Project Syndicate / Trevor Manuel and Nicholas Stern
2010-11-06
PRETORIA – Los dos imperativos que caracterizan nuestra época son la lucha contra el cambio climático y la superación de la pobreza en el mundo. No podemos triunfar en uno sin hacerlo en el otro. Con la colaboración internacional y políticas racionales, podemos lograr el éxito lanzando una nueva era de crecimiento económico con menores emisiones de carbono, al tiempo que nos adaptamos al cambio climático que está en marcha.
El apoyo financiero a los países en desarrollo desempeñará un papel decisivo en todas las medidas integradas. Las nuevas propuestas conocidas esta semana del informe del Grupo asesor de alto nivel sobre la financiación para hacer frente al cambio climático, nombrado por el Secretario General de las Naciones Unidas el pasado mes de febrero, puede contribuir al logro de avances con miras a la consecución del acuerdo en la conferencia de las NN.UU. sobre el cambio climático que se celebrará en Cancún (México), este mes.
El informe expone a grandes rasgos una estructura de políticas mediante las cuales se podrían conseguir, de aquí a 2020, al menos 100.000 millones de dólares al año procedentes de fuentes públicas y privadas para la adopción de medidas internacionales a fin de luchar contra el cambio climático. Ese objetivo figura en el Acuerdo de Copenhague, que ahora cuenta con al asentimiento de 140 países. Si resulta necesaria una meta mayor, se pueden intensificar las medidas descritas.
Si no se luchara contra el cambio climático, éste transformaría tanto el planeta, que al final de este siglo centenares de millones de personas tendrían que abandonar los lugares en los que viven, lo que probablemente propiciaría conflictos muy graves y durante mucho tiempo. Los países y las comunidades pobres son los más vulnerables y han sido los menos responsables del problema. Los países ricos tienen la clara obligación de facilitar recursos suplementarios.
Todos los miembros del Grupo asesor, del que formaron parte jefes de gobierno, ministros de Hacienda, figuras destacadas del sector privado y expertos en materia de políticas, la mayoría de ellos con experiencia directa y profunda en materia de hacienda y políticas públicas, reconocieron la magnitud y la urgencia de esa cuestión para los países en desarrollo.
Según las conclusiones del informe del Grupo, conocido esta semana, recaudar 100.000 millones de dólares al año para los países en desarrollo es un objetivo viable, si existe voluntad política al respecto. Además, el Grupo determinó un conjunto de políticas racionales y que se refuerzan mutuamente.
Un elemento fundamental es el de fijar un precio para las emisiones de carbono, que serviría para abordar el enorme fracaso del mercado resultante de que los productos y servicios que entrañan emisiones de gases causantes del efecto de invernadero no reflejen el costo del daño que causan mediante el cambio climático.
El informe del Grupo mostró que un precio modesto de las emisiones, de entre 20 y 25 dólares por tonelada de dióxido de carbono, orientaría los incentivos en la dirección idónea, recaudaría importantes ingresos públicos y fomentaría inversiones privadas decisivas para la nueva revolución industrial necesaria con vistas a hacer realidad la economía con menores emisiones de carbono.
Si los países ricos introducen gravámenes para el carbono interno o subastan permisos de emisiones basados en ese nivel de precio, podrían facilitar 30.000 millones de dólares al año para los países en desarrollo utilizando tan sólo el 10 por ciento de sus ingresos. Un gravamen sobre el carbono sobre el transporte naval y aéreo internacional fijado en el mismo nivel (o ingresos resultantes de subastar los límites de emisiones, si se sigue esa vía de los precios) podría producir 10.000 millones de dólares anuales para las medidas internacionales de lucha contra el cambio climático a partir de entre el 25 y el 50 por ciento de los ingresos, aun después de conseguir que se sufragaran los costos correspondientes a los países en desarrollo.
Otras políticas, como, por ejemplo, la de reorientar las subvenciones pagadas por los países ricos a la industria de combustibles fósiles o la de aplicar un gravamen a las transacciones financieras, podrían aportar otros 10.000 millones todos los años. Todas esas medidas juntas podrían recaudar 50.000 millones anuales en financiación pública neta para ayudar a los países en desarrollo a adaptarse al cambio climático.
Además, los bancos multilaterales de desarrollo, incluidos los bancos de desarrollo regional y el Banco Mundial, podrían recaudar entre 20.000 y 30.000 millones de dólares más en financiación pública bruta mediante contribuciones de los países ricos.
Las corrientes del sector privado serán decisivas para la capacidad empresarial y las innovaciones que habrán de constituir el núcleo de la nueva revolución industrial. Unas políticas racionales en los países en desarrollo, un precio del carbono y el reparto de los riesgos y la cofinanciación con los bancos multilaterales de desarrollo y otras instituciones nacionales e internacionales pueden rendir corrientes privadas mucho mayores que los recursos públicos dedicados a fomentarlas.
El Grupo indicó que sus propuestas de políticas podrían producir corrientes privadas anuales de entre 100.000 y 200.000 millones de dólares. Con un precio de unos 25 dólares por tonelada de dióxido de carbono y la aportación de incentivos para las corrientes del sector privado, el aumento de las corrientes procedentes de los mercados de carbono podría ascender a entre 30.000 y 50.000 millones de dólares.
Es más probable que se creen recursos en los países ricos y sean aceptables en los países en desarrollo, si se facilitan de formas que fomenten el gasto eficaz. El Fondo Mundial de Lucha contra el SIDA, la Tuberculosis y la Malaria ha mostrado lo mucho que se puede lograr adoptando un planteamiento del apoyo financiero orientado a los resultados.
Los bancos multilaterales de desarrollo han aprendido por experiencia a utilizar los recursos bien. La productividad de la ayuda ha mejorado también gracias a los avances logrados en materia de política medioambiental y al clima inversor en los países en desarrollo. Un Fondo Verde Africano para la adaptación y la mitigación podría aprovechar muy bien los recursos y la experiencia en una de las partes del mundo más vulnerables y que está llena de oportunidades en la nueva era de menores emisiones de carbono.
Si bien los recursos para la adaptación al cambio climático y su mitigación pueden tener diferentes orígenes fiscales de recursos para el desarrollo más tradicionales, sería perjudicial mantenerlos separados en su utilización: de la agricultura, la construcción y la energía eléctrica a la tecnología y la desforestación, con frecuencia el desarrollo, la adaptación y la mitigación están sencilla e inextricablemente entrelazados.
Los siguientes pasos en la aplicación deben ser el examen de las propuestas sobre el transporte internacional de la organización de Aviación Civil Internacional, la Asociación de Transporte Aéreo Internacional y la Organización Marítima Internacional, junto con los bancos multilaterales de desarrollo que apliquen propuestas relativas a nuevos fondos verdes y una mayor colaboración con el sector privado.
Una nueva financiación podría desbloquear la inercia normativa actual sobre el cambio climático. La demora es tan peligrosa como la acumulación de concentraciones de gases que producen el efecto de invernadero. Ha llegado el momento de plasmar las buenas ideas en medidas concretas.
Trevor Manuel es ministro de Planificación de Sudáfrica y fue ministro de Hacienda; Nicholas Stern es profesor de Economía y Políticas Públicas y presidente del Instituto Grantham de Investigaciones sobre el Cambio Climático y el Medio Ambiente de la London School of Economics. Los dos autores fueron miembros del Grupo asesor de alto nivel sobre la financiación para hacer frente al cambio climático a titulo personal.
Copyright: Project Syndicate, 2010.
www.project-syndicate.org
Traducido del inglés por Carlos Manzano.
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