Carlos Beas Torres / Oaxaca: un primer año difícil

29-11-2011 Redacción / Quadratín
 Oaxaca, Oax., 29 de noviembre de 2011 (Quadratín).- Oaxaca cumple su primer año de alternancia en medio de una situación compleja y confusa. En diferentes regiones del estado se respira un ambiente tenso y el desencanto crece día a día entre sus habitantes sumidos en la pobreza y en la espera de un cambio del cual no perciben sus señales.
Este primer año para el Gobierno de Gabino Cué no ha sido fácil ya que recibió un estado saqueado y ha sufrido una constante ofensiva de los grupos caciquiles. La “administración” de Ulises Ruiz le heredo un Oaxaca devastado, sumido en conflictos, desgarrado por la violencia y con las arcas vacías. El gobierno ulisista contrató créditos a diestra y siniestra quedando como garantía el patrimonio estatal.
Plagado de corruptelas, se encuentran dispersas por todo el estado cientos de obras inconclusas, muchas de ellas completamente inútiles, donde los contratistas en muchos casos eran prestanombres o familiares de los funcionarios.
Se estima que durante el sexenio ulisista fueron desviados entre dos y siete mil millones de pesos mismos que pararon en las bolsillos de los funcionarios, siendo el caso del ex secretario Ortega Habib sólo uno de ellos. A punto de concluir el sexenio, se traficaron miles de plazas a burócratas, se repartieron millonarios bonos entre los funcionarios y se vendieron miles de concesiones para transporte del servicio público.
Durante más de ochenta años Oaxaca sufrió los excesos y corruptelas de los grupos gobernantes ligados al Partido Revolucionario Institucional. Los gobiernos priistas construyeron una gobernabilidad autoritaria basada principalmente en la violencia desplegada por las redes de control caciquil y en la compra de votos con recursos públicos.
Es claro que el grupo priista no quedó conforme con la derrota de su candidato a la gobernatura y diseño un plan para generar escenarios de ingobernabilidad y violencia. Ulises Ruiz dejo como herencia un Estado saqueado y desgarrado por la represión y el encono, pero también heredó decenas de bombas de tiempo que han venido estallando en este último año. Estos conflictos atizados por los operadores priistas también han tenido como propósito el cubrir las espaldas al grupo de Ulises Ruiz, el cual se apoderó de miles de millones de pesos y ante la posibilidad de ser castigado por sus fechorías; construyó estos escenarios de violencia para negociarlos a cambio de impunidad.
Frente a la escalada de conflictos, el gobierno de Gabino Cué ha actuado de manera débil, torpe y contradictoria, esta actuación está relacionada con que algunos de los funcionarios de su gobierno que están encargados para atender esta conflictividad son priistas e incluso algunos de ellos fueron operadores del mismo Ulises Ruiz.
Recordamos que en enero pasado, un helicóptero descendió en la comunidad de Santiago Yaveo y de él salió presuroso un funcionario del “nuevo gobierno estatal”, quién tenía encomendado resolver un grave conflicto político; al verlo de inmediato fue reconocido por un comunero que lo increpó y le dijo: “que hace usted aquí, que no cambio gobierno”. Y en efecto el funcionario cuestionado había sido un importante operador político de la administración ulisista.
Este mismo funcionario meses después fue uno de los principales orquestadores del rescate del “Tigre de Chiapas”, el cual implico el asalto de cientos de policías estatales a la comunidad de San Miguel Chimalapa, con un saldo de una veintena de heridos y siete detenidos. Estas son las caras viejas del nuevo gobierno.
Mientras que la ex-secretaria de despacho, la elbista Irma Piñeyro declaraba una y otra vez que no existía “mano negra” detrás de la situación explosiva que vivían regiones enteras del estado, las provocaciones crecían día a día; los asesinatos de luchadores sociales como la ejecución del líder campesino Renato Cruz Morales, quien fuera uno de los dirigentes de la APPO en la región de la Cuenca, la retención de funcionarios, policías y ciudadanos lo mismo en Juxtlahuaca que en el puerto de Salina Cruz, o la toma de palacios municipales como fue el caso de San Francisco del Mar fueron muestras de que detrás de estos conflictos operaban deliberadamente actores dispuestos a todo con tal de crear situaciones explosivas.
Hay regiones de Oaxaca donde privan la ingobernabilidad y la violencia, una de ellas es el llamado Bajo Mixe, zona que ha sido convertida en escenario de graves conflictos políticos y agrarios, provocados muchos de ellos por políticos priistas. En esta región diputados federales y dirigentes priistas se han reunido constantemente con los caciques locales y han fraguado escenarios de extrema violencia.
