Por Julio Godoy* - IPS/IFEJ
Científicos prueban la capacidad de las algas para absorber dióxido de carbono y generar a partir de su propia biomasa un combustible menos contaminante que la gasolina.
BERLÍN, 24 sep (Tierramérica).- Investigaciones sobre el uso de algas para capturar dióxido de carbono están cambiando la percepción negativa de esos organismos, vistos como una plaga asociada a la contaminación agrícola.
Hasta hace muy poco, la proliferación de algas era vista como una consecuencia indeseable del abuso de agroquímicos, cuyos resultados inmediatos eran pestilencia, irritaciones cutáneas y la muerte de la fauna acuática, en especial marina, por falta de oxígeno.
Pero su potencial para absorber uno de los gases de efecto invernadero, causantes del recalentamiento planetario, puede resultar clave para evitar catástrofes ambientales. Como los vegetales, las algas consumen carbono durante la fotosíntesis.
"Tomamos algas del océano, las instalamos en recipientes plásticos en invernaderos, donde las alimentamos con dióxido de carbono emitido por generadores eléctricos convencionales”, explicó en una entrevista el biogeólogo Laurenz Thomsen, de la Universidad Jacobs, en la septentrional ciudad alemana de Bremen.
“Expuestas a la luz solar, las algas transforman el dióxido de carbono en biomasa que puede ser utilizada después como biodiésel, cuya combustión no emite gases invernadero", añadió.
El Greenhouse Gas Mitigation Project (GGMP, Proyecto de mitigación de gases de efecto invernadero) es coordinado por Thomsen, con cooperación de la Universidad Superior Politécnica, también de Bremen, el Instituto Alfred Wegener para la Investigación Marina y varias compañías, como el proveedor europeo de electricidad E.ON.
Thomsen bautizó "Algenreactor" (reactor a base de algas) al pequeño invernadero experimental instalado en la Universidad Jacobs, donde las algas transformaron el carbono en combustible orgánico. El proyecto sólo funciona en fase experimental, produciendo hasta ahora medio litro de biodiésel.
"El diésel que refinamos aquí es absolutamente orgánico. Satisface las normas europeas. Confío en que podremos pasar a una fase industrial en los próximos meses", agregó Thomsen.
Fritz Henken-Mellier, director de la central termoeléctrica de Farge, situada en las afueras de Bremen, coincide con esa previsión. Algunas de las emisiones de dióxido de carbono de esa generadora que funciona a carbón fueron capturadas por el GGMP.
"Seguramente necesitemos construir un invernadero mucho mayor, de cientos de metros cuadrados, para que la captura del dióxido de carbono y la producción de biodiésel correspondan a las dimensiones de una central comercial", dijo entrevistado para este artículo.
Henken-Mellier calcula que "la captura de sólo 10 por ciento de los gases emitidos por el generador de Farge implica reducir unas 600 toneladas diarias de dióxido de carbono".
Según Thomsen, la superficie de un invernadero capaz de absorber el dióxido de carbono de un generador de 350 megavatios y de transformarlo en biodiésel, debería ser de unos 25 kilómetros cuadrados y tendría costos de unos 480 millones de dólares.
La suma es pequeña comparada con las de cultivos convencionales para obtener biodiésel y reducir los gases nocivos en dimensiones similares a las del "reactor a base de algas". Una plantación equivalente de colza, por ejemplo, puede costar hasta 25 veces más.
Pero el proyecto de Thomsen no convence a todos. "Esos cálculos son muy ingenuos", aseguró Karl-Herrmann Steinberg, director de la productora de algas más importante de Europa central, situada en la septentrional ciudad alemana de Kloetze.
"Los costos del cultivo de algas, eliminación del agua y destilación del aceite combustible son muy altos como para que la idea sea rentable a escala industrial", aseguró Steinberg.
Thomsen admite que la ubicación de los invernaderos debe decidirse en función de la presencia de luz solar. En el norte de Alemania, con pocas horas de sol por año, el modelo no funcionaría. "Los invernaderos tendrían que instalarse en el sur y sudeste de Europa", dijo.
"Ya estamos negociando con firmas alemanas y extranjeras, de Brasil e India, que manejan grandes cultivos de algas", agregó.
El GGMP no es el único proyecto de su tipo. Durante la primera crisis petrolera mundial, en los años 70, científicos estadounidenses concibieron un proceso similar de transformación de algas en biodiésel. Pero el intento fue abandonado en 1996, cuando los bajos precios del hidrocarburo pusieron fin a los incentivos para investigar en combustibles orgánicos.
Ahora, con la actual crisis energética y ambiental, la compañía estadounidense GreenFuel, del nororiental estado estadounidense de Massachusetts, planifica un invernadero de por lo menos un kilómetro cuadrado para 2009.
"Para capturar el dióxido de carbono liberado por un generador de mil gigavatios, necesitaremos un invernadero de algas de entre ocho y 16 kilómetros cuadrados, que produciría más de 150 millones de litros de biodiésel y 190 millones de litros de etanol", dijo Isaac Berzin, de GreenFuel.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales)
sábado, septiembre 29, 2007
Tratado sobre ozono enfría calentamiento global
Por Stephen Leahy, enviado especial
Estados Unidos protagonizó la negociación para eliminar más rápidamente gases que dañan la capa de ozono y agravan el cambio climático.
MONTREAL, 24 sep (Tierramérica).- Los 191 países partes del Protocolo de Montreal dieron un paso histórico contra el cambio climático al reducir en una década la eliminación de sustancias destructoras de la capa de ozono que son también poderosos gases de efecto invernadero.
Estados Unidos jugó un papel clave en la XIX Conferencia de las Partes del Protocolo de Montreal, junto con Argentina, Brasil, Canadá y la Unión Europea, instando a apresurar la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), utilizados en refrigerantes y acondicionadores de aire.
Esto equivaldría a eliminar hasta 38 mil millones de toneladas de gases invernadero, cinco veces más que la reducción estipulada en el Protocolo de Kyoto --único acuerdo mundial obligatorio sobre cambio climático--, según el Panel de Evaluación Tecnológica y Económica del Protocolo de Montreal sobre sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Para lograr el acuerdo, las naciones ricas aceptaron aportar varios cientos de millones de dólares entre 2008 y 2012 para ayudar a países en desarrollo como China --el principal productor de HCFC-- a transitar hacia nuevas tecnologías.
La conferencia se desarrolló entre el 11 y el 21 de este mes en la ciudad canadiense donde 20 años atrás se firmó el tratado destinado a restaurar la cubierta de ozono estratosférica que protege la vida del planeta de las radiaciones solares nocivas.
