el Fondo para el Medio Ambiental Mundial (FMAM) o el Banco Mundial. Pero países en desarrollo como Egipto, China, India y Filipinas discreparon en los siguientes puntos:
* El informe no estableció cómo se haría la votación en caso de que los miembros de la junta no lograran consenso en torno a un tema. Previamente había una versión que exigía la mayoría de votos, pero fue reemplazada. Algunos países desarrollados propusieron que el valor de los votos correspondiera a la cantidad de fondos aportados por los miembros, un principio al que los países en desarrollo se opusieron firmemente.
* El informe concedía escasa autoridad a la totalidad de los miembros del Fondo Verde, congregados en la Conferencia de las Partes, en la que los países en desarrollo tienen una amplia mayoría, y demasiada autoridad a la junta, en la que en general dominan los países desarrollados, si bien debe haber igual cantidad de miembros de países desarrollados y en desarrollo (doce y doce).
* Se crea un servicio financiero especial para financiar el sector privado, incluso a escala internacional. Esto podría desviar fondos destinados a los países en desarrollo y dirigirlos a empresas e instituciones financieras de países desarrollados, que podrían así tener acceso directo tanto a los fondos como a los países en desarrollo (eludiendo a los gobiernos).
Se esperaba que el Fondo Verde brindara principalmente donaciones a los países en desarrollo, complementadas con préstamos en condiciones favorables. Sin embargo, los países desarrollados también pretenden que se establezcan instrumentos como garantías para préstamos para un capital conjunto con empresas a efectos de “apalancar” los fondos del sector privado. El Fondo Verde dispone, inicialmente, sólo de líneas para mitigación y adaptación, mientras que numerosos países en desarrollo también pretendían líneas para tecnología y creación de capacidad y los países desarrollados, con el apoyo de algunos países en desarrollo, también querían una línea para bosques. Los países en desarrollo, salvo Arabia Saudita, no presentaron objeciones explícitamente cuando el copresidente del Comité de Transición del Fondo Verde para el Clima propuso que el proyecto preliminar fuera presentado por consenso a la Conferencia de Durban.
Pero Estados Unidos objetó claramente la propuesta. Estados Unidos había señalado previamente varios desacuerdos con el proyecto del Fondo Verde, en especial que concediera demasiadas funciones a la generalidad de los miembros, recibiera dinero sólo de los países desarrollados (pretendía que los países en desarrollo también contribuyeran), restringiera la capacidad del sector privado para comprometerse y tuviera su propia personería jurídica. Finalmente se acordó que la versión preliminar del informe sobre el Fondo Verde para el Clima se presente en Durban pero no como un documento consensuado.
Existe la posibilidad de que la Conferencia de las Partes lo “abra” y renegocie el texto. Esto no es necesariamente malo, ya que la propuesta puede mejorarse. Sin embargo, si los cuarenta miembros del Comité de Transición del Fondo Verde no se ponen de acuerdo, sería aún más difícil que los casi doscientos miembros de la Convención Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático alcancen un consenso. Martin Khor, fundador de la Red del Tercer Mundo, es director ejecutivo de South Centre, una organización de países en desarrollo con sede en Ginebra.
martes, noviembre 01, 2011
Los cuentos de Elvira
El Economista. Octubre, 2011 - 22:51
Alberto Aguirre M.
Ni una sola vez, el funcionario calderonista se refirió en su discurso a los temas de la convocatoria. Nada de competitividad. Y es que su atención está centrada en asuntos de mayor urgencia, como la sequía que afecta a casi 55% de la superficie del país.
Este hecho –contrastante con las lluvias que azotan al sureste mexicano– dio pie al Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales para establecer que hoy por hoy, muchas zonas agrícolas y ganaderas en el país ya no son factibles para producir, por lo que es necesario un cambio de uso de suelo.
“Nosotros estamos proponiendo que se incremente el Programa de Empleo Temporal, la inversión en la reconversión de áreas que se dedican a la agricultura o ganadería, con la finalidad de hacer a la tierra productiva y recuperar los ecosistemas”, dijo. Y afirmó que “con 100 millones de pesos se lograría reconvertir 1 millón de hectáreas a su uso y vocación original”.
