La Jornada, Lunes 9 de abril de 2012
Presenta G-Bosques documento con 46
acciones viables
Al suscribir el GATT, en 1986, comenzó
la pérdida de competitividad
Angélica Enciso L.
No obstante que en los pasados 11 años
el presupuesto destinado al sector forestal creció en 3 mil 200 por
ciento, la superficie aprovechada legalmente se redujo una tercera
parte y por cada peso de madera producida en el país se importan
cuatro.
La Política de plataforma forestal
para el futuro de México fue elaborada por G-Bosques, grupo
integrado por expertos y organizaciones como el Consejo Civil
Mexicano por la Silvicultura Sostenible, la Red Mexicana de
Organizaciones Campesinas Forestales y el Centro Mexicano de Derecho
Ambiental, entre otras.
La propuesta indica que a partir de
1986, cuando México suscribió el Acuerdo General de Aranceles de
Comercio (GATT, por sus siglas en inglés), comenzó la pérdida
constante de competitividad, con un saldo de “regiones completas en
condiciones de quiebra económica y miseria, donde los dueños de los
montes dejan de tener suficiente interés por cultivar y defender sus
tierras forestales, condiciones que en muchos casos han favorecido la
toma de control por parte del crimen organizado”.
Señala que las localidades ubicadas
dentro de las regiones forestales tienden a tener menor población,
así como “las condiciones de desarrollo y bienestar más
deprimidas dentro del contexto de pobreza extendida que priva en el
medio rural.
“Desde hace más de dos décadas la
política pública hacia el campo optó por los productores medios y
fundamentalmente grandes como beneficiarios e interlocutores,
relegando a los productores familiares a una política asistencial de
transferencias condicionadas como subsidios al consumo. En
consecuencia, durante estos años las empresas sociales han
enfrentado severas limitaciones para la construcción de capacidades,
técnicas, organizativas y de mercado.”
El documento precisa que en 2010 había
un déficit de 4 mil 500 millones de dólares en la balanza
comercial, mientras la demanda interna de productos forestales ha
mantenido un ritmo creciente. Para atender la situación del sector
propone cinco líneas estratégicas y 46 acciones.
Señala que el Manejo forestal
comunitario es una opción indispensable para el desarrollo
sustentable de los territorios y de las poblaciones, y la producción
a partir de este esquema es viable en un mercado abierto, es la
estrategia más eficaz para conservar el uso forestal de las tierras
y asegurar la provisión de los servicios ambientales.
Los cinco puntos que la política en la
materia debe incluir son la promoción del aprovechamiento forestal
con la mayor cantidad posible de beneficios para la población y el
impulso a las cadenas de valor en manos de los dueños de los
recursos forestales.
Asimismo, “la garantía de
conservación, mejora y, en su caso, aumento, de los bienes y
servicios ambientales, basada sobre todo en el uso productivo y, en
segundo lugar, en esquemas de restricción de acceso a los recursos
naturales, establecidos con criterios objetivos, concertados y con
las compensaciones adecuadas”.
Otro punto es el “protagonismo
incluyente” de los dueños y poseedores de las tierras forestales,
en el diseño y ejecución de las políticas ambientales, así como
hacer adecuaciones en la acción gubernamental y el marco normativo
para proveer de caminos, servicios básicos y condiciones para la
competitividad territorial, como la aplicación de la ley, reducción
de la corrupción y control del contrabando forestal y otras formas
de crimen organizado.
El quinto punto que plantea es la
articulación de los aprovechamientos de recursos forestales y áreas
de aptitud forestal con otras actividades y procesos, que ocurren en
los territorios rurales.
Para avanzar en estos objetivos,
propone una agenda organizada en el desarrollo del potencial
productivo forestal del país, tanto en la silvicultura como en una
industria forestal local y regional con alta generación de empleo;
conservar y mejorar los ecosistemas forestales con su manejo
comunitario; mejorar el desempeño gubernamental, y mejorar el marco
jurídico y de regulación.
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