Si 24 países no se hubieran adherido a él en septiembre de 1987, el sol sería mucho más peligroso.
Habría "20 millones más de casos de cáncer de piel y 130 millones más de cataratas, sin hablar del daño a los sistemas inmunológicos humanos, a la flora y fauna y a la agricultura", dijo Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
Gracias al tratado para abatir sustancias agotadoras del ozono, principalmente clorofluorocarbonos (CFC), 95 por ciento de esos gases han sido eliminados y reemplazados por los HCFC, mucho menos perjudiciales para la cubierta estratosférica.
Estos últimos serán eliminados en los países ricos en 2015 y en el mundo en desarrollo en 2030, 10 años antes de lo acordado hasta ahora.
El rápido crecimiento económico de India y China disparó la producción de HCFC-22, utilizado sobre todo en los acondicionadores de aire. En China se pasó de 24,4 de estos aparatos por cada 100 hogares urbanos hace siete años a 87,2 en 2006.
El HCFC-22 es sólo cinco por ciento tan perjudicial para la capa de ozono como los clorofluorocarbonos a los que reemplazó, pero su impacto sobre el calentamiento global es más de 10 mil veces mayor que el del dióxido de carbono, principal gas invernadero, dijo a Tierramérica la secretaria de Ambiente de Argentina, Romina Picolotti.
La reducción acelerada implicaría eliminar hasta 38 mil millones de toneladas de dióxido de carbono y adelantar unos años la recuperación de la capa de ozono.
"Con un poco más de esfuerzo podemos ayudar a solucionar dos importantes problemas ambientales", dijo Picolotti.
"En 2008 debería congelarse la producción de HCFC", señaló en una entrevista Alexander von Bismarck, director de campañas de la no gubernamental Agencia de Investigación Ambiental, con sede en Londres.
Pero la negociación aplazó un poco ese objetivo hasta 2013. Así, los países en desarrollo no podrán ampliar su producción más allá de los volúmenes de ese año.
La producción de los países industrializados se congeló en 2004.
"Según nuestras investigaciones, los HCFC están disponibles en América Latina y Asia meridional a precios curiosamente bajos, lo que sugiere un exceso de oferta", dijo Von Bismarck.
Aunque los CFC y los HCFC son poderosos gases de efecto invernadero, no están cubiertos por el Protocolo de Kyoto, por lo que es crítico que el tratado de Montreal los aborde, agregó.
Los gases sustitutivos de los HCFC están por llegar, y también existen otras tecnologías, como los refrigeradores a gas butano. "Una inversión pequeña bastará para volverlos más seguros", agregó Von Bismarck.
La industria favorece un rápido congelamiento de la producción en los países pobres, opinó Mack McFarland, principal científico atmosférico de DuPont, una compañía química multinacional e importante fabricante estadounidense de HCFC.
"¿Por qué construir nuevas plantas de HCFC cuando la tecnología es obsoleta? Si el congelamiento llega antes, habrá menos que reconvertir", dijo McFarland a Tierramérica.
Sólo algunos acondicionadores de aire a HCFC pueden ser modificados para funcionar con otros gases. Y no hay sustitutos fáciles para varios usos de estas sustancias. Hace poco DuPont desarrolló un nuevo gas con muy bajo potencial de calentamiento global para aparatos refrigerantes de automóviles, porque la Unión Europea prohibió el uso de HCFC.
En Montreal también se debatió acaloradamente el financiamiento a los países pobres.
El Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal ha reunido unos dos mil 200 millones de dólares para ayudar a 146 países a reducir la producción y el uso de sustancias agotadoras del ozono. Ahora se necesitarán cientos de millones más.
Estados Unidos continuará compartiendo los costos de las naciones pobres para lograr una reducción acelerada de HCFC, dijo Claudia McMurray, secretaria adjunta de ese país para los Océanos, el Ambiente y la Ciencia.
"Es positivo ver el liderazgo de Estados Unidos en un foro ambiental internacional", dijo David Doniger, director de políticas climáticas del no gubernamental Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.
"El avance es bueno para la capa de ozono y para el cambio climático", dijo Doniger en una entrevista. Sin embargo, la principal causa del calentamiento global no son los HCFC, sino los combustibles fósiles.
Estados Unidos no debería usar lo conseguido en Montreal como excusa para no hacer nada respecto del dióxido de carbono en la reunión sobre cambio climático que tendrá lugar en diciembre en la isla indonesia de Bali, destacó.
* El autor es corresponsal de IPS.
Estados Unidos protagonizó la negociación para eliminar más rápidamente gases que dañan la capa de ozono y agravan el cambio climático.
MONTREAL, 24 sep (Tierramérica).- Los 191 países partes del Protocolo de Montreal dieron un paso histórico contra el cambio climático al reducir en una década la eliminación de sustancias destructoras de la capa de ozono que son también poderosos gases de efecto invernadero.
Estados Unidos jugó un papel clave en la XIX Conferencia de las Partes del Protocolo de Montreal, junto con Argentina, Brasil, Canadá y la Unión Europea, instando a apresurar la eliminación de los hidroclorofluorocarbonos (HCFC), utilizados en refrigerantes y acondicionadores de aire.
Esto equivaldría a eliminar hasta 38 mil millones de toneladas de gases invernadero, cinco veces más que la reducción estipulada en el Protocolo de Kyoto --único acuerdo mundial obligatorio sobre cambio climático--, según el Panel de Evaluación Tecnológica y Económica del Protocolo de Montreal sobre sustancias agotadoras de la capa de ozono.
Para lograr el acuerdo, las naciones ricas aceptaron aportar varios cientos de millones de dólares entre 2008 y 2012 para ayudar a países en desarrollo como China --el principal productor de HCFC-- a transitar hacia nuevas tecnologías.
La conferencia se desarrolló entre el 11 y el 21 de este mes en la ciudad canadiense donde 20 años atrás se firmó el tratado destinado a restaurar la cubierta de ozono estratosférica que protege la vida del planeta de las radiaciones solares nocivas.
Si 24 países no se hubieran adherido a él en septiembre de 1987, el sol sería mucho más peligroso.
Habría "20 millones más de casos de cáncer de piel y 130 millones más de cataratas, sin hablar del daño a los sistemas inmunológicos humanos, a la flora y fauna y a la agricultura", dijo Achim Steiner, director ejecutivo del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (Pnuma).
Gracias al tratado para abatir sustancias agotadoras del ozono, principalmente clorofluorocarbonos (CFC), 95 por ciento de esos gases han sido eliminados y reemplazados por los HCFC, mucho menos perjudiciales para la cubierta estratosférica.
