Estimados todos:
Considero que, a pesar de sus muy buenas intenciones, la propuesta de la maestra Carabias no va más allá de lo ya conocido. Simplemente se trata de volver a armar la SEMARNAP (esta vez con P) para retornar a las formas de operación de la última década del siglo pasado.
Creo que el problema se ha puesto de cabeza. Por un lado, la pertenencia a la dependencia ambiental de los sectores de manejo de recursos naturales renovables (llámense pesca o forestal, que sí quedó en la actual SEMARNAT) simplemente frenó en seco el desarrollo de estos sectores en sus aspectos productivos. La frondosa normatividad seudo ambientalista surgida en los últimos veinte años (y digo seudo ambientalista porque a pesar de la misma los problemas ambientales se siguen acumulando) simplemente hace prácticamente inviable el desarrollo de estos sectores. La producción es la producción y debe verse como tal. No es realista que si uno quiera hacer un manejo forestal maderable se le exija la presentación de un inventario de fauna. Zapatero a tus zapatos.
Pero la carencia principal es que en la propuesta que tuvo a bien enviarnos Luis Aznar no se toca el problema central: la falta de criterios ambientales en la actividad agropecuaria. Allí está el meollo de la cuestión. Uno de los principales impulsores de cambio de uso del suelo en el Sureste es el paquete de apoyos para la ganadería, basados en el crecimiento espacial de explotaciones extensivas de muy bajo rendimiento y altamente demandantes de espacio. Al mismo tiempo hay conceptos que deberían ser incorporados al manejo ambiental, o impregnados de una visión ambiental, como el sistema-producto.
El concepto que debería ser central -al menos es mi opinión- es que la visión ambiental debe adquirir transversalidad. Todas las actividades referentes al uso de la tierra (rural y urbana) deben integrarse en dicha visión, y por supuesto con énfasis principal en las actividades agropecuarias. Se debe superar la visión actual en la cual a lo que depende del sector ambiental no se lo trata como un sector productivo y en lo que depende del sector productivo no se consideran los aspectos ambientales. Se debe actuar por un lado a partir de una concepción práctica de los aspectos ambientales y por la otra con una clara visión de desarrollo de los aspectos productivos. Al mismo tiempo deberá simplificarse drásticamente la sobrerregulación existente en los sectores que sí quedaron en la SEMARNAT, y de manera especial el forestal. Una cosa es que se dé una importancia cada vez mayor y progresiva a los aspectos ambientales, y otra muy diferente que se arme una parafernalia de NOMs y Reglamentos que simplemente castran el desarrollo de los sectores (por cierto, el hecho de que los reglamentos y NOMs no tengan ningún control legislativo es parte del problema, ya que los mismos por lo general son formulados con una visión más tecnocrática que de política pública, pero esto va más allá de lo que quiero discutir). El aspecto ambiental debe ser materia de la economía ambiental, no un juguete de biólogos (y conste que yo soy biólogo). AMBOS LADOS del problema deben ser considerados al mismo tiempo e integrados en la acción para el desarrollo sustentable.
Otro aspecto que ha sido dejado de lado es el problema ambiental urbano. En este aspecto, salvo algunas muy honrosas excepciones. somos una vergüenza internacional. La ciudad en que vivo, Chetumal, con menos de 200,000 habitantes, tiene una disponbilidad de 2m2 de área verdes por habitante, cuando la OMS establece un mínimo de 8m2. Y hay casos peores. En Guadalajara hace más de 20 años que no se construye un solo parque. Los aspectos ambientales urbanos son sistemáticamente ignorados tanto en la práctica como en la normatividad. La Ley de Asentamientos Humanos no tiene un solo capítulo dedicado a ello, y la LGEEPA establece criterios nobles pero totalmente abstractos. En Quintana Roo simplemente se ha separado la secretaría ambiental de la dedicada al desarrollo urbano. La mancha urbana es el principal foco de calentamiento global del planeta, pero de esto no se habla. El problema urbano es la rémora principal; si no se actúa a este nivel todo lo que se haga por el equilibrio ambiental va a ser superado por el cáncer del mal urbanismo. El tabú constitucional de que el uso del suelo urbano debe ser facultad exclusiva de los municipios en realidad ha empantanado a México en un urbanismo de cuarta. Es obvio que al nivel municipal pasa lo mismo que con la policía: las iniciativas quedan sujetas a los poderes fácticos locales, en este caso los "desarrolladores" urbanos que hacen su agosto con la cercanía a los factores de decisión. De la internalización de las externalidades ambientales ni hablar.
