A 9 años de iniciado, el presupuesto del programa de Pago por Servicios Ambientales (PSA) de la CONAFOR ha crecido cuatro veces, al pasar de $191.8 millones asignados en 2003 a $974.5 millones en 2011; su cobertura aumentó al mismo tiempo de 126,666 hectáreas en 2003 a 462,235 en 2011.
Debido a su escala e importancia en la política forestal mexicana, el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible produjo un documento de propuestas para mejorar su efecto sobre los propios servicios ambientales y sobre las condiciones de vida de las poblaciones de las áreas forestales y la calidad de los territorios en que se encuentran. Las principales propuestas son las siguientes:
1. Enfoque integrado de paisajes en territorios (ya sean territorios de actores definidos o al nivel de cuencas, subcuencas o microcuencas en donde los actores se organizan para manejar el territorio correspondiente). Esto requiere: a) abandonar el enfoque de pagar por polígonos arbolados y de restricción de las actividades productivas para buscar la máxima provisión de servicios ambientales en la selección de opciones de manejo de los recursos naturales, forestales y no forestales y b) considerar, junto a los servicios hidrológicos, los de hábitat para la biodiversidad, captura de carbono, fertilidad y protección de suelos, belleza escénica, culturales, de satisfacción de necesidades básicas y otros, reconociendo su interdependencia. Así, se controlaría el grave problema de las fugas en donde los pasivos ambientales se trasladan a los sitios que no reciben pagos.
Este enfoque implicaría pago, en un primer momento, por la generación de planes de manejo integrado de territorios para la provisión de servicios ambientales con criterios de rentabilidad y, en una segunda etapa, para la implementación de dichos planes y el monitoreo de impactos en esquemas descentralizados y de corresponsabilidad.
2. Impulso a la concurrencia de fondos y a la co-responsabilidad de los usuarios de los servicios ambientales: En este nuevo esquema se abandonarían los pagos directos de una agencia gubernamental hacia un proveedor de servicios ambientales. En vez de esto, se promovería la conformación de mecanismos financieros para la recepción de fondos de múltiples actores, incluyendo los usuarios de servicios ambientales, las empresas, una multiplicidad de agencias gubernamentales, etc. La gobernanza de estos mecanismos deberá tener una amplia participación social, transparencia y rendición de cuentas que promuevan la aplicación efectiva y eficiente de los recursos.
3. Complementar los PSA con estrategias integradas de desarrollo productivo, que remuevan las barreras a la viabilidad económica de la producción sustentable de los territorios rurales con recursos forestales y disolver el divorcio artificial entre la perspectiva de producción y la de conservación. Así, los PSA podrían enfocarse a recompensar las "buenas prácticas de manejo" en la diversidad de sistemas productivos presentes en un territorio y a incentivar la planeación colectiva del manejo integrado de paisajes/territorios.
4. Fortalecer y utilizar redes y estructuras locales y regionales de gobernanza, incluyentes y participativas, capaces de implementar los planes de manejo integrado de cuencas/territorios, de hacerlos cumplir y de monitorear sus impactos. Estas estructuras se pueden basar, en lo posible, en las que ya existen y operarían localmente los pagos para la instrumentación directa de acciones consensuadas, el establecimiento de obligaciones de manejo y resultados asumidos colectivamente para garantizar la efectividad de la intervención y también facilitar la gobernabilidad ambiental del territorio en el largo plazo.
5. Establecer esquemas locales de monitoreo y evaluación de los impactos en la funcionalidad ambiental del territorio, el desarrollo humano y social, la economía, y la gobernanza local. para evitar impactos negativos inesperados, adaptar oportunamente los programas y alimentar la toma de decisiones de comunidades, gobiernos, usuarios y sociedad civil.
6. Generar un estándar de certificación de paisajes bien manejados y de sus resultados en términos de provisión de servicios ambientales, que permita evaluar y fallar sobre la efectividad de los esquemas locales en términos económicos, sociales y ambientales, así como aplicar los recursos de manera sencilla y a la vez transparente y costo-eficiente.
Algunos principios que debe considerar este estándar son:
- Se provee efectivamente el servicio ofrecido.
- Participan en las estructuras de gobernanza los diversos grupos sociales de la zona incluyendo poblaciones indígenas, ejidos y comunidades, sociedades de productores, usuarios del agua, grupos de mujeres, etc.
- Las acciones implementadas aumentan la funcionalidad de los territorios y protegen los valores de conservación de la zona de intervención.
- Se cuenta con un sistema local de monitoreo y evaluación de los impactos ambientales, económicos y sociales de la intervención.
- La tenencia y los derechos de uso a largo plazo sobre la tierra y los recursos naturales están claramente definidos, documentados y legalmente establecidos.
Saludos
Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible
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