Estos últimos serán eliminados en los países ricos en 2015 y en el mundo en desarrollo en 2030, 10 años antes de lo acordado hasta ahora.
El rápido crecimiento económico de India y China disparó la producción de HCFC-22, utilizado sobre todo en los acondicionadores de aire. En China se pasó de 24,4 de estos aparatos por cada 100 hogares urbanos hace siete años a 87,2 en 2006.
El HCFC-22 es sólo cinco por ciento tan perjudicial para la capa de ozono como los clorofluorocarbonos a los que reemplazó, pero su impacto sobre el calentamiento global es más de 10 mil veces mayor que el del dióxido de carbono, principal gas invernadero, dijo a Tierramérica la secretaria de Ambiente de Argentina, Romina Picolotti.
La reducción acelerada implicaría eliminar hasta 38 mil millones de toneladas de dióxido de carbono y adelantar unos años la recuperación de la capa de ozono.
"Con un poco más de esfuerzo podemos ayudar a solucionar dos importantes problemas ambientales", dijo Picolotti.
"En 2008 debería congelarse la producción de HCFC", señaló en una entrevista Alexander von Bismarck, director de campañas de la no gubernamental Agencia de Investigación Ambiental, con sede en Londres.
Pero la negociación aplazó un poco ese objetivo hasta 2013. Así, los países en desarrollo no podrán ampliar su producción más allá de los volúmenes de ese año.
La producción de los países industrializados se congeló en 2004.
"Según nuestras investigaciones, los HCFC están disponibles en América Latina y Asia meridional a precios curiosamente bajos, lo que sugiere un exceso de oferta", dijo Von Bismarck.
Aunque los CFC y los HCFC son poderosos gases de efecto invernadero, no están cubiertos por el Protocolo de Kyoto, por lo que es crítico que el tratado de Montreal los aborde, agregó.
Los gases sustitutivos de los HCFC están por llegar, y también existen otras tecnologías, como los refrigeradores a gas butano. "Una inversión pequeña bastará para volverlos más seguros", agregó Von Bismarck.
La industria favorece un rápido congelamiento de la producción en los países pobres, opinó Mack McFarland, principal científico atmosférico de DuPont, una compañía química multinacional e importante fabricante estadounidense de HCFC.
"¿Por qué construir nuevas plantas de HCFC cuando la tecnología es obsoleta? Si el congelamiento llega antes, habrá menos que reconvertir", dijo McFarland a Tierramérica.
Sólo algunos acondicionadores de aire a HCFC pueden ser modificados para funcionar con otros gases. Y no hay sustitutos fáciles para varios usos de estas sustancias. Hace poco DuPont desarrolló un nuevo gas con muy bajo potencial de calentamiento global para aparatos refrigerantes de automóviles, porque la Unión Europea prohibió el uso de HCFC.
En Montreal también se debatió acaloradamente el financiamiento a los países pobres.
El Fondo Multilateral para la Implementación del Protocolo de Montreal ha reunido unos dos mil 200 millones de dólares para ayudar a 146 países a reducir la producción y el uso de sustancias agotadoras del ozono. Ahora se necesitarán cientos de millones más.
Estados Unidos continuará compartiendo los costos de las naciones pobres para lograr una reducción acelerada de HCFC, dijo Claudia McMurray, secretaria adjunta de ese país para los Océanos, el Ambiente y la Ciencia.
"Es positivo ver el liderazgo de Estados Unidos en un foro ambiental internacional", dijo David Doniger, director de políticas climáticas del no gubernamental Consejo de Defensa de los Recursos Naturales.
"El avance es bueno para la capa de ozono y para el cambio climático", dijo Doniger en una entrevista. Sin embargo, la principal causa del calentamiento global no son los HCFC, sino los combustibles fósiles.
Estados Unidos no debería usar lo conseguido en Montreal como excusa para no hacer nada respecto del dióxido de carbono en la reunión sobre cambio climático que tendrá lugar en diciembre en la isla indonesia de Bali, destacó.
* El autor es corresponsal de IPS.
miércoles, septiembre 19, 2007
Tala amazónica causa prosperidad efímera
Por Roberto Villar Belmonte * - IPS/IFEJ
La actividad amazónica está marcada por olas de bonanza seguidas de depresión, constata un estudio de indicadores económicos, ambientales y sociales de las últimas tres décadas.
BELEM, Brasil, sep (Tierramérica).- Devastación, violentos conflictos por la tierra y un crecimiento económico rápido, pero efímero, son los rastros que dejó la deforestación de la Amazonia brasileña en los últimos 30 años, afirman estudiosos.
En ese plazo se consumieron 700 mil kilómetros cuadrados de selva, 17 por ciento de su superficie original. La tala provoca un boom inicial de prosperidad, pues la extracción de madera, casi siempre ilegal, es muy lucrativa. Luego llegan los agricultores y ganaderos.
Pero la riqueza dura, como máximo, 20 años. Por las lluvias abundantes, la actividad agrícola se complica. Cuando la madera escasea, hay una tendencia a que la economía de los municipios colapse. Sólo algunos, sobre todo los que dependen de la minería, escapan de este patrón.
Esta dinámica fue expuesta por los investigadores Adalberto Veríssimo y Danielle Celentano, del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) en un trabajo publicado en agosto, “El avance de la frontera en la Amazonia, del boom al colapso", que analiza indicadores económicos, sociales y ambientales de la región.
Celentano describe la deforestación como una ola que siembra empleos e ingresos por la explotación maderera. Pero también violencia y degradación de los recursos naturales.
Tras su paso, "los conflictos disminuyen, así como los beneficios de la actividad maderera, que es sobre todo predatoria, puesto que la agropecuaria no puede absorber la misma cantidad de mano de obra ni generar los mismos ingresos", sostuvo Celentano en una entrevista.
Los expertos dividieron los 770 municipios amazónicos en cuatro zonas: la no forestal, que comprende 24 por ciento de la superficie en sitios de transición entre las sabanas del Cerrado y la selva, la que se encuentra en explotación (14 por ciento, con 26 municipios), la ya desforestada (10 por ciento, con 218 municipios) y la forestal (52 por ciento de la región, con una tala de cinco por ciento).
La investigación comprobó que la destrucción de selva ha producido más daño que riqueza en la economía local, una cuenta que también debe pagar todo el planeta. La Amazonia aporta algo más de ocho por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, pero su deforestación es responsable de casi 70 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de este país.