Una última observación: si queremos realmente impulsar el desarrollo sustentable, al menos al nivel rural, se deberán tomar en cuenta cuatro aspectos intrínsecamente ligados con el mismo:
1. Por un lado la relación existente entre la tenencia de la tierra y las posibilidades de incidencia de las políticas públicas. Si seguimos con conceptos abstractos como p. ej. que la legislación forestal se aplicará en forma indistinta sin tomar en cuenta las características de la tenencia de la tierra nos seguiremos perdiendo en el marasmo. Las políticas agropecuarias se basan en el principio básico de la unidad de producción. Las forestales en una cosa difusa que puede cambiar con la presentación de cada programa de manejo forestal.
2. Por otro lado, la relación existente entre el manejo de recursos de uso común y el desarrollo de las capacidades de gestión. No podemos seguir llenándonos la boca acerca de las bondades prístinas del manejo comunitario cuando -al menos en Quintana Roo, Campeche y gran parte de Chiapas- la comunidad está en un proceso agudo de descomposición social, con grupos internos que se transforman en coyotes ejidales, y prisionera de formas de gestión arcaicas. Los ejemplos de éxito en el país están ligados al surgimiento de formas de gestión más modernas, con consejos de administración, gerentes, etc. Ello no implica perder la visión comunitaria, sino llevar a la misma a los requerimientos de la economía moderna. Pero la ley forestal sólo hace una mención voluntarista acerca de comités forestales y empresas sociales, sin establecer obligaciones claras de superación administrativa. Y la Ley Agraria ni siquiera toca estos temas. Se trata del principal reto a que nos enfrentamos los que creemos en que el desarrollo económico -al menos en el sector rural- debe ir acompañado de la justicia social. Pero debemos superar la visión romántica del ejido y reemplazarla por formas de gestión comunitaria eficientes. Existe la obligación legal de contratar a un prestador profesional de servicios técnicos forestales, pero no se dice nada acerca del apoyo que debe existir para el desarrollo de los aspectos administrativos y contables. La SHCP es muy dura para cobrar multas, pero permite a los ejidos llevar unas cuentas sin rigor contable que los empantanan en el atraso, y por supuesto no cuenta con ningún sector dedicado a la capacitación contable. CONAFOR apoya con generosos subsidios la compra de maquinaria e infraestructura, pero los apoyos para el desarrollo de la capacidad administrativa y contable son raquíticos. Guatemala, que inició su experiencia de forestería comunitaria copiando a México, en este aspecto nos lleva una amplia delantera.
3. En tercer lugar, la relación que debe existir entre el mejoramiento del manejo de recursos y el desarrollo de las capacidades comerciales. Ello está muy ligado al punto anterior, pero para ello se requiere impulsar como parte integrada de la política pública el desarrollo de las capacidades comerciales. El sector primario (e incluyo gran parte del sector agropecuario) no ha avanzado de forma clara en este aspecto. En el sector forestal los avances que se habían registrado en generación local de valor agregado en muchos casos se han estancado o incluso revertido. Para ello se requiere impulsar la consolidación y desarrollo de las organizaciones regionales como empresas de servicios. Ello es todo un paquete organizativo.
