Chignahuapan, Puebla © 2011 Eugenio Fernández Vázquez bajo licencia CC
“Los logros de México en materia forestal no son nada despreciables”, según León Jorge Castaños, subsecretario forestal en el sexenio de Miguel de la Madrid y uno de los productores silvícolas más innovadores del país. Sin embargo, el panorama parece menos alentador cuando se le examina más de cerca. “Si ponemos la lupa sobre el manejo y producción de madera en México, lo que se ve es un retroceso en los últimos años”, matiza en entrevista conMexicohazalgo.org .
Pocos en México conocen tan bien como el ingeniero Castaños los dos lados de la moneda del sector forestal. Propietario de un predio en el norte de Puebla que se ha convertido en un modelo a seguir por su manejo innovador, su programa de mejora genética y su alta productividad, fue director general de Desarrollo Forestal de 1973 a 1980, y, como subsecretario Forestal de la extinta Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos de 1983 a 1985, fue uno de los responsables de la devolución del manejo de los bosques a los ejidos y comunidades del país. Al repasar el cuarto de siglo que ha pasado desde esa aventura, encuentra algunos avances, pero ve al sector forestal estancado.
Según él, una de las razones de esa parálisis hay que buscarla en el papel que han jugado las distintas instancias gubernamentales que inciden en las áreas arboladas del país. Por un lado, los productores e inversionistas que quieran producir madera u otros productos forestales se enfrentan a una enorme burocracia. “Como es muy complicado entrar al esquema oficial de normas, autorizaciones, permisos, etc., los bosques y sus propietarios caen en manos de los taladores”, explica el ingeniero. Por el otro, las instituciones gubernamentales son poco efectivas y están dispersas.
“Somos muy buenos conceptualizando normas, pero a la hora de operar fallamos”, sentencia Castaños. “Por un lado tenemos la parte normativa, que corresponde a las delegaciones estatales de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), con presupuestos diminutos. Por otra parte, la evaluación de campo le corresponde a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, que siempre se queja de que tiene poquísimo personal. Al mismo tiempo, el fomento le corresponde a la Comisión Nacional Forestal. Y luego tienes a la Comisión Nacional de Áreas Naturales protegidas, que también actúa en las áreas forestales, y luego todavía a la Dirección General de Vida Silvestre, que se encarga de las unidades de manejo de vida silvestre y otros esquemas. Parece que todo está integrado en la misma institución, Semarnat, pero está integrado en forma fragmentada.”
Esto ha llevado a que mucho de lo ganado se pierda. “El manejo forestal comunitario, orgullo para muchos y sello del país, está deteriorándose”, afirma, y el entorno económico hará que, si no se actúa pronto para corregir la situación, las cosas empeoren. “Ya se logró incorporar a los propietarios de los bosques a la producción, pero eso no es suficiente. Entramos en un mundo globalizado, y competimos con productos importados muy baratos. Este reto demanda un nivel de desarrollo empresarial muy alto, pero muchos productores se quedan en el nivel inferior, como rentistas. No pasan a la siguiente etapa. Y las instituciones, pese a que tienen proyectos que afectan toda la cadena productiva, no están preparadas para ayudar a que el país sea más competitivo.”
El ingeniero Castaños encuentra una posible salida a esta situación en la certificación del buen manejo forestal por parte de entidades independientes . “Ése puede ser el gancho que va a jalar a los de abajo, pero hay que trabajar con ellos para mejorar su desempeño”. Advierte también de que hay que trabajar con orden, y evitar repetir la fragmentación que se tiene en las instituciones, “debe de haber una sola norma de certificación”.
En ese sentido, le parece que el Sistema Nacional de Certificación que hoy se impulsa puede generar confusión. Bajo ese esquema, se plantea que los propietarios primero se sometan a una Auditoría Técnica Preventiva, que verifica el cumplimiento de la ley; que después opten por certificarse bajo la Norma Mexicana 143, un esquema oficial y voluntario preparado por el gobierno mexicano, y que después lo hagan bajo el estándar del Forest Stewardship Council (Consejo de Manejo Forestal, FSC) u otros con reconocimiento internacional. En ese proceso, el ingeniero Castaños detecta algunos problemas. Las auditorías técnicas preventivas, por ejemplo, le parecen “un requisito artificial. El 90% de sus requisitos son sobre el cumplimiento de la ley, cuando eso debería ser la norma, no la excepción”. La Norma Mexicana 143, por su parte, “es como un FSC light, hecho para que todos puedan entrarle”.
A pesar de todo, parece que las cosas tienen remedio. “Veo muchas piezas que podrían llevar a una visión más optimista. El pago por servicios ambientales es un avance, lo que empieza a haber con la estrategia nacional REDD+ es otro. Hay gente en las instituciones que quiere y puede hacer que las cosas cambien. Pero todas esas son piezas que deben conjuntarse”.
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