Los productores rurales amazónicos argumentan que si los europeos y estadounidenses talaron sus bosques para crecer, "nosotros también podemos hacerlo". A corto plazo el argumento es válido. Pero el PIB por persona (dos mil 320 dólares) creció apenas uno por ciento en los últimos 15 años y sigue siendo 40 por ciento menor a la media nacional.
En São Francisco do Pará, municipio que vivió momentos de prosperidad, 96 por ciento de la selva ha desaparecido. De sus 14 mil habitantes, 62 por ciento son pobres y 31 por ciento indigentes.
Esto se repite en muchos municipios del norteño estado de Pará. En Primavera, por ejemplo, el PIB cayó 20 por ciento en los últimos 20 años. La deforestación es de 95 por ciento y casi la mitad de la población vive con menos de un dólar diario.
Sin embargo, no es posible asegurar que ese será el destino de las zonas que ahora están siendo taladas, aclaran los expertos.
Mientras, 60 por ciento de los 386 asesinatos rurales denunciados en Brasil entre 1997 y 2006 se cometieron en la Amazonia, casi la mitad de ellos en áreas de intensa tala. En ese lapso, los conflictos por la tierra pasaron de 156 a 328 en la región. De los mil 12 casos de trabajo esclavo documentados entre 2003 y 2006, 85 por ciento fueron en zonas amazónicas.
El estudio de Imazon muestra un patrón diferente en la zona no forestal, más seca y por tanto más propicia a la agricultura. El mejor ejemplo es Sinop, una de las principales ciudades del occidental estado de Mato Grosso, de intensa actividad maderera, con materia prima procedente de otras regiones.
Sinop también tiene una gran producción agrícola, sobre todo de soja. A pesar de que perdió 65 por ciento de sus selvas, la zona no colapsó y la ciudad tiene una excelente infraestructura.
Con todo, la pérdida de bosques viene cayendo. Fue 25 por ciento menor entre agosto de 2005 y julio de 2006. Y para este año, las autoridades esperan una reducción de 30 por ciento, lo que colocaría el área deforestada de los últimos 12 meses en 10 mil kilómetros cuadrados, la menor desde que se inició el control satelital de la selva.
Tal mejoría es atribuida a los mayores controles gubernamentales y a una caída en los precios de las cosechas.
Pero hay atisbos de recuperación en las siembras y eso pondrá a prueba la voluntad de detener la deforestación, pues cuando los agricultores están capitalizados tienden a ampliar sus áreas de cultivo.
Un episodio reciente ilustra estas tensiones. El 20 de agosto en el municipio de Juína, noroeste de Matro Grosso, decenas de productores rurales expulsaron con apoyo del alcalde Hilton Campos a dos periodistas franceses y a siete activistas de Greenpeace e indigenistas que pretendían visitar un área recién talada en río Preto, reclamada por indígenas enawene-nawe.
"Las ciudades en las fronteras agrícolas de la Amazonia son tierra sin ley. La reacción de los productores rurales es normal aquí. Para ellos nuestro objetivo es obstaculizar los proyectos agrícolas y ganaderos", dijo en una entrevista el ingeniero forestal Marcelo Marquesina, de la campaña Amazonia de Greenpeace.
A fines de agosto, un juzgado federal suspendió 99 proyectos de asentamiento rural creados desde 2005 por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) en el oeste de Pará. El fallo fue resultado de una denuncia de Greenpeace.
La denuncia alegaba que el Incra aceleró la creación de asentamientos en áreas ricas de la selva para atender intereses de empresas madereras.
* Este artículo forma parte de la serie sobre crecimiento sustentable de IPS y la Federación Internacional de Periodistas Ambientales (IFEJ, por sus siglas en inglés).
La actividad amazónica está marcada por olas de bonanza seguidas de depresión, constata un estudio de indicadores económicos, ambientales y sociales de las últimas tres décadas.
BELEM, Brasil, sep (Tierramérica).- Devastación, violentos conflictos por la tierra y un crecimiento económico rápido, pero efímero, son los rastros que dejó la deforestación de la Amazonia brasileña en los últimos 30 años, afirman estudiosos.
En ese plazo se consumieron 700 mil kilómetros cuadrados de selva, 17 por ciento de su superficie original. La tala provoca un boom inicial de prosperidad, pues la extracción de madera, casi siempre ilegal, es muy lucrativa. Luego llegan los agricultores y ganaderos.
Pero la riqueza dura, como máximo, 20 años. Por las lluvias abundantes, la actividad agrícola se complica. Cuando la madera escasea, hay una tendencia a que la economía de los municipios colapse. Sólo algunos, sobre todo los que dependen de la minería, escapan de este patrón.
Esta dinámica fue expuesta por los investigadores Adalberto Veríssimo y Danielle Celentano, del Instituto del Hombre y el Medio Ambiente de la Amazonia (Imazon) en un trabajo publicado en agosto, “El avance de la frontera en la Amazonia, del boom al colapso", que analiza indicadores económicos, sociales y ambientales de la región.
Celentano describe la deforestación como una ola que siembra empleos e ingresos por la explotación maderera. Pero también violencia y degradación de los recursos naturales.
Tras su paso, "los conflictos disminuyen, así como los beneficios de la actividad maderera, que es sobre todo predatoria, puesto que la agropecuaria no puede absorber la misma cantidad de mano de obra ni generar los mismos ingresos", sostuvo Celentano en una entrevista.
Los expertos dividieron los 770 municipios amazónicos en cuatro zonas: la no forestal, que comprende 24 por ciento de la superficie en sitios de transición entre las sabanas del Cerrado y la selva, la que se encuentra en explotación (14 por ciento, con 26 municipios), la ya desforestada (10 por ciento, con 218 municipios) y la forestal (52 por ciento de la región, con una tala de cinco por ciento).
La investigación comprobó que la destrucción de selva ha producido más daño que riqueza en la economía local, una cuenta que también debe pagar todo el planeta. La Amazonia aporta algo más de ocho por ciento del producto interno bruto (PIB) nacional, pero su deforestación es responsable de casi 70 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero de este país.
Los productores rurales amazónicos argumentan que si los europeos y estadounidenses talaron sus bosques para crecer, "nosotros también podemos hacerlo". A corto plazo el argumento es válido. Pero el PIB por persona (dos mil 320 dólares) creció apenas uno por ciento en los últimos 15 años y sigue siendo 40 por ciento menor a la media nacional.
En São Francisco do Pará, municipio que vivió momentos de prosperidad, 96 por ciento de la selva ha desaparecido. De sus 14 mil habitantes, 62 por ciento son pobres y 31 por ciento indigentes.
