Oaxaca de Juárez, 18 de agosto. Detrás de la noticia.
La asamblea general del pueblo ikoot de San Dionisio del Mar, Juchitán, rechaza rotundamente el proyecto eólico que la transnacional española Mareña Renovables pretende construir en la Barra de Santa Teresa, conflicto que puede detonar un nuevo Atenco.
Los indígenas huaves están sumamente preocupados porque la filial de la española Preneal destruiría su hábitat, los recursos naturales de los que se alimentan y sus sitios sagrados, en mil 643 hectáreas de tierras de uso común.
Lamentablemente, ni la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ni la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) han dado respuesta a sus peticiones de apoyo en su demanda de anulación del convenio .
Ello ocurre, a pesar de la obligación que ambos organismos tienen de defender los derechos de los pueblos indígenas y en mayor medida constitucionalmente la CNDH, sobre todo, a partir de la reforma en materia de derechos humanos.
En términos generales, el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la legislación nacional siguen siendo letra muerta al violarse los derechos colectivos de los pueblos indígenas, como ocurre en San Dionisio del Mar.
Hasta ahora los megaproyectos no cumplen con el requisito de realizar una consulta previa, libre e informada a los pueblos indígenas, como lo establecen los tratados internacionales y las leyes mexicanas en la materia.
Este es precisamente el problema de fondo en México, la creciente impunidad a resultas de las amplias redes de complicidad forjadas a través de la corrupción. El asunto no es de leyes, sino de la falta de aplicación de éstas.
Afortunadamente, saben que tienen a su favor la Claúsula Democrática del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación (Acuerdo Global) de la Unión Europea firmado con México, para evitar que empresas europeas violen derechos humanos, económicos, sociales y culturales del pueblo ikoot de San Dionisio del Mar.
Los ikoot exigen la destitución del alcalde, Miguel López Castellanos, a quien acusan de recibir 17 millones de pesos por el cambio de uso de suelo y no reportar el recurso al pueblo, de los cuales, 13 millones fueron en efectivo y cuatro millones para obras en infraestructura social.
Al llevar su denuncia a nivel nacional e internacional desde la Ciudad de México demandaron al gobierno federal que la transnacional española Mareña Renovables presente los estudios de impacto ambiental correspondientes.
Sabios como son los pueblos indígenas plantearon, al mismo tiempo, la solución real, eficaz y eficiente, que se les tome en cuenta como inversionistas comunitarios, para que sean los habitantes del lugar los directamente beneficiados.
Este nuevo conflicto generado por la imposición de megaproyectos viene a sumarse al rechazo provocado por las presas Paso de la Reina y Paso Ancho, así como de las hidroeléctricas en las presas Cerro de Oro y Jalapa del Marqués.
La insensibilidad y torpeza de los funcionarios federales y estatales y la ambición de las autoridades municipales cooptadas por los empresarios ha provocado baños de sangre, por ejemplo, en San José del Progreso con la Minera Cuzcatlán.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario