Cambios institucionales

Julia Carabias
Reforma, 29 Sep. 12

Políticas públicas reforzadas o innovadoras que incluyan criterios de sustentabilidad ambiental, ajustes al marco legal, instrumentos de planeación y económicos, inversiones en proyectos sustentables, organización de la sociedad, fortalecimiento de capacidades, conciencia social, información, entre muchos otros componentes, constituyen la base para lograr un verdadero cambio de rumbo hacia el desarrollo sustentable. Y, sin duda, todo ello requiere un proceso de institucionalización.

Las instituciones ambientales en México tienen una historia relativamente corta. La primera institución encargada de la gestión ambiental fue la Subsecretaría de Mejoramiento del Ambiente, creada en 1972 dentro de la Secretaría de Salubridad y Asistencia, la cual tuvo un sesgo hacia los problemas de contaminación del aire con un enfoque de sanidad.

En 1982, la visión de los temas ambientales se amplió y evolucionó hacia la gestión de los problemas urbanos y los relacionados con la protección de los ecosistemas naturales. Se creó así la Subsecretaría de Ecología dentro de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología.

Diez años después, esta última institución se transformó en la Secretaría de Desarrollo Social y la Subsecretaria de Ecología se convirtió en dos órganos desconcentrados: el Instituto Nacional de Ecología (responsable de la normatividad y administración ambiental) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (especializada en las funciones de inspección y vigilancia).

Ninguna de estas instituciones podía incidir en el manejo de los recursos naturales: forestales, pesqueros e hídricos, que se administraban desde las instituciones productivas, particularmente las agropecuarias.

Las evidencias de deterioro y agotamiento de los recursos naturales en el País debido a la falta de criterios ambientales en las políticas de manejo de estos recursos seguían acumulándose. Para subsanar esta deficiencia, en diciembre de 1994, se creó la Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (Semarnap) con la finalidad de integrar, en una sola institución, las políticas antes dispersas y generalmente contradictorias.

La Semarnap conjuntó en una sola institución federal la regulación, administración y vigilancia de los asuntos ambientales con la de los recursos forestales, pesqueros e hidráulicos, y con ello, se facilitó una visión de sustentabilidad en los programas de cada sector.

Sin embargo, el proceso de integración quedó interrumpido cuando el sector empresarial pesquero persuadió al entonces candidato Fox durante su campaña para que sacara a este sector de la Semarnap, bajo el argumento de que se había frenado el crecimiento de las pesquerías. Lo que no reconocieron fue que la política de la Semarnap era detener el incremento del deterioro e incluso revertirlo.

Fox les concedió su demanda y en diciembre de 2000 constituyó la Comisión Nacional de Pesca, ubicándola en el sector agropecuario. El resto de los sectores quedaron en la actual Semarnat (sin la p). Así, los criterios de sustentabilidad aplicados a las pesquerías se fueron relajando y se priorizó nuevamente la extracción de volúmenes de pesca sin considerar los daños ambientales; el resultado, después de 12 años, ha sido que los recursos pesqueros se deterioraron aún más.

Reconociendo este problema, la Alianza PRI-PVEM en su documento de Plataforma Electoral Federal y Programa de Gobierno 20012-2018, registrado ante el IFE, se comprometió a "Impulsar una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para incorporar el sector pesquero a la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales". Esta propuesta fue expresada también por diversos sectores de la sociedad durante las campañas políticas pasadas.

Avanzar en las políticas de sustentabilidad del desarrollo requerirá muchos ajustes institucionales, pero los dos más significativos, sin mencionar los correspondientes a los ajustes internos de la Semarnat, son:

Uno, reconstruir una institución sólida e integral, que incluya la administración de todos los recursos naturales renovables bajo criterios de sustentabilidad ambiental. Ello implica integrar la Conapesca a la Semarnat para redefinir la política pesquera con base en la información de la salud de las pesquerías y, sin frenar el aprovechamiento, garantizar que éste sea sustentable, además de, evidentemente, no desintegrar al sector forestal (Conafor) ni al hídrico (Conagua), como algunos pretenden.

Dos, establecer un Gabinete de Desarrollo Sustentable en el que, bajo la conducción del Presidente de la República, interactúen las instituciones responsables de los temas ambientales, económicos y sociales, para planear, de manera integral, las políticas públicas responsables de la superación de la pobreza, la disminución de las desigualdades y la conservación y recuperación del capital natural.

Estas dos modificaciones significarían un impulso sustantivo en la construcción del desarrollo sustentable del País.