Esto se repite en muchos municipios del norteño estado de Pará. En Primavera, por ejemplo, el PIB cayó 20 por ciento en los últimos 20 años. La deforestación es de 95 por ciento y casi la mitad de la población vive con menos de un dólar diario.
Sin embargo, no es posible asegurar que ese será el destino de las zonas que ahora están siendo taladas, aclaran los expertos.
Mientras, 60 por ciento de los 386 asesinatos rurales denunciados en Brasil entre 1997 y 2006 se cometieron en la Amazonia, casi la mitad de ellos en áreas de intensa tala. En ese lapso, los conflictos por la tierra pasaron de 156 a 328 en la región. De los mil 12 casos de trabajo esclavo documentados entre 2003 y 2006, 85 por ciento fueron en zonas amazónicas.
El estudio de Imazon muestra un patrón diferente en la zona no forestal, más seca y por tanto más propicia a la agricultura. El mejor ejemplo es Sinop, una de las principales ciudades del occidental estado de Mato Grosso, de intensa actividad maderera, con materia prima procedente de otras regiones.
Sinop también tiene una gran producción agrícola, sobre todo de soja. A pesar de que perdió 65 por ciento de sus selvas, la zona no colapsó y la ciudad tiene una excelente infraestructura.
Con todo, la pérdida de bosques viene cayendo. Fue 25 por ciento menor entre agosto de 2005 y julio de 2006. Y para este año, las autoridades esperan una reducción de 30 por ciento, lo que colocaría el área deforestada de los últimos 12 meses en 10 mil kilómetros cuadrados, la menor desde que se inició el control satelital de la selva.
Tal mejoría es atribuida a los mayores controles gubernamentales y a una caída en los precios de las cosechas.
Pero hay atisbos de recuperación en las siembras y eso pondrá a prueba la voluntad de detener la deforestación, pues cuando los agricultores están capitalizados tienden a ampliar sus áreas de cultivo.
Un episodio reciente ilustra estas tensiones. El 20 de agosto en el municipio de Juína, noroeste de Matro Grosso, decenas de productores rurales expulsaron con apoyo del alcalde Hilton Campos a dos periodistas franceses y a siete activistas de Greenpeace e indigenistas que pretendían visitar un área recién talada en río Preto, reclamada por indígenas enawene-nawe.
"Las ciudades en las fronteras agrícolas de la Amazonia son tierra sin ley. La reacción de los productores rurales es normal aquí. Para ellos nuestro objetivo es obstaculizar los proyectos agrícolas y ganaderos", dijo en una entrevista el ingeniero forestal Marcelo Marquesina, de la campaña Amazonia de Greenpeace.
A fines de agosto, un juzgado federal suspendió 99 proyectos de asentamiento rural creados desde 2005 por el Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (Incra) en el oeste de Pará. El fallo fue resultado de una denuncia de Greenpeace.
La denuncia alegaba que el Incra aceleró la creación de asentamientos en áreas ricas de la selva para atender intereses de empresas madereras.
* Este artículo forma parte de la serie sobre crecimiento sustentable de IPS y la Federación Internacional de Periodistas Ambientales (IFEJ, por sus siglas en inglés).
domingo, septiembre 09, 2007
Etanol brasileño divide a la agroindustria
Por Mario Osava, enviado especial * - IPS/IFEJ
Hay que frenar el "tsunami verde", dicen empresarios del agronegocio brasileño preocupados por el avance de la caña de azúcar para destilar alcohol carburante.
RIO VERDE, Brasil, 3 sep (Tierramérica).- La expansión de la caña de azúcar para producir más etanol en Brasil encontró una resistencia inesperada en Rio Verde, próspero municipio del central estado de Goiás: los empresarios agropecuarios.
El gobierno local, del conservador Partido Progresista, decidió imponer al cultivo cañero un límite de 10 por ciento del área agrícola municipal. Eso representa 50 mil hectáreas, ocho veces la superficie ya ocupada por la caña en el municipio, para abastecer a una vieja destilería de alcohol carburante o etanol.
La medida, reclamada por empresarios, fue propuesta por el alcalde Paulo Roberto Cunha y aprobada por unanimidad en el Concejo municipal.
El monocultivo de caña es "un tsunami verde que rompe la cadena productiva del agronegocio" y provoca "tragedias sociales" y ambientales si no es controlado, explicó en una entrevista el secretario de Industria y Comercio, Avelar Macedo, impulsor de las restricciones.
La ley municipal, vigente desde septiembre de 2005, también prohíbe la siembra de caña a menos de 50 metros de los manantiales y la quema del rastrojo de los cañaverales a menos de 20 kilómetros de áreas urbanas, cerca de zonas de protección ambiental, de cables eléctricos y carreteras.
La unión de gobernantes y empresarios locales defiende las "actividades diversificadas" que aseguraron un crecimiento promedio de la actividad económica del municipio de 30 por ciento anual desde 2001, según la Asociación Comercial e Industrial.
Rio Verde tiene industrias de aceite que procesan soja, cuyo subproducto, el salvado, alimenta al ganado. El maíz abastece a más de mil 600 criaderos de aves y porcinos, que son proveedores de Perdigão, grupo que hace siete años instaló en la ciudad el mayor complejo industrial de carnes de América Latina y ofrece siete mil 600 empleos directos y 35 mil indirectos, según Macedo.
Sorgo, frijoles, arroz y algodón son otros importantes productos del municipio, generando un amplio mercado para el comercio de tractores, máquinas e insumos agrícolas. La gran agroindustria fomentó la producción de envases en plantas metalúrgicas, de plásticos y cartón.
El resultado es una ciudad sin pobreza aparente, sin mendigos y con muchas señales de prosperidad, como la intensa actividad comercial y bancaria en la avenida central. Sus 136 mil habitantes disponen de cuatro instituciones universitarias que atraen a estudiantes de urbes cercanas.
Esa estructura agroindustrial encadenada, "que agrega valor localmente", está amenazada por la "euforia del etanol", señaló Macedo. La industria cañera no beneficia a la población, porque ofrece principalmente empleos temporales y mal remunerados, y compra sus máquinas e insumos a proveedores foráneos, explica.
Su expansión constituye un riesgo, porque los agricultores están "descapitalizados" por los bajos precios agrícolas y el valor desfavorable del dólar en los últimos años, y por lo tanto más vulnerables a las ofertas de arriendo o compra de sus tierras por los "usineiros", productores azucareros y alcoholeros, advirtió Macedo, él mismo hacendado y empresario de la construcción y el turismo.