Más dinero, menos producción agrícola. ¿Más bosques? Las aritméticas de Elvira Quesada resultan implacables.
Según sus cálculos, con otros 180 millones de pesos podría inducirse la paz social en comunidades en conflicto por predios y lo que producen. ¿De veras? ¿Eso costaría pacificar a sus paisanos, los campesinos de Cherán, Michoacán?
Además, siempre en las cuentas de Elvira Quesada, se necesitan 300 millones de pesos para que organismos de agua incluyan en el recibo del cobro un porcentaje que vaya a los dueños de los bosques que envían el vital líquido a las ciudades y un apoyo presupuestal importante para fortalecer la capacidad de combate de incendios forestales.
Respecto del problema de roza, tumba y quema de enramadas –calculó– si se asignan 245 millones de pesos, en cinco años se podrá proteger 1 millón de hectáreas; mientras que con 1,000 millones se reduciría la superficie afectada en 3.9 millones de hectáreas.
¿Mucho dinero, muchas hectáreas? No necesariamente: en México actualmente se contabilizan 64 millones de hectáreas de bosques y selvas, de las cuales alrededor de 80% es propiedad de ejidos o comunidades indígenas. En total, se trata de 8,500 núcleos agrarios… A los que el gobierno calderonista –según los dichos de Elvira Quesada– quiere cambiar sus tradiciones y su sustento de un plumazo.
El Secretario se apersonó en San Lázaro y acompañó a José Sarukhán Kermes, exrector de la UNAM y actual titular de la Conabio, a recibir la medalla al mérito cívico en el salón de plenos. Después, participó en el foro y formuló cuentas alegres.
El camino al infierno está lleno de buenos propósitos. Y para el sector forestal en México existe otra estadística que resulta alarmantemente deficitaria: sólo 15.1% de la superficie total arbolada (unas 8.6 millones de hectáreas) está aprovechándose, cuando 38% de la superficie total arbolada (21.6 millones de hectáreas) tiene potencial para aprovecharse. Eso quiere decir que aprovechamos apenas 40% del potencial que México tiene en materia forestal.
Este sector contribuye al PIB con 5,000 millones de dólares anuales (0.81% del PIB mexicano). Esto supone una grave tendencia a la baja, ya que en 1998 era de 1.2%. Según León Jorge Castaños, exsubsecretario de Desarrollo Forestal en el sexenio de Miguel de la Madrid, 1984 y 1985 fueron los mejores años para producción maderable, con 10 millones de metros cúbicos. En la actualidad, sólo se producen 6 millones de metros cúbicos.
La producción nacional de madera satisface únicamente 20% de la demanda aparente en México. El sector forestal genera unos 100,000 empleos permanentes, cuyo sueldo es entre tres y cuatro veces superior al salario de un trabajador agrícola.
La producción forestal fue de 7,839 millones de pesos para el 2005. Más de 85% del valor de la producción estuvo asociado a la explotación de pino; en segundo lugar al encino (6.6%), y posteriormente al oyamel con 172 millones (2.2%) y el resto de las especies con 399 millones de pesos. La producción de maderas preciosas (caoba, por ejemplo) representaba en el 2005 solamente 0.7% del valor total producido en el país.
La producción de los productos maderables, excluyendo la celulosa, se encuentra concentrada en pocos estados de la República. Desde 1990, Durango, Chihuahua y Michoacán contribuyen con alrededor de 60% de la producción maderable, excluyendo la celulosa. Oaxaca está en cuarto lugar, pero más o menos distante, con apenas un 6 por ciento.
EFECTOS SECUNDARIOS
PARTE DE LEÓN. En el tira-tira sobre los llamados gasolinazos, el senador priísta Francisco Labastida Ochoa hizo un deslinde pertinente: sin importar el precio del litro de la gasolina y el diésel, la Federación destina 36 centavos a las entidades federativas. Ni más ni menos. Así que es falso que se haya creado una “bolsa especial” para los estados. De los 10 pesos que –en promedio– los consumidores pagan por un litro de combustible, Pemex se queda con tres, los estados reciben 36 centavos y la Federación recibe 6 pesos.
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