¿Aprovechar bien o pagar para que no se aproveche?

La Jornada del Campo, 18 de diciembre de 2010

Francisco Chapela

En Montreal en 2005, en la Onceava Reunión de las Partes firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP 11, se dijo que para reducir el cambio climático podrían emprenderse acciones para detener la deforestación y la degradación forestal en los países tropicales. La idea fue bienvenida por muchos, pues representa la posibilidad de reducir entre 12 y 17 por ciento de las emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI) que provienen de la destrucción y descreme de los bosques y selvas tropicales.

El canalizar dinero para apoyar proyectos forestales permitiría mitigar los impactos del cambio climático de una manera barata y daría tiempo a otros sectores para transformar sus sistemas productivos.

El 30 de octubre del 2006 se dio a conocer el Informe Stern sobre la economía del cambio climático, hecho por encargo del gobierno del Reino Unido. Este documento estima que para detener el proceso de calentamiento global se necesita el equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. De no hacerse esa inversión, el riesgo es que los efectos del cambio climático sobre la agricultura –por huracanes y otros meteoros, las inundaciones y deslizamientos de tierra– provoquen una enorme recesión global, con pérdidas de hasta 20 por ciento del valor del PIB.

En 2007, durante la COP 13 en Bali, se adoptó el concepto de “reducción de las emisiones de GEI mediante Reducción de la Deforestación y la Degradación Forestal (REDD)”. No se tomó ningún acuerdo obligatorio en este tema, pero se invitó a los países a fortalecer sus acciones de REDD de manera voluntaria, y aprender cómo abordar este tema.

En esta tesitura, en el Día Forestal, en el marco de la COP 16 en Cancún, el presidente Felipe Calderón explicó su estrategia forestal: pagar a los campesinos de las zonas forestales el “costo de oportunidad” de las siembras de maíz; es decir, una cantidad por hectárea equiparable a la utilidad neta de sembrar este cultivo, que es el eje de identidad de las culturas mesoamericanas. ¿Es pertinente y viable esta propuesta?

Si consideramos los informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre los recursos forestales de México, se estima que en 1980 teníamos 51.5 millones de hectáreas de bosques y selvas. La superficie bajó a 37.5 millones en 1983 y a 34.5 millones en 2002. No obstante, los datos del INEGI indican que cada vez es menor la deforestación, pues hacia 1993 se estaban perdiendo casi un millón de hectáreas anuales y en 2002 unas 337 mil. El presidente Calderón mencionó en su discurso que en 2005 se perdían 155 mil hectáreas y que se estima que en 2010 se pierdan 128 mil. Es decir, estamos ante una reducción continua de la deforestación y podemos prever que en los años próximos se llegue, en efecto, a una tasa cero.

Debemos indagar qué cambió en México en los 20 años pasados que redujo la deforestación. En 1990-1994 se aplicó el “programa de ajuste estructural” a la economía mexicana, el cual enfatizó quitar subsidios a la producción agrícola. Eso significó eliminar los servicios de investigación agrícola, el extensionismo, los créditos blandos, el acopio de cosechas y el desarrollo de infraestructura. En 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se levantaron los zapatistas. Después de la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 1988, el subsector forestal se incorporó al sector ambiental de la gestión pública.

En este período florecieron los grupos ambientalistas y a favor de los derechos humanos. Se dio impulso a los mercados éticos, incluyendo los esquemas de comercio justo, agricultura orgánica y silvicultura sostenible certificados. En México se logró identificar y certificar 33 unidades de manejo forestal sostenible que cubren más de 800 mil hectáreas. Los proyectos de manejo sostenible en áreas forestales crecieron.

El conjunto de cambios ocurridos en 1990- 2010 dieron también como consecuencia que la población rural dejara de crecer y se estabilizara en poco más de 26 millones de habitantes.

Después del ajuste estructural y del abandono al campo, y considerando que la superficie de bosques y selvas tiende a estabilizarse en 33 millones de hectáreas y que los enfoques y las iniciativas de desarrollo sostenible de la sociedad civil se están multiplicando, estamos ante la posibilidad de hacer un manejo sostenible de nuestros recursos forestales, fortaleciendo la forma de vida de los 26 millones de mexicanos que viven en localidades rurales y haciéndola compatible con la persistencia de los paisajes silvestres y cultivados que alojan la diversidad biológica. Ello implica dar viabilidad económica y social a estas personas.

Para eso haría falta invertir en infraestructura productiva, investigación y formación de capital humano, organización y formación de capital social y en el desarrollo de mercados y sistemas de financiamiento para los productos provenientes de sistemas de manejo forestal sostenible. Pero hoy el presupuesto de cerca de cinco mil millones de pesos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), se destina principalmente a reforestaciones y plantaciones que tienen una sobrevivencia y viabilidad muy pobres.

Si se canalizaran los apoyos económicos, políticos y técnicos hacia lograr que la población rural haga un manejo forestal sostenible y tuviera sistemas agrícolas sostenibles, podríamos al mismo tiempo consolidar el patrimonio forestal del país y detener la depauperación de la población rural.

La propuesta del presidente Calderón de pagar los “costos de oportunidad” no abona a la consolidación de las formas de vida de las comunidades rurales ni a las tendencias de largo plazo de reducción de la deforestación y de estabilización demográfica en México. Podría en cambio terminar de desarticular las economías de las comunidades rurales de México, y nos hace prever que –en caso de que se intentara implementar en serio esa estrategia– una buena parte de los 26 millones de habitantes rurales pasaría a abultar las estadísticas de los desempleados urbanos o incluso algunos se incorporen en las nóminas del crimen organizado.

Programa de Capacitación, Asesoría y Mercados (TREES) de Rainforest Alliance fchapela@ra.org