La caña podría llevar progreso en el norte de Goiás, que vive un "vacío económico", pero quiere aprovechar la infraestructura ya implantada en el sur del estado, donde se ubica Rio Verde, señaló.
La ley que convirtió a Rio Verde en una referencia nacional, consultada por decenas de otras alcaldías preocupadas por el monocultivo, enfrenta una acción judicial del Sindicato de las Industrias Fabricantes de Alcohol de Goiás (Sifaeg).
Éste la acusa de inconstitucional por violar el derecho a la propiedad privada y entrometerse en la jurisdicción nacional.
La batalla judicial se prolongará por muchos años, coinciden las dos partes.
La caña ocupa entre 290 mil y 300 mil hectáreas en Goiás, que equivalen a apenas 0,8 por ciento del territorio estadual, y con la máxima expansión prevista alcanzaría sólo dos por ciento, menos de un tercio de la superficie que ocupa actualmente la soja, alegó Igor Montenegro, presidente de Sifaeg. A las 18 destilerías en funciones podrán sumarse hasta 20 en los próximos cinco años, "sin amenazar los granos".
Esa expansión demandaría una pequeña parte de la "inmensa área que puede ser liberada" por una sencilla mejora en el manejo de la ganadería, que actualmente se extiende por 57 por ciento del territorio goiano en "pastizales de baja productividad", sostuvo el entrevistado.
Montenegro busca contrarrestar la "histeria sin fundamento" de sectores económicos que nada tendrán que temer "si son competitivos y rentables". La agroindustria cañera, aseguró, es la que "más empleos ofrece en el agronegocio, un millón directos y seis millones indirectos" en todo Brasil. Y son cada vez menos temporales y más calificados, con la mecanización de la cosecha, acotó.
De hecho, no haría falta deforestar para ampliar los cañaverales o el cultivo de granos en Goiás, coincidió Emiliano Godoi, agrónomo y superintendente de Biodiversidad y Bosques de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno estadual. Pero la tradición es "abrir nuevos pastizales" y no recuperar los degradados, por ello la caña empuja la frontera de la deforestación.
Eso pone en riesgo al Cerrado, la sabana brasileña de bosques ralos que ocupa gran parte del centro del país. Se trata de un bioma muy afectado por el avance agrícola y que ha merecido poca atención de conocimiento y conservación.
En Goiás las áreas de conservación alcanzan apenas 4,87 por ciento del territorio estadual, "lo que es muy poco, pero hace cinco años era sólo uno por ciento", dijo Godoi. Además, la mayoría de los municipios incumplen la legislación que exige mantener por lo menos 20 por ciento de las tierras con la vegetación original.
Pero su preocupación respecto de la caña es "más social que ambiental". Durante la cosecha de mayo a noviembre, las pequeñas ciudades del interior reciben a miles de cortadores de caña que vienen de lejos, aumentando la prostitución y los embarazos de niñas y adolescentes.
La quema de los cañaverales para facilitar el corte contamina el aire, provocando enfermedades respiratorias. Así se acumulan los problemas que sobrecargan los servicios de alcaldías de escasos recursos, observó Godoi.
La contaminación de las quemas en Goiás es más perjudicial que en São Paulo, principal productor de azúcar y alcohol de Brasil, porque el aire del Cerrado en esta época es muy seco y mantiene por más tiempo en suspensión el material particulado concentrado, acotó. A eso se suma un saneamiento precario en la mayoría de las ciudades.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales).
Hay que frenar el "tsunami verde", dicen empresarios del agronegocio brasileño preocupados por el avance de la caña de azúcar para destilar alcohol carburante.
RIO VERDE, Brasil, 3 sep (Tierramérica).- La expansión de la caña de azúcar para producir más etanol en Brasil encontró una resistencia inesperada en Rio Verde, próspero municipio del central estado de Goiás: los empresarios agropecuarios.
El gobierno local, del conservador Partido Progresista, decidió imponer al cultivo cañero un límite de 10 por ciento del área agrícola municipal. Eso representa 50 mil hectáreas, ocho veces la superficie ya ocupada por la caña en el municipio, para abastecer a una vieja destilería de alcohol carburante o etanol.
La medida, reclamada por empresarios, fue propuesta por el alcalde Paulo Roberto Cunha y aprobada por unanimidad en el Concejo municipal.
El monocultivo de caña es "un tsunami verde que rompe la cadena productiva del agronegocio" y provoca "tragedias sociales" y ambientales si no es controlado, explicó en una entrevista el secretario de Industria y Comercio, Avelar Macedo, impulsor de las restricciones.
La ley municipal, vigente desde septiembre de 2005, también prohíbe la siembra de caña a menos de 50 metros de los manantiales y la quema del rastrojo de los cañaverales a menos de 20 kilómetros de áreas urbanas, cerca de zonas de protección ambiental, de cables eléctricos y carreteras.
La unión de gobernantes y empresarios locales defiende las "actividades diversificadas" que aseguraron un crecimiento promedio de la actividad económica del municipio de 30 por ciento anual desde 2001, según la Asociación Comercial e Industrial.
Rio Verde tiene industrias de aceite que procesan soja, cuyo subproducto, el salvado, alimenta al ganado. El maíz abastece a más de mil 600 criaderos de aves y porcinos, que son proveedores de Perdigão, grupo que hace siete años instaló en la ciudad el mayor complejo industrial de carnes de América Latina y ofrece siete mil 600 empleos directos y 35 mil indirectos, según Macedo.
Sorgo, frijoles, arroz y algodón son otros importantes productos del municipio, generando un amplio mercado para el comercio de tractores, máquinas e insumos agrícolas. La gran agroindustria fomentó la producción de envases en plantas metalúrgicas, de plásticos y cartón.
El resultado es una ciudad sin pobreza aparente, sin mendigos y con muchas señales de prosperidad, como la intensa actividad comercial y bancaria en la avenida central. Sus 136 mil habitantes disponen de cuatro instituciones universitarias que atraen a estudiantes de urbes cercanas.
Esa estructura agroindustrial encadenada, "que agrega valor localmente", está amenazada por la "euforia del etanol", señaló Macedo. La industria cañera no beneficia a la población, porque ofrece principalmente empleos temporales y mal remunerados, y compra sus máquinas e insumos a proveedores foráneos, explica.
Su expansión constituye un riesgo, porque los agricultores están "descapitalizados" por los bajos precios agrícolas y el valor desfavorable del dólar en los últimos años, y por lo tanto más vulnerables a las ofertas de arriendo o compra de sus tierras por los "usineiros", productores azucareros y alcoholeros, advirtió Macedo, él mismo hacendado y empresario de la construcción y el turismo.
