Debatirán en Chiapas propuestas políticas ambientales oficialistas y alternativas

En oposición al mecanismo oficial que “pretende poner precio a selvas y bosques”, las organizaciones discutirán “soluciones al cambio climático y sus implicaciones sobre la biodiversidad

La Jornada / Hermann Bellinghausen
Publicado: 23/09/2012 14:33

 México DF. Los próximos días, San Cristóbal de las Casas, Chiapas, será escenario de un excepcional debate sobre las políticas ambientales oficialistas y las propuestas alternativas de organizaciones independientes, especialistas y representaciones comunitarias de todo el continente.

Servirá de catalizador para la reunión de gobiernos subnacionales de seis países, encabezada por el mandatario chiapaneco Juan Sabines Guerrero los próximos días 25, 26 y 27, para negociar la implementación del programa Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación Forestal (REDD plus).

La promoción de compensaciones subnacionales de REDD por parte de la Fuerza de Tarea de gobernadores para el clima y los bosques (GCF por sus siglas en inglés) “puede agudizar la crisis climática al permitir que las industrias sigan contaminando sin reducciones reales de emisiones de carbono por deforestación”, explicó Paloma Neuman, de Greenpeace, al presentar el documento Espejitos por aire, que plantea una crítica revisionista del proyecto gubernamental.

Se efectuarán dos encuentros independientes que plantean un rechazo más frontal al mecanismo trasnacional iniciado por el ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger. Uno lo convoca la Vía Campesina. El otro, un abanico de decenas de organizaciones de todo el continente, que incluye a comunidades de la región Amador Hernández en la selva Lacandona, a organizaciones afectadas por la “economía verde”, así como Otros Mundos, Amigos de la Tierra Internacional, Nat Brasil, Indigenous Enviromental Network, Red de Mujeres Indígenas sobre Biodiversidad de América Latina y el Caribe.

En oposición al mecanismo oficial que “pretende poner precio a selvas y bosques”, las organizaciones discutirán “soluciones al cambio climático y sus implicaciones sobre la biodiversidad y los pueblos originarios” durante la Semana Popular contra REDD y sus gobiernos. Los convocantes sostienen que el mecanismo “no respeta los derechos de pueblos indígenas”. Las comunidades de Chiapas “no han sido suficientemente informadas ni consultadas, ni el programa prevé la pertinencia cultural de sus objetivos y medios”.

REDD “incentiva la destrucción de la biodiversidad”, añaden. “Los estados subnacionales, las empresas y los organismos multilaterales conceptualizan el término de bosque al incluir plantaciones cuya sobrevivencia demanda grandes volúmenes de agrotóxicos y agua”. El mecanismo “no soluciona el cambio climático ni se enfoca en la urgente disminución de gases en los países industrializados, y permite que sigan contaminando mediante la ‘compensación’”.

La falta de permanencia del carbono forestal capturado hace de REDD “un engaño”, que sin embargo “responsabiliza a las comunidades indígenas y campesinas del sur intertropical” como “sumideros del dióxido de carbono que los países del norte industrial emiten”, obligándolas a constituir reservas boscosas, o las criminaliza si se oponen. Bajo el esquema de REDD se materializa el desalojo de los pueblos “para arrasar las selvas y dar lugar a plantaciones”. Los se quedaron en sus territorios, “al disminuir sensiblemente el precio mundial de los biocombustibles han sido encarcelados por tumbar las palmas aceiteras”.

Según los convocantes de la Semana Popular, el mecanismo REDD “divide y enfrenta a las comunidades” y es “contrainsurgente”. La aceptación del proyecto en Chiapas por la Comunidad Lacandona, “un pueblo indígena inventado por el gobierno hace 40 años para llevar adelante su negocio de la extracción de maderas finas”, confronta a las comunidades vecinas de

Montes Azules. En abril de 2011, recuerdan, “en ceremonia oficial, el gobernador les entregó armas y uniformes para hacer rondas en el perímetro colindante con las comunidades tzeltales en resistencia que se oponen al paso de la llamada brecha Lacandona, que consolidaría los contratos de despojo”.

El mecanismo “promueve la descampesinización”, es “antidemocrático” y “un robo a la Nación” porque su “impostura climática pretende trasnacionalizar la biodiversidad del trópico húmedo mexicano”. Crea bases para la especulación de bonos de carbono forestal, un “comercio del aire” que impacta “la propiedad y control de la tierra al crear nuevos regímenes de privatización”.

La posición de Greenpeace Internacional es menos extrema: “Un GCF redirigido evitaría ser un obstáculo para convertirse en un aliado en la batalla contra el cambio climático y proteger los bosques y los derechos de los pueblos”, explicó Sebastian Bock, vocero del organismo.