4. Por último, impulsar el papel promocional y extensionista del estado. Tuvimos un INCA Rural y no lo dejamos crecer. En otros países (y no sólo de Europa o EEUU, sino en la propia América Latina) no se concibe un instituto de investigación sin un sector de extensión ligado al mismo. En nuestro "estado adelgazado" hemos delegado dicha función en una miríada de bufetes, lo que ha creado la competencia en el mercado... por la oferta de subsidios públicos. Resultado: la bufetitis generalizada, una verdadera inversión del problema. Se trata de racionalizar la acción pública y hacerla más eficiente, no de generar una casta de asesores técnicos que hacen de la gestión de proyectos a corto plazo su modus vivendi. Esta práctica simplemente no genera organización al nivel de la base productiva, sino la organización al nivel de los propios bufetes. Es un verdadero freno al desarrollo en un mundo cada vez más competitivo. Un equipo promocional público con una clara misión de detonar el desarrollo en sus aspectos técnicos, ambientales y organizativos resulta un desafío que hasta la fecha México no tomó.
No sé si estas observaciones resultan provocativas, pero si no planteamos el problema en su totalidad no lograremos superar la crisis que afecta al desarrollo rural: la dicotomía estructural. Una dicotomía entre empresas exitosas frente a una masa empobrecida y dependiente del subsidio público, unos ejemplos de manejo ambiental localizados frente al mal manejo generalizado.
El reto es desarrollar la capacidad de cabildeo suficiente como para que estos problemas se integren en la agenda de política pública del nuevo gobierno. Para ello debemos buscar aliados que vayan más allá del sector forestal. Se trata de una visión ambiental del desarrollo que debe ser compartida por actores de diversos sectores, hasta generar una fuerza de opinión que impulse los cambios necesarios, no sólo en la adscripción institucional de diversos sectores sino también -y de manera principal- en la forma de conceptualizar y operativizar la política pública.
Esperando haber contribuido al análisis de nuestra problemática les envío un cordial saludo.
Hugo Alfredo Galletti
Considero que, a pesar de sus muy buenas intenciones, la propuesta de la maestra Carabias no va más allá de lo ya conocido. Simplemente se trata de volver a armar la SEMARNAP (esta vez con P) para retornar a las formas de operación de la última década del siglo pasado.
Creo que el problema se ha puesto de cabeza. Por un lado, la pertenencia a la dependencia ambiental de los sectores de manejo de recursos naturales renovables (llámense pesca o forestal, que sí quedó en la actual SEMARNAT) simplemente frenó en seco el desarrollo de estos sectores en sus aspectos productivos. La frondosa normatividad seudo ambientalista surgida en los últimos veinte años (y digo seudo ambientalista porque a pesar de la misma los problemas ambientales se siguen acumulando) simplemente hace prácticamente inviable el desarrollo de estos sectores. La producción es la producción y debe verse como tal. No es realista que si uno quiera hacer un manejo forestal maderable se le exija la presentación de un inventario de fauna. Zapatero a tus zapatos.
Pero la carencia principal es que en la propuesta que tuvo a bien enviarnos Luis Aznar no se toca el problema central: la falta de criterios ambientales en la actividad agropecuaria. Allí está el meollo de la cuestión. Uno de los principales impulsores de cambio de uso del suelo en el Sureste es el paquete de apoyos para la ganadería, basados en el crecimiento espacial de explotaciones extensivas de muy bajo rendimiento y altamente demandantes de espacio. Al mismo tiempo hay conceptos que deberían ser incorporados al manejo ambiental, o impregnados de una visión ambiental, como el sistema-producto.