La caña podría llevar progreso en el norte de Goiás, que vive un "vacío económico", pero quiere aprovechar la infraestructura ya implantada en el sur del estado, donde se ubica Rio Verde, señaló.
La ley que convirtió a Rio Verde en una referencia nacional, consultada por decenas de otras alcaldías preocupadas por el monocultivo, enfrenta una acción judicial del Sindicato de las Industrias Fabricantes de Alcohol de Goiás (Sifaeg).
Éste la acusa de inconstitucional por violar el derecho a la propiedad privada y entrometerse en la jurisdicción nacional.
La batalla judicial se prolongará por muchos años, coinciden las dos partes.
La caña ocupa entre 290 mil y 300 mil hectáreas en Goiás, que equivalen a apenas 0,8 por ciento del territorio estadual, y con la máxima expansión prevista alcanzaría sólo dos por ciento, menos de un tercio de la superficie que ocupa actualmente la soja, alegó Igor Montenegro, presidente de Sifaeg. A las 18 destilerías en funciones podrán sumarse hasta 20 en los próximos cinco años, "sin amenazar los granos".
Esa expansión demandaría una pequeña parte de la "inmensa área que puede ser liberada" por una sencilla mejora en el manejo de la ganadería, que actualmente se extiende por 57 por ciento del territorio goiano en "pastizales de baja productividad", sostuvo el entrevistado.
Montenegro busca contrarrestar la "histeria sin fundamento" de sectores económicos que nada tendrán que temer "si son competitivos y rentables". La agroindustria cañera, aseguró, es la que "más empleos ofrece en el agronegocio, un millón directos y seis millones indirectos" en todo Brasil. Y son cada vez menos temporales y más calificados, con la mecanización de la cosecha, acotó.
De hecho, no haría falta deforestar para ampliar los cañaverales o el cultivo de granos en Goiás, coincidió Emiliano Godoi, agrónomo y superintendente de Biodiversidad y Bosques de la Secretaría de Medio Ambiente del gobierno estadual. Pero la tradición es "abrir nuevos pastizales" y no recuperar los degradados, por ello la caña empuja la frontera de la deforestación.
Eso pone en riesgo al Cerrado, la sabana brasileña de bosques ralos que ocupa gran parte del centro del país. Se trata de un bioma muy afectado por el avance agrícola y que ha merecido poca atención de conocimiento y conservación.
En Goiás las áreas de conservación alcanzan apenas 4,87 por ciento del territorio estadual, "lo que es muy poco, pero hace cinco años era sólo uno por ciento", dijo Godoi. Además, la mayoría de los municipios incumplen la legislación que exige mantener por lo menos 20 por ciento de las tierras con la vegetación original.
Pero su preocupación respecto de la caña es "más social que ambiental". Durante la cosecha de mayo a noviembre, las pequeñas ciudades del interior reciben a miles de cortadores de caña que vienen de lejos, aumentando la prostitución y los embarazos de niñas y adolescentes.
La quema de los cañaverales para facilitar el corte contamina el aire, provocando enfermedades respiratorias. Así se acumulan los problemas que sobrecargan los servicios de alcaldías de escasos recursos, observó Godoi.
La contaminación de las quemas en Goiás es más perjudicial que en São Paulo, principal productor de azúcar y alcohol de Brasil, porque el aire del Cerrado en esta época es muy seco y mantiene por más tiempo en suspensión el material particulado concentrado, acotó. A eso se suma un saneamiento precario en la mayoría de las ciudades.
* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales).
lunes, septiembre 03, 2007
Probarán en Los Tuxtlas plan para reducir gases de efecto invernadero
Permitirá captura y conversión de carbono; el país podrá expedir certificados de emisiones bajas
El proyecto de la Conafor y la Conanp abarcará 15 mil hectáreas de 27 ejidos de Veracruz
ANDRES T. MORALES
La jornada
San Andrés Tuxtla, Ver., 17 de agosto. Las comisiones Nacional Forestal (Conafor) y la Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) eligieron a la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, en Veracruz, para desarrollar un programa piloto de captura y conversión de carbono, que contribuya a reducir los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI).
La medida permitirá al gobierno mexicano expedir certificados de emisiones reducidas de carbobonos o biomasa forestal, que es la cantidad de materia orgánica producida en un área de la superficie terrestre, o por bosques y selvas en este caso.
Los carbobonos serán colocados en el mercado internacional por el Banco Mundial (BM) y serán comprados por países desarrollados que no lograron cumplir sus metas para desarrollar programas de reducción de GEI en sus territorios.
El proyecto pretende aplicarse en 15 mil hectáreas de 27 ejidos localizados en la zona selvática de Los Tuxtlas, y en un plazo de cinco años podrían emitirse los carbobonos por 4 mil millones de dólares que ampararían hasta 800 mil toneladas de carbono capturado y convertido en biomasa.
Representantes del BM, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Conafor recorrieron los ejidos Adolfo Ruiz Cortines y Santa Rosa Abata, ubicados en la reserva de los Tuxtlas, antes de la integración del proyecto que será presentado el 4 de septiembre para concursar por el financiamiento, que consta actualmente de un fondo de 28 mil millones de dólares.
Ricardo Hernández, representante de Bio Carbon Fund, del BM, recordó que México, como integrante del Protocolo de Kyoto, es uno de los países que no forman parte del llamado Anexo 1, que incluye a las naciones desarrolladas obligadas a reducir sus emanaciones de gases de efecto invernadero hasta en 5.2 por ciento -respecto a los niveles de 1990-, antes de 2012.
Recordó que los países desarrollados que no logren cumplir sus metas de reducción de gases de efecto invernadero están obligados a desarrollar alternativas para compensarlo, entre ellas la compra de carbobonos emitidos por naciones en vías de desarrollo que aplican medidas de conservación forestal, reforestación de espacios y conversión del dióxido de carbono en biomasa.
El BM "es un intermediario, es la instancia en la que se depositan las aportaciones de los países desarrollados -actualmente de 28 mil millones de dólares-, la que revisa proyectos y ayuda a su supervisión técnica".
Así, con un proyecto de captura de carbono y su conversión en biomasa, México puede acceder a financiamiento internacional para desarrollar proyectos de captura de carbono y colocar certificados que garanticen el proceso en el mercado internacional.
Leonel Iglesias Gutiérrez, gerente de Servicios Ambientales del Bosque, dependiente de la Conafor, citó que el 4 de septiembre se presentará ante el BM el proyecto para la captura de carbono y emisión de certificados de emisiones reducidas en 15 mil hectáreas distribuidas en 27 poblados, en su mayoría indígenas.