Tal vez el caso más grave haya sido la matanza de Santiago Choapam , cuando fue emboscada una caravana de indígenas zapotecos en su mayoría originarios del pueblo de San Juan del Río, quienes se dirigían a la cabecera municipal, resultando muertos una decena de ellos y resultando 27 heridos. Hay evidencias de que los hermanos Dámaso y Andrés Nicolás, caciques priistas de ese municipio incitaron a sus seguidores a trasladarse a Choapam a sabiendas de que había advertencias de que serían atacados en el lugar llamado El Portillo. El desenlace es bien conocido y es claro que se construyó un escenario sangriento.
En esta región son previsibles nuevos y graves actos de violencia, ya que es público de que políticos priistas que han operado con toda impunidad han estado introduciendo en los últimos meses armas de alto poder a Santa María Yaveo y a la zona del conflicto que enfrentan las comunidades mixes de Camotlán y Quetzaltepec.
Otra manifiesta debilidad del gobierno de Gabino Cué ha sido la de limpiar y renovar el aparato gubernamental encargado de procurar justicia. Las agencias del ministerio público e incluso algunas de las subprocuradurías están a cargo de funcionarios con un largo historial de corrupción y prepotencia. Actualmente José Matus Cruz está encargado de la Subprocuraduría Regional del Istmo, conocido priista apenas hace unos días encabezó la agresión que sufriera la comunidad de San Miguel Chimalapa.
La impunidad es un rasgo que ha caracterizado a la nueva administración estatal: Hasta ahora los responsables del saqueo y la violación a los derechos de miles de oaxaqueños se pasean por las calles de la capital, sin temor a ser detenidos. La comisión creada exprofeso para investigar y castigar estos crímenes ha resultado inoperante y la Contralora del estado se queja amargamente de que no cuenta con respaldo institucional para sancionar a los saqueadores. Esta situación es una de la que más ha agraviado a los oaxaqueños, ya que es claro que sin justicia no podrá haber un cambio y que la impunidad sólo fomentará nuevos atropellos.
El gobierno de Gabino Cué no puede llamar a la reconciliación si no da pasos efectivos para castigar a los homicidas de decenas de ciudadanos como Catarino Torres o Bety Cariño o a los responsables del desfalco, saqueo y la pobreza de los oaxaqueños. No se podrá transitar hacia la democratización y la justicia en Oaxaca si no se hace justicia.
El aparato gubernamental ha demostrado en este primer año, una lentitud e inoperancia extremas; la obra pública es casi inexistente, los servicios públicos que brinda el estado son de mala calidad y los programas para apoyar la producción agropecuaria, forestal y pesquera son sólo un discurso etéreo y lejano en la ya por sí difícil cotidianidad de las miles de familias que viven en los pueblos y rancherías del estado.
La transición que reclama a gritos el pueblo de Oaxaca no camina y ello se debe en parte también a la parálisis que muestra la sociedad civil organizada. Muchos de los grupos sociales se han conformado con disputar espacios laborales dentro de la nueva administración o se han montado en los conflictos postelectorales, bajo el principio de que en aguas revueltas ganancia de pescadores.
Seguimos insistiendo que ante esta realidad es urgente que la sociedad civil oaxaqueña impulse una profunda reforma de estado, que se base en la participación ciudadana y que asegure el ejercicio pleno de los derechos de las mujeres, los jóvenes, los pueblos indios y demás sectores mayoritarios del pueblo de Oaxaca. Una reforma profunda fundada en el acuerdo político de los diferentes sectores de la sociedad oaxaqueña con el gobierno estatal con el fin de asegurar una gobernabilidad democrática y el buen vivir basado en el aprovechamiento sustentable y equitativo del conocimiento, el trabajo y los recursos de los oaxaqueños.
La transición democrática en Oaxaca como nos quieren hacer creer no se puede constreñir a la simulación que significan reformas constitucionales de dudosa aplicabilidad. Los cambios que requiere Oaxaca pasan necesariamente por una intensa participación ciudadana.
El gobierno de Gabino Cué debe mostrar su voluntad de transitar hacía una nueva relación con el pueblo de Oaxaca. De otra manera la transición que tanto reclama el pueblo oaxaqueño se perderá en los laberintos de la confusión, la parálisis, los conflictos creados, el desencanto y la impotencia, abriéndose con ello la puerta a escenarios regresivos.
Este año ha sido difícil para el Gobierno de Gabino Cué pero sin dudarlo más difícil ha resultado para el pueblo oaxaqueño.