Las comunidades indígenas tienen los derechos sobre el carbono forestal y los van a defender: Red MOCAF

Red MOCAF-BOLETIN DE PRENSA, 28 sep 2012:  Las comunidades indígenas tienen los derechos sobre el carbono forestal y los van a defender: Red MOCAF
• En la reunión de Gobernadores sobre el Clima y Bosques (GCF) en Chiapas sostiene la organización que la Constitución y la legislación forestal en México protegen los derechos de campesinos e indígenas sobre los recursos forestales.
• Sostiene que CONAFOR debe ser clara en sus mensajes al respecto para no alentar políticas o pretensiones que vulneren los derechos de campesinos e indígenas.

San Cristóbal de las Casas, Chiapas, México, septiembre 2012. Al participar como ponente invitado en la reunión anual del  Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre Clima y Bosques (GCF) el Presidente de la Red Mexicana de Organizaciones Campesinas Forestales, Gustavo Sánchez Valle sostuvo que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley General de Desarrollo Forestal vigentes protegen los derechos de los ejidos, comunidades y pequeños propietarios sobre el llamado carbono forestal en sus diferentes modalidades y que por medio de sus organizaciones los van a defender ante posibles pretensiones o intentos de despojarlos del mismo.

Gustavo Sánchez señaló que las leyes mexicanas establecen claramente tres aspectos fundamentales sobre discusión de distribución de beneficios relacionados con la Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación (REDD+):  la primera es que los recursos forestales son de los propietarios de los terrenos donde éstos se encuentran; la segunda es que consideran a los servicios ambientales como parte de los recursos forestales y tercera mandatan que se debe retribuir a los dueños de los recursos forestales que realicen manejo forestal sustentable para conservar o mejorar los servicios ambientales.

Sánchez Valle recordó que en México los terrenos forestales son mayoritariamente de campesinos e indígenas ya sea en la modalidad de ejidos, comunidades indígenas o pequeñas propiedades y precisó que el manejo forestal sustentable al evitar que un bosque se degrade o se deforeste presta un servicio ambiental a la sociedad ya que se reducen emisiones de bióxido de carbono a la atmósfera con lo cual se contribuye de manera muy importante a la lucha contra el Cambio Climático y que por lo tanto no hay duda de quiénes son los dueños de los derechos de este servicio ambiental, a diferencia de otros países donde la legislación no es muy clara y sostuvo que la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR) no debe utilizar un lenguaje ambiguo al respecto ya que es peligroso alentar expectativas de actores gubernamentales y no gubernamentales sobre los derechos del “carbono forestal evitado”.

Sánchez Valle indicó que independientemente de que los incentivos, la retribución o compensación por este servicio ambiental vengan de programas de gobierno, de “alineación” de políticas públicas, de la cooperación internacional, de préstamos a los gobiernos federales o estatales, de aportaciones privadas nacionales o internacionales o de mecanismos de financiamiento acordados en convenciones internacionales sobre cambio climático debe ser claro que los dueños de los titulares de estos derechos y por lo tanto de los beneficios son los indígenas y campesinos que cuidan, conservan y usan sustentablemente los recursos forestales y que el gobierno a nivel federal y estatal debe percibir sólo la parte proporcional para operar los
mecanismos de administración, registro, verificación y reporte de las acciones de reducción de emisiones pero no aspirar a adueñarse de los beneficios lo que significaría un despojo o una expropiación injusta.

Sobre el tema de distribución de beneficios abundó que en los casos de campesinos e indígenas que no tengan regularizada su propiedad se debe aplicar el principio de que quienes cuidan y protegen los bosques son los que deben recibir estos beneficios ya que existen muchas regiones donde grupos campesinos e indígenas se encuentran en procesos de regularización de terrenos nacionales y propuso que los gobiernos que participan en el GCF adopten este principio ya que indicó que en la mayor parte de los países los
indígenas y campesinos no tiene reconocida la propiedad de la tierra.

De igual manera, se pronunció por que REDD+ impulse políticas de apoyo a la población rural que no tiene derechos sobre la tierra, lo cual contribuiría a generar cadenas de valor y oportunidades sobre todo para jóvenes y mujeres, pero que esto no debe servir de pretexto para pretender que los derechos sobre los servicios ambientales están indefinidos. También opinó que las compensaciones no necesariamente deben ser a través de pagos directos ya que puede haber otras modalidades como por ejemplo la constitución de
garantías para acceso al crédito.

Cabe destacar que el Grupo de Trabajo de Gobernadores sobre el Clima y Bosques (GCF) se define a si mismo como  una colaboración subnacional de 16 estados, provincias y regiones de Estados Unidos, México, Brasil, Indonesia, Perú y Nigeria  que trabajan para proteger los bosques tropicales, reducir la
deforestación y degradación de los bosques y promover caminos realistas a un desarrollo rural que conserve los bosques. Este Grupo se reúne cada año, correspondiendo a Chiapas ser el gobierno anfitrión y a San Cristóbal de las Casas ser la sede de la reunión correspondiente a 2012, que contó con el apoyo de de las fundaciones Gordon a Betty Moore; David y Lucile Packard y ClimateWorks.

Durante su participación, el Presidente de Red MOCAF  refiriéndose a los mecanismos de participación social en la definición de la estrategia REDD+ señaló que se deben abrir espacios para que todas los actores sociales puedan expresarse y contribuir con sus puntos de vista, refiriéndose a las reuniones alternas de organizaciones y grupos que se pronuncian rotundamente en contra del mecanismo REDD+.

También precisó que el espacio que hasta el momento ha reconocido el gobierno para participar en la discusión del proceso REDD+ conocido como Consejo Técnico Consultivo de REDD+ (CTC REDD+) debe abrir ya una convocatoria pública y amplia para incorporar a todos los representantes campesinos e indígenas y de otros sectores que estén interesados en participar en el proceso de discusión de la Estrategia Nacional REDD+. Puntualizó que el espacio debe ser reconocido en la legislación, preferentemente en la Ley General de Cambio Climático como un espacio de construcción entre sociedad civil y gobierno y no sólo como un espacio de opinión o consulta.

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