Aguacate: economía sin responsabilidad ambiental ni social

Cambio de Michoacán Jaime Navia Antezana Miércoles 11 de Agosto de 2010

Con el titular de “Hacen guacamole los bosques en Michoacán”, el pasado jueves 5 de agosto se llevó a cabo una conferencia de prensa convocada por la agrupación ambientalista denominada Greenpeace en la Ciudad de México. Según los datos presentados por Greenpeace, “en 38 años, las plantaciones de aguacate se incrementaron por lo menos 650 por ciento en la entidad, de forma totalmente ilegal”.

En el documento presentado y publicado en diversos medios del país se muestra la acelerada deforestación en la entidad, por ejemplo: en los once municipios donde se concentra 95 por ciento de la región productora de aguacate, se perdió, de 1990 a la fecha, casi 40 por ciento de los bosques de pino y encino a una tasa del tres por ciento anual, sólo en la franja de 1,200 y 2,500 metros sobre el nivel del mar; el incremento de la superficie plantada de aguacate, en 1968 el cultivo del aguacate en Michoacán comprendía trece mil 350 hectáreas (has), superficie que aumentó en más de 170 por ciento para 1975 (23 mil has); 250 por ciento más para 1980 (58 mil 800 has); 130 por ciento para el año 2000 (78 mil 500 has) y 110 por ciento en los seis años siguientes (86 mil 500 has hasta el 2006). A pesar que no todo el cultivo ha sido establecido en lo que fueron bosques la realidad es que el impacto ambiental del mismo sí se puede observar a simple vista en diferentes regiones del estado donde se ha vuelto común ver cómo los bosques templados van cediendo paso a las huertas ante los ojos de todos.

Este alto incremento, de casi 650 por ciento en 38 años, es el reflejo de una floreciente economía y de la alta rentabilidad de estos productos, pero también es producto de la contradicción entre las políticas públicas asociadas al sector forestal y al uso del suelo. Esto último ha generado a su vez, el debilitamiento de las instituciones locales de gobierno y ha permitido la fragmentación y privatización ilegal de terrenos forestales de propiedad común. Sin embargo, con base una de las fuentes que presentó Paloma Neumann, integrante de la campaña de bosques de Greenpeace México, las comunidades que mantienen la cohesión y la estructura comunal, y que se han organizado para mantener el control y orden en sus terrenos forestales, mediante planes de manejo u otras herramientas, han logrado frenar el cambio de uso suelo y generar esquemas de producción sustentables.

Otro tema abordado en la conferencia de prensa, del que ya hemos dado cuenta en este espacio, se refiere a la falta de coherencia y coordinación entre las dependencias involucradas en los sectores agropecuario y forestal, la Procuraduría Agraria, el Registro Agrario Nacional, la Comisión Nacional Forestal, la Secretaría de Medio Ambiente y

Recursos Naturales y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, lo que ha impulsado el cambio de uso del suelo y el mercado ilegal de tierras forestales.

Con base en un estudio realizado por investigadores de la UNAM, Greenpeace relacionó al problema de cambio de uso de suelo con cambio climático. El estudio citado muestra que “se ha detectado un aumento de la temperatura global de 2 °C en promedio y una disminución de 10 por ciento en la precipitación, lo que podría causar cambios en el 50 por ciento del territorio mexicano, a tal magnitud que la vegetación de zonas templadas, como los bosques de pinos y encinos, se verían seriamente afectados provocando una reducción en su distribución y podrían ser desplazados por otro tipos de vegetación que toleran condiciones ambientales más áridas”.

En una investigación que hicimos en el 2006 proponíamos con James Barsimantov (académico de la Universidad de California, Santa Cruz) que la deforestación se puede detener “si se establece una política pública coherente que coordine a los diferentes sectores involucrados en el uso del suelo, que provea opciones reales y efectivas para la conservación y manejo sustentable de los bosques, centrada en el fortalecimiento e impulso del buen manejo forestal comunitario; que ha demostrado ser una opción efectiva para manejar y conservar nuestros bosques, generando empleos, así como desarrollo local y regional, todo esto mediante el fortalecimiento de las estructuras de gobierno comunales y ejidales”.

La situación actual del estado en materia ambiental y en particular de cambio de uso de suelo ha puesto a todos los sectores (incluido al mismo aguacatero) en un gran dilema. Por un lado representan una importante fuente de ingresos y son factor de desarrollo local y regional y por otro esta agroindustria se ha convertido en un agente relevante de deforestación, des-integración comunitaria e incluso de inestabilidad social. No podemos quedarnos con uno solo de los beneficios porque la cuenta la van a pagar las futuras generaciones.