El concepto que debería ser central -al menos es mi opinión- es que la visión ambiental debe adquirir transversalidad. Todas las actividades referentes al uso de la tierra (rural y urbana) deben integrarse en dicha visión, y por supuesto con énfasis principal en las actividades agropecuarias. Se debe superar la visión actual en la cual a lo que depende del sector ambiental no se lo trata como un sector productivo y en lo que depende del sector productivo no se consideran los aspectos ambientales. Se debe actuar por un lado a partir de una concepción práctica de los aspectos ambientales y por la otra con una clara visión de desarrollo de los aspectos productivos. Al mismo tiempo deberá simplificarse drásticamente la sobrerregulación existente en los sectores que sí quedaron en la SEMARNAT, y de manera especial el forestal. Una cosa es que se dé una importancia cada vez mayor y progresiva a los aspectos ambientales, y otra muy diferente que se arme una parafernalia de NOMs y Reglamentos que simplemente castran el desarrollo de los sectores (por cierto, el hecho de que los reglamentos y NOMs no tengan ningún control legislativo es parte del problema, ya que los mismos por lo general son formulados con una visión más tecnocrática que de política pública, pero esto va más allá de lo que quiero discutir). El aspecto ambiental debe ser materia de la economía ambiental, no un juguete de biólogos (y conste que yo soy biólogo). AMBOS LADOS del problema deben ser considerados al mismo tiempo e integrados en la acción para el desarrollo sustentable.
Otro aspecto que ha sido dejado de lado es el problema ambiental urbano. En este aspecto, salvo algunas muy honrosas excepciones. somos una vergüenza internacional. La ciudad en que vivo, Chetumal, con menos de 200,000 habitantes, tiene una disponbilidad de 2m2 de área verdes por habitante, cuando la OMS establece un mínimo de 8m2. Y hay casos peores. En Guadalajara hace más de 20 años que no se construye un solo parque. Los aspectos ambientales urbanos son sistemáticamente ignorados tanto en la práctica como en la normatividad. La Ley de Asentamientos Humanos no tiene un solo capítulo dedicado a ello, y la LGEEPA establece criterios nobles pero totalmente abstractos. En Quintana Roo simplemente se ha separado la secretaría ambiental de la dedicada al desarrollo urbano. La mancha urbana es el principal foco de calentamiento global del planeta, pero de esto no se habla. El problema urbano es la rémora principal; si no se actúa a este nivel todo lo que se haga por el equilibrio ambiental va a ser superado por el cáncer del mal urbanismo. El tabú constitucional de que el uso del suelo urbano debe ser facultad exclusiva de los municipios en realidad ha empantanado a México en un urbanismo de cuarta. Es obvio que al nivel municipal pasa lo mismo que con la policía: las iniciativas quedan sujetas a los poderes fácticos locales, en este caso los "desarrolladores" urbanos que hacen su agosto con la cercanía a los factores de decisión. De la internalización de las externalidades ambientales ni hablar.
Una última observación: si queremos realmente impulsar el desarrollo sustentable, al menos al nivel rural, se deberán tomar en cuenta cuatro aspectos intrínsecamente ligados con el mismo:
1. Por un lado la relación existente entre la tenencia de la tierra y las posibilidades de incidencia de las políticas públicas. Si seguimos con conceptos abstractos como p. ej. que la legislación forestal se aplicará en forma indistinta sin tomar en cuenta las características de la tenencia de la tierra nos seguiremos perdiendo en el marasmo. Las políticas agropecuarias se basan en el principio básico de la unidad de producción. Las forestales en una cosa difusa que puede cambiar con la presentación de cada programa de manejo forestal.
2. Por otro lado, la relación existente entre el manejo de recursos de uso común y el desarrollo de las capacidades de gestión. No podemos seguir llenándonos la boca acerca de las bondades prístinas del manejo comunitario cuando -al menos en Quintana Roo, Campeche y gran parte de Chiapas- la comunidad está en un proceso agudo de descomposición social, con grupos internos que se transforman en coyotes ejidales, y prisionera de formas de gestión arcaicas. Los ejemplos de éxito en el país están ligados al surgimiento de formas de gestión más modernas, con consejos de administración, gerentes, etc. Ello no implica perder la visión comunitaria, sino llevar a la misma a los requerimientos de la economía moderna. Pero la ley forestal sólo hace una mención voluntarista acerca de comités forestales y empresas sociales, sin establecer obligaciones claras de superación administrativa. Y la Ley Agraria ni siquiera toca estos temas. Se trata del principal reto a que nos enfrentamos los que creemos en que el desarrollo económico -al menos en el sector rural- debe ir acompañado de la justicia social. Pero debemos superar la visión romántica del ejido y reemplazarla por formas de gestión comunitaria eficientes. Existe la obligación legal de contratar a un prestador profesional de servicios técnicos forestales, pero no se dice nada acerca del apoyo que debe existir para el desarrollo de los aspectos administrativos y contables. La SHCP es muy dura para cobrar multas, pero permite a los ejidos llevar unas cuentas sin rigor contable que los empantanan en el atraso, y por supuesto no cuenta con ningún sector dedicado a la capacitación contable. CONAFOR apoya con generosos subsidios la compra de maquinaria e infraestructura, pero los apoyos para el desarrollo de la capacidad administrativa y contable son raquíticos. Guatemala, que inició su experiencia de forestería comunitaria copiando a México, en este aspecto nos lleva una amplia delantera.
3. En tercer lugar, la relación que debe existir entre el mejoramiento del manejo de recursos y el desarrollo de las capacidades comerciales. Ello está muy ligado al punto anterior, pero para ello se requiere impulsar como parte integrada de la política pública el desarrollo de las capacidades comerciales. El sector primario (e incluyo gran parte del sector agropecuario) no ha avanzado de forma clara en este aspecto. En el sector forestal los avances que se habían registrado en generación local de valor agregado en muchos casos se han estancado o incluso revertido. Para ello se requiere impulsar la consolidación y desarrollo de las organizaciones regionales como empresas de servicios. Ello es todo un paquete organizativo.
4. Por último, impulsar el papel promocional y extensionista del estado. Tuvimos un INCA Rural y no lo dejamos crecer. En otros países (y no sólo de Europa o EEUU, sino en la propia América Latina) no se concibe un instituto de investigación sin un sector de extensión ligado al mismo. En nuestro "estado adelgazado" hemos delegado dicha función en una miríada de bufetes, lo que ha creado la competencia en el mercado... por la oferta de subsidios públicos. Resultado: la bufetitis generalizada, una verdadera inversión del problema. Se trata de racionalizar la acción pública y hacerla más eficiente, no de generar una casta de asesores técnicos que hacen de la gestión de proyectos a corto plazo su modus vivendi. Esta práctica simplemente no genera organización al nivel de la base productiva, sino la organización al nivel de los propios bufetes. Es un verdadero freno al desarrollo en un mundo cada vez más competitivo. Un equipo promocional público con una clara misión de detonar el desarrollo en sus aspectos técnicos, ambientales y organizativos resulta un desafío que hasta la fecha México no tomó.
No sé si estas observaciones resultan provocativas, pero si no planteamos el problema en su totalidad no lograremos superar la crisis que afecta al desarrollo rural: la dicotomía estructural. Una dicotomía entre empresas exitosas frente a una masa empobrecida y dependiente del subsidio público, unos ejemplos de manejo ambiental localizados frente al mal manejo generalizado.
El reto es desarrollar la capacidad de cabildeo suficiente como para que estos problemas se integren en la agenda de política pública del nuevo gobierno. Para ello debemos buscar aliados que vayan más allá del sector forestal. Se trata de una visión ambiental del desarrollo que debe ser compartida por actores de diversos sectores, hasta generar una fuerza de opinión que impulse los cambios necesarios, no sólo en la adscripción institucional de diversos sectores sino también -y de manera principal- en la forma de conceptualizar y operativizar la política pública.
Esperando haber contribuido al análisis de nuestra problemática les envío un cordial saludo.
Hugo Alfredo Galletti
1 comentario:
Coincido en la necesidad de desarrollar capacidades de incidencia en políticas públicas en cada uno de los temas identificados en tu artículo.
Publicar un comentario