Para ello, la Conafor presentará en diciembre su inventario de zonas forestales, tasadas también en la cantidad de biomasa existente, para que en 2013 se efectúen los estudios técnicos que evalúen el incremento de carbobonos para medir la cantidad de carbono capturado.
El objetivo, precisó la Conafor, es que este programa se reproducirá posteriormente en el sur-sureste del país, principalmente en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Puebla, donde hay un gran potencial para la captura de carbono y la emisión de certificados en el ámbito internacional.
En el Plan Nacional de Desarrollo, la Federación señala la necesidad de ubicar bajo decretos de áreas naturales protegidas a 3 millones de hectáreas, además de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo podría colaborar en proyectos de al menos 120 mil hectáreas.
El proyecto de la Conafor y la Conanp abarcará 15 mil hectáreas de 27 ejidos de Veracruz
ANDRES T. MORALES
La jornada
San Andrés Tuxtla, Ver., 17 de agosto. Las comisiones Nacional Forestal (Conafor) y la Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp) eligieron a la Reserva de la Biosfera de Los Tuxtlas, en Veracruz, para desarrollar un programa piloto de captura y conversión de carbono, que contribuya a reducir los efectos de los gases de efecto invernadero (GEI).
La medida permitirá al gobierno mexicano expedir certificados de emisiones reducidas de carbobonos o biomasa forestal, que es la cantidad de materia orgánica producida en un área de la superficie terrestre, o por bosques y selvas en este caso.
Los carbobonos serán colocados en el mercado internacional por el Banco Mundial (BM) y serán comprados por países desarrollados que no lograron cumplir sus metas para desarrollar programas de reducción de GEI en sus territorios.
El proyecto pretende aplicarse en 15 mil hectáreas de 27 ejidos localizados en la zona selvática de Los Tuxtlas, y en un plazo de cinco años podrían emitirse los carbobonos por 4 mil millones de dólares que ampararían hasta 800 mil toneladas de carbono capturado y convertido en biomasa.
Representantes del BM, del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y de la Conafor recorrieron los ejidos Adolfo Ruiz Cortines y Santa Rosa Abata, ubicados en la reserva de los Tuxtlas, antes de la integración del proyecto que será presentado el 4 de septiembre para concursar por el financiamiento, que consta actualmente de un fondo de 28 mil millones de dólares.
Ricardo Hernández, representante de Bio Carbon Fund, del BM, recordó que México, como integrante del Protocolo de Kyoto, es uno de los países que no forman parte del llamado Anexo 1, que incluye a las naciones desarrolladas obligadas a reducir sus emanaciones de gases de efecto invernadero hasta en 5.2 por ciento -respecto a los niveles de 1990-, antes de 2012.
Recordó que los países desarrollados que no logren cumplir sus metas de reducción de gases de efecto invernadero están obligados a desarrollar alternativas para compensarlo, entre ellas la compra de carbobonos emitidos por naciones en vías de desarrollo que aplican medidas de conservación forestal, reforestación de espacios y conversión del dióxido de carbono en biomasa.
El BM "es un intermediario, es la instancia en la que se depositan las aportaciones de los países desarrollados -actualmente de 28 mil millones de dólares-, la que revisa proyectos y ayuda a su supervisión técnica".
Así, con un proyecto de captura de carbono y su conversión en biomasa, México puede acceder a financiamiento internacional para desarrollar proyectos de captura de carbono y colocar certificados que garanticen el proceso en el mercado internacional.
Leonel Iglesias Gutiérrez, gerente de Servicios Ambientales del Bosque, dependiente de la Conafor, citó que el 4 de septiembre se presentará ante el BM el proyecto para la captura de carbono y emisión de certificados de emisiones reducidas en 15 mil hectáreas distribuidas en 27 poblados, en su mayoría indígenas.
Para ello, la Conafor presentará en diciembre su inventario de zonas forestales, tasadas también en la cantidad de biomasa existente, para que en 2013 se efectúen los estudios técnicos que evalúen el incremento de carbobonos para medir la cantidad de carbono capturado.
El objetivo, precisó la Conafor, es que este programa se reproducirá posteriormente en el sur-sureste del país, principalmente en Guerrero, Chiapas, Oaxaca, Tabasco y Puebla, donde hay un gran potencial para la captura de carbono y la emisión de certificados en el ámbito internacional.
En el Plan Nacional de Desarrollo, la Federación señala la necesidad de ubicar bajo decretos de áreas naturales protegidas a 3 millones de hectáreas, además de que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo podría colaborar en proyectos de al menos 120 mil hectáreas.
Pagan por el ambiente
Guatemala, viernes 17 de agosto de 2007
Prensa libre.com
Con el propósito de que las comunidades que protegen los recursos naturales reciban una compensación por ese trabajo, ayer quedó formalmente integrada la Red Guatemalteca de Servicios Ambientales.
La red está integrada por diez instituciones gubernamentales y no gubernamentales, cuyo propósito es apoyar a las comunidades para que desarrollen proyectos de conservación de bosques, agua, suelos, belleza escénica y especies en peligro de extinción, explicó Lorena Córdova, del Instituto Nacional de Bosques (Inab).
Otra función de la red será buscar fondos para financiar proyectos, además de coordinar a las instituciones que tienen objetivos parecidos, añadió Miguel Martínez, del Fondo Mundial para la Naturaleza.
Córdova mencionó como ejemplo la finca El Chilar, en Palín, Escuintla, donde una comunidad indígena recibe pago por cuidar un bosque que produce el agua que surte a la cabecera departamental.
Prensa libre.com
Con el propósito de que las comunidades que protegen los recursos naturales reciban una compensación por ese trabajo, ayer quedó formalmente integrada la Red Guatemalteca de Servicios Ambientales.
La red está integrada por diez instituciones gubernamentales y no gubernamentales, cuyo propósito es apoyar a las comunidades para que desarrollen proyectos de conservación de bosques, agua, suelos, belleza escénica y especies en peligro de extinción, explicó Lorena Córdova, del Instituto Nacional de Bosques (Inab).
Otra función de la red será buscar fondos para financiar proyectos, además de coordinar a las instituciones que tienen objetivos parecidos, añadió Miguel Martínez, del Fondo Mundial para la Naturaleza.
Córdova mencionó como ejemplo la finca El Chilar, en Palín, Escuintla, donde una comunidad indígena recibe pago por cuidar un bosque que produce el agua que surte a la cabecera departamental.
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